Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 59634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora a fs. 373/379 por los fundamentos y con los alcances dispuestos en el punto III) y en consecuencia modificar el auto de fs. 362/365, con el resultado que se verá reflejado infra;
2Hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y por su letrado apoderado, por lo que se modifica también en esta parcela el decisorio puesto en crisis, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en el punto IV). Sin costas en alzada, por cuanto las cuestiones relativas a la base regulatoria de los honorarios profesionales o a la cuantía de los mismos no originan una litis incidental, específica generadora de costas con honorarios propios, ( Cám.
Nac. Com. Sala D, 18/2/97, ésta Cámara, Sala I,nº 42153, “Wallace…”, del 22/09/00, nº49947, “Fernandez…”, del 13/02/07, entre otras).-
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1-59634-2014 - "BARRIOS, JUAN RAMON C/ COOPERATIVA FALUCHO DE CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA S/ ESCRITURACION"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Nº Reg. ..............
Nº Folio..............
Azul, 13 de Agosto de 2015
I. Vienen estos autos a la Alzada con motivo de los recursos de apelación incoados, por un lado por el letrado apoderado de la parte actora a fs. 373/379 y fundado a fs. 388/393 contra la resolución de fs. 362/365 que aprueba la estimación y la liquidación practicadas por la contraria a fs. 344, y en la que se regulan honorarios a los letrados y al perito intervinientes en estas actuaciones; y por otro lado, a fs. 366 por el recurso interpuesto por el letrado apoderado de la demandada, por sí y en representación de su cliente, poniendo en crisis igual auto, al estimar bajos los estipendios allí regulados.- Corrido traslado de los fundamentos esgrimidos por la actora en su apelación, los mismos obtuvieron réplica de la contraria a fs. 396/397. Del segundo recurso no se dio traslado, atento a haber sido concedido bajo las normas del art. 57 del Decreto/Ley 8904/77.-
II. En forma previa al análisis de la cuestión sometida a debate, creemos que resulta útil efectuar una somera reseña de las actuaciones aquí allegadas –en lo que merece ser destacado a los fines del recurso en tratamiento- lo que facilitará el abordaje de la apelación en ciernes.- A) Comenzaremos remontándonos a fs. 344, oportunidad en la que el letrado apoderado de la demandada, por sí y en nombre de su mandante, estima el monto del juicio, de conformidad con el art. 27, inc. a) del decreto/ley 8904/77. En ese afán, parte de asignarle determinadas características a la unidad funcional cuya escrituración fue pretendida, y le estipula un valor al metro cuadrado, lo que conduce a un monto total estimado en PESOS UN MILLÓN SETENTA MIL -$1.070.000-. Asimismo, practica liquidación de lo adeudado en autos, de acuerdo a la sentencia dictada, arribando a un total de PESOS QUINIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS -$515,52-.
B) A fs. 345 se confiere traslado de dicha presentación a la totalidad de las partes y profesionales intervinientes, aclarándose que la estimación (del valor del inmueble) serviría de base regulatoria a la escrituración, con cita del art. 27 inc. a) de la ley 8904, y que la liquidación del monto adeudado serviría de base regulatoria a la reconvención por cobro de pesos, con cita del art. 51 de la misma ley. Dicho traslado fue contestado a fs. 348/352vta.
Allí, la parte actora manifiesta “impugno por improcedente y arbitraria la pretensión regulatoria acorde a la liquidación que al efecto practica la cual deviene totalmente infundada, y no ajustada a derecho, solicitando su total desestimación, con costas”. Al fundar su impugnación, efectúa un racconto del proceso, partiendo de consideraciones relativas a la demanda, para luego hacer referencia al conteste, a la reconvención a que dio lugar aquella, más adelante sigue en su análisis refiriéndose a la sentencia de mérito, llegando luego a volcar diferentes conceptos sobre la sentencia dictada por este Tribunal. Acto seguido impugna la liquidación practicada, por cuanto interpreta el letrado que la demanda versaba sobre el cumplimiento de un contrato, por lo cual el monto del juicio no es el importe del mismo, sino el cumplimiento de una obligación de hacer, la que no es susceptible de apreciación pecuniaria, por lo que la regulación debería efectuarse partiendo del art. 16 de la ley arancelaria, y no del art. 46 de igual cuerpo normativo.- C) Acto seguido, a fs. 357 y vta. la demandada contesta traslado de la impugnación impetrada. Solicita el rechazo de la impugnación, por cuanto la misma en rigor no sería tal, sino más bien una queja por el resultado del juicio, por lo resuelto por esta Alzada, haciendo referencia a diferentes cuestiones que no son propias de una impugnación de los parámetros utilizados para liquidar los intereses. Se destaca también que en el escrito en responde tampoco ha sido cuestionado el valor estimado del inmueble cuya escrituración se pretendió, por lo que entiende que el mismo debe ser aprobado, valiéndose de cita jurisprudencial que avala su tesitura.-
D) Arribamos así a la resolución apelada obrante a fs. 362/365. Allí el Sr. Magistrado de la instancia anterior comienza por reseñar las actuaciones, para luego dejar sentado que en el caso es de aplicación el art. 26 de la ley arancelaria, que dispone que debe efectuarse una doble regulación en los casos como el de autos, en el que se dedujeron dos pretensiones, una articulada en la demandada y otra en mediante reconvención.-
En esta inteligencia, se dispone a abordar primeramente la base regulatoria aplicable a la acción de escrituración. En esa faena, determina el Sr. Juez a quo que, a contrario de lo que manifiesta el actor, el art. 46 del decreto/ley 8904/77 recepta específicamente la situación de autos, disponiéndose allí que en los juicios de escrituración debe observarse la norma del art. 27, inc. a) de dicho cuerpo legal. Así, pasa a analizar la norma mentada, concluyendo que el letrado de la demandada siguió tal proceder para estimar el monto del proceso, sin que por ello quepa dejar a un lado el art. 16 de la norma de aranceles, por cuanto regula una cuestión distinta a la base a considerar en el caso. En lo que hace específicamente a la estimación efectuada, coincide con la demandada en que el actor nada manifestó acerca de la misma, por lo que considera adecuada tal justipreciación del inmueble.-
Pasando ahora al análisis de la base a adoptar relativa a la reconvención, concluye el iudicante anterior que del cotejo que hace del cálculo presentado por la demandada con los parámetros del dispositivo sentencial, con más el hecho de que el mismo no fue observado por la actora, es dable resolver su aprobación.-
Por último, y tomando las bases regulatorias antes señaladas, se procede a regular honorarios a los letrados y al perito intervinientes en autos; regulación ésta que debe integrarse con la resolución rectificatoria de fs. 367.-
E) Tal como se anunciara en el apartado I), a fs. 366 el letrado apoderado de la demandada, por ella y por sí, ponen de manifiesto que ha mediado error material en la regulación efectuada. Asimismo, apela los honorarios allí regulados por considerarlos exiguos. Entiende el profesional que cabría invertir los montos de la regulación, para que se vean ajustados al art. 26, toda vez que aquellos fueron adoptados como si la parte actora hubiera sido vencedora en el pleito, cuando en rigor, lo que prosperó fue la excepción de incumplimiento de contrato. Sigue diciendo “Esta parte jamás se opuso a escriturar. Fue la actora la que pretendió hacerlo sin cumplir sus obligaciones recíprocas. Por ello promovió un juicio innecesario y se le impusieron las costas”. Así, como garantía de la percepción de sus emolumentos profesionales, solicita el letrado que se trabe embargo sobre el bien objeto del debate, el que es decretado acto seguido, a fs. 367 y vta., a la vez que se concede el recurso interpuesto en los términos del art. 57 de la ley arancelaria vigente.-
F) A fs. 373/379 la parte actora apela la decisión anteriormente reseñada, trayendo los motivos que fundan su embate a fs. 388/393. En primer orden recusa a los Magistrados integrantes de este Tribunal, para luego presentar los agravios que le importa la resolución puesta en crisis. Refiriéndonos a esto último, comienza su exposición solicitando que sea decretada la nulidad del auto cuya virtualidad se pone en crisis, importando el recurso de apelación el de nulidad –art. 253 del CPCC-. Aduce el recurrente que fue incorrectamente desestimada la impugnación que fuera hecha sobre la liquidación presentada por la contraria, aunque sigue explayándose sobre la imposibilidad, en su criterio, de aplicar el art. 46 del decreto/ley 8904/77, lo que fue considerado a su tiempo para resolver cuál era la base aplicable a la acción de escrituración, confundiendo así las cuestiones.
Insiste con que en el caso la obligación de escriturar implicaría una obligación de hacer no susceptible de apreciación pecuniaria, debiendo aplicarse entonces el art. 16 de la ley arancelaria. Cita jurisprudencia que le resulta afín a su posicionamiento.- Continúa su crítica partiendo del texto del art. 27, inc. a) de la norma antes mentada, en la que expresamente se determina que deberá estarse a la valuación fiscal si los bienes no han sido tasados en autos, para recién luego dar lugar a la estimación que está facultado a practicar el letrado interesado, en caso de considerar a aquella inadecuada al valor real del inmueble. Afirma el quejoso que el Magistrado a quo se hubo manifestado sobre el asunto, sin que exista valuación fiscal en autos, condición previa para que se proceda a la estimación del valor del inmueble.
Sigue afirmando que es otro el supuesto en el que el Juez debe convocar a un perito a que determine dicho valor, conforme el art. 462 del CPCC. Así concluye, apoyándose en un precedente jurisprudencial, que las pericias practicadas en inobservancia del mentado artículo son nulas.- Sigue diciendo que el Juez a quo estimó el valor considerando que la unidad funcional cuenta con 107 metros cuadrados, cuando en rigor la superficie real es de 87 metros cuadrados. Por ello, entiende que la solución para el caso radicaría en la declaración de nulidad del resolutorio cuestionado, en tanto en el mismo se habrían consignado datos falsos que llevan a calcular una base regulatoria incorrecta, tachando a aquél de arbitrario.- Asimismo, afirma que la decisión se funda en el art. 16 de la norma arancelaria, pero sin que se haya brindado una explicación clara, cuestionando también la regulación de honorarios en consideración de la imposición de costas decretada.
En palabras del apelante, “media violación en el procedimiento y de los elementos probatorios de la causa para la determinación de honorarios, conformando para el vencido un indiscutible ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, corresponderá a quien deba actuar, ajustar la causa a derecho, decretando la nulidad e invalidez de las determinaciones practicadas…”.- Por último, y sin perjuicio de lo pretendido, solicita que se dicte un nuevo pronunciamiento por mediar prejuzgamiento por el anterior iudex a quo. No obstante ello, requiere que se aplique la ley 24432, modificatoria del art. 505 del Cód. Civil.-
Dable es decir que en un otro sí digo, extiende el apelante la recusación que hiciera también respecto de los Sres. Magistrados integrantes de la Sala II de esta Cámara, lo que si bien no hace al recurso de marras, es menester señalar.-
G) A fs. 396/397vta. la demandada contesta el traslado del memorial presentado. Allí expone los argumentos por los que resiste el ataque del apelante.-
En primer orden se refiere a la recusación impetrada, la que considera que no puede prosperar.-
En segundo término se aboca a la regulación de honorarios, aduciendo que todos los planteos formulados por la actora deberían haber sido intentados al momento de contestar el traslado que le fuera oportunamente conferido, el que, sin embargo, fue utilizado “para presentar sus quejas relativas a la sentencia dictada, que no apeló ante la Corte”. Entiende que todos los argumentos esgrimidos son tardíos, y por ello deben ser rechazados. Sostiene que la contraria no acompañó cuando se le dio traslado de la estimación la valuación fiscal que erige como condición previa para que se pueda proceder conforme al art. 27, inc. a) de la ley estipendiaria, por lo que el planteo sería extemporáneo. Asimismo, afirma la demandada que el Juez está facultado para pedir la valuación real, como en su criterio efectivamente hizo, y hubiera hecho el letrado de la actora en caso de ganar el juicio. Agrega que la diferencia entre uno y otro valor es abismal, comparándolos. Sigue argumentando que el metraje del inmueble no fue tampoco cuestionado en su debida oportunidad, y aprovecha para explicar por qué adopta la cantidad de 107 metros cuadrados para efectuar su estimación –contempla espacios propios y comunes-.-
En lo atinente a la aplicación de la ley 24432 -y luego de calificar como “reñida con la ética profesional” la actitud del letrado de la contraparte de señalar que existiría un enriquecimiento sin causa del letrado que responde los agravios al pretender cobrar los emolumentos devengados por su actuación en base a la estimación que él practicara y que resultara aprobada en la instancia de origen, sostiene que deviene plenamente aplicable al caso de marras, por ser derecho vigente, y finaliza diciendo que la regulación practicada no supera el porcentaje máximo allí establecido.-
III. Reseñados así los actos procesales que desembocan en los recursos de apelación en ciernes y sucintamente expuestos los agravios presentados, este Tribunal se halla en condiciones de expedirse sobre las diversas cuestiones sometidas a su decisión.-
Previo a ello, es dable aclarar que el planteo recusatorio impetrado por la actora fue conocido por el Tribunal constituido al efecto, el que a fs. 435/437 resolvió desestimar la recusación con causa deducida contra los Magistrados integrantes de esta Cámara de Apelación Departamental, por lo que los suscriptos no encuentran obstáculos para conocer definitivamente en la cuestión aquí traída.-
Sentado lo anterior, es menester ahora ingresar en el tratamiento de la apelación incoada por la parte actora, para luego, dar paso al segundo recurso aquí traído, interpuesto por la contraria.-
A) En primer lugar, y por cuestiones de orden lógico expositivo, nos referiremos al planteo de nulidad con el que el recurrente da inicio a su cuestionamiento, por merecer tal cuestión un abordaje necesariamente previo a toda otra consideración.-
Reconocida doctrina ha afirmado, haciendo exégesis del art. 253 del Código formal que subsume dentro del recurso de apelación al de nulidad, que “Normalmente, la fuente de las nulidades en este terreno la constituye el incumplimiento de los recaudos del art. 163. Las pautas allí vertidas, lejos de consagrar vacías formalidades, se dirigen a plasmar recaudos íntimamente relacionados con el debido proceso: el suficiente fundamento de las sentencias, el principio de congruencia, la identificación de los sujetos procesales, el tratamiento de cuestiones esenciales, la correcta valoración de los hechos, etcétera. Sin embargo, el déficit ha de ser de trascendencia. No basta con el mero incumplimiento sino que hace falta un plus: la existencia de graves consecuencias derivadas del error o la omisión que normalmente se vinculan con una mengua en el derecho de defensa (…) En el mismo escrito y dentro de los mismos plazos previstos para fundar un recurso de apelación, la parte deberá explicitar el vicio formal del fallo, manifestando asimismo cuál es su trascendencia y por qué no puede ser subsanado por la vía apelatoria.
Esto último resulta de gran importancia, ya que se ha dicho que en los casos en que el déficit es reparable por este recurso no prospera la petición nulificante. Se trata de una manifestación del principio de conservación de los actos procesales” (Camps, Carlos E., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, Comentado, Concordado”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, 2da. ed., T. II, pág. 742/743).- En este sentido, citamos un precedente de esta Sala, en el que se expresó acerca de la nulidad de la sentencia que “El vicio que la provoque ha de ser de tal magnitud que por sí mismo ponga en peligro el derecho que asiste al apelante, no bastando por ejemplo la circunstancia de que la motivación del fallo haya sido breve (SCBA 26/9/78, Ac, 20018, DJBA -116- pág. 125), o que existiese una omisión en el pronunciamiento, en cuyo caso no es necesario revocar el fallo, sino suplir la omisión referida, ya que el recurso de nulidad por defecto de sentencia se halla absorbido por el de apelación, por elementales razones de economía procesal.
En suma, no cualquier transgresión a los principios legales en que se basa la sentencia trae aparejada nulidad, en particular cuando la Alzada puede reparar las deficiencias y no se trata de cuestiones fundamentales del litigio (Esta Sala, causas N° 35.159; 35.424; 37.535; 38.657; 38.678, etc…). Cuando los agravios pueden ser reparados por vía de apelación, no corresponde considerar el recurso de nulidad, pues debe estarse al principio de validez del acto jurisdiccional (Conf. C.S.J.N., 30/4/81, E.D. tomo 94, pág. 235; Fenochieto-Bernal-Castro Pigni, “Código Procesal…”, pág. 266/267). Si la omisión que se alega admite ser tratada por el recurso de apelación, corresponde desestimar el planteo de nulidad de la sentencia (art. 253 del C.P.C.C.) y atender las cuestiones que los apelantes señalan como omitidas por la Jueza de grado.” (ver esta Sala, en causa n° 44914, “Banco Comafi S.A.…”, del 16.04.2003, entre otras).-
Con base en las premisas que anteceden, este Tribunal considera que no es dable hacer lugar al pedido de nulidad del pronunciamiento del Magistrado de la instancia anterior, toda vez que no se advierten trasgresiones a aquellas previsiones cuya inobservancia motiva tal declaración.-
B) Sin perjuicio de lo que se dirá en el apartado siguiente, cabe referirnos aquí a la postrera cuestión traída por el apelante, esto es, la aplicación al caso de marras de la ley 24432, modificatoria del art. 505 del Código Civil.-
Relativo a éste tópico, este Tribunal ha dicho en una reciente resolución que “la parte final del art. 505 del Cód. Civil que fuera invocada por el apelante, no contempla pautas regulatorias sino sólo de responsabilidad por el pago de las costas, limitando la misma al 25 % del monto de la sentencia, laudo, transacción, o instrumento que ponga fin al diferendo (PESARESI “Abogado-Honorarios” pub. en SJA 09.07.08; SOSA “Costas. La ley 24.432 y el tope del 25%” pub. en Sup. Act. 09.06.09, 1). Conforme el criterio expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 L.C.T. (de contenido idéntico al incorporado por dicha ley al art. 505 C.C.) limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales (“Abdurraman” del 05.05.09, pub. en L.L. 2009-F, 92)” (esta Sala, en causa n° 60181, “Zampieri…”, del 11.06.2015, entre otras).-
En consecuencia, este agravio no es de recibo, sin perjuicio de señalar que de todos modos quedaría desplazado por los razonamientos que siguen.-
C) En atención a los agravios puntuales que expresa el quejoso, se advierte aquí que existe una especie de confusión argumental en torno a los cuestionamientos que se realizan. En pos de ordenar la discusión, comenzaremos advirtiendo que desde el momento en que se impugna en la instancia anterior la estimación practicada por el letrado de la contraria y la liquidación que formula, la actora cuestiona la aplicación del art. 46 de la ley estipendiaria, en una idea que mantiene al cuestionar el decisorio del Sr. Juez de la instancia anterior. Insiste en que en el caso, y tal como fuera resuelto el mismo, no debe entenderse que medie una obligación de escriturar sino una obligación de hacer, la que no sería susceptible de apreciación pecuniaria, por lo que devendría aplicable el art. 16 de la norma de aranceles.-
Luego de mucho analizar la cuestión, creemos que en una correcta inteligencia del art. 46 de dicha norma -en la que específicamente se prevé la solución para el caso de juicios de escrituración, y en general, para todos aquellos procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, remitiendo al art. 27, inc. a)- no cabría aquí su aplicación.- Ello así por cuanto a lo largo del pleito ha quedado evidenciado que nunca estuvo en discusión el derecho al dominio del inmueble por parte del actor; esto es, la demandada no niega su obligación de escriturar la unidad funcional en favor de su adquirente, sino que supedita ello al previo cumplimiento de las obligaciones asumidas por aquél, siendo éste el sentido de la solución dada al conflicto.-
Nos ilustra Lavié, quien al estudiar a qué tipo de procesos se aplica el art. 46, afirma que “Si bien la normativa se refiere a los juicios de escrituración, y en general, a todos los procesos derivados de compraventa de inmuebles, debe entenderse que no corresponde su aplicación en aquellos procesos en que no se pongan en juego los inmuebles (v.g. su dominio), es decir, cuando se litigue respecto de determinadas prestaciones convenidas contractualmente, conforme a las cláusulas que puede contener el instrumento vinculatorio o cuando se pretendan determinados derechos en función de normas de fondo (v.g. reajuste de saldo de precio sin cuestionarse la titularidad del bien). En estos supuestos habrá de sujetarse a lo que ha sido motivo de litis, no siendo adecuado recurrir al valor del bien, pues como lo señaláramos, para ello debe estar controvertida la consolidación o ingreso del mismo al patrimonio de las partes” (Lavié, Juan Manuel (h), “Honorarios de abogados y procuradores. Ley 8904”, Zavalía, Buenos Aires, 1991, pág. 340).-
Es por lo expuesto que, atento a las particularidades del caso, debe aplicarse el art. 16 del cuerpo normativo de estipendios para justipreciar las labores desarrolladas en autos por los profesionales. En tal sentido, si bien no pueden perderse totalmente de vista las características del bien objeto de la escrituración, cobran mayor relevancia otros parámetros, tales como la complejidad de la cuestión planteada y el consecuente esfuerzo que ello insume a los profesionales (inc. “d” de la norma citada).- En el caso de autos, teniendo en cuenta la entidad de las cuestiones debatidas –que queda reflejada en las sentencias definitivas de ambas instancias, a las que remitimos- y la consecuente tarea profesional desplegada, se estima prudente y equitativo aplicar analógicamente los montos mínimos que el legislador ha previsto en el art. 9 de la ley arancelaria para los procesos de conocimiento que ha considerado de mayor complejidad. Sin embargo, también se estima prudente incrementar ese monto teniendo en cuenta la complejidad de lo debatido en autos y que esa pauta legal está referida al honorario “mínimo”.-
D) Las consideraciones vertidas en el parágrafo anterior hacen que se vean desplazadas todas las demás cuestiones traídas por el apelante a esta Alzada pues estaban básicamente referidas al procedimiento empleado para la estimación del valor del inmueble, motivo por el cual no se dará tratamiento a las mismas ni se emitirá opinión acerca de si eran cuestiones susceptibles de ser traídas a través de la apelación.
IV. Nos abocaremos ahora al abordaje del recurso interpuesto por el letrado de la demandada.-
En el apartado II – E) supra expuesto, fueron reseñados los agravios del aquí recurrente. Al respecto, es dable observar que al contestar demanda la “Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda.” –fs. 73/78vta.- no se opuso en términos absolutos a la escrituración, sino que afirmó que extendería la escritura traslativa de dominio una vez que el actor le abonara lo debido en concepto de pago del impuesto inmobiliario devengado durante el período anterior a la subdivisión. A renglón seguido, y para despejar toda duda, la accionada manifestó que oponía al progreso de la acción la excepción de incumplimiento de contrato prevista en los arts. 510 y 1201 del Código Civil, defensa que –según sus propios términos- era opuesta en forma dilatoria y transitoria hasta tanto el actor diera cumplimiento a su recíproca obligación.
Sobre estas bases resulta claro que, dictada la sentencia de primera instancia, a la demandada no la agraviaba la condena a escriturar en sí misma, sino el rechazo de la excepción dilatoria de incumplimiento de contrato, máxime teniendo en cuenta que la reconvención había prosperado. Así fue expresamente aclarado por esa parte en el primer párrafo del acápite II de su expresión de agravios -fs. 317-.
En la sentencia de esta Sala –a cuyos íntegros fundamentos remitimos en honor a la brevedad- se entendió que la excepción de incumplimiento era procedente. Ello condujo, naturalmente, a mantener la condena a escriturar, pero ordenándose que las obligaciones de ambas partes se cumplan en el mismo acto, es decir, en el momento de la escrituración. A su vez, este Tribunal entendió que la admisión de la excepción de incumplimiento importaba una modificación de la sentencia de primera instancia que imponía la adecuación oficiosa de las costas por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., al margen de que la demandada también lo había solicitado en el petitorio de su expresión de agravios –fs. 320-. Entendemos que esta solución es de toda justicia, porque si bien es cierto que esta Sala mantuvo incólume la obligación de escriturar, no es lo mismo sostener que la negativa a escriturar fue injustificada –tal el razonamiento de primera instancia- o que fue justificada por el incumplimiento de la otra parte –este fue el razonamiento seguido por esta Sala-. Este aspecto del decisorio fue además fundado en un precedente de este mismo tribunal (causa n° 44.074, “Figueroa”, del 16.07.2002) y es la solución propugnada por destacada doctrina (Nicolau, Noemí L., “Fundamentos de Derecho Contractual”, La Ley, 2009, T. I, pág. 348).-
Así entendida la cuestión, creemos que es dable acoger el agravio propuesto por el aquí apelante, y modificar los emolumentos regulados conforme fuera peticionado, siguiendo la interpretación antes expuesta, lo que verá su concreción en la parte resolutiva del presente auto interlocutorio.-
Por todo ello, se Resuelve: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora a fs. 373/379 por los fundamentos y con los alcances dispuestos en el punto III) y en consecuencia modificar el auto de fs. 362/365, con el resultado que se verá reflejado infra; 2) Hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y por su letrado apoderado, por lo que se modifica también en esta parcela el decisorio puesto en crisis, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en el punto IV). Sin costas en alzada, por cuanto las cuestiones relativas a la base regulatoria de los honorarios profesionales o a la cuantía de los mismos no originan una litis incidental, específica generadora de costas con honorarios propios, ( Cám.
Nac. Com. Sala D, 18/2/97, ésta Cámara, Sala I,nº 42153, “Wallace…”, del 22/09/00, nº49947, “Fernandez…”, del 13/02/07, entre otras).- Notifíquese y regístrese, 3) En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y de acuerdo a lo normado por los arts. 9, 15, 16, 21, 26, 28 y ccdtes. de la Ley 8904, corresponde modificar y confirmar los honorarios regulados a fs. 362/365 de la siguiente manera: por la acción de escrituración que prosperó –con las salvedades efectuadas-, partiendo de lo expuesto en el apartado III – C) de la presente, y en consideración del valor del ius arancelario conforme Acuerdo SCBA 3748/15, se regulan a favor del Dr….., apoderado de la accionante, la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE ($ 38112.-), y al Dr……, apoderado de la parte demandada, la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 47640.-); por la reconvención deducida por cobro de pesos que también prosperó, y tomando como base la liquidación aprobada, que asciende a $ 515, 52, se confirman los honorarios regulados en la instancia anterior, correspondiendo al Dr…. la suma de PESOS SETENTA ($ 70.-) y al Dr…… la suma de PESOS CIEN ($ 100.-).
Al igual que los anteriores también se confirman los honorarios del perito interviniente … en la suma de PESOS SESENTA ($ 60.-); por la excepción de prescripción interpuesta por la actora a la reconvención deducida y que fuera admitida parcialmente, también aquí se confirma la regulación efectuada, correspondiéndole al Dr….. la suma de PESOS VEINTE ($ 20.-), y al Dr….. la suma de PESOS QUINCE ($ 15.-); y fijar los emolumentos por los trabajos resueltos en Alzada a fs. 330/339 (art. 31 de la ley 8904) de la siguiente manera: al Dr……., la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 7.620.-), y al Dr….., la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 9.530.-), más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 8455 y 10268 e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos).- Notifíquese y devuélvase.- En cuanto a la regulación de los honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la ley 8904.-
Ricardo César Bagú Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ante mi Yamila Carrasco Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia