Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC, conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). (arts. 47/8 L. 5827).
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 5 de octubre de 2023, confirmó la sentencia de grado que fijó la cuota de alimentos valorando el cuidado pleno de la progenitora y teniendo como parámetro la canasta de “crianza”.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 5 días del mes de octubre de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "D. G. A. C/ V. J. M. O. S/ ALIMENTOS”, Expte. 13.933, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: la Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, el Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y la Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin, encontrándose de licencia el Dr. Loiza El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 04/04/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de la causa la Sra. Jueza dictó sentencia el día 4 de abril de 2023 resolviendo: “ I) Fijar la cuota de alimentos definitiva, desde la presentación de la demanda, a favor de la pequeña V. I. V., a cargo de su padre Sr. V. J. M. O., DNI xxx, en forma mensual, en el porcentaje del 25 % (veinticinco por ciento) de los ingresos que por todo concepto perciba en su carácter de dependiente, monto que deberá ser retenido y depositado del 1 al 10 de cada mes en la cuenta judicial ya abierta en autos, desde la fecha de interposición de la demanda.- Disponer como modalidad de pago, a fin de efectivizar el cobro de la cuota alimentaria ut supra establecida, la RETENCION DIRECTA de la misma de los haberes que percibe el alimentante.- Ordenándose el libramiento del oficio respectivo. II) Con relación a la fijación de los alimentos atrasados deberá la actora practicar la correspondiente liquidación en el término de cinco días que quedar firme la presente resolución, calculándose los intereses conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia, esto es la tasa activa en la indicada variante digital, conforme lo resuelto por la Excma Cámara en lo Civil y Comercial departamental en autos caratulados "Bilbao María Teresa y otra c/Cabodevila, Néstor Iván y Otro s/Nulidad de acto Jurídico, conforme criterio aplicado por SCBA en "Zòcaro, Tomás Alberti c/Provincia ART SA y otro s/Daños y perjuicios", 11-03-2015 (art.642 del CPCC).III. Imponer las costas al demandado. - IV. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes para su oportunidad, dígase determinada que sea la base arancelaria.”
Para decidir en tal sentido la magistrada tuvo en cuenta que en el derecho alimentario -que tiene como caracteres ser actual e impostergableresulta insoslayable la aplicación del principio de solidaridad familiar, no sólo con motivo del vínculo sino también por la aplicación del valor de colaboración recíproca que impone la ayuda al más necesitado. Resaltó el contenido económico de la obligación alimentaria así como su carácter extrapatrimonial, anclado en el fin de la satisfacción de las necesidades básicas de quien recibe los alimentos.
Luego de describir la obligación que tienen ambos progenitores en la crianza, alimentación y educación de sus hijos (art. 658 del CCC), citó jurisprudencia y valoró los elementos probatorios de la causa, teniendo por acreditado el vínculo filial y los ingresos del demandado como policía de la Provincia de Buenos Aires.
Meritando que en el caso se trata de un alimentante en relación de dependencia resaltó la conveniencia de fijar la cuota alimentaria en un porcentaje de sus ingresos, sujetando así las variaciones de la cuota a los incrementos de las remuneraciones que percibe el Sr. V., “evitándose de este modo incidentes de aumento y siendo ajustado para ambas partes ya que el aumento de las remuneraciones se vincula en forma directa con el costo de vida y así, los alimentos se adecuan a la realidad económica abonando el alimentante siempre el mismo porcentaje de sus ingresos.” En virtud de lo solicitado en la demanda de fijar la cuota de alimentos en un 35% de los ingresos del alimentante, los elementos probatorios de la causa, lo dictaminado por el Ministerio Pupilar y la edad de la pequeña -5 años al momento del dictado de la sentencia- estimó procedente fijar la cuota alimentaria a cargo del demandado en el porcentaje del 25% de sus ingresos netos.
II. Contra dicho pronunciamiento el demandado interpuso recurso de apelación, presentando su memorial el 20/4/2023, el que recibió la réplica de la actora mediante presentación del 3/5/2023.
A su turno la Asesora contestó la vista conferida, adhirió a los fundamentos expuestos por la actora y solicitó el rechazo del recurso interpuesto por el demandado (v. presentación del 8/5/2023).
El apelante se agravió del monto de la cuota alimentaria, establecida en el porcentaje del 25% de sus ingresos como policía de la Provincia de Buenos Aires, considerando tal suma exorbitante y resaltando la orfandad probatoria no sólo respecto a su solvencia económica sino también en relación a las necesidades de su hija.
Puso especial énfasis en la falta de acreditación de los ingresos de la progenitora y le endilgó haber omitido su desempeño como peluquera a domicilio y como personal contratado de la Clínica Cruz Azul, a la par que destacó la normativa aplicable respecto a la obligación alimentaria, sosteniendo que es impuesta a cargo de ambos progenitores (arts. 658 y 659 del CCyC).
Puntualizó que él cubre todas las necesidades de la menor y que en la sentencia no se hizo valoración de la adjudicación del 50 % del inmueble en el cual reside su hija junto a la actora, lo que ha sido aceptado en el marco del expediente “V. J. M. O. c/ D. G. A. s/ Divorcio por presentación unilateral” Expte NE 5366-2022, habiéndose omitido por la jueza considerar que él ha garantizado el derecho de habitación de la alimentada. Remarcó el cumplimiento completo e integral de las obligaciones a su cargo y alegó haber cumplido con el pago de los alimentos provisorios, solicitando se revoque la sentencia y se fije en ese porcentaje, oportunamente establecido en el 15% de sus ingresos, atento a que la actora no logró demostrar que los mismos fueran insuficientes para cubrir las necesidades de su hija.
Subrayó que “la magistrada sentenciante no detalló qué medios probatorios valoró para fijar la cuota alimentaria a favor de V. I. que aquí se apela, lo cual torna en arbitraria la sentencia dictada en autos”.
III. Ingresando al tratamiento del recurso, anticipo que propondré al acuerdo la confirmación de la sentencia dando las razones por las cuales considero que el recurso no puede prosperar.
1. Inauguralmente creo oportuno destacar que “Las cuestiones alimentarias que se sometan a decisión judicial requieren de una resolución razonablemente fundada (art. 3° CCyC) oportuna y eficaz (art. 670 CCyC)” (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. – CABA, Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, PDF, Libro segundo, p. 508). El cuestionamiento que porta el agravio del apelante me lleva a estructurar mi decisión sobre la valoración de tres pilares basales que considero constituyen una tríada que debe ser analizada en conjunto por su interrelación: el caudal económico de los progenitores, la satisfacción de las necesidades integrales de su hija y el cuidado personal de la niña, que actualmente tiene 6 años (arts. 658, 659 y 660 del CCyC).
La Convención de Derechos del Niño (CDN) establece el deber de corresponsabilidad parental por cuanto afirma que “ambos padres tienen deberes comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo” de los niños, niñas y adolescentes (arts. 3 inc. 2, 5, 18 y 27 CDN); y también la CEDAW contempla expresamente la corresponsabilidad entre padre y madre en sus disposiciones (arts. 5 inc. b, 8, 11 y 16 inc. d de la CEDAW).
En consonancia con ello, de los lineamientos del art. 658 del CCyC surge que la corresponsabilidad de los progenitores no se limita al sólo hecho de alimentar a sus hijos, sino que se extiende a la obligación y el derecho de criarlos y educarlos, como deberes indisociables de la responsabilidad parental, para su protección, desarrollo y formación integral (arts. 638, 646 y 648 del CCyC).
1. Uno de los cuestionamientos que expone en su agravio el alimentante es la falta de prueba respecto a su supuesta solvencia económica.
En este aspecto es importante señalar que los procesos de familia tienen particularidades propias, que obedecen -en parte- a la naturaleza de los conflictos que abordan, y cuya génesis conlleva a la primacía de principios específicos, como son los relativos a la prueba, que al respecto prescriben: “Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar” (art. 710 del CCyC). Bajo ese prisma de análisis este Tribunal sostuvo: “De allí que con sustento en este postulado, basado en el principio de solidaridad y colaboración de las partes en el proceso, era el alimentante quien debía aportar los datos indicativos de su situación económica" y que “si el demandado pretende que no se tengan en cuenta ciertos indicios que permitirían presumir una solvencia mayor que la que tiene, tendrá a su cargo producir la prueba en sentido contrario. No se trata de violar lo dispuesto en el art. 377 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación sobre la carga de la prueba que pesa sobre quien afirma un hecho, ni de eximir al actor de su tarea probatoria. Pero el actor, si no puede aportar prueba directa, puede crear presunciones sobre la solvencia del alimentante. De manera que, ante esta vía indiciaria de comprobación, que deriva en presunciones, el demandado cargará con la prueba tendiente a destruir tales criterios (conf. Bossert, Régimen Jurídico de los Alimentos, pág. 465, ed. Astrea, 2004)” (expte. 301 reg. int. 62 (S) 1606-2009, expte 8765 del 27/03/2012 R.I. 15 (S), expte. 9745 R.I. N° 79(S) del 18/07/2014, Expte. 10920; reg. 89 (S) del 13/07/2017, entre otros).
Es que “en lo que hace a la valoración de la prueba producida en el proceso de alimentos, no es necesario que la misma sea directa de los ingresos del alimentante o de su patrimonio, sino que basta con un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión. La prueba del caudal económico del alimentante, puede surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte de prueba directa y de indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que le son propias, aunque valoradas con criterio amplio, en favor de la pretensión del demandante (conf. Colombo, Carlos “Código Procesal Civil y Comercial Anotado”, T° II, pág. 280)” (Cám. Nac. Apel. Civil Sala A, Della Busca Verónica c. Gori Maximiliano s/ Alimentos, sent. del 28/02/2023; Citas: TR LALEY AR/JUR/11897/2023).
2. No obstante lo expuesto, el alimentante manifiesta en la contestación de la demanda haber efectuado el siguiente ofrecimiento: “Ofrecí, en concepto de cuota alimentaria a favor de nuestra hija, el 17 % de los haberes que por todo concepto percibo, con un mínimo de $ 17.000,00.- a partir del día 1 de septiembre del año 2.022; el 22 % de los haberes que por todo concepto percibo, con un mínimo de $ 22.000,00.- a partir del día 1 de marzo del año 2.023; y el 30 % de los haberes que por todo concepto percibo, con un mínimo de $ 30.000,00.- a partir del día 1 de marzo del año 2.024, mediante retención directa de mi empleador, a depositarse del día 1 al 10 de cada mes en la cuenta de autos” (v. presentación del 25/8/2022) Tal ofrecimiento que el alimentante resalta se revela incluso mayor que el fijado en la sentencia para el próximo año venidero, no habiendo cambiado sus circunstancias laborales porque conforme lo informado por el Ministerio de Seguridad: al 25 de agosto de 2022 el Sr. V. tenía una antigüedad en el empleo, como policía de la provincia de Buenos Aires, de 7 años 6 meses y 3 días (v. p. 23 del oficio recibido el 20/9/2022 y oficio del 13/12/2022).
Aunado a ese extremo valoro que, en contraposición a la imposibilidad manifestada por el apelante para solventar la cuota de alimentos fijada en la sentencia, surge acreditado que el Sr. V.:
1. Es titular de un automotor y una motocicleta (v. informe nominal del Registro Nacional del Automotor del 5/8/2022).
2. Su ingreso se complementa con la realización de horas extras (v. oficio del 20/9/2022), aspecto corroborado con lo manifestado en el informe socio-ambiental realizado en contexto domiciliario (v. informe del 6/2/2023), del cual surgen las manifestaciones vertidas por el padre del demandado: “J. trabaja todos los días, cuando tiene franco hace adicionales en el Bingo (sic)”, coincidente con lo manifestado por la Perito al momento de concurrir por primera vez a su domicilio y no poder realizar la entrevista por ausencia del Sr. V. (v. presentación del 19/12/2022).
3. En el oficio informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante presentación del 30/09/2022, respecto a sus cuentas bancarias -Caja de Ahorro en Pesos y Caja de ahorro en dólares- se visualizan movimientos por compra de dólares, consumos en tarjetas de Crédito Visa y Mastecard así como la constitución de un plazo fijo digital en pesos. Lo expuesto acredita la posibilidad económica del alimentante y robustece la decisión de la primera instancia (arts. 163 inc. 6, 375, 384 del CPCC).
3. Atendiendo el embate que ensaya el apelante respecto a la prueba que pretende se imponga a la actora para que acredite la insuficiencia de los alimentos provisorios, es importante señalar que su cuestionamiento no sólo se aparta del análisis del estándar probatorio que resulta aplicable en estos casos (art. 710 del CCyC), sino que también omite valorar que esa prueba resulta superada en función de las circunstancias que tienen por acreditadas las necesidades de la niña, para cuya satisfacción integral ese porcentaje del 15% de los ingresos del demandado luce insuficiente, como se abordará más adelante.
Desde otro ángulo valorativo, la crítica del demandado relativa a la falta de prueba del caudal económico de la progenitora no resulta conducente porque surge probado que la Sra. D. no cuenta con empleo registrado ni permanente (v. declaraciones testimoniales de Villaverde, Torales, Rodríguez y García, respuestas a pregunta 4). Por el contrario, se desempeña como peluquera a domicilio y en forma esporádica cubre las licencias del personal de maestranza de la Clínica Cruz Azul (v. escrito de demanda punto II; oficio AFIP del 5/10/2022; oficio Clínica del 18/10/2022 e informe socioambiental del 6/2/2023 realizado en el domicilio de la actora).
4. Anticipé que en el análisis de mi tarea revisora debo valorar, no sólo lo meritado hasta aquí, sino también la satisfacción de la totalidad de las necesidades de la niña para su pleno y armónico desarrollo, así como las tareas de cuidado personal, de acuerdo a las circunstancias debidamente acreditadas en el caso (arts. 18, 27 de la CDN, arts. 638, 646, 658, 659 y 660 del CCyC).
Paso entonces a abordar los aspectos señalados que me llevan a considerar que el 25% de los ingresos del alimentante establecidos en concepto de cuota alimentaria luce razonable y se ajusta a derecho. En tal sentido, es dable recordar que la cuota alimentaria ha de comprender los gastos ordinarios que, en el caso, requiere una niña de 6 años de edad, de conformidad con las pautas establecidas en el art. 659 del CCyC, quedando comprendidos los gastos de manutención, asistencia, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio de conformidad con la amplitud de contenido de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental (v. en análogo sentido la doctrina legal de la SCBA, Ac. 120.544 del 30/05/2018 C. ,M. I. c/ E. ,J. Á. s/ Alimentos y esta Alzada Expte. 12.150, reg. int. n° 55 del 25/6/2020; Expte. 13.483, reg. int. 179 (s) del 25/11/2022; Expte 13580, reg. int. 15 (S) del 01/02/2023, entre muchos otros).
En suma, el derecho de habitación que el demandado alega garantizar a través de prueba instrumental que no fue ofrecida por ninguna de las partes, y que como tal no integra el plexo probatorio, en modo alguno totaliza o agota la satisfacción integral de las necesidades de su hija. El informe socioambiental realizado por la Perito Asistente Social del Juzgado de Familia referencia (v. informe del 6/2/2023): “La vivienda que habita G. (27 años) junto a su hija V. (5), está ubicada sobre calle de tierra, en cercanía al Hospital Irurzun, la misma es propiedad de ambas partes. Si bien se encuentra en condiciones de habitabilidad, se observa necesidad de mantenimiento…”
“Da cuenta de gastos mensuales mas allá de alimentación y vestimenta, respecto a electricidad, alrededor de $2000; internet $2800; 2 garrafas por mes de $1500 cada una; cuota de cooperadora y materiales escolares, una cuota anual de $1500 (2022); sumados aquellos gastos que surgen para los distintos eventos que organiza la institución educativa” “Por sugerencia del EOE del Jardín al que asiste, V. concurre a un espacio psico-terapeútico con la Licenciada R.ocío Gelatti, debido a que la observaron angustiada durante el período de separación de los papás. Actualmente se encuentra bien”
“Actualmente expresa que J. no tiene ninguna participación en los cuidados de V., no realiza sugerencias ni consultas en relación a ello”. “Finalmente, se observa un vínculo de apego entre G. y V. y un trato afectuoso. Ambas cuentan con una red socio-afectiva presente, conformada por familiares, amigos y vecinos, siendo la abuela y tía materna quienes brindan ayuda en los cuidados de la niña”.
Concluye la perito en sus apreciaciones finales que “Si bien la cuota en concepto de alimentos se cumple, la misma resulta insuficiente para cubrir los gastos de V.”.
En el marco referencial enunciado se observa que ha quedado acreditado que la madre es quien tiene a su cargo el “cuidado” exclusivo de su hija de 6 años, sin participación del padre en su crianza, extremo confirmado por el Sr. V. al momento de absolver posiciones el 20/10/2022. En efecto, al ser preguntado acerca de la veracidad respecto al contacto escaso que mantiene con su hija, respondió en forma afirmativa, agregando: “Le mando mensajes a la madre y no me contesta, la mayoría de las veces V. no ha querido venir conmigo” (v. posición 8 y su respuesta, conf. arts. 402, 421 y 384 del CPCC).
Esta ausencia de implicancia del progenitor en la crianza de su hija fue expuesta por la actora en la contestación del memorial (presentación del 3/5/2023).
Las declaraciones testimoniales también fueron contestes y concluyentes respecto a que el cuidado de la niña se encuentra en forma exclusiva a cargo de su madre, que es quien la lleva y la retira todos los días del jardín, usando como medio de transporte el colectivo; siendo coincidentes los testimonios -incluso el de la tía paterna- al declarar que el Sr. V. actualmente no ve a su hija (v. declaraciones testimoniales de Villaverde, Torales, Rodríguez y García en respuestas a preguntas segunda, tercera, quinta, sexta y séptima conforme interrogatorio del 20/10/2022) (arts. 424, 456 y 384 del CPCC, arts. 660, 710 y 711 del CCyC)
Ese traslado diario en transporte público que realiza la madre para llevar y retirar a su hija del Jardín Lasalle lo realiza desde su domicilio en Quequén hasta la ciudad de Necochea (v. informe socioambiental referenciado; y oficio informado por el Jardín de Infantes del 13/7/2022), y ello forma parte de su disposición plena en el cuidado de la niña (art. 660 del CCyC).
Ninguna de estas circunstancias fácticas acreditadas y que procuran la materialización del derecho de la niña a su pleno desarrollo en consideración a la etapa evolutiva por la que atraviesa, han sido asumidas en el recurso; sino que por el contrario, han sido silenciadas completamente. A esta altura del análisis es importante destacar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la causa Ac. C.120.884, "D., M. contra G., P. J.. Alimentos" (sent. del 7/6/2017), con voto magistral del Ministro de Lázzari, en el que -en relación a las previsiones del art. 660 del CCyC respecto a las tareas de cuidado- se sostuvo: "...en definitiva recoge el paradigma no discriminatorio que surge de los tratados de derechos humanos al reconocerse el valor económico de las tareas personales que realiza el progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo, por lo que debe ser considerado un aporte (Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial, en "Código Civil y Comercial de la Nación.
Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional redactado por la Comisión de Reformas designada por decreto Presidencial" 101/2011, ed. Abeledo Perrot, 2012, p. 441 y 502; art. 1 a 3 del Cód. Civ. y Com.). Es por ello que en esta dirección además compatible con los contenidos sustantivos de la Constitución que surgen del artículo 75 inc. 23 de la Constitución nacional, que asigna una protección constitucional a la mujer por considerar que integra un grupo desaventajado, es indispensable que este aporte en cabeza de M. esté incorporado en la prestación alimentaria, a fin de visibilizar esa contribución que de otro modo estaría desapercibida al presumirse irrelevante en orden a su valor económico, pero que tanto impacto tiene en el manejo del tiempo y seguridad financiera para quien asume ese rol al restarle oportunidades que se ven reflejadas en limitaciones que hacen al mundo laboral, político y comunitario (arts. 75 inc. 22 de la Const. nac.; 2, 3, 5 y 15 de la C.E.D.A.W.; Recomendaciones 28 ptos. 9, 13, 16, 22, 31, 33 y 33 pto. 22 de la C.E.D.A.W.; ver Kerszberg, Natalia, "Equiparación de roles y género en el Código Civil y Comercial, ¿realidad o ficción?", DF y P 2015 [diciembre], 45 y sigtes.)".
Al respecto este Tribunal ha sostenido que: “El aporte de la progenitora se integra con el cuidado personal de la niña, que tal como lo establece la nueva normativa, recogiendo criterios jurisprudenciales anteriores, posee un valor económico compensando de este modo gran parte de su deber con el cuidado y asistencia (art. 18 de la C.I.D.I., 638, 646, 658,659, y 660 del C.C. y C)” (esta Alzada Expte. 11.899, reg. int. 93 (S) del 31/10/2019)
También resaltamos que “En materia de cuidado el tiempo se monetiza, visibilizando así un rol que durante mucho tiempo estuvo postergado a causa de los estereotipos de género, los cuales deben ser superados en orden al principio de igualdad y no discriminación (art. 17 CADH, art. 8.b de la Convención de Belém Do Pará, Opinión Consultiva de la CIDH 27/21).
Nótese que tal es la relevancia que ostenta “el cuidado” que el pasado 20 de enero de 2023, Argentina solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “El contenido y alcance del cuidado como derecho humano, y su interrelación con otros derechos” a efectos que determine con mayor precisión los alcances del cuidado como derecho humano, así como las obligaciones que, al respecto, son exigibles a los Estados (https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm?lang=es&lang_oc=es &nId_oc=2639)” (Expte. 13.740, reg. int. 61 (S) del 9/5/2023).
5. Recientemente, este Tribunal aplicó los índices de la Canasta de Crianza, en dos antecedentes de alimentos provisorios, que superan a los valores de la Canasta Básica Total, porque incluyen en el índice el valor del cuidado, cuantificado en el período comprendido durante la primera infancia, la niñez y la pre adolescencia (0 a 12 años) (Expte. 13.992, reg. int. 282 (R) del 14/7/2023 y Expte. 14.059, reg. int. 350 (R) del 12/9/2023) La canasta de crianza incluye dos componentes: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, y el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad; sirviendo de parámetro de referencia para abordar la cobertura de las necesidades mínimas para un nivel de vida adecuado (arts. 659 y 660 del CCyC, art. 27 CDN).
“La Canasta de Crianza impulsada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación y medida por el INDEC, publicada de manera mensual desde julio de 2023, es una herramienta que permite construir un valor de referencia respecto al costo de bienes y servicios esenciales y de cuidado de NNA. La fijación por parte del Estado de un piso mínimo busca otorgar eficacia al pago de los alimentos derivados de la responsabilidad parental de manera rápida, a la luz de la protección del derecho humano a una vida digna y a un nivel de vida adecuado, y en conexión con el principio de tutela judicial efectiva en un tiempo razonable que permita atender la apremiante necesidad económica que conlleva la crianza” (Cartabia Groba, Sabrina; Herrera, Marisa “Reavivando el necesario debate sobre el incumplimiento alimentario. Los usos de la Canasta de Crianza de la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia como punto de inflexión”, cita digital: TR LALEY AR/DOC/2123/2023; publicado en La Ley el 4/9/2023).
El informe se presenta por tramos de edad, los cuales se calculan de acuerdo a los niveles de escolarización y las horas de cuidado teóricas que de ellos se derivan. El último índice publicado por el INDEC el 15 de septiembre de 2023 para el mes de agosto del corriente año informa un costo total de la canasta de crianza de los 6 a los 12 años de $ 155.916 ($ 65.784 por costo de bienes y servicios + $ 90.132 por costo del cuidado), disponible en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_crianza_09_23 1739404B41.pdf Esos valores parametrizan los costos de crianza, los que deben ser ponderados a efectos de estimar la cuota de alimentos con perspectiva de infancia y dimensionando el interés superior del niño en el caso concreto (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional, (arts. 3, 6 inc. 2, 18,, 27.1 de la CDN, Opinión Consultiva OC 17/02 arts. 1, 2 y 3 CCyC).
En mérito a las consideraciones efectuadas, más allá de las evoluciones ulteriores que pudieron haber tenido los ingresos del demandado -quien no enuncia en su recurso la suma en pesos que representa la cuota de alimentos-, del último recibo de sueldo acompañado en la causa (Diciembre 2022) y de lo manifestado por la actora al contestar el traslado del memorial -respecto a la retención del mes de marzo de 2023- se aprecia que el porcentaje fijado en la instancia luce razonable y debe ser confirmado.
Por las consideraciones expuestas propicio confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
A la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
En atención al resultado de la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC, conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 5 de octubre de 2023.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC, conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). (arts. 47/8 L. 5827). Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y a la Asesora interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia