Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Mar del Plata · Causa 167.832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar lo resuelto por la Sra. Juez, en función de los fundamentos aquí expuestos. Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.). Transcurrido el plazo del artículo 267 CPCC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
REGISTRO Nº 219.R FOLIO Nº 273
- Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata - Autos: "M. J. I. C/ C. A. D. M. C. LTDA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)". Expte. Nº 167832 Mar del Plata, 30 de Mayo de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación deducido subsidiariamente por el Dr. J. I. M., por derecho propio, contra el decisorio luciente a fs. 92 en el cual se decreta la caducidad de la medida cautelar de prohibición de innovar decretada a fs. 37/8.
Desestimada la reposición, a fs. 94/9 se concede la apelación.
Los fundamentos expuestos por el recurrente, fueron contestados por la accionada mediante presentación electrónica del 19/12/2018 a las 09.14.45hs. En resumidas cuentas el apelante considera que lo resuelto es nulo por cuanto no se ha sustanciado el pedido de caducidad con su parte.
Por otro lado, entiende que resulta inaplicable el decreto de caducidad dado que resulta ser consumidor y que la aplicación del art. 207 del C.P.C. a su respecto resulta anacrónica.
Asimismo, considera que conforme edicta el art. 207 del C.P.C., no habría obligación exigible pues el marco regulador al que está sometida la demandada se lo impediría.
Por último, entiende que se hace inviable la aplicación del art. 207 del C.P.C. dado que manifiesta haber iniciado en tiempo oportuno la acción de fondo.
II. El recurso no prospera.
En efecto, hallándonos en estado de resolver el recurso incoado, principiamos en señalar que el planteo de nulidad por falta de sustanciación debe ser desestimado.
Ello, por cuanto la caducidad opera por el solo vencimiento del plazo y, naturalmente, sin necesidad de rogación de parte interesada, es decir, de pleno derecho (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As., Comentado, anotado y concordado, 7° edición, pág. 264, numeral "3"; Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", Bs. As. Ediar 1969, pág. 117; De Lazzari, "Medidas cautelares", La Plata, Lib. Edit. Platense, 1995, pág. 180).
En función de lo expuesto, y si bien la caducidad fue resuelta a pedido de la accionada, pudo ser oficiosamente decretada por la Sra. Juez de Grado, con lo cual el agravio referido a la falta de sustanciación debe ser desestimado, además de que tuvo oportunidad de defenderse en esta instancia.
Por otro lado, y en relación al agravio relativo a que le resulta al apelante inaplicable la caducidad del art. 207 del C.P.C. dado su carácter de consumidor, vale comenzar por referenciar que el fundamento de la caducidad dispuesta por el ordenamiento procesal reside por un lado en la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida que no deduce en tiempo la demanda principal y por otro en la necesidad de evitar perjuicios al destinatario o afectado por la medida (Roberto Loutayf Ranea, Tratado de las medidas cautelares, Tomo I, Editorial Jurídica Panamericana, año 1996, págs. 205/6 ).
Asimismo, se ha señalado como otro fundamento del instituto el de evitar que una de las partes pueda ejercer presión sobre la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación del principio de igualdad, ya que al decretarse y cumplirse la medida cautelar, sin audiencia de la contraria, no puede ésta quedar indefinidamente trabada por tales medidas (CN Civ, Sala C, 30.9.76, E.D. 71-220, citado por Loutayf Ranea en la obra referida en el párrafo previo).
Sentado ello, es menester reseñar por un lado que si bien el consumidor posee hoy en día una regulación específica que tutela con precisión sus derechos, ello no lo ha colocado en una figura supra o extralegal respecto de la cual no puedan aplicársele los distintos institutos del ordenamiento procesal, como a todos los ciudadanos. Es más, las franquicias de las que goza el consumidor han sido específicamente reguladas por el legislador, y la inaplicabilidad de la caducidad de las medidas cautelares a su respecto no es una de ellas.
Por otro lado, de seguirse el criterio de la inaplicabilidad del instituto de la caducidad previsto en el art. 207 del C.P.C. en relación al consumidor, llegaríamos a concluir que el caliz de "provisoriedad" de las medidas cautelares no sería aplicable a los consumidores, ya que estas podrían mantenerse sine die, lo cual además de resultar improponible, colocaría al consumidor en una situación de alteración del principio de igualdad que ut supra refiriéramos.
En otro orden, y siguiendo el análisis de los agravios esbozados por el recurrente, importa señalar que las medidas cautelares poseen una nota característica cual es la de "instrumentalidad", lo cual supone que el proceso cautelar carece de un fin en sí mismo y que se encuentra por lo tanto subordinado y ordenado funcionalmente a un proceso principal del cual depende, en miras a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse.
En igual orden de ideas se ha dicho que "las medidas cautelares carecen de autonomía y no constituyen un fin en sí mismas, en virtud del nexo de instrumentalidad que las liga a un proceso principal cuyo contenido y naturaleza condicionan, consecuentemente, la procedencia, mantenimiento y eventuales variaciones de aquellas, debiendo mediar entre el resguardo requerido y la acción que tiende a hacer valer la pretensión fondal una clara línea de congruencia pues, si ella no existe, no corresponde otorgarlas (Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, causa 4249, 114 S, 18/3/2014).
En este caso en particular el apelante no solo que no ha acompañado copia de la demanda incoada dentro del plazo de diez días (solo adjuntó un formulario de mediación) sino que además expone en su memorial que "adentrándonos al caso que nos ocupa, la acción principal que se ha de entablar punta (sic) a que el proveedor del servicio público domiciliario esencial ajuste la variación tarifaria a los criterios trazados por Nuestro Más Alto Tribunal de Justicia in re "Centros de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros s/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo Colectivo", sentencia de fecha 18/08/2016", lo que resulta totalmente disímil con el objeto de la medida cautelar de no innovar solicitada a fs. 27/36 y obtenida a fs. 37/8, esto es, que se ordene a la demandada a abstenerse y/o interrumpir el suministro de energía eléctrica del actor en función del "aviso de suspensión del suministro" fundado en la señalada eventual facturación duplicada de cantidad de kilovatios en que habría incurrido la accionada al leer el medidor n° 268224 del Dr. J. I. M. (v. fs. 27/9). Una muestra acabada de lo aquí reflejado lo constituye otro párrafo del recurso del apelante, lo cual denota con claridad, además, que la demanda no fue incoada. Veamos. Se señala en dicha presentación que "frente a esta dimensión del objeto procesal de la acción principal que se habrá de entablar, no escapa al conocimiento de esta parte la imposibilidad de que el subdistribuidora demandada (sic), pueda llevar adelante aisladamente dicha modificación del cuadro tarifario, frente al marco regulador al que se encuentra sometida".
Sentado ello, no podemos soslayar al respecto de lo que se viene explicando que no solo que no se habría deducido en tiempo y forma la demanda de fondo dentro de los diez días que el ordenamiento exige, sino que solo se ha arrimado a esta instancia un formulario de solicitud de mediación, lo cual incumple con la manda referida. Asimismo, vale precisar que según manifestaciones de la parte accionada a través de las presentaciones electrónicas del 01/11/2018 y 19/12/2018, el aquí apelante luego de obtener la medida cautelar de mención (por el período 01/17), habría dejado de abonar los períodos 05/17 al 10/18.
Otro argumento señalado por el Dr. M. relativo a lo edictado por el art. 207 del C.P.C. radica en que "aún tratándose de una sentencia condenatoria en contra de la demandada, la misma no sería exigible pues el marco regulador al que está sometida se lo impediría".
Ese no es el sentido de la norma. Cuando el art. 207 del ritual se refiere a la "exigibilidad" debe entenderse que la obligación no se encuentre sujeta a plazo o condición, o a cualquier otro obstáculo de hecho o de derecho que impidiera la promoción de la demanda. La obligación exigible como principio, supone la posibilidad de iniciar la acción judicial dentro del plazo establecido (Loutayf Ranea, en la ob. cit prev. pág. 210), pero en modo alguno puede interpretarse que la norma se refiere al progreso de la acción.
Resumiento lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar el pronunciamiento atacado, con costas al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.)
III. Por las razones expuestas se RESUELVE: CONFIRMAR lo resuelto por la Sra. Juez, en función de los fundamentos aquí expuestos. Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.). Transcurrido el plazo del artículo 267 CPCC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-
Fin de la sentencia