Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 72.765
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI)Revocar la resolución apelada, admitiéndose consecuentemente la medida cautelar solicitada por la recurrente, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la concreta efectivización de la medida. (arts. 230 y 232 del C.P.C.C.)
Ii)Previa caución juratoria que deberá prestarse en la instancia de grado, disponer el libramiento de los instrumentos pertinentes (en su caso, en los términos de la ley 22.172) a fin de reponer a la recurrente en posesión del cargo del que fuera desplazada y restituir su condición de socia de la entidad. (arts. 198 y 199 del C.P.C.C.).
Iii) Costas en el orden causado, habida cuenta el carácter de la presente acción y la inexistencia de sustanciación. (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
SICA ELENA ROSARIO C/ FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REP. ARGENTINA Y OTRO/A S/MEDIDAS
CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) Exp Nº:
72765 Jz Juzgado 2 Reg. Sent. Int:: 182 Folio Sent. Int: 248 Lomas de Zamora, 28 de mayo de 2015.-
Vienen estos autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la accionante contra el pronunciamiento dictado a fs. 187 y vta., recurso que fuera interpuesto a fs. 189 y concedido por el Sr. Juez a quo a fs. 190;
1. Que, mediante presentación de fs. 174/186, compareció la accionante solicitando el dictado de una medida cautelar urgente por la que se disponga la suspensión preventiva de la decisión adoptada en la reunión de integrantes de la Comisión Directiva de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina en fecha 9 de abril de 2015, consistente en la sanción de expulsión de socio y remoción del cargo de presidente de la entidad, hasta tanto se resuelva el proceso principal de nulidad que habrá de promover. Adujo, a tales efectos, que quien suscribe la presentación es integrante de la asociación demandada y se viene desempeñando desde hace años como presidenta de dicha institución, agregando que la administración y representación de la asociación siempre ha sido llevada a cabo en un marco de consenso entre los integrantes de la Comisión Directiva, hasta que se originaron los hechos que desencadenaron en la denuncia articulada por ante la Dirección Provincial de personas Jurídicas y en la presente demanda.
Sostuvo, en sustancia, que el conflicto en el seno de la Comisión Directiva comenzó durante los meses de septiembre y octubre de 2014, por desacuerdos varios entre parte de la Comisión y la Presidenta, entre los que señala la falta de confección de estados contables y la realización de actividades incompatibles por parte del vicepresidente segundo de la entidad.
Aduce que cuando comenzó a objetar las gestiones ocultas del vicepresidente segundo, el clima de las reuniones de comisión directiva se comenzó a tensar, y dado que las reuniones se tornaron cada vez más violentas debió acudir a un escribano, quien realizó diversas actas de constatación.
Señala que antes de llevarse a cabo la reunión de consejo prevista para el mes de marzo de 2015, el grupo de directivos allegados al vicepresidente segundo, Vicente Salvador Impieri, y sus asociados irrumpieron en la sede social, violando domicilio, rompiendo y cambiando la cerradura, y despidiendo a la secretaria de la institución.
Agrega que, irregularmente, se habría celebrado una reunión de comisión directiva el día 12 de marzo de 2015 en la cual se la habría sancionado violando el estatuto de la entidad. Considera nula dicha reunión, por los fundamentos que detalla.
Dice también que, con posterioridad, el mismo grupo celebraría una pretensa reunión de comisión directiva el día 9 de abril de 2015, reunión que tampoco había sido convocada por su persona (en carácter de presidente) ni se le solicitó la convocatoria de la misma conforme dispone el estatuto, enterándose de ella por la carta documento que le remitieran al consejero Ricardo García el día 7 de abril de 2015.
Describe que en oportunidad de constituirse en dicha reunión junto al escribano y los letrados que menciona, intentaron leer una impugnación, circunstancia que no les fue permitida, agregando que no se le permitió hablar y, ante la existencia de amenazas, procedió a retirarse del recinto.
Menciona que no obstante ello, el grupo antes indicado continuó con la reunión, procediendo a decidir la remoción de integrantes del consejo directivo, de la tesorera y subtesorera. Añade que, seguidamente y conforme surge del acta notarial que indica, tomó la palabra el Sr. Cavallero quien realizó una serie de falsas imputaciones hacia su persona, de las cuales nunca se le corrió vista ni se la citó para formular un descargo. Luego de ello tomó la palabra el Sr. Marissi, quien mocionó por su expulsión de la asociación, circunstancia que habría sido aprobada por unanimidad de los allí presentes.
Subraya que, de tal modo, por una simple decisión de un grupo de consejeros, y sin ningún tipo de procedimiento previo, procedieron a expulsarla de la Federación y a destituirla como presidenta de la misma. Aduce que los atropellos no cesaron allí, pues a continuación resolvieron intimar al Vicepresidente, Enrique Couto Traverso, a que acepte el cargo de presidente dentro de los cinco días y que de no aceptarlo “se lo tendrá por renunciado”.
Sostiene, en suma, que se trató de una serie de decisiones completamente nulas que sólo reflejan una burda maniobra de un grupo de consejeros que pretenden tomar por la fuerza la conducción de la Federación y desplazarla de la presidencia, atropellando a todo el que se interponga en tal propósito y sin respetar los mecanismos legales y estatuarios.
Solicita la nulidad de la sanción, fundado la petición en la violación del derecho de defensa y debido proceso, falta de convocatoria, falta de quorum, violación de competencias de la asamblea y del orden del día, y por falsas imputaciones; a todo lo cual adhieren, mediante la suscripción del “otro si dicen”, el vicepresidente de la entidad, Mario José Couto Traverso, y la Tesorera, Analía Susana Martinez de Morán.
2. Que, a fs. 187 y vta., el Sr. Juez a Quo desestimó la medida cautelar solicitada, argumentando que a su criterio no se hallaban configurados ni la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, agregando que tampoco se había denunciado en forma clara y concreta la acción que habría de iniciarse.
3. Contra dicha decisión se alza la recurrente, quien se agravia por el rechazo de la medida cautelar peticionada.
Sostiene, en que lo interesa para el presente, que el fallo atacado resulta dogmático e infundado, en tanto no analiza ninguno de los fundamentos vertidos por su parte para acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados; los que entiende sobradamente probados con los extremos que relata y con la documentación que detalla.
Destaca, asimismo, que contrariamente a lo dicho en la resolución apelada, en el objeto del escrito de inicio se identificó claramente la acción de fondo a promover, consistente en una acción de nulidad de lo resuelto en la reunión de comisión directiva del día 9 de abril de 2015. (fs. 303/312)
4. Que reiteradamente tiene dicho nuestro superior tribunal de justicia que la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, motivo por el cual la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. (Cfr. CSJN, Fallos: 306:2060; 313:521; 318:2375; 314:711; íd. SCBA, LP I 73232 2 RSI-472-14 I 08/10/2014)
Que las decisiones adoptadas sobre medidas cautelares tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional, por cuyo motivo la parte interesada está legitimada para solicitar nuevamente su traba, modificación, sustitución o, incluso, su levantamiento; dependiendo de los cambios que se produzcan en las circunstancias de hecho o de derecho por las cuales fueron anteriormente decretadas o denegadas. (Cfr. Art. 203, 230 y 232 del C.P.C.C.; Fassi - Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial”, t. 2, pág. 64 y sus citas). A su vez, y con relación a las medidas cautelares genéricas previstas por el art. 232 del Cód. Procesal ha de decirse que quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisoriamente el cumplimiento de la sentencia.
Las medidas cautelares deben acordarse siempre que al titular de un derecho subjetivo le asita un interés serio y legítimo, menoscabado por la conducta de la contraparte, aunque el caso no se encuadre específicamente dentro de los supuestos previstos por la ley adjetiva, pues así lo admite el progreso de la ciencia procesal.
Que sentado ello, dentro del marco provisional al que hiciéramos alusión precedentemente y en este estado liminar de apreciación de la pretensión deducida - sin abrir juicio respecto de lo que, en definitiva, corresponda oportunamente decidir sobre la cuestión de fondo- es que entiende este Tribunal que le asiste razón a la recurrente.
Es que, de la compulsa de la abundante documentación acompañada por la accionante puede constatarse que la misma ciertamente resultó electa presidenta de la entidad denominada FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, siendo el vicepresidente primero el Sr. Mario José Couto Traverso (coactor en autos), y el vicepresidente segundo, el Sr. Vicente Salvador Impieri (codemandado en autos). (fs. 40/45 y 163/166)
Se encuentran acreditadas también las diversas controversias materializadas por los miembros del consejo directivo de la institución –y de las cuales dan cuenta las actas notariales adjuntadas-, pujas éstas que, a la postre, culminaran con la sanción de expulsión de la actora y su remoción como presidenta de la entidad, aún mientras se hallaba en ejercicio de su mandato. (Vr. fs. 244/250, 251/253, 254/256, 281/286, 287/290, 291/294, 295/298)
Que, sin entrar a considerar la totalidad de los supuestos vicios nulitivos esgrimidos por la recurrente y que, según su criterio, afectarían la convocatoria a la reunión de consejo directivo de fecha 9 de abril de 2015 -en la cual se decidieran las sanciones antes indicadas-, lo cierto es que a entender de este Tribunal resulta suficientemente demostrativo del exceso en el que se incurriera el hecho de decidir, abruptamente y sin derecho de defensa alguno, una sanción de la envergadura y naturaleza extrema como lo es la expulsión de un socio, y más aún si el expulsado reviste, además, nada menos que el carácter de presidente de la institución.
Dicha circunstancia, por sí sola, torna procedente la medida cautelar solicitada, a fin de retrotraer el estado de cosas a la situación de hecho anterior al acto lesivo. (art. 14 y 18 de la Constitución Nacional, y art. 15 de la Const. Prov. De Bs. As.) En este sentido, se ha dicho que “Las asociaciones tienen facultades disciplinarias y debe respetarse lo que el ente haya resuelto en tanto no ocurra en notoria injusticia y haya observado el procedimiento estatutario, si éste está reglado, o en caso contrario, haya permitido oir el descargo del afiliado, asegurándole su defensa. Aún cuando ni la ley aplicable a las asociaciones, ni el estatuto o reglamento interno respectivo, dispongan la formalidad del sumario previo al asociado incriminado, para salvaguardar el derecho de defensa de éste, debe exigirse, al menos, que sepa la irregularidad que se le imputa, haya sido oído y no se le prive del derecho de exponer las razones que estime pertinentes” (HIGHTON DE NOLASCO, CCiv., Sala F, C. F153269, autos “Izarrualde, Irma Inés c/Asoc. Femenina Metropolitana de Basquetbol s/Amparo, sent. 9/12/94”) Dentro de este marco, no debe perderse de vista que la potestad sancionatoria de una asociación debe respetar la garantía constitucional prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, esto es, que la sanción debe ser el resultado de un proceso en el cual se haya asegurado el derecho de defensa del asociado. Por supuesto, no se trata de un proceso judicial, pero sí se debe dar al sancionado la posibilidad de ser oído, de controlar la prueba en el sumario que se forme, y de ofrecer la suya, además de poder alegar lo que estime pertinente a su derecho.
Tal ha sido la línea seguida por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cuya vigencia comenzará a regir en breve y a esta altura resulta hábil como destacada doctrina a tener en cuenta, al incorporar una importante norma relativa al poder disciplinario: el asociado sólo puede ser excluído por una causa grave, siempre y cuando se respete el debido proceso y su derecho de defensa.
Así, dispone el art. 180 de la nueva normativa que "Los asociados sólo pueden ser excluídos por causas graves previstas en el estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la comisión directiva, el asociado tiene derecho a la revisión por la asamblea que debe convocarse en el menor plazo legal o estatuariamente posible. El incumplimiento de estos requisitos compromete la responsabilidad de la comisión directiva." (Art. 180, Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación)
5. Que, por otro lado, estimamos verificados en el caso tanto la verisimilitud del derecho esgrimido como el peligro en la demora.
El primero de ellos, por resultar ‘prima facie’ suficiente a tales efectos la afectación del derecho constitucional de defensa referido en los párrafos precedentes.
Al respecto, ha de señalarse que el Máximo Tribunal de la Provincia ha sostenido que la existencia de verosimilitud del derecho, presupuesto propio de toda medida cautelar, se verifica en el plano de la mera apariencia y no de la certeza (con tal alcance SCBA, I 2132 I 21-4-1998, in re "Carrefour Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Declaración de inconst. Medida cautelar de no innovar")
En el mismo órden de ideas, sostuvo que, sea cual fuere la naturaleza del razonamiento empleado la fuerza probatoria de los hechos indiciarios depende de la mayor o menor conexión lógica que el juez encuentre entre aquéllos y el "factum" desconocido que investiga, con fundamento en las reglas generales de la experiencia o en las técnicas, según el caso. O lo que resulta igual: deviene relevante verificar el grado de probabilidad del hecho indicado en razón de su relación con los "indicios contingentes" que se han valorado en las actuaciones. Así, para que la fuerza probatoria sea eficaz, es indispensable eliminar el azar que haya podido crear una aparente conexión entre los hechos indiciarios y el investigado. Por consiguiente, a través de este medio el juez puede llevarse la certeza sobre la existencia del hecho o únicamente el concepto de una mera probabilidad o verosimilitud. (SCBA, AC 74701 S 19- 2-2002, in re "Vasta, Eduardo c/ Queremba, Gabriela s/ Daños y perjuicios")
El segundo, definido como "el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable" (conf. Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales comentados y anotados", Ed. Platense, 1971, t. III, p. 60), debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros. (CSJN, Fallos: 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695, 2278; 323:337, 1849; 326:1999, 3658)
Sobre esta base, es claro que el tiempo que previsiblemente insumiría arribar a una sentencia definitiva en la futura acción de nulidad, o en su caso, esperar a una decisión de la instancia revisora de la propia entidad, sin duda ocasionaría a la actora un gravamen de muy difícil reparación ulterior, en tanto llegaría a esa instancia no sólo desplazada de su condición de socia, sino también del cargo para el cual ha sido electa por los miembros de la entidad.
6. Que, como también fuera adelantado en los puntos que anteceden y según las mas tradicionales caracterizaciones doctrinarias, la esencia de las medidas cautelares es su provisionalidad. Esto significa que siempre la medida se extingue ante la decisión cognitiva de fondo la decisión final administrativa. Se trata en todos los casos de resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas.
Que, a fin de asegurar la provisionalidad de la medida e impedir una eventual prolongación de los trámites que necesariamente conlleve la sustanciación del proceso principal -o en su caso los internos que podrían llevar a cabo los órganos de la propia institución- es que entiende necesario el tribunal fijar un plazo razonable de duración de la misma; el que se estima en esta instancia liminar en seis (6) meses, contados a partir de la concreta efectivización de la medida. Dicho plazo, podrá ser dejado sin efecto o prorrogado por la jurisdicción, según el desarrollo de los acontecimientos y las particularidades concretas de los procesos que tramiten las partes. (Cfr. CSJN, "Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas cautelares, Recuso de Hecho)
POR ELLO, por los fundamento hasta aquí vertidos, el tribunal RESUELVE:
i)Revocar la resolución apelada, admitiéndose consecuentemente la medida cautelar solicitada por la recurrente, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la concreta efectivización de la medida. (arts. 230 y 232 del C.P.C.C.)
ii)Previa caución juratoria que deberá prestarse en la instancia de grado, disponer el libramiento de los instrumentos pertinentes (en su caso, en los términos de la ley 22.172) a fin de reponer a la recurrente en posesión del cargo del que fuera desplazada y restituir su condición de socia de la entidad. (arts. 198 y 199 del C.P.C.C.).
iii) Costas en el orden causado, habida cuenta el carácter de la presente acción y la inexistencia de sustanciación. (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). REGISTRESE.
DEVUELVASE. OPORTUNAMENTE NOTIFIQUESE.
Javier Alejandro Rodiño Carlos Ricardo Igoldi Presidente Vocal Nicolas Raggio Secretario
Fin de la sentencia