Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 20631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia apelada, rechazandose la demanda.
Costas de ambas instancias, a la actora (arts. 68 y 274 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-20631-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "MAQUEDA MARIA CECILIA Y OTRO/A C/ CONTRERAS LIDIA PATRICIA S(N °1)/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)" Causa N º MO-20631-2021 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental, con fecha 10 de Abril de 2023 hizo lugar a la demanda de desalojo.
Apeló la demandada.
Su recurso se concedió libremente y se fundó con la expresión de agravios de fecha 11 de Mayo de 2023, replicada con fecha 7 de Junio de 2023.
Básicamente, la apelante viene quejándose de que haya prosperado la demanda de desalojo, habla del derecho de usufructo, de la forma en que se celebró el contrato y de los demás vínculos relacionados con el mismo.
Al tenor de dicho escrito cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
El día 10 de Agosto de 2023 se resolvió sobre el ofrecimiento probatorio, providencia que hoy se encuentra firme.
Con fecha 31 de Agosto de 2023, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean la valla del art. 260 del CPCC.
Sentado ello, y en cuanto al proceso de desalojo, cabe recordar que la acción de desalojo se da contra todo aquel sobre el cual recae la obligación exigible de restituir una cosa (locatario, comodatario, intruso, etc.) -causa nro. 56256 R.S. 49/10-.
Ahora bien, en el caso, frente al reclamo liminar entablado en la demanda (escrito del 16 de Junio de 2021), calificando a la accionada como ocupante, esta se ha presentado (escrito del 2 de Agosto de 2021) y adjuntó un instrumento privado, con firma certificada, en el cual leemos, con claridad y contundencia, que las actoras por medio de tal instrumento otorgan a la demandada el derecho de usufructo gratuito y vitalicio respecto del inmueble de autos (ver http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=3baa3626-ac6c-467c-b023-d057b6fe823c&hash=4FDB7A0ADCD3D3F13287C944CB6EFDB7&nombrepath=documental+desalojo+moron.pdf).
Sucede que una vez que la demandada viene con ese documento, las actoras introducen una serie de cuestiones a su respecto (escrito del 10 de Agosto de 2021).
Pero analizar estas cuestiones, o entrar a ver cuestiones que tienen que ver con la forma de dicho instrumento, es algo que excede, con creces, los límites del desalojo.
Aquí no hay una obligación clara de restituir, sino que la cuestión va por otros carriles, que involucra multiplicidad de vínculos y temas acerca de la forma de dicho acuerdo.
Existe un caso muy similar al presente, fallado por la justicia local (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 28/2/2019, "Intaschi Luis Jose C/ Adran Maria Cecilia S/ Desalojo") y cuyos fundamentos hago mios.
Se dijo allí que:
" La particular naturaleza del juicio de desalojo hace que no pueda debatirse en él, insisto, el ius possidendi o el ius possessionis (arts. 497, 574, 600, 2351, 2352, 2468, 2506, 2758 y cc C.Civ.; arg. CC0002 SI c. 92265 Reg. 4/2005 y ots.).
Es que, acudiendo a la hermenéutica de las normas que lo regulan se aprecia la impropiedad de incluir en la disputa cuestiones que exceden el acotado marco procesal que las inspira (arts. 676 y sgtes. CPC; arg. Ramírez Jorge Orlando "El Juicio de Desalojo" Ed. Depalma, pág. 4).
Sólo es viable, entonces, cuando la obligación de restituir se presente en forma diáfana; toda situación que se le oponga y que con alguna verosimilitud la enturbie, hace que tal vía deba desecharse y tenga que recalarse en otras acciones (arg. esta Sala, c. 131965 "Malamute Cecilia c/ Bove Pedro s/ desalojo" sent. 16/2/2010 Reg. 21; SCBA AC. 56924 del 30/8/96; Acuerdos y Sentencias 1957-IV-612 y 1958-II-689).
No interesa, por cierto, si la posesión es legítima o ilegítima, ya que no cabe discutir dentro de su órbita el mejor derecho a poseer ni la posesión misma; siendo todo ese debate extraño al juicio de desalojo (art. 676 CPC, conf. Morello-Passi Lanza-Sosa- Berizonce "Códigos" T° VII p. 550; arg. CC0203 LP c. 10980 Reg. 32/2014; ídem c. 111379 Reg. 82/2010).
Partiendo de estos conceptos, observo que la Jueza, para decidir del modo en que lo hizo, tuvo en cuenta que el actor dio en usufructo a la demandada el bien que ahora dice otorgado en comodato, y que si bien el mismo no se escrituró, tal recaudo sería necesario para que sea oponible a terceros el derecho real; pero no hace a su eficaz constitución entre las partes.
El apelante objeta tales afirmaciones al amparo de la falta de homologación del convenio en que se dispusiera el usufructo.
Resalta que este último debió ser hecho por escritura pública y que el no haberse efectuado de ese modo, no existe título válido que impida el desalojo de un bien que es de su propiedad.
Con esa postura, el actor no ha hecho más que contrariar su anterior conducta. Dio en usufructo a María Cecilia Adrán el bien objeto de autos, para poder de ese modo arribar a un acuerdo que pusiera fin al matrimonio (v. fs. 14 vta.) y pretende ahora desconocer sus alcances e instar el desahucio bajo la excusa de no haber sido otorgado mediante escritura pública, cuando él mismo fue quien debió hacerlo de ese modo y no lo hizo. Vale recordar que la buena fe significa que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar d ella pues ésta es la base indispensable de todas las relaciones humanas (arg. CFed. Córdoba Sala civ. y Com 28/7/78 "Banco Nac. de Desarrollo c/ San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros" en LL 1979-A-201 y JA 979-II-579 cit. por Marcelo López Mesa "La doctrina de los propios actos" ed. Depalma pág. 31).
En otras palabras, la buena fe es la llave de corte que permite evitar en ciertos casos un ejercicio disfuncional de derechos tendientes a provocar daños mediante el uso desviado de resortes legales, inicialmente legítimos (López Mesa ob. cit. pág. 28).
Luis José Intaschi no puede echar mano a una situación (falta de escritura) que él mismo coadyuvó a generar.
Desde otro lado, si bien el usufructo no se constituyó mediante el dispositivo notarial exigido por la ley (art. 1184, 2505 y cc CC; art. 7 CCyC), no podemos desconocer que estamos en presencia de una "promesa de usufructo".
Así lo entiende Moisset de Espanés al decir que "La promesa de constituir un usufructo sobre inmuebles, documentada en instrumento privado, es exigible y vale como obligación de hacer escritura pública" (aut. cit. "Usufructo. Forma: instrumento privado", Zeus T. 80 D-59).
Si el instrumento contiene una promesa de usufructo y se ha entregado la posesión del inmueble, ello demuestra que la demandada es, en principio, una poseedora (arg. Jorge Belmaña Juárez "Demanda de desalojo y posesión" JA 1983-III-520).
En tal coyuntura, encontrándose la demandada en posesión del inmueble cuyo desalojo pretende el actor en función de la promesa de usufructo plasmada en el convenio anexado a fs. 14; desbordando el título opuesto el marco de acción de este proceso, concluyo en que la demanda ha sido correctamente rechazada debiendo confirmarse el fallo que así lo dispuso, con costas al apelante vencido (art. 68 CPC) ".
Las circunstancias son exactamente iguales al presente: las actoras suscribieron aquel instrumento (en el que se decía otorgar un usufructo vitalicio) y, tiempo después, pretenden desandar tal sendero, desconocer el mismo por cuestiones formales, todo ello en un contexto procesal que, claramente, resulta desbordado por el tenor de la discusión que se intentó introducir en él.
Luego, y por tales razones, entiendo que la demanda no debió haberse admitido.
Promoveré, entonces, la revocación del fallo apelado, el rechazo de la demanda y la imposición de costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, y por idénticas razones, el Sr. Juez Dr. Gallo adhiere votando en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la sentencia apelada, RECHAZANDOSE la demanda.
Costas de ambas instancias, a la actora (arts. 68 y 274 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2023 11:51:01 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 12:09:28 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 12:12:33 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/11/2023 12:12:34 hs. bajo el número RS-482-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia