Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 48.502
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dirimir la cuestión de competencia suscitada, declarando competente para continuar interviniendo en los presentes al Juzgado de Familia Nro. 7 Departamental.
2Practíquese la comunicación correspondiente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 6 y a la Receptoría General de Expedientes Dtal.
F., C. M. C/ T., A. A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR
Jz flia. N°7 (a.s.*)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los autos a esta Alzada en virtud del conflicto de competencia suscitado entre los magistrados titulares de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 y Juzgado de Familia N°7 de este Departamento Judicial.
ii. Asi, habiéndose iniciado los presentes ante el juzgado en lo Civil y Comercial N°6 Dtal. su titular rechazó la radicación por considerar que, siendo el objeto de estos una demanda de redargución de falsedad respecto de un párrafo presente en una escritura traslativa de dominio de un inmueble que resulta ser objeto de distintos tipos de juicios en el fuero de familia, dicha circunstancia podría repercutir en el proceso de liquidación de bienes que la componen, por lo que resultaba pertinente la intervención del fuero especializado en dichas cuestiones.
Ahora bien, remitidos estos obrados al Juzgado de Familia N°7 Dtal. el magistrado a su cargo rechazó la competencia atribuida por al entender que el objeto de los presentes excedía la competencia prescripta por el art. 827 inc. a) y c) del CPCC, correspondiendo -en consecuencia- la intervención del fuero en lo civil y comercial en razón de la materia.
iii. Esta Sala ha sostenido reiteradamente que las leyes sobre competencia son de orden público. Con este concepto primigenio, la forma o manera de determinar y fijar la competencia o la capacidad del Juez para conocer de un determinado litigio, es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión y tiene raíces constitucionales. Además, como la jurisdicción es improrrogable, la competencia por materia y por grado también lo es, por lo que puede el juez o tribunal de Alzada declarar la falta de jurisdicción o la incompetencia, en cualquier estado de trámite (CALZ, Sala Iª, causa nº 40174, RSD-118-94, S 13-5-1994, in re "Marazzi, Oscar H. s/ Información sumaria").
La determinación de la competencia requiere partir del análisis del contenido de la pretensión deducida, desde un punto de vista objetivo y de la naturaleza de la relación jurídica sustancial esgrimida en base a los hechos expuestos en la demanda y de acuerdo con el encuadre normativo acordado a la pretensión por el actor (Palacio Lino E., "Derecho procesal civil", T II., pág 408).
En el caso de autos se trata de una acción promovida con el objeto de determinar la falsedad intelectual de un instrumento público, el cual la accionante sostiene que no fue realizado en debida forma y que afectaría los derechos de la reclamante en la liquidación de la comunidad que constituyó con el Sr. A. A. T.
iv. En dicho contexto, cabe recordar que el art. 827 del CPCC establece que los jueces de familia tendrán competencia exclusiva en las materias referidas a separación personal y divorcio (inc. a) así como respecto de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal (hoy comunidad), a excepción de la derivada de la muerte de alguno de los cónyuges (inc. c).
En cuanto a ello, hemos de destacar que desde la doctrina especializada se aconseja, respecto a la extensión con que debe entenderse lo prescripto por la normativa citada, que en virtud del principio de concentración y economía procesal corresponde atribuir a un mismo órgano jurisdiccional la totalidad de procesos que se encuentren vinculados. Específicamente con relación a los procesos como el presente explica Kielmanovich que "por aplicación del principio de perpetuatio jurisdictionis, deben promoverse ante el juez que entiende o entendió en el juicio de divorcio, todas las cuestiones conexas (procesos cautelares e incidentales), entre ellas la liquidación de la sociedad conyugal y demás que se mencionan en el art. 6° incs. 2° y 3° del CPCCN, sin perder de vista que cabría hacer excepción a las reglas generales de la competencia a partir de la doctrina que prohíja la conveniencia de reunir en un solo tribunal todas las cuestiones vinculadas o que se originen en torno a un mismo elemento o relación jurídica que de otro modo podría ser de competencia de otros tribunales. (KIELMANOVICH, Jorge L., "Derecho Procesal de Familia", LexisNexis Abeledo-Perrot, Bs. As. 2007, p.56).
En igual línea de pensamiento, al referirse a la competencia derivada de lo prescripto por el art. 827 del CPCC se señaló que "Los supuestos indicados en los distintos "ítems" de la norma no son taxativos, en tanto se pueden ampliar a otros casos no previstos" (BERIZONCE, Roberto O., BERMEJO, Silvia P. y AMENDOLARA, Zulma A., "Procesos de Familia en la Provincia de Buenos Aires", Librería Editora Platense, La Plata 2017, p. 122).
A su vez, la interpretación que se propone, encuentra hoy respaldo en el art. 717 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece que "En las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la pretensión es conjunta...".
v. En esencia, la conexidad se configura en supuestos en que la materia litigiosa, introducida con posterioridad a la radicación de la causa originaria, constituye una prolonganción de la misma controversia, de suerte tal que sea menester someterla al tribunal que previno para permitir la continuidad de criterio en la valoración de los hechos y derecho invocados (KIELMANOVICH, Jorge L., Derecho procesal..., ob. cit., p.57).
En síntesis, en virtud de los principios antes señalados entendemos que resulta apropiada la intervención del fuero de familia en todos aquellos litigios relacionados con el proceso de divorcio y de liquidación de la comunidad, entendiendo que en este caso comprende el incidente por redargución de falsedad de un instrumento público, puesto que este se encuentra estrechamente conectado con la determinación de los bienes que la constituyen, por lo que su concentración ante el mismo organismo evitará la existencia de resoluciones contradictorias así como la homogeneidad de criterio en el análisis de todas las operaciones que pueda comprender el proceso liquidatorio.
Atento a lo expuesto, y siendo que por ante el Juzgado de Familia N°7 Dtal. se encuentra tramitando todos los procesos relativos al divorcio y a la liquidación de la comunidad de bienes, así como otras incidencias vinculadas (Exptes. LZ 9437-2021, LZ 43033-2022, LZ 51234-2024, LZ 51125-2024 y LZ 9171-2024, entre otros) corresponde declarar competente al Juzgado del fuero de Familia que previno.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. Dirimir la cuestión de competencia suscitada, declarando competente para continuar interviniendo en los presentes al Juzgado de Familia Nro. 7 Departamental.
2. Practíquese la comunicación correspondiente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 6 y a la Receptoría General de Expedientes Dtal. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia