Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 12.213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1En los términos considerados, confirmase la resolución del 08/10/25.
2Costas al recurrente en su condición de vencido. (art. 68 y 69 del CPCC.)
R., R. A. C/ P., V. A. S/ LIQUIDACION DE REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO
Exp Nº: LZ-12213-2024 Jz Flia. N°4 (a.s.*)
En la ciudad de Lomas de Zamora, AUTOS Y VISTOS.
i. Que vienen los presentes a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada en fecha 10/10/2025 contra el pronunciamiento del día 08/10/2025 mediante el cual el señor Juez de grado resolviera rechazar las medidas cautelares pretendidas.
ii. Ingresando en el análisis de la cuestión traída cabe recordar que cuando un expediente llega a la Cámara de Apelación en virtud de un recurso es la Alzada quien adquiere la plenitud de la jurisdicción, ocupando desde ese entonces la misma posición que tenía el Juez de Primera Instancia. Le corresponde idénticos deberes y derechos (C.S.J.N., 2-11- 95, in re "Miguel, Lorenzo c/ Estado Nacional"; "Sandler, Héctor c/ Estado Nacional", Rep. El Derecho, Tº30, pág. 1072, nº 21; CALZ, Sala I, 4-IV-06, causa nº 62.061, RSD-60, Diario El Derecho, 12-IX-06, nº 11.591, fallo 54.240).
iii. Dicho ello, hemos de señalar en forma preliminar que nos encontramos ante un proceso de liquidación de la comunidad en el cual la parte actora ha solicitado el dictado de dos medidas cautelares de naturaleza patrimonial: la fijación provisoria de un canon locativo por el uso exclusivo del inmueble asiento del hogar conyugal, y el pago de la parte correspondiente sobre la cuota de la deuda contraída por un mutuo hipotecario.
Ahora bien, a los fines de un mejor análisis, procederemos a referirnos en primer término a la medida dirigida a la fijación cautelar de un canon locativo, para luego ingresar en el estudio referido al pago de la cuota hipotecaria. Y sobre el primero de los puntos vale observar que el presente proceso liquidatorio de bienes se encuentra recién iniciado, manteniéndose aun el estado de indivisión postcomunitaria que, de conformidad con lo prescripto por los arts. 481 y sgts. del Código Civil y Comercial, presenta sus propias reglas. En ese marco, el art. 484 del Digesto autoriza al copartícipe a usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino. Sin embargo, dicho uso y goce excluyente sobre toda la cosa "...solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio del oponente" (art. cit. CCyC). Es decir, durante la etapa de indivisión post comunitaria el uso exclusivo de un bien ganancial podría dar lugar a la fijación de un canon en beneficio del excluído.
No obstante ello, no puede dejar de observarse que lo peticionado por el ahora apelante consiste en la posibilidad de fijar dicha indemnización en forma cautelar. Y es en dicho punto donde el recurso no ha de tener favorable acogida. Es que además de haber dispuesto el juez a quo que lo relativo al pedido de fijación de canon locativo debía tramitarse por expediente autónomo (v. proveído del 16/04/24), resolutorio que se encuentra firme y consentido, no se cuenta —en este estado liminar del proceso— con elementos suficientes a los fines de su fijación (verosimilitud del derecho, peligro en la demora, estimación del valor del canon), apareciendo lo peticionado mas como un adelanto de sentencia que como medida cautelar protectoria, por lo que dicha solicitud exige un mayor marco cognoscitivo y contradictor, que la vía antes dispuesta por el magistrado garantiza en forma adecuada.
Por todo lo expuesto, en los términos antes reseñados, no corresponde hacer lugar al recurso traído sobre el punto.
Arribados a este estado, corresponde ingresar en el segundo de los tópicos introducidos, esto es, los agravios referidos al rechazo a compeler a la demandada al pago del 50% del mutuo hipotecario oportunamente asumido. Con relación a ello, y reiterando que nos encontramos aun en la etapa de indivisión postcomunitaria, corresponde recordar a ambas partes que, conforme el art. 482 del CCyC, salvo acuerdo en contrario, subsisten las reglas de administración y disposición relativas al régimen de comunidad.
En dicho contexto cobra vigencia lo prescripto por el art. 486 del CCyC en cuanto establece que "En las relaciones con terceros acreedores, durante la indivisión postcomunitaria se aplican las normas de los arts. 461, 462 y 467 ...", esto es, la responsabilidad solidaria con relación a las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, y la irresponsabilidad de uno de ellos por las deudas contraídas por el otro. Todo ello, sin perjuicio del derecho a recompensa que pudiera surgir en virtud de la administración llevada a cabo (art.
468 CPCC).
Asi, no contando —en este estado del proceso— con elementos suficientes que permitan tener por acreditada la verosímilud del derecho ni el peligro en la demora, corresponde rechazar el recurso sobre el tópico. En conclusión, en los términos antes reseñados, corresponde confirmar el rechazo de las medidas cautelares solicitadas.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
1. En los términos considerados, confirmase la resolución del 08/10/25.
2. Costas al recurrente en su condición de vencido. (art. 68 y 69 del CPCC.) REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.).
Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia