Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 22.339
Lo que resolvió el tribunal
I. Revócase la resolución de fecha 05/12/2025.
II. Costas en el orden causado, atento al modo en que se resuelve la cuestión (art. 68 y 69 del C.P.C.C.).
V., J. E. S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)
Exp Nº: AL-22339-2025 JZ 3 CC AVE SP En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha de la firma digital.
Vienen los autos por ante esta Alzada a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos en fecha 07/12/2025, por el síndico, y en fecha 10/12/2025, por el concursado, contra el auto de fecha 05/12/2025, en el cual el a-quo tuvo a éste último por desistido de su concurso al no haber instado la publicación de los edictos en el Diario L. C. de Avellaneda en término (art. 30 de la L.C.Q.), y;
I. Previo ingresar al análisis de la cuestión traída a resolver, corresponde abocarse a los alcances de la regla de inapelabilidad prevista por el art. 273 inc. 3 de la L.Q.C., conforme fuere señalado por el presunto acreedor —Sr. M. A. B.— en su responde.
En esta línea de pensamiento, la regla de la inapelabilidad tiene por objetivo evitar dilaciones en un proceso que, por su propia naturaleza, requiere de una gran agilidad.
Al respecto, se ha dicho que "si la resolución no hace a la vida del proceso sino a su extinción, la regla de la inapelabilidad no tiene, en principio, justificativo" y que "no se trata de abrir la puerta para que —los— litigantes (...) distorsionen el proceso concursal, sino de interpretar sistemática, inteligente y justamente las normas para evitar la violación de la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional" (voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, in re "Fibroeste S.R.L.—conc.—", 21/12/1990). En consecuencia, las especiales singularidades del litigio a resolver nos inclinan a favor de la apelabilidad del auto impugnado.
II. Sentado cuanto antecede e ingresando al tratamiento de la cuestión, sabido es que una modalidad de culminación del proceso concursal preventivo es el desistimiento legal o sancionatorio; escenario en el que se circunscribe la cuestión fáctica de los presentes obrados. Así, de acuerdo a lo expuesto expresamente por los arts. 27 y 28 de la L.C.Q., es deber del concursado llevar a cabo la publicación de edictos a fin de dar a conocer la apertura de su concurso preventivo para que tanto los acreedores como terceros en general tengan conocimiento de su estado concursal y puedan hacer valer sus derechos conforme los lineamientos de la ley, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de tener por desistido su proceso preventivo (art. 30 de la L.Q.C.). Ahora bien, se ha dicho que "en caso de mediar circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del concursado, el juez, al analizar las mismas en el caso concreto, podría llegar a dispensar al deudor de tal sanción, si —se— evidencia una actitud tomada por éste en las actuaciones que permita excluir un propósito dilatorio o de abandono del proceso" (Di Lella, N. J., Desistimiento del proceso concursal preventivo, La Ley AR/DOC/3580/2013).
Así, la interpretación del mencionado art. 30 de la L.Q.C., en cuanto establece la imposición de la referida sanción legal, debe efectuarse caso por caso, procurando una aplicación racional de la norma, que conduzca a que sus objetivos se hallen, en definitiva, debidamente preservados (conf. Rubinzal Online J 4207/18).
III. Bajo estos lineamientos, en el sub examine, atento a las particulares circunstancias que el caso presenta, he de adelantar que el remedio incoado ha de tener favorable recepción.
Es que, conforme, se aprecia del análisis de las actuaciones el concursado justificó su demora en la existencia de dificultades a la hora de ponerse en contacto con el Diario L. C. de Avellaneda que le impidieron temporalmente cumplimentar la manda legal (conf. presentación electrónica de fecha 08/10/2025 y fecha 17/11/2025).
En efecto, no puede soslayarse que la publicación tardía lo fue por pocos días (conf. adjuntos agregados en fecha 20/10/2025 y fecha 21/10/2025), mientras que los edictos en el Boletín Oficial se llevaron a cabo tempestivamente (conf. constancias adunadas en fecha 06/10/2025), y que en el marco de los presentes se realizaron diversas erogaciones que se deberían efectuar nuevamente ante un nuevo concurso; por lo que no se evidencia por parte del concursado una conducta reñida con la ley encaminada a abandonar el proceso o a dilatarlo injustificadamente. Si bien, en rigor, es cierto que la demora en la publicación de los edictos en el Diario L. C. de Avellaneda se trasciende a la situación del acreedor —Sr. M. A. B.— al reducirse el término previsto para la insinuación tempestiva, se advierte más gravoso, habida cuenta el avanzado estado del proceso, la solución arribada en la instancia de origen. Consecuentemente, teniendo en consideración la conformidad de la sindicatura para la continuación del proceso (conf. presentación electrónica de fecha 07/12/2025) y no avizorándose que la concursada hubiera tenido una actuación que pudiera considerarse dilatoria para afectar el debido orden general y los intereses del proceso concursal, se impone —a fin de no frustrar injustificadamente la solución preventiva— la revocación del pronunciamiento aquí en crisis, sin perjuicio de la eventual reprogramación de fechas y términos previstos en el auto de apertura conforme fuere sugerido por el síndico y el concursado en sus respectivas memorias.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. Revócase la resolución de fecha 05/12/2025.
II. Costas en el orden causado, atento al modo en que se resuelve la cuestión (art. 68 y 69 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia