Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 23178
Causa Nº MO-23178-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BETHANCOURT LUCIAN ALEXANDER C/ GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA S(N °4)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Causa N º MO-23178-2017" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia dictada el 25 de noviembre del 2022, se alzaron tanto la parte actora como la demandada, interponiendo sendos recursos de apelación el día 28 de noviembre del 2022, siendo concedidos los días 28 y 29 del mismo mes.
Arrivadas las actuaciones a esta alzada, los días 7 y 9 de febrero del 2023 se presentaron sendas expresiones de agravios, confiriéndose el respectivo traslado el 16 de febrero, mereciendo las réplicas de 24 y 27 de febrero del 2023..
2. El 9 de marzo del 2023, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
a.- Agravios del actor
El actor comienza cuestionando en primer lugar la cuantificación del daño moral, por considerarla insuficiente.
Posteriormente, embiste contra la tasa de interés utilizada.
b.- Agravios de la demandada
La parte demandada cuestiona la atribución de responsabilidad decidida en la sentencia cuestionada.
Luego, la accionada, se agravia respecto de los montos establecidos por el sentenciante, al ser violatorios del principio de congruencia., incurriendo en ultra petita .
Posterior a ello, en concreto, cuestiona la suma fijada en concepto del daño psicofísico y estético, considerando el abuso en la cuantificación de los rubros reclamados.
Luego de ello, se agravia del rubro tratamiento de rehabilitación, gastos y daño moral.
A los términos de cada una de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Preliminarmente debo destacar que ambas expresiones de agravios -en líneas generales- cumplen con la manda del art. 260 del C.P.C.C.
Asimismo y también a titulo introductorio debo resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).-
Aclarado ello, comencemos con el análisis de las cuestiones traídas aquí para resolver.
Vimos anteriormente que, la parte demandada cuestionó, concretamente este punto.
Para abordar la crítica traída, entiendo oportuno comenzar reseñando la decisión jurisdiccional aquí cuestionada, mediante la cual el sentenciante decidió que "la parte demandada GRUPO CONCESIONARIA DEL OESTE SA resulta responsable ante los daños que guarden una relación de causalidad adecuada con el evento de marras (art. 1726 C.C. y C.)" .
Al cuestionar tal decisión, el apelante, puntualmente señala que
"...Ahora, ante las lesiones sufridas como consecuencia de ello, siempre la responsabilidad es ajena y no propia. Ello debió ser contemplado por V.S. Es que si el actor hubiese estado utilizando la ropa adecuada, esto es protección de sus pantorrillas, y no bermudas cortas y zapatillas de tela con zoquetes, la lesión cortante no se hubiese producido. Claro y simple.
A pesar de ello, y de la falta de su total utilización (únicamente el casco), V.S. consideró que ello no es una conducta obligatoria y desestimó cualquier responsabilidad por su omisión Esto genera un agravio económico superlativo a mi mandante quien, por criterio de Vuestra Señoría, deberá indemnizar al actor, sin que se le haya atribuido ningún tipo de responsabilidad en la producción de los daños".
Expuesto el tema, comencemos con la reseña del relato de los hechos que las partes brindaran al comparecer en autos.
Comencemos.
El 6 de diciembre de 2018, Luciano Alexander Bethancourt -mediante su letrado apoderado- promueve demanda por daños y perjuicios contra GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., en calidad de administrador y concesionario de la autopista Acceso Oeste y/o quien resulte identificado como titular, detentador, poseedor, usuario, usufructuario, civilmente responsable y/o tenga algún derecho sobre la misma con fecha 23 de noviembre de 2016, por los daños y perjuicios derivados de su uso, a efectos de requerir en concepto de reparación de daños y perjuicios la suma $1.472.000, sujeta a lo que en más o en menos resulte de las pruebas a producirse.
En relación, puntual, a los hechos base de autos, la parte actora destaca que con fecha 23 de noviembre de 2016, siendo aproximadamente las 12:15hs., se encontraba circulando a bordo de su motovehículo marca Honda modelo CG Titan 150, dominio: 559-KOZ, con casco de seguridad colocado, por el tercer carril de la autopista del Oeste con sentido hacia la localidad de Ituzaingó, cuando al llegar a la altura de la bajada hacia la calle Barcala, repentinamente unas maderas que se encontraban sueltas rodaron hacia él provocando su caída al asfalto y lesiones de gravedad.
Destaca que, como consecuencia de la caída, el actor golpeó fuertemente su cabeza sobre el asfalto, perdiendo el conocimiento por unos minutos y resultó herido con un importante corte en su pierna derecha. Inmediatamente fue trasladado por una ambulancia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde recibió las primeras curaciones, le suturaron la herida contuso cortante que, conforme denuncia, ilustran las fotografías acompañadas. Le indicaron reposo, analgésicos y control posterior. Continuó con el seguimiento de las lesiones padecidas en Consultorios Médicos Brown, donde luego de la realización de estudios le diagnosticaron las siguientes lesiones: traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, rectificación de la columna lumbar, rectificación de la columna cervical, traumatismo rodilla derecha, traumatismo ambas muñecas, sutura de herida contuso cortante en cara anterior de miembro inferior derecho.
Imputa responsabilidad en la demandada y reclama los daños que detalla al incoar la acción, fundando en derecho, ofreciendo prueba, solicitando que se dicte sentencia admitiendo la demanda en todas sus partes, con costas, condenando solidariamente a los demandados a abonarlo reclamado, con más sus correspondientes intereses y costas hasta el momento de su efectivo.
El 12 de febrero de 2019 contesta demanda GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
Luego de realizar la negativa de rigor, con excepción de los que expresamente quedan reconocidos, destaca que el día 23 de noviembre de 2016, siendo aproximadamente las 12.30 horas, el actor se encontraba circulando en dirección ascendente por la Autopista del Oeste a la altura km 24.44 y que fue socorrido, en el lugar del siniestro y trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en la localidad de Moreno.
A continuación, expone las características del Acceso Oeste a la altura aproximada del Km 19, entre ellas:
1. Existen 4 (cuatro) carriles de circulación de 3.65m de ancho c/u más una banquina externa de 3.00m de ancho una banquina interna de 1.40m, todo pavimentado por sentidos de circulación.
2. Ambas calzadas se encuentran divididas por un cantero central 3.00m de ancho aprox. separadas por defensa de hormigón tipo new jersey de 0.86 m de alto y en las banquinas externas posee defensa metálica tipo flex beam, según plano que se adjunta como prueba documental.
3. La velocidad máxima es de 130km/h y la mínima es de 60km/h, ambas para vehículos livianos.
4. La calzada principal se encuentra correctamente señalizada vertical y horizontalmente, según plano que adjunta como prueba documental y conforme a la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial y su decreto reglamentario N° 779/95.
5. Entre la calzada principal y la calle colectora existe un cerco perimetral de 1.50m de altura, según plano que se adjunta como prueba documental.
6. Posee iluminación artificial con columnas de 17 m. de alto ubicadas en el cantero central cada 60 m aproximadamente, según plano que se adjunta como prueba documental.
Imputa responsabilidad en el accionante, al encontrarse circulando en una autopista sin protección alguna. Indica cuáles son los elementos necesarios para conducir de forma segura en las carreteras del país: 1) Casco; 2) Antiparras/gafas; 3) Tapones para los oídos; 4) Guantes a fin de evitar cortes, heridas y raspaduras, ante una caída; 5) Coderas y rodilleras para la protección contra impactos; 6) Indumentaria adecuada; 7) Protectores para cuello; 8) Espaldera; 9) Equipo de lluvia; 10) Calzado adecuado para la protección de pies y piernas.
Afirma que si el actor hubiese estado utilizando la ropa adecuada, esto es protección de sus pantorrillas y no bermudas cortas y zapatillas de tela con zoquetes, la lesión cortante no se hubiese producido. Impugna los rubros reclamados y ofrece prueba.
Manifiesta exclusión de cobertura, toda vez que el monto del reclamo es menor al de la franquicia de la póliza de seguro vigente al momento del accidente. Destaca que la entidad aseguradora queda excluida de afrontar el pago de cualquier suma condenatoria respecto de estas actuaciones, peticionando, pluspetitio inexcusable y sanción por temeridad y malicia.
Concluye, la accionada, solicitando el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.
Vemos así, que, los litigantes son contestes en cuanto a la producción del evento, aunque difieren en la atribución de responsabilidad del mismo.
Pasemos ahora al encuadre normativo.
En tal sentido, el art. 1769 del C.C. y C.N. indica que " los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos ".-
Con lo cual, devienen de aplicación las pautas de los arts. 1757 y siguientes.-
En virtud del primero " toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención ".-
La responsabilidad se coloca, concurrentemente, sobre el dueño y el guardián (art. 1758) indicando que " se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta ".-
Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, debemos abrevar en el art. 1722: " el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario ".-
Coincidentemente, y cuando se hubiera alegado la conducta de la propia víctima como eximente legal, debemos acudir al art. 1729 que ya no habla -como regla- de "culpa" de la víctima, sino de "hecho del damnificado".-
El artículo indica que " la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial ".-
El círculo termina de cerrarse con la regla del art. 1734 del mismo estatuto legal: la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega.-
Así, y desde mi punto de vista, el mecanismo de juzgamiento no ha variado, en sustancia, del existente en el régimen del anterior: siguen pesando sobre las partes las mismas cargas de afirmación y demostración, y siguen siendo de utilización -para nosotros- iguales pautas de juzgamiento.
Profundicemos, sobre el corredor vial.
Para ello estimo necesario recordar lo sostenido por este Tribunal en la causa nro. 14. 528, R.S. 106/16, donde se sostuvo:
" 1) A esta altura de la evolución doctrinario- jurisprudencial es indudable que entre el usuario de los corredores viales concesionados y la empresa titular de dicha concesión existe una relación contractual, sinalagma que origina obligaciones recíprocas; existe igualmente una relación de consumo y una indudable obligación de seguridad en testa de la concesionaria; a los cual adito la obligación de no dañar.-
a.- La relación contractual surge por cuanto el usuario decide pagar un precio o peaje para utilizar la fluidez de desplazamiento y seguridad que la Autopista debe brindar; en lugar de circular por las “colectoras” el automovilista opta por aceptar la oferta onerosa del concesionario; va de suyo que ello obliga al concesionario a brindar la seguridad a la que antes hiciera referencia (Arts. 1197, 1198 y cc. del C.C.A.); el uso y la seguridad son las contraprestaciones de dicha relación contractual.-
b.- Existe una relación de consumo enancada en la ley de Defensa del Consumidor Nª 24240 y sus modificaciones introducidas por las leyes N°24.999, 24.568, 24.787; el Art. 1 inc. b del texto originario incluye entre los beneficiarios de la ley a quienes requieren la prestación de servicios y el Art. 2 incluye en la normativa a los prestadores de servicios; y los Arts. 19,28 y 30 ratifican tal encuadre.-
Mas allá de esa norma concreta la Const. Nacional en su Art. 42 establece que los usuarios de servicios tienen derecho en base a aquella relación de consumo a la protección de su salud y seguridad; y similar norma contiene el Art. 38 de la Const. de la Pcia. de Buenos Aires
c.- Y la obligación de no dañar se asienta en el brocardico “alterum no laedere” del cual nos habla el Art 1109 primer párrafo del Digesto de Fondo, con la correlativa obligación que quien daña debe reparar integralmente, salvo los supuestos del Art. 514 del C.C.A.-
d.- Va de suyo que por elementales principios de equidad la obligaciones reseñadas en cabeza de las concesionarias de las Autopistas ceden ante la indudable prueba de un caso fortuito o fuerza mayor (Art. 514 del C.C.A.) cuyo onus probandi terminante e indudable recae en quien explota el corredor vial (Art.375 del C.P.C.C.).-
e.- Lo hasta aquí dicho encuentra total respaldo jurisprudencial a través de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la S.C.J.B.A., como asimismo de Tribunales Inferiores.-
La Corte Nacional a través del antecedente “Bianchi” (citado por la a quo) varió su jurisprudencia sobre el tema que nos ocupa (causas “Ruiz, Fallos 312-2138; ”Bertinat”, Fallos 317-1114; ”Colavita”, Fallos 323-318) estableciendo, aún sin aplicar la ley 24.240 en función de la fecha de su sanción, que la relación “concesionario”-“usuario” es diversa a la que el primero tiene con el Estado y obliga al prestatario del servicio al cumplimiento de la obligación de seguridad (sentencia del 7 de Noviembre de 2006).-
En idéntico sentido se ha expedido la SCJBA en numerosos antecedentes: ”Barreiro c/Semacar” Ac.95629/2010; ”Rodríguez c/Servicios Viales ”Ac. 89548/2010.-
La Sala I de la Cámara Departamental, también se expidió estableciendo la responsabilidad de la Autopista por los daños sufridos por un usuario al colisionar con un perro (Causa 52.098 R.S. 241/05); y esta Sala II, integrada en el caso por el Dr. Calosso que lideraba el Acuerdo y los actuales miembros del Tribunal Dr. Gallo y el Insfrascripto, también se pronunció sobre el particular en la causa 47192, R.S. 698/04; dijimos allí y reitero aquí que
"el contenido y términos de la relación de derecho público que existe entre el concedente o el concesionario no es oponible al usuario del sistema de rutas concesionadas por peaje, quien al pagarlo establece con la empresa concesionaria una relación de derecho privado distinta de base contractual. En tal sentido, el vínculo que enlaza al usuario con el concesionario vial es una típica relación de consumo (arg. arts. 1 y 2 de la ley 24.240), por lo que la responsabilidad del último por los daños sufridos por el primero se ubica en el régimen contractual.
Que, en concreto, frente al usuario el concesionario tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la carretera estará libre de peligros y obstáculos, y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario vial lo percibe.
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la remodelación, conservación y explotación del corredor vial en cuanto hace a su demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad, para desvirtuar la cual, en el caso de daños provocados por animales sueltos en la ruta, deberá probar que le ha resultado imposible preveer o evitar el perjuicio, o que previsto no ha podido evitarlo no obstante haber realizado un adecuado control de los alambrados linderos al camino, una prolija inspección visual, etc".
La doctrina, si bien hasta hace algún tiempo bifronte, ha evolucionado hacia los principios antes relacionados; Jorge Mario Galdos en un lúcido artículo publicado en La Ley del 12 de Mayo de 2004 sintetizó con total acierto el tema; decía aquel autor que “en el marco de la ligazón jurídica entre las partes, de derecho privado patrimonial, las obligaciones jurídicas en cabeza de la concesionaria incluyen la prevención, y resarcimiento, en su caso, por la aparición de animales sueltos lo que significa, saludablemente, prescindir del distingo entre obstáculos móviles o inertes. Será entonces la concesionaria la que deba probar la ruptura parcial o total del nexo causal, acreditando la ajenidad del hecho dañosos a la regular prestación del servicio”, y el mismo autor reiteró su enfoque en J.A. 2006 Fascículo II comentando el fallo de la Corte Nacional del 21 de Marzo de 2006 in re "Ferreira c/Vico"; con referencia al antecedente Colavita, reiteradamente citado para eximir a las concesionarias de su responsabilidad, aquel perdió la virtualidad vinculatoria; y de dicho fallo, que conformó mayoría son de resaltar los votos de los Ministros Zaffaroni y Lorenzetti; cuando al Dr. Zaffaroni expresó que “el concesionario de un corredor vial debe responder ante el usuario por los daños causados por animales que invaden la carretera”; y el Dr Lorenzetti expreso que “El paso de animales por una ruta concesionada no constituye un evento imprevisible. La responsabilidad que el art. 1124 CCiv. Pone en cabeza del dueño o guardián de un animal no es excluyente de las que cabe a quienes –como el concesionario vial- tiene a su cargo con fundamento en un deber d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.