Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8388
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (arts. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-8388-2012
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "ECHEVERRIA DIEGO ESTEBAN C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S (N1)/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-8388-2012" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. El Sr. Juez de primera instancia con fecha 10 de febrero de 2021, decidió rechazar la demanda.
Dicha sentencia fue apelada por el actor, Diego Esteban Echeverría, recurso que se concedió libremente con fecha 18 de febrero de 2021.
El recurso del actor se fundó con la expresión de agravios de fecha 2 de marzo de 2023, la cual fue contestada por la demandada con fecha 21 de marzo de 2023.
En esencia, el actor se queja del rechazo de su demanda, dando diversos fundamentos en tal sentido.
A los términos de la expresión de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 30 de marzo de 2023 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Planteada como viene la cuestión, y partiendo de la base de la suficiencia de la expresión de agravios (aunque bastante ajustada), he de recordar lo sostenido por la Sala, en precedentes anteriores, con relación a la responsabilidad del Estado en casos como el presente.
Se dijo en la causa nro. 48709 (R.S. 159/06) que
" el Estado debe responder en casos de manifiesta ilegalidad de las decisiones jurisdiccionales" indicando que su responsabilidad "surge a través de la normativa que dimana de los Art. 512, 1112 y cc. del C.C.A.; y en base a ellos la jurisprudencia -en forma no del todo pacífica- ha receptado la corriente resarcitoria ".
" El recaudo fundamental que debe existir para admitir la responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales, es la manifiesta y arbitraria ilegalidad de lo actuado por la judicatura, la culpa inexcusable -rayana a la malicia- del o los Magistrados actuantes; bien resalta Bustamante Alsina ("Responsabilidad del Estado por error judicial" en La ley 1996-B-311) al decir que "el error judicial es todo acto judicial efectuado por el Juez en el proceso que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar; es un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el Juez, sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción ".
"Sin perjuicio de tal manifiesta ilegalidad el acto jurisdiccional debe haber sido atacado en el fuero y en las instancias pertinentes, agotando todos los recursos del caso; de lo contrario se podría llegar al absurdo que en sede civil se revisara lo actuado en sede penal sin agotar, previa e idóneamente, todos los recursos en dicho fuero ".
" Abordando uno de los temas que se plantea en autos he de referirme a la conceptuación de la prisión preventiva, propia de los procesos penales; la misma tiene indudable carácter cautelar para cuyo decreto es suficiente la vehemente sospecha, la semiplena prueba de la imputabilidad ante la cual el Estado adopta tal restricción a la libertad de la persona hasta el juicio de certeza del cual surgir en definitiva la responsabilidad o no del imputado; es el "fumus bonus iuris", la "verosimilitud del derecho", el "peligro en la demora" recaudos que hacen a las medidas precautorias en sede civil; en materia penal tal "verosimilitud" está dada por las connotaciones de cada caso particular que pueden llevar al Juez del Fuero a considerar concurrente aquella semiplena prueba o aproximación de responsabilidad; y el "peligro en la demora" radica en el hecho de posibilidad de profugación del imputado ".
" Siempre con respecto a la prisión preventiva, para originar la responsabilidad del Estado la misma debe haber sido decretada en forma totalmente arbitraria e ilegítima restringiendo sin motivo alguno, sin el menor índice de sospecha la libertad individual; para generar tal responsabilidad el auto de prisión preventiva debe revelarse como incuestionablemente infundado y arbitrario (Corte Suprema, Fallos T 321 pág. 1712; T 318 pág. 1990; T 322 pág. 2685).-
Cuanto a la sentencia definitiva en materia penal constituye el pronunciamiento final de certeza que -al margen de la prisión preventiva legítimamente decretada- condena o absuelve; y tal lo dicho puede darse el caso que el detenido por prisión preventiva sea absuelto y ello no origine responsabilidad del Estado; al decretarse la prisión preventiva existía un razonable estado de sospecha que puede haberse disipado en el trámite del proceso desembocando en la absolución del procesado; así lo estableció el Cimero Tribunal Nacional en el antecedente previamente citado (Fallos T 321 p g. 1712) al dejar señalado que "la sola circunstancia de haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado Nacional por los daños sufridos por el procesado durante el término de su detención ".
Asimismo, en la causa nro. 19.151 del Registro de la Sala III (sentencia del 29 de Junio de 2021), mi colega Dr. Jorda recordaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Superior bonaerense, el resarcimiento por la privación de la libertad experimentada durante la tramitación del proceso penal no debe ser automáticamente reconocida, ni aún en los supuestos de absolución. Por el contrario su plausibilidad se encuentra asociada a que tal medida se advierta como incuestionablemente infundada (conf. CSJN Fallos 330:2112; 333: 2353; 335:1288; SCBA Acuerdos 93.104, 102.594, 105.561 entre otros).
Y que el ulterior sobreseimiento no habilita per se a predicar la existencia de error judicial; por cuanto ello sólo es posible en la medida en que la privación de la libertad resulte contradictoria con los hechos probados de la causa y/o con las disposiciones legales aplicables (CSJN, Fallos 330:2112, entre muchos otros).
Pues bien, a la luz de lo expuesto, es necesario señalar que, leyendo y releyendo el escrito inicial de las actuaciones (donde el accionante debía plantear, adecuadamente, cuáles eran las razones por las que atribuía responsabilidad al estado provincial) vemos que únicamente se expresa que resulta incuestionable la responsabilidad de la demandada toda vez que la actuación de sus dependientes, esto es la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Defensoria Oficial- órgano dependiente del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires- no ha sabido ni ha podido esclarecer oportunamente la situación llevando a una persona a padecer tres años privado de libertad, limitando irrazonablemente la aptitud del actor de trabajar y realizar cualquier tipo de actividad, como igualmente, en un plano mas general gozar y desarrollar en plenitud en todos los ordenes de la vida.
En el escrito inicial no se ve un solo fundamento o argumento que deje entrever, siquiera, que la prisión preventiva hubiera sido inadecuadamente decretada o careciera de fundamentos.
Para mas, observada dicha resolución (fs. 207, de fecha 14 de Noviembre de 2007), vemos que la misma estaba expresamente fundada en elementos allegados a la causa que, razonablemente apreciados, nos demuestran que la medida no era infundada.
Tampoco surge que quien hoy apela hubiera recurrido, en aquella causa, las decisiones que dispusieron la privación de libertad y el rechazo de su pedido de sobreseimiento definitivo.
Ahora bien, en este contexto, es que podemos insertar el reclamo formulado en esta causa el cual, ya desde el origen, padecía un defecto genético.
En efecto: lo único que se dijo al demandar era que la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoria Oficial (textual) no habían sabido ni podido esclarecer oportunamente la situación llevando a una persona a padecer tres años privado de libertad.
De la legitimidad o ilegitimidad de la prisión preventiva no se expuso absolutamente nada allí.
Tampoco se menciona siquiera haber tratado de demostrar su ilegitimidad mediante los recursos pertinentes en ese mismo proceso.
En los agravios se traen algunos argumentos, mas bien generales, acerca del abuso de la prisión preventiva pero nada se hace para demostrar, concreta y razonadamente, que la misma aquí fue mal decretada.
De hecho, tampoco se habían traído mayores fundamentos al entablar la demanda al respecto.
Los demás cuestionamientos tienden a demostrar algunas cuestiones que tendrían que ver con su extensión temporal, hablando solo de cantidad de fojas y de tiempos, pero sin mayor análisis acerca de los actos procesales que se fueron llevando a cabo entre el decreto de la prisión preventiva y los actos posteriores del proceso penal, que desencadenaron en el dictado de la sentencia.
Desde ya que esta cuestión tampoco fue desarrollada inicialmente, donde solo se hizo referencia al plazo de duración de la medida.
Por lo demás, y a mi modo de ver, la carga de demostrar adecuadamente la ilicitud del proceder estatal no se levanta con la mención a la cantidad de fojas, sino que requería un desarrollo analítico adecuado, ya desde los actos iniciales de este reclamo, cosa que -insisto- no se hizo.
Así si se venía a sostener que se había prolongado indebidamente la prisión preventiva, ya desde los momentos iniciales del proceso era esperable que el hoy quejoso indicara, suficientemente, los fundamentos que apuntalaran ese reclamo.
En suma: no se ha demostrado que la prisión preventiva hubiera sido irrazonable y tampoco que su duración lo hubiera sido, en el contexto de las específicas circunstancias del caso.
3. De este modo, y por lo que llevo dicho, entiendo que los agravios traídos no conmueven la sólida argumentación que contiene el fallo apelado y, por ello, promoveré su confirmación.
Con costas a la parte actora (art. 68 del CPCC).
Voto por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticos fundamentos, el Sr. Juez Dr. GALLO adhiere votando en el mismo sentido.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (arts. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2023 11:34:54 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2023 12:02:08 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2023 12:04:47 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/05/2023 12:04:47 hs. bajo el número RS-157-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia