Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.231
Expte. 11231; reg. int. 225 ( R ) 24/10/2019 Petición: Apelación en subsidio. Apelación.
Peticionante: Apoderado Concursada. Repres. TAAPAY S.A. (tercero). Necochea, 24 de Octubre de 2019 VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Con fecha 12 de Septiembre de 2019, el señor Juez de grado resuelve "1) Rechazar la solicitud realizada por TAAPAY S.A. respecto de la subrogación del crédito concursal quirografario perteneciente a AFIP. 2) Ordenar la inmediata devolución de la suma oportunamente depositada por “TAPAAY S.A.”, a cuyo fin deberá su representante denunciar en el término de ley los datos bancarios necesarios (titular de cuenta, número, C.B.U., CUIT) para la realización de la pertinente transferencia. 3) Imponer las costas de la presente incidencia en el orden causado".
Para resolver de ese modo, el a-quo valoró primeramente la declaración de inadmisibilidad respecto del crédito pretendido por TAAPAY S.A. en razón de "...existir una interrelación entre las distintas sociedades, compartiendo el criterio esgrimido por la sindicatura".
Luego agregó que "..aceptar este tipo de maniobras teñidas, como mínimo, de una fundada sospecha respecto que la aquí deudora sería quien efectivamente realice el pago por intermedio de una sociedad respecto de la cual comparte domicilio social, espacio físico, personal administrativo, etc., viola el principio rector de los procesos concursales, este es el de “Igualdad de los Acreedores”; subrayando que de ese modo, "...se estaría intentando hacer es saldar, mediante interpósita persona y en un solo pago, el 100% de su acreencia verificada al mayor acreedor quirografario, contrariando el principio rector del proceso concursal de la paridad entre los acreedores".
Concluyendo que "...permitir el pago por subrogación para aplicarse directamente a un crédito determinado cancelando la totalidad del mismo, no resulta ser una alternativa que haya sido ofrecida a los demás acreedores verificados y/o declarados admisibles, quedando éstos últimos limitados en los términos de la propuesta de acuerdo realizada por la concursada".
Seguidamente y en apoyo a su decisión, el a-quo explica que "no deja de llamar la atención, que la pretensión verificatoria oportunamente rechazada al pretenso acreedor "TAAPAY S.A.", no haya merecido por parte del mismo la promoción del correspondiente incidente de revisión (Art 37 LCQ). Máxime, si el monto pretendido verificar era algo superior al medio millón de pesos". Luego indicó: "...sigue siendo llamativo que un año después de dicha resolución el mismo acreedor deposita la totalidad del monto de una deuda perteneciente a la concursada por una cifra superior a los dieciséis millones de pesos que sería “restituída” en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas o en un plazo de 96 cuotas mensuales iguales y consecutivas (ver conformidad obrante en autos -fs. 607-), sin prever la aplicación de interés alguno. Dicha circunstancia resulta al menos sorprendente, teniendo en consideración el proceso inflacionario existente en nuestro país en la actualidad, lo que resulta aún más llamativo para el suscripto".
II. Tal decisión es apelada por el representante de TAAPAY S.A (f. 631) y por el apoderado de la concursada mediante reposición con apelación en subsidio -ver presentación electrónica del 23/9/2019-.
El primer embate es concedido "en relación" agregándose el memorial - vía electrónica- el día 30/9/2019; la segunda impugnación por su parte, se presentó fundada en el mismo acto de interposición.
A.- El representante de TAAPAY S.A. se agravia del rechazó efectuado de su solicitud respecto de la subrogación del crédito concursal quirografario perteneciente a AFIP.
Así, luego de negar las afirmaciones de la Sindicatura acerca de la relación existente entre TAAPAY S.A. y RELISA S.A., asegura que el a-quo confunde dos cuestiones: el pago por subrogación y la exclusión del voto regulada en el art. 45 de LCQ.
Explica que "De todo lo expresado por el síndico respecto a la relación entre ambas empresas, solo es cierto que poseen el mismo domicilio social. El resto, esto es, que comparten el personal administrativo, la misma estructura física y que conforman un grupo económico, no deja de ser una simple manifestación realizada a la ligera por el síndico .Pero aun asumiendo que exista algún tipo de relación entre ambas empresas, ello no puede ser argumento para justificar su rechazo como acreedor, tal cual lo fundamentó en su Informe Individual desconociendo principios básicos del derecho concursal". Asegura que "La circunstancia de que dos empresas integren un grupo económico, no impide que si una ellas es acreedora pueda insinuarse en el pasivo concursal de la otra".
Seguidamente y con cita del art. 915 del CCyC, alega que "...TAAPAY SA (tercero no interesado) procedió a depositar en la cuenta judicial de autos, el importe total del crédito quirografario verificado a favor de la AFIP – DGI, mediante sentencia de fecha 7 de agosto de 2018, autorizando a esta última para que percibiera íntegramente dicha suma. Corrido que fuera el traslado de dicho pago por subrogación al acreedor original, la AFIP – DGI prestó conformidad con el mismo, solicitando la transferencia de los fondos a las cuentas recaudadoras indicadas en su presentación de fecha 3 de septiembre de 2019".
Es decir, concluye, "...que TAAPAY SA (tercero no interesado) realizó el pago por subrogación del crédito de la AFIP – DGI (acreedor que acepta el pago), y cuenta con el posterior asentimiento de RELISA (deudor que no se opone al pago)", dándose a su entender los presupuestos para admitir la subrogación.
A continuación aborda la temática relativa a la exclusión del voto e indica que "…al momento de resolver sobre esta conformidad con la propuesta de acuerdo preventivo, Vuestra Señoría confunde la situación planteada, y citando doctrina y jurisprudencia referida a los casos de EXCLUSION DE VOTO, decide rechazar el pago por subrogación apartándose de la letra clara de la ley". Insiste que el rechazo del pago por subrogación realizado por TAAPAY SA del crédito de la AFIP – DGI, no puede ser rechazado con los argumentos de la resolución en crisis pues "ninguno de los fallos citados rechaza el pago por subrogación o cesión de los créditos. Lo que se decide en esos casos concretos, es el rechazo de la homologación del acuerdo". Posteriormente critica que se ordene la inmediata devolución de la suma oportunamente depositada por TAAPAY SA y se pregunta, ¿Cuál es la razón legal para rechazar el pago con subrogación y negar la transferencia de los fondos a la AFIP – DGI?.
En suma, solicita que se haga lugar a la apelación intentada, teniendo por perfeccionado el pago por subrogación realizado por TAAPAY SA con relación al crédito quirografario verificado a favor de la AFIP – DGI, ordenando la transferencia de los fondos depositados en la cuenta judicial a las cuentas recaudadoras denunciadas por esta última en su escrito de fecha 3 de septiembre de 2019, y finalmente, computando la conformidad con el acuerdo firmada por mi representada.
B.- Por su parte, la concursada critica que el rechazo del pago por subrogación realizado por la sociedad TAAPAY SA y que en consecuencia, no se compute "...su conformidad con el acuerdo a los fines de la obtención de las mayorías".
Asegura que el a-quo confundió la cuestión a resolver. "Concretamente, lo que debía resolverse era sí el voto de TAAPAY SA correspondía o no computarlo a los fines de la obtención de las mayorías o por el contrario excluirlo de dicho cálculo. En lugar de ello, Usía se aboca a resolver una cuestión cuya validez está fuera de toda duda: El pago por subrogación del crédito quirografario verificado originalmente a favor de la AFIP – DGI, realizado por un tercero no interesado, TAAPAY SA".
Asegura que se trata de un supuesto de subrogación legal que opera ipso iure, de allí que "...a partir del depósito en la cuenta judicial de autos, del importe total del crédito quirografario verificado a favor de la AFIP – DGI, y la autorización por parte de TAAPAY SA para que se ordene la transferencia de los fondos a favor de esta última, quedó perfeccionada la SUBROGACIÓN LEGAL a favor del tercero no interesado".
Luego indica que no sólo hubo aceptación del acreedor AFIP-DGI sino también existió "...asentimiento del deudor (mi mandante concursada), puesto que, en lugar del acreedor fiscal originario, ahora se enfrenta con un acreedor tolerante...".
Seguidamente cita jurisprudencia y subraya que desde el momento de efectuado el deposito el acreedor original pierde legitimación aseverando que "..es común ver en los procesos concursales lo difícil que resulta obtener la firma de la conformidad con el acuerdo o voto favorable de aquellos acreedores fiscales como son la AFIP – DGI; ARBA o MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA". Más tarde y con cita de doctrina, afirma que "...el comercio de créditos y/o votos concursales es una conducta perfectamente lícita, moralmente neutra y normalmente practicada y aceptada en el resto del mundo concursal", concluyendo que "...el pago por subrogación de créditos concursales no está prohibido por la ley de quiebras, quien no destina una sola palabra en tal dirección".
A continuación y como segundo agravio, ataca la conclusión vinculada a la interrelación entre la sociedad concursada y TAAPAY SA. Afirma que "...es falso que ambas sociedades compartan el personal administrativo, una estructura física sin algún tipo de división interna entre ellas y mucho menos que conformen un grupo económico"; insiste en que no se dan los presupuestos para considerar que ambas sociedades integren un grupo económico y también califica de "falsa" la afirmación del síndico, que todas estas cuestiones las pudo constatar personalmente, "…ya que en realidad nunca se presentó en el domicilio de la concursada".
Luego postula que la LCQ no impide a nadie insinuarse al pasivo. "Ni siquiera a aquellos acreedores que luego tendrán su “voto prohibido” por estar incluidos en el tercer párrafo del art. 45 (exclusión del cómputo). Queda en evidencia que el Sr. Síndico confunde las situaciones".
Posteriormente describe que "...al día de la fecha, la concursada obtuvo la conformidad de la TOTALIDAD de los acreedores quirografarios destinatarios del menú de propuestas concordatarias con derecho a voto. El pasivo quirografario base del cómputo de las mayorías está conformado por siete (7) acreedores que representaban la suma de $ 16.734.666,02. De esos 7 acreedores, en un principio se habían acompañado 3 conformidades, las que luego – sin una mayor justificación – tuvieron que ser ratificadas. Posteriormente, se acompañó la conformidad firmada por TAAPAY SA en su calidad de tercero no interesado subrogado en el crédito de la AFIP – DGI. Y recientemente, hemos acompañado las conformidades de los restantes 3 acreedores que quedaban, esto es, INFOTRAK SRL; NEQUEN SA y ARBA (conformidad firmada por la Sra. Ana Julia Gamalero, tercera subrogada en dicho crédito como consecuencia del pago mediante depósito judicial)". Sobre esas base y aún admitiendo que se trata de un acreedor complaciente, la concursada indica que se debió aconsejar la exclusión del voto y no el rechazo del pago y, al mismo tiempo, el voto favorable de los acreedores quirografarios demuestra que dicho pago no afecta la pars conditio que señala la resolución.
Como cuarto agravio la concursada se queja de no se tuviera en cuenta para el computo de las mayorías la conformidad firmada por TAAPAY SA en su calidad de tercero no interesado subrogado en el crédito de la AFIP – DGI. Insiste "...en que la ley concursal no prohíbe expresamente la sustitución concursal ni contempla la exclusión de voto de los cesionarios y/o terceros subrogados en créditos ya verificados".
Argumenta que la legitimación para participar de las negociaciones con el deudor concursado y en definitiva terminar conformando el concordato como acto colectivo, proviene de la calidad de titular de dicha acreencia, por más que no sea la misma persona que figuró en la sentencia de verificación del art. 36 LCQ. En el caso, habiendo operado la subrogación legal a favor de TAAPAY SA como consecuencia del pago mediante depósito judicial, no cabe sino reconocerle legitimación para votar alguna de las propuestas como efectivamente lo hizo, toda vez que el derecho a votar le fue transmitido junto con el crédito adquirido.
Motivo por el cual, según la concursada, "la privación del derecho a votar debe estar fundada en circunstancias que la justifiquen y debidamente acreditadas por quien pretende su exclusión".
En definitiva, peticiona de deje sin efecto la resolución atacada, teniendo a TAAPAY SA por subrogada legalmente en el crédito de la AFIP – DGI; computando como voto válido la conformidad de la tercera subrogada y declarando la existencia de acuerdo en los términos del art. 49 de la LCQ a tenor de las conformidades que lucen acompañadas al expediente.
III. La resolución debe modificarse pero no con el alcance que pretenden los recurrentes.
El caso traído nos enfrenta a la denominada "sustitución concursal" entendida como la legitimación del tercero para prestar conformidad al acuerdo, cuando previamente operó una modificación subjetiva en la titularidad del crédito verificado o declarado admisible en la resolución del art. 36 de LCQ, sea que ésta sustitución ocurra por cesión de créditos o bien por pago por subrogación.
Pero antes de ingresar en esa temática, conviene realizar algunas consideraciones que emergen de la propia causa.
En efecto, de las constancias del proceso universal surge que la propia concursada denunció a la sociedad TAAPAY S.A. como su acreedora por "servicios prestados", denunciando en favor de esta última un crédito quirografario por la suma de $ 614.599,50, acompañando dos facturas tipo A (ver fs. 149/151).
Más tarde, obra la presentación verificatoria de TAAPAY S.A. -recibida el día 21/3/2018- donde se reclama el crédito denunciado. Seguidamente, con tal presentación obra el informe individual confeccionado por el Síndico concursal quien aconseja no verificar el crédito denunciado (ver Legajo n°28). Para fundar su conclusión, el Síndico concursal -Cpn. Daniel E.
Masaedo- explica que tanto la sociedad concursada como TAAPAY S.A. "...comparten la misma estructura física, el inmueble por el cual se accede por una sola puerta, no se advierte división física interna, y el personal que se encuentra trabajando atiende las cuestiones de las tres sociedades TASA S.A., RELISA S.A. y la pretensa acreedora"; aclarando que al ingresar al local sólo se observa un cartel que dice "TASA S.A." por lo que "...quien ingresa sin conocer el entramado societario, tiene la convicción que ingresa en las oficinas de ésta última sociedad" -ver documento digital enlazado a la presentación electrónica del día 12/7/2018, Legajo n°28, identificado como foja 489-
En el mismo informe se continua señalando que ambas sociedades denunciaron como su domicilio en calle 60 n°3128 de esta ciudad; surgiendo ese domicilio legal de la escritura constitutiva de la sociedad concursada y del acta constitutiva de TAAPAY S.A.
Prosigue el funcionario concursal relatando que el día 12/3/2018 se apersonó en la calle 60 n°3128 de esta ciudad, a fin de notificar la apertura del concurso a la acreedora insinuante. Preguntado al empleado que lo atendió por la firma TASA S.A. y TAAPAY S.A., "...me derivaron con una persona que se identificó como Gabriel D´amico y me recibió ambas notificaciones". Luego remarca que la persona que lo atendió por ambas sociedades, resulta ser socio del señor Guillermo Martínez en la sociedad concursada RELISA S.A., conforme se lee de la propia acta de constitución societaria de esta última. Asimismo, el funcionario sindical cuestiona el periodo de tiempo en que se emitió la factura presentada con la demanda verificatoria; subraya su cercanía temporal con la presentación de la demanda concursal y el escaso tiempo desde el inicio de actividades de la sociedad acreedora.
Además, subraya que el síndico titular de la sociedad concursada -CPN Camilo Maciel- es persona autorizada conforme el punto VII del acta constitutiva de la TAAPAY S.A.; quien además practicó el informe de auditoría presentado conjuntamente con la demanda concursal presentándose además el citado profesional a verificar por la suma de $ 331.000 en concepto de honorarios. Sobre ese cúmulo de elementos, el Síndico concursal concluye que existe una interrelación entre la sociedad concursada y la insinuante aconsejando, en definitiva, no verificar el crédito reclamado por TAAPAY S.A. - ver documento digital enlazado a la presentación electrónica del día 12/7/2018, Legajo n°28, identificado como foja 489- .
Frente a ello y remitiendo a último dictamen, el Juez del concurso dictó la resolución prevista el art. 36 de LCQ declarando "inadmisible" el crédito insinuado de TAAPAY S.A. (ver resolución de pto. I de f. 493vta. y pto. VII) y fs. 491, pto. 28).
En este punto, cabe recordar que la resolución "…que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los VEINTE (20) días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36. Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo" (art. 37, segundo párrafo, de LCQ).
En autos y como bien señala el a-quo, el acreedor TAAPAY S.A. omitió emprender la etapa eventual que supone el incidente de revisión previstos en art. 37 de la ley 24.522 razón por la cual, los motivos en los cuales el juez de grado fundó su declaración de inadmisibilidad se encuentran firmes y resultan "cosa juzgada" en este universal (ver resolución de pto. VII) y fs. 491, pto. 28). La Suprema Corte provincial ha resuelto que "La resolución que declara inadmisible el crédito y que no es impugnada por la vía de revisión (art. 38, ley 19.551, actual 37 de la ley 24.522) tiene los mismos efectos que la que resuelve ésta: cosa juzgada, salvo dolo, y sus efectos tienen alcance extraconcursal, tanto respecto del deudor como de los acreedores concurrentes" (SCBA, LP C 94915, sent. del 12/03/2008; con nota laudatoria de Casadío Martínez, C. en "Alcances de la cosa juzgada de la sentencia verificatoria en los concursos" publicado en La Ley 27/05/2010).
En el mismo sendero, la doctrina especializada ha señalado que: "El efecto de cosa juzgada material hace oponible la sentencia de verificación a todos los intervinientes en el concurso, como así también a todos los acreedores concursales no concurrentes. Los efectos intraconcurso de la cosa juzgada implican la inimpugnabilidad de la sentencia verificatoria dentro del concurso, sin posibilidad de reabrirse el debate, aunque no hubiese participado del procedimiento" (conf. Grazíabile, Darío, "Régimen Concursal", T. II, pág. 170, Abeledo Perrot, año 2014).
Es decir que, contrariamente a lo argumentado por los apelantes, los motivos que dieron lugar a la declaración de "inadmisibilidad" valorados por el aquo en su resolución del art. 36 del LCQ (f. 491, pto. 28), han quedado incorporados al proceso en calidad de cosa juzgada no pudiendo predicarse, a esta altura, la falta de "interés" de TAAPAY S.A. en la suerte de la concursada. Ello así por cuanto si para la sentencia verificatoria (ver resolución de pto. VII) y fs. 491, pto. 28), la apelante TAAPAY S.A. es una sociedad que comparte con la concursada el mismo domicilio social, su estructura física y oficinas, el mismo personal atiende a ambas sociedades y quien recibe la notificación en nombre de TAAPAY S.A es socio constituyente de la sociedad concursada - según su acta constitutiva-, no puede en ésta instancia sostenerse lo contrario pues ello violaría los alcances de la cosa juzgada concursal (art. 37 de LCQ) Aclarada esa circunstancia, cabe ingresar en la "sustitución concursal" que censura la resolución de grado.
En esa tarea y de modo preliminar, cabe calificar la operatoria efectuada (fs. 609/611) como un pago por subrogación (art. 914 del CCyC), donde el tercero -TAAPAY S.A- satisface la prestación que constituye la obligación a favor del acreedor originario -AFIP DGI-, y se subroga en los derechos de éste contra el deudor (arts. 914, 915 inc. b y 918 del CCyC) por vía legal; contando además en el caso con anuencia de la propia concursada.
Sentado ello e ingresando en la temática planteada, como bien refiere el apelante deben distinguirse dos aspectos; el primero, relacionado con la virtualidad del pago por subrogación, y el segundo, si es admitido ese pago, qué el alcances tiene el mismo frente al concurso (f. 611 y present. electrónica del 26/9/2019-.
Respecto al primer aspecto, la doctrina nacional muestra diversas tesis. Las primeras, denominadas "restrictivas" niegan la posibilidad de "sustitución concursal". En esta idea se enrola el Dr. Efrain Richard quien asegura que los únicos acreedores habilitados o legitimados para votar son los verificados o admitidos conforme la resolución del art. 36 del LCQ, los cuales conforman un "colegio creditorio" que representan un interés homogéneo que se vería desnaturalizado por la intromisión de terceros (conf. E. Richard, "La Legitimación en el Acuerdo Concursal" en La Ley 13/3/2006). También rechazando la posibilidad de sustitución se posiciona el Dr. Otaegui quien, luego de distinguir si el pagador cuenta o no con autorización del concursado, concluye que no puede admitirse el ejercicio del ius votandi por parte del tercero pagador pues importaría la compraventa del voto y como tal, un contrato con objeto ilícito (conf Otaegui Julio, "Voto concordatario, desplazamiento, vía y oportunidad. El voto en las sociedades y concursos", Legis, pág. 187, 2007). En una posición intermedia se adscriben los Dres. Vítolo y Moro. Esta tesis admite la aplicación del pago por subrogación -o cesión de créditos- pero no en forma automática como lo prevé el régimen civil sino distinguiendo que, ni el acreedor originario ni el tercero pagador o sus cesionarios, serán tenidos en cuenta para el cómputo de las mayorías, sólo serán subrogados los derechos de percepción del reembolso. En pocas palabras, el tercero pagador no recibe con el crédito el derecho a voto pues estos derechos se agotaron en cabeza del acreedor originario en el mismo momento que recibió el pago (conf. Vitolo, D. "El pago por subrogación y la cesión de créditos..." en "Problemas y cuestiones sobre los concursos", Ad-hoc, 2006, pág. 53).
Por su parte, para el Dr. Moro existe ilicitud causal porque el derecho de voto es atribuido al acreedor y no al crédito, siendo improcedente admitir la conformidad de terceros o cesionarios que compraron la investidura de acreedor concurrente, asegurando que para participar del concursos debe efectuarse la sustitución procesal prevista en el art. 44 del CPC (conf. Moro, Carlos "El derecho de voto que se atribuye al acreedor y no a los créditos" en "Problemas y cuestiones sobre los concursos", Ad-hoc, 2006, pág. 459)
Finalmente y ya dentro de la tesis permisiva, se ubica la Dra. A.
Kemelmajer de Carlucci quien afirma que no encuentra impedimento normativo alguno para admitir la procedencia del pago por subrogación -o la cesión de crédito- operando éste con todos sus efectos jurídicos dentro del concurso (ver su voto en SCJ Mendoza, Sala I, in re "Torres Luis O. y otros en: Abdala Miguel p/Concurso Prev.", sent. 27/7/2005, AR/JUR/2356/2005). Concretamente, ante el pago por subrogación el acreedor originario perdería legitimación en el concurso y el tercero asumiría todos sus derechos en la cantidad por la cual éste podría votar y sería computado para las mayorías exigidas en el universal. En el mismo sentido el Dr. Lorente explica que ninguna norma excluye la posibilidad de ejercer los derechos que surgen de la cesión de un crédito concursal, ni del pago por subrogación; valorando que tal "sustitución" es una herramienta válida que permite bloquear a acreedores disidentes u hostiles a fin de alcanzar la solución concursal (conf. Lorente J. "La cesión de los créditos concursales..." en IV del Congreso Argentino de Derecho Concursal citado por Grazíabile Darío, en "Régimen de Derecho Concursal", T. II, 2004, pág. 347, nota n°193). En igual sentido afirmativo se expresa el Dr. Grazíabile quien considera aplicable al concurso el pago por subrogación sin cortapisas y conforme lo prevé el régimen civil y comercial (con Grazíabile Darío, en "Régimen de Derecho Concursal", T. II, 2004, pág. 348, pto. 4.4).
Como puede advertirse del repaso efectuado, la temática no es sencilla y las voces citadas dan cuenta de la profundidad de la cuestión en debate, no obstante a criterio de este Tribunal, el pago por subrogación efectuado por TAAPAY S.A. respecto del crédito verificado a favor de la AFIP-DGI debe ser admitido.
Ello así por cuanto no se advierte norma alguna que prohíba tal operatoria no pudiendo predicarse que el pago del tercero, por sí solo y ab initio, muestre visos de ilicitud por efectuarse en el marco del concurso. En efecto, como lo explica el Dr. Ribichini, aun cuando la sustitución concursal pueda dar lugar a abusos ello no puede conducir a considerar al instituto, de manera apriorística, como una maniobra defraudatoria del deudor (conf. Ribichini, Guillermo E. "Acuerdo Preventivo Judicial", Edit. Astrea, Bs. As., año 2011, pág. 72). Es que, la licitud o ilicitud de su empleo remite, en definitiva, a la de la propuesta que procura aprobarse por su intermedio. Porque, aunque pudiera demostrarse que el dinero ha sido aportado por el tercero benefactor, ello no descarta que la oferta así conformada resulte abusiva y, por ende, descalificable en los términos de los arts. 10 del CCyC y 52 inc. 4 de LCQ (ídem nota anterior).
Ello permite descartar las objeciones relativas al objeto del pago por subrogación efectuado por un tercero, pues éste contrato tiene su causa fin en la transmisión del crédito no obstante el "móvil" de su celebración pueda ser la adquisición del derecho a voto. "Móvil que no tiene por qué invalidar el acto ni derivar en ilicitud alguna, en la medida que los fondos no hayan sido aportados por el concursado, o que tal transmisión no forme parte de una maniobra desplegada por éste último para imponer un acuerdo abusivo a los acreedores" (conf. Ribichini, Guillermo E. "Acuerdo Preventivo Judicial", Edit. Astrea, Bs. As., año 2011, pág. 71).
Al mismo tiempo, luce débil la tesis que aboga que con el pago al acreedor original se extinguen "en su cabeza" todos los derechos que le corresponden frente al concurso como acreedor "admitido" pues ello colisiona frontalmente con la norma que prevé: "el pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, y los accesorios del crédito..." (art. 918 del CCyC), no pudiendo desconocerse al tercero pagador, sin un motivo fundado, una legitimación para participar en el universal que el propio régimen civil expresamente consagra.
Tampoco luce convincente la tesis del "colegio creditorio" en tanto esa pretendida homogeneidad de intereses no resulta constatable en la práctica; así la menor o mayor envergadura del acreedor concursal, su condición pública o privada, su mayor o menor estructura burocrática, sus antecedentes de vinculación personal o negocial con el deudor, determinan normalmente posturas diametralmente opuestas dando por tierra con la idea de ese singular interés colectivo.
Por último, no puede dejar de valorarse -conforme lo explica el Dr. Lorente- la evidente utilidad que exhibe la admisión de la sustitución concursal pues se muestra como una herramienta útil, en el marco de su legal implementación, para la facilitación de acuerdos así como para desinteresar a acreedores hostiles -por ejemplo, competidores de la concursada- quienes no estén interesados por propios motivos en arribar a soluciones concordatarios. Tal criterio incluso es recordado por el propio juez de grado en su resolución del día 25/9/2019 cuando alude a las herramientas a disposición del concursado para lograr el acuerdo de los acreedores reticentes.
Lo hasta aquí expuesto nos conduce a admitir la validez del pago efectuado por el tercero TAAPAY S.A., debiendo incluirse en tal transmisión todos aquellos accesorios que corresponde a la AFIP-DGI como acreedor admitido en el presente concurso (arts. 914, 915 inc. b y 918 del CCyC). Sin embargo, éste último aspecto vinculado con la participación en el procesos concursal y su derecho a voto debe, en el caso, ser restringido pues el acreedor TAAPAY S.A. exhibe una evidente vinculación con la concursada (art. 45, 8vo. párrafo, de LCQ).
En efecto, de las constancias descriptas así como de la cosa juzgada emergente del la resolución de verificación por la cual se declaró "inadmisible" el crédito de TAAPAY S.A. (ver resolución de pto VII) y fs. 491, pto. 28) surge la promiscuidad de los domicilios legales y reales de ambas sociedades, la identidad de estructura, de oficinas y de personal e incluso de representación pues el Sr. Gabriel D´amico -quien recibió la notificación en nombre de TAAPAY S.A.- es socio y Director Suplente de la concursada RECOLECCION Y LIMPIEZA AMBIENTAL S.A (fs. 12vta.) dando cuenta un funcionamiento unificado y un interés común entre ambas sociedades.
Ahora bien, sabido es que el numerus clausus legal que prevé el art. 45 de LCQ luce insuficiente frente a la realidad fáctica, motivo por el cual la orientación actual busca dejar de lado la estrecha enumeración de la ley concursal (ver medulosa crítica al texto del art. 45 de LCQ del Dr. Ribichini, en "Acuerdo Preventivo Judicial", Edit. Astrea, Bs. As., año 2011, págs. 40 y sgtes). No obstante y en el entendimiento que se trata de una enumeración abierta, cabe reconocer que el fundamento de este tipo de exclusiones "...debe encontrarse en el interés del concurso en su conjunto, independientemente del interés personal del deudor y del acreedor involucrado, lo contrario desvirtúa el sistema e impone ajustarse a la taxatividad legal" (con Grazíabile Darío, en "Régimen de Derecho Concursal", T. II, 2004, pág. 332).
Una muestra de ello, son los diversos fallos dictados donde, según los casos, se ha excluido del voto a diversos acreedores -por ser parientes de los administradores de la concursada, por su calidad de accionista controlante indirecto de la concursada o por su carácter de competidor de ésta últimaincluyéndose tales supuestos dentro de la finalidad tuitiva de la norma concursal (ver Cám. Nac. Com., Sala D, 14/9/2005; Cám. Nac. Com., Sala D, publicado en La Ley 24/8/2008; Cám. Nac. Com., Sala B, 13/7/2006 in re "IEBA" o el fallo del Dr. Chomer; Juzg. Com. N°10, 27/4/2010, in re "ICS Comercial S.A. s/Concurso preventivo"; todos citados por Grazíabile Darío, en "Régimen de Derecho Concursal", T. II, 2004, en páginas 336/340). Finalidad que ésta Cámara ha valorado en algún antecedente (ver in re "Zunda..."; expte. 9052, reg. 122 (R ) del 4/9/2012)
En este caso y como se adelantó, el funcionamiento unificado de ambas sociedades dan cuenta de elementos suficientes, concordantes y con sentido unívoco, que permiten inferir un interés común tanto de la concursada como del tercero pagador (arts. 37 de LCQ y 384 del CPC), quien aún en este estadio procesal no han justificado o explicado tales circunstancias, motivo por cual y en tutela del interés del concurso en su conjunto, cabe excluir el voto - conformidad- prestado a f. 611/612 por la sociedad TAAPAY S.A. del cómputo de las mayorías exigidas para al alcanzar el acuerdo concursal (arts. 36, 37 y 45 de LCQ y 384 del CPC).
POR ELLO: Corresponde revocar la sentencia de fecha 12 de Septiembre de 2019, debiendo admitirse el pago por subrogación efectuado por TAAPAY S.A. respecto del crédito concursal quirografario perteneciente a AFIP- DGI (arts. 914, 915 inc. b y 918 del CCyC) debiendo excluirse el voto a la citada sociedad del cómputo de las mayorías exigidas para alcanzar el acuerdo concursal, conforme los argumentos antes señalados (arts. 36, 37 y 45 8vo. párr. del LCQ). Sin costas atento el sentido de la propuestas realizada. Devuélvase (art. 47/8 Ley 5827).
Dr. Fabián M. Loiza Dra. Ana Clara Issin Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia