Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 7031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) condenar por el accidente en el que resultara víctima la actora Fuentes Natalia Verónica –como tercera transportada- a SARGENTO CABRAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y su aseguradora METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS, en la medida de la cobertura contratada, al señor DANIEL ALBERTO LUCERO, al señor JOSE LUIS FERNANDEZ conjuntamente con su citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, también en la medida del seguro, quienes deberán responder frente a la parte actora en el porcentaje del 85%, quedando a cargo de la accionante el otro 15%, por haberse configurado el eximente culpa de la víctima; b) elevar el rubro incapacidad psicofísica sobreviniente en la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($637.500,00); c) confirmar la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00) en concepto de tratamiento psicológico, la cual deberá ser adecuada atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($45.900,00) d) elevar el rubro el daño moral en la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL …
FUENTES NATALIA VERONICA Y OTRO C/ SARGENTO CABRAL SA DE TRANSPORTE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
CAUSA Nro.: 7031 Juz. Civ. y Com. Nro.: 4 RSD Nro.: 35 /21 Folio Nro.: 532 A los 16 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados:“ FUENTES NATALIA VERONICA Y OTRO C/ SARGENTO CABRAL SA DE TRANSPORTE Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. CAUSA Nro.: 7031 habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DR. TARABORRELLI- DR. PÉREZ CATELLA – DR. POSCA - resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso.
Con fecha 10/06/2020 el sentenciante de grado resolvió: “Desestimar la presente demanda respecto de SARGENTO CABRAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y de la aseguradora METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS.- 2º) Hacer lugar a la demanda instaurada, y en consecuencia, condenar al señor DANIEL ALBERTO LUCERO, al señor JOSE LUIS FERNANDEZ y a la aseguradora citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA en la medida de la cobertura contratada, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, a la señora NATALIA VERONICA FUENTES la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIEN ($980.100.-) con más los intereses establecidos en el considerando V), desde la fecha de su exigibilidad (13 de Agosto de 2002) y hasta su efectivo pago. 3°) Imponer las costas del presente proceso a los demandados que resultan vencidos en la contienda (art. 68 del CPCC). Hágase saber que oportunamente deberá dar cumplimiento con el pago de la tasa y sobretasa de justicia (art. 337 del Código Fiscal y ley 8455), bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a los organismos respectivos.
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad”.
Contra dicha forma de resolver, con fecha 12/06/2020 apeló la parte actora, recurso que fuera concedido libremente mediante proveído de fecha 16/06/2020. Con fecha 22/06/2020 hicieron lo propio la parte codemandada representada por la Dr. Coppola Patricia, recurso que también fuera concedido libremente el mismo día.
Elevadas las presentes actuaciones ante esta Alzada, se radicaron ante esta Sala Primera –véase proveído de fecha 16/09/2020-.
El día 23/09/2020 se pusieron los autos en secretaria para que expresen agravios los apelantes, habiendo cumplido con dicha carga procesal mediante presentación electrónica de fecha 28/09/2020 la parte actora y con fecha 12/10/2020 a la parte codemandada (ello considerando que se le había suspendido el plazo para la fundamentación).
Así las cosas, con fecha 15/10/2020 se corrió traslado de las presentaciones a todas las partes intervinientes, quienes contestaron mediante presentaciones electrónica de fecha 19/10/2020 la Dra. Coppola (codemandada apelante), el 21/10/2020 el Dr. Tedesco (parte actora) y 26/10/2020 el Dr. Jorge Hugo Elizalde (letrado apoderado de Metropol Sociedad de Seguros Mutuos), habiéndosele dado por decaído el derecho al resto de las partes.
Por lo cual, una vez en condiciones se llamaron Autos para Sentencia y se procedió a efectuar el sorteo de vocalía.
II. Agravios de la parte actora De los agravios expuestos por dicha partea a través de su letrado apoderado, se infiere que esta se agravia, en lo medular, por: a) Incapacidad sobreviniente (Daño físico y psíquico) La primera de las protestas de su mandante se vincula con el exiguo monto que considera fijó la sentencia para resarcir los daños físico y psíquico padecido por la actora, ello pese a la importante minoración (15% por incapacidad anatomofuncional parcial y permanente más 10% de incapacidad psicológica), de las potencialidades físico/psíquicas padecidas por la Sra. Natalia Fuentes; sin tener en cuenta, refiere la juventud de la accionante (28 años al momento del hecho) ni sus condiciones personales al momento de fallar, apartándose así de las reglas de la sana crítica y la experiencia de vida.
Transcribe el apelante la pericia médica y psicológica practicada en autos, describiendo las diversas lesiones y padecimientos que se le habrían constatado a la víctima del daño. Refiere que SS le atribuyó la suma de $ 405.000.- para resarcir el daño físico y $ 252.000.- para indemnizar el daño psicológico; los que se consideran a todas luces insuficientes y alejado de los montos que actualmente se confieren en similares situaciones, al amparo del principio de restitución integral, consagrados en la ley de fondo y en nuestra Carta Magna. Del mismo modo, expone que de las fotografías incorporadas a éstas actuaciones, insertas tanto en el responde de demanda de fs.51/74; así como en la Causa Penal Nº 570054547/2002 (venida a éstos actuados "ad effectum videndi et probandi, la cual corre por cuerda) se observan los daños experimentados por ambos vehículos involucrados, lo cual entiende que demuestran a simple vista que el taxímetro que transportaba a la Srta.
Fuentes, se incrustó literalmente, bajo la estructura lateral izquierda del colectivo que cruzaba la Av. Juan B. Alberdi. Que la destrucción total del frente del vehículo de menor porte (taxímetro), habla a las claras de la violencia del impacto y la aceleración impresa a ése rodado al momento de la colisión. Por lo cual, considera que no resulta difícil imaginar, que una persona que viaje en su interior, va a resultar gravísimamente dañada, tanto en sus miembros inferiores como así también, en toda su estructura columnaria entre otras lesiones. Que no puede dejar de soslayarse, que Natalia Verónica Fuentes, desde sus 28 años, caminó, camina y caminará de manera dolorosa (disbasia) y claudicante a consecuencia de las lesiones severas en su tobillo derecho a lo que se suma la lumbalgia (según informe médico pericial).
Continúa sus agravios, exponiendo que esta marcha dolorosa, traerá aparejada una serie de trastornos posturales y de deambulación, que agravarán el cuadro de incapacidad que hoy presenta su pierna, a causa del movimiento basculante de cadera. Que esto repercutirá negativamente a lo largo de toda su columna, la cual ya se encuentra afectada por la lumbalgia atribuida al accidente. Que a los fines de determinar el grado de incapacidad sufrido, la apreciación que se realice no puede limitarse a la que surge de un análisis físico, también debe tenerse en cuenta el contexto socio económico dentro del cual la víctima desarrollaba su habilidad, o sea lo que en doctrina se conoce como capacidad de ganancia; ya que normalmente los que sufren aminoramiento de ésta naturaleza, se ven desplazados, -manifiestacomo en el caso de autos, del mercado de trabajo.
En suma, luego de citar doctrina y jurisprudencia que entiende respaldatoria, solicita se eleve dicho rubro; b) Daño moral: del mismo modo, se queja por el el monto de $262.800.- que fija la sentencia recurrida para resarcir el daño moral padecido por el hecho. Que el fundamento tomado por el Sr. Juez de Primera Instancia, a fin de fijar la indemnización del rubro en cuestión fue la edad de la víctima, las lesiones padecidas y los sinsabores experimentados. No obstante, considera que de haber el sentenciante de grado, analizado con mayor rigor las constancias fácticas plasmadas en la causa penal -acollarada a éste expediente-, habría podido barruntar el peligro corrido, súbito, espectacular y catastrófico que generó en la accionante un gran angustia y un profundo temor, los padecimientos y molestias inherentes al tratamiento terapéutico, la incapacidad, la edad al momento del accidente, su afectación a la vida de relación, el lucro cesante, las pérdidas de chances económica que repercutieron negativamente, menoscabando uno de los precipuos valores que posee todo hombre y generando un profundo dolor espiritual.
Por lo cual, luego de citar doctrina y jurisprudencia, solicita se eleve el monto resarcitorio del rubro Daño Moral; c) La tasa de interés: Finalmente, refiere el letrado apoderado de la parte actora que se agravia por los intereses establecidos por VS, quien determinó la aplicación al monto indemnizatorio del interés puro del 6% desde la fecha del hecho (13 de Agosto de 2002) hasta el dictado de sentencia de primera instancia (10 de Junio de 2020), y luego y hasta su definitivo pago, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (tasa pasiva digital); por no contemplar la pérdida del valor de la moneda por el peso de la inflación, ni repara el daño ocasionado por el retraso del pago de lo debido desde la ocurrencia del hecho que diera origen al presente juicio.
Que es necesario recordar que el art. 622 del Código Civil establece que "el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar". De tal suerte, y en casos como el presente, refiere que al no haber intereses convencionalmente fijados por las partes, ni tampoco una tasa indicada por la ley, será resorte del órgano jurisdiccional la determinación de la tasa de interés a aplicar en orden a conjugar la reparación del llamado "daño moratorio". Es así que computando las circunstancias económicas actuales (de público y notorio conocimiento) se entiende que -hoy en día-, expone el apelante que la tasa que mejor se acomoda a la reparación efectiva del daño moratorio, dentro de los límites antes enunciados en cuanto al tipo de tasa a utilizar, es la tasa pasiva digital (BIP) informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para plazo fijo digital a 30 días.
Que no parece para nada razonable la fijación de tasas -en los últimos tres años- que oscilan entre el 6,5 y el 11% anual (tasa pasiva común) y que -incluso- para algunos períodos se sitúan por debajo de la evolución de los índices de precios al consumidor proporcionados por el Indec. Que sí, en cambio, entiende dicho letrado que se ajusta algo más a las circunstancias económicas de estos tiempos (evolución de los costos de vida, erosión progresiva del valor de la moneda), la fijación de las tasas informadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los plazos fijos digitales en tanto operan por encima de tales índices y se erigen en cifras prudentes y razonables como forma de hacer frente al daño moratorio, ajustándose ello, incluso y tal como lo haseñalado, a la pautas dadas por la Suprema Corte (advierte que no se están tomando tasas activas) que ha convalidado la aplicación de estas tasas.
En consecuencia, luego de citar jurisprudencia, solicita se modifique la resolución apelada, disponiendo que al capital de condena se apliquen intereses a la tasa informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales, a 30 días, y para los períodos en que no exista dicha tasa, a la indicada en el fallo apelado.
II.a. agravios de la parte codemandada y condenada Daniel Alberto Lucero y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia De los agravios expuestos por dicha parte, se advierte que esta se agravia –en lo medular- por: 1.- la responsabilidad asignada en forma exclusiva a su parte; 2.- Validar la pericia médica in totum y conceder indemnización en base a todas las dolencias que en ella se enuncian (en concepto de incapacidad física) 3.- La concesión del rubro daño psicológico y en su caso por la suma asignada; 4.- La concesión del costo del tratamiento y a todo evento por el monto asignado.; 5.- El monto fijado por daño moral. En cuanto a la responsabilidad, manifiesta la apelante que le agravia que el sentenciante asignara responsabilidad exclusiva a los demandados Daniel Alberto Lucero, y a José Luis Fernández, haciendo por ende extensiva la condena a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.
Ello así, pues entienden que de las constancias probatorias emerge que el accionar de un tercero, tuvo directa incidencia causal en el siniestro. Entienden que en el caso ha existido un desinterpretación de los artículos 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1111, del Código Civil aplicable al caso, una arbitraria valoración de la prueba, como así también una errónea aplicación de disposiciones contenidas en los arts. 1113 y cc. del C.C. y 384 y cc. del C.P.C.C. Que el caso de autos, el tema que se debate e impugna es el de la causalidad y en especial el de la concausa. Que cuando la sentencia dispone que el riesgo creado por el vehículo conducido por el Sr. Lucero tiene una incidencia causal del 100 % en el acaecimiento del evento dañoso, comete un error de juzgamiento puesto que la acción de un tercero tuvo directa incidencia para causar el perjuicio.
Que en el decisorio, se evidencia una equivocada aplicación del art. 1113 del C.C., sin respetar el contenido y espíritu de la norma, beneficiando a un codemandado (Sargento Cabral S.A. de Transporte) frente a otro (Lucero), con la exigencia de una prueba de la eximente de responsabilidad pero insiste, no frente a la víctima, sino en beneficio del codemandado. Que tal como en reiteradas oportunidades ha señalado esta Sala, la prueba de las eximentes debe ser contundente y clara y en el sublite, ninguno de los demandados ha logrado acreditar las eximentes invocadas. A tales efectos, expone: la parte actora invocó en sustento de su pretensión que a) el chofer del colectivo perteneciente a Sargento Cabral S.A. de Transporte, “ingresó a la Avda.
Juan Bautista Alberdi violando la luz roja del semáforo que impedía su paso, interponiéndose en la trayectoria de marcha del Renault Megane… ocasionando de esa manera la colisión entre ambos rodados…” (sic. Fs. 5 vta y 7 vta.), b) que el microómnibus avanzaba a excesiva velocidad (sic. Fs. 7 vta.), que su conductor no mantuvo su dominio y que fue causante de la colisión. Estas últimas tres imputaciones (punto b) son también asignadas al conductor del taxímetro. Que erróneamente, esta clara afirmación del cruce en rojo por parte del chofer de colectivos fue desestimada por el juzgador, quien invocó en la sentencia que no ha considerado los dichos de la actora debido a una relación sentimental que la misma mantenía con el chofer.
Que es de resaltar que tal decisión deviene cuestionable por cuánto, si hubiese estado condicionada por tal supuesta relación, la actora no hubiese demandado al Sr. Lucero ni le hubiese imputado conducta reprochable alguna como lo ha hecho. Por otra parte, manifiesta la apelante que es significativo hacer notar que tan veraz es la declaración de la accionante en sede penal que inclusive (en contra de sus propios intereses) reconoció que se encontraba circulando en el automotor sin utilizar cinturón de seguridad. 2.- Que no obra en sede penal ni en sede civil, ninguna otra prueba que permita tener por acreditado quien de los dos rodados cruzó el semáforo en rojo y obviamente, siendo una intersección semaforizada, en nada hubo de incidir el lugar de acceso de cada uno a la bocacalle, ya que la única prioridad de paso que regía en el supuesto, era la de aquel que estaba beneficiado por la luz del semáforo. 3.- Que la pericia mecánica nada pudo determinar al respecto, agregando que tampoco podía expedirse sobre las velocidades de los rodados.
Que lo que sí ha determinado esa experticia fue: el lugar de impacto en los rodados (frente del rodado y lateral del colectivo -que según las fotos de fs. 47 a 50 del expte civil se advierte como lateral medio/delantero) y que el choque se produjo en el centro de la intersección y no cuando el colectivo se encontraba finalizando de cruzar (como ha aducido el codemandado). -extremo refiere la letrada omitido por el juzgadortal como se desprende del croquis agregado a fs. 699 -basado en las constancias penales-. En suma, concluyen que la codemandada no ha acreditado las premisas que ha sostenido como base de la eximente que planteara, esto es: ni la velocidad elevada del rodado, ni que se encontraba terminando de cruzar, ni que estaba habilitado por la luz verde del semáforo, por lo que entiende dicha parte apelante que resulta injusto e inapropiado que el digno sentenciante haya beneficiado a esa parte excluyéndola de responsabilidad.
Que el Juzgador debió no tener por acreditadas las eximentes planteadas por los demandados, por ninguno de los dos frente a las aseveraciones de la parte actora, esto es, si no existe la seguridad y la prueba fehaciente de la infracción denunciada, debió tener por no acreditadas las eximentes frente a la víctima. Que ninguno de los demandados (ni las citadas) han logrado acreditar en su totalidad las eximentes de responsabilidad invocadas. Que el accionar del conductor del colectivo tuvo directa incidencia causal en el acaecimiento del siniestro y para excluirlo totalmente de la responsabilidad objetiva que les cabe, también debió exigirles una prueba acabada de la eximente, prueba que entiende no se ha verificado.
Expone que si bien es cierto que su parte no logró demostrar la eximente plantada, ni el demandado Sargento Cabral S.A. de Transporte, ni su aseguradora, tampoco lo hicieron y debieron resultar condenados. Por lo cual, peticiona la letrada apoderada que se revoque la sentencia recurrida en cuanto asigna un 100 % de responsabilidad a sus mandantes, considerando que el codemandado tampoco ha acreditado la eximente total receptada. Por otra parte, se agravia respecto a la desconsideración total de la culpa de la víctima en la generación de las consecuencias dañosas verificadas. Destaca que fue la misma actora quien reconoció en su declaración brindada en sede penal que se trasladaba en el automotor sin utilizar cinturón de seguridad.
Ello, en infracción a lo dispuesto por el art. 30 apartado a) de la Ley 24.449 de aplicación en la Provincia de Buenos Aires conforme lo dispuesto por la ley 13.927. Que la conducta de la transportada entonces, interrumpió en alguna medida la premisa necesaria del nexo causal entre el hecho y el daño, resultando de aplicación (a su respecto) lo dispuesto por el art. 1111 del C.C. vigente al momento del evento. Que de haber llevado colocado el cinturón de seguridad, no hubiese sufrido un impacto de tal magnitud como para causar la fractura en su pie y sin perjuicio de lo que invocaran sobre la inexistencia de relación causal de la dolencia lumbar, a todo evento aseveran que la misma tampoco podría haber sido causada.
Por lo cual, solicitan que dada la infracción señalada (falta de utilización de cinturón de seguridad obligatorio), lo cual entiende tuvo directa incidencia en las consecuencias dañosas verificadas, se impute un porcentual de culpa en cabeza de la víctima, teniéndose por acreditada la eximente de responsabilidad citada. Del mismo modo, se agravia por el rubro incapacidad física. Se queja que se haya valorado dentro del rubro incapacidad física, un porcentual de minusvalía (5%) asignado a una “lumbalgia” que el perito refiere como postraumática, cuando de la confrontación de elementos objetivos se desprende que la relación causal –entiende- deviene inexistente. Que la conclusión de la pericia médica, en este aspecto, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 472 del C.P.C.C.
Que el hecho sucedió el 13 de agosto de 2002 y la pericia médica fue presentada en fecha 26/3/19, esto es, fue realizada luego de más de dieciséis años y medio desde la fecha del accidente y pretende relacionar equivocadamente –considera- dolencias lumbares que no se desprenden de documentación idónea, desacreditando sus conclusiones. Refiere sobre la inexistencia de atención y tratamiento en la zona lumbar con inmediatez al hecho, que la única atención médica que menciona el perito con inmediatez al evento obrante a fs. 647-652 (copia HC Hospital Santojianni: 13/08/2002 paciente que ingresó … presenta traumatismo de cráneo …traumatismo de tobillo…”, la cual expone que ninguna referencia hace a un traumatismo lumbar y en especial, ninguna indicación acorde a un tratamiento que es debido en esos supuestos.
Que sumado a ello, la actora (según se desprende de la HC obrante a fs. 496/97) padece de PIELONEFRITIS CRONICA -infección piógena persistente del riñón que se caracteriza por dolor en la zona denunciada-. En consecuencia, entiende que deviene indudable que la causalidad asignada luego de 16 años es absurda y arbitraria y que el juzgador no debió de haberla considerado a los fines indemnizatorios. Que el sentenciante debió considerar el concepto jurídico de la causalidad, rechazando esa premisa de esta parte del rubro en cuestión. Entonces, entiende que la única afectación acreditada y relacionada resultaría ser la secuela de fractura de maléolo peroneo de tobillo derecho, por la que el perito otorgó el 10% de minusvalía y cuya valoración debió conducir al Juzgador, refiere a la concesión de una suma mucho menor a la otorgada.
Finalmente, expone que resulta sumamente elevada la suma de $ 405.000 asignada. Que la valoración realizada por el juez representa $ 27.931 por cada punto de incapacidad, extremo que, per se, considerando la carencia de prueba sobre una afectación en su vida, y las condiciones particulares demuestra, la desproporción y la exorbitancia señaladas. En suma, atento a la falta de relación causal de la incapacidad lumbar, solicita se reduzca dicha suma asignada. Por otra parte, agravia a su parte que el digno Juzgador haya concedido incapacidad psicológica. Entiende esta parte que se ha equivocado en el sublite al conceder una indemnización por un daño psíquico detectado, a un accidente sucedido más de dieciséis años antes.
Que no es viable que después de 16 años, pretenda atribuirse la minusvalía fijada a un trastorno por estrés postraumático. Que: ¿cómo puede sostener que un “stress postraumático” puede ser detectado después de tantos años?, más aún cuando la perito está aconsejando un tratamiento paliativo, sosteniendo que tiene posibilidades de éxito. Por lo cual, considera que la causalidad se advierte como manifiestamente inexistente. Que resulta importante señalar que frente a las vivencias de la accionante, es insostenible que la perito elija atribuir una minusvalía al siniestro. Que aunque la pericia no da referencias de la vida personal de la actora, de la HC agregada puede extraerse: * que es portadora de una enfermedad crónica (pielonefritis – confrontar fs. 496), * que sufrió una descarga eléctrica en su cuerpo haciendo tareas domésticas por la cual fue internada (conf. fs. 496/497), y * que fue atendida también por una herida en la palma de la mano derecha derivada de una riña domestica (conf. fs. 498/501).
Todo ello asentado en una personalidad de base neurótica (confrontar explicaciones brindadas por la perito). Por lo tanto, insiste que no resulta lógico ni razonable asignar una causalidad del 10 % a un accidente sucedido 16 años antes, más aún al tratarse de una persona que sufrió otros accidentes, y que vive en un entorno de violencia que ha llegado hasta la agresión y lesión física. Que la afectación que se relata, sólo podría haber sido considerada dentro del daño moral. Que a poco que se analice la experticia advierten que no se evidencia daño cerebral, que sus funciones se encuentran conservadas (lúcida, orientada globalmente, pensamiento lógico, juicio conservado, etc). En suma, solicita se rechace dicho rubro.
Subsidiariamente, manifiesta que aun en la improbable hipótesis de considerarse acreditado un daño psicológico, no existiendo acreditada afectación laboral y económica alguna, el mismo debió ser considerado dentro del rubro daño moral. Finalmente, refiere respecto a este daño que el Sr. Juez debió considerar también el concepto jurídico de la concausalidad, descartando en el caso los factores predisponentes y los eventos propios de la historia vital de la parte actora que concurren en la conformación de su trastorno (que ya hemos descripto: personalidad de base neurótica, existencia de una enfermedad crónica, de un accidente al haberse electrocutado, y de vivir una riña familiar con lesiones).
Así, el supuesto daño psíquico por el que deberían responder los demandados –de ser considerada la incapacidad - es de entidad muy inferior a la que representa el monto fijado que se ordena pagar en la sentencia recurrida, solicitando -atento a las a las circunstancias particulares y a lo referenciado, se evalúe en mucho menos del 50 % del 10% fijado por incapacidad psicológica. Del mismo, expone que la valoración de una "afectación psicológica" lejos puede encontrarse de la estimación para las minusvalías físicas. Que tampoco la actora se ha tratado en todo este tiempo por dicha incapacidad. Por lo tanto, solicita el rechazo del rubro o en su defecto, su disminución. En cuanto al tratamiento psicológico: refiere que en base a lo ut supra expuesto (inexistencia de daño psicológico relacionado causalmente con el siniestro), el tratamiento aconsejado no debió ser considerado, máxime el tiempo transcurrido desde el hecho ilícito.
Que después de 16 años (cuando los daños se suponen cronificados a los dos años del evento) dice la perito que podría tener posibilidades de éxito (confrontar contestación a las explicaciones solicitadas) y ello entiende la apelante, no resiste el menor análisis, solicitando por ello se rechace el rubro tratamiento. Que asimismo debió de valorarse también sobre el tratamiento la concausalidad ut supra detallada. Que también debe considerarse que la actora durante todo este periodo no se ha sometido a tratamiento alguno. Subsidiariamente, se agravia por el monto asignado por el juzgador a cada sesión de terapia que fija en $ 1.000. Que resulta viable ingresar a la página del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (https://colpsi14.org.ar/aranceles) de la que se desprenden que por resolución del Consejo Superior, se ha establecido el valor de la UP para el período 2020 de $ 112.
Y que según la resolución 1226/08 del Consejo Superior, el valor del "Arancel Profesional Mínimo" es de 5 UP equivalentes a $ 560 (pesos quinientos sesenta), muy inferior, expone la apelante a la suma considerada por S.S. En suma, solicita su rechazo o en su defecto, la disminución del mismo. Por último, se agravia por el rubro daño moral. Que el Juez evaluó al cuantificar el "daño moral", sufrimientos de mayor envergadura a los efectivamente acreditados. Que el Magistrado de grado consideró a fin de mensurar este daño, la afección extrapatrimonial de la actora derivada de lesiones que advierte no guardan relación causal. Que la accionante no ha producido prueba alguna respecto a tratamientos posteriores, por lo que, corresponde limitar la indemnización por daño moral en la proporción que corresponda, únicamente a los sufrimientos, padecimientos, intranquilidad y demás avatares espirituales que resultan de su afección real dejando de lado todo lo demás computado al efecto por el Sr.
Juez. En suma, solicita se reduzca significativamente la suma concedida adecuándola a las circunstancias del caso.
LA SOLUCIÓN
Centrado los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos y que fueran expuestos por las partes, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores en perjuicio de la víctima transportada El hecho ilícito dañoso que se investiga, resulta de la intervención de dos vehículos, un automotor marca Renault Megane dominio CSA 432 conducido por el Sr. Daniel Alberto Lucero, quien trasladaba a la actora, condenado en autos conjuntamente con el titular registral de dicho rodado José Luis Fernández –citado como tercero, quien no se ha presentado al proceso-, y un colectivo Mercedes Benz dominio DHD 347 línea 182 interno 1, perteneciente a la empresa también demandada Sargento Cabral SAC. Respecto a esta última parte accionada, el sentenciante de grado, rechazó la demanda, por considerar que debía atribuirse únicamente responsabilidad por el accidente a los primeros de los nombrados con su respectiva aseguradora.
La parte demandada y condenada –Sr. Lucero Daniel Alberto y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia- han apelado la responsabilidad endilgada por considerar que en la especie, se ha atribuido erróneamente responsabilidad exclusiva a dicha parte, cuando lo correcto hubiera sido atribuirla a ambas partes codemandadas por no haber acreditado ninguno de los accionados y frente a la víctima algún eximente de responsabilidad. Asimismo, refieren que la falta del uso del cinturón de seguridad ha configurado la eximente culpa de la víctima. Sobre este último punto, se adelanta que se tratara en capítulo aparte por una cuestión metodológica. La responsabilidad presupone un deber jurídico (del cual debe responder el individuo); sin embargo, no debe confundirse con él.
El deber jurídico es la conducta que, de acuerdo con un orden jurídico, se debe hacer u omitir; quien la debe hacer u omitir es el sujeto obligado. (Trigo Represas, Felix A., López Mesa, Marcelo J. “Tratado de la Responsabilidad Civil” TIII. Ed. La Ley. 2004pag. 757). Asimismo, se ha dicho que respecto a los principales deberes de quienes circulan por las calles, sea a pie o en vehículos son dos: 1) evitar el daño, es decir, conducirse de tal modo que el accidente no sobrevenga; 2) aminorar o reducir el daño. (ob.cit. pág. 758). Por lo cual, resulta obligación de todos los conductores guiar con el máximo de atención y prudencia, manteniendo el pleno dominio del rodado a fin de poder afrontar las contingencias del tránsito.
Se ha juzgado con acierto que circular en la vía publica trae consigo la obligación de hacer frente a distintas situaciones, sortear obstáculos imprevistos y resolver problemas disimiles, donde la prudente atención del conductor y la agilidad de sus reflejos adquieren relevante importancia por cuanto la espontaneidad de la reacción será el medio del que disponga para enfrentar correctamente las distintas contingencias del tránsito. Todo conductor de un automotor, como guardián de una cosa peligrosa debe estar atento a las evoluciones imprevistas de la circulación, pues debe guiar el rodado con la plena conciencia de que no existen sendas absolutamente libres, sino por el contrario, dominadas por una intensa complejidad.
La previsibilidad del daño es lo relevante a los efectos de asignar responsabilidad por mal manejo de un vehículo; esta previsibilidad debe analizarse del hontanar de la actividad normal del hombre medio. (ob.cit.pág. 772/773). Como vemos, existe un deber general de mantener en todo momento el más absoluto dominio del vehículo, resultante de los artículos 50 de la Ley Nacional 24449.
Dicha directiva es coincidente por lo demás, con lo resuelto por nuestra jurisprudencia, en el sentido de que la velocidad que debe imprimirse al vehículo que se conduce, debe ser tal que permita conservar en todo momento un férreo dominio sobre el móvil. La velocidad apropiada que debe llevar un vehículo no es siempre aquella establecida en los códigos, sino la que en disimiles condiciones permite maniobrar al conductor con eficacia y mantener el control del vehículo. No existe una pauta rígida sobre la velocidad adecuada; ella simplemente, es aquella apropiada para facilitar una rápida detención, de acuerdo a las circunstancias que pueden presentarse. (ob.cit. pág. 779). Por otra parte, no resulta novedoso que el hecho ilícito dañoso pueda ser también el resultado de la intervención de dos o más vehículos, y en estos casos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1109 reformado por la ley 17711, la responsabilidad habrá de pesar sobre todos los coparticipes sin consideración al grado de culpabilidad de cada uno, pudiendo ser indistintamente demandado cualquiera de ellos por la totalidad de la reparación; aunque a posteriori, quien la satisfaga íntegramente tendrá acción de reintegro contra los demás responsables. De esta forma vino a tener plena aplicación y vigencia, una corriente jurisprudencial ya insinuada antes de la reforma de 1968, que resuelve que: “en los casos de accidentes de tránsito en los que interviene más de un vehículo, el tercero, víctima del mismo no tiene por qué investigar la mecánica del accidente y puede dirigirse contra cualquiera de ellos o contra todos, a los efectos de obtener la correspondiente indemnización, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle al condenado para dirigirse contra el verdadero responsable del hecho. Es, sin embargo, posible que no todos lo que participaran materialmente en la producción del evento dañoso, resulten en definitiva “autores” del mismo, sino medio de su parte culpa o imprudencia alguna. (ob.cit. 840/841).
Al respecto, cierta jurisprudencia ha tenido oportunidad de expedirse de la siguiente manera: “…se ha sostenido con razón que para que se brinde la posibilidad de que el agraviado demande la totalidad de la indemnización que le es debida a cualquiera de los coautores de un hecho ilícito, resulta imprescindible que ambos partícipes tengan algún grado de ocurrencia del perjuicio, pero ello no significa que la víctima este obligada a establecer con precisión cuál fue la mecánica de la acción dañosa y la proporción en que participaron los implicados sino que la responsabilidad de cada uno de estos comprende la totalidad del daño causado”. Dicha doctrina ha sido plasmada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al expresar que el Código Civil a partir de la reforma introducida por la ley 17.711 ha establecido expresamente el régimen de la solidaridad entre los partícipes de un cuasidelito; ahora si bien esto es cierto, no le es menos que las obligaciones de los causantes de un daño y del responsable indirecto no son solidarias sino de las que en doctrina se denominan in sólidum o más propiamente, concurrentes, consistiendo en que aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y deudor. Por ello, se elimina la solidaridad en tanto se demuestre la culpa exclusiva de uno de los demandados” (En la ciudad de Rosario, a los 16 días de diciembre de 2015 “RAMOS, María Alejandra c/ SANTUCHO, Hernán y otros s/ Daños y Perjuicios” expte. N° 855/04 Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 1.Cita: MJ- JU-M-98107-AR | MJJ98107 | MJJ98107). “Tratándose de una accidente de tránsito en el que se han visto involucrados dos vehículos en movimiento, esto es, un colectivo (conducido y de propiedad del demandado y de la codemandada, respectivamente) y un ciclomotor (en el que se transportaba la víctima), en el marco de la responsabilidad objetiva, pesa sobre ambos participantes la carga de soportar el daño causado al restante, del que solo pueden eximirse, total o parcialmente, acreditando -indubitablemente- que el daño producido tuvo su causa o concausa adecuada en la conducta de la víctima o en la de un tercero por el que no deban responder (art. 375, 2º párrafo del CPCC) (CC0002 SM 56492 RSD-377-5 S 06/09/2005 Minoti, Eduardo Javier c/Rocha, Edison Daniel y otros s/Daños y perjuicios. B2003331).
De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos por la circulación de los automotores, en perjuicio de una víctima transportada, se presenta como un microsistema jurídico regulado por la ley 24449 integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts. 512, 513, 902, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil.
En suma, las pautas vertebrales a aplicar de la integración y la armonización del microsistema jurídico establecido por dicha ley con el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivadas de los accidentes de la circulación de automotores en las cuales son protagonistas un automotor o una pluralidad de automotores y un transportado, serían las siguientes, a saber: a) Pesan, con relación a la víctima del daño a la salud, sobre los protagonistas conductores de los automotores, presunciones legales de responsabilidad sobre la base de la teoría del riesgo prevista en el precepto jurídico del art. 1.113 del Cód. Civ., es decir que el que pretenda eximirse total o parcialmente de responsabilidad – interrumpiendo el nexo causal- deberá acreditar el hecho o la culpa de la víctima, el hecho o la culpa de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor o que la cosa fue usada o utilizada en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián de la cosa (arts. 513 y 1.111 del Cód.
Civ.). b) corresponde también aplicar en este acápite la teoría elaborada por Pichon Rivie, quien en 1936 introduce la teoría del consuno de seguridad, que consiste en determinar que cuando más cosas riesgosas o peligrosas se introducen en la sociedad ello trae como consecuencia un consumo de seguridad en perjuicio de la víctima; c) se destaca la participación activa en el hecho, de dos cosas riesgosas o peligrosas; d) se sienta el principio de que la parte más débil de la relación jurídica producida por el acto ilícito es la víctima del daño, en este caso la actora transportada benévolamente; e) en caso de duda, la balanza debe inclinarse a favor de la víctima del daño. Finalmente, conviene recordar que no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera.
(artículos 31 y 18 C.N. y 15 Constitución Provincial, Suprema Corte Bs. As., 21/9/1984, - Aspron, José Hernán v. Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios), es decir, carece de relevancia en sede civil; máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 1113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).(Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, 0001, 21-3-91,”Martín, Ángel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios”).
Sentado el marco legal, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, comenzare por dar tratamiento a los agravios expuestos por la demandada y citada en garantía condenada.
Así las cosas, importa preguntarse, ¿Qué ha ocurrido realmente en el teatro de los hechos? para ello comenzaré por dar lectura, estudio y valoración a los medios probatorios producidos ante el Sr. Juez Colega de Trámite, bajo las siguientes consideraciones que paso a desarrollar:
1. En primer lugar, destaco que a 5/19 vta. obra glosada la demanda de la actora Fuentes Natalia Verónica, quien refirió respecto a los hechos que: “Aproximadamente a las 02:40 horas del día 13 de agosto del 2002, la Sra. Natalia Verónica Fuentes viajaba como acompañante a bordo del taxímetro Renault Megane dominio CSA 432, conducido en la oportunidad, por el ahora codemandado Daniel Alberto Lucero, el cual se desplazaba por la Av. Juan Bautista Alberdi, sentido este-oeste de Capital Federal. En tales circunstancias, el colectivo Mercedes Benz dominio DHD 347, Línea 182 Interno 1 perteneciente a la Empresa Sargento Cabral S.A.T. que se desplazaba por Lacarra y conducido en la emergencia por el encartado Eduardo Salvador Varano, ingresó a la Av. Juan Bautista Alberdi violando la luz roja del semáforo que impedía su paso interponiéndose en la trayectoria de marcha del Renault Megane arriba referido, ocasionando de esa manera la colisión entre ambos rodados. A raíz del fortísimo impacto, mi poderdante perdió el conocimiento, sufriendo lesiones de suma gravedad por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital Santojani donde se le realizó la toilette quirúrgica de rigor, reduciéndosele la fractura y recibiendo tratamiento a consecuencia de la multiplicidad de traumatismos recibido”.
2. A fs. 51/74 vta. contestó la demanda la demandada “Sargento Cabral Sociedad Anónima de Transporte” y la citada en garantía “Metropol Sociedad de Seguros Mutuos” a través de su letrado Dr. Antonio Miguel Reficco, quienes luego de efectuar una negativa general de los hechos, expusieron que: “Mi mandante Sargento Cabral S.A.T. es una empresa dedicada al transporte público de pasajeros, siendo titular de la concesión de la Línea 182 y propietarios de interno 1 dominio DHD347 al día martes 13 de agosto de 2.002. A las 02:40 hs. De dicho día el mencionado interno era conducido por el Sr. Eduardo Salvador Varano y circulaba por la calle Lacarra en la ciudad de Buenos Aires. Cuando tal rodado emprendió el cruce de la Avda.
Juan Bautista Alberdi tal como autorizaba la luz verde del semáforo para los vehículos que circulaban por Lacarra- fue violentamente embestido en su lateral izquierdo por un taxímetro Renault Megane dominio CSA432 conducido por el Sr. Daniel Alberto Lucero, y que llevaba una única acompañante: su novia Natalia Verónica Fuentes, la hoy actora. El recorrido de la línea 182 finaliza a una cuadra del lugar del accidente, en la intersección de las calles Rodó y Lacarra. Razón por la que el vehículo de mi mandante emprendió el cruce a muy reducida velocidad. Y cuando ya casi había terminado la Avda. Juan B. Alberdi (que tiene seis carriles de circulación) el chofer Varano escuchó un fuerte impacto sobre el lateral izquierdo del colectivo, producto de la embestida del taxímetro Renault Megane ya indicado, que evidentemente intentó el cruce de Lacarra violando la luz roja del semáforo para su sentido de circulación, puesto que tal indicador funcionaba normalmente (...) el colectivo tenía prioridad de paso, pues circulaba desde la derecha del conductor del taxímetro hacía la izquierda del mismo al realizar el cruce de la Av.
J. B. Alberdi (...) El taxímetro apareció a la izquierda del conductor del colectivo, lo que indica que el rodado de mi poderdante tenía prioridad de cruce. Y la excesiva velocidad que traía el taxímetro impidió a su conductor Daniel Alberto Lucero detener la marcha del rodado para evitar la colisión, pese a que la Avenida J. B. Alberdi en el lugar tiene un ancho de más de 25 metros y la ausencia de otro vehículo circulando por la avenida posibilitaba a Lucero realizar maniobras de esquive. La persona de sexo femenino que viajaba como acompañante en el automóvil taxímetro descendió por sus propios medios del rodado, y luego de ello la actora, fue trasladada en otro taxímetro a un centro de atención médica, según lo expresara luego una persona que regresó al lugar diciendo haberla transportado.
Es falso que la actora haya perdió el conocimiento como se afirma en la demanda. Siendo igualmente falso que la actora haya sufrido lesiones de suma gravedad por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Santojani. La propia actora, en la causa penal ofrecida como prueba, reconoce que luego del hecho no tenía plena conciencia (adviértase que en la causa penal la actora jamás afirmó que había quedado inconsciente) y que el conductor del taxímetro su novio pese a intentar frenar chocó en el medio al colectivo. Además de aclarar la hoy reclamante que viajaba sin tener ajustado su cinturón de seguridad, razón por la que se golpeó. Lo expuesto y las fotografías que reproducen el estado de ambos vehículos luego del accidente obligarán a concluir que no ha existido responsabilidad del conductor del colectivo, (…), siendo la misma imputable con exclusividad al conductor del taxímetro por su excesiva velocidad y por su imposibilidad de detener su rodado para evitar la colisión.
Razón por la que deberá rechazarse la demanda incoada, al no haber ocurrido el hecho, y por no existir responsabilidad alguna atribuible a mi representada o su dependiente...".
3. A fs. 83/90 contestó la demanda la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, quien por su parte pertinente refirió en cuanto a los hechos que: “...tal como se acreditará en la etapa procesal oportuna, es que el día 13-08-02 siendo aproximadamente las 2,40 horas, el vehículo Renault dominio CSA432, avanzaba normalmente por la Avenida Juan B. Alberdi hacia el oeste. Al llegar a la intersección con la calle Lacarra y mientras la estaba transponiendo encontrándose perfectamente habilitado por la luz verde del semáforo, apareció sorpresivamente desde su derecha un microómnibus, el cual intento adelantarse al paso del Renault provocando la colisión. Asimismo, cabe agregar que los semáforos existentes en el lugar funcionaban adecuadamente y que para los rodados que circulaban por Lacarra (como el colectivo), la señal lumínica se encontraba en rojo, impidiéndosele el paso.
Como corolario de lo expuesto, destaca esta representación: * Que el conductor del microómnibus avanzaba a una velocidad muy superior a la legalmente permitida (en franca violación a lo establecido por el 51 de la Ley de tránsito en la Capital federal o el art. 77 de la ley 11.430 vigente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires), * que violó la luz roja del semáforo (transgrediendo el art. 44 de la normativa aplicable -idém art. 54 de la legislación provincial-) y * que intentó anticiparse al paso del vehículo Renault, en una maniobra harto riesgosa, provocando con su imprudencia, negligencia e impericia el accidente de marras. Por ende, sostiene ésta parte que se configura en el presente la eximente de responsabilidad contemplada en el art. 1113 del código civil como culpa de terceros (del conductor del colectivo: Sr.
Varano, y por ende de la empresa empleadora y/o propietaria del microómnibus) (...) De las premisas fácticas colectadas que serán probadas fehacientemente- es indudable concluir que ninguna responsabilidad cabe al Sr. Lucero en el evento dañoso, toda vez que el mismo actuó adecuadamente. Las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad (que hacen a la esencia misma del caso fortuito) se avizoran en el presente en el accionar del conductor del microómnibus, no pudiendo el Sr. Lucero prever dicho obrar ilógico, irreglamentario e imprudente con anterioridad al accidente. Sin perjuicio de los expuesto y en virtud de lo establecido por los arts. 1111, 1113 y conc. Del CC, se asevera también en el subexámine culpa de la víctima, en el acaecimiento de los daños que resultaren probados.
Según lo dispone el art. 17 apartado 9) de la Ley 11.430 y art. 30 de su par nacional, todo vehículo debe estar provisto de cinturones de seguridad que tomen en bandolera y cintura en los asientos delanteros y bandolera en los demás; para ser usados durante la circulación, de acuerdo a la cantidad de personas que éste habilitado a transportar; en concordancia, reza el art. 64 de la mentada ley (como el art. 40 inc. k de la ley nacional de tránsito) será obligatorio 1) el uso de cinturones de seguridad (...) Según se desprende de la declaración obrante a fs. 31 del sumario penal realizada por la accionante, al momento del evento dañosos viaja sin el cinturón de seguridad, obligatorio y reglamentario.
Por ende de acreditarse las lesiones invocadas (fractura de miembro inferior derecho etc.) y fundamentalmente el traumatismo de cráneo y sus secuelas, las mismas no podrán ser imputadas a esta parte puesto que, si la Srta. Verónica Fuentes hubiera dado cumplimiento a la normativa vigente (uso de cinturón de seguridad) no se hubieran producido. Insisto, la infracción señalada tendrá fundamental importancia y directa relación causal con lo daños que pudieran resultar acreditados. En consecuencia, para el caso que se pruebe que la actora sufrió lesiones, se sostiene que las mismas sólo pudieron haberse ocasionado por culpa de la víctima quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad de uso obligatorio.
La falta, la conducta objetivamente antijurídica de la Srta. Fuentes, interrumpe la premisa necesaria del nexo causal entre el hecho y el daño, resultando de aplicación lo dispuesto por el art. 1111 del CC...".
4. a fs. 119/120, se presentó y contestó demanda la Dra. Patricia Coppola en los términos del art. 48 del CPCC en favor del coaccionado Daniel Alberto Lucero, ratificado mediante poder que luce glosado a fs. 122/125. Este codemandado se adhirió a la contestación de demanda de la citada Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.
5. con respecto a los Sres. Eduardo Salvador Varano, conductor del colectivo, fue desistido por la actora a fs. 103 y a fs. 228 desistido como tercero por la parte codemandada (Dra. Coppola, letrada apoderada de Lucero (conductor del taxi Renault Megane y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Limitada). Del mismo modo, respecto a los demandados José Luis Fernández y Javier Eladio Calviño, se desistió también por la actora a fs. 224/225. No obstante, ello y ante el pedido de citación como tercero, el Dr. Reficco (letrado apoderado de la codemandada Sargento Cabral SAT y de su aseguradora Metropol Sociedad de Seguros Mutuos) a fs. 230 desistió de la citación como tercero del Sr. Calviño pero la mantuvo respecto de José Luis Fernández (titular registral del taxi, véase fs. 144), a quien se le dio por decaído el derecho y constituyó domicilio en estrados (véase fs. 306 y 369).
6. Del mismo modo, contamos con las copias certificadas de la causa penal Nro. 570054547/2002, la cual por el principio de adquisición procesal prueba en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el presente proceso y que ha sido ofrecida como prueba en estas actuaciones por la parte actora y accionados.
En dichas actuaciones, se encuentra glosada a fs. 1 la declaración de subinspector Juan Carlos Giménez, quien expuso que: “13 de agosto de 2002 (…) que el día de la fecha siendo las 02.40 hs. en circunstancias en que me encontraba recorriendo el radio jurisdiccional (…) fue desplazado por la división comando radioeléctrico a constituirse en la intersección del al Avda. Juan Bautista Alberdi y la calle Lacarra por choque con heridos. Arribado al lugar primeramente se visualizó la colisión entre un autotransporte de pasajeros de la línea 182, interno 1, dominio colocado DHD-347 y un rodado de alquiler, marca Renault Megane licencia municipal 9623, dominio colocado CSA. Como primera medida se entrevistó a ambos conductores quienes manifestaron ser: Eduardo Varano (…) y el otro conductor Daniel Alberto Lucero (…) el citado Lucero llevaba como acompañante a la Srita. Verónica Fuentes (…) quien fuera trasladada al Hospital Santojanni por otro taximetrero que circulaba por el lugar, minutos antes de la llegada del personal interventor. (…) con respecto al teatro de los hechos, cabe recordar que el lugar se halla correctamente iluminado en forma artificial, que los semáforos existentes funcionan con normalidad”. A fs. 9 (587 de los autos principales) obra un plano del lugar del hecho, con indicación del sentido de circulación de la avenida Juan bautista Alberdi y la arteria Lacarra como así también, en lo que nos interesa de la existencia de semáforo.
A fs. 31/31 vta. de dichas actuaciones (608 de los autos principales) se encuentra glosada la declaración efectuada por Verónica Natalia Fuentes, quien manifestó que: “el día 13 del corriente, aproximadamente a las 2.20 hs., en circunstancias en que viajaba como acompañante de su novio Daniel Lucero, en el taxi Renault Megane con el cual trabajaba, por la Avenida Juan Bautista Alberdi hacia el oeste a regular velocidad favorecidos por la onda verde de los semáforos y al llegar a la intersección con la calle Lacarra se les cruzó un colectivo de la línea 182 (…) y su novio pese a intentar frenarlo chocó en el medio. Que la declarante viajaba sin el cinturón de seguridad y a consecuencia del choque se golpeó la cabeza con el torpedo y además sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la pierna derecha. Que por sus lesiones fue atendida en el Hospital Santojanni, lugar al que fue conducida por un automovilista que pasaba circunstancialmente por el lugar y del que desconoce todo dato ya que por lo narrado no tenía plena conciencia”. A fs. 34 vta. (611 de los autos principales) se encuentra glosada el examen de visu de los rodados intervinientes. Es así que se dejó constancia que: “cumplo en informar a Ud. que en el día de la fecha en la playa de la dependencia examine un Renault Megane dominio colocado CSA 432 pintado con sus colores reglamentarios el que al momento de la inspección presenta impacto frontal que afecta con roturas y deformaciones a los siguientes elementos: paragolpe delantero, capot, guardabarros delanteros, frente, parrilla plástica, radiador, faros delantero, cristal de parabrisas, puerta delantera izquierda con raspaduras, daños éstos producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros de reciente data (…) en el mismo lugar examiné un colectivo Mercedes Benz línea interno dominio colocado DHD-347 pintado de color rojo, el que al momento de la inspección presenta impacto lateral izquierdo zona media, que afecta con roturas y deformaciones a los siguientes elementos: bajo lateral izquierdo completo, bagueta de guardabarros traseros, batería y soportes desplazados hacia adentro, daños éstos producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros de reciente data”.
A fs. 35 (fs. 612 de los autos principales), se observa un croquis del lugar de los hechos en el cual se dejó constancia el sentido de circulación de la av. Juan Bautista Alberdi y la arteria Lacarra. Del mismo modo, a fs. 40/41 y 42/43 se vislumbran las fotografías de los vehículos intervinientes con los daños que se habrían detallado en el examen de visu. Dichas fotografías se condicen con las glosadas en los autos principales a fs. 43/50.
A fs. 44 (621 de las autos principales) se observa fotografía del lugar del accidente, desprendiéndose de una de ellas la presencia de semáforo. A fs.52 (627/631 de los autos principales) se glosó la historia clínica de la parte actora labrada en el Hospital Santojanni en el día del accidente (13/08/2002): “Verónica Fuentes 27 años 13/08/02(…) presenta traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y traumatismo de tobillo izquierdo. La paciente se encuentra lucida y orientada (…) laboratorio, rx cráneo F y P, columna cervical f y p, rx de tobillo (…) paciente que refiere haber sufrido accidente automovilístico con traumatismos múltiples. Refiere dolor en tobillo derecho (…) dolor palpatorio en maléolo, peroné derecho. Se observa tumefacción y edema (…) rx de tobillo derecho, fractura oblicua sin desplazamiento. Se confecciona bota corta de yeso (…) pte. Ingresó por sus propios medios, lucida, orientada en tiempo y espacio, quien refiere haber sufrido accidente de tránsito, refiere dolor en tobillo derecho (….) asimismo se observa que se han indicado diversos medicamentos (…) paciente es enyesada por traumatología”.
A fs. 481/482 se encuentra la denuncia de siniestro efectuada ante la aseguradora Metropol Sociedad de Seguros Mutuos. En la misma se ha dejado constancia que: “el colectivo por Lacarra hacia Rodo cruza Alberdi con semáforo en verde cuando es embestido por un vehículo taxi Megane el cual cruza con semáforo en rojo a alta velocidad impactando en lateral izquierdo parte media hacia atrás a la unidad. El conductor se baja al igual que el conductor del vehículo taxi, advirtiendo nuestro conductor que este tenía una herida en la boca y golpe en tobillo presentando su acompañante un esguince siendo luego llevados por una ambulancia a un hospital la cual es llamada por un patrullero”. Asimismo, se efectuó croquis del siniestro.
Por otra parte, a fs. 698/702 vta. se encuentra la pericia mecánica –en la cual solo debía contestarse los puntos de pericia de la parte actora conforme proveído de fs. 695-. En efecto, de la misma puede apreciarse también un croquis con sentido de circulación de las arterias, la presencia de semáforos y que el choque se produjo a la mitad de la intersección como así también en la parte media del colectivo. Específicamente, el perito determinó que: “El hecho en análisis se produce el 13/08/2002 en horas de la madrugada en el cruce de las arterias Av. Alberdi y Lacarra de CABA. La primera de sentido único de marcha, de Este a Oeste, con 6 carriles sin demarcar. La segunda de mano única, en sentido Norte-Sur, con 3 carriles.
El cruce se encuentra semaforizado y conforme al informe de la Instrucción Policial que obra a fs. 1/1 vta. de la Causa Penal, los mismos funcionaban con normalidad. (…) Participan del accidente el vehículo taxímetro Renault Megane dominio CSA-432 conducido por el Sr. Lucero y que transportada la aquí actora Natalia Fuentes. Este vehículo circulaba por la Av. Alberdi. Por otro lado el colectivo de la línea 182 Mercedes Benz dominio DHD-347 conducido por el Sr. Varano por la arteria Lacarra. A sólo modo indicativo el colectivo circulaba por la derecha del Renault. Las fotografías del vehículo Renault que obran en la Causa Penal a fs. 640 en especial permiten observar daños en partes frontales que implican la destrucción del capot, paragolpes, ópticas, guardabarros, máscara frontal, partes internas al vano del motor, falso chasis, como partes más comprometidas.
Esfuerzo de Compresión frontal. Con respecto al colectivo obran unas fotografías a fs. 638 y 639 un poco difusas donde puede ampliarse con el informe de fs. 11 (lado izquierdo chocado) y el informe pericial de fs. 34/34 vta. donde se denuncian daños en el lateral izquierdo completo (pollera inferior y media entre eje delantero y trasero. (…) Atento que el cruce se encuentra semaforizado y en funcionamiento al momento del hecho, es evidente que algunos de los vehículos, cruzó de manera antirreglamentaria. Lo expuesto no es posible de determinar por este perito ante los datos que surgen de la información analizada (…) En forma genérica puede indicarse cual es el comportamiento físico de los transportados ateniéndonos al análisis de los desplazamientos del vehículo.
Por ejemplo ante una frenada brusca que se produce en una fracción de segundo los cuerpos de los transportados continuaran moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad que registraba el vehículo con anterioridad a tal acción. Si bien el vehículo disminuye su velocidad hasta quedar detenido debido a la fuerza de rozamiento existente entre los neumáticos y el pavimento cuando se aplican los frenos a pleno, o por el impacto contra otro, la disminución de la velocidad hasta su detención final de los cuerpos que transporta el automotor se producirá por el impacto de los mismos contra partes internas de la unidad. Por lo expuesto, un impacto como el de análisis puede generar lesiones a los transportados”.
Ahora bien, estimo que dicha pericia se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuenta, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del experto, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece. Por lo cual, no encuentro motivo para apartarme.
Así las cosas, de la atenta lectura de las pruebas aportadas al proceso tengo por acreditado que la Sra. Fuentes Natalia Verónica mientras era transportada por el Sr. Daniel Alberto Lucero en un taxi Renault Megane en horas de la madrugada, el día 13 de agosto de 2002 circulando por la Av. Juan Bautista Alberdi y a la altura de Lacarra, el último de los nombrados –conductor del taxi- embistió un colectivo de la línea Sargento Cabral Mercedes Benz dominio DHD línea 182 interno 1, quien circulaba por dicha arteria Lacarra mencionada. Que a raíz del accidente la parte actora sufrió daños a la salud. Del mismo modo, ambas partes demandadas, han referido en sus contestaciones de demanda que fue su contraria quien habría violado la luz en rojo del semáforo existente en dicha intersección, provocando por ello el accidente en el cual resultara victima la parte actora.
Ahora bien, de las constancias se evidencia que más allá de los dichos de la parte actora en la causa penal, quien refirió que fue el colectivo de la codemanda quien cruzó el semáforo en rojo en la intersección denunciada “ut supra”, lo cierto es que no existen en autos otros elementos que logren dar convicción a este sentenciante sobre la violación a dicha norma de tránsito. Al respecto, ha sido conteste la jurisprudencia al afirmar –en supuestos de riesgo reciproco- que por analogía considero aplicable al presente caso bajo juzgamiento que: “Si ninguna de las partes probó que fuera su contraria quién traspasó la intersección en que se produjo el choque sin respetar la luz roja que el semáforo irradiaba, dado la no controvertida existencia de semáforo en funcionamiento en el cruce y viendo que era el color de la luz que irradiaba el mismo la pauta única autorizante de paso (art.44 inc.a Ley 24.449), pués la prioridad del que cruza por derecha, se pierde ante "...la señalización específica en contrario..." (art.41 Ley 24.449), carece de relevancia tener en cuenta cual era el rodado que en la ocasión circulaba por la derecha del de su contraria y ni tampoco resulta posible atribuir responsabilidades en función de las respectivas velocidades de circulación de ambos rodados.
En consecuencia, sólo queda como prueba cierta, la no discutida circunstancia de haber sido el auto del demandado el móvil embistente; lo cual por sí sólo carece, en principio, de idoneidad suficiente para determinar responsabilidades definitivas, demostrando la experiencia diaria que son numerosas las oportunidades en que en que un conductor se pone en situación de embestido realizando indebidas maniobras de adelantamiento -basta un golpe de acelerador - lo que lleva a concluir que las calidades de embistentes y embestido, si bien válidas en algunos casos, no dejan de ser una concurrente más, porque en definitiva, de lo que se trata es de evaluar conductas. Por todo lo expresado, si ni el demandado ni el actor reconvenido han probado (art. 375 del CPCC), ninguna causal que los libere de la responsabilidad objetiva que en sus respectivos casos impuso a su cargo las ley de fondo (art. 1113, 2º párr. del Cód.
Civil). En su mérito, cada uno de los nombrados deviene responsable por los daños que con su vehículo ocasionó al otro a causa del accidente; por lo que, en sus respectivos casos, tanto el demandado como el actor reconvenido deberá afrontar el pago de las indemnizaciones que en el presente se determinen. (CC0002 QL 4740 RSD- 193-1 S 28/11/2001 Duchini Silvia c/Segura Domingo Orlando s/Daños y Perjuicios); “Si el semáforo existente en la bocacalle funcionaba, no probado el estado de su secuencia en el instante de choque ni, por ende, cuál de los protagonistas violó la prohibición indicada con luz roja, es superfluo analizar las velocidades de los choques, la localización de los estropicios, o la procedencia desde la derecha.
La prioridad de paso tiene eficacia en las bocacalles solamente faltando "las indicaciones del agente que dirige el tránsito o las que sean dadas por aparatos mecánicos de señales o señales fijas" (art.71, párr.1º, ley 5800), por lo que, habiendo un agente que dirige el tránsito o un semáforo al mismo efecto, debe ser obedecido con abstracción de la ubicación relativa de los rodados. Las velocidades y estigmas del choque, tienen un valor indiciario en algunos casos, pero son por completo inútiles mediando ordenadores luminosos, porque de nada vale estar más adelantado en el cruce, o avanzando a escasa velocidad, para quien el semáforo prohíbe todo movimiento. Si no se probó, pues, quién avanzó con luz roja y quién con luz verde, nadie probó la culpa ajena eximente de la propia responsabilidad, por lo que ésta, basada en el riesgo creado, emerge en plenitud” (CC0002 SI 57790 RSD-255-92 S 10/11/1992 Juez MALAMUD (SD)
Carátula: Diez de Chicar L.A. c/Duarte Arroyo y otr. s/Daños y perjuicios); “A fin de considerar la culpa de las partes ha de tenerse en cuenta que quien atraviesa la bocacalle con semáforo en rojo, comete una falta de tal magnitud que difícilmente puede atribuirse trascendencia a cualquier otra posible concausa, pues la señal lumínica favorable le permite al otro conductor proseguir la marcha sin que sea menester adoptar las precauciones habituales en cruce de calles que carezcan de semáforos. 2- Ahora bien, si como en el caso se trata de un cruce con semáforo y ambas partes sostienen que quien lo violó fue el otro conductor, es evidente que frente a su existencia dejan de aplicarse las reglas vinculadas a la velocidad de cruce, puesto que la desobediencia a las señales luminosas que ordenan el tránsito constituye una violación a lo señalado por el art. 44 de la Ley 24.449, cuyo incumplimiento crea para el autor de esa contravención, una presunción de responsabilidad en caso de accidente. (Sumario N°28154 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil). (E025134 R.W.A. c/ M.B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS y "P.M.G. y otro c/ R.W.A.y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte.
N°33631/2014).24/09/19CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CIVIL. Sala E.).
Por lo cual, no siendo suficiente para este juzgador el carácter de embistente del rodado taxi Renault Megane, conducido en la emergencia por el Sr. Lucero, entiendo que corresponde hacer lugar a los agravios de la letrada apoderada Dra. Coppola en representación del Sr. Daniel Alberto Lucero y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, debiendo atribuirse la responsabilidad por el hecho investigado a cada uno de los codemandados en relación a la tercera transportada y lesionada.
Si bien este sentenciante ha hecho referencia en más de una oportunidad sobre la presunción de responsabilidad del embistente, lo cierto es que dicha referencia lo ha sido acompañado de otros elementos probatorios que apoyarían tal razonamiento. Por lo cual, en la especie considero que ninguna de las partes involucradas en autos han logrado generar convicción respecto a la existencia de la culpa del tercero por el cual no deban responder, el caso fortuito o la fuerza mayor o que la cosa riesgosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta como para eximirse de responsabilidad e interrumpir el nexo causal; de este modo, se presume legal y objetivamente la responsabilidad civil de todos los accionados. (arts. 512, 902, 1109, 1111, 1113 del CC y ley 24449). En consecuencia, juzgo y es mi convicción judicial, sobre la base de las pruebas producidas, la experiencia de la vida diaria y las máximas de experiencia del juez, que debe modificarse la resolución apelada, haciéndose lugar a los agravios expuestos por los codemandados Daniel Alberto Lucero y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Limitada y atribuir la responsabilidad endilgada en el caso de autos, a dichos coaccionados “ut supra” nombrados conjuntamente con el Sr. José Luis Fernández (quien no se ha presentado en las actuaciones, condenado en autos por S.S. y titular registral a la fecha del accidente del Renault Megane -taxi-) y a la empresa de colectivos “Sargento Cabral SA de Transportes” como así también a su aseguradora “Metropol Sociedad de Seguros Mutuos”, quienes deben responder frente a la víctima del daño, Sra. Natalia Verónica Fuentes (arts. 512, 902,1109,1111 y 1113 del Código Civil y ley 24449).
Sin perjuicio de lo expuesto, la parte codemandada, hoy apelante, ha referido que la actora no contaba con el uso del cinturón de seguridad al momento del accidente, considerando que por ello se ha configurado el eximente de culpa de la víctima, quien con su accionar ha contribuido a dañarse.
Dicha cuestión, será tratada en el subcapítulo siguiente, a saber:
III. 1.1. Contribución y agravación del daño por culpa de la víctima Son los supuestos en que la víctima contribuye a la producción de su propio daño si, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, incumple la normativa legal de seguridad pasiva y provoca la agravación del daño. La no utilización del preceptivo elemento de seguridad pasiva cuando este fuere obligatorio, puede contribuir a mermar la indemnización del sujeto a quien afecte.
Resulta que la víctima de las lesiones, contribuye omitiendo el deber de seguridad, con su conducta culposa a agravar el daño a su salud, incidiendo causalmente con su conducta negligente e imprudente a agravar el perjuicio causado por un tercero, de lo cual se infiere que su comportamiento culposo tiene incidencia causal, interrumpiendo el nexo de causalidad y eximiendo parcialmente de responsabilidad al dañador como más abajo se demuestra. “Se ha considerado un hecho notorio relevado en consecuencia de prueba, que permite inferir que la falta de utilización de cinturón de seguridad acentúa por si sola la situación de riesgo en potencia que supone utilizar un vehículo, lo que ha de traducirse en la moderación de la suma indemnizatoria. Es un hecho notorio no precisando de prueba, que una de las principales funciones de los cinturones de seguridad es contrastar la energía que se genera tras una colisión, manteniendo a los pasajeros pegados a sus asientos, con lo que, en gran medida, se dice acertadamente, se consigue evitar los traumatismos cráneo encefálicos, fruto de que tales pasajeros sean despedidos del vehículo o proyectados contra el interior del habitáculo. No se hubiera producido el fatal resultado ni las lesiones, o, en todo caso, estas hubieran sido de menor entidad de haber utilizado los sistemas de seguridad homologados, pues las leyes físicas enseñan que la colisión de dos cuerpos genera una considerable carga de energía, lo que provoca que los ocupantes del vehículo salgan despedidos o proyectados de sus asientos si no utilizan el cinturón de seguridad.” (Miguel Ángel de Dios, Doctor en Derecho. Articulo Monográfico. Criterios atributivos de responsabilidad, subtítulo: Negligencia o culpa de la víctima determinante de auto-responsabilidad. Contribución y agravación del daño por culpa de la víctima, enero 2016, fuente: https://www.sepin.es; Editorial Jurídica Sepin -2018).
En la oportunidad de contestar la demanda, los coaccionados han referido la falta del uso del cinturón de seguridad por parte de la víctima del daño, ello conforme lo relatado “ut supra”. Dicha cuestión ha sido traída nuevamente a conocimiento de este juzgador a través de la expresión de agravios de la parte codemandada Daniel Alberto Lucero y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia.
Del mismo modo, no puede perderse de vista que la propia actora ha declarado en la causa penal que: “Que la declarante viajaba sin el cinturón de seguridad y a consecuencia del choque se golpeó la cabeza con el torpedo y además sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la pierna derecha”. Asimismo, el perito mecánico expuso que: “Por ejemplo ante una frenada brusca que se produce en una fracción de segundo los cuerpos de los transportados continuaran moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad que registraba el vehículo con anterioridad a tal acción. Si bien el vehículo disminuye su velocidad hasta quedar detenido debido a la fuerza de rozamiento existente entre los neumáticos y el pavimento cuando se aplican los frenos a pleno, o por el impacto contra otro, la disminución de la velocidad hasta su detención final de los cuerpos que transporta el automotor se producirá por el impacto de los mismos contra partes internas de la unidad. Por lo expuesto, un impacto como el de análisis puede generar lesiones a los transportados”; Y finalmente, el perito médico expuso que la actora padece de: “De todos los elementos obrantes en autos, del examen anátomo-clínico-funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona de la actora se demostró que actualmente presenta secuelas de lumbalgia postraumática y fractura de maléolo peroneo de tobillo derecho. Secuela de traumatismo vertebral con rectificación de la columna: esto habla a favor de una lesión a nivel de la columna lumbar a causa de un traumatismo, el cual sería a causa de una hiperextensión o de una hiperflexión”.
Ahora bien, la ley Nacional de Transito 24.449 en su art. 40 inc. k impone imperativamente - como obligación de legal de resultado - que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.
Así las cosas, frente a dicha disposición legal, a como ha quedado trabada la Litis, y siendo que la propia actora ha reconocido haber incumplido con esta norma de seguridad, la cual de haberla respetado habría evitado o al menos aminorado los daños por ésta padecidos –conforme prueba pericial destacada-, considero que corresponde hacer lugar a los agravios de la parte codemandada apelante.
En suma, habida cuenta de la responsabilidad civil de los codemandados, que cada uno en principio responderían por el 100% de la deuda (y las aseguradoras conforme el límite de la cobertura contratada) y teniendo en consideración que la accionante Fuentes Natalia incumplió con su deber de seguridad (arts. 512 y 1111 del CCC) corresponde en este caso puntual graduar la culpa de la propia víctima por su obrar negligente e imprudente, distribuyéndose la responsabilidad objetiva en un 85% en cabeza de los codemandados y el otro 15% imputarle a la culpa de la propia víctima. Atento a la forma en que se resuelve, corresponde dar tratamiento al resto de los rubros otorgados (comprensivo no solo de los agravios propuestos por los apelantes sino también por los nuevos codemandados condenados – conforme contestación de demanda-), a saber:
IV. Incapacidad psicofísica de Natalia Verónica Fuentes Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
Que el art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral “. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.).
Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que se incluya a toda disminución psicofísica, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas, aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos).
Transita la vigencia de la “tesis de la inviolabilidad de la persona humana “, y el que daña a un tercero debe resarcir el mal causado, sobre la base del apotegma romanista “no dañar al prójimo”, -con fundamento cristiano- que cobra lozanía con raíz constitucional en el art. 19 de la C. N. En el Congreso Internacional de Derechos de Daños (junio de 1991) la Comisión n° 1, al tratar el Daño a la persona, aprobó las siguientes conclusiones: 1°) La inviolabilidad de la persona humana, como fin en sí misma, supone su primacía jurídica como valor absoluto. 2°) La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integrad de su proyección...” “...3°) El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales...“.
El Juzgador no puede estar ajeno al principio de progresividad que enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), recordando que la dignidad de la persona humana constituye el centro o eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, haciendo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, no está ausente la evaluación del daño como frustración del desarrollo de la plena vida.
El art. 1.086 del Cód. Civ., no menciona a la incapacidad permanente, sin embargo el art. 89 del Cód. Penal se configura el delito de lesiones, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño; disponiendo el art. 90 del mismo cuerpo legal que si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiere inutilizado para el trabajo se le impondrá reclusión o presión de 1 a 6 años; pero es éste, el renglón principal del resarcimiento y se configura cuando el delito o cuasi-delito deja en la victima una secuela irreversible, que se traduce en la invalidez permanente del lesionado para el desempeño de cualquier trabajo sea la incapacidad total o parcial.
Cuando la incapacidad es parcial y permanente – caso de autos- debe en primer lugar establecerse el déficit de capacidad en que quedó afectada la víctima en comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos de porcentaje y a partir de pericas médicas. Sobre dicha base el juez efectúa la estimación del monto indemnizatorio teniendo presente la actividad desplegada normalmente y los ingresos que la misma significa, es decir lo que produciría un sujeto en un 100 % de su capacidad.
La doctrina judicial ha elaborado en este tema las siguientes pautas: el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo; a tal fin se computarán las cualidades personales de la víctima, edad, sexo, salud, etc., la lesión de carácter permanente debe ser indemnizada ocasione o no un daño económico actual, pues su reparación no comprende solamente el aspecto laborativo sino el valor del que la víctima se ve privada en el futuro, sobre todas las consecuencias que afecten su personalidad.
Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en MossetIturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).
La incapacidad psicofísica permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza – reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód. Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.
Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extra laborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs. 238/9). En este sentido, en las Jornadas sobre temas de responsabilidad civil en caso de muerte o lesión de personas (Rosario, 1979), se recomendó: “Para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integridad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales”.
Por otra parte, el daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente y no la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico e irreversible. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene uno origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable. c) Debe probarse; d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Asimismo, esta Alzada ha manifestado que: “El daño psíquico –en la especie el rubro daño psicofísico- indemniza el daño existente al momento de realizarle el examen pericial, es decir, que se trata de un daño cierto y efectivo al momento del análisis; mientras que el tratamiento tiene como finalidad evitar un mayor daño o aún más; intenta en muchos casos corregir el mismo con resultado aleatorio. En virtud de ello ambos ítems no son excluyentes”. (CNCivil, Sala J, 10/8/98, “Grancharoff, Silvina c/ Orellana, Héctor D. y otro s/ Daños y Perjuicios”, citado por H. Daray, op.cit., pág. 84, sum.102).En idéntico sentido se expresó: “El hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente”. (C.N.Civ., Sala B, 15/9/99, “Bartumeus, José y otro c/ Rigo, Roberto H. y otro s/ Daños y Perjuicios”. (H. Daray, op.cit., pág. 15). La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “No genera doble indemnización las sumas reconocidas por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico – en la especie tanto psicológico como kinésico-, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9-5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de Agosto de 2007).
Por lo tanto, se advierte que la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc. Así las cosas, adentrándonos al tratamiento de la cuestión de fondo se observa que el día 26/03/2019 el perito médico Dr. Hermida Ricardo, presentó su experticia, refiriendo que: “De todos los elementos obrantes en autos, del examen anátomo-clínico-funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona de la actora se demostró que actualmente presenta secuelas de lumbalgia postraumática y fractura de maléolo peroneo de tobillo derecho. Secuela de traumatismo vertebral con rectificación de la columna: esto habla a favor de una lesión a nivel de la columna lumbar a causa de un traumatismo, el cual sería a causa de una hiperextensión o de una hiperflexión, este tipo de lesión puede generar diversas lesiones neurológicas con las consiguiente secuelas y hasta poner en peligro la vida del paciente, la lesión de partes blandas se debe al hematoma prevertebral y al desgarro de los músculos, la hiperflexión es más moderada produciendo lesión los músculos y ligamentos posteriores; radiológicamente dan escasos signos como la rectificación, a este enderezamiento Sturniolo lo denomina retroposición segmentaria del ráquis, dando una alteración del hábitat de los elementos vasculares y neurológicos de la columna, cuando sobrepasa los límites anatomofisiológicos de tolerancia particular de cada elemento, origina el cuadro que se exterioriza por un síndrome de raquiadaptación que se traduce clínicamente por dolor lumbar, dolores en diversas regiones del miembro inferior y/o sensaciones conocidas como parestesias (hormigueos y quemazón) dolor de los músculos (vastos y gemelos etc.), y también a nivel de las apófisis espinosas etc., el tratamiento de este traumatismo es la inmovilización con la faja lumbar, y el tratamiento fisiátrico y kinesiológico, aparte de los analgésicos y antiinflamatorios.
Está lesión es producto de un hecho traumático actuando como mecanismo el valguismo, el primer grado de este mecanismo es una fractura de trazo horizontal del maléolo tibial (o una ruptura del ligamento deltoideo) y en el segundo grado se asocia también la fractura de peroné. La gravedad de estas fracturas está condicionada por la integridad de la articulación tibio-peronea inferior, se puede originar una diástasis tibio-perónea. Estás suelen complicar a las fracturas maleolares, pero también pueden producirse como lesiones puras demostrables radiográficamente y que no deben pasar inadvertidas (lesión del ligamento deltoideo en lugar del maléolo y menbrana interósea). Si se desprende un fragmento marginal posterior de la tibia, esta fractura se denomina trimaleolar o de Dupuytren-Destop, y constituye el tercer grado.
En algunos la reducción incruenta no es satisfactoria, debiendo actuarse cruentamente fijando los maléolos, peroneo con placa y tornillos y el tibial con un tornillo de osteosintesis es la elección. Según documental y referencia, la actora sufrió un accidente de tránsito el día 13/08/2002, auto-auto, siendo asistida en el Hospital Santojianni donde le constataron politraumatismo, TEC sin pérdida de conocimiento, fractura de tobillo derecho, realizándole una bota corta de yeso. Luego concurrió al Hospital Güemes para realizar la rehabilitación. Estuvo convaleciente por espacio de tres meses. Dichas afecciones guardan relación de causalidad con el accidente denunciado. La actora presenta una incapacidad parcial y permanente, del 5% por lumbalgía y del 10% por fractura unimaleolar de tobillo, según el tratado de traumatología de los Dres.
Defilippis Novoa-Sagastume).
Dicha pericia recibió pedido de explicaciones por los codemandados “Sargento Cabral SAT” y “Metropol” mediante presentación electrónica de fecha 10/04/2019, habiendo contestado el Dr. Hermida que: “El perito tuvo en cuenta la documental que se encuentra agregada en autos A fs. 647-652 copia HC Hospital Santojianni 13/08/2002….paciente que ingresó presenta traumatismo de cráneo traumatismo de tobillo A fs. 64913/05/2002 paciente refiere haber sufrido accidente automovilístico con traumatismos múltiples. Refiere dolor en tobillo derecho a predominio dolor palpatorio en maléolo peroneo derecho. Se observa tumefacción y edema del sector. Rx tobillo derecho fractura oblicua sin desplazamiento de maléolo peroneo se confecciona bota corta de yeso,...pulsos y sensibilidad conservados Refiere el impugnante que un traumatismo que no ocasionó alteraciones óseas, cuando el traumatismo tuvo tanta envergadura que le fracturo el tobillo. La contractura lumbar, al no tener otro antecedente, es a causa del accidente vivido. En el examen físico del tobillo, el experto informó todo lo contrario de lo que expresa el impugnante, (…). El mismo impugnante trae a colación un baremo que otorga el 10% de incapacidad igual a la que le dio el perito”. Por su parte, los codemandados Lucero y Seguros Bernardino Riv. Coop. Limitada, también requirieron explicaciones -22/04/2019-, las cuales fueron evacuadas mediante presentación de fecha 27/11/2019, manifestando el experto en lo medular que ratificaba lo expuesto en la experticia oficial como así también que muchas de las explicaciones solicitadas, en realidad importaban un hecho nuevo no preguntado en su momento, como por ejemplo la posible existencia de concausa.
Asimismo, con fecha 18/09/2018 se presentó electrónicamente la pericia psiquiátrica llevada a cabo por Viviana Estiz, perito médico psiquiatra, quien determinó que: “La actora presenta al momento de la evaluación pericial un trastorno por estrés postraumático, el que se considera causal al accidente de autos, influyendo en forma desfavorable en el ámbito familiar, como así también en las aptitudes para el trabajo y la vida de relación b)La peritada requiere tratamiento psicoterapéutico individual durante doce meses, con frecuencia semanal y costo aproximado de sesión a nivel privado de 800 pesos, 400 pesos a nivel de medicina prepaga, existiendo la gratuidad de los hospitales públicos, con el inconveniente de turnos a largo plazo y tratamientos de corta duración por la gran demanda existente, no siendo necesario al momento de la entrevista pericial tratamiento psicofarmacológico, el tratamiento indicado es a fin de evitar el agravamiento del cuadro psíquico, siendo el pronóstico favorable. c) Es conveniente una vez concluido el tratamiento consultas periódicas mensuales durante un año con igual costo que el informado en el punto pericial b)(…) e) Al momento de la evaluación pericial la actora presenta una incapacidad psíquica del 10 % ( Baremo Castex Silva), no pudiendo informar la incapacidad psíquica al momento del hecho, ya que no fue evaluada la actora oportunamente (…) f) La tardanza en iniciar tratamiento en salud mental pudo influir en el riesgo de agravamiento del daño psíquico detectado”.
Dicha pericia también recibió pedido de explicaciones por la parte codemandada con fecha 11/11/2018 (Lucero y Seguros Bernardino Riv. Coop. Limitada) habiendo contestado la experta el día 28/11/2018, aclarando que: “El diagnostico que se informa como daño psíquico es un trastorno por estrés postraumático 2) A través de la evaluación psiquiátrica, se determinó que la misma no tiene antecedentes psicológicos previos al hecho de autos 3) y 4) A través de la evaluación psiquiátrica y el psicodiagnóstico se evaluó la personalidad de base (neurótica)”. Del mismo modo, hicieron lo propio los coaccionados “Sargento Cabral” y “Metropol” –véase presentación de fecha 17/02/2020-, contestando la experta mediante presentación de fecha 22/02/2020 que: “El cuadro psíquico y su incapacidad psíquica influye en forma desfavorable en la vida cotidiana (…) La simulación se descarta mediante examen psiquiátrico (…)- El cuadro psíquico de la actora se considera causal al hecho de autos 14- Desde el punto de vista jurídico, habiendo transcurrido más de dos años desde el hecho de autos, el daño psíquico se encuentra consolidado y por lo tanto la incapacidad de carácter permanente; no obstante el tratamiento indicado es a fin de sobrellevarla sintomatología que presenta y así evitar su agravamiento”..
En consecuencia, estimo que las pericias realizadas por el perito médico y la perito psiquiatra con sus explicaciones, se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituyen dictámenes con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de los peritos, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas: las copias certificadas de la causa penal Nro. 570054547/2002. En dichas actuaciones, se encuentra glosada a fs. 1 la declaración de subinspector Juan Carlos Giménez, quien expuso que: “13 de agosto de 2002 (…) que el día de la fecha siendo las 02.40 hs. en circunstancias en que me encontraba recorriendo el radio jurisdiccional (…) fue desplazado por la división comando radioeléctrico a constituirse en la intersección del al Avda.
Juan Bautista Alberdi y la calle Lacarra por choque con heridos. Arribado al lugar primeramente se visualizó la colisión entre un autotransporte de pasajeros de la línea 182, interno 1, dominio colocado DHD- 347 y un rodado de alquiler, marca Renault Megane licencia municipal 9623, dominio colocado CSA. Como primera medida se entrevistó a ambos conductores quienes manifestaron ser: Eduardo Varano (…) y el otro conductor Daniel Alberto Lucero (…) el citado Lucero llevaba como acompañante a la Srita. Verónica Fuentes (…) quien fuera trasladada al Hospital Santojanni por otro taximetrero que circulaba por el lugar, minutos antes de la llegada del personal interventor”; A fs.52 (627/631 de los autos principales) se glosó la historia clínica de la parte actora labrada en el Hospital Santojanni en el día del accidente (13/08/2002): “Verónica Fuentes 27 años 13/08/02(…) presenta traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y traumatismo de tobillo izquierdo.
La paciente se encuentra lucida y orientada (…) laboratorio, rx cráneo F y P, columna cervical f y p, rx de tobillo (…) paciente que refiere haber sufrido accidente automovilístico con traumatismos múltiples. Refiere dolor en tobillo derecho (…) dolor palpatorio en maléolo, peroné derecho. Se observa tumefacción y edema (…) rx de tobillo derecho, fractura oblicua sin desplazamiento. Se confecciona bota corta de yeso (…) pte. Ingresó por sus propios medios, lucida, orientada en tiempo y espacio, quien refiere haber sufrido accidente de tránsito, refiere dolor en tobillo derecho (….) asimismo se observa que se han indicado diversos medicamentos (…) paciente es enyesada por traumatología” y demás estudios complementarios.
Cabe destacar que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30). Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica. (Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07). Si bien la letrada apoderada de la parte coaccionada Lucero Daniel Alberto y de la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Limitada” ha referido que no existe relación causal entre el hecho y la incapacidad detectada por lumbalgia, considero que dicho agravio no podrá prosperar. En efecto, de las constancias médicas de la historia clínica glosada a fs. 628 surge expresamente que la víctima del daño Fuentes Natalia padeció diversos “traumatismos múltiples”; dicha expresión refiere a un conjunto de varios traumatismos o lesiones causadas de manera simultánea. Por lo cual, esta terminología empleada, deja entre ver que la accionante ha sufrido diversas lesiones a raíz del accidente, además de la advertida en el tobillo derecho y que han sido constatadas clínicamente en el resto de las constancias médicas glosadas en autos.
Considero (esto dentro de la experiencia de la vida diaria y/o las máximas experiencias del juez), que una persona expuesta a un evento traumático violento como el denunciado en autos (automóvil que colisiona contra un colectivo) va a manifestar secuelas físicas inmediatas y secuelas mediatas, dentro de las primeras: pueden ser valoradas fracturas, heridas o déficits sensoriales/motores, como pérdida de la conciencia o alteraciones en el aparato locomotor. Dentro de la segunda: alteraciones y disfunciones residuales que si bien pudieron no tener una expresión clínica de inicio –es decir en el momento mismo del hecho-, han tenido como punto de partida el violento traumatismo padecido. Tales consideraciones se refuerzan en virtud de la mecánica misma del accidente (art. 901, 903, 904 del CC). Advierto que pese a los sendos argumentos expuestos por la letrada apoderada apelante, respecto a la pericia médica practicada, las conclusiones médico legales arribadas, no han sido una simple expresión o manifestación de la accionante, sino que ha estado fundamentada entre la relación concordante y coincidente de la pruebas clínicosemiológicas practicadas y los estudios complementarios aportados.
Por lo tanto, entiendo que todas las secuelas detectadas por el Dr. Hermida Ricardo, han tenido la pertinente acreditación y guardado coincidencia con los estudios complementarios solicitados a tal efecto en el pertinente informe pericial; no encontrando motivos valederos para apartarme de la experticia oficial. Sin perjuicio de ello, si bien considero que tales daños constatados por el experto se relacionan con el accidente en el cual fuera víctima la actora como tercera transportada, no obsta a la valoración que ha realizado este juzgador respecto a la culpa de la víctima, quien con su conducta negligente ha contribuido a dañarse.
Asimismo, tampoco existe en autos, prueba que acredite que los daños detectados tengan incidencia concausal por una enfermedad preexistente de la actora, conforme lo expusiera la parte condenada apelante respecto a la historia clínica de la víctima.
Por otra parte, tampoco podrán prosperar las críticas efectuadas contra la pericia psicológica, pues la experta ha determinado que el daño detectado en la victima corresponde totalmente al accidente que se investiga, y no resultando procedente –a ver de este juzgador- hacer pesar sobre la parte actora las consecuencias jurídicas por el transcurso del tiempo que el presente proceso lleva tramitando. Más aun, cuando la codemandada ha reconocido su responsabilidad. Tampoco se ha acreditado, más allá de las observaciones de los apelantes, que exista una concausa con respecto a dicho daño psicológico que habilite a este juzgador a aplicar el criterio del 50% -conforme cita que se efectuara de este Sala-, lo cual incluso solo sería viable en el supuesto que la perito expresamente hubiera advertido cuestiones preexistentes en la actora y no se hubiera manifestado respecto al porcentaje de dicha incidencia. Del mismo modo, si bien la perito determinó que se espera que el tratamiento sea “exitoso”, y que “dependerá de la respuesta al tratamiento psicoterapéutico indicado a la actora la remisión total o parcial del cuadro y de su incapacidad psíquica”. También refirió que: “habiendo transcurrido más de dos años desde el hecho de autos, el daño psíquico se encuentra consolidado y por lo tanto la incapacidad de carácter permanente; no obstante el tratamiento indicado es a fin de sobrellevarla sintomatología que presenta y así evitar su agravamiento”. En consecuencia, siendo criterio de este sentenciante que transcurrido dicho plazo de dos años, el daño se encuentra jurídicamente consolidado, considero que en la especie la incapacidad psicológica detectada en la víctima es parcial y permanente y que el tratamiento psicoterapéutico es a los fines de evitar un agravamiento.
En consecuencia, ha quedado debidamente acreditado (no solo por la pericia sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que la actora ha sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud psicofísica, que ha sido graduado en el porcentaje del 5% por lumbalgía y del 10% por fractura unimaleolar de tobillo de incapacidad física y un porcentaje del 10 % de incapacidad psicológica por estrés postraumático, también parcial y permanente, relacionados causalmente con el hecho de autos, disminución psicofísica que llevará toda su vida y sin perjuicio de las actividades que realizaba o pueda seguir realizando, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud, por ello este daño es totalmente resarcible, (art. 1083 del CC). Todo ello, sin perjuicio de la culpa de la víctima en la falta de utilización del cinturón de seguridad, incidencia que será considerada en la cuantificación del rubro. Del mismo modo, no escapa a este juzgador que en la pericia referenciada del Dr. Hermida, el experto señala que la víctima padece dolor. Cabe recordar que en relación al mismo ya se ha expedido esta sala Primera con voto de mi distinguido Colega Dr. Ramón Domingo Posca resolviendo que: “No se mide en su justa dimensión al dolor con simples tablas, que por cierto los estudiosos han elaborado. El dolor tiene su propio peso y se carga sin intervalos. Cada vez que se pretende desarrollar una potencia del cuerpo y en este aspecto el hombro es una base para el ejercicio de múltiples esfuerzos, por encima de cualquier secuela o porcentaje de incapacidad, más aún cuando tal como explica la ciencia médica, el miembro afectado es susceptible de experimentar recidivas.” “El dolor -si bien se proyecta en el daño moral al agrietar la tranquilidad de la actora – produce también una natural retracción en los movimientos de la persona, lo que equivale a un perjuicio en cada faceta de relación.” “Rubinstein refiere sobre el dolor como secuela de incapacidad laboral, concepto que a mi criterio, debe extenderse a toda la vida de relación”. (RUBINSTEIN, Santiago J. “Las incapacidades laborativas”, Depalma, Buenos Aires 1996, págs. 41/47); (RUBINSTEIN, Santiago: “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”, LexisNexis, Buenos Aires 2005, págs. 313 y ss).” (Campos, Fabián Néstor C/ Magnani, Julio Ángel Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” Causa Nº 1521/1 RSD Nº 94/08).
En suma, considerando que la actora tenía a la fecha del accidente 27 años de edad, empleada según pericia médica, soltera, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, el grado de incapacidad física del 5% por lumbalgía y del 10% por fractura unimaleolar de tobillo y un porcentaje del 10 % de incapacidad psicológica por estrés postraumático, ambas parcial y permanente, relacionadas con el hecho de autos (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.), estimo que corresponde elevar el rubro de incapacidad psicofísica sobreviniente en la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00), (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384, 456, 472 y 474 del Cód. Proc.), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima. Por lo cual, dicho importe prospera por la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($637.500,00).
Del mismo modo, atendiendo a la necesidad de tratamiento psicoterapéutico indicado por la perito, la periodicidad del mismo para evitar su agravamiento y costo promedio de dichas sesiones, las cuales oscilan para este juzgador en el importe de $1800,00, estimo que corresponde confirmar la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00) otorgada por el sentenciante de grado –ello considerando que no existe una crítica concreta respecto al valor de psicoterapia por la parte actora-, la cual deberá ser adecuada atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima. Por lo cual, dicho importe prospera por la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($45.900,00).
V. Daño Moral Surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (MossetIturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, RubinzalCulzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.).En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima– mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísica-, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, constancias de la causa penal: denuncia del hecho, examen de visu de los rodados, reconocimiento médico, historia clínica, pericias médicas, estimo que el monto fijado por S.S. en la sentencia de Primera Instancia en concepto del resarcimiento de daño moral debe ser elevado en la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000,00), que considero justa y equitativa.(art. 1078 del CC), la cual deberá ser adecuada atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima Por lo cual, dicho importe prospera por la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($318.750,00).
VI. Gastos de medicamentos y asistencia médica Si bien dicho rubro no ha sido apelado, corresponde su tratamiento en función de cómo ha prosperado la demanda contra “Sargento Cabral SA de Transporte” y “Metropol Sociedad de Seguros Mutuos” y las críticas que ha hecho sobre esta parcela en su escrito de contestación de demanda.
Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, atenciones médicas, estudios, constancias de la causa penal, etc) las afecciones que sufriera la actora y que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo se confirme la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS ($6300,00) por dichos conceptos, la que considero justa y equitativa. (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ.), y que atendiendo a como ha prosperado la responsabilidad (85% a carga de la parte demandada) y la incidencia de la culpa de la víctima por la falta de utilización del cinturón de seguridad (15%), debe ser adecuado al importe de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.355,00).
VII.-Tasa de interés La parte actora se queja porque se ha dispuesto en la sentencia de grado la tasa pura del 6%, solicitando por ello la tasa pasiva más alta.
Si bien vengo señalando que el indócil tema de los intereses ha promovido en la jurisprudencia soluciones a veces antagónicas y este Tribunal, por mayoría, en fallos recientes no ha aplicado las soluciones brindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires en los casos “Vera” y “Nidera” (sentencias dictadas con fecha 18/04/2018 y 3/05/2018) por interpretar que dichos precedentes no constituían doctrina legal, la sentencia recaída en los autos "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, plantea un giro radical en la dirección interpretativa de este Tribunal.
Por lo cual, adelanto que los agravios no deberán prosperar, por aplicación de la doctrina legal destacada en dichas actuaciones.
En efecto, teniendo en cuenta que la SCBA ha afirmado en dicha causa referenciada, que: “… deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV- 2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que “… para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde confirmarse la sentencia apelada, en cuanto dispuso que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 13/08/2002 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5- 2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
Dicha forma de decidir, importa rechazar los agravios de la parte actora.
VIII. Las costas de Primera y Segunda instancia Respecto a éste acápite, cabe señalar que tiene dicho mi distinguido colega, el Dr. Posca in re: “Torres Julio Cesar c/ Garelli Ramirez s/ Daños y perjuicios (RSD Nro.: 213/13, Folio Nro. 1372) que: “En este aspecto la jurisprudencia ha expresado: “Aunque se declare la existencia de culpa concurrente en el accidente de tránsito, las costas de ambas instancias deben ser abonadas por la demandada en virtud del progreso de la acción” (art. 68 Cód. Proc. Civil y comercial de la Nación) (C.N. Civil Sala B 7/9/99 “Torres Juan c/ Carballo Alfredo s/ Ds y Ps., cit. Por Hernán Daray en “Derecho de Daños, el accidente de tránsito” T. 2 Astrea, Buenos Aires 2001, Pág. 375 sum. 2) Con respecto a ello: “Las costas de ambas instancias, tratándose de demandas por daños y perjuicios, corresponde que se abonen por la demandada (art. 68 Cod. Proc. Civil y Comercial de la Nación), en virtud del carácter resarcitorio que posee la condena a pesar de la culpa concurrente pues, al resolver lo contrario, se vería retaceada la indemnización otorgada a los damnificados” (C.N. Civ. Sala M 3/3/97 “Álvarez Cristian M. c/ Cordero Amalia F. s/ Ds y Ps.” cit. Por Hernán Daray en “Derecho de Daños, el accidente de tránsito” T. 2 Astrea, Buenos Aires 2001, Pág. 376 sum.9). “La solución concuerda con el principio de reparación integral y con la función de indemnización que tienen las costas en los juicios de daños y perjuicios y con el hecho que la parte actora se ha visto en la necesidad de litigar. (mi voto en “Politi, Roberto Vicente C/ Rios, Marcelo Y Otros S/ Daños Y Perjuicios”, Causa 2581/1 RDS 132 folio 893)”.
Dicho lo cual y atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en ambas instancias deben ser impuestas a los demandados y sus aseguradoras –en la medida de la cobertura contratada. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
Del mismo modo, aquellas cuestiones referidas al artículo 505 del CC, deben diferirse para la etapa procesal oportuna.
IX. Planteo de Plus Petitio Inexcusable por Sargento Cabral SAT y la citada en garantía “Metropol Sociedad de Seguros Mutuos”.
Atento a como ha prosperado la responsabilidad, corresponde dar tratamiento al planteo efectuada por la parte codemandada en su escrito de contestación de demanda.
Cabe recordar que la "pluspetitio" no se configura por la sola desproporción entre lo reclamado y las condenaciones de la sentencia en los límites establecidos en la ley. Esta conducta debe mostrarse como consecuencia de la malicia, fraude o ligereza indisculpable.
A su vez, para su configuración también es imprescindible que el adversario haya reconocido oportunamente la pretensión accionada hasta el límite admitido por la sentencia.
“La aplicación de la pluspetición inexcusable a los efectos de sostener una condena en costas no debe confundirse con la simple falta de coincidencia entre el monto de la pretensión ejercida y lo que finalmente la sentencia fija como procedente, o con el hecho que la diferencia entre las mismas supere el 20% dispuesto en la norma del art. 72 del C.P.C.C. La norma citada previene en primer término que el incurrir en petición excesiva debe presentar el carácter de inexcusable, lo que significa que, con una conducta culpable o maliciosa, se haya exagerado torpemente el reclamo. En segundo lugar establece la regulación legal a que me refiero, una condición de aplicación de la misma, esto es, "que la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia."(CC0202 LP 106833 RSD-277-6 S 28/11/2006).-
Siendo que en la especie no se configuran los requisitos para la procedencia de la sanción dispuesta por el art. 72 del CPCC, toda vez que los demandados han negado los rubros reclamados por la accionante, solicitando el rechazo de la demanda y no han sido reducidas las pretensiones de la parte actora en más de un 20% -también debe advertirse que la accionante subordinó el monto a "lo que en más o en menos resulte de las probanzas a producirse", a lo cual se suma que las diferentes partidas se actuaron con sustento en la facultad que a los jueces acuerda el art. 165 in fine del Código Procesal del fuero, corresponde rechazar la petición en tratamiento.
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO POR PARCIALMENTE LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos al Doctor Taraborrelli, el Doctor Pérez Catella y Doctor Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que:
1. SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE CONDENE por el accidente en el que resultara víctima la actora Fuentes Natalia Verónica –como tercera transportada- a SARGENTO CABRAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y su aseguradora METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS, en la medida de la cobertura contratada, al señor DANIEL ALBERTO LUCERO, al señor JOSE LUIS FERNANDEZ conjuntamente con su citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, también en la medida del seguro, quienes deberán responder frente a la parte actora en el porcentaje del 85%, quedando a cargo de la accionante el otro 15%, por haberse configurado el eximente culpa de la víctima; b) SE ELEVE el rubro incapacidad psicofísica sobreviniente en la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($637.500,00); c) SE CONFIRME la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00) en concepto de tratamiento psicológico, la cual deberá ser adecuada atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($45.900,00); d) SE ELEVE el rubro el daño moral en la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($318.750,00);
e) SE CONFIRME el monto otorgado para el rubro gastos de medicamentos y asistencia de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.355,00); f) SE FIJEN que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 13/08/2002 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en primera y segunda instancia a todos los codemandados vencidos y sus aseguradoras –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.).4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) CONDENAR por el accidente en el que resultara víctima la actora Fuentes Natalia Verónica –como tercera transportada- a SARGENTO CABRAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE y su aseguradora METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS, en la medida de la cobertura contratada, al señor DANIEL ALBERTO LUCERO, al señor JOSE LUIS FERNANDEZ conjuntamente con su citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, también en la medida del seguro, quienes deberán responder frente a la parte actora en el porcentaje del 85%, quedando a cargo de la accionante el otro 15%, por haberse configurado el eximente culpa de la víctima; b) ELEVAR el rubro incapacidad psicofísica sobreviniente en la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($637.500,00); c) CONFIRMAR la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00) en concepto de tratamiento psicológico, la cual deberá ser adecuada atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($45.900,00) d) ELEVAR el rubro el daño moral en la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($318.750,00); e) CONFIRMAR el monto otorgado para el rubro gastos de medicamentos y asistencia de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300,00), importe que deberá ser adecuado atendiendo al grado de responsabilidad atribuido a la parte demandada (85%) y el otro 15% restante a cargo de la víctima, prosperando dicho rubro en la suma de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.355,00); f) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 13/08/2002 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda –sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; 2°) CONFIRMAR el resto la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) IMPONER las costas generadas en primera y segunda instancia a todos los codemandados vencidos y sus aseguradoras –en la medida de la cobertura contratada-.
(arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
DEVUELVASE.
Fin de la sentencia