Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.270
(RGE:Ne-5748-2023 )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea Petición: Apelación Peticionante: Apoderado Sra. E. A. C. (Dr. M. C. P.).
Necochea, VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El 30 de octubre de 2023, el Señor Juez de grado dictó la siguiente resolución: "Siendo que la declaración de incompetencia efectuada en sede federal tiene como consecuencia el archivo de las actuaciones (arts. 4, 8, 352 y ccds. del CPCCBA; arts 4, 8, 354 CPCCN), deberá procederse en aquel fuero de dicho modo. Asimismo, la parte accionante tendrá que iniciar la pretensión en la justicia ordinaria -en el caso de éstos obrados por ante el Juzgado Civil y Comercial de Necochea".
Seguidamente, el magistrado de la anterior instancia hizo saber lo decidido a la Receptoría General de Expedientes y ordenó el archivo de la presentes actuaciones.
II. Tal decisión fue apelada por el apoderado de la señora E. A. C. el día 1/2/2024; concedido el recurso, se agregó el memorial con fecha 6/2/2024.
El impugnante aduce que las presentes actuaciones no se deben archivar y deben continuar su curso procesal, "...o sea dado que ya ha sido contestada la demanda, y resuelta la excepción de incompetencia, correspondería la apertura a prueba de las actuaciones".
Asegura que el primer párrafo del art. 8 del ritual, es claro al decir que "La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente", concluyendo que lo resuelto contraría la letra expresa de la ley. Agrega que la actora es una adulta mayor -mas de 80 años- y que le asiste derecho a una sentencia en tiempo razonable. En apoyo a su afirmación cita jurisprudencia del la CSJN y solicita se revoque el decisorio de 1ra. Instancia, en cuanto ordena iniciar un nuevo juicio (ver present. del 6/2/2024).
III. Conforme surge de los antecedentes glosados -en pdf del 30/10/2023- las presentes actuaciones son remitidas, previa confirmación de la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora citada en garantía -"L. P. S. S.A- frente a la demanda por daños y perjuicios promovida por la señora E. A. C. -el día 24/3/2022- contra el señor R. E. M. N. (ver CNCiv., Sala K, "C., E. A. c/M. N., R. E. s/Daños y Perjuicios, sent. del 21/6/2023).
En esta última decisión y en cuanto al archivo referido, la Cámara Nacional Civil - Sala K interviniente señaló: "...Si bien el artículo 354, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contempla el archivo de las actuaciones en el supuesto que el tribunal considerado competente sea de distinta jurisdicción territorial, dicha norma no puede extenderse más allá de aquellos supuestos en que es admisible estimar inválido lo actuado ante el juez en principio competente, aunque luego haya perdido tal aptitud (Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación 10/04/2007 “Cocha, Nicolás Alberto” La Ley Online AR/JUR/3605/2007)".
Sobre ese razonamiento, el citado Tribunal concluyó "...De tal manera, y conforme lo señaló el magistrado, a los fines de facilitar el acceso a la justicia y evitar estipendios jurisdiccionales, en respeto de la mayor agilidad que debe perseguirse en la tramitación de las causas (arts. 8 y 25, Convención Americana de Derechos Humanos), habrá de encomendarse al juez de la instancia de grado la posterior remisión de estas actuaciones al Departamento Judicial de la jurisdicción que corresponda a opción de la parte actora, para que los actuados continúen allí su trámite" (ver CNCiv., Sala K, "C., E. A. c/M. N., R. E. s/Daños y Perjuicios, sent. del 21/6/2023, pto. IV.- ).
Es decir, que el modo de conclusión aludido por la decisión apelada fue expresamente desechado por ese Tribunal de Alzada, que ordenó la continuación del trámite, circunstancias por las cuales, en consideración al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, la condición de persona vulnerable que exhibe la actora (conf. este Tribunal en expte. 13191 registrado bajo el número RR-72-2022, sent. del 30/3/2022 y expte. 13284, registrado bajo el número RR-287-2022, sent. del 17/8/2022) y el principio de tutela judicial efectiva (art. 15 de la Const. Prov.), imponen dejar sin efecto la resolución en crisis y, por la instancia de origen, instar el impulso del procedimiento en pos de su continuidad a fin de no retrotraer etapas ya cumplidas ante el magistrado que, en principio, fue competente (arts. 8, 242, inc 2. 246 y 253 del CPCBA. conf. este Tribunal, en expte. 13543, Registrado bajo el número RR-449-2022. sent. del 30/11/2022). Sin dudas, el acceso a la justicia de una mujer de 80 años que transita un proceso como actora de un juicio de daños y perjuicios, nos impone atender el impacto del transcurso del tiempo, que se constituye en característica esencial del pronunciamiento judicial, en orden a su razonabilidad y oportunidad. Ello resulta inescindible del trato diferenciado y preferencial que debe dispensarse a las personas mayores (arts. 75 incs. 22 y 23 CC; arts. 3, 4 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Const. Prov. art. 15 y 36; Reglas de Brasilia -Cap. 1° Sección 2a. puntos 1, 2 y 8). Este enfoque se encuentra en clara concordancia con la reciente Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores (Resolución SC N° 216/24 de la SCBA), que en orden a los principios de celeridad reforzada, economía procesal y concentración de los actos procesales, expresamente establece: "Los procesos en los que intervenga una persona mayor como parte o tercero gozan de la aplicación reforzada y preferente de los principios de celeridad y economía procesal para su tramitación, resolución y ejecución. Los operadores judiciales deben establecer las medidas conducentes para evitar retrasos en la tramitación de tales procesos y procedimientos, garantizando su pronta resolución, así como la ejecución rápida de lo decidido".
Esta guía de buenas prácticas resalta el trato preferente y prioritario, señalando que "la edad y la concreta situación que pueda atravesar una persona mayor en su vinculación con el sistema de justicia imponen un estándar específico y más exigente de la garantía de plazo razonable en que deben ser resueltos los asuntos judiciales que directa o indirectamente le conciernen, lo que conlleva a un tratamiento preferencial de tales casos y el cumplimiento del deber reforzado de celeridad en favor de la persona mayor".
Todo ello procura la materialización del derecho de defensa en juicio y debido proceso justo constitucional. (art. 8 y 25 de la C.A.D.H., 18 de la C.N., 15 C.Pcial).
Por otra parte, la solución que se propone, en función de lo ya decidido por la Alzada interviniente en su oportunidad, es coherente con el efecto ante la procedencia de la declinatoria de competencia. Así lo ha entendido la jurisprudencia al señalar que: "En el sistema del Código Procesal, la admisión de la cuestión de incompetencia por declinatoria sólo impone el envío de las actuaciones válidas para su continuación por el magistrado que estima competente. No corresponde disponer el archivo a que pueda dar lugar la declaración de incompentencia por declinatoria, trátandose de trámites regularmente cumplidos por las partes ante el juez en principio competente, que deja de serlo por la posterior intervención de un tercero en la litis" (CSJN, sent. del 12/2/1976 LL 1976-B-368 citado por Morello-Sosa-Berizonce; en "Códigos..."; T. II, Edit. Abeledo, pág. 310, año 2015);
POR ELLO: corresponde revocar la resolución del día 30/10/2023 debiendo, por la instancia de origen, instarse el impulso del procedimiento en pos de su continuación y a fin de no retrotraer etapas ya cumplidas, con los ajustes que el Juez de grado considere necesarios en función de las normas locales aplicables (arts. 75 incs. 22 y 23 CC; arts. 3, 4 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Const. Prov. art. 15; Reglas de Brasilia -Cap. 1° Sección 2a. puntos 1, 2 y 8, Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores -Resolución SC N° 216/24 de la SCBA- arts. 8, 242, inc 2. 246 y 253 del CPCBA; art. 15 de la Const. Prov. y jurisp. citada). Devuélvase.
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Apoderado Sra. E. A. C. (Dr. M. C. P.).
Fin de la sentencia