Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 36.313
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocase la resolución del 10/08/26, disponiendo que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 Dtal. para continuar interviniendo en los presentes.
2Hacer lugar a las medidas cautelares peticionadas conforme lo considerado, debiendo en la instancia de origen expedirse la documentación pertinente a dichos efectos.
3Costas por su orden, atento la falta de contradictor.
(art. 68 y 69 del CPCC.).
B. C. M. C/ ASOCIACION BARRIO CERRADO BRICKLAND Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR
Exp Nº: LZ-36313-2026 Jz 1 (a.s.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora en forma subsidiaria en fecha 12/08/26 contra la resolución del día 10/08/26, por medio de la cual el Sr. juez a quo declinara su competencia y dispusiera la remisión de los presentes al Juzgado de Paz de Esteban Echeverría.
Para asi resolver, el juez de la anterior instancia entendió que el objeto de los presentes se refería a cuestiones relacionadas con los limites y restricciones al dominio, extremo que resulta de competencia de la Justicia de Paz.
ii. Ingresando en el análisis de la cuestión traída entendemos que el objeto de los presentes excede el marco de un proceso vinculado a los limites y restricciones al dominio para tener por destino el análisis sobre la viabilidad de las medidas precautorias de carácter urgente que se solicitan en beneficio de un adulto mayor —de 95 años— y su grupo familiar.
En este contexto cabe recordar que aquellos procesos que involucran sujetos en situación de vulnerabilidad imponen a los magistrados el deber de abordar los mismos desde una perspectiva que tome en cuenta la particular situación del sujeto vulnerable. Asi, en el caso de las personas mayores surge la obligación de realizar medidas de acción positivas que garanticen sus derechos y el debido acceso a la justicia. En cuanto a ello, ha sido clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que las personas mayores son un grupo que merece especial protección y que exige la adopción de medidas diferenciadas. El organismo Interamericano concluye que "las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnerabilidad, exige una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud." (CorteIDH, Caso "Poblete Vilches vs. Chile, sent. del 8/3/2018, fondo, reparaciones y costas).
Por su parte, en la materia cobra especial relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —con jerarquía constitucional a partir de la ley 27.700— la que prescribe que los Estados (y el Poder judicial como parte integrante del mismo) "...adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención".
Dicho ello, no puede dejar de observarse que la propia Carta Interamericana nos brinda una guía con relación a la cuestión que se debate cuando señala que "La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad." (art. 24 CIPDHPM).
Por último, no puede dejar de señalarse que nuestro máximo Tribunal Provincial ha dictado las "Guías de Buenas Practicas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores" (Marzo de 2024) que establecen que, a los fines de brindar una protección diferenciada a este grupo en situación de vulnerabilidad, corresponde tener en cuenta la necesidad de adoptar medidas afirmativas, ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Y en lo que entendemos aplicables a los presentes, las mismas "Guías" proponen que "Cuando se advierta que una persona mayor pueda ser víctima de delitos, maltrato, abusos patrimoniales u otras vulneraciones a sus derechos fundamentales, los operadores judiciales deberían disponer en forma urgente y oficiosa las medidas de resguardo, protección y salvaguardias que sean necesarias en beneficio de aquella, sin perjuicio de la derivación de la competencia funcional para el conocimiento de tales situaciones." (pto. III.
IV)
iv. Ahora bien, en el sublite se presenta la Sra. C.M.B denunciando una serie de practicas dispuestas por la administración de la "Asociación Barrio Cerrado Brickland" que, por medio del servicio de vigilancia, privan a la actora y su grupo familiar del adecuado acceso a su vivienda, al agua y a los servicios de salud. Destaca que tiene a su cargo el cuidado del Sr. V.C de 95 años de edad, quien necesita de asistencia médica permanente.
Asi, enumera una serie de situaciones que han limitado el acceso a su vivienda de servicios de entrega de compras, del kinesiologo y la psiquiatra que tratan al Sr. C, asi como del propio hermano de la accionante. Frente a dichas privaciones la actora solicita se ordene con carácter de urgente el desbloqueo inmediato del Lote 52 en el sistema digital de gestión de ingresos “OpenKey” y en todo otro registro, listado o mecanismo —informático o manual— que impida o condicione el acceso a la unidad; el libre acceso vehicular y peatonal, irrestricto e inmediato, de médicos, unidades de emergencia y ambulancias (PAMI, AMTA-SALUD, Contigo Salud Plan Ambulancias y toda prestadora pública o privada), personal de enfermería, cuidadores y asistentes gerontológicos del adulto mayor que habita el inmueble; el ingreso vehicular de proveedores de insumos básicos y vitales — alimentos, agua potable, medicina— y de las visitas y familiares que la actora autorice; y el ingreso inmediato del personal técnico (pocero/plomero) para la reparación de la bomba sumergible, a fin de restablecer el suministro de agua a la vivienda y de toda otra reparación, mantenimiento o conservación que requiera la vivienda y sus instalaciones. v. Arribados a este punto, cabe agregar que las medidas autosatisfactivas han sido entendidas como "una especie de proceso urgente, género global que abarca otra hipótesis en las cuales el factor tiempo posee especial resonancia. En tal sentido, la conclusión N°4 del tema 2 de la Comisión N°2 del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Santa Fe, Junio de 1995) dijo: "La categoría de proceso urgente es más amplia que la de proceso cautelar. Asi, la primera comprende también las denominadas medidas autosatisfactivas y las resoluciones anticipadas" (cfr. Aida Kamelmejer de Carlucci, "medidas autosatisfactivas", bajo dirección de Jorge Peyrano, Pág. 438).
Sabido es que constituye un presupuesto común para la procedencia de toda medida cautelar acreditar la verosimilitud del derecho invocado, o sea que la demanda contenga argumentos que, prima facie valorados, muestren consistencia jurídica configuradora del llamado fumus bonis juris. En este sentido, como explica la Corte Suprema de la Nación, las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; es más, agrega, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede de lo hipotético, dentro del cual, igualmente, agota su virtualidad. (CSJN, Fallos 306:2000).
Respecto del peligro en la demora, se ha expresado que es necesario "una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar puedan restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una sentencia posterior" (CNFed. Cont. Adm., sala II, 19-08-99 E, 624-DJ. 1999-3-903).
En el caso, la particular situación en que se encuentra el Sr. V.C, quien requiere de un tratamiento médico domiciliario permanente y de gozar del debido cuidado y alimentación, asi como del acompañamiento de sus familiares mas cercanos, imponen que las medidas solicitadas deban tener favorable acogida. Es que como se dijo, cuando del estudio de los hechos surjan posibles afectaciones a los derechos de personas vulnerables dicha circunstancia impone un análisis diferenciado, que de prioridad a la protección de los derechos de dicha personas, incluso mediante la aplicación de ajustes de procedimiento y medidas de acción positiva dictadas de oficio.
Por ello, en el entendimiento que el objeto de los presentes excede un mero proceso vinculado a limites y restricciones al dominio para comprender el análisis sobre la situación de un grupo familiar que se encuentra restringido en su acceso al derecho a la salud, en el cual cobra especial relevancia la situación de una persona mayor de 95 años con cuidados permanentes, corresponde revocar el proveído en crisis, declarando competente al Juzgado que previno, quien deberá continuar interviniendo; y hacer lugar a las medidas cautelares requeridas de: ordenar el desbloqueo inmediato del Lote 52 en el sistema digital de gestión de ingresos “OpenKey” y en todo otro registro, listado o mecanismo —informático o manual— que impida o condicione el acceso a la unidad; el libre acceso vehicular y peatonal, irrestricto e inmediato, de médicos, unidades de emergencia y ambulancias (PAMI, AMTA-SALUD, Contigo Salud Plan Ambulancias y toda prestadora pública o privada), personal de enfermería, cuidadores y asistentes gerontológicos del adulto mayor que habita el inmueble; el ingreso vehicular de proveedores de insumos básicos y vitales —alimentos, agua potable, medicina— y de las visitas y familiares que la actora autorice; y el ingreso inmediato del personal técnico (pocero/plomero) para la reparación de la bomba sumergible, a fin de restablecer el suministro de agua a la vivienda y de toda otra reparación, mantenimiento o conservación que requiera la vivienda y sus instalaciones. A cuyos efectos, en la instancia de origen se deberá expedir las documentación correspondiente.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Revocase la resolución del 10/08/26, disponiendo que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 Dtal. para continuar interviniendo en los presentes.
2. Hacer lugar a las medidas cautelares peticionadas conforme lo considerado, debiendo en la instancia de origen expedirse la documentación pertinente a dichos efectos.
3. Costas por su orden, atento la falta de contradictor.
(art. 68 y 69 del CPCC.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia