Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC), con la salvedad efectuada en la votación.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.
Causa Nº MO-28832-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ C/ TARRAT S.A. LELOIR AUTOMOTORES Y OTROS S(N8)/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) Causa N º MO-28832-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental con fecha 25 de Noviembre de 2022 dictó sentencia rechazando la demanda.
Dicha sentencia fue apelada por la parte actora.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con la expresión de agravios de fecha 16 de Febrero de 2023, replicada con fecha 27 y 28 de Febrero de 2023.
Básicamente, la accionante se queja de que se haya rechazado su demanda, argumentando ampliamente en tal sentido.
A los términos de su presentación cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Decididas las cuestiones previas, con fecha 4 de Mayo de 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, cabe señalar, inicialmente, que el escrito con el que se sustenta el recurso satisface muy ajustadamente las exigencias del art. 260 del CPCC (de hecho, en algunos de sus tramos no llega a satisfacerlas, como luego explicaré).
Ello así, paso a ocuparme del fondo del asunto.
Y para ello, parece provechoso reseñar el caso, al menos en sus aspectos mas importantes.
La actora (propietaria de un vehículo marca Honda) promovió este reclamo judicial contra dos concesionarios y la fabricante del vehículo en cuestión (ver fs. 158/177 y copia digitalizada con la presentación de fecha 11 de Julio de 2022).
¿Qué pide?
Que se condene a las demandadas a la reparación de los daños y perjuicios (moral y punitivo) derivados por la vulneración del trato digno y equitativo, retraso y deficiente arreglo de la unidad; y que se condene a la empresa a resarcir los daños sufridos por la privación de uso.
Básicamente, plantea que es propietaria de un automotor (que compró en Abril de 2016), que tuvo un choque en Diciembre de ese mismo año.
Dice que primero llevó su automotor a Honda Pilar, donde tuvo inconvenientes y sufrió malos tratos de parte del concesionario.
Que luego intentó el arreglo ante Honda Leloir, donde también relata haber tenido inconvenientes, y que recién en Marzo de 2017 le devolvieron su vehículo con los trabajos efectuados.
Pero relata también que dichos trabajos no habían sido realizados adecuadamente, y describe lo que sucedió posteriormente, que tuvo que llevar su vehículo a Honda Cavesa S.A. “Caballito Automotores” donde, según dice, se constata que le habían colocado los mismos repuestos averiados, describiendo todo lo que sucedió posteriormente.
Durante todo el relato, la actora hace hincapié en las demoras y malos tratos que afirma haber sufrido, como así también en la cuestión del faltante de repuestos.
La demanda es extensa y a sus términos cabe remitirse.
Reclama: daño patrimonial (devolución de lo pagado), privación de uso, daño moral y daño punitivo.
Las demandadas contestas en los términos de sus escritos de fecha 6 de Febrero de 2019 (Honda Motor de Argentina S.A.), 12 de ese mismo mes y año (Tarrat S.A.) y 9 de Diciembre de ese año (Automóviles del Pilar S.A.)
A los términos de cada uno de esos escritos, también cabe remitirse.
Como lo decía al comienzo, la sentencia de primera instancia rechaza la demanda y de ello se agravia la actora.
Pues bien deberíamos abordar, primeramente, lo relativo a los cuestionamientos atinentes a la forma en que las reparaciones se efectuaron.
La sentencia considera caduco este reclamo, en los términos de los arts. 747, 1271 y 1272 del CCyCN) al no haber efectuado el reclamo dentro de los 30 días posteriores.
En este sentido, los agravios no cumplen, ni mínimamente, con las exigencias del art. 260 del CPCC, pues solo traen una discrepancia subjetiva de criterio con lo decidido.
La sentencia es clara en cuanto a la fecha de retiro y la fecha de los reclamos.
Y no surge de ninguna constancia (objetiva) del proceso que se tratara de vicios ocultos; solo de las afirmaciones (subjetivas y unilaterales) de la recurrente.
Es mas, la quejosa deja irrebatidas las partes de la sentencia en las cuales se sostiene, fundadamente, que se trata de vicios aparentes.
Por otro lado, la sentencia recepta, y analiza detenidamente, las conclusiones periciales en cuanto a la reparación y los repuestos que menciona el perito, y al respecto no se dice prácticamente nada en los agravios.
Así entonces, en este tramo, el recurso cae en insolvencia argumental (art. 260 del CPCC).
Quedaría en pie la cuestión de la demora en las reparaciones y, eventualmente, el tema de los repuestos, con los daños que ello pudiera haberle ocasionado.
La sentencia sostiene que la actora dejó, en las concesionarias de ambas demandadas, su automóvil para presupuestar y no para ser reparado.
Lo hace fundadamente, y con el análisis de las constancias allegadas a la causa.
De la mayoría de ellas, es muy poco lo que dice la quejosa (art. 260 del CPCC).
De hecho, no dice nada de la declaración de Smolko (donde brinda detalladamente datos sobre lo que sucedió, cuando se recibieron los repuestos -22 de Febrero de 2017- y qué sucedió después).
Declaración que, incluso y como ya lo veremos, se condice con las constancias documentales que la propia accionante aporta.
En efecto: vemos que en los agravios nos habla puntualmente de dos órdenes de servicio.
En cuanto a la orden de servicio a la que se hace referencia en los agavios emitida por Tarrat S.A. (http://docs.scba.gov.ar/Documentos/?nombre=23135a95-a017-44cf-8cc8-beda15bcf501&hash=D3D80EA158C7A82714F8255C81E4AC5F&nombrepath=PRUEBAScdefghijpdfok.pdf) y mas allá de lo que se alude en cuanto al formulario y su términos, es extremadamente claro lo que se lee en su primer párrafo: " CLIENTE SOLICITA PRESUPUESTO CHAPA Y PINTURA DE INSPECCION POR SEGURO ".
Posteriormente, en dicha documental se lee la emitida por la aseguradora, que data del mes de Febrero de 2017 .
Los mails de Smolko (fs. 58/60) son claros y coinciden en que el vehículo se había dejado para efectuar el presupuesto.
Incluso todavía hay mas: en eses intercambio de mails (que la propia actora aporta) surgen las menciones por parte de Smolko (el 24 y el 25 de Enero) de que aun faltaba la orden de trabajo por parte de la aseguradora .
Lo cual se condice con la documentación emergente de la aseguradora del mes de Febrero.
Vamos a la otra pieza documental de la que habla.
La orden emitida por Honda Pilar (http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=27115a20-06f4-42ea-a965-9c1a5fa3342b&hash=33293DC71FF648A33E9186DF15F3E868&nombrepath=COPIAS DOCUMENTAL.pdf) emitida el 21 de Diciembre de 2016, de la que también se habla en los agravios es clara al mencionar " PRESUPUESTO " y, debajo, " FED. PATRONAL "
Aquí hay algo claro, y que la actora soslaya a lo largo de su discurso: no es que estemos ante un caso en que un particular concurre a solicitar determinado arreglo al concesionario, sino que estaba en juego la cuestión del seguro con el que contaba la actora y la dinámica contractual que implicaba la conformidad de la compañía para avanzar con las reparaciones .
Cosa que aparece totalmente preterida, ya desde el comienzo, en el planteo de la actora.
Entonces, y en ese contexto, la cuestión de la demora en las reparaciones (incluso el tema de los repuestos) no puede serle única y directamente atribuible a la conducta de los concesionarios, sin incluir en el análisis lo acontecido con la aseguradora (véanse los antedichos mails de Smolko).
De este modo, si se pretendía reclamar por las demoras (y sostener que las mismas obedecían a la falta de repuestos) debía haberse acreditado que, efectivamente, la tardanza en la reparación del rodado obedecía a dicha circunstancia o a cuestiones vinculadas con los concesionarios, cosa que no se ha logrado (de hecho, hemos mencionado documentación de la aseguradora que se remonta al mes de Febrero de 2017).
Aclaro que aun prescindiendo del testimonio de Carrizo (tema que se introduce en los agravios), la solución sería exactamente la misma.
Por lo demás, el resto de las cuestiones que se traen, son argumentadas de manera genérica y no específica.
Se habla en muchos tramos de los deberes de información y de cuestiones vinculadas con el derecho del consumo.
Obviamente, son compartibles y exactas, pero debía haberse acreditado -en el caso concreto- todo lo que he señalado precedentemente.
3. Concluyendo: entiendo que no se ha probado, suficientemente, falencias en el deber de información ni tampoco ha quedado cabalmente demostrado que haya existido demora, irrazonable, en el plazo de reparación, como consecuencia de alguna conducta atribuible a las demandadas; insisto, teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso y la modalidad en que se desarrollaron los hechos y los vínculos contractuales entrelazados, con una aseguradora que debía autorizar los trabajos de por medio.
Si a ello sumamos que varias partes (esenciales) del fallo se dejan totalmente irrebatidas (las vinculadas con la pericial mecánica, o el análisis de la declaración de Smolko) entiendo que la sentencia apelada ha de confirmarse.
Con costas de Alzada a la recurrente (art. 68 del CPCC), sin perjuicio de lo que pudiera actuarse en los términos del art. 53 de la ley 24.240.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada.
Costas de Alzada, a la recurrente (art. 68 del CPCC), con la salvedad efectuada en la votación.
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2023 09:31:30 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2023 10:06:03 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2023 10:07:44 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/08/2023 10:07:44 hs. bajo el número RS-280-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia