Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14559
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1) Otorgar indemnización en concepto de daño moral a L. E. B. B. en la suma de $ 5.000.000; 2) Elevar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales a favor de A. L. B. B. y J. S. B. B. a la suma de $60.000.000 para cada una de ellas; 3) Adicionar a las sumas indemnizatorias el cómputo de los intereses conforme lo establecido en el considerando IX de la sentencia de primera instancia; 4) Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 CPCC). 5) La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 5 días del mes de marzo de 2025, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “B. F.
G. M. Y OTROS C/ B. P. M. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS
EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", Expte. N° 14.559 habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 31/05/2024?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El 31 de mayo de 2024 el magistrado suplente -a cargo en ese entonces- del Juzgado Civil y Comercial N° 2, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda instaurada por A. A. B. B. y su madre G. M. B. F., por derecho propio y en representación de sus hijos M. A. B. B., J. S. B. B., A. L. B. B. y L. B. B. sobre daños y perjuicios, condenando al demandado a pagar a la parte actora la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-), en el término de diez (10) días de quedar firme la presente sentencia, con más los intereses fijados en el considerando IX desde la fecha allí fijada y hasta el efectivo pago. Impuso las costas del juicio al demandado vencido y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que obren pautas para tal fin.
En su decisión referenció dos sentencias de esta Cámara en las que se juzgó con perspectiva de género con destacados votos de mis distinguidos colegas, la Dra. Ana Clara Issin y el Dr. Fabián Loiza, dictadas en el marco de las causas 10.510 (sentencia del 9/10/2018) y 12.116 (sentencia del 22/06/2021), respectivamente. Consideró aquellos precedentes, junto a la normativa allí invocada, criterios rectores. Para arribar a la condena valoró que “de la causa penal caratulada "B., P. M. S/ COACCIÓN AGRAV POR USO ARMA DE FUEGO (H. 1 Y 2) - TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA (H.3) - TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL (H.4 Y 5) - ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAV. POR VÍNCULO Y CONVIV. PREEXIST. CON VMA MENOR DE EDAD (H.6) - ABUSO SEXUAL C/ACCESO CARNAL AGRAV.POR VÍNCULO Y CONVIV.PREEXIST. CON VMA. MENOR EDAD (H.7) TODOS EN CONCURSO REAL Expte. T.C. 6506" (IPP PP-11-00-001763-21/00), se desprende que con fecha 11-09-2023 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 departamental condenó al demandado, imponiéndole la pena de dieciocho (18) años de prisión, mínimo legal de multa, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de: COACCIÓN AGRAVADA POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, hecho cometido durante el invierno del año 2019 en Necochea en perjuicio de N. B. F. (Hecho1); COACCIÓN AGRAVADA POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, hecho cometido durante el invierno del año 2019 en Necochea en perjuicio de M. G. B. F. (Hecho 2); TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, hecho cometido en Necochea el día 11 de marzo de 2021, en perjuicio de la seguridad pública (Hecho 3); TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, hecho cometido en Necochea el 11 de marzo de 2021, en perjuicio de la seguridad pública (Hecho 4); TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, hecho cometido en Necochea el 11 de marzo de 2021, en perjuicio de la seguridad pública (Hecho 5); ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD, hecho cometido en Necochea, en el período comprendido entre el 17 de julio del año 2014 y el 3 de febrero del año 2016, en perjuicio de J. B. (Hecho 6) y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD, hecho cometido en Necochea, en el período comprendido el 05 de junio del año 2020 y el 12 de febrero del año 2021, en perjuicio de A. B. (Hecho 7), todos ellos en concurso real.”
En base a ello, con cita del artículo 1776 del CCyC, realizó consideraciones sobre los efectos de la cosa juzgada penal en sede civil, en cuanto a la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado. Interpretó que “La situación descripta en la causa penal coloca a la actora y sus hijos en la situación de violencia de género que prevén los arts. 1, 2 y 4 en sus incisos “b”; “e” y “f” de la ley 24.632 (Convención de Belém do Pará, B.O. 9/4/1996) así como también la Convención de los Derechos del Niño y la ley 13298, siendo obligación de los poderes del Estado procurar la reparación del daño producido (conf. art. 7 inc. “g” misma Convención)”.
Adunó con cita de la ley 26.485 (B.O. 14/4/09) que “la violencia hacia la mujer se entiende dada cuando a partir de una relación desigual de poder se produce –como en autos- una omisión que afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica (art. 4°, primera parte).” Destacó que “el demandado, conforme causa penal, se colocó en una posición de poder respecto de su cónyuge e hijos aprovechándose de esa circunstancia y ejerciendo así agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Es que con su obrar vulneraron los derechos humanos fundamentales de la víctima garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de igual jerarquía (art. 75 inc. 22 CN), entre ellos el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos), que le es especialmente tutelado por su condición de mujer y menores de edad al momento de sufrir las agresiones (art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 de la ley 26.485 y art. 47 de la Constitución Provincial) y por su condición de mujer (art. 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, arts. 1 a 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer -Convención de Belem Do Pará- y art. 45 de la Constitución Provincial).” Seguidamente, luego de referirse al contenido de las Recomendaciones nros. 19 y 28 del Comité CEDAW consideró que “El obrar del demandado vulneró el derecho de los actores de desarrollar una vida libre de violencia, el que se encuentra tutelado especialmente por la ley fundamental y los Tratados Internacionales de igual jerarquía por su condición de víctimas niños, adolescente y de mujer, y por ende debe reparar el daño ocasionado (art. 19 CN).”
Desde tal arista argumental concluyó que “Establecido el factor de imputación de responsabilidad del demandado, encontrándose acreditado el hecho ilícito, la demanda habrá de prosperar, debiendo el agresor resarcir los daños causados a los actores en la esfera extrapatrimonial reclamada (art. 1741), los que se traducirán en una indemnización pecuniaria". En el análisis de los abusos sexuales y su relación con el daño moral, recogiendo la cita de un especialista en la materia, afirmó: "Escasos e incomparables son los casos en los que el daño moral es tan gravoso, donde se trastoca de tal forma el ámbito espiritual de la víctima que ésta se sentirá afectada durante toda su vida y en distintas aspectos sumamente importantes de ella, pues los casos de abuso sexual a temprana edad traen consecuencias luego no sólo en el ámbito sexual, sino también en lo social, en lo académico, etc." (conf. Michael Freedman, "El papel del abuso sexual en la infancia en la formación de síntomas psicosomáticos en el adulto: un caso ilustrativo").
Puso de relieve que “De la prueba producida se desprende el serio quebranto en el ámbito espiritual de las víctimas, afección a su equilibrio psíquico y emocional, angustia, miedos, desconfianza, vergüenza, en fin, grave sensación de vulnerabilidad y de pérdida de la libertad sexual con todo lo que ello conlleva y que, por evidente, no requiere mayor fundamentación.”
Previo transcribir las conclusiones de las pericias psicológicas realizadas a todos los actores, tuvo “plenamente acreditada la afección padecida por los actores a raíz de los delitos y conductas desplegadas por el demandado perpetrado en su contra, agravado, en su caso, no sólo por el vínculo que los unía sino también por la menor edad, en su caso, de algunos de los actores y la extensión en el tiempo.”
Finalmente expuso las pautas para la cuantificación y fijó la indemnización por daño moral a favor de: G. M. B. F. en $10.000.000, A. A. B. B. en $ 5.000.000, M. A. B. B. en $ 5.000.000, J. S. B. B. en $ 15.000.000 y A. L. B. B. en $ 15.000.000.
En relación al niño L. B. B. desestimó el daño moral “en atención a no surgir de la pericia efectuada indicios o consecuencias de los hechos denunciados en el escrito postulatorio”.
Rechazó el daño al proyecto de vida por falta de prueba específica y agregó que lo consideraba subsumido en el daño moral.
II. Los recursos:
La sentencia fue apelada por la parte actora, cuyos agravios fueron expresados el 2/09/2024 y los cuales no fueron replicados por el demandado. Por su parte, el accionado impugnó la decisión, exponiendo sus agravios el 7/09/2024, los que tuvieron réplica por parte de los actores (v. presentación del 13/09/2024).
II. a. El recurso de los actores:
La impugnación se encolumnó en tres agravios:
II. a. 1. El primero de ellos tuvo como fundamento el rechazo del daño moral solicitado para el niño L. E. B. B..
II. a. 2. En segundo término la crítica fue dirigida al monto indemnizatorio concedido como daño moral a las niñas J. S. y A. L. B., por resultar menores a las solicitadas en la demanda y sin justificación de los parámetros considerados para tal disminución.
La apelante adujo que “recortar el monto del daño solicitado para J. quien sufrió sus abusos en su temprana infancia (ver informe psicológico referido en la sentencia hoja 14) y mucho peor el caso de A. que al momento de ser peritada contaba con 7 años es decir, ya había sufrido los abusos en su primera infancia, momento histórico que no se repite nunca más! y que marca el desarrollo de ese ser humano para siempre; nos resulta absolutamente agraviante”.
II. a. 3. Por último, como tercer agravio, la crítica se enderezó respecto al rechazo del daño al proyecto de vida y su subsunción dentro del daño moral concedido, realizando extensas consideraciones sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo” y los resultados de las pericias psicológicas realizadas en la causa.
II. b. El recurso del demandado:
De manera inaugural el demandado cuestionó la acreditación de los daños alegando que: “La actora, en su demanda, se limita únicamente a hacer referencia a la causa penal instruida contra mi poderdante, que aún no cuenta con una condena firme en el momento de esta presentación. Así, sobre dichas alegaciones proporcionadas por la actora, el Aquo emite su sentencia”.
En ese marco que lo llevó a calificar la sentencia de incongruente y “resultante en un exceso de jurisdicción inaceptable (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 in fine y 272 del C.P.C.C)” expuso tres agravios:
II. b. 1. En primer lugar, señaló la errónea aplicación al caso del art. 1776 del CCyC. Sostuvo que si bien el citado artículo prescribe que La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado, la causa en cuestión aún no cuenta con una sentencia firme y ha sido impugnada a través de un recurso de casación, que actualmente se encuentra en trámite ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, bajo el Expediente Nº 128204. Refiere “Hasta la fecha, no se ha dictado sentencia y el tribunal fue asignado hace apenas unos meses”.
Concluye: “De ahí que cause agravio la sentencia del Aquo que atribuye a la sentencia dictada en el proceso penal un sentido y efecto que no le corresponden. No existe cosa juzgada en este caso. Es evidente que el principio de inocencia no puede ser relativizado hasta el punto de considerarlo irrelevante, ya que constituye la piedra angular de nuestro sistema penal y uno de sus principios fundamentales”.
II. b. 2. En segundo término el apelante se disconforma por la interpretación realizada por el juez respecto de las pericias presentadas por la perito Psicóloga de la Asesoría pericial.
En prieta síntesis, el demandado cuestiona los peritajes a partir de sus enfoques, metodología y conclusiones, considerándolos carentes de sustento científico. Afirma: “Es así que todas las pericias presentadas por la Lic. S. Knudsen en los presentes autos adolecen del mismo defecto que tienen como resultado no cumplir los estándares de cientificidad necesarios para procurar dilucidar la verdad de los hechos”.
II. b. 3. Por último, se agravia de la cuantificación de los daños considerando que el juez “se contenta con hacer una referencia genérica al criterio escogido para ello, sin explicitar, en el presente caso, cómo incide concretamente dicho criterio en la determinación de las sumas expresadas en su sentencia y las operaciones y/o razonamientos que lo condujeron a ello.”
Expone: “La inexistencia de una explicación clara y pormenorizada de cómo el a quo arriba a las sumas ut supra expresadas constituye, a juicio de esta parte, un acto autoritario y puramente discrecional, que fija montos indemnizatorios exorbitantes sobre la base de la pura voluntad del juzgador.”
III. La solución propuesta al acuerdo. La interseccionalidad en la tarea de revisión.
El marco interpretativo constitucional-convencional dentro del cual llevaré a cabo la revisión solicitada impone el abordaje de la presente causa con las perspectivas de infancia y de género, cuyo enfoque fue profusamente desarrollado en la sentencia dictada por este Tribunal en el Expediente N° 13.599, reg. elect. 136 (S) del 26/09/2023, que resulta plenamente aplicable al presente caso. Allí, con el destacado voto de la Dra. Issin, señalamos:
“La cuestión materia de revisión debe ser tratada en base al orden público que surge del plexo normativo convencional y constitucional de aplicación, que exige juzgar con perspectiva de género las controversias sometidas a la jurisdicción. Del mismo modo que desde la perspectiva que orienta los principios y normas contenidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los imperativos que de allí se derivan (CIDH, Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, sentencia de 8 de marzo de 2018, Caso Angulo Brisa Losada vs. Bolivia, sent. del 18/11/2022). Ambas perspectivas -de género y de niñez- confluyen aquí, en lo que la doctrina denomina con el concepto de “interseccionalidad”, término que fue acuñado por Kimberlé Crenshaw y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó por primera vez en el caso “Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador” (sent. del 1/09/2015).
Este enfoque interseccional de análisis, en atención a los hechos de la causa, implica la debida observancia del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, a la dignidad y a la integridad personal en todas sus dimensiones, entre otros, previstos tanto en la ley fundamental de la Nación, como en los pactos internacionales que forman el bloque de constitucionalidad (art. 16 y 75 inc. 22 de la C.N.; conf. Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1º y 2º; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 1º y 24; Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2º, inc. 2º y 3º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2º), arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW, y 7, 8 Convención de Belem Do Pará, y su doctrina, arts. 2, 3, 4, 6,12,19 y cc Convención de los derechos del niño, D.N, Comité de los Derechos del Niño, -Observación general Nº 13/2011, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, Observación general Nº 12/2009-, 1,2, 51, 52 y cc del C.C.C.N. leyes 26061, 26485, 27.499, leyes provinciales 13298 y 15134 entre otras (conf. expte. 10.510 reg. int 125 (S) 9/10/2018, expte. 13247 reg. elec. 112 (RS) del 18/08/2022, expte 13737 reg. elec. 122 (RS) del 5/9/2023; expte. n° 13.599, reg. elect. 136 (S) del 26/09/2023 entre otros).
En la interpretación de la ley el plexo constitucional convencional delimita una matriz, con específicos estándares de derechos humanos (arts. 1, 2 y 3 del CCyC; art. 75 inc. 22 CN).
Por una cuestión de orden metodológico, trataré en primer lugar el recurso del demandado, para luego abocarme a los agravios expuestos por la parte actora.
III. 1. Cuestionamiento referido a la firmeza de la sentencia. Doble conforme.
Resulta pertinente recordar que los jueces deben sentenciar resolviendo las cuestiones sometidas a juzgamiento según el criterio de actualidad, en razón del cual nuestro Máximo Tribunal Nacional tiene dicho que las sentencias "...deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta, aunque éstas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario” (CSJN Fallos: 330:4544; entre otros) (en el mismo sentido ver Expte. 13.960, reg. elect. 11 (S) del 22/02/2024). Así se observa que mediante oficio cursado el 03/02/2025 por este Tribunal a la Sala V del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires en relación a la causa penal “B. P. M. s/ recurso de casación”, N° 128.204, dicho organismo informó el 10/02/2025 que “la causa fue resuelta con fecha 22/10/2024, registrada bajo el N°977, cuya copia se adjunta, encontrándose concluída ante esta sede y remitida al Tribunal en lo criminal N°1 Departamento Judicial Necochea”; circunstancia actual que, como se verá seguidamente, sella la suerte adversa del primer agravio del demandado.
Allí, si bien la Casación reenvío al Tribunal Criminal Oral N° 1 para que dictara nueva pena, la pretensión absolutoria no prosperó. La casación resolvió:
“I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación en trato. II. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto y casar parcialmente el fallo impugnado a nivel del encuadre legal, recalificando el tramo de la conducta descripta en los Hechos 5 y 6 como un hecho de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. III. Hacer lugar parcialmente al recurso y excluir la agravante de pena identificada en el fallo como "la relación padre e hija -incesto-" IV. Reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen para que, debidamente integrada y bajo los lineamientos aquí trazados, fije una nueva pena. V. Rechazar, en todo lo restante, el recurso de casación interpuesto, sin costas....”
El reenvío se hizo por acoger parcialmente el recurso de la defensa respecto a dos cuestiones específicas, que en modo alguno ponen en crisis la autoría material y responsabilidad penal del condenado establecida por el Tribunal de Juicio. A saber:
1. En razón de considerar que la tenencia ilegal de dos armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización, configura un solo hecho dado que se trata de una única afectación al bien jurídico “seguridad pública”, y no de dos hechos en concurso real como sentenció el Tribunal.
La casación afirmó que la acción de B. de tener dos armas sin autorización es una sola, por lo que su conminación penal es única, pudiendo -eventualmente- considerarse la pluralidad de armas halladas sólo como un índice de mayor contenido de injusto de esa única conducta.
2. Con motivo de resultar una doble valoración -en el proceso de determinación de la pena- el ponderarse como agravante “la relación padre hija-incesto-”, en tanto dicha circunstancia ya está contenida en los tipos agravados de abuso sexual aplicado en la causa. Sostiene allí la sala V, integrada por los jueces de Casación Dres. Fernando Mancini y Mario Kohan: “la agravante de calificación aplicada en el caso respecto de P. M. B., esto es, por haber sido cometidos los abusos “…por ascendiente…” (cfr. Supuesto ´b´ del cuarto párrafo del art. 119, C.P.), es precisamente el vínculo de parentesco entre víctima y victimario -y la consecuente relación de poder- lo que hace que las agresiones sexuales adquieran otra entidad”. En el caso que nos convoca el Tribunal casatorio tuvo por acreditada la materialidad ilícita delineada por la acusación fiscal en lo que fue motivo de agravio para B..
En relación al HECHO 1: delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego en perjuicio de N. B. F.- y HECHO 2: delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego en perjuicio de G. M. B. F., la Casación concluyó:
“Podrá advertirse sin demasiado esfuerzo que B., mientras apuntaba a sus víctimas con el arma de fuego, dirigió sus amenazas para exigir el pago de la deuda primeramente a quien la había contraído y luego a la hermana del deudor, advirtiéndole que también podría recibir ella un disparo si no se efectuaba el pago. Tal fue el temor y la intimidación infundido a M. que ella misma consiguió el dinero a través de un préstamo y se lo dio a su hermano para que cancelara el compromiso asumido con B. quien terminó exigiendo el doble de la deuda por la mora.”… En definitiva, habiéndose probado en el caso, sin absurdo, que B. profirió amenazas coactivas a su ex pareja y a su hermano, utilizando un arma de fuego para ello, los agravios vinculados con los Hechos 1 y 2, no pueden ser receptados favorablemente, resultando los decidido sobre el punto por el a quo ajustado a derecho y a las constancias objetivas de la causa.”
En relación al proceso de valoración de las pruebas para su acreditación y la autoría responsable de B. en el HECHO 6: abuso sexual agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con la víctima menor de edad en perjuicio de J. B., y HECHO 7: abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con la víctima menor de edad en perjuicio de A. B., la Casación sentenció:
“A contramano de lo nuevamente postulado por la defensa, los relatos de las niñas que directamente incriminaron a su padre atribuyéndole distintas conductas lascivas y que trascendieron el ámbito del círculo familiar resultando validados por la especialista que las entrevistó bajo la modalidad de Cámara Gesell, también fueron escuchados por las psicólogas tratantes de las víctimas. En otras palabras, los dichos de J. y A. se mantuvieron incólumes, con más o menos detalle, ante propios y extraños durante todo el proceso, señal de persistencia y coherencia que contribuye a su verosimilitud.
Continúa la sentencia: “Como podrá advertirse (y así fue resaltado en el veredicto), todas las profesionales de la Psicología que recibieron de primera mano los relatos de las niñas, arribaron a idénticas conclusiones en torno a la ausencia de indicadores de fabulación o inducción de terceros, al empleo de un lenguaje propio de la edad y al acompañamiento de las palabras con un estado emocional claramente compatible con aquellos traumas vivenciados (angustia, temor, vergüenza, culpa, retraimiento, etc.)-…- En definitiva, a partir del análisis tanto individual como global del material probatorio se debe concluir que el Tribunal tuvo por acreditados de un modo incuestionable los hechos 6 y 7 contra la integridad sexual de J.B y A.B. y su comisión por P. M. B..
Es que, si bien los testimonios de las víctimas en Cámara Gesell resultaron principales y de fundamental entidad convictiva -como ocurre casi inexorablemente en este tipo de delitos cometidos “en las sombras”-, no se trataron de los únicos elementos de cargo que sustentaron la sentencia. La versión de las niñas, además de creíbles y persistentes, encontraron corroboración en las conclusiones a que arribaran las pericias psicológicas en las que se detectaron signos de ASI y se descartó cualquier indicio de mendacidad, fabulación y/o inducción. En suma, considero que en autos se probó con suficiencia la materialidad infraccionaria y autoría responsable de B. en los hechos juzgados.-…- Arribando al grado de certeza positiva necesaria para la condena la sentencia del máximo Tribunal penal de la Provincia reza: “En definitiva, la forma en que el Tribunal de grado tuvo por probado el acceso carnal (vía oral), no merece reparos en esta instancia desde que surge de manera indubitable de los dichos de A.B. a su círculo más íntimo y a las profesionales que tuvieron contacto con ella en el ámbito terapéutico (arts. 106, 209, 210 y 373 del C.P.P.)”.
Por lo tanto, el dictado de la sentencia de la casación deja huérfano el argumento medular plasmado en el primer agravio del apelante, el que corresponde sea rechazado.
Recientemente este tribunal tuvo oportunidad de referirse al planteo efectuado respecto a la falta de firmeza de la sentencia penal, en una causa de daños y perjuicios interpuesta por el delito de violación de una adolescente, destacando el valor prominente del doble conforme. Allí afirmamos: “En efecto, en el ámbito del fuero específico fueron atendidos los planteos del recurrente, adquiriendo la sentencia dictada en el marco del proceso penal el doble conforme y en consecuencia cumplidos los estándares internacionales (art. 18, 75 inc. 22 de la C.N., 8.2.h) de la CADH y el 14.5 del PDCyP y la jurisprudencia de la C.I.D.H.), aun cuando la sentencia no se encuentre firme por haberse impulsado recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley. Así, en este caso y a los fines de valorar la procedencia del reclamo de la actora -que se cuestiona en el recurso-, debe estarse a lo decidido en sede penal respecto a la existencia del hecho y la participación, quedando de este modo en esta sede acreditada la antijuridicidad de la conducta que le fue atribuida al apelante, tal como la restante prueba producida corrobora. (arts. 1717, 1721, 1724, 1726, 1727, 1734, 1736 del C.C.C.N., 375, 384, 456, 472 y cc del C.P.C.C.)” (Expte. 13.599, reg. elec. 136 (S) del 26/09/2023).
III. 2. Fuerza probatoria de los dictámenes periciales.
La misma suerte adversa corre el cuestionamiento del demandado respecto de las pericias relacionado con el enfoque metodológico y sus conclusiones.
Expresa el apelante al respecto: “en ninguna parte de su informe se argumenta de qué modo el enfoque metodológico escogido puede conducir a la conclusión inequívoca de que el conjunto de signos y síntomas que dice observar en los peritados son consecuencia de los pretendidos maltratos y abusos, olvidando que la relación de causalidad exige un sustento científico del que dichos informes carecen”.
En primer lugar, el demandado no niega categóricamente las conclusiones de los peritajes, sino que ensaya cuestionamientos sin rigorismo técnico alguno y que no encuentran basamento en el propio material probatorio.
En efecto, las objeciones que realiza respecto a la limitación temporal de las entrevistas a una sola sesión, la ausencia de tests y la carencia de sustento bibliográfico, no encuentran debido correlato en lo que surge de los seis dictámenes presentados el 14/07/2023 por la perito psicóloga, en tanto allí se expresa que las pericias fueron realizadas en base a dos sesiones -y no una como afirma el apelante- con enunciación de las técnicas utilizadas, los tests implementados, las entrevistas mantenidas y los datos de la causa recabados.
De este modo, estimo que los dictámenes se muestran sólidos y sus conclusiones resultan concordantes con los principios de la lógica, los conocimientos especiales de su ciencia y guardan absoluta coherencia con la integralidad de la prueba rendida en la causa (arts. 457, 462, 474 y 384 del CPCC)
Como ha tenido ocasión de señalar este tribunal, acorde con jurisprudencia en la materia, "la impugnación de una pericia debe constituir una contrapericia que debe contener -como aquella- una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que se ataca" (conf. Cám. Civ. 1ra., San M., 51263 RSD-233-3 S 20-5-2003, JUBA, sum. B1950669).” (Conf. expte. 102 reg. int. 11 (S) 23/02/2009; Expte. 11.008, Reg.124 (S) del 07/12/2017; Expte. 11978; reg. int. 107 (S) del 20/10/2020; entre otros).
Otra de las quejas enarboladas en el segundo agravio se refieren a la pericia realizada a la menor A., en los siguientes términos: “la pericia de la menor A. se realizó sobre la base de otras pericias e informes (!), es decir, la perito designada indagó en base a la labor desarrollada por otros peritos y profesionales, a fin de evitar una supuesta “victimización secundaria”. Ahora bien, en este proceso de daños y perjuicios, consecuencial al juicio penal, las pruebas producidas en el fuero penal se revelan esenciales, y son basales para la suerte del presente. Por ello la causa penal fue ofrecida como prueba instrumental tanto por la actora (v. demanda del 28/12/2022) como por el demandado (v. contestación de demanda del 23/02/2023); sin perjuicio que en su responde el accionado afirmó -en una suerte de contradicción- que: “la remisión realizada a la causa penal en trámite resulte tan insustancial como fútil”.
Ese comportamiento procesal contradictorio del demandado también se advierte en la crítica que efectúa respecto a la citación y modalidad de la pericia psicológica, la que fue expresamente establecida por la perito en la presentación del 19/04/2023, aclarando allí, con fundamento bibliográfico: “Esta modalidad se plantea con el fin de evitar que las niñas atraviesen una nueva evaluación, y consecuentemente una victimización secundaria; “efecto que sucede sobre la víctima una vez efectuada la denuncia, teniendo que transitar por diversas instancias policiales y judiciales…Dichas circunstancias generan a veces conflictos, secuelas y un incremento del padecimiento psíquico a la víctima, lo que, en líneas generales aumenta el daño ocasionado por el que perpetra el delito” (Gardiner. G, Construir puentes en Psicología jurídica)”.
De tal presentación se dio traslado a las partes y la modalidad no fue controvertida por el accionado (v. resolución de notificación 19/04/2023), que ahora ensaya una crítica tardía, a todas luces, inconducente.
Por otra parte, el apelante reedita en el presente proceso idénticas cuestiones que ya fueron valoradas en el examen recursivo realizado por la Casación, la que determinó la autoría responsable de B. por el abuso sexual de sus hijas.
Por lo expuesto, corresponde el rechazo de tal parcela recursiva (arts.260, 261 del CPCC).
En atención a la desestimación de las quejas respecto a la responsabilidad declarada en sede penal y la prueba respecto de los daños acreditados, que dejan firmes estos aspectos de la decisión, ingresaré al tratamiento del restante agravio del accionado.
III. 3. Pautas de cuantificación del daño moral.
Finalmente, impugna el demandado la cuantificación del daño moral alegando ausencia de explicitación y fundamentación en las sumas reconocidas.
No obstante, tal déficit argumentativo no se verifica, en tanto a los fines de determinar la reparación el juez de la instancia valoró lo dictaminado por la perito psicóloga y los padecimientos sufridos por todos los actores. Seguidamente, en función de la cuantificación señaló las pautas para su justipreciación en los siguientes términos: “se valorará la edad de cada uno de los actores al momento de padecer el abuso, la contrastante madurez de los victimarios, lo determinado mediante la pericia psicológica practicada y lo que surge de la causa penal, todo lo que se traduce en definitiva en una grave vulneración de sus afecciones espirituales legítimas y la necesidad de tratamiento psicológico, así como también he tenido presente causas precedentes resueltas por la Excma. Cámara Departamental en el curso del año próximo pasado.”
Por lo tanto, tampoco le asiste razón al apelante que alega no haberse “realizado una referencia a los antecedentes de casos análogos”. Asimismo, el demandado tampoco cumple la carga procesal de poner en crisis la indemnización establecida por el magistrado realizando comparaciones con aquellas fijadas en tales casos análogos para exponer la alegada “exorbitancia” de los montos, conforme los parámetros establecidos en el artículo 1741 del CCyC.
En consecuencia, el agravio respecto a la cuantificación del daño moral se encuentra desierto en tanto solo luce como una mera discrepancia con el monto determinado, sin llegar a constituirse en una crítica concreta y razonada, que exponga la injusticia de las sumas indemnizatorias concedidas (arts. 260 y 261 del CPCC) (en el mismo sentido v. Expte. 10.160, reg. int. 136 (S) 17/12/2015, Expte. 11.437, reg. int. 11 (S) del 19/2/2019).
Pasemos ahora al análisis del recurso de la parte de la actora.
IV. 1. Rechazo del daño moral del hijo más pequeño.
La actora plantea en su primer agravio el rechazo del daño moral respecto a L. E. B. B. alegando: “El fundamento del juez de primer instancia carece de validez y fundamento en razón del rubro que se está reclamando, para no hacer lugar a un daño moral sufrido por el menor, que no se discute bajo ningún argumento, toda vez que surge claramente de los hechos y de los fundamentos de la condena contra el demandado en sede penal (18 AÑOS DE PRISION), la violencia familiar en que se vio incluido todo el grupo familiar, entre ellos el menor L. E., quien ha sido parte de la constante violencia ejercida por el Sr. B., aun a su escasa edad, toda vez que debió vivir todo el proceso familiar de separación, los abusos sexuales sobre sus hermanas, el desarraigo de tener que irse a vivir a otra ciudad por temor por parte de su progenitora sobre su persona y sobre la de sus hijos, transitar todo el proceso penal sobre su progenitor sobre el concurso real de delitos que se le imputaban y lo llevaron a su condena, el tener conciencia del tipo de persona que era su padre, con todo lo que representa la figura paterna en la infancia y en el contexto escolar que le toca transitar. Los fundamentos de V.S. podrán argumentarse sobre un rubro de daño psicológico que es totalmente ajeno a el llamado daño moral.”
Una interpretación constitucional-convencional a la que nos lleva esa perspectiva de infancia señalada al inaugurar el voto implica, precisamente, ponderar el interés superior del niño cuando entra en tensión con otros derechos y, sin lugar a dudas, en casos de violencia familiar tal enfoque de derechos humanos resulta consustancial a la visibilización de los daños que impactan en las infancias y la consecuente responsabilidad de quienes los causan.
Esa tutela prioritaria resulta instrumental en orden a garantizar los derechos humanos de NNyA y la restauración de su dignidad cuando es vulnerada, en tanto valores supremos del sistema (art. 75 inc. 22 CN, art. 3 CDN).
El Comité de los Derechos del Niño en su Observación general Nº 14 (2013) “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (referida al artículo 3, párrafo 1 de la CDN)” subraya el concepto tripartito que implica la consideración del interés superior del niño, en tanto es: 1) Un derecho sustantivo: que debe garantizarse siempre que se tenga que adoptar una decisión que los afecte;
2. Un principio jurídico interpretativo fundamental: que impone que siempre debe elegirse la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, dentro del marco interpretativo de los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos; y 3) Una norma de procedimiento: siempre deberán estimarse las posibles repercusiones de las decisiones (positivas o negativas) en NNyA, y su justificación debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho.
En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.
En definitiva, el interés superior del niño es una directriz que representa su reconocimiento como persona y la defensa de sus derechos. En el caso, el magistrado rechaza el daño moral del niño limitando su prueba a la pericial psicológica, en la cual no se aconseja tratamiento psicológico, destacándose la corta edad del niño -un año y medio- al momento de la separación.
Tal razonamiento pareciera limitar el daño moral al daño psicológico, sin atender el resto del contexto de violencia en el que se encontraba sumida toda la familia por el accionar del demandado. Dicha circunstancia, con capacidad de transformar la realidad de todos los miembros de la familia, derivó en la decisión de la Sra. B. F. de mudarse con sus hijos e hijas a la localidad de Lobería, en parte como consecuencia del desasosiego y miedo -rayano al terror- que les causaba la posible aparición del demandado, que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia. Un indicador que se repite en las distintas declaraciones es que tenían miedo que B. matara a la Sra. B. F..
En tal sentido se lee en las pericias psicológicas declaraciones textuales efectuados por los peritados:
Refiere G. B. F.: “El día que hice la denuncia, supe que quizás corría riesgo de vida yo, pero quiero justicia por las nenas y no me importa morirme por ellas” (sic)”
Relata su hija A.: “siempre tuve presente que mi papá podía matar a mi mamá, el día de hoy lo pienso” (sic).
Se lee en la pericia de su hijo M.: “Manifestó que la dinámica familiar estaba atravesada por la presencia de violencia constante hacia todos los miembros de la familia, ejercida de manera unilateral y arbitraria por parte de su padre. Al respecto, relató una escena en la cual su padre habría amenazado con un arma a su madre y a su tío, evidenciando su exposición a situaciones de riesgo.”
En ese contexto de extrema violencia -plenamente probado en el juicio llevado a cabo en sede penal- que transformó la vida de todos los miembros de la familia, resulta conducente presumir con absoluta certeza el daño moral por las afecciones en la vida y en la tranquilidad de espíritu del hijo más pequeño (art. 1744 última parte CCyCN), que si bien podrá no mostrar sintomatología no fue ajeno a esa abyecta realidad.
En efecto, el magistrado de la instancia afirma: “De tal modo, corresponde en el caso dar por cierto los hechos sufridos y denunciados por la actora hacia ella y su grupo familiar, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sucedió.” Y continúa más adelante: “Surge palmaria de las constancias causídicas la afectación a la estabilidad emocional y espiritual sufrida por los actores y consecuente entidad, magnitud y gravedad del daño moral y psicológico padecido a consecuencia de los hechos. Téngase en cuenta que lo expuesto ha sido meramente factores de ponderación para cuantificar el daño moral irrogado, toda vez que dictada la sentencia penal, el mismo surge "in re ipsa".”
Por ello, “frente a los elementos reseñados hasta aquí y que dan cuenta del accionar del demandado, el llamado daño moral debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño ‘in re ipsa’-, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral" (SCBA Ac. 78280 S, 18-6-2003; en idéntico Cám. Civ. Com. y de Gtías. en lo Penal de este Departamento Judicial, expte. N° 1.607 y sus acumulados; reg. int. 111 (S) del 19/11/96; íd. Esta Cámara expte. 7060, reg. int. 77 (S) del 24/8/06; íd. reg. int. 120 (S) del 29/11/07; expte. 22 reg int. 11 (S) 4/11/2008; Idem expte. 9371; reg. int. 110 (S) del 5/11/2013; expte. 9687; reg. int. 3 (S) del 3/2/2015; expte. 10023, reg. int. 45 (S) del 2/6/2015; expte. 10.510 reg. int 125 (S) 9/10/2018).
En función del plexo normativo y los hechos debidamente acreditados en la causa, rechazar el daño moral del hijo más pequeño por su corta edad implicaría escindirlo de una realidad que le tocó atravesar como un miembro más de la familia -vulnerabilizada por la violencia desplegada por el progenitor- importando ello su discriminación por edad.
Por todo lo considerado, propongo al acuerdo revocar esta parcela de la sentencia, declarando procedente la reparación del daño moral de L. E. B.
B..
A los fines de su cuantificación cabe señalar que el monto que se propicia no ha sido valorado en términos comparativos del daño moral que llega firme respecto a otros miembros de la familia, siendo reeditables aquí los parámetros ya reseñados.
En este marco y en atención a lo establecido en el artículo 1741 del CCyC propongo al Acuerdo fijar la indemnización del daño moral de L. E. B. B. en la suma solicitada de $ 5.000.000, lo que le permitirá en términos de satisfacciones compensatorias la realización de actividades extraprogramáticas que impliquen estímulos educativos y/o recreativos durante su crianza (arts. 165 del CPCC, 1740, 1741 y cc del CCyC).
IV. 2. Daño moral de las niñas víctimas del abuso sexual por parte de su progenitor.
En relación a las sumas otorgadas en concepto de daño moral a J. y A. la apelante cuestiona que no se haya hecho lugar al resarcimiento de las víctimas de abuso sexual de acuerdo al monto solicitado en demanda ($ 25.000.000), refiriéndose a la entidad del ilícito y que, en el caso, ningún monto será suficiente para resarcir el daño de por vida causado a las niñas. En su demanda la accionante justificó centralmente la suma solicitada en concepto de daño moral en el delito de abuso sexual sufrido por las niñas por parte de su progenitor, sumando a ello lo que implicó la exposición pública, el estigma y la revictimización del juicio oral.
En su memorial afirmó: “Asimismo los abusos psicológicos, físicos y sexuales sufridos, les ocasionó, el rechazo por sus propios cuerpos y personas, volcándose hacia conductas altamente nocivas para ellas/os mismos, dando cuenta de la profunda alteración de sus espíritus con abstracción de la patología psicológica provocada".
En el examen de este agravio resulta sustancial que me remita a las pericias psicológicas llevadas a cabo en el marco de la presente causa. Así, la pericia psicológica realizada a A. consigna: “La impronta traumática del abuso sexual impacta con mayor compromiso en una estructura no consolidada, es decir, en un psiquismo en constitución, como es el caso de A., una niña de 7 años actualmente, que tenía 4 al momento de la denuncia. De lo analizado a partir de las distintas pericias realizadas a la niña, se destaca el impacto traumático en el desarrollo psicosexual ligado a la intromisión de la sexualidad adulta, que devino imposible de ser procesada y metabolizada en dicho psiquismo infantil.
En este sentido, se evidencia el despliegue de conductas hipersexualizadas y sexualmente inapropiadas para su edad (curiosidad sexual exacerbada, conductas sexualizadas hacia adultos tales como el acercamiento a las zonas erógenas de su madre), que darían cuenta de una excitación no elaborable.”
Por su parte, en relación a J. la perito dictamina: “La impronta traumática del abuso sexual impacta con mayor compromiso en una estructura no consolidada, es decir, en un psiquismo en constitución, como es el caso de J., una joven de 13 años actualmente, que tenía 11 al momento de la denuncia. De lo analizado a partir de las distintas pericias realizadas a la niña, se destaca el impacto traumático en el desarrollo psicosexual ligado a la intromisión de la sexualidad adulta, que devino imposible de ser procesada, y cuyo develamiento (tardío) se produjo a partir de los signos traumáticos desplegados por su hermana A..
En este sentido, J. expresó en las evaluaciones, la intrusión de escenas traumáticas de índole sexual, con sensaciones de extrañeza y estados de angustia, que habrían sucedido en la temprana infancia. Dichas escenas, habrían quedado fijadas como traumáticas, sin posibilidad de ser metabolizadas en ese tiempo, resignificándose a partir del develamiento de A., su hermana.
Es necesario remarcar, que el nivel de compromiso psicológico es muy alto en J., debido al tiempo transcurrido entre las escenas abusivas vivenciadas y la denuncia efectuada, quedando la misma en estado de mayor indefensión, con miedo, confusión, sentimientos de culpa e hipervigilancia; signos de la presencia de lo traumático.
Se evidencian desbordes psicoafectivos expresados en las evaluaciones, así como vivencias de fragilidad. Se detectan indicadores que darían cuenta de vivencias de sometimiento, indefensión, conductas evitativas y presencia de amenazas implícitas, a partir de las escenas sexualmente abusivas, de maltrato físico, y violencia verbal que habría atravesado.”
Al momento de los abusos A. tenía entre 4 y 5 años y J. entre 5 y 6 años. Si bien la pluralidad de los mismos respecto a J. no conllevó a su imputación en forma independiente para agravar la figura típica en los términos del art. 119 segundo párrafo, fue valorada como agravante por el Tribunal de juicio.
La sentencia dictada por el Tribunal de Casación destaca el daño notorio en la salud psíquica, extendido aún más, por el desarraigo y la pérdida de contacto con afectos que conllevó la mudanza a la localidad de Lobería. En el mismo sentido, el Tribunal Criminal Oral había señalado “Las psicólogas María Laura Brisighelli, Gabriela Salaberry, Sandra Campaña y Verónica Ferrelli se refirieron en el debate oral ampliamente sobre la verosimilitud de los relatos y el impacto emocional, psíquico y afectivo que la violencia sexual tuvo para las niñas J. y A. B.”.
La Corte Interamericana de Derechos humanos destacó en referencia a este tipo de delitos: “que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas” (Angulo Losada Brisa vs. Bolivia, del 18/11/2022 Parf. 105 con cita del perito Ciñero Bruñol, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 311; Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, supra, párr. 163, y Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2021. Serie C No. 431, párr. 102.) (referenciados también en Expte. 13.599, ya citado).
En consecuencia, valorando los informes periciales, concordantes con la integralidad de la prueba producida en la causa penal, la magnitud que representa el daño irrogado por el abuso sexual del progenitor en perjuicio de las niñas reclamantes, en concordancia con antecedentes análogos de este Tribunal, especialmente las causas 12.582 (reg. elect. 184 (S) del 6/12/2022) y 13.599 (reg. elec. 136 (S) del 26/09/2023), a valores actuales, considero que debe hacerse lugar al monto solicitado en demanda y limitado en el recurso en concepto de daño moral a la suma de $25.000.000 para cada una de las niñas (art. 165, 266, 272 del CPCC, arts.1738, 1740, 1741 y ccdtes. del CCyC).
IV. 3. Daño al proyecto de vida.
IV. 3. a. Fundamentos de la sentencia para su rechazo.
El juez de la instancia rechazó el daño al proyecto de vida de los actores afirmando, con remisión a una jurisprudencia del año 1997: “Al respecto se ha sostenido y comparto que "De no haberse producido pruebas específicas que permitan inferir una afectación particular, la turbación que pueda haber existido al proyecto de vida de la víctima "Daño a la vida en relación", como así también el "Daño a la libertad de acción", padecimiento espiritual sufrido, debe entenderse comprendido en la indemnización dispuesta para el "daño moral" (CC0102 MP 103952 RSD-22-97 S 12/12/1997). Por ello, el rubro en examen queda subsumido en el concepto de daño moral tratado ut supra, y no como un daño independiente de éste”. Tal razonamiento, fundamentado principalmente en la falta de prueba específica, implicó la decisión de no valorar la procedencia de la reparación por las consecuencias no patrimoniales que resultan de la interferencia al proyecto de vida de quienes resultaron damnificados por la conducta antijurídica. Esta cuestión es la que la actora trae a revisión de este Tribunal, y sobre la que anticipo propondré al Acuerdo hacer lugar, pero limitado a las dos niñas víctimas del abuso sexual agravado, con fundamento en las distintas consideraciones que seguidamente paso a exponer.
Valoro que, en relación al resto de los actores, en esta parcela recursiva no se desarrolla una crítica concreta y razonada en relación al rechazo por falta de prueba específica. En efecto, la línea argumental está dirigida a justificar el daño moral de los actores y el daño al proyecto de vida de las dos niñas víctimas del abuso sexual agravado, por lo que respecto a G., A., M. y L. su agravio luce desierto (arts. 260 y 261 del CPCC).
IV. 3. b. La reparación plena en delitos de violencia familiar como eje del daño al proyecto de vida.
Toda indemnización -en función de la reparación plena- debe necesariamente contemplar las especificidades propias del caso sometido a juzgamiento, en tanto la reparación adecuada impone y “debe traccionar respuestas jurídicas que tengan la capacidad de restaurar los derechos lesionados. En esa lógica el grado de suficiencia incide entonces, de manera directa y proporcional, en la plenitud de la reparación y delimita de manera bifronte la cuantificación del daño”. Por ello, “El monto indemnizatorio otorgado no puede ir más allá del daño producido porque ello implicaría un enriquecimiento incausado pero tampoco, y bajo ninguna circunstancia, aquel monto se puede justipreciar por debajo de los daños padecidos, puesto que una reparación insuficiente es refractaria a la reparación plena, que -consecuente y necesariamente- debe ser: integral, completa y suficiente.” (esta alzada expte. 14.706, reg. elect. 171 (S) del 20/12/2024).
Específicamente, en materia de los daños causados en el derecho de familia, la jurista Graciela Medina sostiene: "...no basta con sancionar penalmente, ni con impedir civilmente la continuidad de la violencia, sino que es imprescindible que tanto los dañadores como quienes contribuyen con su conducta a agravar el daño o prolongarlo en el tiempo deben responder por los perjuicios sufridos por las víctimas de violencia sexual o doméstica de una manera integral y eficaz. En tal sentido, consideramos que los Estados que no garanticen el acceso a esta indemnización también deben responder frente a las víctimas, tal como lo ha ordenado en múltiples oportunidades la Corte Europea de Derechos Humanos" (Medina Graciela, Violencia de género y violencia doméstica: Responsabilidad por daños, Ed. Rubinzal Culzoni. 1° ed., Santa Fe, p. 595).
En el Corpus Iuris de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la CN) la normativa que ordena una reparación integral y efectiva en casos de violencia contra la mujer y niñas/os es profusa.
- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –“Convención Belem Do Pará”– insta a los estados a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art. 7 inc. g).
En el mismo sentido se expiden las distintas Recomendaciones del Comité de la CEDAW:
- La R.G. N° 19 insta a que: “inc. i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la indemnización. (párr. 24) - La R.G. N° 28 exige a los Estados partes que proporcionen resarcimiento a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención hayan sido violados. “Si no hay resarcimiento no se cumple la obligación de proporcionar un recurso apropiado. Estos recursos deberían incluir diferentes formas de reparación, como la indemnización monetaria …”. (párr. 32)
- La R.G. N° 33 expresamente consagra que “La aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido (véase el artículo 2 de la Convención)”. (párr. 14 inc. e)
- La R.G. N° 35 “recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto a las reparaciones: a) Proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer. Las reparaciones deberían incluir diversas medidas, tales como la indemnización monetaria…. Tales reparaciones deben ser adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño sufrido”. (párr. 33)
- Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 13 (2011) referida al “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, establece que “en los casos de violencia en que los autores son los cuidadores principales del niño… Deben preverse medios de reparación eficaces, como la indemnización de las víctimas...”.(párr. 56).
IV. 3. c. La interferencia al proyecto de vida como lesión a la persona. Su recepción en el CCyC y en la jurisprudencia de la CIDH. Nuestro actual Código Civil y Comercial prescribe en el art. 1738 -inscripto en la sección 4ta dedicada a “Daño resarcible”- que la indemnización comprende las consecuencias que resultan de la interferencia en el proyecto de vida de la víctima.
La jurisprudencia citada por el magistrado de la instancia para rechazar la reparación del menoscabo al proyecto de vida data del año 1997. Sin embargo, apenas un año después la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el daño al proyecto de vida derivado de la violación de los derechos humanos, en el señero Caso "Loayza Tamayo vs. Perú" (sent. del 27/11/1998).
Allí la Corte, reconociendo la integralidad de la persona humana, sostuvo: “…el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas … se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone…” (párr. 147 y 148)
“En el caso que se examina, no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse necesariamente, sino de una situación probable --no meramente posible-- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos. Esos hechos cambian drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito. (párr. 149).
“En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable”. (párr. 150)
En el voto conjunto razonado de ese fallo los jueces Antonio A. Cançado Trindade y Alirio Abreu Burelli -reivindicando la relación entre el derecho a la reparación, el derecho a la verdad y el derecho a la justiciasostuvieron: “El daño al proyecto de vida amenaza, en última instancia, el propio sentido que cada persona humana atribuye a su existencia. Cuando ésto ocurre, un perjuicio es causado a lo más íntimo del ser humano: trátase de un daño dotado de autonomía propia, que afecta el sentido espiritual de la vida” (párr. 16)
Más adelante, en el año 2001, en el caso “Cantoral Benavides vs Perú” (sent. del 3/12/2001) la CIDH volvió a reconocer el “daño al proyecto de vida” en tanto los hechos sufridos ocasionaron una grave alteración en el curso que normalmente habría seguido la vida de la víctima (apartado 60). En ambos casos reseñados la Corte Interamericana privilegió la reparación en especie para la compensación del daño al proyecto de vida. En las causas dictadas posteriormente, “Bulacio vs. Argentina” (sent. del 18/09/2003), “Myrna Marck Chang vs. Guatemala” (sent. del 25/11/2003) y Gutiérrez Soler vs. Colombia” (sent. del 12/09/2005), “Gelman vs. Uruguay” (sent. de 24/02/2011) la Corte comenzó a cuantificar el resarcimiento del daño al proyecto de vida mediante un monto en dinero. Con remisión a la jurisprudencia interamericana señalada, esta Cámara valoró el "daño al proyecto de vida" en el caso Expte. 8495, reg. int. 92 (S) del 22/11/2011, sosteniendo: "Estas valiosas definiciones tienen su aplicación local, pues la doctrina legal se ha referido –aunque sin definirlo- al “proyecto de vida” truncado de una adolescente que vio limitada su capacidad física en razón de un accidente (SCBA, Ac. 78851 “T., S. R. c. Rivero Roberto y ot. Daños” del 20/04/2005, voto del Dr. de Lázzari que hace mayoría) reconociéndolo en el caso como integrante del daño moral.-...- "En general esta lesión, a tenor de los conceptos dados, ha de ubicarse en el ámbito extrapatrimonial, pero en casos especiales puede hallárselo también como daño material integrante de la incapacidad sobreviniente (v. Galdós, ob. cit. y la jurisprudencia que se cita en notas 19 y 20; así también lo entendió la CSJN en "Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios" del 27/05/2003, T. 326 P. 1673))".-
Podríamos afirmar que en tanto el daño moral constituye la angustia, el dolor o la aflicción por el evento dañoso; en el daño al proyecto de vida se lesiona el plan existencial de las persona, condicionándose seriamente potencialidades, planes de futuro, metas, aspiraciones, expectativas, todas ellas frustradas como secuelas del delito sufrido. Este menoscabo tiene una mirada prospectiva, implica una proyección a futuro.
La lesión al proyecto de vida ocurre cuando un suceso interfiere en el destino del sujeto, frustrando, menoscabando o postergando su realización personal. (conf. Zabala de Gonzalez Matilde "La responsabilidad civil en el nuevo Código", Edit. Alveroni, T. II pag. 598 y ss)
Recientemente, el 17/01/2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó tres dictámenes aprobados por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3626/2019, 3627/2019 y 3628/2019, en casos de maternidad forzada posterior a violación sexual (dos de los casos calificados como incesto), en los que resulta de suma importancia destacar el núcleo común que exponen en lo que refiere específicamente al “daño al proyecto de vida”. Allí el Comité observa que “todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”, concluyendo: “En este sentido, el Estado parte debe: a) reparar integralmente a la autora por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada; b) reparar la afectación a su proyecto de vida”.
IV. 3. d. Su análisis en la doctrina.
Uno de los primeros doctrinarios en categorizar el daño al proyecto de vida fue Carlos Fernández Sessarego. Señalaba: “Se trata de un daño cuyas consecuencias, que comprometen la existencia misma del sujeto, suelen perdurar. Ellas difícilmente logran ser superadas con el transcurso del tiempo. El daño causado es de tal magnitud que frecuentemente acompañan a la persona por toda la vida, por lo que compromete su futuro. La víctima ha perdido, en gran medida, su propia identidad. Dejó de ser lo que libremente se propuso ser. Dejó de realizarse a plenitud. Es, pues, imposible confundir las consecuencias, a menudo devastadoras, del “daño al proyecto de vida”, con aquellas otras, de naturaleza afectiva, que son constitutivas del “daño moral”. (Sessarego, Carlos Fernández, Deslinde conceptual entre “Daño a la persona”, “Daño al proyecto de vida” y “Daño moral”, acceso digital en https://www.acaderc.org.ar/wp-content/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/11/art deslindeconceptual.pdf)
En la doctrina nacional el destacado jurista Jorge Galdós sostiene al respecto: “En general existe bastante coincidencia en la caracterización del daño al proyecto de vida aunque las discrepancias surgen cuando se trata de emplazarlo autónomamente, o en el daño moral o en el patrimonial. También en sentido genérico se reconoce su procedencia, pero dentro de una o ambas esferas del daño jurídico.-…- Se diferencia del daño moral por cuanto éste, como dolor o sufrimiento, va disminuyendo con el tiempo, mientras que el daño al proyecto de vida es un daño futuro y cierto, duradero, que compromete de por vida a la persona.
-…- En torno a su naturaleza, a la postura de su autonomía se opone la que predica su emplazamiento en el daño moral o la tesis, que propiciamos, que admite su carácter dual.
-…- Primero se los identifica y caracteriza y luego se los reconduce a las únicas dos esferas: patrimonial o no patrimonial, una u otra o ambas. (Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil. Análisis exegético, doctrinal y jurisprduencial: arts. 1708 a 1780 CCCN, con la colaboración de E. Valicenti”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T II, p. 275)
Si bien este tópico se inscribe dentro de lo que en la doctrina dio en llamarse “los nuevos daños”, Osvaldo Burgos afirma que lo nuevo no son los daños (que siempre existieron) sino la decisión de repararlos: “Ello así por cuanto las consecuencias disvaliosas padecidas por el sujeto víctima de un hecho determinado se presentan, en su realidad, con anterioridad e independencia de la apreciación doctrinal o de una particular decisión política jurídica sobre su resarcimiento” (Burgos Osvaldo, Daños al proyecto de vida, Ed. Astrea, 1° ed., Bs. As., 2012, p. 101).
Sostiene en su obra: “El daño al proyecto de vida incide negativamente sobre el ejercicio de autonomía o autodeterminación responsable de aquel a quien alcanza. Le impone una vida distinta de la esperable, trastoca su futuro, afrenta su dignidad, lo despersonaliza y cosifica. En la cosificación de un ser humano al que se le niega el sentido de sus elecciones sobre sí mismo está la clave para entender la importancia de este daño -…- El daño al proyecto de vida no resarcido es la medida de la exclusión social y, en él, se juegan las reales posibilidades de funcionamiento del sistema jurídico” (Burgo, ob. cit, pp. 137,138) Y el deber reparatorio, de esta consecuencia no patrimonial del daño a la persona, deriva de lo especificamente previsto en el artículo 1738 del CCyCN, en relación con los artículos 1737, 1734 y cc del citado código. (conf. arts. 19, 75 inc. 22 C.N., 5 CADH)
IV. 3. e. “Daño al proyecto de vida” de las niñas víctimas de los abusos sexuales agravados.
Dentro de este vasto marco normativo, jurisprudencial y doctrinario que he esbozado hasta aquí, debo ahora volver la mirada a las niñas, víctimas de los delitos de abuso sexual agravados cometidos por su progenitor en un persistente contexto de violencia familiar.
Considero que la protección eficaz de los derechos humanos está directamente asociada a la extensión del daño reparable. Por ello, diferenciar y conceptualizar permite visibilizar las consecuencias irrogadas por el daño, que deben ser indemnizadas si la sentencia aspira a tener una proyección circunstanciadamente performativa.
Sostiene, de manera magistral, Matilde Zavala de González: “Cuando la persona viene al mundo, su vida es un libro en blanco, con márgenes donde se insertan los condicionamientos ambientales (favorables o negativos, que pueden respectivamente tergiversarse o superarse mediante el arbitrio y esfuerzo personal). En cambio, en la prosecución del trayecto, la grafía de los tiempos va delineando un rumbo, y cada vez quedan menos páginas por llenar.
Por eso, el daño al proyecto vital de niños debe valorarse con un criterio más objetivo y abstracto que en los adultos, cuyos actos y circunstancias ya han ido marcando senderos. En estos últimos casos, la indagación se estrecha pero al mismo tiempo es densa: lo que se ha hecho sugiere y anticipa casi siempre qué se puede hacer en adelante. Como en todas las lesiones existenciales, a mayor edad de la víctima se impone una más prolija personalización de su desmedro, para adecuar la indemnización a la situación concreta (no se llega a valorar con justeza el daño sin partir de ese "antes" del afectado).
Concluye la doctrinaria: "no puede decirse que el proyecto de vida suponga siempre "un autor voluntario", ni “que no puedan padecer ese tipo de daños "personas que por su edad aún no han forjado ni imaginado" ninguno” (Zavala de González, Matilde M; Daño a proyectos de vida, Publicado en: LA LEY 04/07/2005 , LA LEY 2005-D , p. 986).
En el daño al proyecto de vida el evento dañoso genera un impacto con entidad suficiente para frustrar el posible destino de esa persona, con implicancias en la autoestima y en la capacidad de vincularse afectivamente. No abrigo ninguna duda que el abuso sexual contra estas niñas por parte de su padre les irrogó un concreto daño a sus posibles elecciones para llevar a cabo su proyecto de vida, y excede por la naturaleza y entidad del menoscabo el dolor, la angustia y los padecimientos causados de manera concreta por la agresión sexual incestuosa que configuran el daño moral. El abuso sexual infantil (ASI) tiene una magnitud suficiente para generar una mutilación irreversible del ser en su integridad física, psíquica y emocional porque esas niñas abusadas cargarán de por vida con el ASI. Las pericias psicológicas realizadas en el marco de esta causa a A. y J. remarcan al respecto “que el adulto es, por función y estructura, quien debe proteger y cuidar al niño, inscribiendo la ley de prohibición del incesto, subjetivando y humanizando. Esta ley normativa, estructura y ordena el psiquismo. En este sentido, el abuso incestuoso desestructura, o estructura de manera diferente la subjetividad, quedando la víctima objetalizada y entregada al goce del otro, borrándose los límites de las categorías de lo prohibido y lo permitido en la cultura, produciendo mayor vulnerabilidad. Es posible que dicho trauma se resignifique en la pubertad”.
Asimismo indica que “Los especialistas en Abuso Sexual Infantil, dan cuenta de cómo las vivencias traumáticas de tinte sexual, interferirían en el proceso de construcción de la socialización secundaria de la niña, pudiendo afectar el lazo con el grupo de pares y adultos del entorno socio familiar.” En el caso de A. señala el dictamen: “La irrupción de la sexualidad adulta en el cuerpo de la niña, habría dejado marcas traumáticas, sin posibilidad de ser metabolizadas y procesadas por la corta edad que tenía la niña. En dicho ciclo vital aún no se encuentra desarrollada la función simbólica, como capacidad para representar ideas y sentimientos sobre lo vivenciado. El único afecto que pudo ser expresado por A. fue “no tengo papá” (sic), evidenciando el rechazo de la figura paterna en su psiquismo. Asimismo, la figura paterna se encontró caracterizada como amenazante y agresiva, en los juegos desplegados con la Lic. Ferrelli, los cuales vehiculizaron afectos y temores”
“…las verbalizaciones y las conductas sexualizadas que habría desplegado A., adquieren el carácter de repeticiones compulsivas, con el intento de ligar dicho exceso en un psiquismo no preparado para dichos estímulos. En la actualidad, la niña no presentaría signos de angustia o ansiedad (dado que implicaría cierta elaboración simbólica de lo vivenciado). Sin embargo, según bibliografía especializada, es posible y altamente frecuente que las vivencias sexualmente traumáticas sean resignificadas o reeditadas en el transcurso de su desarrollo psicosexual, y sobre todo en la pubertad, desencadenando algún tipo de sintomatología o trastorno.” En relación a J., en función de los efectos desvastadores del abuso incestuoso y su directa relación con el incremento de la vulnerabilidad de las víctimas en la desestructuración de su subjetividad, afirma: “se evidencia en el relato de J., la implementación de mecanismos defensivos disociativos a los fines de transitar las escenas abusivas, con un alto costo psíquico, generando debilidad yoica. Al respecto, se dilucida que las categorías de lo bueno y lo malo se encontraron desorganizadas, con dificultades en la evocación de recuerdos. Cabe destacar, que, según relato desplegado por su madre, J. presentaría actualmente conductas autolesivas, ideas de muerte y sentimientos de culpabilidad por no haber evitado el daño sufrido por su hermana. Según bibliografía especializada, dichas secuelas son frecuentes en víctimas de abuso sexual intrafamiliar".
Indica la perito que: “J. al momento de las evaluaciones, presentó desbordes psicoafectivos, que darían cuenta de la imposibilidad de acotar la angustia y ansiedad desplegada en las entrevistas a partir del relatar lo vivenciado. Actualmente, la misma se encontraría atravesando el ciclo vital de la pubertad/adolescencia, momento en el cual es frecuente que las vivencias sexualmente traumáticas sean resignificadas o reeditadas, desencadenando algún tipo de sintomatología o trastorno".
La trazabilidad de la historia humana y sus potencialidades está condicionada a la particular biografía de la persona, cuya elección en el elenco de posibilidades estará impregnada, en mayor o menor medida, de todas las circunstancias vividas, las presentes y las pasadas. En el caso del abuso sexual sufrido por estas dos niñas surge en forma elocuente la profunda marca dejada en sus subjetividades a partir de lo vivenciado que además de vulnerar sus derechos personalísimos tuvo y tiene, consecuencias ciertas en el desenvolvimiento de sus vidas y con virtualidad para transformar en tortuosa la realidad y condicionar su futuro. (arts. 1737, 1738, 1739, 1744 del CCyCN)
Desde una aguda reflexión el profesor Sessarego sostuvo: “La frustración del “proyecto de vida” es el daño más grave que se puede perpetrar contra la persona pues, en casos extremos, acarrea la pérdida del sentido de la vida. (Sessarego Carlos Fernández, Reconocimiento y Reparación del “Daño al Proyecto de Vida” en el umbral del Siglo XXI ). Es que el proyecto de vida incluye inevitablemente esas ansias por la vida misma, siendo ella el propósito inicial de toda persona; de lo contrario, no habrá sentido alguno para proyectar una vida que se desdeña por el profundo dolor subsistente, circunstancia que se patentiza tristemente en el caso de las autolesiones de J..
Es inevitable concluir que estos abusos sexuales sufridos por las niñas impactaron e impactan en forma negativa en la raíz misma de toda formulación inicial de sus proyectos de vida, porque interfieren en la propia formación de su identidad y condicionan su desarrollo personal. Ya la mirada de la vida no será la misma. Así concluyo que, es evidente -en el caso- la interrelación entre el delito de abuso sexual agravado y la consecuente frustración del "proyecto de vida”. (arts. 1726 del CCyCN)
Por ello, si bien el daño moral es indemnizado a todos los miembros de la familia, valoro que las niñas que sufrieron los abusos sexuales por parte de su progenitor padecieron y padecen menoscabos específicos, como consecuencia del daño irreversible irrogado a sus singulares “proyectos de vida”, indeleble en la memoria, lesivo de su dignidad y ello impone una indemnización cuantificable de modo particularizado. Es tal la entidad y gravosidad del daño, con directa repercusión en sus vidas que corresponde sea indemnizado como consecuencia no patrimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 1738 del CCyCN (arts. 3 CDN, art. 75 inc. 22 CN, arts. 1, 2, 51 CCyC, art. 173, 1726, 1727, 1737, 1738, 1744 CCyC, arts. 375 y 384 del CPCC).
IV. 3. f. Cuantificación del daño al proyecto de vida.
Desde la arista que implica una posible dificultad en su cuantificación, con su distinguible claridad, Zavala de González señala: “Una y otra vez hemos analizado que la subjetividad de los desmedros existenciales y la imposibilidad de mensurarlos económicamente, no sirve como excusa para denegar un resarcimiento dinerario; sobre todo en daños graves, aunque esa intensidad precisamente torne problemática la cuantificación (la cual nunca podría ser simbólica).
Mucho menos es admisible el argumento sobre la ausencia de antecedentes judiciales o de estudios doctrinarios a propósito de la cuantificación: frente a hipótesis novedosas, alguna vez hay que "crear" los precedentes; de lo contrario, nunca habría un respaldo referencial. Y resulta absolutamente contradictorio que, en la sentencia antes anotada, se reconozca una indemnización por daño moral (allí circunscripto a la esfera emocional) y no por la integral lesión al equilibrio existencial de la víctima. Reconociendo -la prestigiosa doctrinaria- que no se puede devolver la existencia arrebatada, reafirma la idea de “adoptar arbitrios que permitan, de alguna manera, "rehacer" la vida maltrecha” (Zavala de González Matilde, (Zavala de González, Matilde M; Daño a proyectos de vida, Cita: TR LALEY AR/DOC/739/2005)
En el caso el delito sufrido por las niñas trastocó irreversiblemente su historia biográfica, y ello se dio en el marco de una vida familiar que suponía protección y afecto por parte del progenitor.
En la estimación de estos daños, una mirada holística impone atender al principio de la inviolabilidad de la persona humana y la consiguiente afectación a la dignidad que concita la violencia (arts. 51 y 52 del CCyC). Pues “Debe ponderarse que la violencia ejercida en cualquiera de sus formas cruza transversalmente la dignidad de la persona, entendida esta como un patrimonio innato de todos los seres humanos, y que se manifiesta en la autodeterminación de la propia vida, en la autonomía individual y constituye el punto de partida para la existencia y especificidad de los demás derechos fundamentales” (ALES URÍA, M. citada por Sugrañes, María Soledad en el artículo “Perspectiva de niñez y género: mirada ineludible para la valoración de la prueba y las consecuencias no patrimoniales”, Citas: TR LALEY AR/DOC/884/2023)
En función de todo lo analizado, y teniendo como parámetros casos análogos, justiprecio como resarcimiento en concepto de daño al proyecto de vida, de cada una de las niñas víctimas del abuso sexual de su progenitor, en la suma de $35.000.000 (arts. 165 del CPCC, art. 1738 y 1741 delCCyC), lo que arroja en concepto total por la indemnización de consecuencias no patrimoniales la suma de $60.000.000 para cada una de ellas, y que se corresponde con el valor módico que en el mercado inmobiliario de la localidad de Lobería tiene una vivienda digna, satisfacción sustitutiva que evalúo como prudente y equitativa a las circunstancias de este caso (esta Alzada expte. 14..706, reg. elect. 171 (S) del 20/12/24; Cámara Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala I, Expte. 1661.818, sent. del 23/08/2024; Cám. Nac. de Apel. en lo Civil sala D, "C. F. y otr c/ E. L. G. s/ daños y perjuicios", sent. del 24/11/2022).
V. A las sumas indemnizatorias se le deberá adicionar el cómputo de los intereses conforme lo establecido en el considerando IX de la sentencia apelada, los que llegan firmes.
VI. Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 del CPCC).
Con las modificaciones propuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza doctor Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Por las razones expuestas al votar la primera cuestión corresponde confirmar la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1) Otorgar indemnización en concepto de daño moral a L. E. B. B. en la suma de $ 5.000.000; 2) Elevar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales a favor de A. L. B. B. y J. S. B. B. a la suma de $60.000.000 para cada una de ellas; 3) Adicionar a las sumas indemnizatorias el cómputo de los intereses conforme lo establecido en el considerando IX de la sentencia de primera instancia; 4) Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 CPCC). 5) La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
La Sra. Jueza doctor Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 5 de marzo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, conforme la doctrina, normativa y jurisprudencia citada, se resuelve: Confirmar la sentencia apelada con las modificaciones propuestas: 1) Otorgar indemnización en concepto de daño moral a L. E. B. B. en la suma de $ 5.000.000; 2) Elevar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales a favor de A. L. B. B. y J. S. B. B. a la suma de $60.000.000 para cada una de ellas; 3) Adicionar a las sumas indemnizatorias el cómputo de los intereses conforme lo establecido en el considerando IX de la sentencia de primera instancia; 4) Las costas de Alzada se imponen al demandado vencido (art. 68 CPCC). 5) La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia