Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 14118
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el auto apelado, desestimándose la petición de fecha 10 de Noviembre de 2022.
Costas de ambas instancias a Mercado Libre SRL (arts. 68 y 274 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-14118-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CADABAL CARINA LORENA C/ PEREZ GLADYS YOLANDA S(0)/COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-14118-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7, con fecha 14 de Diciembre de 2022, decidió dejar sin efecto las sanciones conminatorias impuestas a Mercado Libre SRL.
Dicha resolución fue apelada por la ejecutante, concediéndose el recurso en relación y fundándolo con la presentación de fecha 27 de Enero de 2023, replicada por la empresa con fecha 11 de Febrero de 2023.
Presentaciones a las que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Llegadas las actuaciones a esta Sala, con fecha 23 de Febrero de 2023 se llamó "autos" , providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada cabe reiterar aquí, por su analogía, lo resuelto por esta Sala en la causa MO-39616-2013 resolución del 28 de Febrero de 2023 .
Se dijo allí que:
" la efectividad de la tutela jurisdiccional es un valor resguardado constitucionalmente (art. 15 Const. Pcial.)
Obviamente, para que los magistrados podamos dispensar tutela judicial efectiva, nuestros mandatos deben ser acatados.
De nada serviría emitir órdenes que, luego, las diversas personas que intervienen en el desenvolvimiento de la vida social, no los cumplen.
En este contexto, cobran especial relevancia aquellos mandatos que tienen que ver con la adopción de medidas que posibilitan la satisfacción de las condenas u órdenes de naturaleza económica o pecuniaria en los distintos procesos.
Así, cuando se le ordena algo a alguien (por ejemplo, un embargo de cuentas) es importante que lo cumpla efectivamente o que, si no está en condiciones de cumplir lo dispuesto, por alguna razón, así lo haga saber a la jurisdicción, en tiempo propio.
Si esto no sucede, la efectividad de la tutela se va diluyendo e, incluso, deben reiterarse actos procesales, que recargan la labor de abogados y tribunales.
Desde esta perspectiva, está fuera de discusión que, en su momento, la apelante no cumplió en tiempo propio con el primer embargo y tuvo que ordenarse un oficio reiteratorio, este ya con apercibimiento de astreintes (ver resolución del 15 de Junio de 2021).
Como allí tampoco cumplió, el 1 de Octubre de 2021 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento e imponer la multa en favor de la actora.
Así posicionados, y visto el tenor de los agravios, es bueno recordar que esta Sala en la causa 45.050, (RSI-479-1) ha sostenido que: "Si bien las normas rituales no constituyen un fin en sí mismas posibilitan aquella aplicación del derecho de fondo dentro de las garantías del debido proceso que hace al efectivo ejercicio del derecho de defensa -arts. 18 y cc de la C.N.-; y dentro del debido proceso el mismo no se constituya en un "aquellarre" de presentaciones que pretendan volver sobre temas ya resueltos".-
También este Tribunal en materia de preclusión ha argumentado que: "La preclusión, que consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio, nace cuando media conocimiento y silencio, y opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (...)" (causa nº 41707, RSD-32-00, el subrayado es de mi autoría).
El Superior Tribunal provincial ha definido a la preclusión procesal como "un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, estos es, la seguridad y consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio" (Ac. 73412 S 22-11-2000, "Boschetti, Rubén Dario c/Mario Medida Construcciones y/o Medina, Mario s/Cobro de pesos y daños").
Conforme tales argumentos y tal como esta Sala lo sostuviera en la causa 34.283 (RS-409-95) se puede concluir que la preclusión es de orden público, toda vez que lo que ella persigue es que los actos procesales queden firmes y no pueda volverse sobre ellos prolongando indefinidamente la duración de las causas.
A lo que debemos añadir que se llegaría a una disvaliosa situación si se permitiera volver indiscriminadamente sobre cuestiones precluídas en tanto una misma cuestión sería susceptible de ser resuelta en diversas oportunidades y -lo que es más grave- en sentido sustancialmente diverso.
Aplicando tales conceptos al caso de autos, frente a los agravios traídos por el recurrente, no puedo más que proponer la confirmación del decisorio cuestionado, toda vez que lo que realmente pretende el apelante es cuestionar la aplicación de las astreintes a Mercado Libre, cuestión, tal como lo remarca la magistrada de la instancia de origen -y pese al esfuerzo recursivo- se encuentra precluída.
El mismo quejoso, reconoce que el 1 de octubre del 2021, el juzgado de origen hizo efectivo el apercibimiento determinando en el auto de fecha 14 de junio del 2021, imponiéndose en consecuencia la multa de 2 Ius por cada día de retraso, a favor de la parte actora, computándose el devengamiento de la multa a partir del décimo día en que Mercado Libre SRL recepcionó el oficio electrónico de fecha del 30 de agosto del 2021, Mercado Libre fue notificado de esta resolución el 21 de octubre del 2021.
Esa era la oportunidad procesal de cuestionar la aplicación de astreintes y no ya en la etapa de liquidación de los mismos, tal como pretende el apelante, mediante los cuatro primeros agravios traídos.
Esto es bien expresado en el auto apelado y el quejoso no hace demasiado para demostrar, por qué, debería darse, ahora, la posibilidad de reabrir este debate cuando, en su momento, no objetó la resolución que había dispuesto la aplicación de las astreintes.
Es mas, en lugar de cuestionar la aplicación de dichas sanciones conminatorias, y luego de mas de un año de retraso en cumplir, quien hoy apela vino al proceso -como si nada hubiera sucedido- a efectuar la presentación del 18 de Noviembre de 2021.
Ciertamente, ese era el momento si tenía algo por decir, u objetar, en cuanto a la aplicación de las astreintes, y no uno posterior.
Ahora, en relación al quinto agravio el cual hace referencia al computo de días, solo cabe destacar que mas allá de algunas manifestaciones, los conceptos allí traídos son copia textual de los argumentos expuestos en el mismo sentido en la presentación del 4 de julio 2022.
En este sentido vale recordar el precepto contenido en el principio del segundo párrafo del artículo 260 del ritual, que al determinar las características que debe poseer una expresión de agravios -o memorial en su caso- expresamente dice " no bastará remitirse a presentaciones anteriores ".
Diré, finalmente, que no estoy perdiendo de vista el monto al que asciende la liquidación, pero la liquidación ascendió a ese monto, como fruto del incumplimiento (y no fue el primero), de la quejosa.
Por lo demás, el que no haya existido daño para la recurrente es una apreciación que debería ameritar un análisis mas profundo, si se tiene en cuenta la fecha en que se dispuso originariamente la cautelar (comunicada a la apelante en Noviembre de 2020 ) y el hecho de que, recién en Noviembre de 2021 , viene a decir que revisó 6 meses para atrás , y no encontró movimientos; lo cual nos deja una ventana de tiempo en la cual no es del todo claro si la demandad tuvo, o no, fondos depositados.
En definitiva, las astreintes pueden escindirse del monto del proceso y, en general, se fijan en relación a las circunstancias que rodean al destinatario de la orden.
Luego, si la apelante es una empresa de gran envergadura, que dejó sin contestar un requerimiento judicial por casi un año, y no ha quedado del todo claro, incluso, que dicho incumplimiento no le haya generado daños a la actora, mal deberíamos -ahora- reducir o morigerar la conminación, pues ello le restaría efectividad y diluiría la entidad del incumplimiento de la quejosa en relación a una orden que se le impartió judicialmente, y -como se viene diciendo- no cumplió (si hubiera cumplido, hoy no estaríamos discutiendo esto).
Así, la próxima vez que reciba una orden como la aquí emitida sabrá que, al menos en esta jurisdicción, deberá responderla en término, o asumir las consecuencias que de ello se deriven ".
Pues bien, hoy tenemos aquí una cuestión bastante similar.
El embargo fue decretado con fecha 4 de Noviembre de 2020 , comunicado a la empresa el 17 de ese mismo mes y año.
El 19 de Marzo de 2021 y ante la falta de respuesta se pide un oficio reiteratorio, que es ordenado el 29 de Marzo de 2021 y recibido por la empresa el 21 de Abril (ver constancia glosada el 16 de Junio de 2021); este oficio ya llevaba la transcripción de los artículos 396 y 397 del CPCC, donde se habla de las sanciones por demoras en las contestaciones.
Frente a la falta de respuesta, se solicita una intimación a la empresa.
El 28 de Julio de 2022 se acredita haber notificado la intimación del 23 de Junio de 2021.
Recordemos que este último auto decía, expresamente:
" intímase al representante legal o titular de Mercado Libre SRL para que en el plazo perentorio de 5 días, de cumplimiento al pedido que se le cursara mediante oficio de fecha 15/04/2021 recibido en fecha 21/04/2021 bajo apercibimiento de multa y pase de las actuaciones a la Justicia Penal por la posible comisión del delito de desobediencia (arts. 135 inc. 5to. y 397 del CPCC. y art. 240 del Cód. penal). A tal fin, líbrese cédula con copia de la pieza "supra" aludida, haciéndole saber al oficial notificador interviniente que deberá hacer entrega del instrumento en forma personal a la persona a quien va dirigido, debiendo procederse, a su identificación (arg. arts. 34 inc. 5to. apartado "b", 120 y 135 inc. 5to. del C.P.C.C.) ".
Pero ni así cumplió.
Es entonces que el 1 de Agosto de 2022, haciendo efectivo aquel apercibimiento, se le impone la suma de dos jus, en concepto de multa diaria -a computarse a partir del 05/07/2022- a MERCADO LIBRE S.R.L. como derivación de aquellos incumplimientos.
Esto le es notificado a Mercado Libre SRL el 7 de Septiembre de 2022 (ver constancias aportadas el 11 de Noviembre de 2022).
La conminada no recurrió, en tiempo propio, frente a tal decisión.
Ese era el momento en el que podía, en su caso, haber planteado la cuestión de la retroactividad de acuerdo con la forma en que fueron impuestas las sanciones conminatorias; sanciones que, desde ya, venían siendo anunciadas desde los despachos anteriores y le habían sido comunicadas.
Sin dar demasiadas razones de por qué decide hacerlo así, con fecha 10 de Noviembre de 2022 se presenta y dice haber remitido el 9 de Septiembre de 2022 un correo electrónico al juzgado explicando que la ejecutada tiene varias cuentas y que en una de ellas existe saldo, " el que se encuentra invertido en cuotapartes del Fondo Común de Inversión Mercado Fondo, administrado por Industrial Asset Management SASGFCI y cuya custodia de activos está a cargo de Banco Industrial S.A. Por eso, Mercado Pago no podrá dar cumplimiento a la medida indicada y se ruega a V.S. remitir la orden al Banco Industrial S.A ".
Es decir, mucho tiempo después de que se ordenó el primer embargo.
Básicamente: se presentó cuando le pareció, en la forma que consideró (mediante un mail en lugar de una presentación electrónica) y sin dar siquiera alguna justificación o explicación del por qué de la dilación en la traba de un embargo comunicado casi dos años antes .
Tampoco apeló la imposición de las sanciones conminatorias.
Lo cual es lógico pues, al momento de la imposición de las sanciones conminatorias, no había contestado todavía en el expediente.
Por cierto, a tenor de esta respuesta y según surge de las constancias del expediente y del sistema MEV, no es claro que -hoy en día- se haya podido trabar aquel embargo ; con lo cual, la inexistencia de perjuicio de la que nos habla la empresa no es tal.
Tampoco sabemos si, al momento de emitirse la orden de embargo (en 2020) o en todo el tiempo posterior en que omitió responder, existían fondos a embargar.
No en vano, es la propia empresa la que informa la existencia de varias cuentas a nombre de la ejecutada, dos de ellas sin saldo.
Con lo cual cabe preguntarse si, tal vez, en todo el tiempo que demoró, existía saldo para embargar.
De este modo, y si bien nadie duda de que las sanciones conminatorias pueden ser dejadas sin efecto por el juez, ello es a condición de que el conminado cumpla y justifique, de algún modo, su accionar.
Cosa que, aquí, no ha sucedido.
La propia empresa reconoce, al presentarse, que el embargo primitivo le fue comunicado el 17 de Noviembre de 2020 y todo el derrotero posterior, afirmando haber cumplido en Septiembre de 2022 (es decir, recién cuando le fueron comunicados las sanciones conminatorias).
Lo cual, incluso, se agrava al advertir que, en escaso tiempo, es la segunda vez que tenemos que tratar cuestiones como esta, lo cual nos está demostrando que no son procederes aislados sino mas bien reiterados, sin que pueda perderse de vista la entidad de la empresa y su posicionamiento en el sistema de pagos hoy en día.
Esto último debería implicar un cabal cumplimiento, y colaboración, con la justicia, acatando las órdenes que se le imparten.
Nos hallamos ante un juicio de monto modesto, que tal vez ya hubiera concluido si la empresa hubiera cumplido lo que se le ordenó, en tiempo propio.
Pero, en lugar de ello, no se cumple cuando se le ordena el embargo y tiene que insistírsele -varias veces- para que responda.
Y nos encontramos, mas de dos años después, todavía discutiendo este asunto, como fruto -insisto una vez mas- de la dilación e inobservancia de la empresa en cuanto al cumplimiento de las órdenes judiciales.
Entonces, reiterando todo lo expuesto en el antecedente evocado, entiendo que no había motivo, aquí, para dejar sin efecto las sanciones conminatorias.
Me inclino, entonces, por la revocación del auto apelado.
Asimismo, y por aplicación del instituto de la apelación implícita, debemos abordar, ahora, el planteo subsidiario de morigeración, que ha quedado desplazado frente a lo decidido en primera instancia.
Al respecto diré que, en tanto el embargo sigue -aun hoy- sin ser trabado y dado que la dilación se debió, exclusivamente, a la conducta de la sancionada, sin perder de vista -tampoco- que el primer oficio fue recepcionado en el año 2020, y que la solicitante recién se avino a evacuar alguna respuesta cuando las sanciones conminatorias le fueron impuestas efectivamente, ponderando -además- que si el monto se tornó elevado ello fue como fruto de la exclusiva conducta de la empresa, entiendo que no hay motivo, razón ni fundamento para morigerar las sanciones conminatorias impuestas, y no recurridas en tiempo propio.
Promoveré, entonces, que se revoque el auto apelado, desestimándose la petición de fecha 10 de Noviembre de 2022, con costas de ambas instancias a Mercado Libre SRL (arts. 68 y 274 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el auto apelado, desestimándose la petición de fecha 10 de Noviembre de 2022.
Costas de ambas instancias a Mercado Libre SRL (arts. 68 y 274 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2023 11:55:44 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2023 12:22:38 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2023 12:23:33 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/03/2023 12:23:34 hs. bajo el número RS-71-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia