Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de San Isidro · Causa SI-886-2013 (J. Nº Juzgado
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el Acuerdo Plenario que antecede, por mayoría se establece que debe declararse de oficio la incompetencia territorial en los juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, cuando el conflicto se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
"LUNA COOPERATIVA DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. C/ GALARCE GUSTAVO ENRIQUE S/COBRO EJECUTIVO"
Expte.: SI-886-2013 (J. Nº Juzgado de procedencia)
Registro Nº 384...
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días de Septiembre de 2014, se reúnen en Acuerdo Plenario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera, Carlos Enrique Ribera, Juan Ignacio Krause, María Fernanda Nuevo, María Irupé Soláns y Jorge Luis Zunino (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “LUNA COOPERATIVA DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. C/ GALARCE GUSTAVO ENRIQUE S/COBRO EJECUTIVO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Soláns, Ribera, Nuevo, Llobera, Zunino y Krause, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial en los juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, cuando el conflicto se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires?
A LA CUESTION PLANTEADA EL DRA. SOLANS, DIJO:
En primer lugar cabe dejar aclarado que existe uniformidad en la jurisprudencia de las tres Salas que integran ésta Cámara de Apelaciones, en relación a la negativa a la posibilidad de declaración oficiosa de incompetencia territorial en juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, en casos en que se plantea la remisión de la causa fuera del ámbito provincial; por aplicación del precedente de la CSJN –“Cía. Financiera Argentina S.A. c/ Toledo Cristian Alberto s/ cobro ejecutivo”- (entre otras causas de esa Cámara: SI804/2014 r.i. 270 del 17/07/2014, SI13537/2014 r.i. 260 del 10/07/14 de Sala Iª, 110.692 r.i. 397/10, 110.693 r.i. 396/10 de Sala IIª, 109.380 r.i. 107/10, SI17.533-2014 r.i. 272/14 de Sala IIIª).
Sentado lo expuesto, resulta oportuno señalar que considero también procede la aplicación del precedente del Tribunal Cimero Nacional antes referido, en los casos en que el conflicto de intervención jurisdiccional se circunscribe al ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires; por las razones que a continuación se desarrollan.
I. La doctrina que surge del antecedente referido (“Cía. Financiera Argentina S.A. c/ Toledo Cristian Alberto s/ cobro ejecutivo” de la CSJN), establece que la facultad de declaración oficiosa de incompetencia en razón del territorio está restringida en forma expresa por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En efecto, por aplicación de lo establecido en el artículo 4, tercer párrafo, del mencionado código de rito, el juez no puede declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, pues ella puede ser prorrogada por las partes (conf. art.1°, segundo párrafo) (CSJN, 24.8.2010, “Cía. Financiera Argentina SA c/ Toledo, Cristian Alberto s/ Cobro Ejecutivo”).
También el art. 1° del CPCC de la Provincia de Buenos Aires, establece que la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales podrá ser prorrogada de conformidad de partes; por lo que tal facultad debe ser contemplada conforme la salvedad que establece el encabezado del art. 5 del Código de rito de la provincia de Buenos Aires. Por tanto, teniendo en cuenta que un criterio jurisprudencial solo puede reiterarse en la medida en que se presenten cuestiones fácticas equivalentes y un análogo marco jurídico (CSJN Fallos 323:1669), entiendo debe darse idéntica solución a la cuestión, ya que idéntica es la cuestión controvertida (declaración oficiosa, en forma previa a oír al demandado en un proceso ejecutivo) como la legislación local en tal punto respecto a la procesal nacional.
II. Conforme el criterio que se delineara en los antecedentes de la Sala que integro, la hipótesis de intervención jurisdiccional en función de los términos de un cartular suscripto por personas capaces (art. 52 y cc Cód. Civil) y variables de determinación de la misma (D/L 5965/63, arts. 1, 2, y 5 del CPCC), ni siquiera se reporta a una convención, sino al texto expreso de la normativa que se supone conocida por todos (arts. 1, 2 y concs., Cód. Civil) y la ley procesal mantiene alternativas de oposición que –en su caso- pueden hacer valer los interesados -también en función de la garantía del consumidor-, por lo que la inhibición oficiosa del Juez en función de la presunción de existencia de un pacto o práctica prohibida en un posible contrato de crédito para consumo final subyacente o corporizado en la cambiaria, surge a mi entender prematura y contraria al cumplimiento de la normativa aplicable y al correspondiente acatamiento de sus efectos (doct. debido proceso, art. 18 de la CN).
Ello, ante la falta de conocimiento mínimamente cierto de la eventual realidad de la existencia de un contrato de consumo y de la actualidad del domicilio real del demandado, amén de la ausencia de oportunidad de expresión del interesado.
La aplicación de normas previstas para las relaciones de consumo (vinculadas a la prohibición de prórroga de competencia) en procesos ejecutivos, donde tal categoría –relación de consumo- no ha sido denunciada por la actora, no existan elementos que instruyan sobre el destino de los fondos aludidos –destinatario final del crédito, en beneficio propio o de su grupo familiar o social-, la alegada deudora no haya tenido oportunidad de expedirse al respecto, no se haya constatado la realidad del domicilio real de la accionada (de clara naturaleza mutable, art. 97 Cód. Civil) y en función de la temprana etapa del proceso, donde no existió notificación ni presentación de la contraria, no hay enfrentamiento de los sujetos considerados en las normas de la ley 24.240 y sus modificatorias, y en estos términos se estaría resolviendo la cuestión sin participación de todos los interesados en contra de la norma expresa que rige la materia en razón del tipo de proceso (art. 1 del CPCC, doct. art.18 de la CN).
III. Y si bien la SCBA ha resuelto la cuestión en sentido contrario (SCBA, Causa 109.305 del 1-9-2010 “Cuevas, Eduardo A. c/ Salcedo, Alejandro R. s/ cobro ejecutivo”), y la doctrina del pretorio ha establecido que su fin es evitar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas (SCBA Ac. 70613, Sent.17-VIII-2011, art. 278 del CPCC), ninguna norma consagra su obligatoriedad (ni el art. 161, ni el art. 278 del CPCC). A ello cabe agregar que la existencia del precedente de la Corte Nacional antes referido y en un sentido que comparto –conforme lo desarrollara supra-, y por los motivos antes expuestos, autoriza el apartamiento de la solución propiciada por la SCJBA, aún cuando el conflicto se de en razón de la competencia en el marco de un proceso ejecutivo y –en principio- en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires.
A todo evento, y respecto a la eventual revocación de la decisión propiciada, cuadra poner de relieve que en función de circunstancias posibles, no necesariamente el caso descripto en la cuestión en análisis se encuentra excluido (ni por el carácter de juicio ejecutivo, ni por tratarse de una cuestión sobre competencia en el ámbito provincial) de toda posibilidad de ser decidido por la CSJN ya que en oportunidades tal Tribunal ha admitido su intervención en juicios ejecutivos, en supuestos calificados por el propio tribunal como “excepcionales” (CSJN fallos 264:19 Morello Cuestiones del juicio ejecutivo”, en JA 1985-
IV- 556, también Conf. Morello, op. Cit.); como asimismo se ha establecido que esta ventana de apertura al recurso extraordinario, que se despliega respecto de las sentencias ejecutivas, se proyecta también sobre resoluciones anteriores y posteriores a la sentencia, que si bien no causan un agravio completamente irreparable, generan si un trastorno grave (Sagüés, Néstor P., “Compendio de Derecho Procesal Constitucional”, IA ed. Astrea., Buenos Aires 2009 p. 134/135). Ejemplo de ello es la resolución que rechaza la prescripción, la que ordenó integrar la litis con cientos de citados como terceros al pleito (por la enorme demora) con consecuencias de imposible reparación y afectación a la garantía constitucional del “debido proceso”; y también abre la Corte el recurso extraordinario en asuntos sobre competencia. En este sentido, y específico caso, la Corte Suprema ha admitido el recurso extraordinario contra la resolución definitiva de una autoridad judicial provincial que deniega dar trámite a cuestiones que se reputan integrantes del fuero federal (CSJN Fallos. 32:292, en JA 1990- II). Cuando la resolución en materia de competencia deriva en la caducidad del derecho, o si lo resuelto en dicha materia importa clausurar en forma definitiva la vía procesal intentada por el afectado (Casos CSJN “Salinas y Laurenz” citados en Sagüés, op. cit., p. 134).
En línea con estas posibilidades de acceso a la CSJN por vía del art. 14 de la ley 48, inigualable émbolo de control del debido proceso y motivación de fallos y de la adecuada prestación del servicio de justicia, que es el recurso extraordinario allí normado (Morello A.M. “Cuestiones del Juicio Ejecutivo Dilucidados en la Órbita del Recurso Extraordinario”, JA. 1985 IV, p.556), se aloja en el art.553 CPCCN, el supuesto en que se ha valorado en forma “arbitraria” un elemento probatorio decisivo, que, de haber sido objeto de adecuada ponderación, conduciría a una solución distinta del caso (Carrió Genaro R y Alejandro, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”).
A mayor abundamiento, nada obsta a que las partes lleven a la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda interpretación de otros tribunales que no coincidan con sus doctrinas y así puedan obtener –si aquella no cambiara su integración ni modificara tales doctrinas-, en el caso concreto, la reiteración de sus criterios y la eventual rectificación de las sentencias recurridas. Precisamente para eso el régimen jurídico argentino prevé el correspondiente remedio federal. (SCBA, Ac 55654 S 17-10-1995).
Entonces, dada la naturaleza de las cuestiones involucradas, es este un asunto que eventualmente podría llegar a ser fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es dable suponer que resolverá como lo hizo en el precedente citado. En virtud de ello, no parece razonable fallar de manera diversa a la que con alto grado de probabilidad cabe suponer que lo haga la CSJN, siendo particularmente necesario destacar a esta altura la conveniencia de que el derecho brinde una guía clara para la conducta de los individuos, de forma tal de poder planear sus asuntos, asegurados contra sorpresas desagradables, eliminando la necesidad de volver a discutir todos los aspectos relevantes en todos los casos y la necesidad de mantener la fe pública en el Poder Judicial como fuente de decisiones impersonales y razonadas (CS de los EEUU, Helvening Commissioner of International Reveneuv.Hallock et. Al 309 106). Siempre que se den las mismas circunstancias fáctico-jurídicas, cabe en principio acatar lo decidido por el máximo tribunal federal (CSJN Fallos 323:1669) en reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten (los Tribunales inferiores) de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (CSJN, Fallos 312:2007), y en el caso los argumentos utilizados por el máximo Tribunal coinciden con el criterio sustentado por la Sala que integro.
IV. De igual modo cuadra destacar que la cuestión relativa a la obligatoriedad de las decisiones de la CSJN presenta varias miradas. Desde el punto de vista del justiciable, realza los valores de previsibilidad, estabilidad e igualdad en las decisiones. Por otro lado redunda en la obligatoriedad del sistema judicial en tanto significa una economía de recursos y la consecuente celeridad en los procesos. (Falcón, Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal Constitucional”, T° II, cap. XXX, “La obligatoriedad de las decisiones de la Corte Suprema”, por Salgado, José María, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fé 2010, p. 783 y ss.).
En este sentido, conforme resulta del fallo C114092 de la SCBA, entre muchos otros, el valor de los pronunciamientos de la CSJN también está dado por la vinculación moral para los demás judicantes de las cuestiones no federales, sobre la base de principios de celeridad y economía procesal (del voto del Dr. Hitters).
En el supuesto de intervención del Máximo Tribunal por vía del recurso extraordinario, como podría ser la cuestión que nos ocupa- existe la obligación condicionada de los magistrados de conformar sus decisiones a los pronunciamientos de la Corte (conf. Hitters, Juan C. “Técnicas de los Recursos Extraordinarios y la Casación p.235). Y aún como cuestión de derecho público local, derecho común, o de hecho-, si bien no se presenta ese imperativo, se considera que sus fallos pueden muchas veces ser valorados como persuasivos, dada la importancia del tribunal, razones de celeridad y economía procesal, que hacen que sea aconsejable tenerlos en consideración. (Art. 5 CN y 116 y 117 CN) (Falcón, op. cit. cap. XXX por José María Salgado, p. 850).
Insisto, hay preceptos legales y extralegales que llevan a concluir que existe un deber de seguimiento respecto de los fallos de la Corte (sea por ese tribunal en línea horizontal, sea por los tribunales inferiores en una mirada vertical) en función de distinta fuente –sujeción legal o persuasiva- de acuerdo a la materia - federal o asimilable (federales atípicas- art. 14 Ley 48), o locales-.
Son fundamentos legales de ello la coordinación de las autonomías provinciales en las cuestiones delegadas al Estado Federal (Art. 5CN) y la supremacía de CN (Art 31), en conexión con la competencia fijada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de uno de los poderes federales en la ley 48, en las diversas variables de acceso al Máximo Tribunal. (Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Falcón, Enrique M. p.898- Eficacia Vinculante o No Vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Ed. 93-891).
Por ello, también en función de tales preceptos, entiendo debe aplicarse la solución del precedente de la CSJN a la hipótesis en análisis.
V. Derivación inevitable de lo anterior es que a la cuestión planteada debo dar mi voto por la negativa; no sin dejar expresado, obiter dicta, que aún cuando el resultado final del plenario determine una respuesta positiva al interrogante, ello sólo dejaría establecida la procedencia de la declaración oficiosa en análisis en procesos ejecutivos en los que el conflicto de intervención se limite al ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en casos en que efectivamente se configure (mediante elementos idóneos) la presunción de la existencia de la relación de consumo pertinente.
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIBERA, DIJO:
Sostuvo el Superior Tribunal Provincial que, si bien impera en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución que impiden debatir aspectos ajenos al título (art. 542 del C.P.C.C), es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37 de la ley 24.240, t.o. según ley 26.361). Ello, obedece al carácter de orden público de dicha ley y su intención de otorgarle al consumidor un régimen especial derivado de su posición en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios (art. 65 ley citada; causa nº 109.305, “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro Rene s/ Cobro Ejecutivo”, 1/9/2010).
Con tal alcance, se posibilitó a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, de la existencia de una relación de consumo.
Más allá si se comparten o no los criterios mencionados, por el principio de seguimiento de los tribunales inferiores respecto de las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y en resguardo de los principios de economía y celeridad procesal, entiendo que corresponde estar a lo analizado y decidido por la misma en el fallo citado (causa nº 110.932 de esta Sala I).
Cabe destacar, que no debe aplicarse al presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a este tema, en cuanto no puede declararse la incompetencia de forma oficiosa (“Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo, Cristián Alberto s/ Cobro Ejecutivo”, del 24/8/2010), ya que encontrándose cuestionada la competencia de dos Juzgados de diferentes departamentos judiciales de esta Provincia, el órgano encargado de dirimir esta contienda sería la S.C.B.A. Al respecto, se sostuvo que la C.S.J.N. carece de atribuciones jurisdiccionales para dirimir conflictos entre tribunales de una misma provincia (Morello, Augusto Mario, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados”, T° II-A, segunda edición, Librería Editora Platense Abeledo Perrot, pág. 391). En este mismo sentido, resolvió que los únicos casos en donde corresponde que dirima un conflicto de competencia, en los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58, es cuando existe una atribución recíproca de competencia entre tribunales que carecen de un superior común (Fallos 327:3894).
Respecto a este tema, la S.C.B.A decidió que, cuando el conflicto de competencia se entable entre dos tribunales de diferentes provincias, el órgano común que debe dirimirlo resulta ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas n° 116.548 del 22/8/12 y 115.820 del 8/8/12, entre otras; art. 161, inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En función de lo expresado entiendo que, en este caso en particular, corresponde aplicar la doctrina legal de la S.C.B.A, ya que se encuentra controvertida la competencia de dos juzgados de diferentes departamentos judiciales de esta Provincia.
Por los argumentos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.
A LA CUESTION PLANTEADA LA DRA. NUEVO, DIJO:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Compañía Financiera Argentina SA c/Toledo, Cristian Alberto s/cobro ejecutivo” (24.8.2010, La Ley 2010-E-180, J.A. 2011-II-51), resolvió ante un conflicto de competencia suscitado entre un Juez Nacional en lo Comercial –quien declinó de oficio su competencia en razón de lo dispuesto por el art. 36 de la ley 24.240-, y un Juez en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, quien a su turno resistió la radicación de la causa (puesto que en el pagaré se había consignado como lugar de pago la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que la contienda jurisdiccional debía dirimirse de acuerdo a lo dispuesto por el decreto ley 1285/58 (t.s. ley 21.708); como que tratándose de una cuestión de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, la misma debía resolverse por las leyes nacionales de procedimiento, en cuyo caso el art. 4 del CPCCN establece que el juez no puede declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales cuando ella se funda en razón del territorio, pues es permitido a las partes prorrogar la competencia (art. 1 del CPCCN).
Pero conviene subrayar que la convocatoria al presente plenario se ha hecho por la Sala Iª de esta Alzada en los términos del art. 37 inc. “b” de la ley provincial 5827 (t.s ley 12.060, fs. 38); y considerando que la cuestión que lo motiva se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires (fs. 39), no puedo dejar de señalar que a diferencia de lo resuelto por la Corte Suprema, no se trata de evaluar en la especie un conflicto de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción, ni por ende que el mismo necesariamente deba dirimirse en función de la normativa invocada por el cimero Tribunal de la Nación (arts. 4 del CPCCN, 24 del decreto ley 1285/58), sino que de acuerdo a lo previsto en los arts. 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional (que consagran las autonomías provinciales), la cuestión que se aborda encuentra marco propicio en el art. 161 inc. 2º (segunda parte) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que atribuye a la Suprema Corte local el conocimiento y la resolución, de manera originaria y exclusiva, de las causas que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva. En este contexto la Suprema Corte de la Provincia ha resuelto en la causa 109.193 (“Cuevas, Eduardo Alberto c/Cáceres, Claudio Maximiliano s/cobro ejecutivo”, el 11.8.2010), y en orden a lo consagrado por el art. 161 inc. 2º citado, que si bien impera en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (conf. art. 542 del CPCC), es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37 Ley 24.240), y dicha lectura armonizante consiste en autorizar a los jueces -remarco por mi parte: provinciales- a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación mediante elementos serios y adecuadamente justificados, de la existencia de una relación de consumo en los términos del art. 36 de la ley 24.240 (t.s. ley 26.361).
El superior Tribunal de esta Provincia ha reiterado tal solución en las siguientes causas: 109.305 “Cuevas, Eduardo Alberto c/Salcedo, Alejandro René s/cobro ejecutivo” (el 1.9.2010); 113.770 “BBVA Banco Francés SA c/Ortíz, Miguel Ángel y/o s/cobro ejecutivo” (el 16.3.2011); 116.507 “Carlos Giudice SA c/Delgadillo Heredia, Agapito s/cobro ejecutivo” (el 7.3.2012); 117.196 “Electrónica Megatone SA c/Lanchez, Mariano Enzo Adrián s/cobro ejecutivo” (el 31.10.2012); 117.393 “Barbagelatta e Hijos SA c/Ramos, Maximiliano Ezequiel s/cobro ejecutivo” (el 10.4.2013); 117.930 “Carlos Giudice SA c/Avendaño, Víctor Hugo s/cobro ejecutivo” (el 7.8.2013); 118.165 “Santa Mónica SA c/Gómez, Jorge Ramón s/cobro ejecutivo” (el 25.9.2013) y 118.815 “Carlos Giudice SA c/Velozo, Myriam Beatriz s/cobro ejecutivo” (el 9.4.2014).
A su vez, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha precisado su posición en la causa 114.308 “Macrostar SRL c/Gómez, Jorgelina y/o s/cobro ejecutivo” (el 27.4.2011), apuntando que reiteradamente resolvió que siendo la competencia territorial prorrogable en asuntos patrimoniales, el juez ante quien ha sido articulada la demanda no puede inhibirse de oficio (arts. 1 y 2 del CPCC), y que habiéndose deducido la demanda en el lugar de cumplimiento de la obligación (art. 5 inc. 3º del CPCC), la declaración oficiosa de incompetencia resulta prematura si de la compulsa de las actuaciones no se advierte la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor; añadiendo que ésa ha sido la doctrina adoptada a partir de la causa “Cuevas” (109.193 del 11.10.2010) y en otras posteriores. Solución que ratificó en la causa 116.740, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Díaz, Jorge Alberto s/cobro ejecutivo” (el 7.8.2013).
Ello así, los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del superior y -sea por la razón que fuere- si no la comparten, marcar sus diferencias. Es que tal como sostuviera la Suprema Corte, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiende a procurar y mantener unidad en la jurisprudencia y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistiesen en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no menoscaba el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta con dejar a salvo sus opiniones personales (conf. causas SCBA Ac. 31.507, sent. del 26-X-82; Ac. 31.996, sent. del 17-V-83, 43.223 del 17.11.1992 en AyS 1992-IV, 257, DJBA 144-47, LL 1993-B,365). En idéntico aspecto, la Suprema Corte ha decidido que debe tenerse presente que el acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia; lo que no significa propiciar un ciego seguimiento a sus pronunciamientos, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. doct. Ac. 42.965, sent. del 27-XI-1990; Ac. 45.768, sent. del 22-IX-1992; Ac. 52.258, sent. del 2-VIII-1994; Ac. 57.981, sent. del 27-XII-1996; Ac. 58.428, sent. del 17-II-1998; Ac. 92.695, sent. del 8-III-2007; C. 101.186, sent. del 24-VI-2009; C. 101.548, sent. del 14-IV-2010, C. 116.994 del 11.12.2013).
En este orden de ideas, la Suprema Corte de la Provincia ha resuelto que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del CPCC, ni resultan vinculantes (SCBA. Ac. 52.187 del 19.4.1994, Ac. 64.598 del 2.3.1999, Ac. 67.882 del 14.3.2001, Ac. 79.515 del 10.12.2033, C. 98.403 del 9.6.2010. C. 117220 S del 26.6.2013), no obstante tener dicha eficacia en temas federales, y en los de derecho común, en cuanto emanan de ese Alto Tribunal, que por ser intérprete final de todo el derecho argentino, le confieren mayor robustez o autoridad a sus pronunciamientos, siempre que su sabiduría y razonabilidad aconsejen su seguimiento (arts. 14 y 15 de la ley 48, y 116 y 117 de la Const. nac.; SCBA LP C 87846 S 11/11/2009).
Así se ha indicado que si bien la Constitución de la Nación no dispone expresamente la obligatoriedad de la doctrina emanada de la Corte Suprema de la Nación (arts. 116, 117), el deber de seguimiento de sus sentencias se deriva de que ella es el último Tribunal de las controversias de constitucionalidad en el orden interno, y en esta materia resulta consistente con el sistema de control de constitucionalidad, que los jueces conformen sus sentencias a las reglas elaboradas por la Corte Suprema en casos similares (conf. Gelli, María A., “Constitución de la Nación Argentina”, Comentada y Concordada, Ed. la Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada, año 2008, pág. 981).
Sin embargo, la convocatoria a este plenario no involucra en principio cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48 (dada la atribución conferida por el art. 161 inc. 2º de la Constitución provincial a la Suprema Corte para conocer y decidir, originaria y exclusivamente, las causas que se generen entre tribunales provinciales a raíz de su respectiva jurisdicción); y aunque la doctrina sentada en un fallo plenario debe ser acatada por los jueces y por las Salas de la Cámara conforme surge del art. 37 inc. "f" de la ley 5827 debido al efecto vinculante de la misma, ello lo es sin perjuicio de que el particular recurra ante la Suprema Corte por inaplicabilidad de la ley (art. 278 y ss. del CPCC), pudiendo la doctrina sentada ser luego casada y sustituida por otra diferente emanada del alto Tribunal provincial (art. 289 del CPCC), siendo esta última, en realidad, la que en definitiva siente la doctrina legal en cuestión (conf. Morello..., “Códigos...”, 2ª ed., Tº III, pág. 966, Lep), tal como la Suprema Corte lo definió en el Ac. 57.721 del 17.6.1997.
Desde esta arista, se ha puntualizado que si bien los mejores frutos del plenario bonaerense se circunscriben a las cuestiones procesales, lo cierto es que el control último de las sentencias definitivas, o equiparables a ellas por sus efectos, quedan al cabo en la esfera última de la casación, que es una sola y constitucionalmente está en manos de la Suprema Corte por el carril de la inaplicabilidad de ley (art. 161 inc. 3º ap. “a” de la Constitución de la Provincia); es decir que la palabra final y vinculante (doctrina legal) está reservada a la casación (conf. Morello, Augusto M., “Los plenarios de las Cámaras platenses y la casación de Buenos Aires”, SJA 2/3/2005; J.A. 2005-I-343). Esto es que en la legislación de las provincias, diversas normas contemplan los fallos plenarios de las Cámaras, pero la existencia en la mayoría de ellos de recursos de inaplicabilidad de ley ante los superiores tribunales locales, hace que tengan un ámbito de aplicación muy reducido y por ende menor importancia; ya que la materia puede ser objeto del llamado “recurso de casación”, y debería dictarse el plenario cuando no hay sobre el tema “doctrina legal” de la Suprema Corte (conf. Ibarlucía, Emilio A., “Los fallos plenarios. Su constitucionalidad y aplicación retroactiva”, La ley 28/07/2009, 1; La Ley 2009-D,1217).
De manera que no cabe sino concluir en la aplicación de la doctrina legal emanada de la causa 109.193 “Cuevas” (y los posteriores fallos mencionados) de nuestro Superior Tribunal Provincial; ello atento a lo dispuesto por el art. 161 inc. 3º. ap. "a" de la Constitución de la Provincia y al deber moral de adecuar las decisiones de este Tribunal a las de la Suprema Corte, cuando éstas son reiteradas y de sentido unívoco, porque en virtud de estas notas revisten, evidentemente, el carácter de doctrina legal (conf. Morello y otros, "Códigos...", 2da. ed. vol III, pág. 495, Lep). Aunque en palabras de la propia Casación provincial, no es necesario para considerar "doctrina legal" -en los términos del art. 279 del C.P.C.C.- que la interpretación que se hace de la ley sea reiterada, pues "un solo fallo, interpretando una norma legal, debe ser considerado doctrina legal, hasta tanto no sea modificado por otro posterior...". (SCBA LP Ac 46105 S 22/09/1992, AyS 1992 III, 461; SCBA LP Ac 53753 S 04/04/1995, AyS 1995 I, 607, LLBA 1995, 691).
En consecuencia, por los argumentos expuestos y adhiriendo al voto del Dr. Ribera en cuanto considera que corresponde aplicar la Doctrina legal de la S.C.B.A., voto por la AFIRMATIVA.
A LA CUESTION PLANTEADA EL DRA. LLOBERA, DIJO:
Por los mismos fundamentos dados por el Dr. Ribera, voto por la AFIRMATIVA.
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. ZUNINO, DIJO:
Por los mismos fundamentos dados por la Dra. Nuevo, voto por la AFIRMATIVA.
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. KRAUSE, DIJO:
Considerando que la pregunta objeto del plenario remite a una cuestión compleja, distinta a la hipótesis de un simple conflicto de competencia entre jueces de la provincia de Buenos Aires -ya que la materia abarca la declaración espontánea de un órgano jurisdiccional sobre su inhibición de intervención (el apartamiento oficioso del Juez Natural conforme el estado del proceso) en contra de lo expresamente dispuesto por las normas locales de rito vigentes (arts. 1 y 5 del C.P.C.C. de la provincia de Bs. As.) y decreto ley 5965/63, en función de privilegiar una interpretación relativa a la aplicación de la ley nacional 24.240 y sus modificaciones, por los mismos fundamentos dados por la Dra. Soláns, voto por la NEGATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo Plenario, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo Plenario que antecede, por mayoría se establece que debe declararse de oficio la incompetencia territorial en los juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, cuando el conflicto se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese, incorpórase al Libro de Acuerdos Plenarios una copia debidamente certificada de la presente, notifíquese y vuelva la causa a resolver la cuestión pendiente vinculada a lo decidido en este Plenario. Regístrese y devuélvase.
Hugo O. H. Llobera Juan Ignacio Krause Juez Juez María Fernanda Nuevo María Irupé Soláns Juez Juez Jorge Luis Zunino Carlos Enrique Ribera Juez Juez Miguel Luis Alvarez Secretario
Fin de la sentencia