Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.476
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia de grado con las modificaciones relativas a las costas por la acción rechazada respecto de Renault Argentina SA las que se fijan en el orden causado (arts. 25 ley 13.133; 53 ley 24240 y 68 CPCC) y a las costas por la acción que prospera las que se imponen a las codemandadas vencidas Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. (art. 68 CPCBA).
Expte. 11476; Reg. 74 (S) 24/9/2019 En la ciudad de Necochea, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados:
“ANTONELLI, ROLANDO HORACIO C/DIAZ, FRANCISCO OSVALDO Y OTROS S/NULIDAD DE CONTRATO Y MEDIDAS CAUTELARES
(TRABA/LEVANTAMIENTO)" Expte. Nº 11476, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza, y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin. El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Es just la sentencia de fs. 406/413?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. El Sr. Juez de grado Dr. Balbi dictó sentencia en la que resolvió “I.- Haciendo lugar parcialmente a la demanda instaurada por Rolando Horacio Antonelli contra Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. sobre nulidad de contrato (…) Condenando a Rombo Compañía Financiera S.A. a realizar la financiación por la compra del vehículo Renault Duster 4x4 Privilege 2.0 sobre el saldo de pesos veintiocho mil doscientos ($ 28.2000.-), con más los intereses pactados en el contrato prendario (…) Haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Renault Argentina S.A. (…) Imponiendo las costas por su orden respecto de la demanda que prospera; y al actor vencido respecto de la demanda rechazada.-”
Para decidir de ese modo entendió que “la operatoria realizada entre las partes, constituye una relación de consumo, sometida a las normas de la tutela del consumidor en el marco de la legislación especial (ley 24.240).”
Sostuvo que “la codemandada Francisco O. Díaz S.A. ha negado exhibir la documentación contable, por lo que deberá soportar las consecuencias de dicha circunstancia (…) De manera que puede afirmarse que no prestó colaboración alguna al profesional encargado de la pericia, cuando era quien en mejores circunstancias se encontraba para explicar los movimientos de las cuentas bancarias, la facturación del automóvil, y todo lo relativo a su venta; y siendo ello así resulta de aplicación la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”.
Asimismo entendió que “En el caso, donde se invoca la existencia de una diferencia en el saldo a financiar, que el demandado no haya suministrado prueba del hecho controvertido (ello sin perjuicio del principio general de que quien afirma debe probar), contribuye a crear una presunción de la certeza del hecho afirmado por el actor. (…) Por lo demás, Rombo Compañía Financiara S.A. adujo al contestar la demanda (fs. 142) que seguramente la diferencia estaba en el hecho del incremento del precio entre la fecha de inicio de la operación (29/05/2011) y la fecha de finiquito y entrega del vehículo (29/05/12). Sin perjuicio que ello sería improcedente -como lo explico infra-, no lo acreditó.”
Y también que “Ninguna prueba ofreció para acreditar esos extremos, y ello constituye también un indicio, ya que pone en evidencia que dicha afirmación no pasó de constituir un pretexto para negar el monto correcto a financiar, debiendo estarse al importe efectivamente facturado (…) En definitiva, habiendo emitido factura, el planteo de Rombo Cía Financiera S.A. no puede ser motivo de debate.”
Seguidamente procedió a calcular el saldo y la tasa aplicables –manteniendo la convenida por estimarla adecuada- y trató la defensa de falta de legitimación opuesta por Renault Argentina S.A.
Entendió al respecto que “Dicha defensa debe ser acogida. Ello así en tanto no se probó que aquélla hubiera participado en las operatorias por las cuales reclamó la actora y que resultó responsable en la determinación del saldo a financiar por parte de Rombo Cia. Financiera S.A. En efecto, le es imputable exclusivamente a la concesionaria y a la financiera las obligaciones asumidas con los terceros consumidores, considerando que no cabe tampoco atribuirle responsabilidad con base en las previsiones de la ley Nro. 24.240 de Defensa del Consumidor. De modo que no puede atenderse en esta instancia la pretendida responsabilidad solidaria que pesaría sobre “Renault Argentina S.A", rechazándose así la demanda incoada a su respecto.”
Finalmente rechaza también el pedido de aplicar la multa civil conocida como “daño punitivo”. Ello en tanto en razón de “no se advierte en autos la existencia de dolo, malicia, fraude, ni se exhibe una "grave indiferencia" (…) Es que si de lo que se trata es de desalentar una actitud o conducta, entonces es indispensable la exigencia del factor subjetivo, conducta dolosa o culposa, con entidad suficiente para reconocer la necesidad de sanción, requisito ineludible para que el daño punitivo pueda ser invocado a la hora de reclamar, ya que la indemnización está focalizada en el carácter de la conducta desarrollada por el demandado.”
II. La decisión es apelada por la codemandada Rombo Compañía Financiera S.A, (escrito electrónico del 28/8/2018) y por el actor (presentación del 29/8/2018). Luego de una serie de incidencias relativas al trámite del proceso los recurrentes expresaron agravios mediante presentaciones electrónicas (ambas del 6/11/2018).
1. Sostiene la empresa proveedora que “En cuanto a mi mandante, su intervención en el negocio se limitó a financiar el saldo de precio que le informaron el concesionario oficial de Renault Argentina SA –Francisco O. Díaz SA- y el propio comprador del vehículo. Mi comitente nada tuvo que ver en la determinación del saldo adeudado ni tampoco en la fijación del precio del vehículo. Su participación se limitó a financiar la operación poniendo el dinero que faltaba y pactando el modo de su devolución con el mutuario. Es inadmisible que pueda acogerse la postura del accionante, quien luego de haber suscripto el préstamo prendario, aparece desconociendo lo que firmó en forma voluntaria, sin tan siquiera invocar y probar algún vicio en su voluntad. Una persona con plena capacidad jurídica, por más consumidor que sea, está obligada a cumplir lo que acuerda libremente. Acá no se ha acreditado que hubiera algún engaño, presión psicológica u otro comportamiento ilícito imputable a mi representada.” Añade que “Examinando el contrato, una persona instruida –Maestro Mayor de Obra- no pudo ignorar lo que implicaba que en las primeras líneas del contrato se estableciera que la suma garantizada era de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 59 CENTAVOS, con letra mayúscula y bien visible. La protección al consumidor en modo alguno autoriza a destruir el sistema contractual de nuestro derecho privado patrimonial, con basamento en la autonomía de la voluntad.” (mayúsculas en el original). Peticiona se revoque la sentencia con costas.
2. A su turno el actor se agravia de admisión de la defensa de falta de legitimación de la codemandada Renault Argentina S.A.
Lo agravia igualmente el mantenimiento de la tasa fijada en el contrato peticionando la plena aplicación del art. 36 LDC.
Se queja también del rechazo del daño punitivo que entiende aplicable a los demandados en función de lo acreditado en autos.
Finalmente se queja de la imposición de las costas pues, según afirma, las costas se impusieron por su orden respecto de la demanda que prospera cuando en el considerando IV se las impuso a Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A.
Subsidiariamente se queja de las costas por la demanda rechazada respecto de Renault Argentina S. A.
II. La decisión a tomar conforme los agravios traídos impone delimitar las reglas legales aplicables en función de la intertemporalidad que el caso plantea a partir de la fecha en la que sucedieron los hechos. Esta Cámara ya ha sostenido que resulta aplicable el art. 7 del CCyC “Tal prescripción impone que, de apreciarse una nueva regla más favorable al consumidor, ella resultará de aplicación inmediata a las consecuencias o los efectos de los contratos celebrados antes del 1/8/2015, conforme el juego armónico de los arts. 7 y 1095 del CCyC (v. "La aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, ps. 59/60) como es el que motiva el presente caso.” (expte. 10.804 “Mayer c. Caja reg. 15 (S) del 23/2/).
De allí que no sólo serán de aplicación las reglas de la ley del consumidor sino las del CCyCN que lo beneficien.
Vale recordar que recientemente la Corte Nacional en autos “PADE c. Bank Boston” del 14/3/2017 ha recordado que “Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno (…). Dicha norma revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables, (…) dentro del sistema económico actual.”
Añadiendo que “este principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural. La lesión a su interés en este campo puede surgir no solo de cláusulas contractuales en sí mismas, sino de los modos de aplicación de estas o, simplemente, de conductas no descriptas en el contrato, pero que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas. Es por ello que con el fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor en aras de afianzar esta protección preferencial de raigambre constitucional.”
También la Corte Nacional sostuvo anteriormente que “los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial.” (“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.” del 22/4/2008).
Tales estándares de análisis han de aplicarse en el presente de conformidad con los agravios traídos.
III. La primera consideración la efectuaré en relación al memorial de la empresa financiera apelante. Del estudio de la causa no surge elemento que acredite la aceptación del consumidor de la financiación en los términos que lo sostiene la financiera recurrente (arts. 375; 384 CPCC; art. 1 a 3; 53 y 65 LDC; 1 a 3; 7; 1094 y 1095 CCyCN).
Así no hay constancias de la firma de documentación alguna imputable al actor que conlleve interpretar que éste hubiese aceptado los términos contractuales que la codemandada sostiene aplicables. En tal sentido el único documento que trajeran las demandadas y que obra a fs. 118 fue puntualmente negado por el accionante (f. 175) sin que la aportante de la documental se preocupase por procurar prueba alguna relativa a la imputación que formuló.
Pero aún cuando –por vía de hipotésis- tuviésemos por cierto que el actor firmó esa documentación el plexo protectorio de la relación de consumo impone al proveedor demandado que demuestre que tal firma sucedió con pleno respeto por una de las normas esenciales del sistema: el deber de información (art. 4 LDC y 1100 CCyC).
Ese aspecto luce aún más huérfano de toda prueba. Y casi podríamos afirmar que la razón esencial del derecho del consumidor como sistema protectorio se asienta en salvar la diferencia de información entre las partes de la relación.
Dice la doctrina que “se justifica este régimen tuitivo debido a la existencia de una debilidad jurídica y negocial por parte del consumidor. Así, este derecho otorga herramientas legales para lograr una justicia correctiva a favor de la parte débil de la relación de consumo.” Y se pregunta “¿Por qué el régimen tuitivo del consumidor se aplica a quien adquiere como destinatario final? Se aplica a quien actúa de esta manera porque no tiene expertise en la adquisición de ese producto. Es decir, existe un verdadero problema de información asimétrica entre él y el vendedor. Por un lado, tenemos a un proveedor de bienes y servicios, que actúa profesionalmente (aunque sea ocasionalmente, art. 2° LDC), es decir, es un experto en el rubro. Por el otro lado, está el consumidor: un lego, sin conocimientos especiales sobre esas transacciones. Consecuentemente, la legislación protectoria del consumidor es aplicable.” (Matías Irigoyen Testa “Análisis económico del derecho del consumidor” en “Derecho, economía y ciencias del comportamiento” Director Hugo A. Acciarri, Ed. SAIJ, 2019; pp. 178 y 183).
Continúa la doctrina señalando –y hacemos nuestras su reflexiones- “La solución jurídica estrella en pos de mitigar los efectos adversos de la información asimétrica, es, claramente, imponer normativamente el deber al proveedor de otorgar una información “cierta, clara y detallada” (o adecuada y veraz, art. 42 CN) sobre “todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización” (art. 4° LDC y art. 1100 CCyC).” (Irigoyen Testa, M. ob. cit. p. 187)
En autos las demandadas afirmaron que tal información fue entregada pero no probaron haberlo hecho permitiendo tenerla por inobservada (art. 53 LDC) y la infracción de tal deber “dispara” la protección en favor del consumidor (encarnada en la variedad de acciones judiciales que prevén los arts. 8; 10 bis; 36 y 37 de la LDC, preservándolo de las cláusulas o incluso prácticas llevadas adelante sin cumplimentar aquella carga (conf. Fulvio Santarelli comentario al art. 4° LDC en “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada” Picasso – Vazquez Ferreyra, directores, T. I, p. 72; Ed. La Ley 2009).
La doctrina legal lo ha dicho mejor cuando sostuvo que “El derecho a la información reglado en el artículo 4 de la ley 24.240 constituye la aplicación a las relaciones de consumo del principio de buena fe contenido en el art. 1198 del Código Civil. Ello a su vez refleja en el procedimiento estableciendo en materia probatoria "cargas dinámicas" (art. 53 de la mencionada ley) llevadas a su máxima expresión, tanto que el proveedor tiene una obligación legal: colaborar en el esclarecimiento de la situación litigiosa. Toda negativa genérica, silencio, reticencia o actitud omisiva creará una presunción en su contra.” (SCBA Ac. 117.760 S 01/04/2015; “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”).
Ello también se aprecia en el principio fijado por el art. 37 LDC (refrendado por los arts. 1094 y 1095 del CCyC) que impone la interpretación menos gravosa para el consumidor, la que en el caso resulta ser la planteada en demanda y receptada por el Juez de grado.
De allí que las alegaciones de la recurrente no puedan ser atendidas.
Tampoco lo son las relativas a una supuesta falta de responsabilidad de la financiera.
La relación de consumo que aquí analizamos se nutre de la existencia de los contratos de concesión (entre Francisco Díaz SA y Renault Argentina s.a.) compraventa (entre actor y concesionaria) y mutuo con garantía prendaria (entre Rombo Cía. Financiera S.A.). El análisis decimonónico que se propone en el recurso trata cada vínculo contractual separadamente pretendiendo que el principio de la relatividad de los contratos se coloque por sobre la cláusula constitucional de protección del consumidor.
Sin embargo desde hace mucho tiempo ya un sector de la doctrina y la jurisprudencia que no se coloca de espaldas a la realidad ha venido advirtiendo de la existencia de los llamados contratos conexos o coligados. Tales relaciones nacen de una vinculación fáctica y tienen un correlato jurídico. Dice la doctrina “En los negocios de consumo, la conexidad debe vérsela como una consecuencia necesaria frente a formas de comercialización diseñadas o impuestas por los propios proveedores, quienes mediante estrategias de conjuntas y prestablecidas, concurren al mercado a fin de captar destinatarios de su bienes o servicios a través de pluralidad de contratos que, aunque formalmente autónomos, responden a una finalidad común. No sorprende, por tanto, que en este campo, los efectos jurídicos que se consagran, intentan neutralizar los excesos a los que podría llevar la aplicación estricta del principio de relatividad de los efectos del contrato.” (Carlos Hernández “Tratado de derecho del consumidor” Stiglitz – Hernández, T. 2, 161; Ed. La Ley 2015). Y continúa este autor señalando que “no puede pensarse en la protección del consumidor desde la visión fraccionada de cada contrato, sino antes bien, desde la más amplia que suministra la operación jurídica y económica global concertada” para luego citar las conclusiones de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (1995) donde se recomendó que “En los supuestos de conexidad contractual, la responsabilidad puede extenderse más allá de los límites de un único contrato, otorgando al consumidor una acción directa contra el que formalmente no ha contratado con él, pero ha participado en el acuerdo conexo, a fin de reclamar la prestación debida o la responsabilidad por incumplimiento.” (ob. cit. p. 181).
De modo tal que el consumidor puede demandar a los integrantes de la red contractual y ser estos condenados pues el régimen protectorio así lo requiere; y si entre los proveedores existen motivos para imputarse responsabilidad serán ellos –luego de atendido el interés primordial del consumidor- quienes la dirimirán fuera del proceso consumeril (arg. Arts. 42 CN; arts. 850 a 852 del CCyC).
También la SCBA se ha pronunciado receptando esta modalidad de contratación al rechazar un recurso extraordinario en autos “Lobato, José L. c. Banco de La Provincia de Buenos Aires” Ac. 84.864 del 17/12/2003) y antes de ella la CSJN en “Bankboston National Association c/Ruffino Norberto Edgard y otro” el 19/11/2002 (MJ-JU-M- 4341-AR | MJJ4341).
Finalmente los arts. 1073 a 1075 del CCyC regulan la figura con dos recaudos claros: finalidad económica común previamente establecida y que uno de ellos sea determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Ambos aspectos se detectan en autos donde la financiación mediante mutuo con garantía prendaria – mientras atiende su interés- abastece el interés de la concesionaria: la venta de autos (v. Hernández, C. ob. Cit. p. 187).
Como se sostuvo en un precedente jurisprudencial “El préstamo nació para financiar la compraventa, y no aisladamente. Hay una vinculación causal entre los contratos que no es meramente tácita, sino que por el contrario fue explícita (…)” (CNCom Sala D “Lanzieri Hugo Pascual C/ Citibank N.A. Argentina S/ Sumario" del 28/7/2009) añadiendo “Es que en supuestos como el de autos, ambas empresas, o sea, el proveedor y la entidad financiera aparecen vinculadas por un acuerdo de colaboración, por el cual aquél deriva sus clientes a la segunda. El financiador sin duda se beneficia por causa de las operaciones que realiza el proveedor con sus clientes, y el proveedor también se beneficia por las operaciones de crédito porque de esta manera logra un número mayor de ventas que si se limitara a la operación de contado, y ello sin correr con el riesgo financiero que debería asumir en el caso de que otorgara él mismo el crédito. Ambas partes obtienen así habitualmente ganancias que no obtendrían si no fuese por tal colaboración. Si cada una operase por separado, y sin vinculación comercial entre ellas, una haciendo préstamos y la otra vendiendo al contado, harían una cantidad sensiblemente menor de operaciones. Si reparamos en este aspecto tan importante de la modalidad comercial que se examina, o sea, el acuerdo entre ambas empresas, motivado en la utilidad que logran las dos, se puede advertir que la entidad financiera no es un tercero realmente extraño con respecto al contrato que vincula al proveedor con el cliente.” (en sentido análogo ver Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “Morales, Antonio R. c/ Fiat Crédito S.A.” 31/07/2009; Sala D de la referida Cámara, en “Skiljan, Liliana Mirta y otro c/ Galicia Seguros S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.” (01/09/2009)
Tales expresiones son aún más claramente aplicables al caso donde la empresa financiera utiliza un reconocido símbolo de la marca Renault (el rombo) para generar esa idea de confianza y de unidad negocial. Tales ventajas buscadas por el empresario imponen en casos como el presente que deba asumir las consecuencias de los yerros que los integrantes de la entente empresarial generan en perjuicio del consumidor.
De allí que la empresa financiera sea “demandable” en los términos del art. 37 LDC y si, reitero, entendiese que otro integrante de la conexidad es quien debe asumir las consecuencias del detrimento infringido al consumidor, deberá ello plantearlo fuera del reclamo consumeril; pero no puede pretender exonerarse de una red contractual que creó para su provecho sin atender antes al sistema constitucional protectorio del consumidor. En definitiva “si se pretendiese tratar a los contratos de implicados de manera autónoma –so pretexto de la eficacia relativa- se colocaría al consumidor en una situación de indefensión mayor que si hubiera efectuado una compra financiada por el propio proveedor; sin perjuicio de que se estaría desconociendo la realidad económica subyacente en el negocio.” (Sandra Frustagli “Tratado…” ob. cit. p. 204).
IV. En cuanto a la responsabilidad de la concedente, fabricante del automotor adquirido por el actor entiendo que la demanda a su respecto ha sido bien rechazada.
Cierto es que estamos en medio de una relación de consumo e igualmente es cierto que existen contrato coligados entre los demandados, pero en virtud de las razones por las que se acciona en este caso no resulta legitimada pasiva la empresa fabricante.
La jurisprudencia ha entendido responsable a la concedente en casos donde puede apreciarse su intervención o sea de aquellos que tornen aplicable la garantía del art. 40 de la LDC, lo que no sucede en autos pues aquí se persigue la adecuación de un contrato, tanto en su faz de la deuda de capital como los intereses.
Resulta muy ilustrativo del estado de la situación la sentencia de la CNCom por su sala D en voto del Dr. Heredia (“Bernasconi, Diego Ariel C/ Volkswagen Argentina S.A. Y Otros S/Ordinario”, del 29/5/2019, registro n° 6024/2015) donde se analizan los distintos casos en los que ha entendido extensible al concedente la responsabilidad y consecuentemente la legitimación pasiva a su respecto y que pueden resumirse en las acciones derivadas de los arts. 5 y 40 LDC, los que no son aplicables al presente caso que se asienta principalmente en las reglas de los arts. 36 y 37 LDC.
La regla en el contrato de concesión es que quien contrata con el tercero adquirente resulta el concesionario mientras que el fabricante se aparta de ese vínculo pues sólo vende unidades de la marca que fabrica, sin responder por los incumplimientos de la concesionaria salvo excepciones.
Asimismo “el concesionario no actúa como representante del concedente, pues más allá de aceptar ciertas condiciones que le impone la terminal (locales, emblemas, publicidad, cupos, talleres, etc.) a efectos de estandarizar las características de la red de comercialización, interviene en interés y en nombre propio quedando directamente comprometido como vendedor, siendo el fabricante un tercero ajeno al contrato y que, por lo tanto, no resulta alcanzado por sus efectos” (CNCom. Sala D, 9/6/87, "Loitegui S.A. c/ Marginot S.A."; íd. Sala D, 1/4/08, “Lalanne, Gastón c/ Fiore S.A. s/ ordinario”; íd. Sala A, 29/6/04, "Monticelli Claudia M. c/ Renault Argentina S.A."; íd. Sala A, 15/6/06, "Presas Guerra Jesús c/ Ford Argentina S.A."; íd. Sala B, 30/4/81, "Astral S.A. c/ Soc. Comercial Deutz Argentina S.A."; íd. Sala B, 29/2/84, "Polielectric S.A. c/ Herrera Automotores S.A."; íd. Sala B, 29/12/92, "Ruiz Dueñas Gloria de Lourdes c/ Renault Argentina S.A."; íd. Sala B, 26/10/93, "Lamonato, Alberto c/ Renault Argentina S.A. s/ ord."; íd. Sala B, 13/12/93, "Serodino Alejandro c/ Autograd S.A."; CNCom Sala C, 20/4/07, "Rodríguez Luis c/ Routier Automotores S.A."; Sala D, 23/12/96, "Microómnibus Saavedra S.A. c/ Pepe Vázquez S.A. s/ sumario"; íd. Sala E, 24/9/96, "Carbajo Blanco Antonio c/ García Hnos. y Cía S.A.", entre otros; fuente: base de fallos de la CNCom http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.js p).
Tal ha sido por otra parte la consideración que la CSJN ha tenido al respecto en la causa L.780 XXXVI “Llop, Omar Mateo c/ Autolatina Argentina S.A.”, sentencia del 1/6/2004, Fallos 327:1907; y que resulta igualmente aplicable al presente.
Señala Heredia un elenco de casos en los que se admitió la legitimación basándose en alguna actuación de la concedente que permite vincularla con el incumplimiento; así cuando la concedente última pactó con la concesionaria atender los reclamos del comprador (conf. CNCom. Sala D, 4/8/2004, “Castro, Alberto c/ Automotores Louvre S.A. s/ sumario) o cuando el concedente hubiera tenido alguna participación activa en el hecho generador del daño (conf. CNCom. Sala D, 1/4/2008, “Lalanne, Gastón A. c/ Fiore S.A. y otro s/ ordinario”, voto del juez Vassallo, considerando V.a.2) o si asumió una participación activa en el negocio que excedió la mera relación de concesión, vgr. cuando remitió a la concesionaria una nota en la que ratifica lo actuado por ella con relación al cliente (conf.
CNCom. Sala C, 19/9/06, “Ranieri, Camilo c/ Seveso S.A. s/ sumario”) o en el caso que le remitió una nota reconociendo el incumplimiento de la entrega del automóvil y haciéndosele saber que se pondría el vehículo a su disponibilidad (conf. CNCom. esta Sala, 23/9/08, “Saucedo Ernesto Javier c/ Fiat SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario”; íd. Sala B, 14/6/04, “Barreiro, Mario Omar c/ Sena Automotores S.A. y Fiat Auto Argentina S.A. s/ ordinario”). Por otro lado, y tal como se resolvió en el precedente que vengo citando, tampoco la idea de apariencia en el caso resulta dirimente pues “lo cierto es que las hipótesis de responsabilidad de la concedente fundadas en la “apariencia” de la actuación de la concesionaria, no pueden ser interpretados sino con criterio sumamente restrictivo (esta Sala D, 23/10/2012, “Riggio, Rosario y otro c/ Ford Argentina S.A. s/ ordinario” y 23/9/2008, “Saucedo, Ernesto Javier c/ Fiat S.A. de Ahorro para fines determinados y otro”) y resultar de fuertes indicios que la hagan verosímil ya que se trata de una situación de excepción (conf.
Compagnucci de Caso, R., Apariencia jurídica y actos ficticios, LL 2013-D, p. 670, cap. III y VI), pues de lo contrario ha de seguir en vigor el principio de la irresponsabilidad de la concedente por los incumplimientos de la concesionaria. Es que a través de la red de concesionarios se logra, ciertamente, una apariencia funcional de empresa porque los concesionarios en el tráfico no solo utilizan los signos distintivos del concedente en sus establecimientos y documentación sino que, además, actúan de manera uniforme siguiendo sus pautas de gestión y sus políticas de comercialización. Sin embargo, esa apariencia “subjetiva” se disipa normalmente porque la identidad del concesionario aparece como diferenciada del concedente, por previsión contractual expresa en la mayoría de los casos, no sólo en la documentación, sino también en el rótulo del establecimiento.
Y con ese proceder, naturalmente, se rompe cualquier apariencia, de donde el tercero ya no podría reclamar contra el concedente con fundamento en haber entendido que estaba contratando con él a través de una filial o sucursal (conf. Moralejo Menéndez, I., El contrato mercantil de concesión, Thomson - Aranzadi, Pamplona, 2007, ps. 153/154).”
Tal lo que acontece en autos conforme surge de las documentales agregadas por las partes y la ausencia de alegación en los hechos de demanda respecto de la concedente (v. fs. 44/50vta.).
En definitiva, en función de la especie de incumplimiento que se ha tenido por probado aquí, de la acción iniciada, así como por los restantes hechos del caso y la naturaleza del contrato de concesión cabe confirmar el rechazo de la acción, sin perjuicio de lo que propondré sobre las costas.
V. La siguiente cuestión se detiene en la aplicación al caso de la multa civil conocida por “daño punitivo”.
Esta Cámara ha entendido al respecto que junto al incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales resulta recaudo para la procedencia de dicha sanción detectar en el proveedor una conducta de culpa grave (dolo eventual) o dolosa (ver expte. 10548, reg. int. 105 (S) del 20/10/2016; expte. 10804 reg. int. 15 (S) del 23/2/201 y las citas allí indicadas). Esta Cámara conforme los antecedentes citados y que deben estimarse conocidos en este departamento judicial, ha entendido también que el “enriquecimiento indebido del proveedor” no resulta requisito exigible.
Sin embargo esas decisiones fueron anteriores a la decisión de la SCBA en la causa “Castelli c. Banco Galicia” Ac. 119.562 del 17/10/2018, donde parece sostenerse que tal requisito no sería exigible. Es que en el voto del dr. De Lazzari se sostiene “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales”. Tal contundente afirmación no ha sido expresamente refrendada por los restantes votos que hicieron mayoría lo que ha llevado a un prestigioso tribunal a entender que no existe en el caso doctrina legal (Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa Nº 64.024 "Newberry Domingo Santiago C/ Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados y Otro/A S/ Materia A Categorizar” disponible en http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp). Más recientemente la misma SCBA se pronunció nuevamente sobre el tema (Ac. 122.044, "Umanzor González, Maritza Jesús y otro contra Peugeot Citroën Argentina S.A. y otro. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (Excepto Estado)" del 21/8/2019) sin aludir a esa doctrina ni refrendarla tácita o expresamente.
En ese contexto y siendo que la propia SCBA en el primer precedente citado luego de desestimar que la conducta del proveedor resulte requisito para evaluar el daño punitivo se detiene a analizarlo (conf. “Daños punitivos y factor de atribución. Dos aplicaciones particulares del precedente "Castelli" de la Suprema Corte Bonaerense” por Raschetti, Franco La Ley 09/08/2019, en especial ap. II.2; y tal como se lee en el propio fallo) es que pueda entenderse que el análisis de la conducta del proveedor continúa siendo una pauta esencial para discernir la procedencia de la multa civil.
Así lo ha entendido la Cámara marplatense en la causa Nº167.624 "Taliercio Di Iorio Fiorella C. Telecom Personal S.A. y Buscom S.A. S. Daños y Perjuicios. Incumplimiento Contractual" (disponible en http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp) donde por voto del Dr. Monterisi se sostiene la pertinencia de analizar la conducta del proveedor, más precisamente “la estructura lógica y deóntica del art. 52 bis de la Ley 24.240 lleva a considerar que la aplicación de la sanción depende siempre de algo más que la solitaria exigencia de la ilicitud negocial. Y ese algo más necesariamente ha de ser la valoración crítica que el juez debe efectuar sobre los incumplimientos de la proveedora, tarea para la cual – también necesariamente– debe acudir a un cierto parámetro, criterio o estándar que determina y condiciona [consciente o inconscientemente, expresa o implícitamente] la conclusión decisional que vuelca en su fallo. Por cierto: una valoración exactamente igual a la que la Suprema Corte efectúa sobre la base del comportamiento del Banco Galicia en el mencionado caso “Castelli” al momento de confirmar la multa aplicada por la Cámara bahiense (v. considerando V.1.d. del voto del ministro de Lázzari).” (causa citada apartado III.b).
Sentado lo expuesto cabe revisar la actuación, principalmente, de la concesionaria.
De la escasa prueba reunida en autos no puede extraerse como pretende la parte actora la intención dañosa de duplicar el monto del capital adeudado y que luego sería objeto de financiación. Del hecho que ello haya quedado demostrado a partir de la consideración de las cargas dinámicas de la prueba así como de la falta de acreditación por la demandada de su defensa principal (que se debió a una modificación del precio conocida y aceptada por el consumidor) no puede seguirse que estemos frente a una conducta como la que se entiende necesaria para aplicar la sanción de multa civil.
Por lo demás la conducta de las condenadas se mantuvo coherente antes y durante el proceso sin incurrir en conductas dilatorias que puedan merecer consideración especial a estos fines, tal como se ha reportado en otros antecedentes (esta Cámara expte. 10548, reg. int. 105 (S) del 20/10/2016, ya citado; CCyC MdP Sala III, “Canepa, Luis Alberto c/ Provincia Seguros S.A. S/ Cumplimiento de Contratos” del 31/10/2017). Por el contrario el expediente careció de impulso procesal desde junio de 2014 (f. 381) a junio de 2016 (f. 390) sin que la demora sea imputable a las demandadas y sin que la actora haya sostenido la preocupación que hoy alega al fundar su agravio.
Vale recordar que lo requerido para estimar pertinente la multa “Se trata en los términos que refería el Proyecto de 1998 de una “grave indiferencia” o como refiere Pizarro un “menosprecio del dañador hacia el resultado y por las consecuencias que genera su accionar, aun cuando en el caso concreto pueda no haber mediado beneficio económico derivado del ilícito.” (citado por Picasso, Sebastián en “Ley de Defensa del consumidor comentada y anotada” Picasso, S. y Vázquez Ferreyra A., Ed. La Ley, 2009, p. 602 en nota 1332). Examinándose a tal fin, el proceder del proveedor tanto en forma previa al proceso como durante la tramitación de aquél.”
O como se ha dicho en la jurisprudencia mayoritaria “para la configuración del daño punitivo debe concurrir un elemento subjetivo agravado en la conducta del proveedor de bienes o servicios, que se traduce en culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria o notorio menosprecio por los derechos ajenos, así como un elemento objetivo consistente en un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar (v. CNCom. Sala A, "Emacny S.A. s/ ordinario" S. 9/11/2010, elDial.com AA6880; idem Sala F, "R.S.A. c/ Compañía Financiera Argentina S.A." S. 10-5-2012, elDial.com AA769F y "Murana c/ Peugeot Citroen Argentina S.A." S. 5-6-2012, elDial.com AA792B; idem Sala D, "E.N. c/ Galeno S.A." 28-6-2012 elDial.com AA7AC3; idem Sala C, "P.G.M. c/ Nación Seguros de Vida S.A." S. 11-7-2013, elDial.com AA8856; CNCiv. Sala H, "San Miguel c/ Telecentro S.A." S. 10-12-2012, elDial.com AA7CC9; CNCiv. y Com. Fed. Sala I, "L.M. c/ Edesur S.A." S.
15-7-2014, elDial.com AA8A08; TSJ Córdoba, "Teijeiro c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A." S. 15-4-2014, elDial.com AA8934; Cám. Sexta Civ. y Com. Córdoba, "R.S. c/ Amx Argentina S.A." S. 26-3-2015, elDial.com AA8EA7; Cám. Civ. y Com. Rosario, "Rodríguez c/ AFA" S. 9-4-2013, elDial.com AA80D2; Cám. Civ. y Com. Azul, "Rossi c/ Whirlpool Arg. S.A." S. 11-6-2013, elDial.com AA805D, entre otros).” (citados por Monterisi, conf. causa referida). Con tales parámetros de análisis no puede entenderse que se reporten en el caso los recaudos para la aplicación de la multa civil por lo que se confirma la decisión de grado también en este aspecto.
VI. El restante agravio del actor se detiene a criticar la tasa de interés a la que el juez de grado ordenó liquidar el saldo adeudado; peticiona se haga lugar al apartado de demanda en el que solicitó la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el BCRA vigente a la fecha de celebración del contrato.
Entiendo que el recurso debe admitirse. Es que siendo de aplicación el art. 36 LDC no corresponde que se analice si “lo pactado” es o no razonable pues tal no resulta en realidad un acuerdo válido y de allí que haya sido dejado sin efecto pues se ha estimado que no se cumplió con las reglas propias del sistema protectorio del consumidor, según ya vimos y conforme las reglas citadas. En otras palabras, si hemos entendido violado básicamente el derecho a la información y a partir de allí se consideró que el convenio con la financiera debía revisarse no puede particularizarse como “razonable” una de las cláusulas nacidas bajo el incumplimiento. Las únicas cláusulas que podrían sobrevivir son las que el propio consumidor no ha impugnado, siempre que sobrepasen el tamiz del orden público.
Asimismo entiendo que la integración contractual que el Juez debe efectuar luego de anuladas las cláusulas tiene en el caso de las referidas a los intereses una clara limitación que, nuevamente, obedece al sistema protectorio y procura disuadir al proveedor de servicios financieros (conf. art. 36 LDC).
Es que el legislador fija una tasa de interés baja a sabiendas procurando que el proveedor, conociendo el efecto que la nulidad producirá se abstenga de las conductas que puedan derivar en anulación. De allí que detectado el incumplimiento y decretada la nulidad deba procederse a aplicar la tasa que previó el legislador pues satisface mejor aquella finalidad protectoria de estatura constitucional.
Es decir que en función de la finalidad de la norma (conf. art. 1 CCyC) entre dos interpretaciones posibles sobre cómo integrar el contrato cabe estar a la que por un lado sea más favorable al consumidor y por otro provea las mejores herramientas disuasivas de conductas abusivas por parte del proveedor. En el caso la pretensión del actor es la que mejor atiende ambos aspectos por lo que propicio que la tasa de interés a aplicar sea la establecido por el art. 36 LDC, aspecto en el que propongo se modifique la sentencia de grado.
VII. Quedan por atender los agravios relativos a las costas.
Confirmado el rechazo de la acción respecto de Renault Argentina SA el actor pide se lo exima de las costas conforme el segundo párrafo del art. 68 CPCC. Entiendo que por su especificidad el tema debe analizarse a la luz de los arts. 25 de la ley 13.133 y 53 de la ley 24240 (conf. art. 65 LDC). La primera prescribe “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. El juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes.”
A su turno la norma nacional en la parte pertinente señala que “Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”
Esta Cámara y su antecesora han entendido siempre que la concesión del beneficio de litigar sin gastos – antecedente de su análogo “beneficio de justicia gratuita” del sistema del consumidor- no excluye la imposición de costas al vencido, sino que su efecto radica en la inejecutabilidad al beneficiario, en tanto no varíe su situación patrimonial (CCCyGtías. Penal de Necochea Expte. N° 3876 “Fazzito, Danilo y otros C/ Olanda, Juan y otros s/ Resolución de contrato etc.” reg. int. 887 (S) del 19/12/02; Ídem. reg. int. 09 (S) del 12/2/08; Ídem esta Cámara Expte. 225 “Caputo, Vicente Pablo c/Lofiego, Cristián y/o quien resulte titular dominial s/daños y perjuicios” del 28/04/2009 reg. int. 42 (S)). Tales parámetros son aplicables aquí por lo que puede analizarse si corresponde imponer las costas al actor por la demanda rechazada, aspecto en el que la regla del art. 68 segundo párrafo CPCC es complementaria de la más específica existente en el “Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios” (ley 13.133). En función del segundo apartado de esta última norma y atendiendo que la cuestión relativa a la acción directa contra el concedente resulta, como vimos, un debate álgido en el que se resuelve caso a caso la pertinencia de la legitimación pasiva, estimo más adecuado al sistema protectorio del consumidor la aplicación de las costas por la acción rechazada respecto de Renault Argentina SA en el orden causado.
La segunda cuestión relativa a las costas evidencia sin dudas un error en la sentencia producto de las innumerables tareas que llevan adelante los juzgados de la instancia. Es que habiendo resuelto el Juez admitir la acción y condenar a los vencidos (apartado VI de los considerandos) no puede estimarse sino como un yerro lo consignado en el apartado IV de del “Fallo”, cuestión que bien pudo solucionarse mediante aclaratoria en aquella sede.
Se modifica entonces también ese apartado de la decisión y en consecuencia las costas por la acción que prospera se imponen a las codemandadas vencidas Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. (art. 68 CPCBA).
Con las modificaciones propuestas, voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada la señora jueza doctora Issin votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de grado con las modificaciones relativas a las costas por la acción rechazada respecto de Renault Argentina SA las que se fijan en el orden causado (arts. 25 ley 13.133; 53 ley 24240 y 68 CPCC) y a las costas por la acción que progresa se imponen a las codemandadas vencidas Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. (art. 68 CPCBA).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora jueza doctora Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 24 de septiembre de 2019.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de grado con las modificaciones relativas a las costas por la acción rechazada respecto de Renault Argentina SA las que se fijan en el orden causado (arts. 25 ley 13.133; 53 ley 24240 y 68 CPCC) y a las costas por la acción que prospera las que se imponen a las codemandadas vencidas Francisco O. Díaz S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. (art. 68 CPCBA). Notifíquese a la Señora Fiscal General. Notifíquese personalmente o por cedula (art. 135 CPC). (arts. 47/8 ley 5827). Devuélvase.
Dra. Ana Clara Issin Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia