Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 63.483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI)
Suspender el plazo para dictar sentencia que surge del sorteo practicado a fs. 256 (art. 34 inc. 3 apartado c) del C.P.C.C.). II) Desestimar la alegación de hechos sobrevinientes formulada por la actora a fs. 221, y correr traslado a la demandada del hecho nuevo alegado por la actora mediante escrito electrónico de fecha 07.06.2018 a los solos fines de neutralizar la carga recursiva de su contrario (conf. apartado IV.b), por el término de cinco días. Contestado dicho traslado se evaluará la necesidad de abrir la causa a prueba en la alzada a fin de proceder a recibir la prueba ofrecida en esa oportunidad (arts. 34, 36, 255 inc. 5to. apartado a, 256, 272 y conc. del C.P.C.C.).
Causa Nº 1-63483-2018 - "LOPEZ MONICA ELISABET C/ BLANCO MIRTA GLADYS S/RESOLUCION CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES(7)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Nº Reg. 342 Nº Folio 1010 Azul, 2 de Noviembre de 2018
I. Atento lo que se resolverá a continuación, suspéndase el plazo para dictar sentencia que surge del sorteo practicado a fs. 256 (art. 34 inc. 3 apartado c) del C.P.C.C.).
II. Luego de una detenida compulsa de las actuaciones se advierte que en autos se presenta una situación procesal muy compleja y atípica, que requiere el dictado de una resolución saneatoria y ordenatoria (arts. 34 inc. 5to. apartado b) y 36 del C.P.C.C.). En efecto, a fs. 194/205 se dictó sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la demanda de resolución contractual deducida por la parte actora. Como consecuencia de ello, se dispuso que las partes deberán restituirse mutuamente los inmuebles permutados, y se hizo lugar parcialmente a distintos daños y perjuicios reclamados por la parte actora. Dicho decisorio fue apelado a fs. 212 por la parte demandada. Recibidos los autos en esta instancia expresó agravios a fs. 236/244, recibiendo respuesta a fs. 246/253.
La parte actora, por el contrario, consintió de manera expresa la sentencia definitiva de primera instancia (fs. 206).
Sin embargo, existen tres presentaciones de la parte actora, todas posteriores a la sentencia de primera instancia y al consentimiento que esa parte había expresado a fs. 206, que dan lugar a la compleja situación procesal a la que antes hacíamos referencia.
En efecto:
a) A fs. 221, mediante escrito de fecha 13.03.2018, la parte actora manifestó, invocando los arts. 163 inc. 6 apartado 2 y 34 inc. 5 del C.P.C.C., que con posterioridad a consentir la sentencia tomó conocimiento de que el inmueble que ella había entregado en permuta –ubicado en calle Ezeiza 703 de la ciudad de Tandil- había acumulado nuevas deudas en concepto de impuestos y tasas municipales, lo cual surgiría de la documentación que adjunta a fs. 216/220. A razón de ello, solicitó que los nuevos montos “sean (…) considerados como parte integrativa de la liquidación de la sentencia”.
Esa presentación fue proveída a fs. 226vta. 2do. párrafo, donde el “a quo” afirmó que su actuación posterior a la sentencia quedaba circunscripta a lo dispuesto en el art. 166 del C.P.C.C., por lo cual dicha petición debía ser objeto de consideración, en su caso, por este tribunal.
b) Mediante escrito electrónico de fecha 07.06.2018 la parte actora manifestó, bajo el título de “Nuevos hechos”, que en la madrugada del 31 de mayo explotó el termotanque de la vivienda que ella habita junto a su familia. Con el objeto de corroborar “tales daños” ofreció el testimonio del Sr. Matías Tolosa (pareja de la hija de la actora, que en ese momento se encontraba en la vivienda) y fotografías adjuntas en formato PDF.
Esta nueva presentación fue proveída por el magistrado de la instancia de origen a fs. 231, donde volvió a decir que la cuestión planteada excedía su competencia y debería ser eventualmente analizada por esta alzada. También hizo constar que el archivo adjunto al escrito electrónico se encuentra vacío, no conteniendo las fotografías a las que se hace referencia.
c) Finalmente, en oportunidad de contestar los agravios vertidos por la parte demandada, la actora –en cuanto aquí interesa destacar- retomó los dos “hechos sobrevinientes de naturaleza modificatoria posteriores a la sentencia” que había planteado en las dos presentaciones antedichas (fs. 246/253, especialmente fs. 252, apartados 2 y 3).
En relación a la actualización de la deuda de Arba y tasas municipales no añadió nada nuevo. En relación a la explosión del termotanque, la trajo a colación para solicitar un incremento en el daño moral. Reiteró el ofrecimiento como testigo del Sr. Matías Tolosa, y añadió el de su hija Srta. Daiana Flores.
Es dable abrir un paréntesis para aclarar que si bien parecería que hay un error de impresión o un faltante de hojas entre fs. 252vta. y 253, compulsado el mismo escrito en soporte electrónico se advierte que éste también adolece de igual déficit, por lo cual se trata de un error de redacción –que se repiten en varios de los escritos de la parte actora, haciendo muy dificultosa su interpretación y lectura- y no de impresión.
Ese pasaje de la contestación a la expresión de agravios no fue objeto de un proveído específico, ya que a fs. 254 se dictó un despacho de presidencia de este tribunal en el que simplemente se tuvo por contestados los agravios y se pasó autos para sentencia. Más adelante se comprenderá por qué se actuó de ese modo.
III. El proceder seguido por la parte actora en estos autos, y más específicamente a través de las tres presentaciones antedichas, nos remite primeramente al art. 272 del C.P.C.C., el cual dice así: “Poderes del Tribunal. El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.” (el destacado nos pertenece).
La primera parte de la norma se refiere a una de las especiales connotaciones que tiene el principio de congruencia aplicado a la alzada en nuestro sistema procesal, disponiendo que ésta no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez de primera instancia (véase Azpelicueta-Tessone, “La Alzada. Poderes y deberes”, Librería Editora Platense, pág. 161 y sig.).
Sin embargo, la segunda parte de la norma, que es la que aquí especialmente interesa, sienta una excepción a dicho principio, disponiendo que la Cámara “deberá” resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. De este modo, y conforme lo explican los autores antes citados bajo el ilustrativo título de “Ampliaciones del objeto mediato de la pretensión”, quedan fuera del marco de los capítulos no propuestos al inferior ciertas ampliaciones del objeto mediato de la pretensión y sus accesorios (Azpelicueta-Tessone, “La Alzada…”, cit., pág. 185 y sig.; véase también Hitters, “Técnica de los recursos ordinarios”, Librería Editora Platense 2da. edición, págs. 415 a 418; Fenochietto-Arazi, “Código…”, Astrea, T. I, pág. 960; Quadri, “Los recursos ordinarios en el proceso civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Abeledo Perrot, págs. 415/417; Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Astrea, T. 1, págs. 198/200). Como bien aclara Quadri en la obra citada, la posibilidad que brinda la norma armoniza con la del art. 163 inc. 6° del C.P.C.C. –es decir, la norma citada por la actora a fs. 221-, en tanto dispone que la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido oportunamente invocados como hechos nuevos, aplicable en la Alzada por remisión del art. 164 del mismo cuerpo legal.
Ahora bien, la simple lectura de la norma en cuestión (es decir, la segunda parte del art. 272 del C.P.C.C.) revela que ésta es muy escueta en su contenido, y da lugar a ciertos interrogantes a los que debe buscarse respuesta en la misma norma o mediante su integración con otras.
Un primer interrogante es qué cuestiones pueden ser llevadas al conocimiento de la alzada a través de esta vía.
Esta pregunta sí encuentra respuesta en el propio texto de la norma. En efecto, tal como lo explican Azpelicueta y Tessone, la fórmula empleada en la última parte de precepto puede ser utilizada con múltiples propósitos, aunque siempre en aras a lograr una ampliación del objeto mediato de la pretensión. En primer lugar, permite engrosar la cuantía de lo reclamado como consecuencia del vencimiento de nuevos plazos o cuotas de la obligación que funda la pretensión, ocurrido con posterioridad a la sentencia apelada. También puede ser una vía idónea para reclamar los intereses y frutos devengados o producidos luego que recae el fallo de primera instancia (aunque ello no es necesario cuando la sentencia apelada dispone que los intereses se devengarán hasta el efectivo pago) y los daños sucesivos y progresivos. Por último, la ampliación del objeto mediato también puede fundarse en un hecho nuevo, bien que respetando la causa originaria de la pretensión –vgr. un daño sobreviniente-, en cuyo caso la ampliación deberá encauzarse primeramente mediante el procedimiento previsto en el art. 255 del C.P.C.C. a fin de alegar y probar el hecho nuevo en cuestión (“La Alzada…”, cit., págs. 186/187). Es importante prestar atención a esta referencia al art. 255 del C.P.C.C. pues luego volveremos sobre dicha norma.
Un segundo interrogante es quién puede llevar esas cuestiones a conocimiento de la alzada, y el mismo se torna especialmente crítico en el caso que nos ocupa, ya que –como vimos- la parte actora había consentido la sentencia, es decir, no es la apelante. Como punto de partida, resulta claro que el art. 272 del C.P.C.C. no autoriza al organismo de Alzada a pronunciarse de oficio sobre las cuestiones no propuestas a decisión del juez de primera instancia, pero derivadas de hechos posteriores a la sentencia dictada por éste, sino que supone que el litigante interesado en que tales cuestiones se resuelvan las haya planteado ante el tribunal (S.C.B.A., “Vargas, José M. y otra c/ Alí, Carlos”, del 28.11.78., AyS, 1978-III, pág. 567 y sig., citado por Highton-Areán, “Código…”, T. 5, pág. 356 y por Azpelicueta-Tessone, “La Alzada…”, pág. 188, entre otros).
Ahora bien, la cuestión no concluye allí, porque en el sub-lite –y a diferencia del precedente fallado por la Excma. S.C.B.A., en el cual había apelado una parte y la Cámara aplicó de oficio el art. 272 del C.P.C.C. en perjuicio del único apelante- sí existe un pedido de parte, pero se da la particularidad de que la parte que formula el pedido no es la que apeló. En la obra de Hitters se da expresa respuesta a este interrogante, diciendo que la segunda instancia está habilitada para resolver sobre los intereses, daños y perjuicios y cualquier otra cuestión conexa con el planteo liminar que hayan aparecido con posterioridad al fallo de primera instancia “… siempre que hubieren sido planteados por el quejoso al fundamentar el recurso.” (“Técnica…”, cit., pág. 418). De este modo, queda claro que quien puede llevar estas cuestiones a conocimiento del tribunal de alzada es únicamente el apelante. Y ello parece de toda lógica si tenemos en cuenta que lo que se persigue con la vía del art. 272 es una ampliación del objeto mediato de la pretensión, es decir, una modificación del decisorio en favor de quien formula el pedido, por lo que parece claro que no podría instar tal aumento quien no apeló, ya que ello podría conducir a una reformatio in pejus respecto a quien sí lo hizo (de la lectura del precedente de la Excma. S.C.B.A. antes citado surge que este argumento había sido esgrimido por el recurrente, y si bien el tribunal no lo hizo suyo de manera expresa –ya que merituó que no había petición de parte- tampoco lo desestimó, como si hizo con otra alegación que sí consideró infundada).
Por lo demás, esa conclusión se robustece si tenemos en cuenta que en nuestro sistema no existe la apelación adhesiva, de modo que la parte a la que la sentencia no le resultó totalmente favorable no puede “aprovechar” el recurso incoado por la contraria para expresar su propia disconformidad con el decisorio apelado y así lograr una modificación en su beneficio (puede verse in extenso el excelente trabajo de Camps, Carlos “Apelación adhesiva y reversión de jurisdicción”, JA, 4, 2015-IV, pág. 10 y sig.; esta Sala, causa n° 62.305, “Rothstein”, del 31.10.2017, entre muchas otras). Por último, es interesante observar que este segundo interrogante al que intentamos dar respuesta también se plantea respecto a la alegación de hechos nuevos ante la alzada (art. 255 del C.P.C.C. inc. 5to. apartado a) del C.P.C.C.), ya que en la doctrina autoral se discute si la alegación del hecho nuevo corresponde -de modo indiferente- tanto a quien ostente en el proceso calidad de apelante como de apelado (esta Sala, causa n° 58.872, “Moccio”, del 19.06.2014, con cita de Azpelicueta-Tessone, Hitters, Rivas y Quadri).
Antes de seguir avanzando, es importante abrir un paréntesis para recordar que el art. 255 del C.P.C.C. tiene un punto de contacto muy claro con el art. 272 del mismo Código, ya que, como vimos antes – siguiendo a Azpelicueta y Tessone-, si la ampliación del objeto mediato de la pretensión (art. 272) se funda en un hecho nuevo, bien que respetando la causa originaria de la pretensión –vgr. un daño sobreviniente-, la ampliación deberá encauzarse primeramente mediante el procedimiento previsto en el art. 255 del C.P.C.C. a fin de alegar y probar el hecho nuevo en cuestión (“La Alzada…”, cit., págs. 186/187). Sin embargo, ambas normas también tienen una clara diferencia, pues sólo recurrirá al art. 272 quien pretenda una ampliación del objeto mediato de la pretensión, mientras que la alegación de un hecho nuevo ante la Cámara también puede obedecer a una estrategia defensiva por parte de quien no apeló (como sería, por ejemplo, alegar que la incapacidad física derivada de un hecho ilícito se ha agravado para que no prospere el recurso incoado por la contraria por el cual se pretende la reducción del monto otorgado para su reparación).
Pues bien, volviendo a la obra de Hitters, el autor comparte la postura de Colombo, quien entiende que ambas partes pueden invocar el hecho nuevo ante la Alzada pues el art. 260 del C.P.C.C.N. (255 del C.P.C.C.) habla de “partes” sin ningún tipo de distinción, a lo que se suma el principio de igualdad de los justiciables. Sin embargo –advierte Hitters- no se puede olvidar la existencia de la prohibición de la reformatio in pejus (“Técnica…”, cit., pág. 487). Ello permite concluir que si al apelado se le reconoce la posibilidad de alegar hechos nuevos ante la alzada en los términos del art. 255 del C.P.C.C. pero a condición de que ello no derive en una reformatio in pejus –en postura que compartimos-, con mayor motivo le ha de estar vedado recurrir a la vía del art. 272 del mismo Código para lograr una ampliación del objeto mediato de la pretensión, es decir, una modificación del decisorio en su beneficio.
El tercer interrogante es cuál es la oportunidad procesal para deducir la pretensión de ampliación del objeto mediato de la pretensión en los términos del art. 272 segunda parte del C.P.C.C., ya que la norma nada dispone sobre el particular.
Como antes vimos, Hitters afirma que la aludida pretensión debe ser incoada por el quejoso “… al fundamentar el recurso.” (“Técnica…”, cit., pág. 418), por lo que parece claro que esa es la oportunidad procesal para hacerlo.
Se podría presentar alguna duda –que no tiene trascendencia en el caso de autos- cuando, conforme lo entienden Azpelicueta y Tessone, la ampliación deba encauzarse primeramente mediante el procedimiento previsto en el art. 255 del C.P.C.C. a fin de alegar y probar el hecho nuevo (“La Alzada…”, cit., págs. 186/187). Decimos que en este caso se podría presentar alguna duda porque el plazo para expresar agravios es de diez o cinco días según se trate de proceso ordinario o sumario (art. 254 del C.P.C.C.), pero es de cinco días –sin distinciones- para alegar hechos nuevos ante la Alzada (art. 255 del mismo cuerpo legal). Finalmente, no corresponde preguntarse cuál es la oportunidad procesal para que quien no apeló solicite la ampliación del objeto mediato de la pretensión en los términos del art. 272 del C.P.C.C., ya que –conforme concluimos antes- quien no dedujo su propia apelación no puede acudir a la vía prevista en dicha norma. En cambio, si se admite que quien no apeló alegue hechos nuevos ante la Cámara en los términos del art. 255 inc. 5 apartado a) del C.P.C.C. –postura que, como ya hemos dicho, compartimos-, la misma norma es clara al disponer que el pedido debe ser efectuado por “las partes” dentro del quinto día del llamado a expresar agravios.
IV. Llegados a este punto, es necesario analizar las tres presentaciones de la actora a las que hicimos referencia en el apartado II) de esta resolución, “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 inc. 6 primer párrafo del C.P.C.C.), para lo cual nos valdremos del análisis efectuado en el apartado anterior.
a) En cuanto a la presentación efectuada en la instancia de origen a fs. 221, resulta claro que con ella sólo se pretende una ampliación del objeto mediato de la pretensión en los términos del art. 272 segunda parte del C.P.C.C., fundada en supuestas nuevas deudas que en concepto de impuestos y tasas municipales habría acumulado el inmueble entregado en permuta a la demandada. Ello se corrobora con la lectura del escrito de contestación de los agravios, donde el tema se retoma a esos mismos fines (ver especialmente fs. 252).
Así las cosas, cabe concluir que si bien esa temática podría haber sido traída a esta alzada por la vía antedicha ya que se trataría de nuevos vencimientos de una obligación periódica, obsta a ello la circunstancia de que la actora no apeló la sentencia, por lo que de prosperar el planteo conduciría a una reforma en perjuicio del único apelante.
b) Respecto a la pretensión efectuada en la instancia de origen mediante escrito electrónico de fecha 07.06.2018, titulado “Nuevos hechos” y referido a la supuesta explosión del termotanque en la madrugada del 31 de mayo del año en curso, en ese escrito no se peticiona nada concreto, sino que se describe el hecho y se ofrece prueba para acreditarlo. Sin embargo, este episodio también es retomado en la contestación a la expresión de agravios para solicitar un incremento del daño moral (fs. 252 y vta.).
Así las cosas, cabe concluir que si bien esa temática podría haber sido traída a esta alzada por la vía del art. 272 del C.P.C.C. ya que se trataría de un hecho nuevo (daño sobreviniente) vinculado a la causa originaria de la pretensión (los defectos de construcción de la vivienda recibida en permuta), nuevamente obsta a ello la circunstancia de que la actora no apeló la sentencia, por lo que de prosperar el planteo conduciría a una reforma en perjuicio del único apelante. Sin embargo, y a diferencia del hecho anterior (la acumulación de nuevas deudas), es innegable que este segundo hecho (la explosión del termotanque) no sólo podría haber servido de sustento para lograr una ampliación del objeto mediato de la pretensión (art. 272 del C.P.C.C.) a través del incremente del daño moral, sino que también es pertinente para –en palabras de Hitters- “neutralizar la carga recursiva de su contrario” (“Técnica…”, cit., pág. 487). Así las cosas, y conforme la posición autoral a la que adherimos más arriba, debe permitirse a quien no apeló alegar y probar el hecho nuevo en los términos del art. 255 inc. 5) apartado a) del C.P.C.C.
Ahora bien, las complejas particularidades del caso de autos nos enfrentan a una nueva dificultad, ya que la actora no alegó el hecho nuevo en la oportunidad prevista en el art. 255 del C.P.C.C., es decir, al ser notificada del llamado a expresar agravios dispuesto a fs. 235, sino que lo hizo antes (en primera instancia, al presentar el escrito electrónico de fecha 07.06.2018) y después (en esta instancia, al contestar los agravios expresados por la demandada).
Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a esta cuestión, y en especial a las expresiones de agravios “prematuras”, en distintos precedentes. Afirmamos en esas ocasiones que conforme lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “…el art. 254 del mismo ordenamiento edicta, refiriéndose al momento en que el expediente llegue a la alzada, que el apelante debe expresar agravios, obviamente aludiendo a ese momento procesal, esto es, cuando las actuaciones están en la Cámara, y no antes ni después…” (S.C.B.A., C 102.827, “Argentini de Caniglia, Silvia y otro c/ Baccetti Alberto Damián, Daños y Perjuicios”, del 14/09/2011, voto del Dr. Hitters; esta Sala, causas n° 55.961, “Rodríguez”, 15.11.2001; n° 55.902, “Daneri”, del 17.11.2011; n° 56.957, “Man”, del 21.08.2012). Sin embargo, partiendo de la base de que las presentaciones prematuras –a diferencia de las tardíasno son por regla ineficaces (doctr. art. 135 inc. 11 del C.P.C.C.), frente a dichos supuestos este tribunal ha advertido la situación y convocado al apelante a expresar agravios nuevamente en la alzada (véase despacho de presidencia del 29.04.2016 en causa n° 61.172, “Pereira”).
Entendemos que esa solución –es decir, llamar a expresar agravios en Cámara a quien lo hizo prematuramente en la instancia de origen- es aplicable, mutatis mutandi, a quien se propuso alegar un hecho nuevo ante la alzada en los términos del art. 255 inc. 5 apartado a) del C.P.C.C., pero lo hizo antes de la oportunidad que la misma norma establece. Sin embargo, en el caso de autos no se procedió de tal modo, ya que al llamar a expresar agravios (fs. 235) sólo hicimos referencia al apelante de fs. 212 (es decir, la demandada), sin advertir que también debía convocarse a la actora (no apelante) a reeditar la alegación del hecho nuevo y el consecuente ofrecimiento de prueba.
Frente a este escenario, si bien en principio correspondería dictar un despacho saneatorio a esos fines (doctr. art. 34 inc. 5to. apartado b) del C.P.C.C.), entendemos que ello resultaría sobreabundante y contrario a los principios de economía y celeridad procesal, teniendo en cuenta que la actora ratificó la alegación del hecho nuevo y el ofrecimiento de prueba en oportunidad de contestar los agravios vertidos por la contraria. De modo que si bien dicha presentación no resultaría por sí misma eficaz –por ser tardía-, sí puede ser tomada como ratificación de su antecesora, que había resultado prematura.
Por todo lo expuesto, concluimos que corresponde desestimar la alegación de hechos sobrevinientes formulada a fs. 221, y correr traslado a la demandada del hecho nuevo alegado mediante escrito electrónico de fecha 07.06.2018, por el término de cinco días. Contestado dicho traslado se evaluará la necesidad de abrir la causa a prueba en la alzada a fin de proceder a recibir la prueba ofrecida en esa oportunidad (arts. 34, 36, 255 inc. 5to. apartado a, 256, 272 y conc. del C.P.C.C.).
Por todo lo expuesto, se
I)
Suspender el plazo para dictar sentencia que surge del sorteo practicado a fs. 256 (art. 34 inc. 3 apartado c) del C.P.C.C.). II) Desestimar la alegación de hechos sobrevinientes formulada por la actora a fs. 221, y correr traslado a la demandada del hecho nuevo alegado por la actora mediante escrito electrónico de fecha 07.06.2018 a los solos fines de neutralizar la carga recursiva de su contrario (conf. apartado IV.b), por el término de cinco días. Contestado dicho traslado se evaluará la necesidad de abrir la causa a prueba en la alzada a fin de proceder a recibir la prueba ofrecida en esa oportunidad (arts. 34, 36, 255 inc. 5to. apartado a, 256, 272 y conc. del C.P.C.C.). Regístrese y Notifíquese.-
Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ante mi Yamila Carrasco Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia