Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 32.466
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRECEPTAR PARCIALMENTE los agravios esgrimidos por el demandado y en consecuencia: 1°) reducir la compensación económica al 15% (quince por ciento) de la remuneración que percibe el Sr. S. V. L. por el término de 36 (treinta y seis) meses, respecto de la REMUNERACIÓN como empleado en el "Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debiendo aplicarse tal porcentaje a cada retribución que se le liquide, sea semanal, quincenal, mensual, sueldo anual complementario o cualquier otro carácter, previa deducción de los descuentos legales que se deriven de aportes al sistema previsional, obra social o asistencial, seguros u otros beneficios, pero debiendo ser excluidos los descuentos que provengan del pago de créditos personales, o descuentos por planilla de consumos o compras efectuadas por el demandado. (Arts. 441, 442 del Código Civil y Comercial de la Nación) 2°) imponer las costas generadas en esta instancia recursiva al demandado quien mantiene -en esencia- su calidad de vencido (arts. 68 del C.P.C.C.). 3°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "I. J. V. C/ S. V. L. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA ARTS. 524, 525 CCCN" – JUZ. DE FLIA. N° 11
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “I. J. V. C/ S.
V. L. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA ARTS. 524, 525 CCCN" -
LM-32466-2023 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA – TARABORRELLI - PEREZ CATELLA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR.
RAMON DOMINGO POSCA dijo:
I.-Antecedentes del caso.
El señor juez subrogante con fecha 15/04/2025 10:57:54 dicta sentencia con el siguiente alcance:
1. Desestima el planteo de caducidad del derecho formulado por la parte demandada. (Art.525 y 2569 C.CyC.N.).
2. Desestima el planteo de temeridad y malicia formulado por la parte actora (Art. 34 inc.6 CPCC).-
3. Hace lugar a la demanda, y en consecuencia, fija una compensación económica en favor de la Sra. J. V. I. en la suma equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de la remuneración que percibe el Sr. V. L. S. por el término de 36 (treinta y seis) meses, respecto de la REMUNERACIÓN como empleado en el "Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debiendo aplicarse tal porcentaje a cada retribución que se le liquide, sea semanal, quincenal, mensual, sueldo anual complementario o cualquier otro carácter, previa deducción de los descuentos legales que se deriven de aportes al sistema previsional, obra social o asistencial, seguros u otros beneficios, pero debiendo ser excluidos los descuentos que provengan del pago de créditos personales, o descuentos por planilla de consumos o compras efectuadas por el demandado. (Arts. 441, 442 del Código Civil y Comercial de la Nación).-
4. Impone las costas a la parte vencida. (art. 68 y sgtes del C.P.C.C.).
5. Difiere la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad. (Art. 23 de la Ley 14.967)
El Dr. Norberto C. SARUBINSKY GRAFIN, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, con fecha 21/4/2025 17:59:00 apela la sentencia.
Con fecha 23/05/2025 10:48:06 se radica la presente causa ante esta Sala Primera.
Con fecha 30/05/2025 13:53:20 se llama a expresar agravios al apelante Dr. Norberto C Sarubinsky Grafin (letrado apoderado del demandado Sr. V. L. S.) en el plazo de diez días.
Con fecha 8/6/2025 22:03:25 expresa agravios el Dr. Norberto C Sarubinsky Grafin, en representación de la parte demandada Sr. V. L. S. Con fecha 13/06/2025 12:31:46 se da al Dr. Norberto C.
Sarubinsky Grafin (letrado apoderado del demandado Sr. V. L. S.),por presentada, en legal tiempo y forma, la expresión de agravios vertida a despacho. En la misma fecha se corre el respectivo traslado de la expresión de agravios presentada.
Con fecha 26/6/2025 10:05:44 la actora J. V. I. con el patrocinio del Dr. Ignacio Giménez contesta el traslado de la expresión de agravios. Reedita la contestación con fecha11/7/2025 15:02:00 Con fecha 05/09/2025 12:23:51 se llaman AUTOS PARA SENTENCIA (art. 263 C.P.C.C).
Con fecha 29/09/2025 10:21:00 se practica por secretaria el sorteo correspondiente para el estudio y votación de la presente causa.
II. La expresión de agravios y su contestación II.1. La expresión de agravios El Dr. Norberto C. SARUBINSKY GRAFIN, en su carácter de letrado apoderado del demandado, Sr. V. L. S., expresa agravios. Primer agravio. La cuestión de la perspectiva de género.
Cuestiona que se haya decidido con perspectiva de género. Entiende “que el Sr. Juez exagera o va más allá de lo que el recto sentido de justicia lo permite.”
Refiere conceptos sobre la perspectiva de género, que a su entender no son aplicables al caso concreto.
Segundo agravio. La caducidad de la acción.
Afirma que ha señalado en la contestación de demanda “que la normal convivencia entre las partes se había deteriorado con anterioridad, el punto de partida del término de la caducidad que se produjo el día 01 de julio de 2018, cuando la actora echó violentamente al demandado de la vivienda en que cohabitaban, permitiéndole llevar solamente algunas mudas de ropa y ninguno de las bienes u objetos compartidos.” Sostiene que ese hecho ha sido mencionado y aceptado por el señor juez en la sentencia apelada. Afirma: “Posteriormente, la actora inició este juicio el 31 de diciembre de 2018, es decir, una vez fenecido el plazo del art. 525 in fine del CCyCN que se había producido el día 01 de diciembre de 2018”
Sostiene que “Llegado a este punto, el sentenciante deja de lado su papel de tal y se transforma en un defensor de la parte actora y en un legislador que critica los plazos legales, y que él como Juez no va a respetar.”
También sostiene el apelante que el señor juez de grado ha considerado que el plazo de caducidad de seis meses es excesivamente corto o que la mujer no pudiera estar enterada de sus derechos. Afirma el apelante que “El segundo argumento es totalmente falso a la luz de lo acontecido pues la actora contaba con asesoramiento letrado y no sólo inició el presente juicio sino que inicio una batería de acciones judiciales. bastándome citar el juicio de alimentos que se inició mucho antes y una mediación por cuidado familiar que se solucionó, contando ambas partes con patrocinio letrado, que son anteriores a la iniciación de este expediente. Los profesionales que asistieron a la actora (distintos a la actual letrada) son reconocidas autoridades dentro del Derecho de Familia, por lo cual queda descartada la imagen de pobre mujer ignorante de sus derechos, con que la sentencia intenta defenderla y justificar una decisión contraria a Derecho.”
Sostiene el apelante: “En cuanto al primer argumento, se trata de alegaciones impropias de un representante de la justicia, sino que son propias de alguien que se cree un representante del pueblo, conducta expresamente prohibida y repudiada por el art. 22 de la CN.”
Afirma: “Es decir, la actora no acredita una fecha distinta para el comienzo del período de caducidad.”
Afirma que el señor juez de grado se ha limitado a señalar “Que el plazo de caducidad fijado por la ley es extremadamente corto. Lo cual es una razón absolutamente improcedente en una sentencia, pues ese plazo lo fija el legislador y la Justicia debe adecuarse a lo que dice la ley.” Reitera “que el cese de la convivencia se produjo el día 1° de julio de 2018, cuando el Sr. S., harto de las agresiones de todo tipo de la actora, le planteó a ésta la necesidad de poner distancia entre ellos y es así que, de común acuerdo se decidió romper la cohabitación y que el demandado se fuera del hogar. Mi mandante esperaba hacerlo en un tiempo prudencial para poder organizar su vida futura pero, la actora no quiso aguantar y prácticamente lo echó del hogar conyugal sin contemplaciones.” Sostiene que fue víctima de agresiones y que se retiró del hogar precipitadamente y sin lugar donde habitar.
Afirma: “Desde esa fecha (01-07-18) hasta el momento en que la actora inició este juicio, han pasado más de seis meses, por lo cual esta acción ha caducado.”
Sostiene que “La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523.” Afirma: “La presente acción ha caducado indefectiblemente el día 31 de diciembre de 2018, sin qué durante ese lapso, haya existido acto interruptivo alguno. Tampoco existe en autos prueba alguna que acredite otras fechas que arroje dudas sobre tales hechos objetivos.”
Cita jurisprudencia que entiende aplicable.
Solicita se rechace la demanda porque al momento del inicio de la demanda había vencido el plazo de caducidad.
En forma subsidiaria recurre otros aspectos de la sentencia apelada.
Tercer agravio. La compensación económica.
Sostiene que no resulta procedente la compensación económica.
En subsidio se agravia de su cuantificación y entiende que resulta excesiva. Sostiene que “Al tratar este punto, en una clara muestra de erudición académica el Sr. Juez cita variados antecedentes más legislación, doctrina y jurisprudencia comparada, mencionando así ejemplos de Francia, España, Chile, etc., pero, lamentablemente en parte alguna se refiere concretamente a la legislación argentina, para intentar describir aunque fuera someramente en qué plexo normativo encuadra la situación de las partes para considerar la procedencia de la compensación económica.” Sostiene que el desequilibrio económico debe tener causa adecuada en el desvinculo. Afirma que ello no se ha producido y que la actora en mejores condiciones que el demandado.
Afirma: “Desde ya adelanto que efectivamente, tal como surge de las pruebas de autos, sin atenuante ni excusa alguna, si existe un desequilibrio económico entra las partes pero tal desequilibrio existe a favor de la actora quien ha incrementado su patrimonio y que los problemas de salud que padece la actora no tienen relevancia ni relación con la ruptura de la convivencia sino que se trata de padecimientos congénitos propios de su condición de salud.”
Sostiene: “La actora ha salido de la convivencia con un inmueble a su favor y durante tal convivencia ha podido superar al esposo en educación pues al comienzo tenían ambos educación secundaria y durante la convivencia ella comenzó una educación terciaria mientras el Sr. S. cuidaba a la hija sin tener tiempo adicional para hacer lo propio. Es decir que luego de la ruptura de la convivencia, la actora mejoró su situación patrimonial con un inmueble adquirido por ambos convivientes durante la convivencia y con mejor educación pues comenzó estudios terciarios. En cambio el Sr. S., durante la convivencia y luego de ella sigue manteniendo su empleo de cadete o empleado común en el Colegio de Escribanos, estando ahora a su cargo el cuidado parental.” Refiere: “Tan pronto la Sra. I. soluciones su problema de salud, anterior a la convivencia y anterior a su ruptura, estará en mejores condiciones de entrar al mercado laboral, contando con el alivio de tener asegurada su vivienda propia y con mejor educación que su ex conviviente.” Sostiene que la sentencia es arbitraria. Afirma: “La realidad de los hechos es que mientras las partes convivían tenían un nivel de vida austero, acorde a la suma de los sueldos que percibían ambos miembros de la pareja.”
“Luego de la separación ocurrida el día 01 de julio de 2018, ambos miembros de la pareja siguieron subsistiendo con sus respectivos sueldos, salvo el alquiler del departamento y sus expensas, que siguieron siendo solventados por mi mandante. Incluso el Sr. S. pactó el nuevo contrato de locación pese a no estar más él viviendo en ese inmueble a fin de asegurar a su ex pareja y a su hija una vivienda estable por el término de dos años, tal como lo requiere el art. 526 del CCyCN.” Sostiene que el demandado “ha padecido un empeoramiento de su situación económica (art. 524 CCyCN) pues durante mucho tiempo afrontó el pago de los alquileres y gastos por dos viviendas (la de su ex conviviente y la suya). Ahora ya no afronta más el alquiler de su ex pareja pues ella se ha ido a vivir a su propio inmueble (donde no paga alquiler ni expensas), mientras que el Sr. S. sigue abonando alquiler por su vivienda alquilada y además afronta los gastos que se devengan por la manutención de la hija de ambos ex convivientes Por el contrario, la actora no ha sufrido menoscabo patrimonial ni económico alguno pues sigue siendo titular de dominio de un inmueble, que lo adquirió durante la convivencia y en consecuencia tiene su vivienda sin sobresaltos ni gastos de expensas ni de alquiler.” Afirma: “Aclaro que el inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires, le fue vendido a la actora por su padre y ésta lo adquirió con dinero producto del trabajo de ambos convivientes, quienes posteriormente, hicieron mejoras y mantenimiento de la vivienda. Pese a que el dinero de la compra fue de ambos miembros de la pareja, el inmueble se anotó en el boleto como de propiedad única de la Sra. I. Debido a que no estaban casados, no haremos el intento de calificar a dicho inmueble como ganancial pero sí sirve como prueba irrefutable que la Sra. I. ha salido con mejor fortuna luego de la ruptura de la convivencia.”
Afirma: “Incluso, la Sra. I. se ha enriquecido sin causa a costa del actor (art. 528 CCyCN), pues cuando se produjo la ruptura de la convivencia todos los muebles, útiles, utensilios y demás bienes de propiedad común de la pareja, quedaron en el que fuera hogar de la convivencia, estando impedido de hecho el Sr. S. de poder retirar aunque más no fuere, un plato, tenedor y cuchillo para poder él desenvolverse, por la negativa de la actora.” Agravio: Encuadramiento legal relativo al cese de la convivencia Sostiene: “Según el art. 525 del Código Civil y Comercial, necesariamente, el Sr. Juez debió haber tenido en cuenta ciertas circunstancias, legalmente determinadas, a fin de determinar si procede la compensación económica y en caso afirmativo, su cuantía; o, en caso negativo, su rechazo.”
Refiere que carece de bienes para satisfacer la compensación económica. Sostiene que es la parte perjudicada por el cese de la convivencia.
Refiere sobre: “a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión;
El estado de los ingresos de ambas partes fue el mismo tanto al comienzo como al fin de la relación. En ese momento, ambas partes eran empleados, vivían de sus respectivos sueldos y lo que ambos ganaban al momento de la separación, apenas le alcanza para sus respectivas subsistencias. No hubo cambio alguno que amerite la posibilidad de una compensación del demandado a favor de la actora, sino que por el contrario, la actora ha mejorado de fortuna con el inmueble adquirido y puesto a su exclusivo nombre y es el demandado quien se ha perjudicado patrimonialmente. Destaco que la aducida enfermedad psíquica de la actora se evidenció o surgió, tiempo después de la finalización de la convivencia. Afirma que la actora “es propietaria única y exclusiva de un inmueble ubicado en la calle Libres del Sur Nº 60, UF 1 de Florencio Varela, que es sumamente amplio (tres dormitorios, cocina, baño, living comedor, patio y lavadero); y con capacidad para albergar a la actora y a la hija de ambos.
Ese inmueble fue objeto de gastos, arreglos y embellecimiento por parte de la pareja, durante la convivencia, pues la idea común era mudarse a residir todos en ese lugar, junto con la madre de la actora quien ocupa uno de los dormitorios.
En contrapartida, mi mandante carece de cualquier otro inmueble o bienes de fortuna, resultándole muy gravoso tener que seguir abonando alguna suma a la actora ya que él tiene que afrontar el pago de su propio alquiler y la manutención de su hija.”
Respecto de: “b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese;
Ambas partes se han dedicado a la familia por igual y asimismo ambos se han dedicado a la crianza y educación de la única hija. La actora tuvo además tiempo para perfeccionarse pues encaró sus estudios terciarios.
El padre sigue ahora ocupándose de la hija, debido en parte a la posterior enfermedad psicológica de la madre que maltrataba injustificadamente a la hija de ambos.”
Continúa señalando: “d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica;
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente;
Ambas partes han tenido estudios secundarios y luego se ha dedicado a trabajar. La Sra. I. en este sentido goza de ventaja pues ha cursado estudios terciarios, es decir, que se encuentra en mejores condiciones de capacitación que el demandado y con más posibilidades de acceder a un empleo especializado o calificado”
Sobre el punto: “f) la atribución de la vivienda familiar”, afirma el apelante: “La vivienda familiar era un departamento locado. En dicho departamento quedaron viviendo la actora y la hija de ambas partes. Aún después de la separación, el Sr. S. prestó su colaboración y procedió a firmar como obligado único y principal el contrato de locación respectivo, que aseguró la vivienda para la reclamante y la hija de ambos. El alquiler, las expensas y los impuestos, los abonó el Sr. S.”
También ha señalado el apelante: “Reitero lo antes explicado en el sentido que la actora ahora reside en un inmueble de su exclusiva propiedad en el cual cuenta incluso con más superficie y comodidades que el que tenía durante la convivencia.”
Con relación al juicio de alimentos, sostiene el apelante: “Un tema muy importante para tener en cuenta en este juicio es el de los alimentos, por los cuales la actora inició y obtuvo sentencia favorable pese a la malicia y mala fe con la cual ha actuado”
Afirma: “En efecto, la sentencia favorable a la actora consistió en condenar al demandado a pasarle el 30% del total de sus ingresos, teniendo en cuanta que en esa suma estaba comprendida la manutención de la hija de ambos y el pago del alquiler y expensas del departamento en el cual la actora y la hija quedaron residiendo.
Al Sr. S. se le embargó el 30% de sus haberes y a partir de ahí lógicamente dejó de abonar el alquiler pues era claro que tanto el alquiler como las expensas quedaban desde ese momento a cargo de la Sra. I., pues para eso percibía el producto del embargo.
Pasaron muchos meses a partir de ese momento hasta que el Sr. S. comenzó a recibir reclamos por la falta de pago de parte del locador. Se enteró luego que se había iniciado juicios de desalojo y de falta de pago en su contra pues la astuta y maliciosa Sra. I. no había empleado el dinero como correspondía sino que directamente no abonaba ni el alquiler ni las expensas. Cuando estaba próximo a producirse el lanzamiento, la Sra. I. abandonó la locación y se fue a vivir al inmueble que habían adquirido ella y el Sr. S. Tiempo después la niña dejó de convivir con su madre y pasó a hacerlo con su padre.”
Entiende que del análisis efectuado en el punto anterior se desprende que no existe motivo alguno como para conceder una compensación económica a la actora.
Solicita se desestime la pretensión de la parte actora.
Cita doctrina que entiende aplicable.
Sostiene que debe tenerse en cuenta la situación del demandado. Sostiene: “Tal como la misma actora lo cuenta en su demanda y lo ha corroborado el Sr. Juez, el único ingreso del Sr. S. es su sueldo.
Sostiene que el Sr. S. no cuenta con bienes de fortuna y no posee reservas de dinero.
Dice: “Con su sueldo, mi representado está haciendo frente a su alquiler, a las expensas e impuestos (el suyo y el de su hija), a la obra social para su hija y a una suma de alimentos y educación para su hija, e por su edad, cada vez tiene mayores necesidades, y; con lo que sobra, apenas le alcanza para su comida, viáticos y ropa.
Es decir, que su situación económica no le permite ni abonar una suma global ni tampoco hacer frente a una suma mensual adicional.”
Insiste en que la sentencia es arbitraria.
Respecto de la dedicación que la Sra. I. brindó a su cónyuge y a la crianza y educación de su hija, afirma que ambos convivientes “se brindaron, por igual, el cuidado y la dedicación recíproca.
Ambos trabajaban, y el Sr. S. debió resignarse a un empleo de menor jerarquía para solventar los gastos de la pareja y de la hija, mientras que la Sra. I. pudo dedicarse a un trabajo relacionado con la educación que era lo que a ella le complacía en mayor medida.
Además la actora comenzó sus estudios terciarios y que por ello se ausentaba del hogar en mayor medida que el demandado, quien realizó mayores esfuerzos en el cuidado de la hija de ambos.”
Afirma: “La Sra. I. no resignó nada pues ella siguió estudiando y perfeccionándose en su carrera profesional. Quien resignó estudios terciarios fue el Sr. S.”
Respecto de la enfermedad que padece actualmente la actora, sostiene: “Si bien los síntomas de la enfermedad que padece la Sra. I. son incluso anteriores a la relación convivencial, su enfermedad actual es posterior a la convivencia y a la ruptura de la relación convivencial, por lo cual no debe evaluarse en relación a lo discutido en autos.”
“e.- Y por sobre todo, debo basar mi juzgamiento con perspectiva de género, Sostiene el apelante: “Ya a esta altura de las críticas al criterio del Sr. Juez, se me hace difícil seguir argumentando pues lo que tácitamente está diciendo el Sr. Juez es que a despecho de toda la doctrina y jurisprudencia que él mismo se preocupó por buscar y plasmar en su sentencia y a despecho de la falta de fundamentos que él mismo se comprometió a explicar, y a despecho de todas las prueba en contrario obrantes en autos, por ser mujer la actora, le regalará sin motivo una compensación económica.”
Sostiene que ello es arbitrario.
Afirma, respecto de los alimentos que: “Si bien el Juzgador ha enumerado todos los temas que en general, cita la doctrina que se deben analizar, falta uno que es sustancial en el presente y particular caso, que es el del juicio de alimentos, y el incidente que tuve que promover para lograr el cese de los ilegales alimentos que la Sra. I., seguía percibiendo a pesar que habían cesado todas las causales. Esos expedientes tramitaron por ante el mismo Juzgado de Familia N° 11, y constituyen una circunstancia más que se debe tener en cuenta para decidir Se trata de los expedientes caratulados “I. J. V. C/ S. V. L. S/ ALIMENTOS - LM - 32556 “ 2023 Y S. V. L. C/ I. J. V. S/ INCIDENTE DE ALIMENTOS - LM – 13879- 2023”
Solicita se requieran los expedientes mencionados.
Afirma que: “En esos expedientes consta que la actora durante años estuvo defraudando a la Justicia pues siguió cobrando en su propio provecho el 30% que se le embargaba a mi mandante mensualmente para abonar los alimentos, los alquileres y las expensas. Jamás la actora abonó los alquileres ni las expensas y mi mandante sigue siendo sujeto pasivo de un juicio por cobro de alquileres. Luego, cuando la actora fue desalojada y pasó la responsabilidad parental a mi mandante, también siguió usufructuando en su exclusivo beneficio esas sumas de dinero que ilícitamente percibía.”
Entiende que se debían considerar “compensadas las sumas recibidas ilícitamente por la actora con las que reclama en este juicio.” Sostiene que la actora no es una persona vulnerable.
Respecto del monto de la compensación, entiende que la cuantificación de la compensación no está justificada.
Refiere: “Adviértase que en el juicio de alimentos se había fijado un monto total del 30% de los emolumentos del Sr. S. y ese monto comprendía los alimentos propiamente dichos más los gastos de alquiler y expensas.”
Afirma: “Ahora la actora no paga ni alquiler ni expensas pues vive en la casa que adquirió durante la convivencia. Esa casa por su tamaño y ambientes es susceptible de ser alquilada a terceros y todo gracias a su mejor fortuna al término de la convivencia. Tampoco tiene los gastos derivados de su responsabilidad parental hacia su hija, quien vive con su padre.”
Por su parte los gastos del padre han aumentado considerablemente en razón de la mayor edad de su hija.
Si bien el concepto de alimentos y de compensación económica son distintos, es evidente que en atención a las características socio ambientales de las partes, tienen en cuanto a su monto, una íntima relación.”
Solicita en caso de mantenerse la compensación económica, en subsidio se reduzca sustancialmente su cuantificación.
Asimismo, solicita se declare “la compensación entre las sumas objeto de condena en este expediente con las cobradas ilegítimamente por la actora en el juicio de alimentos”
Solicita se impongan las costas a la parte actora.
II.2. La contestación de agravios J. V. I. contesta agravios. Sostiene que los agravios no están suficientemente fundados.
Agravios sobre la aplicación de la perspectiva de género.
Sostiene que “Esta objeción resulta manifiestamente improcedente, por desconocer tanto el marco normativo aplicable como la prueba incorporada en autos.” Solicita se rechace el agravio.
Agravio sobre la supuesta caducidad de la acción.
Sostiene: “Tal como surge con diáfana claridad de las constancias de autos, la unión convivencial cesó el 21 de septiembre de 2018, fecha en la que el demandado decidió unilateralmente abandonar el hogar común. Desde esa fecha se inicia el cómputo del plazo de seis (6) meses contemplado en el art. 524 CCyCN.
La parte actora dio inicio a la acción de compensación económica con la audiencia de mediación celebrada el 1 de marzo de 2019, cuya solicitud fue sorteada con fecha 4 de febrero de 2019 ante la Receptoría General de Expedientes bajo el número CIV_M 6/2019, con intervención de la Mediadora Dra. Lucía Nelly Koreiva. Dicha audiencia fracasó ante la incomparecencia del demandado, y en esa misma fecha se sorteó la causa judicial, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 7.
Por lo tanto, la acción fue claramente iniciada dentro del plazo legal de seis meses desde la ruptura de la convivencia, conforme lo exige la normativa vigente.”
Solicita se rechace el agravio.
Asimismo, solicita se rechace el agravio sobre la finalidad de compensación económica. Sostiene: “La compensación económica no tiene por objeto redistribuir patrimonios ni corregir desigualdades económicas genéricas entre las partes. Su razón de ser reside en compensar un desequilibrio concreto y actual generado como consecuencia inmediata de la ruptura de la convivencia, cuando ese desequilibrio encuentra causa adecuada en la organización familiar asumida durante la vida en común.” Afirma: “En el caso de autos, la existencia de dicho desequilibrio fue acreditada mediante prueba documental, pericial, testimonios y los propios informes interdisciplinarios ordenados por el tribunal. La sentencia no ha desvirtuado el sentido de la figura, sino que lo ha aplicado con estricta sujeción a los parámetros del artículo 525 del Código Civil y Comercial de la Nación, valorando el tiempo de convivencia, los roles familiares, el menoscabo en el desarrollo profesional de la actora y la mejora patrimonial y profesional del demandado durante el mismo período.”
La compensación económica no exige acreditar culpa, ni ruptura injustificada, ni situaciones de indigencia, como pareciera pretender el recurrente. Tampoco tiene carácter alimentario. Se trata de una herramienta que persigue el reequilibrio patrimonial entre las partes, cuando la ruptura de la convivencia genera un perjuicio objetivo y concreto para uno de los ex convivientes, respecto de su situación anterior o de la que hubiera tenido si la unión hubiera continuado.
Afirma: “En este caso, el perjuicio ha sido claramente probado: la actora se dedicó durante toda la convivencia a las tareas domésticas y al cuidado de la hija común, resignando su formación académica y su inserción laboral. Esa función, absolutamente esencial para el sostenimiento de la vida familiar, fue invisibilizada y no compensada económicamente durante la convivencia, generando un desequilibrio que persiste hasta hoy. Sostiene: “Tampoco puede prosperar la afirmación del apelante respecto a que actualmente afronta pagos por alquiler, expensas y servicios, ya que no ofreció ninguna prueba que acredite esos extremos. Por el contrario, de los testimonios obrantes en autos y del informe psicológico interdisciplinario surge que el demandado reside junto a su actual pareja en un inmueble de categoría ubicado en un barrio cerrado, con un estilo de vida visiblemente holgado. El mismo indica que vive en un domicilio que es propiedad de su pareja al ser consultado por la psicóloga designada en autos.”
Del mismo modo, su ingreso mensual “que consta en recibos incorporados al expediente” desmiente cualquier situación de precariedad económica. También son inverosímiles sus afirmaciones respecto a su formación académica y situación laboral, habiendo quedado acreditado que posee estudios universitarios finalizados y desempeña tareas calificadas, por las cuales percibe un salario superior al promedio de su sector.” Afirma que el perjuicio ha sido suficientemente probado. Solicita el rechazo del agravio.
Sobre el encuadre legal relativo a la compensación.
Afirma: “El apelante sostiene que el sentenciante no ha valorado debidamente las pautas del artículo 525 del Código Civil y Comercial de la Nación y que no se habría configurado el desequilibrio económico requerido para la procedencia de la compensación. Asimismo, alega una supuesta imposibilidad material de afrontar la prestación. Ambos planteos deben ser rechazados.”
Afirma: “El agravio constituye, en definitiva, una reedición de cuestiones ya debatidas y debidamente resueltas, sin introducir elementos nuevos ni acreditar extremos distintos a los que fueron valorados en la sentencia.”
Sobre la entidad de la compensación económica. Sostiene:
“Contrariamente a lo que afirma el recurrente, la sentencia no incurre en arbitrariedad ni falta de fundamentación. El juez realizó un análisis integral de las pautas del art. 524 del CCCN y ponderó adecuadamente cada una de ellas.”
Sobre el monto de la compensación económica. Sostiene: “El apelante objeta el monto de la compensación económica fijada en la sentencia, tildándolo de excesivo, y sugiere que el juez habría adoptado sin más el monto reclamado por esta parte sin justificación alguna. Tal afirmación resulta infundada.”
Contestando agravios, también afirma: “En primer lugar, cabe destacar que el monto mensual fijado no es resultado de una aceptación automática del pedido actoral, sino de una valoración objetiva, prudente y razonada de las condiciones económicas de las partes, del desequilibrio generado por la ruptura, y de la finalidad compensatoria del instituto. La suma dispuesta no representa un enriquecimiento sin causa, ni un castigo para el demandado, sino una reparación equitativa de la asimetría económica acreditada en autos.”
Replicando agravios, y con referencia a los fundamentos del fallo apelado, afirma la actora: “El juez de grado ha tenido en cuenta los elementos probatorios rendidos -incluyendo los informes periciales interdisciplinarios y la prueba documental- para establecer un quantum proporcionado. Se ponderaron adecuadamente las capacidades laborales, ingresos, patrimonio, edad y estado de salud de ambos convivientes, conforme a los artículos 525 y 526 del Código Civil y Comercial.” Al contestar agravios, afirma la actora. “En cuanto a la supuesta superposición con el juicio de alimentos, se recuerda nuevamente que las acciones de alimentos y compensación económica responden a finalidades diferentes, y no se excluyen mutuamente. El haber percibido alimentos durante un período determinado no neutraliza, ni sustituye, la procedencia de una compensación cuando existe el desequilibrio exigido por la ley. La jurisprudencia ha sido clara al distinguir ambos conceptos, rechazando intentos de compensación automática entre ellos.”
Afirma que “Por lo demás, el apelante no ha ofrecido prueba concreta sobre los gastos actuales que dice afrontar, ni acreditó que el monto ordenado afecte su mínimo vital. Por el contrario, se acreditó que percibe un salario elevado, que no paga alquiler, que convive con su pareja en un entorno económico privilegiado, y que no ha acreditado disminución patrimonial alguna. No se configura, por tanto, ningún perjuicio material que justifique la reducción solicitada.”
Sostiene: “Además, no puede dejar de señalarse que el apelante adeuda el cumplimiento de los alimentos provisorios fijados judicialmente durante más de dos años, lo que por sí solo demuestra su reticencia a asumir sus obligaciones parentales y económicas.
En consecuencia, este agravio debe ser desestimado por carecer de sustento fáctico y jurídico.”
Sobre el agravio relativo a la imposibilidad económica de cumplimiento. Sostiene que el agravio es insuficiente.
Afirma: “El argumento relativo a los gastos personales y los derivados del cuidado de su hija tampoco resulta válido, ya que el régimen de alimentos fue discutido en un expediente separado, cuya resolución se encuentra firme y consentida. En todo caso, pretender aquí reabrir esa discusión resulta improcedente.”
Sobre el agravio relativo a la valoración probatoria de la sentencia.
Solicita se desestime el agravio relacionado con la errónea valoración de la prueba. Sostiene: “El demandado omite referirse a los elementos objetivos del expediente, como: Documentación laboral y económica que acredita la precariedad actual de la actora.
Informes psicológicos y psiquiátricos que dan cuenta del impacto emocional de la ruptura. Testimoniales coincidentes que describen la dedicación exclusiva de la actora a las tareas del hogar y la crianza y el abultado caudal económico del demandado.”
El demandado no produjo prueba, ni compareció a la audiencia testimonial de sus propios testigos. La actora, en cambio, acreditó fehacientemente el desequilibrio.”
Sobre el agravio relacionado con la valoración de los informes psicológicos y psiquiátricos. Sostiene la actora: “El apelante afirma que los informes interdisciplinarios fueron valorados de forma parcializada. Esta afirmación ignora groseramente su contenido como asimismo la solvencia técnica de los profesionales intervinientes: los informes concluyen que la actora sufrió un detrimento emocional, económico y funcional producto de la ruptura y de su rol en la relación.”
El informe psiquiátrico acredita episodios posteriores al cese de la convivencia vinculados a dicho deterioro. El peritaje del demandado, en cambio, lo muestra funcional, con recursos económicos y sin patólogos incapacitantes.”
Solicita se desestime el agravio.
Sobre el agravio relacionado al supuesto mejoramiento económico de la actora.
Afirma la actora: “Sostiene el apelante que no existiría desequilibrio económico alguno, ya que -según afirma- la actora “mejoró su situación” luego de la ruptura, a diferencia de él, quien asegura haber quedado en peores condiciones. Esta afirmación es absolutamente falsa, infundada y contradicha por la totalidad del plexo probatorio obrante en autos.
La mayoría de los argumentos ya fueron rebatidos ut-supra, agregando además que la afirmación del demandado respecto de que la actora “culminó una carrera universitaria” también en falsa y ridícula. La actora debió abandonar sus estudios universitarios para abocarse a la crianza de la hija común y a las tareas domésticas, resignando así un proyecto personal de desarrollo. En contraposición, el demandado sí finalizó dos carreras universitarias, hecho acreditado en autos.”
“Y, tal como él mismo reconoció en los informes periciales, es profesional universitario y no un “cadete”, como intenta hacer creer. La diferencia económica entre las partes es clara, notoria y se mantiene hasta la actualidad. El juez de grado valoró correctamente estas circunstancias al momento de evaluar el desequilibrio económico y no hay ningún error que justifique la queja.”
Solicita se desestime el agravio.
III. La solución.
III. 1. La deserción del recurso solicitada por la parte actora. Como primera cuestión, atento lo manifestado por la parte actora en su contestación de agravios, corresponde interpretar si la expresión de agravios presentada por la parte demandada reúne los recaudos necesarios para ser admitida.
Los agravios deben contener critica concreta y razonada que demuestren los errores que se le atribuyen a la sentencia apelada. (Doct, Art. 260 CPCC). No bastan los meros disensos y los planteos abstractos. Esta Sala ha decidido: “No obstante lo expresado, esta Sala I se ha expedido, en innumerables fallos, a favor de la doctrina del agravio mínimo, en virtud de la cual, y a los fines de no recaer en un excesivo rigor formal, se aplica un criterio restrictivo en cuanto a la declaración de la insuficiencia en la fundamentación, todo ello teniendo en consideración la consecuencia fatídica que atraería aparejada la adopción de un criterio más abarcativo.
En este orden de ideas esta Sala ha expresado: “El agravio debe demostrarse en el mismo escrito en que se expresa, es decir el recurso debe bastarse a sí mismo. (SCBA, Ac. Y Sent., 1962. v. II, p. 739, V.I, p. 359 cit. Por Morello-Sosa-Berizonce: “Códigos… t. III, pág. 338, Librería Editora Platense-Abeledo-Perrot, Bs. As, 1998). Sin Perjuicio de ello, lo cierto es que las exigencias prescriptas deben apreciarse con criterio restrictivo, atento que la ausencia de tales recaudos importa la inadmisibilidad de la segunda instancia. Fenochietto al analizar la deserción del recurso, expresa que mediando dudas, es decir si existe o no impugnación suficiente por tratarse de un acto lacónico o incompleto, debe estarse por la apertura de la instancia. La jurisprudencia ha decidido que debe primar un criterio de amplia tolerancia para evaluar la suficiencia de la expresión de agravios, con la finalidad de amparar la garantía de defensa en juicio y en consideración a ello se expresó que si la apelación cumple en cierta medida con las exigencias del ritual, puede estimarse que la carga procesal de fundar los agravios se cumple con el mínimo de técnica exigida en materia recursiva (Fenochietto, op. Cit., pág. 102). Este criterio ya ha sido adoptado por esta Sala en la causa “Combustibles Vázquez Hermanos S.R.L c/ Municipalidad de La Matanza s/ Amparo”, R.S.I. nº 4, sentencia de fecha 23 de mayo de 2000.” (causa “Colatrella c/ Dirección Gral. De Cultura y Educación s/ amparo”. Causa Nº 24/1, RSI 12/00 sentencia de fecha 12 de julio de 2000). (Esta Sala Primera, “R. V. L. C/ S. S. G. M. S/ Accion Compensación Económica” 26/10/2023 Voto Dr. Taraborrelli)
Es por ello que en virtud del criterio del mínimo agravio y pasando el escrito de expresión de agravios presentado por la parte demanda por el tamiz de la admisibilidad, el recurso habrá de ser analizado.
III. 2. La sentencia arbitraria En primer término, resulta menester dar tratamiento al agravio ensayado por el demandado que gira en torno a que la sentencia de primera iinstancia resultaría arbitraria.
El art. 3 del Nuevo código Civil y Comercial a entrar en vigencia el primero de agosto del corriente año, dispone lo siguiente: “Deber de resolver. El Juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”
Al respecto cabe señalar que la mentada norma es consonante con lo dispuesto en el art. 163 del rito que establece en su inc. 5 que la sentencia definitiva de primera instancia deberá contener los fundamentos y la aplicación de la ley. Por su parte el inc. 6 del citado artículo establece asimismo que deberá contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.
Es sabido que la sentencia es un acto inescindible, una unidad lógica jurídica cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (CSJN, 27/6/89, ed, 134-723; SCBA, 6/9/94, DJBA, 149-5057).
Cuando nos referimos a la fundamentación y aplicación de la ley hacemos hincapié en la determinación de los hechos (reconocidos, admitidos, confesados o comprobados) y la individualización del precepto legal. El deber de fundar la sentencia comporta un deber constitucional, porque “posibilita el control externo sobre el modo como el juez ejercita el poder jurisdiccional” (SCBA, 23/02/99, djba, 156-1261).
Así la fundamentación de las resoluciones judiciales constituye una garantía para las partes (SCBA, 12/5/98, DJBA, 155-4452).
Por estas circunstancias, el art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires dispone que los tribunales deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales estableciendo que los jueces deben incorporar al pronunciamiento “los fundamentos y la aplicación de la ley, lo que igualmente rige en segunda o ulterior instancia, por lo que una sentencia que no contiene ninguna motivación y solamente incorpora la mención de un texto legal, infringe arbitrariamente aquellos parámetros del Código y, por ende, resulta nula” (SCBA, 23/2/99, DJBA, 156-1261 (Cit por: Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Edit. Astrea, año 2009, Págs.208/2013)
Sentadas tales premisas y adentrándome en el análisis del agravio “sub examine” no puedo dejar de advertir que el pronunciamiento dictado por el Sr. Juez de la Instancia de origen se ajusta a las prescripciones legales emanadas del art. 163 del Código adjetivo, pues se advierte expresa referencia a las constancias probatorias que sustentan el razonamiento desplegado, sin perjuicio del alcance que puedan adquirir los agravios en esta instancia.
En conclusión, la tacha de arbitrariedad ensayada por el apelante es improcedente toda vez que se basa en una mera discrepancia del recurrente con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuada en la sentencia apelada, por cuanto no se advierte enunciación concreta de las pruebas omitidas y su pertinencia para alterar la decisión de la causa (arts. 18 C.N, 168 Const. Pcial, art. 3 CCCN, 163 inc. 5 CPCC)
III. 3. La compensación económica.
El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en su Libro segundo correspondiente a las Relaciones de Familia, regula las compensaciones económicas tanto para el derecho matrimonial (consecuencia posible del divorcio - arts. 441 y 442 CCCN) como para las uniones convivenciales (consecuencia posible tras el cese de la convivencia).
El artículo 524 del mencionado cuerpo legal sostiene:
"Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez."
Seguidamente el artículo 525 dispone "Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión; b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese; c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente; f) la atribución de la vivienda familiar. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523."
El instituto de la compensación económica, incluido en el CCCN, reposa sobre los principios propios del Derecho de las Familias, tales como el de solidaridad familiar, equidad, dignidad humana e igualdad, y se proyecta, en este caso, como un mecanismo corrector de los desequilibrios económicos producidos por la ruptura de la convivencia. (Cámara Nacional Civil, Sala D, “G., M. C. c/M., M. A. s/FIJACION DE COMPENSACION ECONOMICA - ARTS. 441 Y 442 CCCN” (EXPTE. N° 36767/ 2021) - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 106.-
sentencia del 17/02/2025)
Ha dicho Mariel Molina de Juan que "... el respeto por la autonomía no legitima conductas egoístas. El CC y C promueve la responsabilidad con aquellos con que se ha compartido “vida familiar” y reconoce que puede existir una desigualdad patrimonial causada por la asignación de roles y responsabilidades entre cónyuges o convivientes. Los frecuentes sacrificios, postergaciones y renuncias de desarrollo personal y profesional, no deben ser ignorados si producen un resultado injusto. En este contexto, el nuevo derecho familiar ofrece algunas herramientas destinadas a evitar que la libertad de poner fin a la convivencia perjudique al otro cónyuge o conviviente, consolidando un desequilibrio injusto entre los miembros de la pareja que se disuelve." (Molina De Juan, Mariel; "Compensaciones económicas para cónyuges y convivientes Preguntas necesarias y respuestas posibles." disponible en línea en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/11/MMJ-C ompensaciones-econ%C3%B3micas-para-c%C3%B3nyuges-y-convivientes. pdf)
Mi colega de Sala, el Dr. Taraborrelli, sostuvo: “La compensación económica persigue como finalidad la recomposición del equilibrio patrimonial que se hubiera afectado tras la ruptura de la relación convivencial, que posiciona a una de las personas de la pareja en una situación económicamente perjudicial con respecto de la otra y que tiene por causa la mayor contribución de una de esas personas al hogar y la familia en común.” (esta Sala en R. V. L. C/ S. S. G. M. S/ ACCION COMPENSACION ECONOMICA LM 4290/2021 RSD N° 188 sentencia del 26/10/2023)
III. 3. a. La obligación de juzgar con perspectiva de género.
Alcances y precisiones en el caso concreto.
En mi voto “BARGE MANUEL Y OTRO C/ CHENA PORFIRIA Y OTRO S/ DESALOJO” EXPTE LM 46126” (RSD N°81/22 sentencia del 26/05/2022) ya he explicitado qué implica juzgar con perspectiva de género. La SCBA, recogiendo la doctrina emanada de la corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero Vs. México”, ya ha establecido que juzgar con perspectiva de género es una obligación ineludible asumida internacionalmente por el estado argentino (SCBA, causa P. 133.042, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa n° 95.429 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Cejas, César Fabián")
Entiendo que juzgar con perspectiva de género implica dar cumplimiento con las normas locales e internacionales en materia de género, efectuando un debido control de convencionalidad. Asimismo, implica tener en cuenta el principio de razonabilidad en tensión con las categorías sospechosas para analizar los supuestos en donde se justifica la inversión de la carga de la prueba, conforme las directrices emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta postura que pretendo asumir, trasciende lo legal y constituye un compromiso activo con un cambio cultural urgente que revela las necesidades que la categoría género demanda desde un punto de vista interseccional (Facio, Alda ENGENERANDO NUESTRAS PERSPECTIVAS.
Otras Miradas [en linea]. 2002, 2(2), 49-79[fecha de Consulta 3 de Mayo de 2022]. ISSN: 1317-5904. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18320201)
Todo ello se orienta a cuestionar también la caracterización neutral y objetiva del derecho para -de ese modo- explicitar desde qué paradigma interpreta la norma quien juzga (conf. Costa, Malena (2016), “Feminismos jurídicos”, Ediciones Didot, Buenos Aires).
En el caso concreto, es el propio derecho privado constitucionalizado el que exige juzgar con perspectiva de género (conf. art. 75 inc. 22 C.N, CEDAW, Belen do Pará, ley 26.485, art. 2, 3 y ccdtes. CCCN)
Recordemos que el CCCN consagra el diálogo de fuentes, al que ya me he referido ampliamente en mi voto “Fca Compañía Financiera S.A C/ Rueda Myrna Sabrina S/ Acción De Secuestro. (Art. 39 Ley 12962)" (Expediente N° 5716/1 RSD N°110/19 sentencia del 26 de junio de 2019) En este contexto, la aplicación del artículo segundo del CCCN obliga a poner en diálogo las normas de fondo con los estándares que se desprenden del ordenamiento supranacional, en el campo de los Derechos Humanos.
En este sentido, la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres. (TC0006 LP 69965 381 S 05/07/2016 L.,S. B. s/ Recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado JUBA B5024753)
La jurista Graciela Medina, con gran elocuencia ha sabido destacar que “Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.” (Medina, Graciela, “Juzgar con Perspectiva de Género” “¿Porque juzgar con Perspectiva de Género? Y ¿Cómo Juzgar con Perspectiva de Género?” Publicado en: DFyP 2015 (noviembre), 04/11/2015, 3 Cita Online:
AR/DOC/3460/2015)
En definitiva, se trata de observar atentamente a los institutos jurídicos con otros ojos, aquellos que han inspirado muchas de las reformas que recoge el CCCN, tal como la compensación económica en el caso del cese de la convivencia que hoy nos ocupa.
En otras palabras, proponemos cultivar una mirada que contemple las desigualdades desatendidas que provocan soluciones injustas, para así combatirlas en forma definitiva.
En este sentido, la adopción de instrumentos específicos para proteger los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), demuestran una necesaria y clara manifestación de la sensibilización progresiva del derecho internacional de los derechos humanos hacia la perspectiva de género; concepto que se ha incorporado literalmente en textos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, signo evidente del valor que la comunidad internacional ha dado al mismo. (Conf. SCBA LP C 118472 S 04/11/2015 G. ,A. M. s/ Insania y Curatela. Con sus acumuladas C 118473 "G., J.E. s/ Abrigo" y C 118474 "S., R. B. y otro s/ Abrigo" JUBA B4201810)
También la SCBA ha dicho: “El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género.” (conf. causa Altuve cit; SCBA LP P 134775 S 03/11/2021: D. ,G. J. s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de Ley en Causa Nro. 15.559/20 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Dpto. Judicial Trenque Lauquen, SCBA LP P 133508 S 24/09/2021 Maciel, Marcos Ezequiel S/ Queja En Causa N° 86.516 del Tribunal De Casacion Penal, Sala III., entre otros JUBA B5064212) “No debe soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485). Del allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.” (SCBA LP C 124589 S 21/03/2022M.L.F. c/ C.M.E. s/ Acción de compensación económica JUBA B4502083)
No puedo pasar por alto, que el apelante en sus agravios, al referirse a la aplicación del caso concreto utiliza la expresión “ideología de género”, señalando que el juez ha hecho una “interpretación exagerada” de la institución de perspectiva de género.
Es imperioso destacar que el concepto utilizado es especialmente problemático para referirse a la perspectiva de género, por cuanto se estructura en torno a un modelo de subjetivación política que busca deslegitimar los postulados sobre los que se edifica la idea de igualdad entre los géneros en un contexto de desigualdad estructural.
Morán Faúndes, señala que la “ideología de género” en tanto discurso, produce un imaginario donde el “otro/a” es pensado en términos espistémicos, ideológicos, morales y geopolíticos, conformando la imagen de un adversario que evoca diversos pánicos morales que colocan al género en el centro de sus ataques.” (Faúndes, José Manuel Morán. (2023). ¿De qué hablan cuando hablan de “ideología de género”? La construcción del enemigo total. Astrolabio. Nueva Época, (30), 177-203. https://doi.org/10.55441/1668.7515.n30.32465)
La jurisprudencia ha tenido oportunidad de calificar los usos de esta terminología de la siguiente manera: “…corresponde también aclarar que, tal como postula la defensora, no es correcto identificar a la perspectiva de género entendida como abordaje específico para atender a la complejidad propia de cierto tipo de casos que se judicializan, con la mal llamada “ideología de género” que constituye, en rigor, un uso despectivo y tergiversado de aquel enfoque” (CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA DE TURNO CCC 41112/2018/TO1/3/CNC3, Díaz Luz Aimeé s/ Incidente de Recusación, sentencia del 13/03/2020)
Hecha esta salvedad, y comenzando con la construcción de una solución razonablemente fundada que responda los agravios del apelante, es preciso recordar que la SCBA ha publicado la “Guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género” (disponible en https://guias.scba.gov.ar/guia-de-practicas-aconsejables-para-juzgar-con-per spectiva-de-genero/) que propone una serie de pautas y reglas de conductas aconsejables, destinadas a todo el personal de la administración de justicia para lograr el efectivo reconocimiento de las relaciones desiguales de poder que se dan entre los géneros, evitando conductas estereotipadas que impidan el cumplimiento de la obligación asumida internacionalmente por el Estado Argentino de juzgar con perspectiva de género (Salcedo Melanie, (2024) “Acerca de la Guía para juzgar con perspectiva de género publicada por la SCBA”, en Temas de derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, Errepar Online, Junio 2024)
En el caso concreto, siguiendo las herramientas que propone el documento, se evidencia como obligatorio, en el caso concreto, analizar el presente caso con perspectiva de género en cuanto involucra una situación que se relaciona con la posibilidad de la existencia de un trato o impacto diferenciado basado en el género, derivado de estereotipos o roles implícitos en las normas y/o prácticas institucionales y sociales. (conf. SCBA, 2024 “Guía de prácticas aconsejable para Juzgar con Perspectiva de Género”, capítulo III “¿En qué casos debe juzgarse con perspectiva de género? pág. 25)
Ello implica que, al analizar las tareas de cuidado desplegadas por la actora en la larga convivencia que ligó a las partes, deba, inexorablemente, tenerse en cuenta que “… la realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos” (PELEGRINI María Victoria, “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC, año III N°2, marzo de 2017, p29 AR/DOC/356/2017; Código Civil y Comercial de la Nación” - Tomo I - Director General Ricardo Luis Lorenzetti -Directora Marisa Herrera- Ed. Rubinzal-Culzoni -1º edición2020 -Santa Fe- pág. 130/131).
Sentadas tales premisas, destaco que considerar el contexto de desigualdad estructural no exonera a quien juzga de examinar las particularidades del caso concreto, ni autoriza a presunciones automáticas. Así, la prueba ofrecida y producida por los sujetos intervinientes adquiere un rol central para sustentar la reconstrucción de una historia común, cuyos efectos patrimoniales se proyectan en el presente. En efecto, la frustración del proyecto de vida familiar, como motivo de la actual asimetría económica que se denuncia, tomará como parámetros aquellas circunstancias debidamente acreditadas en la causa que puedan procurar la igualdad real de oportunidades para permitir, a cada uno de los exconvivientes, la posibilidad de diseñar su propio proyecto de vida, de elegir libremente los medios para concretarlo y de poner en marcha las estrategias adecuadas para su realización (conf. MOLINA DE JUAN, Mariel, “Compensaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de género”, Publicado en: RDF 57 , 187 - Cita Online:
AR/DOC/9563/2012).
III. 3. b. La caducidad de la acción.
Corresponde entonces dar tratamiento al planteo de caducidad de la acción, reeditada por el apelante en los agravios.
El distinguido colega de la instancia inaugural desestimó la caducidad de la acción.
Sostiene el apelante que “Llegado a este punto, el sentenciante deja de lado su papel de tal y se transforma en un defensor de la parte actora y en un legislador que critica los plazos legales, y que él como Juez no va a respetar.”
Adelanto que no puede dudarse de la objetividad del distinguido colega de grado que de ningún modo se ha transformado en un defensor de la parte actora, sin perjuicio del resultado de la apelación, considerándose los agravios presentados por el apelante.
Ahora bien, es primordial destacarse la orfandad probatoria en la que ha incurrido el demandado, la que no permite sustentar sus dichos con prueba concreta que asevere que el inicio de la desvinculación ha sido el día 1/07/2018.
Destaco que, más allá del inicio de la presente demanda el día 01/03/2019 (ver fs. 23 vta.), en aquella iniciada por alimentos con tres de anterioridad, se ha denunciado como fecha de separación el día 21 de septiembre de 2018 (ver demanda en los autos conexos sobre alimentos fs. 27).
La misma fecha surge de la denuncia que obra en el expediente homónimo sobre violencia familiar, (ver fs. 7 vta expte. LM 23838/2023) lo que otorga cierta verosimilitud a la fecha denunciada por la actora, a poco que se repase que en el expediente sobre alimentos nada se ha controvertido al respecto (ver contestación de demanda en autos homónimos sobre alimentos, fs. 73/74 vta.)
Debe destacarse que los ex convivientes registraron su convivencia mediante Acta N°321 (ver fs. 19), no habiéndose oficializado formalmente su cese, lo que atribuiría fecha cierta a la misma. Sin perjuicio de lo señalado, sostengo que las cuestiones de familia son sensibles y sus soluciones deben estar lejos de avatares formales o soluciones restrictivas.
El demandado apelante afirma que la actora “no sólo inició el presente juicio sino que inicio una batería de acciones judiciales. bastándome citar el juicio de alimentos que se inició mucho antes y una mediación por cuidado familiar que se solucionó”. Es el propio apelante el que admite un conflicto que va más allá de una demanda por compensación económica, por lo que las expresiones vertidas no revisten más que la entidad de meros disensos que no alcanzan a controvertir los fundamentos del fallo apelado.
Reitero, no existe prueba alguna en la causa que permita controvertir la fecha de separación que se alude en la demanda. No obstante ello, con relación al plazo de caducidad se ha señalado en la doctrina: “…muchas veces, en el caso del cese de la unión convivencial, por no realizarse judicialmente, el asesoramiento jurídico se realiza después de un tiempo de duelo y de reacomodamiento, que suele exceder los seis meses y el derecho ya se encuentra caduco. Esta situación puede generar una gran disparidad y es susceptible de generar un grave perjuicio, dependiendo de las circunstancias fácticas que se planteen. Si bien, considero que es un plazo muy corto el establecido para reclamar la compensación, comprendo que el fin del legislador es que todas las cuestiones accesorias a la ruptura de una relación, ya sea matrimonial o convivencial, sean resueltas con la finalización de la unión y no se postergue en el tiempo.
Asimismo, esta diferencia podría considerarse como una discriminación a las parejas que deciden no formalizar su vínculo y no unirse en matrimonio.
También, es importante tener en cuenta que la fecha de la sentencia de divorcio no genera dudas, sin embargo, diferente es el caso de la determinación de la fecha de ruptura en una unión convivencial y puede llevar a ciertos problemas especialmente en materia probatoria. Más aún a la luz de la complejidad de las relaciones humanas, y las rupturas y reconciliaciones sucesivas que pueden acontecer antes de darle finalización a un proyecto de vida en común de una pareja. Situación que se presenta en el caso que analizaremos a continuación. Por último, con respecto al plazo me gustaría aclarar que actualmente contamos con precedentes jurisprudenciales que hacen lugar a pretensiones interpuestas en un plazo mayor a seis meses, esto en pos de bregar por una protección a la parte más vulnerable de la relación y garantizar así los derechos. Sin embargo, estos casos deben entenderse como excepcionales y su aplicación es limitada, este criterio no podría ser utilizado de manera amplia ya que corremos el riesgo de que se realicen abusos del derecho. (“La dificultad probatoria a la hora de solicitar una compensación económica por el cese de la convivencia” Autor: Durá, M. Florencia: 17-05-2022 Colección: Doctrina Cita: MJ-DOC-16575-AR||MJD16575)
Se sabe que a veces resulta complejo determinar la fecha de inicio del cómputo de caducidad de la acción de compensación económica, considerándose las particularidades que presenta el desvinculo de los convivientes, urgidos también por otros conflictos y causas judiciales. En este aspecto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha destacado que los criterios de interpretaciones no deben ser estrictamente formales, doctrina legal – a mi entender – aplicable al caso concreto.
Ninguna crítica suficiente, al respecto, ha vertido el apelante en sus agravios. Voy a transcribir en este aspecto la sentencia apelada. “La Suprema Corte de Justicia se ha expedido al respecto concluyendo que: "El instituto de la compensación económica que introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación en el derecho de familia argentino se basa en la equidad, pues se trata de una figura correctiva de un desequilibrio producido entre los miembros de la pareja y ocurrido durante la vida en común, con el fin de evitar un perjuicio injusto en las posibilidades de desenvolvimiento futuro de alguno de aquellos una vez disuelta la misma. El nacimiento del derecho a su reclamo se produce una vez acontecida la ruptura o cese, tanto de la unión matrimonial como de la unión convivencial. Pero, en los casos de divorcio, el cómputo del plazo es a partir de una fecha que siempre es cierta e indiscutible: la oportunidad de haberse dictado la sentencia de divorcio, aunque en las uniones convivenciales, el plazo comenzará a correr desde el momento de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el art. 523 del Código Civil y Comercial (art. 525, última parte, Cód. Civ. y Com.). Cuando el fin de la unión convivencial se produce por el cese de la convivencia mantenida (art. 523, apdo. "g", Cód. Civ. y Com.) será necesario, para determinar el momento en que comienza a correr el plazo de caducidad, atenernos a una cuestión fáctica -y no jurídica-, lo que puede dar lugar a controversias entre las partes y ser materia de prueba. CCyC Art. 523 | CCyC Art. 525 SCBA LP C 124589 S 21/03/2022 Juez GENOUD (OP) Carátula: M.L.F. c/ C.M.E. s/ Acción de compensación económica Magistrados Votantes:
Torres-Kogan-Soria-Genoud Tribunal Origen: CC0000JU “ Más allá de las consideraciones vertidas en la sentencia apelada respecto del plazo de caducidad, lo cierto es que los fundamentos para determinar que no se encuentra cumplido el plazo en el caso, permiten concluir que no se ha apartado de lo establecido en el Código Civil y Comercial, no existiendo elementos que permitan acreditar que el la acción se encontrara caduca al momento de la interposición de la demanda. Propongo desestimar el agravio en cuanto se controvierte la desestimación del plazo de caducidad de la acción. (art. 525 CCCN; arts. 260, 261, 375, 384 y ccdtes CPCC)
III. 3. d. La procedencia de la acción. Requisitos formales.
Las pautas que ha elaborado la doctrina son enunciativas y responden a cada caso concreto.
En la causa “R. V. L. C/ S. S. G. M. S/ Accion Compensación Económica” 26/10/2023, antes citada, ha señalado mi distinguido colega Dr. Taraborrelli: “Sentado ello, analizare el caso concreto que reúne los siguientes requisitos: 1- La dedicación full time de la actora a la crianza y educación de los hijos junto a la dedicación a la realización de las labores domésticas de todo el grupo familiar durante la convivencia. 2- La situación de desigualdad que crearía la no procedencia de una compensación económica acentuando la violación a los derechos que surge de las perspectivas de genero probando una desigualdad y una discriminación en la persona vulnerable. 3- Se asemeja la situación a un enriquecimiento sin causa ya que el demandado se enriqueció (continuo su carrera profesional y labora durante la convivencia) a expensas de los sacrificios de la actora (dejo de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos y la familia)” Para valorar el desequilibrio económico que se produce con la ruptura de la convivencia, resulta suficiente con que se advierta una desigualdad en las posibilidades económicas y de inserción laboral con suficiente relevancia para condicionar el desarrollo individual en el futuro. Como explica la doctrina no necesariamente se exige una situación de extrema necesidad. En todo caso deben ser valoradas todas aquellas circunstancias que rodearon al caso concreto, de modo que se trata también de disipar el abuso del derecho o el enriquecimiento sin causa del solicitante. (MOLINA DE JUAN, Mariel, art. cit)
En el caso concreto, la solución que se persigue busca equilibrar los patrimonios y la situación de quienes integraron un proyecto de vida en común, ello en un contexto de desigualdad estructural en donde los roles y estereotipos de género obligan a quien juzga a determinar si existen consecuencias disvaliosas que se pudieron haber producido con motivo de la ruptura. En palabras simples, se trata de evidenciar si existe un notorio desequilibrio cuya causa fuente haya sido la dedicación de uno de los integrantes al sostenimiento de las tareas de cuidado que dinamizan las posibilidades económicas del otro.
Adelanto que no ha demostrado el apelante una causa ajena que excluya la posibilidad de aplicación del instituto en análisis.
III. 4. Análisis de la prueba producida.
Adelanto que, de la prueba producida, puede advertirse que estamos frente al caso que contempla el instituto de la compensación económica, en donde uno de los integrantes del proyecto en común, ha podido mejorar su inserción en el mercado del trabajo gracias a los aportes efectuados por el otro, respecto de las tareas de cuidado llevadas a cabo por la Sra. I., lo que ha relegado a este última en términos de posicionamiento laboral, extremo que se cristaliza con la ruptura de la convivencia. Asimismo: “No debe perderse de vista que el instituto repercute en una doble dimensión sobre las que debe posarse el análisis: el desequilibrio estrictamente patrimonial, al que se arriba de confrontar los bienes que tenían las partes antes de contraer nupcias con los que ostentan al finalizar la vida matrimonial, y el desbalance en las posibilidades de encarar el desenvolvimiento personal medido fundamentalmente desde el prisma de la autonomía o independencia económica, con posterioridad a la ruptura del vínculo matrimonial (Ver mi voto en la causa citada, con comentario favorable de Mazzinghi, Jorge A. M.:»COMPENSACION ECONOMICA: UN FALLO QUE PROPONE UNA VISION AMPLIA DE LA NUEVA FIGURA», Cita Online:AR/DOC/1677/2021).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil I, “G. J. E. c/ B. A. H. s/ fijación de compensación económica – arts. 411 y 442 CCCN”, 5 de octubre de 2022 Colección: Fallos Cita: MJ-JU-M-138931-AR|MJJ138931|MJJ138931)
Se ha señalado: “Tres son los requisitos para la procedencia de la compensación económica: 1) el desequilibrio económico manifiesto, 2) el empeoramiento de la situación del cónyuge o conviviente que reclama y 3) la causa adecuada de aquél en la convivencia y su ruptura.” S. M. L. c/ M. R. C. s/Fijación de Compensación Económica” (Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala K Fecha: 15-05-2023 Cita Digital:
ED-IV-DLI-374).
Analizaremos entonces la prueba producida.
Con fecha 10/06/2024 luce informe psicológico practicado por el equipo técnico del juzgado interviniente, respecto de ambos intervinientes en la contienda.
De la entrevista mantenida con la actora, se desprende: “Sobre los motivos de la separación, dice “Nosotros nos separamos porque, bueno, varias cosas, la más fuerte fue que un día vino y me dijo que no me quería más cuando teníamos el proyecto de tener un hijo…Yo me dediqué a la familia mientras que él hizo dos carreras más (periodismo deportivo y la licenciatura)…”
Continúa señalando: “Dice que, por entonces vivían en Villa del Parque, en un departamento alquilado. – Al separarse ella se queda en ese departamento dos años y que, cuando él le avisa que no va a apagar más el alquiler, ella entra en crisis, y que comienza con una depresión cinco meses después de esta noticia en el año 2021.
–Dice que allí, él habla con la psiquiatra de ese momento y le dicen que yo no estaba cuidar a R. porque había tenido una sobreingesta de pastillas (Valcote), ella habló con la psicóloga que le dijo que llame a emergencias y que, en esa oportunidad, le dijeron que no hacía falta un lavaje de estómago. Comenta que ese hecho sucedió mientras que la niña estaba con su padre en una visita. – Dice “Yo no podía con mi vida él se lleva a vivir a la nena con él” (sic). -Cita como antecedente ataques de pánico en el año 2009 un año antes de que nazca su hija, estando medicada durante todo el embarazo con 0,25 de clonazepam y que estuvo internada durante un mes, en el mes de noviembre (cerca del día 20) en el año 2019.
Cuenta que en esa oportunidad sentía que había gente alrededor de ella, que estaba con persecución “adentro de mi cabeza” (sic), que tenía alucinaciones de gente “que me estaba mirando y que me perseguían”. – Dice que enseguida de recibir el alta de la internación, el demandado le reintegró a su hija porque ya venían las fiestas de fin de año. – Expresa que, desde marzo de 2021 la niña vive con su padre, y que, en ocasiones el Sr. S., no le permitía verla, por lo que podían pasar 15 días o tres semanas, sin tener contacto con ella. Dice que lo máximo que estuvo sin verla fueron 40 días, porque ellos estaban de vacaciones. – Dice que, al comienzo, ella la veía dos veces por semana, que la niña vivía en La Matanza y ella continuaba viviendo en CABA y la niña asistiendo al colegio en CABA, y que luego, se sumaron dos fines de semana al mes, desde el día sábado al día domingo pernotando con ella. – A principio de 2022 dice que ella se va a vivir con su madre a Florencio Varela- luego del desalojo- y que, hicieron “una especie de trato que yo la pasaba a buscar por la escuela o por la casa y ellos la venían a retirar, venían con la pareja de él, porque es ella quien maneja automóvil”. – Expresa “Tomé pastillas porque quería morirme, pensé me tengo que ir del departamento, no tengo trabajo, ¿cómo hago sin la ayuda de V.?
Yo me fui del departamento porque me corrió el desalojo, levantaban la feria y me tenía que ir, me mudé el 28 de febrero del 22, saqué lo más grande y le dije a la dueña que me esperara que me quedaban cosas adentro del departamento” (sic). – Dice que antes no pensó en ir a vivir a lo de su madre porque era lejos, no sabía si se iba a acostumbrar y porque consideraba que tenía más oportunidades de trabajo en CABA. -Sobre la separación dice “La separación era un abandono total, me abandonaban los dos, el proyecto de familia se iba por la borda, ellos dos son mi familia y me abandonaron, yo veía que había cosas que no estaban bien, yo le propuse hacer terapia de pareja, pero él no quiso…Ahora ya me resigné un poco, fueron muchos años, él fue mi gran amor, con él fue mi proyecto de familia” (sic). -Sobre el régimen comunicacional con su hija dice que al comienzo era “de palabra”, “era laxo” (sic) y cuenta que inició el expediente de comunicación, porque el Sr.
S., no la mantenía al tanto de las cuestiones vinculadas a su hija y para que las visitas estén planificadas, dice “Yo no me entero, fue a un recital y no me pidió permiso” (sic). – En la actualidad, dice que, va a merendar con ella los sábados, en una confitería que se llama “Santa Rosa” en Villa Madero, cerca de la casa de la niña, y que, conversan de la escuela y de sus actividades.-Refiere “La nena me dijo en varias veces que quiere seguir viviendo con el papá” (sic). -Respecto de los alimentos que el demandado abonaba por la niña, dice que, aun viviendo con su padre, él los siguió abonando alimentos hasta marzo de este año, pero aclara que ella lo gastaba en su hija, “Yo pagaba los UBER de traslado, el colegio, y el club Círculo general Belgrano en Ciudad Evita, porque él me obligaba” (sic).
Aclara que ella la ha ido a ver, al club, pero que ya no va más porque la niña comenzó a practicar telas en otro lugar. – Al respecto dice que, en febrero de este año, habrían llegado a un acuerdo por el cual, él no le pasa más dinero a ella en concepto de alimentos por la niña y que él se hace cargo de los gastos de R., por lo que la entrevistada, refiere que no percibe más dinero por parte del demandado.” Respecto de sus actividades laborales, dio cuenta que posee “Terciario porque había nacido su hija y necesitaba quedarse con ella la necesitaba, ahí se desempeñaba como preceptora suplente hasta 2020, luego no retomó la actividad laboral, se cortaron porque los alumnos no tenían clases presencial.
Luego intentó tomar suplencias, pero por concurso al no tener la carrera terminada no puede acceder a tener las mismas suplencias que antes, porque no le da el puntaje, en eses momento ellos vivían en CABA.” Dice que subsiste de su madre y de las changas que puede hacer. Respecto de sus proyectos a futuro expresa “Quiero volver a trabajar, estoy buscando trabajo de cajera o telemarketer” (sic). Dice que quiso inscribirse para retomar el profesorado pero que no obtuvo cupo para este año. Expresa que le diagnosticaron “Trastorno límite de la personalidad”, y que, realiza tratamiento psicológico con la Lic. Canela Santos en forma particular y de manera virtual, con frecuencia semanal, y tratamiento psiquiátrico con el Dr. Mauricio Gorking en “Proyecto Suma” en Palermo por la obra social del Colegio de Escribanos. – Concluye sobre el inicio del presente expediente “Que se pague lo que corresponde por todos los años que me dediqué a ellos, lo hice con gusto y nunca pensé que me iba a separar, quedé en inferioridad de condiciones respecto de V., porque él pudo seguir con su carrera mientras que estaba conmigo, y yo la dejé en el 2017, no podía trabajar, estudiar y cuidar a mi hija…Él trabajaba de lunes a viernes de 9 a 17 y después se iba a estudiar”
De la conclusión efectuada por el perito interviniente se desprende que: “La Sra. I., se ha presentado en correcto estado de aseo y vestimenta, con buena predisposición para la entrevista y actitud colaboradora. Afecto pertinente, Lenguaje acorde. Discurso espontáneo y con detalles explicativos. Memoria conservada. Con conciencia de situación y criterio de realidad conservados, y Sin manifestaciones sensoperceptivas al momento de la entrevista.”
Pasando a la entrevista mantenida con el demandado, de la misma se desprende que: “Dice que se encuentra separado desde mediados del 2018. –Cuenta que iniciaron la relación en 2010 y que se fueron a vivir juntos muy rápidamente “Tuvimos muchos problemas económicos, de convivencia, algunos problemas de violencia, las situaciones económicas terminaban en discusiones y ella se ponía muy intensa y la violencia verbal pasaba a ser física, provocaciones, discusiones, amenazas, provocaciones, ella estaba esperando que yo reaccione, siempre estaba pinchando…Una persona sola era imposible que mantenga el hogar, siempre alquilábamos, ella no tenía mucha voluntad para trabajar y los pocos trabajos que conseguía decía que no le gustaban porque había tenido problemas con algún compañero, la excusa que ponía era que quería terminar su carrera, le iba mal siempre” (sic). – Refiere que, cuando nace la niña, ella trabajaba en suplencias, y estaba estudiando, pero que no sabe hasta qué año de la carrera completó, dice “Desde que yo la conocí iba todos los sábados a los actos públicos” (sic). -Expresa “Nunca tuvo la voluntad verdadera de trabajar, siempre era por insistencia mía, yo sacaba plata de donde no había, tenía que hacer changas, pasantía para un diario” (sic) (…)
Cuenta que las discusiones eran recurrentes y que un día su hija le habría dicho “Quedate tranquilo que me tapo y no escucho nada” y que ahí él pensó “Estamos haciendo todo mal” (sic).-Expresa que la hija en común, convive con él hace 3 años y medio, y que la actora siempre estuvo muy celosa de la relación que él tiene con la niña y que esa, fue una de las cuestiones por las cuales él habría acelerado la separación. – (…) Cuenta que J. siempre realizó psicoterapia y que tomaba medicación ansiolítica y antidepresiva y que tuvo una internación, luego de la separación. –Dice “Desde que yo me acuerdo casi siempre fue a tratamiento psicológico, le cuesta un montón apegarse a un tratamiento esa vez que un profesional le decía algo que a ella no le gustaba, cambiaba de profesional tomaba ansiolíticos y antidepresivos, después de separarse estuvo internada en una oportunidad” (sic). – Expresa que durante la convivencia tuvo episodios de sobreingesta. Sobre el régimen de comunicación de la niña con su madre, dice que él la llevó siempre que la niña quiso y que, en la actualidad, una vez por semana la lleva a merendar. Dice que los primeros tiempos, semana por medio, pernoctaba en lo de su madre hasta que, los profesionales de la niña recomendaron que no era conveniente.” (ver informe citado)
Sobre la vivienda de la calle Tinogasta 3816 1° piso dpto. 8 de Villa del Parque (CABA), sede de la convivencia, expresó que: “..el alquiler lo siguió pagando él hasta la finalización del contrato que era en el año 2020. – Comenta que le avisó a ella que no iba a poder seguir pagándolo y ella le dijo que iba a poder pagarlo porque estaba sin trabajo, y que, para ese momento, dice que ya la niña ya estaba viviendo con él. – En cuanto a la cuota de alimentos, expresa que la continuó pagando hasta el mes pasado y que aproximadamente abonaba $ 600.000. – Respecto de lo expresado por la actora en virtud de que con ese dinero cubría gastos de la niña que estaba viviendo con él, dice que sí, que sólo últimos 6 meses abonó la cuota de la escuela (cuota actual 80.000 pesos), y que, pagó el club. – Expresa que se enteró del pedido de compensación hace relativamente poco tiempo.–Aclara que la actora cuenta con la Obra Social CAJA NOTARIAL DEL COLEGIO DE ESCRIBANO DE CABA por medio de su trabajo. – Dice que, todavía tiene la deuda del alquiler del departamento que ocupaban y que desconoce si se judicializó el tema. – Expresa que realiza psicoterapia y que concurre tratamiento psiquiátrico estando medicado con paroxetina y Valcote. Dice “Estaba muy depre cuando me separé, no tenía nada, casa, nada, estuve viviendo de prestado un año” (sic). -Sobre su familia de origen, dice que su madre vive en pareja en Rosario, que la visitan cada tanto, y que su padre falleció en 2010 por problemas cardíacos.” (ver informe aludido)
Respecto de las conclusiones diagnósticas, se desprende que: “El Sr. S. se ha presentado aseado, con vestimenta acorde a la estación y ocasión, colaborador con la entrevista y con buena predisposición. Con memoria conservada. Criterio de realidad y conciencia de situación conservadas y sin manifestaciones sensoperceptivas al momento de la entrevista.
CONCLUSIONES Respecto de lo solicitado en el pase conferido a este perito, a saber: “…evaluar la situación familiar al momento de iniciar el reclamo y la actual conforme las incumbencias que le son propias” (textual), dice que: Al momento de iniciar el reclamo, la Sra. I. J. V., se desempeñaba laboralmente realizando suplencias esporádicas en educación desde el año 2011, con terciario en curso (profesorado de historia), conviviendo con la hija menor de edad en común, separada del Sr. S. V. L. desde el mes de noviembre del año 2018, y residiendo en una vivienda alquilada en la calle Tinogasta 3816 1° piso dpto 8 de Villa del Parque (CABA). – El Sr S. al momento del inicio del presente, se desempeñaba como personal administrativo en el Colegio de Escribanos de CABA con el horario laboral de 09:00 a 17:00 horas, con el título de Técnico superior en Periodismo Deportivo y la licenciatura en Periodismo en curso, la que habría finalizado en 2020. – Se puede inferir del relato de ambos que las partes habrían mantenido durante la convivencia una modalidad de distribución tradicional de tareas, donde la actora se ha dedicado mayormente a las tareas hogar y al cuidado de su hija, postergando la finalización de sus estudios, y el demandado, a su trabajo y a estudios, que le insumían la mayor parte del día. Esto habría puesto a ella, en una posición de dependencia económica respecto del Sr. S. – Esta distribución de roles, le habría restado posibilidades de desarrollo académico y económico a la Sra. I., quien en la en la actualidad, se encuentra tejiendo muñecos al crochet en su domicilio y vendiéndolos en Instagram, siendo ese su único ingreso económico. Cuenta que vive de los ingresos provenientes de la jubilación de su madre, en la vivienda de esta, y que tiene un gasto promedio de medicación de 54.000 pesos mensuales.
Manifiesta que no ha podido inscribirse en el profesorado por falta de vacantes y que se inscribirá para retomar las suplencias en el Distrito Escolar de La Matanza, toda vez que el de CABA ya le queda lejos. – No convive con su hija desde el mes de marzo de 2021 y la ve los días sábados cuando pasa a buscarla por la casa de su padre (con quien convive), para llevarla a merendar a una confitería de la zona de residencia de ellos.
Posee la obra social de la Caja Notarial del Colegio de Escribanos de CABA.-En la actualidad el demandado, continúa desempeñándose laboralmente en el mismo lugar que lo hizo durante la convivencia, reside en una vivienda que sería de su pareja junto a la hija fruto de la unión con la Sra. I. y no refiere estar cursando estudios. – Se sugiere que las partes continúen con su psicoterapia y su tratamiento psiquiátrico y que sean entrevistado por el perito psiquiatra del juzgado, a fin de ampliar la información. (el destacado no es originario, ver informe del 10/06/2024)
Asimismo, en autos consta epicrisis psiquiátrica acompañada con fecha 29/07/2024 de la actora, de la que se desprende: “informe obs: paciente de 44 años que realiza tratamiento psiquiátrico en la presente institución desde el año 2020 por presentar ánimo triste, hipobulia, clinofilia y retracción social de al menos dos años de evolución. Al respecto, refiere separación en 2018 de su ex pareja y padre de su hija, sr. v. l., de manera muy problemática y conflictiva, lo cual ha repercutido en la cotidianeidad de la sra. i., quien ha presentado dificultades para desarrollarse en diversos aspectos de su vida. en el aspecto laboral, al dedicarse de manera íntegra al cuidado y protección de su hija durante toda su niñez. no ha podido reinstarse en el mercado a pesar de sus intentos por hacerlo. presenta una internación psiquiátrica voluntaria de un mes de duración en el 2019 en instituto frenopático por sintomatología psicótica secundaria a alteraciones anímicas, y una sobreingesta medicamentosa en 2021, sin internación. la sra. i. continua realizando tratamiento psicofarmacológico de manera quincenal o cada tres semanas, según estado clínico y psicológico por fuera de la institución con la lic. candela santos. se encuentra medicada con risperidona 3 mg/d; venlafaxina lp 225 mg/d; divalproato de sodio 750 mg/d y lorazepam 2.5 mg/d, presenta buena adherencia, tolerancia y respuesta al plan. actualmente convive junto a su madre, quién es el sostén económico de su hogar, la sra. i. se encuentra en búsqueda laboral y progresando en el desarrollo de su autonomía laboral, y del vínculo con su hija.” (textual, el destacado me pertenece)
Pasando a analizar la entrevista mantenida por la actora con el perito psiquiatra del juzgado interviniente, puede extraerse que la misma señaló que, al nacimiento de su hija R., ella desempeñaba tareas laborales como preceptora y el Sr. S. trabajaba como administrativo. (ver informe del 26/08/2024)
El perito sostuvo: “Se ha inferido que, la peritada habría presentado antecedentes de episodios de inestabilidad emocional, reactivos a la separación con el Sr. S. Impresiono un discurso con intentos de solapar cierta de información que podría perjudicarla.
Centra su problemática en dificultades económicas y reclamos al Sr. S. para su resarcimiento. Refiere que tendría contacto con su hija R. semanalmente, que en ocasiones la niña pernoctaría en su domicilio, manteniendo contacto también con su abuela materna. No problemática, ni cuestiona este régimen “ Finalmente, concluyó en que: “La Sra. I. debe continuar con su tratamiento psiquiátrico y psicológico”(ver informe del 26/08/2024) Adelanto que no ha explicitado el perito detalles respecto de aquella información que “podría perjudicarla”. Tampoco insiste el apelante al respecto.
Por otra parte, del informe psiquiátrico practicado respecto del Sr. S., refiere que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, debido a problemas de estabilidad emocional, dice estar medicado con paroxetina y valcote, refiere desde hace 6 años, aproximadamente. Problemática de consumo de sustancias: no refiere Antecedentes penales o denuncias realizadas: no refiere Refiere haber conocido a la Sra. I. a sus 20 años. Refiere que luego de un noviazgo se habrían ido a convivir; “las cosas no funcionaron, duramos menos de 2 años conviviendo junto” (sic). Refiere, separaciones y reconciliaciones. Refiere que en el 2018 se separaron definitivamente. Refiere situaciones de violencia verbal hacia él ; “todo delante de la nena” (sic); “un día me echo y no volví” (sic) Refiere que él se habría ido a vivir solo, refiere: “en un primer momento me exigía plata para ver a la nena a R.” (sic). Refiere que habría intervenido un Juzgado Civil 7 (cree no está seguro) de CABA, en el marco de régimen de alimentos. (ver informe del 17/9/2024)
Destaco que, de la contestación de la prueba informativa dirigida al Registro de la Propiedad inmueble, se desprende que ninguno de los dos participantes de la controversia posee bienes inmuebles registrados a su nombre (ver 18/10/2024).
Ahora bien, tanto de la prueba referida anteriormente como de la prueba testimonial, se advierte que la actora reside en un inmueble que le hubiera dejado su padre, por lo que no paga alquiler, necesidad cubierta en el proyecto de vida en común por el demandado.
Asimismo, el demandado se encontraría residiendo en un inmueble de su actual pareja, por lo que tampoco debería afrontar el pago de alquileres. Así mismo, tengo por acreditado, por ser contestes las partes al respecto, que la hija de ambos, se encuentra en la actualidad viviendo con su progenitor, quien cubriría todas sus necesidades económicas. De la prueba testimonial, obrante en audiencia videograbada, la testigo C. R. S., madre de la reclamante, se desprende que al comienzo de la convivencia “Mi hija estaba trabajando y yo tengo entendido que el también”
“Después se mudaron a villa del parque hasta que nació la nena, los dos trabajaban y estudiaban … ella después no pudo recibirse y por eso está como está.”
La Sra. Refirió ayudarla económicamente para subsistir.
Sostuvo: “Antes que nazca R. ella era preceptora porque no llegó a recibirse y menos cuando nació R.”
Destaca que “J. dejó de trabajar para cuidar a R.”, “La que más se ocupaba fue mi hija”. Dice que actualmente J. vive en una casa que le dejó su padre.
Afirma que no puede trabajar porque está deprimida. (ver audiencia adunada con fecha 22/04/2024)
Si bien la testigo posee atendibilidad restringida, en función del parentesco que la une con la reclamante, debe destacarse que en el tipo de proceso que nos convoca, son los familiares y amigos quienes pueden brindar precisiones respecto de las modalidades de la vida en común, por ser quienes puedan arrimar precisiones de las dinámicas familiares que unían a los integrantes del pleito.
De allí que cobre especial relevancia la integración de la prueba bajo el principio de la sana crítica, para formar convicción decisoria en el presente (art. 384 CPCC)
En este contexto, la prueba testimonial de la testigo E. L. N., amiga de la reclamante, no hace más que corroborar que era la Sra. I. quien se encontraba a cargo del cuidado de su hija mientras duró la vida familiar. La testigo sostuvo: “Después de la separación , las cosas cambiaron totalmente, porque J. estaba sin trabajo, ella trabajó un tiempo de preceptora en un colegio y ya a lo último no podía trabajar, no conseguía trabajo y lo que estaba haciendo era vender unos tejidos que había aprendido a hacer” “Me pidió dinero prestado para pagar los servicios” “El continua con sus trabajos, había terminado de estudiar inclusive… el está muy bien” Preguntada respecto de las tareas del hogar y del cuidado de la hija que los litigantes tienen en común, sostuvo: “Siempre se ocupó J. de todo, era la que estaba en la casa todo el día … V. trabajaba y estudiaba. Después del trabajo iba a estudiar”
Debe destacarse que se tuvo a la parte demandada por desistida de la prueba testimonial ofrecida en fecha 27/06/2022. Asimismo, respecto de la confesional, no se ha fijado fecha de audiencia confesional que fuera ofrecida por la demandada, toda vez que se lo ha declarado negligente de dicha producción en agosto del año 2022.-
Esta orfandad probatoria en la que ha incurrido el demandado, perjudica abiertamente su posibilidad de tener por acreditado los extremos que señala en los agravios para controvertir la procedencia de la acción. Que así las cosas, ha quedado demostrado la dedicación full time de la actora a la crianza y educación de la hija junto a la realización de las labores domesticas durante la convivencia. 2- La situación de desigualdad que crearía la no procedencia de una compensación económica acentuando la violación a los derechos que surge de las perspectivas de genero probando una desigualdad y una discriminación en la persona vulnerable. 3- Se asemeja la situación a un enriquecimiento sin causa ya que el demandado se enriqueció (continuo su carrera profesional y laboral, recibiéndose de periodista deportivo durante la convivencia) a expensas de los sacrificios de la actora.
En este contexto, tengo por acreditado que la actora puso su desarrollo personal en segundo plano, brindo dedicación a su familia habiendo lo que para ocuparse de la crianza y educación de su hija. Sumado a ello, las presunciones pro-homine que se basan indicios consistentes en hechos reales y probado y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana critica (art. 163 inc. 5 del CPCC), me permite crear convicción sobre la procedencia del pedido de la actora que en ese sentido, surge de las constancias de la causa:
a) El largo tiempo de convivencia (12 años, conforme certificado de convivencia glosado a fs. 1 que registró el inicio de la misma el año 18/04/2006 y la fecha de cese denunciada en el mes de septiembre de 2018);
b) El hecho de haber la actora puesto su tiempo y energía en el cuidado de su hija y del hogar familiar, lo que evidencia que el Sr. S. pudo cumplir con sus tareas laborales en el horario de 08 a 16 hs. y recibirse de TÉCNICO SUPERIOR EN PERIODISMO DEPORTIVO en el año 2011 (ver declaración del demandado frente al equipo técnico 10/06/2024)
c) La dificultad de reinserción en el mercado laboral a los 37 años (a la fecha de cese de la convivencia)
d) los problemas de índole psicológicos y psiquiátricos que afronta la Sra. I.
e) El beneficio que recibió indirectamente el demandado al haberse dedicado la Sra. I. a las tareas de cuidado, lo que facilitó que el Sr. S. pueda finalizar sus estudios y continuar con su puesto en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal.
f) Que a consecuencia de ello, el Sr. S. se pudo dedicar no solamente a conseguir el título de Técnico superior en Periodismo durante la convivencia (2011), sino que luego continuó profundizando sus estudios al respecto como Licenciado en Periodismo en el año 2020. Se presume que, si obtuvo el título en el 2020, dos años de cesada la convivencia, sus estudios debieron iniciarse durante la vigencia de la misma.
En suma, presumo que en la pareja I.-S. se observan roles estereotipados de género diseñados que transforma a la actora en el sujeto vulnerable, víctima de una desigualdad estructural que debe ser atendida por la judicatura.
Sin perjuicio de lo señalado, destaco que el apelante ha habilitado en subsidio la reducción de la compensación económica fijada en la sentencia apelada, la que adelanto procederá.
Entiendo que existen circunstancias que no han sido valoradas en la sentencia apelada, que inciden en la cuantificación de la compensación económica.
Entre ellas, las obligaciones que ha asumido el demandado en el juicio de alimentos, respecto del cuidado personal de la niña -hija de ambosy todo lo atinente a las prestaciones alimentarias y gastos propios de la educación y esparcimiento. Esta coyuntura impacta en la situación actual de la reclamante, incidiendo directamente en la cuantificación que aquí se debate.
No pueden obviarse las condiciones personales del demandado puesto que la cautela y la prudencia deben primar en la cuantificación de la compensación económica, la que no puede quedar librada exclusivamente a la discrecionalidad del magistrado.
Se ha probado también que ambos litigantes poseen dificultades de índole psicológica y psiquiátrica. Ahora bien, ellas repercuten diferenciadamente entre ellos por las posiciones desiguales en las que se encuentran, específicamente en términos de ingreso al mercado laboral de la actora.
Asimismo, debe destacarse que la actora en la actualidad posee resuelta su situación habitacional, al no encontrarse abonando alquiler alguno. Asimismo, posee cobertura sanitaria a través de la obra social del demandado, lo que justifica la reducción de lo dispuesto en la sentencia apelada a sus justos límites.
En el caso concreto, si bien se ha acreditado que la actora se ha perjudicado al haber pospuesto su desarrollo profesional por encontrarse avocada al cuidado de la hija en común que posee con el demandado, las circunstancias actuales respecto de cada uno de los partícipes de la controversia, a las que me he referido anteriormente, me llevan a proponer modificar la sentencia apelada, reduciendo la compensación económica al 15% (quince por ciento) de la remuneración que percibe el Sr. S. V. L. por el término de 36 (treinta y seis) meses, respecto de la REMUNERACIÓN como empleado en el "Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debiendo aplicarse tal porcentaje a cada retribución que se le liquide, sea semanal, quincenal, mensual, sueldo anual complementario o cualquier otro carácter, previa deducción de los descuentos legales que se deriven de aportes al sistema previsional, obra social o asistencial, seguros u otros beneficios, pero debiendo ser excluidos los descuentos que provengan del pago de créditos personales, o descuentos por planilla de consumos o compras efectuadas por el demandado. (Arts. 441, 442 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Por último, corresponde rechazar petición de deducción de alimentos percibidos erróneamente, por exceder el marco de la presente contienda, debiendo el peticionante ocurrir por la vía y forma que considere oportuna.
IV. Las costas de alzada.
Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en esta Instancia recursiva sean impuestas al demandado, quien mantiene su calidad de vencido al confirmarse la procedencia de la compensación económica que se reclama. En un caso análogo, la jurisprudencia ha señalado: “Se ha sostenido, pues, que -para imponer las costas es necesario que se perfile nítidamente el carácter de vencido- (SCBA, Ac 68364, sent. del 28-9-1999), lo que en el caso de autos acontece, no presentándose ninguna de las excepciones previstas en la ley (art. 68 CPCC).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, Sala K, “S. M. L. c/ M. R. C. s/Fijación de Compensación Económica”, sentencia del 15-05-2023, cita online ED-IV-DLI-374)
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Taraborrelli y Pérez Catella también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN
DOMINGO POSCA dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: SE RECEPTEN PARCIALMENTE los agravios esgrimidos por el demandado y en consecuencia: 1°) SE REDUZCA la compensación económica al 15% (quince por ciento) de la remuneración que percibe el Sr. S. V. L. por el término de 36 (treinta y seis) meses, respecto de la REMUNERACIÓN como empleado en el "Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debiendo aplicarse tal porcentaje a cada retribución que se le liquide, sea semanal, quincenal, mensual, sueldo anual complementario o cualquier otro carácter, previa deducción de los descuentos legales que se deriven de aportes al sistema previsional, obra social o asistencial, seguros u otros beneficios, pero debiendo ser excluidos los descuentos que provengan del pago de créditos personales, o descuentos por planilla de consumos o compras efectuadas por el demandado. (Arts. 441, 442 del Código Civil y Comercial de la Nación) 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva al demandado quien mantiene -en esencia- su calidad de vencido (arts. 68 del C.P.C.C.). 3°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
Por análogos fundamentos, los Doctores TARABORRELI Y PÉREZ CATELLA adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
RECEPTAR PARCIALMENTE los agravios esgrimidos por el demandado y en consecuencia: 1°) REDUCIR la compensación económica al 15% (quince por ciento) de la remuneración que percibe el Sr. S. V. L. por el término de 36 (treinta y seis) meses, respecto de la REMUNERACIÓN como empleado en el "Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debiendo aplicarse tal porcentaje a cada retribución que se le liquide, sea semanal, quincenal, mensual, sueldo anual complementario o cualquier otro carácter, previa deducción de los descuentos legales que se deriven de aportes al sistema previsional, obra social o asistencial, seguros u otros beneficios, pero debiendo ser excluidos los descuentos que provengan del pago de créditos personales, o descuentos por planilla de consumos o compras efectuadas por el demandado. (Arts. 441, 442 del Código Civil y Comercial de la Nación) 2°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva al demandado quien mantiene -en esencia- su calidad de vencido (arts. 68 del C.P.C.C.). 3°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, capítulo II del Acuerdo 4039 SCBA., a los domicilios electrónicos respectivos, los que se consignan seguidamente.
Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia