Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa I-11938. "RUIZ MARIA EUGENIA C/ BANCO GALICIA S/ MEDIDAS
Expte: I-11938. "RUIZ MARIA EUGENIA C/ BANCO GALICIA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)"
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea Expte. I-11938; Reg. int. 225 (R) del 23/10/2019 Petición: Recurso de Apelación.
Peticionante: Dra. Ruiz (por propio derecho).
Necochea, 23 de Octubre de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El recurso de apelación subsidiario presentado mediante la presentación electrónica de fecha 23/09/19 por la Dra. María Eugenia Ruiz quien actúa en la presente por propio derecho, contra la resolución dictada el día 19/9/19 que resuelve desestimar las medidas cautelares solicitadas contra el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. consistentes en: 1) Que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U omita toda información financiera vinculada con la actora relacionada con el consumo impugnado del resumen de la tarjeta mastercard hasta que sea definida la conducencia o no del cargo; 2) Se abstenga de iniciar acciones judiciales motivadas por ello; 3) desbloquee el uso de las tarjetas en cuestión.
Expresa el Juzgador que de los antecedentes denunciados en la demanda no surgen elementos acreditativos idóneos que demuestren prima facie el derecho que se invoca.
En su memorial la letrada peticionante esgrime que "ha sido claramente explicado en el escrito de inicio y acreditado con la documentación acompañada consistente en orden de reserva, orden de compra y factura que he efectuado el día 27/07/2019 una compra en pesos argentinos a través de la página eDreams y sin embargo en la liquidación correspondiente a la tarjeta Mastercard con vencimiento el 20/08/2019 se liquidó dicha compra en la moneda estadounidense ascendiendo dicho monto a U$S 2500,75".
Y además de todo ello ha sido cumplimentado por esta parte los recaudos exigidos por la ley 25.065 que establece las normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito y las relaciones entre el emisor y titular ó usuario y entre el emisor y proveedor, razón por la cuál he adjuntado en autos la documentación pertinente que da cuenta del cuestionamiento e impugnación realizado de la liquidación ó resumen conforme lo dispone el capítulo X de dicha normativa.
Es por todo lo expuesto que se encuentra debidamente acreditado a criterio de esta parte la compra efectuada, la moneda de pago mediante la que se contrató y el error en la liquidación de la tarjeta de crédito Mastercard cuyo vencimiento operó el día 20 de agosto pasado, circunstancias éstas que ameritan tener por verosímil el derecho invocado.
Sin embargo y a pesar de encontrarse aún pendiente de resolución el procedimiento normado por la ley 25.065 el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. bloqueó las tarjetas para el uso por mi parte y de los adicionales, circunstancia ésta debidamente acreditada en autos con los comprobantes de compras rechazadas y con las propias manifestaciones vertidas por la Oficial de Cuentas y el Gerente de la entidad bancaria a través de los correos electrónicos acompañados junto al escrito de inicio".
Señala que "sumado a ello también se me ha reclamado el pago de los resúmenes ya vencidos en el mes de agosto y setiembre que me colocan en una situación de deudora con riesgo y peligro de ser demandada judicialmente y que dicha condición de supuesta morosidad sea informada a la Central de Riesgos Crediticios, con los perjuicios que V.S. podrá imaginar que me acarrearían".
Es por tal motivo que le causa agravio "que V.S. haya rechazado las medidas precautorias solicitadas ya que como puede advertirse de la documental acompañada no he tenido nunca una situación de morosidad en el cumplimiento de mis compromisos ni debería tenerla ahora ya que el consumo desconocido se encuentra pendiente de confirmación ó no, pero hasta tanto ello no ocurra no debe ser divulgado mi supuesto atraso en el pago, ni deben ser bloqueadas las tarjetas para su uso y menos aún debería el Banco de Galicia entablar las acciones judiciales para su cobro".
Y agrega que "el peligro en la demora se encuentra configurado por la conducta asumida por la máxima autoridad del Banco quién ha desconocido la normativa en la materia y por las medidas de hecho adoptadas al respecto reclamándome el crédito cuestionado ya sea en forma telefónica como por mail y bloqueando el uso de las tarjetas de crédito".
Y en referencia al mismo recaudo expresa que no resultaría "extraño a tenor de la conducta asumida por la contraria que mañana aparezca como morosa ante la Central de Información Crediticia ó eventualmente demandada por el Banco de Galicia pretendiendo cobrar el saldo de la tarjeta de crédito Mastercard correspondiente a un consumo debidamente cuestionado".
Es por tal razón que a tenor de la documentación acompañada en el escrito de inicio y dentro del marco de provisionalidad con sujeción al cuál es aprehensible toda petición de estas características, solicita a esta Alzada que revoque la resolución en crisis acogiendo la pretensión incoada otorgando prevalencia a la verosimilitud del derecho invocada por esta parte a raíz de la especial tuitiva que depara el ordenamiento jurídico al consumidor. Señala además, que ha entblado el día 10 de septiembre pasado la correspondiente acción judicial reclamando los daños y perjuicios ocadionados, encontrándose el proceso en la etapa de Mediación prejudicial.
II. Ahora bien, como se sabe, para establecer la procedencia de cualquier medida cautelar es preciso tener en cuenta que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora constituyen los requisitos específicos de fundabilidad de la pretensión, y, junto con la contracautela, configuran la tutela precautoria en nuestro régimen procesal (arts. 195 y concs. CPC.).
Respecto del primero de esos recaudos, reiteradamente se ha sostenido que para conseguir el dictado de una resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar es preciso -al menos- la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el peticionante (fumus bonis iuris) en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal puede declararse la certeza de ese derecho. No se trata de exigir, a los fines de esa comprobación, una prueba concluyente; empero, es necesario como mínimo un mero acreditamiento (Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil" t. VIII p.33; este tribunal expte. 10074 Reg int.58 (R) del 14/04/15).
El peligro en la demora, a su vez, ha sido identificado con el interés jurídico que la justifica para disipar un temor de daño inminente, y la contracautela, con la caución que asegura a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños irrogados por la medida indebidamente peticionada (conf. este tribunal Expte. 9583, reg. 208 (R) del 21/11/2013), ello con las salvedades que se efectuarán en el caso de conformidad con sus particularidades.
III. Conforme los términos de la demanda cautelar la aquí presentante solicita las medidas preventivas a fin de que no varíe su situación frente al banco emisor mientras tramita la acción de fondo entablada.
Con las constancias documentales acompañadas, se encuentra prima facie acreditado que el esposo de la aquí peticionante realizó una compra vía internet de dos pasajes aéreos a la página web de la empresa Edreams con un costo de AR$ 107.969,49, que fuera facturada por dicha empresa por dicho monto y moneda (v. fs. 5, 6, 7, 8, 9 y factura fs. 10), habiendo sido realizada dicha compra por medio de la tarjeta Mastercard emitida por el Banco Galicia de titularidad de la aquí presentante Que dicha empresa facturó la compra de pasajes en pesos argentinos (v. fs. 10).
Que recibido el resumen de los consumos realizados a través de dicha tarjeta de crédito aparece la mencionada compra debitada en moneda dólares estadounidenses (U$D 2.500,75).
También se encuentra acreditado con la sumariedad propia de la materia, que realizada la impugnación del resumen ante el banco emisor con fecha 20/8/19, y habiendo omitido abonar los consumos impugnados conforme lo previsto en el art. 27 de la ley 25.065 (v. fs. 13), la entidad bancaria no recibió la impugnación del resumen y procedió a bloquear las tarjetas para el uso de la presentante y sus adicionales.
Procediendo además la entidad bancaria, según relato de la peticionante, a reclamar el consumo impugnado vía telefónica, adelantándole, que se le iniciarían acciones judiciales y que se procedería a informar su situación a la Organización Veraz de no abonar el monto impago.
Que ante su insistencia exteriorizada en el intercambio de correos electrónicos con el personal del banco emisor que se adjuntan, la Oficial Eminent le informa que "no hay reclamo el día 20/08 ya que es algo que no corresponde reclamar, porque es algo que no se puede resolver desde el sistema del Banco, los reclamos se cargan únicamente, como soporte para nosotros oficiales, cuando no podemos dar una respuesta al cliente al respecto o no sabemos como solucionarlo. El Banco te brinda el servicio de tarjeta de crédito y es el negocio al que vos realizas la compra el que informa el importe, en este caso al tratarse de una empresa extranjera el importe es en dólares, por lo tanto sería E Dreams el que debería darte una respuesta de por qué te emitió la factura en pesos. Las tarjetas quedan bloqueadas una vez que pasa el día de vencimiento y no se registra pago por lo menos de un importe iguales o mayor al pago mínimo" (v. mail fs. 19).
Y tales términos son ratificados por el Gerente del banco por mail de fecha 30/8/19 cuya copia obra a fs. 22.
IV. Cabe adelantar, que la procedencia de las medidas solicitadas en orden al cumplimiento de sus recaudos de viabilidad serán evaluados en el contexto normativo dentro del cual se halla inserto el contrato de Tarjeta de Crédito como relación de consumo, ponderando, armónica y coherentemente, todos los elementos normativos de dicho sistema. En especial: la jerarquía de la garantía protectoria establecida por el art. 42 de la Constitución de la Nación y las prerrogativas que ella consagra; la normativa especial que regula el sistema de Tarjeta de Crédito Ley 25.065; los principios protectorios regulados en la Ley del Consumidor N° 24.240, así como las disposiciones en materia consumeril que emanan del Código Civil y Comercial, en relación a la interpretación del contrato de consumo, la proscripción de las prácticas abusivas previstas en los arts. 1097 a 1099 del nuevo Código Civil y Comercial que garantizan el trato digno, equitativo y no discriminatorio (arts.1, 8, 8bis, 36, 37 y concs. Ley 24.240 y arts. 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1.100, 1104, 1105, 1106, 1120 y concs. CC. y C.).
En ese marco y en relación a la impugnación realizada por la letrada presentante del resumen de cuenta con fecha 20/8/19 y reiterada con fecha 3/9/19, tal prerrogativa del usuario y los correspondientes deberes del banco emisor se encuentran regulados en el art. 27 de la Ley de Tarjeta de Crédito que prevé "Recepción de Impugnaciones. El emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, deberá corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días en las operaciones realizadas en el exterior" (el subrayado es propio). Por su parte en el art. 28 se establecen las "Consecuencias de la Impugnación. Mientras dure el procedimiento de impugnación, el emisor: a) No podrá ni impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la Tarjeta de Crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite de compras; b) Podrá exigir el pago mínimo pactado por los rubros no cuestionados en la liquidación". Ello así, las constancias aportadas a la causa, analizadas con las restricciones propias que la cognición sumaria habilita en esta etapa procesal, así como la aplicación al caso de la normativa antes citada, permiten concluir que en las presentes actuaciones se encuentran acreditados los extremos invocados que tornan procedente la concesión de las medidas que se peticionan y sin que ello implique predicar sobre la procedencia o no de la pretensión sustancial.
Ello en tanto, la medidas solicitadas tienen por objeto asegurar la inalterabilidad de la situación existente mientras se sustancia el proceso principal y en tanto el art. 28 de la Ley 25.065 sólo autoriza a la entidad emisora de la tarjeta de crédito a cobrar los saldos no impugnados, norma que, implícitamente, reconoce el derecho de la demandante a no ser obligada compulsivamente al pago de los consumos impugnados, ni sufrir tampoco otras consecuencias como las que aquí se procura evitar.
De allí que deberá, en este sentido, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. habilitar debidamente la vía de impugnación peticionada, dándose trámite al reclamo, en debido respeto y cumplimiento de los principios que surgen del sistema protectorio consumeril y especialmente el deber de colaboración (art. 53 ley 24. 240).
Desde tal vértice, conforme las facultades que otorga a este tribunal el art. 204 del ritual, teniendo en consideración la posible afectación de los derechos del consumidor (art. 65 y concs. Ley 24.240) y en tanto surgen suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 195, 230 del ritual, así como los concernientes al dictado de las medidas preventivas autorizadas en la nueva ley fondal (arts. 1710, 1711, 1713 y concs. CC. y C), corresponde revocar la resolución de fecha 19/9/19 y en consecuencia, resulta prudente en los términos del art. 28 de la Ley 25.065 disponer que: 1) el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. desbloquee el uso de la tarjeta Mastercard para la titular y todas las adicionales (inc. a); 2) el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. se abstenga de reclamar compulsivamente el pago del consumo impugnado de la tarjeta de crédito en cuestión (inc. b); 3) así como de incluir dicho consumo cuestionado -o información derivada del mismo- en sus informes dirigidos a las entidades o bases de datos, según las previsiones del art. 53 de la citada ley de Tarjeta de Crédito.
Sin que corresponda en el caso prestar contracautela en tanto se encuentra acreditada, sobre la base provisional de los hechos litigiosos y demás elementos del proceso analizados, que las actuaciones judiciales han sido promovidas por una consumidora, y en base a una relación de consumo, siendo de aplicación a la peticionaria el beneficio de justicia gratuita establecido en el art. 53 de la ley 24.240 (conf. ley 26.361) y 25 de la ley 13.133 y conformidad con los arts. 42 de la CN, 38 de la Const. Prov., 65 LDC y 200 inc. 2° del CPCC. A fin de preservar los intereses en juego, en virtud del carácter provisional de las medidas preventivas adoptadas (art. 202 CPC y arg, art. 722 tercer párr. del CC. y C, aplicable por analogía) se considera pertinente fijar un plazo de vigencia de la medida dictada de SEIS MESES desde la fecha de la presente (conf. art. 6 CCyC), plazo durante el cual deberá la entidad bancaria habilitar la vía de la impugnación dando trámite a la misma en adecuada observancia de los principios que surgen del sistema protectorio de conformidad con las valoraciones realizadas, y en consideración al inicio del reclamo principal denunciado que se encontraría en etapa de mediación. Asimismo deberá el Sr. Juez de Grado instrumentar las medidas pertinentes para cumplimentar las medidas aquí decretadas, lo que así se decide. Devuélvase (Arts. 47/8 Ley 5827).
Dr. Fabián M. Loiza Dra. Ana Clara Issin Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia