Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 64.789
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto con fecha 23.05.19;
2Con costas a la apelante perdidosa (art. 68 y 69 del C.P.C.C.);
3En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y de acuerdo a lo normado por el art. 31 de la Ley 14.967, corresponde regular los honorarios de alzada por presentación electrónica de fecha 11.06.19 al Dr. RENZO SABATO, en la suma equivalente a 3,76 jus (art. 31 in fine Ley N° 14.967); con más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 8455 y 10268 e I.V.A. en caso de corresponder). En cuanto a las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la Ley 14.967.-
1-64789-2019 - "ELBEY ALICIA MONICA C/ CABALLERO JUAN PEDRO Y OTRO/A S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Nº Reg. 318 ..............
Nº Folio 987..............
Azul, 5......... de Septiembre de 2019 .-
I. Arriban estos autos a la Alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora – su letrado invocando la franquicia prevista por el Art. 48 CPCC- mediante presentación electrónica de fecha 23.05.19, contra el auto de fs. 33/34 que denegó la homologación del convenio de desocupación acompañado. El recurso fue interpuesto a fs. 38 y fundado electrónicamente el día 11.06.19.-
II. Para adentrarnos al tratamiento del recurso traído a juzgamiento hemos de señalar que conforme surge de la compulsa de las actuaciones, la peticionante acompañó junto al pedido de homologación el contrato de locación y el convenio de desocupación oportunamente suscripto con sus locatarios el 01.12.2017 y 20.12.2017 respectivamente (fs. 9/11 con copias).- A fs. 13 se la tuvo por presentada y se dispuso la notificación a los Sres. Juan Pedro Caballero y Yessica Soledad Milone Romero – locatarioscitándolos a reconocer firma bajo apercibimiento de proceder a la homologación. Luego de algunas diligencias, tal citación se tuvieron por cumplimentadas a fs. 29/31 vta y a fs. 32 se procedió a la homologación solicitada, regulándose los honorarios profesionales.-
Sin embargo, a fs. 33/34 acompañados que fueron los comprobantes de cumplimiento de las cargas previsionales e impositivas, la Juez a quo procedió a dejar sin efecto la resolución homologatoria de fs. 32. Para así decidir advirtió primeramente que el auto no se encontraba firme por no haber sido notificado a la actora y que el caso se marras se encuadraba normativamente en las previsiones del Código Civil y Comercial. A partir de allí expresó que la mentada homologación obedeció a un error de su judicatura, correspondiendo se corrección. Ello pues la ley 26994 derogó la vieja ley de locaciones urbanas –n° 21342- que preveía la figura del convenio de desocupación, por lo que la homologación solicitada en el marco de autos nunca pudo tener acogida.-
Como corolario, dejó sin efecto el auto homologatorio, rechazó la pretensión e impuso las costas a la parte actora. Contra dicha resolución se levanta la actora.-
III. Funda su embate recursivo en que la interpretación hecha por la juez a quo resulta demasiado rigurosa y alejada de los usos sociales. Entendiendo que no existe prohibición legal para la celebración de tales acuerdos. Agregando que su celebración fue posterior a la suscripción del contrato de locación, basándose en la inexistencia de prohibición legal y en los usos y costumbres en este tipo de relaciones. Por último agrega que se cumplió con la notificación a los demandados no habiendo sido resistida por éstos.-
IV. Sin perjuicio de la motivación que seguidamente se ensayará, cabe adelantar la suerte adversa de la apelación intentada.-
Esta Alzada se ha expedido en reiteradas ocasiones respecto de los procesos de jurisdicción voluntaria, dentro de los que se enmarcan las pretensiones homologatorias. Así oportunamente hemos sostenido “el presente pedido de homologación de contrato resulta ser un trámite de aquellos denominados “procesos de jurisdicción voluntaria” que ha sido receptado en el C.P.C.C. Efectivamente, el art. 823 y siguientes del código procesal prevé un conjunto de normas que resultan de aplicación subsidiaria, dado que no se está ante una controversia generada por una pretensión contradicha o resistida, sino frente a una simple solicitud o petición judicial que ha de tramitar en la forma prevista en los incisos 1 a 3 de la citada norma (…)”(Esta Sala causa n°61045 “Estaca Pampa SA” del 05.04.16 y sus citas). Remarcando en la misma oportunidad su carácter excepcional, pues “se encuentran una valla insalvable en el principio que impide a los jueces formular declaraciones abstractas, sino por el contrario resolver los conflictos actuales y pendientes de las partes (S.C.B.A., 27.05.80 D.J.B.A. 119-810). Se recordará que la función jurisdiccional tiene como finalidad asegurar la justicia, la paz social y demás valores jurídicos mediante la aplicación eventualmente coercible del derecho y requiere la existencia de una litis, de un conflicto, de una controversia o diferendo de relevancia jurídica que debe ser dirimido por los agentes de la jurisdicción mediante una decisión que pasa en autoridad de cosa juzgada. De allí que, por vía de principio, donde no existe controversia no hay jurisdicción” (Esta Sala causa citada).-
En el Derecho nacional, la intervención de la magistratura en causas en las que efectivamente no se corrobora la existencia de conflictos o controversias entre las partes, se reserva únicamente para los supuestos expresamente establecidos por la ley. No verificándose tal previsión legal, obsta la posibilidad de la actuación judicial (Alfredo Di Iorio "Temas de Derecho Procesal” p. 19).
A ello cabe agregar que tales conceptos han sido reforzados por el Tribunal, siguiendo criterios juriprudenciales, sosteniendo que “si se ha traído para homologar un contrato de comodato, siendo ése y no otro el objeto de la demanda, tal pedido de homologación se relaciona con un acto específico de jurisdicción voluntaria acerca del cual la intervención judicial no es exigida, tal como viene de la hermenéutica que se cierne en torno del artículo 1197 del Código Civil. Y en tales condiciones, el Órgano de la Jurisdicción no posee la investidura legal necesaria para ejercer facultades convalidatorias de actos privados y sin que sea viable -en este caso particular- la aplicación analógica de otros preceptos legales (art. 16 del Código Civil; Cám. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, causa n° 64596 RSI-511-7, del 30.08.07, “Ferreiro, Marcelino c/ Pérez, Walter s/Homologación de convenio” (Esta Sala causa citada).-
V. Si bien hasta el año 2015 la ley especial de locaciones urbanas n° 21342 receptaba la existencia y validez de los convenios de desocupación, disponiendo el procedimiento para su “ejecución” judicial –previa homologación- pronunciándose la jurisprudencia sobre su procedencia, verificados los requisitos legales (Diegues, Jorge A. “Convenios de desocupación” LL 14.12.15 AR/DOC/4075/2015 consultada a la fecha de elaboración del presente), tal estado de cosas se modificó con la sanción del Código Civil y Comercial (ley 26994), vigente a partir del 01.08.2015. Pues la ley n° 26994 derogó en forma expresa el otrora régimen especial de locaciones urbanas n° 21342 – a excepción del Art. 6°- cuyo texto regulaba la figura del convenio de desocupación (Art. 47) (Salgado, José M. “Réquiem para los convenios de desocupación y otras soluciones” LL 01.09.2015 AR/DOC/2752/2015 consultado a la fecha de elaboración del presente).-
De lo dicho se sigue que, en autos no se presenta conflicto alguno respecto de la aplicación temporal de la ley ni de derecho transitorio (Art. 7 CCC), pues de la simple compulsa de la documental allegada a las actuaciones se verifica que tanto el contrato de locación como el convenio cuya homologación se pretende, fueron suscriptos en el mes de diciembre de 2017 –con escasos días de diferencia-, es decir habiendo transcurrido holgadamente el inicio de la vigencia del Código unificado. Lo que sella la suerte adversa de este recurso.-
A mayor abundamiento, es dable agregar que aún aquellos que podrían sostener la viabilidad de acordar una desocupación anticipada del inmueble – como ejercicio de un derecho del locatario y una vez en la tenencia de la cosa- advierten que tal acuerdo no sería susceptible de homologación judicial.
Así lo expresa Sobrino Reig “el proceso homologatorio es un sometimiento jurisdiccional voluntario que tiene por objeto otorgar al acuerdo conciliatorio, transaccional o extrajudicial de las partes, el efecto propio de una sentencia. Para ello la actividad del juez se limita a comprobar la concurrencia de los recaudos formales exigidos por la ley para la validez del convenio y, en caso de que se hallen reunidos, dictar la sentencia homologatoria. Claro que lejos de una mera formalidad, antes de su dictado el juez debe examinar minuciosamente la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez del convenio, lo que lleva consigo el deber de rechazar aquellos que no se adecúen a los parámetros exigidos por la ley. De ahí que los acuerdos particulares, cuando no media contienda judicial, no resultan susceptibles de homologación salvo expresa disposición legal que la autorice. Esto dado que en nuestro ordenamiento judicial los jueces solo pueden conocer en los asuntos en los cuales se verifique un conflicto concreto (Art. 1216 CN). Con lo cual mal puede haber una sentencia homologatoria como modo anormal de terminación del un proceso (Art. 308 del Cód. Proc.)si, justamente, no hay una contienda judicial pendiente entre las partes. Claro que en determinados supuestos la ley autoriza a los jueces a intervenir en situaciones en las que no existe controversia judicial previa. Vale el ejemplo del Art. 26 de la ley 26589 o, por caso, lo que sucedía antes del 1° de agosto de 2015 con el propio artículo 47 de la ley 21342. Pero lo cierto es que actualmente la situación puntual de estos convenio carece de habilitación legal para el trámite homologatorio….” (la cursiva y resaltado ns pertenece) Sobrino Reig, E “El nuevo escenario procesal para los convenios de desocupación” AR/DOC/4070/2071 consultado a la fecha de elaboración del presente).-
Por lo tanto, SE RESUELVE: 1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto con fecha 23.05.19;
2. Con costas a la apelante perdidosa (art. 68 y 69 del C.P.C.C.); 3.- En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y de acuerdo a lo normado por el art. 31 de la Ley 14.967, corresponde regular los honorarios de alzada por presentación electrónica de fecha 11.06.19 al Dr. RENZO SABATO, en la suma equivalente a 3,76 jus (art. 31 in fine Ley N° 14.967); con más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 8455 y 10268 e I.V.A. en caso de corresponder). En cuanto a las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la Ley 14.967.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Yamila Carrasco Jueza -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Esteban Louge Emiliozzi Jueza Juez -Sala 1- -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- -Cám.Civ.Azul- Ante mi Emilio Minvielle Secretario -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia