Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 29.254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE 1°) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; desestimándose el recurso interpuesto por los accionados, debiendo garantizarse al momento del lanzamiento la toma de medidas que el Sr. Juez estime corresponder en cuanto a contención y asistencia, con la debida intervención, en su caso, de los organismos administrativos competentes –conforme considerando VII-, a fin de preservar los derechos de los niños que pudiesen verse vulnerados como consecuencia del desahucio ordenado, con la debida intervención de la Asesoría de Incapaces Deptal; 2°) ENCOMENDAR al Sr. Juez de Primera Instancia que frente a la denuncia formulada por los apelantes en su presentación, quienes denunciaron el presunto delito de estafa en perjuicio de su patrimonio, proceda a digitalizar las piezas esenciales de autos a los fines de ser elevarlas a la UFI que por turno corresponda; 3°) imponer las costas generadas en ésta instancia recursiva a la parte demandada que resulta vencida, atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 del CPCC). 4°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ZAIACOMETTI LORENZO JORGE Y OTRO/A C/ ULEZYR CARLOS Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO)
LM-29254-2016-
JUZ CIV. Y COM. NRO. 5 RSD NRO.: 54 /21 FOLIO NRO 838
En la ciudad de San Justo a los 15 días del mes de abril de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), sus modificatorias y prórrogas, celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: ZAIACOMETTI LORENZO JORGE Y OTRO/A C/ ULEZYR CARLOS Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) LM-29254-2016- habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli - Dr. Pérez Catella- Dr. Posca- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 11/02/2020 el sentenciante de grado resolvió: “HACER LUGAR a la demanda de desalojo promovida por Lorenzo Jorge Zaiacometti y Jorge Antonio Zaiacometti contra Carlos Ulezyr, Mario Osvaldo Madeo, e intrusos y/u ocupantes. CONDENAR a Carlos Ulezyr y Mario Osvaldo Madeo, intrusos y/u ocupantes, a desalojar el inmueble sito en la calle Av. de Mayo 2480, 2480 1° piso y 2482 de la Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, dentro del plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente sentencia (art. 1223 del CCyC), bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. IMPONER las costas a los accionados vencidos (art. 68 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría (arts. 54 y 57 ley 14967)”.
Contra dicha forma de resolver, se presentaron Mayra Alejandra Larroza, y Paulo Martín Prosdocimo, por derecho propio, y en carácter de padres de los niños denunciados en autos, quienes luego de efectuar un relato de los hechos acontecidos con relación al inmueble, apelaron la sentencia. El juez de grado los tuvo por presentados parte y constituido domicilio procesal y electrónico, como así también concedió libremente dicho recurso incoado. Una vez en condiciones, se elevan las presentes actuaciones, siendo radicadas ante esta Sala Primera con fecha 31/07/2020.
Con fecha 05/08/2020 se llamó a expresar agravios, habiendo los apelantes cumplido con dicha carga procesal, el día 11/08/2020. Mediante proveido de fecha 27/08/2020 se tuvo por presentada en legal tiempo y forma dicha fundamentación (véase pto. I) corriéndose el respectivo traslado de ley (véase pto. II), el cual fuera contestado por la parte actora mediante presentación electrónica de fecha 02/09/2020 y su respectiva copia en papel (11/09/2020).
Habiéndose corrido vista a la Sra. Asesora de Incapaces interviniente Deptal, la misma contesto mediante presentación de fecha 30/09/2020. Así las cosas, con fecha 02/10/2020 pasaron los autos para sentencia practicándose el sorteo de orden de estudio el día 13/11/2020. Sin perjuicio de ello, la apelante denuncia hecho nuevo mediante presentación de fecha 24/11/2020, lo cual motivara la suspensión del plazo para dictar sentencia y posterior rechazo de dicho planteo. Por lo cual, una vez en condiciones, se reanudó el presente plazo para la resolución del presente caso bajo juzgamiento.
II. Fundamentación de los agravios De la atenta lectura de la expresión de agravios presentada por Mayra Alejandra Larrosa y Paulo Martín Prosdocimo, por sus propios derechos, y en carácter de padres de los niños, se observa que estos se agravian de la sentencia de grado, solicitando la misma sea rechazada.
En efecto, expusieron con cita jurisprudencial que la circunstancia de que el proceso de desalojo tienda a la restitución del inmueble por quien carece de derecho a permanecer en la ocupación del mismo, no exime al accionante de acreditar su legitimación para promover la demanda, pues el juez está obligado a examinar la concurrencia de los requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida, verificando la concurrencia de la calidad alegada para demandar frente a la negativa del demandado.
Que en el caso, los actores invocan el carácter de propietarios del inmueble objeto de la litis, destacando en el escrito de demanda tener la posesión “FICTA” del mismo, dado que lo adquirieron por subasta como surge de los autos caratulados “GODOY DE LEMES, HILDA MÁXIMA, COULLERI, JUAN CARLOS, RAGGIO, SUSANA NOEMÍ Y OTRO C/ DOTRO DOMINGO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, EXPTE. N° 56301, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 4 del Dto. Judicial de Morón.-
Que si bien el adquirente por subasta puede solicitar el desalojo, dicha adquisición en sí misma es insuficiente para darle legitimación, siendo necesario además acreditar que ha tomado la posesión efectiva y material del bien, por lo que la posesión ficta que invocan los actores no resulta atendible y, en consecuencia, el fallo en crisis resulta errado al dotar de legitimación a los actores por el mero hecho de comprobar una posesión ficta.
Que la sola manifestación de la posesión ficta no es suficiente para tener por acreditada la misma, a tenor de lo normado por el art. 1924 Cód. Civ. y Com. de la Nación, por lo que la parte actora debe rendir probanzas de la misma. Que los accionantes no han probado que, en concreto, entraron o estuvieron o detentaron con algún acto posesorio el inmueble cuya desocupación reclaman.
Que la sola declaración de rebeldía, no implica reconocerles a los actores la posesión y en consecuencia la legitimación activa. Que cabe poner de resalto que, como surge del propio expediente donde fue realizada la subasta en cuestión, el mandamiento de posesión tuvo como resultado la constatación de que el inmueble era detentado por Mario Osvaldo Madeo, a quien no se lo desalojó, por lo que, evidentemente, la entrega de posesión a los aquí actores fue meramente simbólica ya que ejercieron acto alguno posesorio real, efectivo y concreto, sino que, antes bien, solamente se limitaron a firmar un acta judicial sin entrar en la posesión efectiva del raíz.
Que la norma vigente (Art. 1909 CCCN) expresa que “Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. Que el artículo establece que, para que haya posesión, es menester la reunión de dos elementos: el corpus y el animus domini. El primero es ese poder de hecho sobre la cosa (elemento objetivo) y el segundo es el comportamiento como titular del derecho real aunque no lo fuere (elemento subjetivo). Que este elemento subjetivo exteriorizado importa no reconocer en otro la propiedad. Y esos actos según el anterior código –refieren los apelantes- (cuando se produjeron los hechos) para los inmuebles son (meramente enunciativos) se manifiestan en “su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus partes” (Art. 2384 CC). Que al momento de esta sentencia la norma vigente dispone “Constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga” (Art. 1928 CCCN). Por lo que se mantienen los mismos lineamientos observándose una mayor precisión en la enumeración tal como lo sostenían doctrina y jurisprudencia.
Del mismo modo, se expone en dicha fundamentación que existe posesión “Cuando una persona se comporta con una cosa en los hechos, en el mundo fáctico, como si fuera titular de un derecho real sobre ella, ejerciendo a su respecto todos los actos propios de un titular, independientemente que lo sea y aunque no lo sea, no reconociendo en otra persona, al actuar respecto de la cosa, un señorío superior, es calificada como poseedora”. Que verificada esa demostración resulta excluido del juicio de desalojo el debate relativo a la naturaleza de la posesión, ya que la sentencia que se dicte en aquél no hace cosa juzgada sobre el punto y el actor sólo puede hacer valer su eventual derecho mediante la vía de los interdictos o de las pretensiones posesorias y petitorias. Que a partir que el demandado por desalojo aduce que la causa de su presencia en el inmueble es en virtud de la posesión del mismo elimina la existencia de la obligación de restituir el inmueble a la actora y la posibilidad que sean intrusos. Por lo cual, entienden los apelantes que este es el punto neurálgico de la posesión opuesta. No es éste el ámbito para el debate en torno a ese tema.
En suma, reiteran ser poseedores con ánimo de dueños del inmueble en cuestión, por lo que consideran que corresponde analizar la verosimilitud del derecho alegado por los suscriptos a fin de paralizar la acción intentada. Que al efectuarse una valoración globalizadora de las pruebas arrimadas en la causa, se debe concluir que han acreditó "prima-facie" –entienden- la verosimilitud de su alegación con el contrato de compra venta de derechos posesorios con firma certificada ante escribano público, la que tiene suficiente visos de seriedad de acuerdo a las características del proceso que se dirime; y por lo tanto, el conflicto que presenta la causa requiere que el fondo del asunto sea objeto de debate frente a los procesos judiciales previstos para ello, ya que las cuestiones discutidas y decididas han desbordado –entienden- manifiestamente la vía del juicio elegido por los actores. Pues es sabido, advierten, que el juicio de desalojo no resulta la vía procesal adecuada para debatir y dilucidar cuestiones relativas al mejor derecho a la posesión. Luego de citar jurisprudencia que entiende respaldatoria, solicitan se rechace la demanda con costas a la parte actora.
LA SOLUCION
III. El proceso de desalojo El proceso de desalojo se ha instituido para amparar el derecho de uso y goce de las cosas y constituye un instrumento procesal, sumario y expeditivo que sólo se acuerda contra quien está obligado a restituirlas, siempre que tal obligación sea exigible (art. 2465 del Código Civil y 676 del Código de forma), requiriéndose a decir de nuestro más alto tribunal que quien la ejercita tenga derecho a la libre disposición del bien objeto de aquella, y que aquel contra quien va dirigida carezca de todo título a la ocupación (Conf. SCBA A y S 1964-I-687).
Es decir, la acción de desalojo persigue asegurar la libre disponibilidad de los inmuebles al que tiene derecho a ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en la posesión precaria, tenencia, mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden considerarse existentes, o en su caso, cuando se encuentran sin derecho a ello y contra la Ley, en el uso y goce de la cosa ajena (ALSINA; Tratado, t. II-402 y 417; DE LA COLINA: Derecho y Legislación, t. II-897). (CC0002 LM 406 RSD-19-3 S 9-9-2003, “Fernández, Héctor Carlos c/ Fernández, Horacio y ocupantes s/ Desalojo”, B3350255 JUBA).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha expresado en el siguiente sentido: “El desalojo procede solamente cuando el demandado está obligado a restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida en un contrato, como la locación de cosa, del comodato, del otorgamiento de la tenencia precaria, o cuando quien lo detenta resulta un intruso.”(SCBA, Ac 50546 S 22-2-1994, “Bianchi de Oneto, Beatriz y otros c/ Misto, Hugo Ulises y otros s/ Desalojo” DJBA 146, 102 - ED 158, 444 - AyS 1994 I, 53 - LLBA 1994, 2 SCBA, C 103177 S 30-3-2011, "Carlos Teodoro c/ Marcos, Pedro Javier s/ Desalojo" B22823 JUBA) (Doct. art. 676 C.P.C.C).- Por consiguiente, la ley admite su viabilidad contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible (Jorge Orlando Ramírez, "El juicio de desalojo"). De esta manera si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa y que el demandado está obligado a su restitución; la acción le asiste tanto al titular registral, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño, haya otorgado la tenencia al demandado y tenga derecho a requerir la restitución (CC0100 SN 9913 RSD-15-11 S 01/03/2011, " Muñoz Marcelo M. c/ Carvajal Lucrecia A. s/Desalojo).
IV. De la legitimación activa en el proceso de desalojo Respecto a la legitimación activa, importa traer a la memoria que nos enseña el maestro Calamandrei que después de peticionar la protección jurídica del Estado a través de la jurisdicción, es decir de haber suscitado la acción, ésta debe acondicionarse con tres elementos constitutivos como son: 1) Los hechos relatados y vinculados con la norma jurídica que los fundamenta; 2) La legitimación 3) y el interés para obrar. La legitimación “ad causam” es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar y a quien se debe o puede demandarse. Dicho de otro modo, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis. (Gozaini, Osvaldo A. “La legitimación en el proceso civil, Edit. Ediar, año 1996, pág. 103).
Para que la actora goce de legitimación activa, es menester que: 1) sea titular de un derecho subjetivo; 2) Que el afectado individual o agrupado demuestre un interés jurídico relevante; 3) Que la titularidad de ese derecho subjetivo y ese interés jurídico relevante se encuentren debidamente acreditados en el proceso; siendo por ende insuficiente la subsistencia de una simple expectativa o apariencia de un interés subjetivo. (esta Sala Primera “in re”“Trinchetella Guillermo Eugenio y otros c/ Municipalidad de la Matanza y otros s/ medidas cautelares” (causa nro.: 4734/1, RSD: 37/17, folio nro.: 287, 16/03/2017).
La legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 Inc. 3 .P.C.C). En este sentido se ha expresado: “Si bien la decisión del litigio judicial supone como presupuesto imprescindible determinar si el derecho existe, previamente a ello es necesario establecer si este corresponde a aquel que lo hace valer y si debe ser satisfecho por aquel a quien se lo esgrime, pues el poder jurídico que deriva de los derechos solo tendrá eficacia para aquel que está obligado, y más allá que se haya articulado la cuestión como excepción previa, defensa de fondo o de otro modo, ya que la legitimación es un requisito esencial de la acción (art. 345 inc. 3 del C.P.C.C., art. 499 del C.C)”.(CC0203 LP 95307 RSD-73-1 S 24-5-2001, causa “OttaMaria Carmen y otro c/ Wengrovski, Gustavo José y otro s/ daños y perjuicios” JUBA Sumario N° B353410).
Asimismo, respecto a la legitimación activa que se requiere en los procesos de desalojo es conteste la doctrina y jurisprudencia al afirmar que el actor debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado obligado a su restitución. Cuando se demanda el desalojo invocando la calidad de propietario y ello es negado, al actor le incumbe acreditar su condición legitimante. (SCBA, Ac 55256 S, Fecha: 19/09/1995, Juez: San Martin (sd). Carátula: Lachaise De Iriart, María Cristina c/Olive, Antonio Alberto s/Desalojo. Publicaciones: Ays 1995 Iii, 629, Mag. Votantes: San Martín-Laborde-Negri- Pisano-Salas).
V. Compra en subasta judicial. Características, naturaleza jurídica, perfeccionamiento de la venta, el mandamiento de posesión La subasta judicial es una venta pública de bienes que se hace al mejor postor .Esta definición dada por Ramírez Gronda se encuentra complementada con la definición de-- "remate", diciendo que es judicial cuando ha sido dispuesto por un juez o tribunal . Eduardo J. Couture, se remite al vocablo remate, y dice: "Venta o subasta de bienes", mediante puja entre los concurrentes bajo condición implícita de aceptarse como precio la oferta mayor. Nos enseña Bustos Berrondo, que es el medio para liquidar bienes de propiedad del deudor, para poder hacer pago al acreedor del importe de su crédito, estableciéndose en el procedimiento ejecutivo el instituto de la subasta judicial. Remate es el fin de una cosa. Por eso se designa así a la última postura en la venta en pública subasta. Remate es la adjudicación que se hace de los bienes que se venden en almoneda al comprador de mejor postura y condición. Cuando la venta en remate se efectúa como un medio de ejecución procesal forzada, nos encontramos frente a un remate judicial. Cuando la venta aunque decretada en un proceso, por el juez de la causa, no tiende a la ejecución forzada sino al cumplimiento de la voluntad de los sujetos, o como medio para realizar ésta (p. ej.: para dividir un bien común, para realizar la partición de una herencia, etc.), la venta en remate, aun asumiendo las formas del remate judicial, no tiene su carácter ni sus mismos efectos. De aquí se sigue que no puede haber duda que en el remate o subasta realizada en los trámites de ejecución forzada, es una actuación judicial y, en consecuencia debe ajustarse a las reglas que el juez fije. En la subasta ejecutiva, se decreta la venta judicial con prescindencia absoluta de la voluntad o consentimiento del dueño, y más aún contra la voluntad expresa o tácita del mismo.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la subasta judicial como medio de ejecución procesal forzada, se ha efectuado diversas teorías, la cuales se reordenan o agrupan según se enmarque el problema, dentro de la figura del contrato (público o privado), o de conformidad con la función del proceso de ejecución. A saber existen: teorías contractuales, teoría de la venta en representación del dueño, teoría de la venta en representación del acreedor, tesis de la venta por el propio órgano ejecutivo, expropiación forzada, teoría mixta (Criterio jurisprudencial).
Por mi parte, soy participe de la tesis de la expropiación forzada. Raymundo L. Fernández afirma que el órgano ejecutivo cumple una función pública y procede por sí a la ejecución de todos los actos procesales que tiendan a la consecusión del fin perseguido con el proceso ejecutivo: la satisfacción legitima del ejecutante. Esta tesis que cuenta con más adeptos entre los procesalistas, establece que en la subasta judicial quien vende es el órgano jurisdiccional. Y aun admitiéndose que la subasta conduce a la celebración de un contrato de compraventa, en el cual dentro del derecho privado, vendedor sería el deudor, y comprador el adquirente en aquélla, siempre resulta evidente que quien procede a la expropiación forzada y realiza la subasta es el órgano ejecutivo.
Los autores Fenochietto, Bernal Castro y Pigni, de la obra Comentarios y Jurisprudencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aries nos enseñan que se trata de un acto procesal -refiriéndose a la subasta judicial- ordenado por el juez de la ejecución encomendado a un auxiliar del magistrado, el martillero. Su objeto es realizar determinados bienes, inmuebles, muebles, semovientes, valores de propiedad del condenado a fin de satisfacer el derecho del ejecutante. Desde este perfil, comúnmente la subasta judicial es decretada en cumplimiento de una sentencia de condena; proposición no excluyente de aquellas otras hipótesis en que se practica a requerimiento, de los propietarios del bien, como ocurre en los juicios de división de condominio y partición voluntaria de bienes hereditarios.
La venta forzada en el juicio ejecutivo no equivale a una enajenación contractual, pues no son el deudor ni el acreedor quienes venden, sino que se trata de un acto Jurisdiccional realizada por el juez en nombre propio. Este es el criterio sustentado por la C 1ª de Bahía Blanca, fallo pub. en ED, 86-191, N° 600). Esta postura jurisprudencial, sostenida por un sector de la doctrina, apunta, que quien vende es el órgano público (Borda, Fernández Raymundo), actuando por sí en ejercicio de poderes propios ejercitando a la vez poderes ajenos (Jorge Mosset Iturraspe). Borda nos enseña que quien vende es el órgano público, y lo hace no en representación del comprador o del propietario, sino a nombre propio.
En nuestro derecho positivo tiene a su favor la circunstancia de que ni el propietario ni los acreedores responden por evicción, lo que indica que ninguno de ellos es reputado vendedor. Concluye Borda, advirtiendo que, desde que el propietario no vende, no se puede ya hablar con propiedad de venta forzada; cuanto más podrá hablarse de ejecución o expropiación inevitables para el deudor. Hay que distinguir entre la subasta por mandato judicial en el proceso de ejecución y la voluntaria, las cuales tienen acentuadas diferencias. Más simple se presenta la teoría que ve en la transmisión del dominio del ejecutado al ejecutante como una consecuencia de la función ejecutoria del Estado. La jurisdicción judicial ordena la subasta, encomendada a un auxiliar del juez, en este caso el martillero, y una vez cumplimentados los recaudos por el adjudicatario del bien (es decir pago del precio, tradición del bien a favor del comprador, aprobación de la subasta, la venta queda perfeccionada (doctrina del art. 586, Cód.
Procesal Civil y Comercial Nacional, t. o. ley 22.434). Así llegamos a la transferencia forzada del dominio del bien subastado, produciéndose el perfeccionamiento de la transmisión coactiva. Tratándose de inmueble, el Código Procesal Nacional, en su nueva redacción, que no altera lo sustancial del texto primitivo, requiere para el perfeccionamiento de la transmisión: 1°) aprobación del remate; 2°) pago del precio, o la parte que correspondiere si se hubiesen otorgado facilidades y 3°) tradición del inmueble a favor del adquirente. Si la subasta pública fue ordenada en juicio, la venta queda perfeccionada con la aprobación judicial del remate, sin necesidad de escritura pública y con el pago del precio correspondiente y la entrega de la posesión.
En la actualidad los civilistas argentinos aceptan que al no ser el propietario quien vende, ni haber consentimiento, mal se puede hablar de compraventa en la enajenación forzosa.
Para la teoría procesalista publicista el procedimiento establecido en los arts. 559 del Cód. Procesal nacional en adelante, que regulan el cumplimiento de la sentencia de remate, constituyen actos ejercidos por el órgano judicial en función del poder jurisdiccional de ejecución; en consecuencia al darse dentro del marco del proceso, constituyen actos procesales, acordándose una naturaleza publicista a la subasta judicial. El juez dispone la venta judicial en razón de un poder autónomo y propio que se halla investido, que constituye la propia esencia de la función jurisdiccional.
En cuanto a la naturaleza jurídica del boleto de compraventa, extendido por el martillero, una vez adjudicado el bien inmueble al adquirente - en la subasta judicial-, constituye verdaderamente un instrumento público, otorgado por el martillero, en su condición de funcionario público delegado por el juez, conforme los términos del art. 979, inc. 4° del Cód. Civil. y con los efectos del art. 993 del mismo ordenamiento y su correlato con los arts. 289 y 296 del Cód. Civ. y Com. de la Nación. Y si bien la venta en tal supuesto no se perfecciona con la suscripción de dicho boleto, ante lo preceptuado por el art. 586 del Cód. Procesal, los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civil (969 y 1018 del CCyCN) no son aplicables, desde que en este tipo de compraventa no es menester otorgar escritura pública (art. 1184, inc. 1°, Cód. Civil y arts. 969 y 1017 del CCyCN).
La transmisión no se perfecciona con el decreto o resolución judicial que aprueba el remate, sino además, cuando se ha pagado el saldo de precio, o la parte que correspondiere, si se hubieren otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador (art. 586, Cód. Procesal. Perfeccionamiento de la venta). Agregan Fenochietto-Arazi que lo fundamental es que ni el acto notarial ni su inscripción constituyen requisitos de validez para el perfeccionamiento del acto, ni aun con el actual art. 2505 del Cód. Civil y 1893 del CCyCN, toda vez que la subasta judicial posee su propio sistema de publicidad, es decir los edictos (art. 566, Cód. Procesal). Nos enseña Martínez, que la enajenación de bienes mediante subasta judicial en los trámites de ejecución forzada y su especial naturaleza y efectos tiene implicancias notables, aun en la legislación de fondo.
Esta postura doctrinaria se encuentra ratificada por Morello Passi Lanza-Sosa-Berizonce, quienes sostienen que no es imprescindible, pues entre las partes y aun frente a terceros, el requisito de la escritura pública o la inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente. Sin perjuicio de que resulta innegable el derecho del comprador para exigirlo. La inscripción registral, si bien indispensable para asegurar la continuidad del tracto, no constituye requisito esencial para el perfeccionamiento de la venta judicial, aun con posterioridad a la sanción de la reforma al art. 2505 del Cód. Civil y 1893 del CCyCN (dec.-ley 17.711/68). La subasta judicial aprobada constituye un acto oponible erga omnes, por su especial naturaleza y efectos propios que le reconoce la legislación sustantiva.
A todo esto agregan Fenochietto-Arazi, que la eficacia del acto y su oponibilidad frente a terceros por parte del adjudicatario es consecuencia natural del particular régimen de publicidad de las subastas judiciales y no de la inscripción en el respectivo registro de la propiedad. Nada obsta naturalmente, al derecho del adquirente a pretender la escritura correspondiente. Si el postor no integra el precio, no puede ejecutar el contrato, como tampoco darle por perdida la seña abonada, pues lo pagado no responde a tal concepto (art. 584, Cód. Procesal Nacional. Nueva subasta por incumplimiento del comprador). Es decir que no son aplicables las directivas del art. 1202 del Cód. Civil (1059 del CCyCN) por tratarse de una situación peculiar del proceso de ejecución (CNCiv., sala D, 21/3/82, ED, 99-532). Permitiéndose la adquisición en comisión de bienes inmuebles en subasta pública judicial forzada, el acto jurídico de adjudicación de tales inmuebles rematados judicialmente en forma coactiva, no pueden ser objeto de cesión de derechos y acciones; interpretando la doctrina que la venta de inmueble en remate judicial queda perfeccionada con su aprobación, y después del pago del saldo de precio y de entrega de la posesión de la cosa vendida, se produce la transmisión del dominio sin necesidad de escrituración (doctrina del art. 586, Cód. Procesal). La subasta judicial (Teoría general) Autor: Taraborrelli, José N. Publicado en: LA LEY1994-E, 1436 Cita Online: AR/DOC/17504/2001).
Asimismo, ha precisado la jurisprudencia que “la enajenación de inmuebles mediante subasta judicial está sujeta, en cuanto a su validez, a un régimen especial que le es propio de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1184 CC, en el cual la consolidación del dominio a favor del comprador se materializa por medio de la aprobación del remate, el pago del precio y la entrega de la posesión, no exige la escritura pública como forma instrumental (cfr. arts. 577 y 1184 CC). Si se han cumplido esos actos señalados, la consolidación del dominio del inmueble en cuestión a favor del tercerista se encuentra perfeccionada. Cabe agregar que el régimen de publicidad del dominio en la subasta judicial no se encuentra alcanzado por lo dispuesto en el art. 2505 CC, ya que aquella tiene un sistema de publicidad propia que está constituido por edictos”. (CNAT Sala IXExpte N° 22.763/05 Sent. Int. Nº 8467 del 17/2/2006 “Udenio, Bruno c/ Hurovich, Alberto y otros s/ ley 22.250 - tercería”. (Pasini - Balestrini).
El título de adquisición a favor del adquirente en subasta queda perfeccionado con la aprobación de tal acto dispuesta por el órgano jurisdiccional una vez verificados los requisitos formales de validez del mismo, y el pago del precio, en el caso, por compensación con el crédito del ejecutante, en los términos de los arts. 724, 818 y sigtes. del Código Civil.
“La adquisición por parte del comprador se perfecciona con las actuaciones judiciales y dentro del expediente sin necesidad de escritura o testimonio alguno, el título suficiente está dado por la adquisición en subasta aprobada y es necesaria además la integración de la parte de contado del precio; también la tradición se hace de manera especial pues el juez la otorga por medio de mandamiento de posesión; con estos elementos - adquisición en subasta aprobada, integración de precio y mandamiento de posesión - ya está adquirido el dominio. HIGHTON, Elena” (“Juicio Hipotecario, Tomo 2, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1995, págs. 428/429). N° de orden: Expte. Nro. 110.902 Libro S - 177 Autos: Constantino, Ruben O. s/ Quiebra s/ Incidente de Realización de bienes.- N° de orden: Expte. Nro. 109. Libro S - 173 la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires).
"Para considerar consumado un remate, o sea para tener a los compradores como adquirentes del derecho real de dominio, requiere que se hayan cumplido tres requisitos: aprobación del remate, pago del precio y otorgamiento de la posesión. Cabe destacar que el tradens se desprende de la posesión cuando el tribunal la entrega a los compradores y éstos voluntariamente la reciben. (C. Civ. y Com. Córdoba, 8ª, 14/4/1993, "Astrada, Eduardo", LLC 1993-522, con nota de Pablo E. Landín) (Estudios sobre la subasta judicial Autor: Fuster, Gabriel A. Publicado en: Cita Online: 0003/70036770-1).
Por otra parte, respecto a la desocupación del inmueble, el artículo 588 del CPCC dispone que no procederá el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición. Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes. Ahora bien, si el ocupante es un tercero tenedor, el juez podrá haber efectivizado la tradición mediante el mandamiento respectivo. Tienen legitimación procesal los adquirentes en subasta judicial que no pudieron recibir la tradición material del mismo, ya que cualquiera sea el alcance y los efectos de la posesión dada por el juez, ella basta a los fines del artículo para perseguir el uso y goce de la cosa. De lo contrario tendría que reconocerse que bastaría que cualquiera obstaculizara la toma de posesión para que la demanda por desocupación quedara frustrada.
Asimismo, respecto a la posesión ha tenido oportunidad de sentenciar cierta corriente jurisprudencial que: “La Dra. Highton de Nolasco en cuanto a (…): “la posesión del inmueble adquirido en subasta judicial debe entregarse judicialmente, no pudiendo ser suplida esa entrega por efectiva ocupación del inmueble por el comprador. Cuando se libra mandamiento, éste puede diligenciarse aunque el inmueble esté ocupado, pues es independiente de la desocupación propiamente dicha, que puede venir luego por vía de incidente o por juicio aparte. El mandamiento de posesión no es un mandamiento de lanzamiento, y salvo que el inmueble esté libre de ocupantes, implicará una entrega sólo formal” (Compraventa de inmuebles en subasta, Revista de Derecho Privado y Comunitario; compraventa I, 2003-3).
Es decir que aun habiendo el demandado en autos manifestado al juez de Paz su carácter de tenedor precario, ello nunca obstó a la efectiva toma de posesión, toda vez que se hizo en los términos del art. 598, CPC, que expresamente prevé que una vez efectuada la diligencia en cuestión, los tenedores que se encuentren ocupando el inmueble reconozcan como propietario al adjudicatario. En otras palabras, “el mandamiento de posesión opera una suerte de constituto posesorio en los términos del art. 2462 inc. 3, CC, ya que convierte en tenedor al poseedor, que se queda en la casa hasta el lanzamiento” (Highton de Nolasco, Elena Inés, obra citada); en otros términos, esto significa que el simple tenedor, al anoticiarse de la toma de posesión, se convierte en poseedor a nombre del adquirente, y esa es justamente la finalidad perseguida por el art. 598, CPC, habida cuenta de las particularidades del instituto bajo anatema.
(…)puesto que llevaría a la absurda solución de que, en todos los casos en que se adquirieran en subasta inmuebles ocupados por terceros, sea imposible efectivizar la toma de posesión, obstruyendo la efectiva tradición de los mismos, tan necesaria y elemental para el sistema de adquisición de derechos reales consagrado en nuestro derecho positivo (arts. 577, 2.524 inc. 4, CC). Nótese que, en la transmisión del dominio por subasta, quien realiza la tradición de la cosa no es el vendedor, habida cuenta de que se trata de una venta forzosa, y por tanto, dada su especial naturaleza, la posesión es entregada por medio del juez, y a estos fines se libra mandamiento de estilo. Constituye un yerro afirmar que la toma de posesión no tuvo lugar por existir en el inmueble una persona que se reconoció como tenedor precario, desde que justamente la normativa procesal local prevé dicha situación en el art. 598, CPC, cuya transcripción obra expresamente en el oficio de fs. 101.
Así las cosas, sabiendo que “el perfeccionamiento de la venta sólo se produce con aprobación de la subasta, pago total del precio y otorgamiento de la posesión” (Oscar H. Vénica, “La subasta judicial”, Lerner, 1998, p. 136), y que con estos elementos queda irreversiblemente adquirido el dominio (Highton de Nolasco, obra citada), es dable aseverar que la parte actora ostenta un derecho real de dominio sobre el lote xxx, a partir del cumplimiento de los tres recaudos para su procedencia, a saber: auto aprobatorio de subasta, pago del precio y otorgamiento de la posesión (…)el actor es el dueño de la cosa, titular de un derecho real de dominio que, en función de lo previsto por el art. 2510, CC, “es perpetuo y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él.
El propietario no deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad por la prescripción”. Ello significa que la única forma de extinguir el derecho real de dominio es la invocación de la prescripción adquisitiva en las condiciones expresamente determinadas por la ley, lo que evidentemente no se verifica en autos”.(C7ª CC Cba. 16/2/16. Sentencia Nº 1. Trib. de origen: Juzg. 2ª CCC Fam., Alta Gracia. “Agüero, Pedro Manuel c/ Malik de Tchara, Luis Alberto – Acciones Posesorias/Reales – Reivindicación – N° 2.757.161/36”)
El mandamiento de entrega de la posesión del bien que se adquiera en subasta puede diligenciarse aunque aquél se encuentre ocupado, ya que no se trata de un mandamiento de lanzamiento, pues es independiente de la desocupación propiamente dicha, que puede venir luego por la vía correspondiente (cfr. Sala F, 15/10/2002, “Striebeck, Abel E. c. Villasenin, Adrián J. s/ ejecución hipotecaria”). CAMARA CIVIL - SALA M 20363/1998 PALADINO JORGE OSCAR Y OTROS c/ MANGUDO CELINA DAMAR Y OTRO s/EJECUCION HIPOTECARIA Buenos Aires, 11 de agosto de 2016).
VI. El caso de autos De las constancias de los autos principales, se observa que a fs. 4/5, se presentan Lorenzo Jorge Zaiacometti y Jorge Antonio Zaiacometti, con el patrocinio letrado de Adriana Inés Basílico, a los efectos de entablar demanda de desalojo contra Carlos Ulezyr, Mario Osvaldo Madeo e Intrusos y/u Ocupantes de la finca sito en la calle Av. de Mayo 2480, Av. de Mayo 2480, Primer Piso, y Av. de Mayo 2482, de la Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuyo datos catastrales son:
Circunscripción: 2da, Sección L, Manzana 149, Parcela 17, Matrícula: 70 (94499).
Respecto a los hechos, la parte actora expresó que con fecha 11 de Septiembre de 2015 han adquirido un inmueble mediante subasta. Que aprobada la misma, se ordenó el libramiento del correspondiente mandamiento de toma de posesión de dicho inmueble; el cual fuera diligenciado con fecha 30 de marzo de 2016, otorgándoles así la posesión ficta del inmueble adquirido. Que en el mismo momento se constató que el inmueble base de las presentes actuaciones, se encontraba ocupado ilegítimamente por Carlos Ulezyr (en Av. de Mayo 2480, 1º piso) y Mario Osvaldo Madeo (en Av. de Mayo 2480, PB); no contando los mismos con título legal para hacer uso y goce del inmueble. Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y solicita que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda, decretando el desalojo de los accionados y de cualquier otro ocupante del bien objeto de litis, con costas.
Corrido el traslado de ley a fs. 6/8, los demandados Mario Osvaldo Madeo y Carlos Ulezyr, no se presentaron a estar a derecho, pese a estar debidamente notificados conforme cédulas de notificación de fs. 10 y fs. 52/53 respectivamente, por lo que a los días 15 de noviembre de 2016 (fs. 22) y 29 de septiembre de 2017 (fs. 56) se los declaró rebeldes.
Por su parte, a fs. 68/69 se encuentran debidamente notificados intrusos y/u ocupantes del inmueble sito en Av. de Mayo 2480, 1º piso, San Justo; traslado que no fuera contestado por dichos demandados.
Con fecha 03/09/2016 la parte actora desiste, en los términos de los artículos 404 y 405 del CPCC, de la acción respecto a inquilinos y/u ocupantes de Av. de Mayo 2480, Pta. Baja, de la localidad de San Justo, la cual se tiene presente con fecha 10/09/2019. En consecuencia, se declaró innecesaria la apertura a prueba y la cuestión de puro derecho.
Así las cosas, con fecha 11/02/2020 el sentenciante de grado resolvió hacer lugar a la demanda de desalojo promovida por Lorenzo Jorge Zaiacometti y Jorge Antonio Zaiacometti contra Carlos Ulezyr, Mario Osvaldo Madeo, e intrusos y/u ocupantes, condenando por ello a desalojar el inmueble sito en la calle Av. de Mayo 2480, 2480 1° piso y 2482 de la localidad de San Justo, Partido de La Matanza, dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente sentencia.
Por otra parte, de los autos caratulados “Godoy de Lemes, Hilda Máxima, Coulleri, Juan Carlos, Raggio, Susana Noemí y otro C/ Dotro Domingo S/ Sucesión Ab-Intestato S/ Ejecución de Sentencia”, Expte. Nº 56301, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de Morón, expediente en el cual los actores habrían adquirido el bien objeto a desalojar en pública subasta, se observa que: A fs. 928 la sentenciante de grado de dicho proceso, resolvió: “de conformidad con lo solicitado y lo que resulta de las constancias de autos, decrétese la venta en pública subasta del bien embargado sito en la calle Av. De Mayo 2480 de Ramos Mejía del partido de la Matanza (nomenclatura catastral: C: II, S: L, Mza: 149, P: 17; según certificado de dominio de fs. 903/905) la mejor postor (…) publíquese edictos por el término de tres días en el Boletín Oficial y en el diario Nueva Ideal de la localidad de Ramos Mejía, Partido de la Matanza en la forma dispuesta por el art. 575 del Código citado. Hágase constar en los mismos que el adquirente en subasta afrontará las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengados a partir de la toma de posesión, por lo que deberá librar el mandamiento de posesión dentro de los 10 días de quedar aprobado el remate, bajo apercibimiento de quedar desde esa fecha a su cargo los gastos e impuestos del inmueble. (…) a fines de constatar quienes ocupan el bien inmueble a subastarse y en qué carácter lo hacen, líbrese mandamiento de constatación, con auxilio de la fuerza pública en caso de resultar necesario, hágase saber al oficial de justicia que deberá poner en conocimiento de los ocupantes del bien, a que efectos se realiza la medida ordenada”.
Así las cosas, luego de varios intentos a fs. 1139/1140 obra glosado el pertinente mandamiento de constatación, en el cual se ha dejado constancia que: “En Ramos Mejía a los 14 días del mes de septiembre del año 2013, siendo las 10.30 hs. me constituí con la martillera Ivana Beatriz Parisi y el Dr. Claudio Xavier Lartigue en el domicilio de la calle Av. de Mayo 2480 siendo atendido por una persona que dijo ser de la casa y llamarse Carlos Ulezy rsin documento en ese acto, a quien informe lo mandado por VS. En este mismo acto me manifiesta que reside en el inmueble con su cónyuge la Sra. Angélica del Valle Santilla y su hijo Gabriel Godoy y que lo hacen en calidad de inquilinos. Dejo constancia que se procedió a la constatación”.
A fs. 1320/1321 se glosó la copia de publicación de edicto del bien en cuestión, habiéndose dejado constancia que se remataria al mejor postor el día viernes 11 de septiembre de 2015 a las 9.30 hs. el 100% del inmueble, ubicado en la calle Av. de mayo 2480 entre Paez y Argentina de la localidad de San Justo (…) estado de ocupación: siendo atendido por una persona que dijo ser de la casa y llamarse Carlos Ulezyr sin documento en ese acto, manifestando que reside en el inmueble con su cónyuge la Sra. Angélica del Valle Santilla y su hijo Gabriel Godoy y que lo hacen en calidad de inquilinos.
A fs. 1331/ 1346 obra el boleto de compraventa/subasta judicial, en el cual resultara comprador Ojeda Juan Ramón, quien habría adquirido el inmueble conforme las condiciones publicadas en los edictos respectivos. El Sr. Ojeda Juan Ramón, compró en comisión para el Sr. Lorenzo Jorge Zaiacometti y para el Sr. Jorge Antonio Zaiacometti –hoy actores-. A fs. 1338/1339 se encuentran las publicaciones efectuadas en el Boletín oficial y fs. 1340 en el diario Nueva Ideal. Asimismo, a fs. 1345 se acompañó constancia de remate judicial y a fs. 1346/1346 vta. la martillera interviniente Ivana Beatriz Parisi acompañó rendición de cuentas de subasta, dejando acreditado también que el inmueble en cuestión efectivamente había sido comprado en comisión por el Sr. Ojeda Juan Ramón, a favor del Sr. Lorenzo Jorge Zaiacometti y del Sr. Jorge Antonio Zaiacometti –actores-, en el porcentaje del 50% para cada uno. Por lo cual, a fs. 1351 se presentaron los actores en dicho expediente en carácter de compradores, los cuales fueran tenidos como parte a fs. 1352 por la sentenciante de grado.
A fs. 1367 la Juez de la instancia de grado de dicho proceso sobre ejecución de sentencia, dispuso que: “En mérito a lo que resulta de la boleta de depósito adjunta, como asimismo lo que resulta de la rendición de cuentas de fs. 1346 y depósitos de fs. 1358 y 1360, dásele al peticionante por satisfecha el saldo de precio de la compra efectuada. Sin perjuicio del derecho de terceros, otórguese la posesión del bien adquirido, a cuyo fin líbrese el mandamiento correspondiente”.
Así las cosas, a fs. 1399/1400 se adunó el mandamiento de toma de posesión del inmueble, en el cual se dejó constancia que: “La Matanza 30 de mayo de 2016 (…) siendo atendido por una persona que dijo ser de la casa y llamarse Sr. Mario Osvaldo Amadeo (…) me manifestó que el alquila, a lo que se le informó lo ordenado por V.S., acto seguido se procede a dar la posesión del inmueble al Sr. Lorenzo Jorge Zaiacometti (DNI 10.086.522) que exhibe (…) se deja constancia que el nro. 2480 de Av. de Mayo además corresponde a la planta alta y el 2482 es un local anexo de la misma propiedad”.
Finalmente, a fs. 1427/1428 vta. S.S. dejo constancia que “en autos luego de realizarse y aprobarse la subasta pública del inmueble sito en la calle Av. de Mayo 2480 de la localidad de San Justo, Partido de la Matanza, los adquirentes Lorenzo Jorge Zaiacometti y Jorge Antonio Zaiacometti tomaron posesión del mismo el 30/03/2016 (según mandamiento de fs. 1399/1400)”. En consecuencia, del pormenorizado análisis de las constancias de autos, cabe preguntarse ¿asiste razón a los apelantes, en cuanto sostienen que los actores no cuentan con legitimación activa para promover el presente proceso de desalojo?; la respuesta a dicho interrogante, es que cuentan con legitimación activa o “ad-causam” para promover esta acción de desalojo y los que no cuentan con legitimación pasiva son los apelantes. Y paso a fundamentarlo seguidamente.
En efecto, surge palmariamente que la parte apelante yerra al considerar que los actores no contaban con la posesión y por ello, sin legitimación activa para iniciar el presente proceso de desalojo. Conforme se desprende de las constancias de este expediente y de los autos “ut supra” citados: “Godoy de Lemes, Hilda Máxima, Coulleri, Juan Carlos, Raggio, Susana Noemí y otro C/ Dotro Domingo S/ Sucesión Ab-Intestato S/ Ejecución de Sentencia”, Expte. Nº 56301, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de Morón, los accionantes Zaiacometti Lorenzo Jorge y Zaiacometti Jorge Antonio han comprado el inmueble en cuestión en pública subasta rodeados de las solemnidades y publicidad que dicho expediente judicial confiere, habiéndose otorgado la posesión del mismo mediante el correspondiente mandamiento de posesión glosado a dichas actuaciones.
Como vimos, se encuentra perfeccionada la transmisión coactiva del bien inmueble a favor de los accionantes, pues se ha aprobado el remate; se ha efectuado el pago del precio y la tradición del inmueble a favor de los adquirentes mediante el respectivo mandamiento de posesión. Reitero, conforme ya expusiera, dicho mandamiento de entrega de la posesión del bien que se adquiere en subasta puede diligenciarse aunque aquél se encuentre ocupado, ya que no se trata de un mandamiento de lanzamiento, pues es independiente de la desocupación propiamente dicha, que puede venir luego por la vía correspondiente, como ha acontecido en la especie y sin que por ello, pueda válidamente desconocerse la posesión en cabeza de la parte actora. Por otra parte, no puede dejar de destacarse que nuestro Supino Tribunal también ha dicho que: “Si el demandado por desalojo niega la calidad que le atribuye el actor en la demanda, pero a su vez alega ocupar la cosa de este en virtud de otro título, a él le incumbe la prueba de su afirmación” (SCBA, Ac. Y Sent. 1962, V III, P. 133 citado por MORELLO-SOSA-BERIZONCE- TESSONE en “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y Nación, Comentados y Anotados” T. VII-B, Librería Editorial Platense- Abeledo Perrot, Buenos Aires 1999 Pág. 128/129). En su relación a ello también se ha expresado: “Ello así porque cuando se invoca un título que da derecho a mantenerse en la ocupación, se está alegando un hecho impeditivo cuya prueba corresponde al demandado (Cám 1ra. Sala III, La Plata, Causa nº 210,799 Reg. Sent. 14/92 citado por MORELLO-SOSA-BERIZONCE- TESSONE ob. Cit. Pág. 129).
De acuerdo a tal doctrina legal, se ha tornado un lugar común en nuestro pretorio, el afirmar que no basta con mentar o invocar el título de poseedor por el demandado en proceso de desalojo para enervar la pretensión que lo anima, desde que de conformidad con una unánime y reiterada doctrina judicial (“Acuerdos y Sentencias”; 1959-II-632; 1960-IV-335; 1962-II-335; 1966- II-585; 1970-I-135, entre otras tantas), es menester que se acredite prima facie tal aserto. (SCBA; Ac. 83216, S 10/09/2003).
De las constancias de autos se desprende que los apelantes se han presentado atacando la sentencia definitiva y refiriendo respecto a los hechos que: “En el mes de Septiembre del año 2019, se encontraba, en la puerta del domicilio sito en la calle Av. De Mayo Nro. 2480/2482 de San Justo -Dto. Judicial de La Matanza- (Pcia. de Bs. As.), un cartel donde se ofrecía a la venta el inmueble de referencia. Toda vez que nos interesaba el mismo, golpeamos la puerta de tal domicilio, y fuimos atendidos por quien se presentó como el dueño de la inmobiliaria “CALADINO S.R.L.”, identificándose como el Sr. Fabián Raúl Rodríguez. En tal oportunidad, el Sr. Fabián Raúl Rodríguez nos señaló que él era poseedor a título de dueño del inmueble de referencia por más de 19 años, y que estaba a punto de iniciar el juicio de usucapión del mismo, razón por la cual lo que se ofrecía a la venta era la transferencia de tales derechos posesorios, quedando a cargo del comprador la realización del proceso judicial por prescripción adquisitiva.
Asimismo, el Sr. Fabián Raúl Rodríguez, invocando su condición de dueño de la inmobiliaria ante dicha, nos señaló que la posesión del raíz la detentaba en forma pública, pacífica e ininterrumpida, encontrándose actualmente alquilado el inmueble al Sr. Mario Osvaldo Madeo, con quien no habría problemas porque de concretarse la venta el referido se encargaría de arreglar con el mentado inquilino para que la entrega de la posesión sea libre de ocupantes. Atento que solo se transfería derechos y acciones posesorias, y dado que a posteriori se debía realizar el referido juicio de usucapión, el precio de venta era de $ 2.800.000.- (Pesos dos millones ochocientos mil), es decir, el valor de compra era notablemente inferior a lo que realmente valía el inmueble.
En orden a la conveniencia del precio, y dado que el Sr. Fabián Raúl Rodríguez nos aseguró que el inmueble no tenía ningún tipo de inconveniente y, por tal motivo, solo restaba realizar el juicio de usucapión, el cual resultaría favorable porque la posesión se detentaba en forma pública, pacífica e ininterrumpida por 19 años, nos decimos a realizar una oferta de compra, toda vez que no contábamos con la totalidad del dinero. En tal sentido, ofrecimos pagar al contado el 50 % del valor contra la entrega de la posesión, y el otro 50 % hacerlo en el mes del Mayo del año 2020.Atento el ofrecimiento de marras, el Sr. Fabian Raúl Rodriguez aceptó el mismo, y, por tal motivo, en el mes de Octubre del año 2019, nos fue entregada la posesión del inmueble, libre de todo ocupante, por lo que le entregamos al referido, en tal oportunidad, el 50 % del precio convenido, comprometiéndonos a pagar el saldo de precio en el mes de Mayo del año 2020.
Así, tomamos posesión del inmueble de referencia, habitándolo con nuestros tres hijos, Bruno Martín Prosdocimo, actualmente de 3 años de edad, Julián Martín Prosdocimo, actualmente de 6 años y 6 meses de edad, y Nahuel Martín Prosdocimo, actualmente con 8 años de edad. Llegado el mes de Mayo del año 2020, el Sr. Fabián Raúl Rodríguez nos informó que el saldo de precio debía ser pagado, y que la firma del instrumento de venta se haría el día 5 de junio de la mentada anualidad, ello, en la escribanía GONZÁLEZ LLINAS, sito en la calle Pumacahua Nro. 284 de la Ciudad Autónoma de Bs. As. El día 5 de Junio del año 2020, y conforme lo convenido, nos apersonamos a la mentada escribanía, donde se suscribió el instrumento de cesión de derechos posesorios, el cual nos serviría para iniciar el juicio de usucapión, a la vez que se abonó el 50 % del saldo restante, por lo que se completó el precio de venta en la suma de $ 2.800.000.- (Pesos dos millones ochocientos mil)” (…) El día viernes 3 de Julio del corriente año, llegó a nuestro domicilio, una serie de cartas documento, entre las cuales se encuentra la CD. 077387538, emitida por el Sr.
Lorenzo Jorge Zaiacometti, dirigida a subinquilinos y/o ocupantes, cuyo tenor es el siguiente: “Notifico a Ud. por la presente que en los autos caratulados “ZAIACOMETTI LORENZO JORGE Y OTRO C/ ULEZIR CARLOS Y OTRO/A S/ DESALOJO (EXCEPTO. POR FALTA DE PAGO)”, en trámite por ante estos estrados se ha dictado la siguiente resolución: “San Justo, 11 de Febrero de 2020 FALLO: HACER LUGAR a la demanda de desalojo…” (…) A partir de la mentada carta documento, asistimos al estudio jurídico de nuestro abogado, quien, mediante consulta en el sistema MEV corroboró la existencia y estado el presentes proceso judicial, lo cual motiva que nos presentemos en éstas actuaciones…”.
Qué asimismo, los apelantes en su primera presentación, al recurrir la sentencia de desahucio, dicen y reconocen expresamente que fueron estafados en estos términos: “En mérito a los hechos circunstanciados en el pto. I) del escrito a despacho, surge, como evidente, que el SR. FABIAN RAÚL RODRÍGUEZ, a sabiendas del presente juicio de desalojo, nos ha vendido los derechos posesorios del inmueble ocultando tal información, ello, induciéndonos a error respecto a que la posesión que detentaba era pública, pacífica e ininterrumpida por 19 años, cuando, en realidad, y conforme las constancias de autos, no era ni pacífica ni ininterrumpida ni tampoco tenía una duración de tantos años, lo cual importa que el referido ha cometido el delito previsto y reprimido en el art. 172 del Código Penal (Estafa), toda vez que, con tal inducción a error, logró que dispusiéramos a su favor la suma de $ 2.800.000.- (Pesos dos millones ochocientos mil) en forma totalmente ilícita.- Como fuera referido en el pto. I) del escrito a despacho, y conforme las constancias que emanan de la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Bs. As., el referido SR. FABIAL RAÚL RODRÍGUEZ resulta ser el socio gerente de la inmobiliaria denominada “CALADINO S.R.L.”, y, concretamente, utilizó tal circunstancia para que actuáramos con error realizando la disposición patrimonial a su favor, lo cual importa que, concretamente, se revelara ante VS. un delito de acción pública, razón por la cual, en orden a que VS. reviste la calidad de funcionario público al cual se le pone en conocimiento la “noticia criminal”, el hecho delictivo debe ser puesto en conocimiento de la Justicia Penal, por lo tanto solicito que VS. libre testimonio y expida las copias de las partes pertinentes para que se radique la investigación del hecho delictivo en cuestión ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) departamental que por turno corresponda”.
Son los propios apelantes quejosos, al reconocer expresamente que fueron inducidos a cometer un error, al celebrar el acto ilícito que denuncian y por ende se ha viciado su voluntad, fueron engañados en cuanto a que la supuesta cesión de derechos y acciones posesorias era pública, pacifica e interrumpida y que no tenía una duración de 19 años. Y concluyen afirmando que el otro contratante (el cedente) ha cometido el delito de estafa previsto en la figura del art. 172 del Cód. Penal, por haber logrado que por tal inducción a error, se dispusiera la suma de $2.800.000,00 a favor del mismo de modo ilícito.
Vale decir entonces, que si los propios recurrentes en su primera presentación argumentan, que el acto celebrado entre ellos y un tercero, que lo califican como ilícito, porque fueron estafados, mal pueden ir en contra de la doctrina de sus propios actos, al pretender en esta segunda instancia recursiva hacer valer un acto, que ellos mismos reconocen que nació viciado o con un vicio de la voluntad, al obrar el cedente con dolo. La invocación de la doctrina de los actos propios o de los propios actos surge del art. 1198 del C. C. y del art. 961 del nuevo C. C. y C. y tiene su fundamento en el principio de la buena fe. De modo tal, que los actos celebrados entre las partes no pueden perjudicar los derechos de terceros (arts. 1.199 y su conc. el 503 del Cód. Civ. y art. 1.021 del C. C. y C.) y mucho menos cuando dicho acto es ilícito (art. 271 y 274 del Cód. Civ. y Com.), por haber actuado el cedente según lo refiere el apelante en fraude de sus derechos (con dolo). De lo que se colige: “la inoponibilidad frente a terceros” (los actores de autos) de dicho acto ilícito. En tal sentido jurídico juzgo que son de aplicación al presente “sub-judice” los arts. 338, 339, 342, 382, 396 y 397 del C. C. y C., que prescriben y regulan los derechos subjetivos de los terceros ajenos a la celebración de un acto ilícito, que les causa perjuicios a sus intereses patrimoniales, resultando inoponible a los mismos.
La inoponibidad al tercero es también una forma de ineficacia que en el sistema de la ley se coloca junto a la impugnabilidad: como una forma aquella de defensa pasiva y preventiva del tercero, mientras que esta es una defensa activa y sucesiva, es decir reactiva. Aquí ha de recordarse que la tutela del tercero contra los efectos del negocio que en apariencia le perjudican no requiere siempre una iniciativa suya; llevar a conocimiento del tercero, con medios adecuados, idóneos y lícitos jurídicamente hablando, las modificaciones acaecidas en la legitimación.
Finalmente de conformidad a las prescripciones legales de los arts. 3270 del Cód. Civ.. y su conc. el 399 del nuevo C. C. y C., al disponer que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto, un derecho mejor y más extenso que el que tenia de aquel que lo adquiere, se deduce sin hesitación que el cedente mediante un acto ilícito, no puede transmitir un derecho, que no es titular subjetivamente hablando del mismo. Este es un principio general del derecho, aplicable al caso de autos.
Además, “obiter dicta” recuérdese que el art. 1893 del nuevo C. C. y C., dispone expresamente como regla jurídica que: “La adquisición o transmisión de derechos reales son oponibles a terceros, considerando publicidad la suficiente inscripción registral o la posesión, según el caso. En nuestro caso, la Sra. Juez que ordenó la subasta, puso en posesión del bien rematado judicialmente al adquirente del mismo, cuyo mandamiento fue debidamente diligenciado por un oficial de justicia, al cual me he referido “ut supra”. Cumpliendo de ese modo los efectos publicitarios con la entrega judicial de la posesión. Demás esta recalcar, que se le ha transmitido judicialmente al adquirente el derecho real de dominio sobre la cosa rematada judicialmente. Ahora bien, de la atenta lectura y estudio de esta causa, no surge que los aquí apelantes han logrado acreditar debidamente y con medios probatorios idóneos encontrarse con derecho a la retención del bien. Los actores han adquirido el bien inmueble, con fecha 11 de septiembre de 2015, con su respectiva toma de posesión según mandamiento del día 30 de marzo del 2016. Del mismo modo, la demanda de desalojo se ha iniciado el día 09 de agosto de 2016, habiéndose declarado la cuestionó de puro derecho (10/09/2019) y dictado la sentencia definitiva el día 11 de febrero de 2020.
Por su parte, los apelantes refieren haber celebrado un contrato de cesión de derechos posesorios –el cual se encuentra presentado electrónicamente a las actuaciones principales- con un tercero que nada tiene que ver con los aquí actores –el Sr. Fabián Raúl Rodríguez, dueño de una supuesta inmobiliaria- ni con el proceso de ejecución de sentencia llevado adelante oportunamente, proceso en el cual los accionantes han adquirido en subasta judicial el inmueble objeto de desalojo.
Asimismo, conforme el relato de los apelantes, estos habrían efectuado la toma de posesión durante el trámite del proceso de desalojo – octubre 2019-, periodo en el cual se habría declarado la cuestión de puro derecho y firmado el instrumento de cesión de derechos posesorios el día 05 de junio de 2020, es decir luego de la sentencia definitiva dictada en estas actuaciones.
Por lo cual, de dichas declaraciones y demás constancias de autos surge evidentemente que los aquí apelantes no tienen derecho a la retención del inmueble. No han logrado acreditar derecho legítimo alguno a la posesión que dicen detentar, ni han logrado, controvertir con éxito la posesión que si se le ha otorgado debidamente a la parte actora en el proceso correspondiente. En suma, los demandados y los demás ocupantes son meros intrusos, precaristas cuya obligación de restituir es exigible, pues el intruso accede al inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, que ocupa la cosa por un acto unilateral, que se introdujo en la cosa inmueble sin derecho: El intruso es aquel que no puede alegar en su favor la retención de la cosa. Se entiende por intrusión -expresa Álvarez Alonso- la acción de introducirse ilegalmente, sin derecho, en una propiedad inmueble, o la acción del que detenta la cosa obtenida por intrusión contra la voluntad del dueño (Álvarez Alonso, Salvador, El desalojo…., p. 56, cit. por Salgado Alí, op. cit. p. 351). En suma, todos ellos son los legitimados pasivos para ser demandados y condenados a desocupar la cosa y restituirla a los actores.
Por todo ello y de acuerdo a lo desarrollado a esta altura del presente voto, juzgo que los actores –en su calidad de dueños del inmueble y compradores en subasta- se encuentran debidamente legitimados activamente para promover el presente juicio de desalojo en contra de los demandados. Dicha forma de decidir, importa rechazar los agravios expuestos y confirmarse la sentencia apelada.
VII. Asistencia material a los niños en situación desahucio Regula legalmente el texto del art. 27 de la Convención Internacional de los Derechos del niño (Ley 23.849) que: “1.-Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3.- Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
Que, de las actuaciones electrónicas correspondiente a estos autos y expediente, se acredita la existencia de tres niños menores edad, que habitan en el inmueble objeto de este juicio de desalojo, junto a sus progenitores, según da cuenta las partidas de nacimiento agregadas electrónicamente y digitalizadas.
En su consecuencia y a los efectos de cumplir legalmente con las directivas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (como ley fundamental supranacional), corresponde darles a los mismos protección y asistencia material y social, a los efectos de garantizar sus derechos (art. 36 incisos: 1º, 2º, y 7º, de la Constitución de la Pcia. de Bs.As., y arts. 6º, 7º, 12º y 14º de la ley 13.298; y arts., 14, 14.1 (Integrantes del sistema de Promoción y Protección integral de so Derechos del Niño) y 14.2 (Atención prioritaria) del Decreto nº300 del 7/3/05 que reglamente la ley 13.298), debiéndose oficiar al Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de Bs. As. y subsidiariamente a la Municipalidad de La Matanza a esos efectos indicados y darles: “Asistencia social”, procurándoles brindar una vivienda habitacional, para no quedar en el desamparo, en la oportunidad de ejecutarse el desalojo del inmueble de autos.
VIII. Las costas de Alzada En cuanto a las costas de Alzada, propicio se impongan a la parte demandada que resulta vencida, atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 del CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y el Dr. Posca también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas que 1°)SE CONFIRME la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; desestimándose el recurso interpuesto por los accionados, debiendo garantizarse al momento del lanzamiento la toma de medidas que el Sr. Juez estime corresponder en cuanto a contención y asistencia, con la debida intervención, en su caso, de los organismos administrativos competentes – conforme considerando VII-, a fin de preservar los derechos de los niños que pudiesen verse vulnerados como consecuencia del desahucio ordenado, con la debida intervención de la Asesoría de Incapaces Deptal; 2°) SE ENCOMIENDE al Sr. Juez de Primera Instancia que frente a la denuncia formulada por los apelantes en su presentación, quienes denunciaron el presunto delito de estafa en perjuicio de su patrimonio, proceda a digitalizar las piezas esenciales de autos a los fines de ser elevarlas a la UFI que por turno corresponda; 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ésta instancia recursiva a la parte demandada que resulta vencida, atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 del CPCC). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. ASI LO VOTO Por análogas consideraciones, el Dr. Pérez Catella y Dr. Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE 1°) CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; desestimándose el recurso interpuesto por los accionados, debiendo garantizarse al momento del lanzamiento la toma de medidas que el Sr. Juez estime corresponder en cuanto a contención y asistencia, con la debida intervención, en su caso, de los organismos administrativos competentes –conforme considerando VII-, a fin de preservar los derechos de los niños que pudiesen verse vulnerados como consecuencia del desahucio ordenado, con la debida intervención de la Asesoría de Incapaces Deptal; 2°) ENCOMENDAR al Sr. Juez de Primera Instancia que frente a la denuncia formulada por los apelantes en su presentación, quienes denunciaron el presunto delito de estafa en perjuicio de su patrimonio, proceda a digitalizar las piezas esenciales de autos a los fines de ser elevarlas a la UFI que por turno corresponda; 3°) IMPONER las costas generadas en ésta instancia recursiva a la parte demandada que resulta vencida, atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota (arg. art. 68 del CPCC). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia