Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de San Isidro · Causa 11738-0 (J. 9)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia de fs. 250/7, reduciendo el monto por el cual prospera la demanda a nueve mil ciento veintiún pesos con setenta centavos ($ 9.121,70 $), más el I.V.A. Confirmando el resto que fuera materia de agravios.
Las costas de esta Alzada por el recurso de la actora se imponen a dicha parte en su condición de vencida y por el recurso de la codemandada M. C. S.R.L. en el 66% a su cargo y el resto a la actora atento el progreso parcial de los agravios (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 8.904).
"C. J. C. C/ M. C. SRL Y OTROS S/ ACCION DE REDUCCION"
Expte.: 11738-0 (J. 9)
Registro Nº 182 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 27 días de Noviembre de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: “C. J. C. C/ M. C. SRL Y OTROS S/ ACCION DE REDUCCION” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:
1. La sentencia de fs. 250/7 admite la demanda y condena a M. C. S.R.L. a pagar al actor J. C. C. la suma de 20.000 $, más intereses. Se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados J. A. Z. y M. H. B., imponiéndose las costas al actor. Se difiere la regulación de honorarios.
2. Interpone recurso de apelación el actor a fs. 258, funda el recurso a fs. 274/7, contestando los codemandados B. y Z. a fs. 289/90.
También apela M. C. S.R.L. (fs. 268), expresa agravios a fs. 384/7. La contraria no contesta.
3. Los agravios 3.i. Actor y la contestación de los codemandados Z.-B. Se agravia C. por cuanto la sentencia admite la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados Z. y B..
Refiere que J. A. Z. estuvo a cargo del proyecto y dirección de la obra y M. H. B. figura en los planos como responsable de la construcción, lo cual no fue negado por éstos.
Recuerda los antecedentes de los autos “C. calle M. s/n esq. A. s/n c. M. Co. S.R.L. y otros s/ pretensión indemnizatoria” que tramitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 departamental, en el cual se rechazó la misma excepción opuesta por los referidos codemandados, confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa de San Martín.
Invoca el art. 1646 del Código Civil, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, por lo cual pide que se revoque este aspecto de la sentencia y se haga lugar a la demanda contra todos los demandados.
Los codemandados Z.-B. contestan que la actora efectúa un análisis confuso de sus pretensiones ya que no logra encuadrar claramente el objeto de su reclamo ni la normativa aplicable. Menciona que se encuentra firme el fallo en cuanto establece que el actor ejerció la acción “quanti minoris” en los términos del art. 2174 del Cód. Civil, por lo cual no procede la extensión de responsabilidad al proyectista y director de la obra. Cita parte de la sentencia apelada en cuanto dice que las acciones edilicias o de garantía es exclusivamente entre comprador y vendedor a título oneroso, por ello pide que se rechace el recurso del actor.
3.ii. Codemandado M. C. S.R.L.
a. De manera liminar, se queja la empresa vendedora que al desestimarse la excepción de prescripción, con fundamento en la Ley de Defensa al Consumidor, se afectó el principio de congruencia, su derecho de defensa en juicio y el debido proceso, ya que la demanda fue iniciada por “quanti minoris” fundada en el art. 2174 y concordantes del Código Civil, sin invocar la referida legislación, la que fue aplicada de oficio en la decisión apelada. Por tal motivo afirma que el plazo de prescripción aplicable es el de 3 meses del art. 4041 del Código Civil y no el previsto en la Ley 24.240.
b. Sostiene que también le causa agravio que la sentencia se aparte de la pericia de autos y estime un valor superior al informado por el experto. Asimismo manifiesta que no se tuvieron en cuenta sus impugnaciones. c. Por otro lado se queja porque ordenó pagar intereses desde la fecha de la mora (5/2/2009), cuando los valores de reparación del inmueble han sido fijados al momento de la sentencia. Afirma que la indexación está prohibida y que adicionar intereses sobre sumas actualizadas importa una doble condena.
4. Improcedencia de la excepción de prescripción 4.i. Principio de congruencia En primer lugar debo referirme a lo manifestado por la empresa vendedora, en cuanto afirma en sus agravios que al aplicarse en la sentencia la Ley de Defensa al Consumidor, sin que las partes la hayan invocado, se afectó el principio de congruencia.
El principio dispositivo impone que sean las partes exclusivamente las que determinan el “thema decidendum”, ya que el órgano judicial debe limitar su decisión tan solo a lo que ha sido pedido por aquellas (CA1ªCC La Plata, Sala I, causa n° 211.398, reg. 216/92, 8/10/1992). Y al mismo tiempo la citada norma del inc. 6° del art. 163 del C.P.C.C. obliga al juez a pronunciarse sobre la totalidad de las cuestiones “deducidas en el juicio” (causa “Recomeg S.A. c/ Capraro, Antonio y Cantabella, Amparo s/ consignación”, causa n° 95.508 de esta Sala Iª).
Media apartamiento del principio de congruencia si se admite la demanda con fundamento en una causa distinta de las invocadas al demandar. Lo contrario importa una violación del principio de congruencia, según el cual la sentencia solo puede pronunciase sobre aquellas materias planteadas en los escritos constitutivos del proceso (CNCiv., Sala C, 19/7/2002, ED 202-39).
El sentenciante debe considerar las cuestiones que han sido objeto del juicio y decidir de conformidad con las pretensiones deducidas por las partes (arts. 163 y 330 del C.P.C.C.; esta sala I, Causa nº 97.562).
Es deber de los jueces respetar el principio de congruencia, o sea, ser coherentes en sus decisiones con las peticiones de las partes, no pudiendo el tribunal resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación, o respecto de las cuales no hubiese recaído sentencia de primera instancia. De este modo la función del tribunal superior está circunscripta al contenido del fallo y su concreta impugnación, no correspondiendo expedirse sobre temas que no fueron objeto de decisión en la sede de origen” (esta sala 1ª, “Bronson Stern S.A. c/ Rebuffo, Carlos s/ desalojo por falta de pago”, causa 93.570, 11/9/2003, Reg. 662).
En la sentencia, si bien se aplicó la Ley de Defensa al Consumidor, ello no permite aceptar que la magistrada se haya apartado de las cuestiones que fueron objeto del reclamo, más aún cuando tal como expuse en el punto 4 de estos considerandos, el caso cae bajo los efectos de la Ley 24.240, que es de orden público. Además, la decisión apelada se ha pronunciado sobre aquellas materias planteadas en los escritos constitutivos del proceso, por lo cual no puede aceptarse la queja de la demandada, correspondiendo pasar a tratar el agravio relativo al plazo de prescripción aplicable al caso.
4.ii. El plazo de prescripción La empresa demandada insiste que el plazo de prescripción previsto en el art. 4041 del Código Civil el cual establece que “se prescribe por tres meses la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compraventa; y la acción para que se baje del precio el menor valor por el vicio redhibitorio”, que no debe aplicarse el plazo de 3 años previsto en el art. 50 de la Ley 24.240 (Arias Cáu-Nieto, La prescripción de la acción estimatoria …, DJ 08/06/2011, p. 10).
Como se decidió en la instancia anterior, no puede dejar de aplicarse al caso la Ley de Defensa al Consumidor, ni desconocerse que en su art. 50 la ley 24.240 dispone que en los casos de relaciones que se denominen de consumo, el plazo de prescripción será de tres años, -tal como mencioné, salvo que otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, en que se estará al más favorable al consumidor o usuario (art. 50).
Además conforme lo disponen los arts. 3 y 37 de la Ley 24.240 respectivamente que “en caso de duda se estará siempre a la interpretación mas favorable al consumidor” y que “cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (cc. con el art. 1095, “Código Civil y Comercial”, promulgado por la Ley 26.994).
Debo mencionar que existe un antecedente jurisprudencial en el cual se aplicó el plazo trimensual del art. 4041 del Cód. Civil, pero se trataba de un consorcio de propietarios que había demandado a la empresa que había construido y vendido las unidades funcionales. Se interpretó que dicha acción entablada a los fines del saneamiento de los vicios que padecía el edificio, debía ser enmarcados en la obligación de garantía por vicios redhibitorios en favor de los adquirentes, y que la acción prescribía a los tres meses de conocidos los vicios ocultos (CNCiv., sala F, “Consorcio de Prop. Avenida del Libertador 5624 c. ECMA S.R.L.”, 1/6/2007, DJ 5/3/2008, p. 536). En el caso no se aplicó la Ley de Defensa al Consumidor, pues tal como se explicó, entre los copropietarios accionantes “es posible que la forma de contratación haya diferido entre sí, suponiendo que algunos hayan comprado con la obra a realizar, o “en el pozo” como suele decirse en la práctica, otros con la obra concluida y algunos incluso sean subadquirentes” (Eduardo L. Gregorini Clusellas, Las acciones del adquirente o locador de obra de un inmueble con vicios, LL 2008-C, p. 179; LLOnline: AR/JUR/4270/2007). Pero el presente caso no ofrece tales dudas, el actor compró un departamento a estrenar.
En consecuencia, no corresponde admitir el agravio de la empresa demandada en cuanto sostiene que la acción se encuentra prescripta. Por lo cual propongo que se confirme este aspecto de la sentencia (art. 50 de la ley 24.240; art. 42 de la Const. Nacional; art. 38 de la Const. de la Prov. de Bs. As.).
5. Legitimación pasiva de los codemandados Z.-B.
Ante lo decidido en la sentencia y la queja de la actora, corresponde analizar cuál es el marco jurídico dentro del cual debe analizarse la legitimación pasiva de los demandados y en su caso la procedencia de la acción intentada contra los codemandados Z.-B.
5.i. Relación de consumo A tal efecto recordemos que a partir de la reforma a la Constitución Nacional en el art. 42 del año 1994, con un criterio cada vez más amplio se atiende a la seguridad en las relaciones de consumo, plasmado en la Ley de Defensa del Consumidor.
En este desarrollo, la jurisprudencia jugó un papel preponderante propiciando una interpretación amplia de la noción de consumidor. Este fue el criterio seguido por el máximo Tribunal Federal (CSJN, “Mosca, Hugo A c. Provincia de Buenos Aires y otros”, 6/3/2007, JA, 2007-II-483). En esta tendencia tuitiva de la parte más débil en la relación de consumo, la reforma de la ley 24.240 por la ley 26.361 amplió la incumbencia de dicha normativa (Eduardo L. Gregorini Clusellas, La responsabilidad en el régimen de protección al consumidor, L.L. 2008-D, 1007; Dante E. Rusconi, La noción de “consumidor” en la nueva ley de Defensa del Consumidor, J.A., 28/5/2008; Javier H. Wajntraub, La noción de consumidor tras la Reforma de la ley 24.240; Sup. Esp. Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor 2008 (abril), 153-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 843; Gustavo Caramelo Díaz, La Corte Suprema y los derechos de los consumidores y usuarios”, SJA 10/3/2010, Lexis Nº 0003/014878; Federico M. Alvarez Larrondo, El impacto procesal y de fondo de la nueva ley 26.361 en el Derecho del Consumo, Sup. Esp. Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor 2008 (abril), p. 25). La Ley 24.240, en su redacción originaria, establecía que quedaba comprendida en sus disposiciones “la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda [...] cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas” (art. 1).
El texto fue reformado por la ley 26.361 y actualmente, utilizando un concepto más amplio expresa que su objeto es la defensa del “consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.
Es decir que ya no se describe los contratos ni las cosas que quedan incluidas, sino que se recurre a una expresión genérica del consumidor, quedando “comprendidas todas las relaciones jurídicas por las cuales un sujeto accede al uso y/o consumo de un bien”. Luego hace referencia en particular a los contratos por tiempo compartido, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines (El Código Civil y Comercial promulgado por la Ley 26.994, en los arts. 1092 y 1093 mantiene un concepto amplio de la relación y el contrato de consumo).
Se ha dicho, respecto a los “inmuebles, que ya no se requiere que se destinen a vivienda; tampoco que sean nuevos; ni que haya mediado oferta pública dirigida a persona indeterminada, quedando toda transacción inmobiliaria llevada a cabo por un consumidor sujeta a la normativa en análisis, lo que se ve ratificado por el art. 2° en cuanto enumera como actividad profesional típica a la actividad de la construcción” (Fulvio Germán Santarelli, Hacia el fin de un concepto único de consumidor, LL 2009-E, p. 1055).
Coincidentemente, la jurisprudencia ha entendido aplicable la ley de Defensa al Consumidor en casos en los cuales se reclamaba por la compra de inmuebles a estrenar (CNCiv., sala L, “Quiroz, Héctor Magno y otro c. Vázquez, María Cristina y otro”, 27/3/2009, AR/JUR/4075/2009; C1ªACCMinas, Paz y Trib. de Mendoza, “Castro, Eva Liliana c. Tecnosuel S.A. y ots.”, 11/2/2010, LLOnline AR/JUR/1752/2010).
En el caso que nos ocupa, la empresa demandada hizo construir el edificio a su costo para la venta, según surge de la escritura pública de compra venta (fs. 5), del objeto social (v. contrato de fs. 73/80) y de la contestación de la demanda (fs. 96 vta.). Nótese que según la letra del art. 2° de la ley 24.240 en su texto original, quedaban obligados a su cumplimiento, todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que en forma profesional, aún ocasionalmente, produjeren, importaren, distribuyeren o comercializaren cosas a consumidores o usuarios (Ricardo Lorenzetti, La relación de consumo: conceptualización dogmática, LL 1996-E, 1303).
Los conceptos mencionados ponen de manifiesto que el actor, como adquirente del departamento para consumo final se encuentra dentro del concepto de consumidor (Juan M. Farina, en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, comentario al art. 1° de la ley 24.240, n° 5; Esteban Javier Arias Cáu y Matías Leonardo Nieto, La prescripción de la acción estimatoria y el orden público del consumidor, DJ 08/06/2011, p. 10, comentario a fallo de la CNCiv., sala F, “Mennah, Cristina Liliana c. Fernández Sarcone, Claudia Aída y otros”, 17/11/2010).
Ahora bien, pese a la relación de consumo celebrada entre el actor y la empresa M., debo hacer referencia a lo argumentado por la firma codemandada en cuanto a que no corresponde la aplicación de la legislación del Consumidor porque el actor no la invocó, habiendo fundado la demanda exclusivamente en el art. 2174 del Código Civil.
Si bien es cierto que el actor en la anterior instancia ni en el memorial invocó la ley 24.240, interpreto que en la sentencia se la aplicó acertadamente, no solo en virtud del iura novit curia, sino porque se trata de una ley de orden público (art. 65). Por ello, corresponde su aplicación de oficio (Sebastián Picasso y Roberto Vazquez Ferreyra, Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada, T. I, p. 501), cumpliendo así con el fin protectorio establecido en la Constitución Nacional (art. 42 C.N.; Ricardo Luis Lorenzetti, Consumidores, Rubinzal Culzoni, 2009, p. 24).
Por lo expuesto creo innecesario extenderme en el análisis de este primer aspecto de la queja, pues interpreto que la claridad de la Ley y del caso aquí planteado, ya que se trata de la compra de un departamento a estrenar, construido por la empresa vendedora, lo cual me exime de mayores fundamentaciones.
5.ii. El incumplimiento del proveedor y las acciones que dispone el consumidor La Ley 24.240 pone a disposición del consumidor un amplio abanico de acciones para poder ejercer sus derechos. Ante el incumplimiento de la contraparte dispone de las opciones previstas en el art. 10 bis entre las cuales se menciona la reparación de los daños causados por el incumplimiento de la obligación (además puede requerir la ejecución forzada de la obligación, la sustitución de la prestación por otra equivalente o el ejercicio del pacto comisorio).
También establece el régimen de los vicios redhibitorios (art. 18) y que además podrá solicitar la disminución del precio que pagó (“actio quanti minoris”) o la reparación no satisfactoria de la cosa (art. 17). 5.iii. La demanda contra el director de obra y el constructor Cabe analizar si la misma relación de consumo que unió a C. y la firma M., condena que respecto a esta última quedó firme, en este caso cabe extender la responsabilidad a los restantes codemandados, J. A. Z., proyectista y director de obra y M. H. B., constructor.
Al respecto debo recordar que la sentencia declaró la falta de legitimación contra éstos y rechazó la demanda entablada en su contra, por no haber participado en la compraventa (fs. 253 vta.).
Lo expuesto en el punto 4.i. de este fallo, pone en evidencia que el contrato celebrado entre las partes, C. y la firma M., se trata de una relación de consumo. Aquí el actor reclamó la diminución del precio de venta, equivalente al costo de las reparaciones por los vicios de construcción y el daño moral, lo cual se encuentra admitido conforme a lo dispuesto en el art. 10 bis L.D.C.
Debo agregar que la protección del consumidor que encuentra fundamento en el citado art. 42 de la Constitución Nacional y en la citada ley 24.240, establece que en caso de duda en la interpretación del negocio jurídico debe inclinar la solución a favor del consumidor (cc. art. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial, según Ley 26.994; Ricardo Luis Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho, Rubinzal Culzoni, 2008, ps. 38/40).
Además, la protección al consumidor adquiere mayor importancia cuando se involucra el derecho al acceso a una vivienda digna, con la consiguiente trascendencia económica que ésta plantea “en consonancia con los ingresos medios de una sociedad, justificándose la sujeción de estos contratos a reglas de orden público” (María Isabel Di Filippo, Compraventa de inmuebles, tutela del consumidor y derecho a la vivienda, comentario a fallo, DJ 14/9/2011, p. 27). La Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el fin de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario “que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional” (C.S.J.N., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.”, 21/3/2006, Fallos: 329:695;
F.331.XLII; REX, “Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. –FEMEDICA c/DNCI -DISP 1270/03”, 18/11/2008, Fallos: 331:2614; cit. por SCBA causa C. 115.486, “Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor”, 30/9/2014, juba). Debe tenerse en cuenta que el objeto de esta acción ha sido la disminución del precio de venta equivalente al precio de las reparaciones. El actor además solicitó la reparación del daño moral (fs. 57).
Los vicios que presenta la unidad adquirida por C., han sido detallados en el dictamen del perito ingeniero de fs. 170/4 y explicaciones de fs. 200/3, el cual ilustra la cantidad de deficiencias técnicas de construcción que han provocado los vicios que se denunciaron en la demanda. Lo resume la sentencia en cuanto se menciona la humedad que presenta la unidad funcional objeto de examen y el estado de rajaduras y cuarteamiento de revoques en la parte exterior (fs. 255 vta./6)(Verónica Kozak y Gustavo Valdés, Locación de obra y responsabilidad del constructor, director técnico y arquitecto contratantes, LLC 2013 (junio), p. 491).
Por otra parte el informe del perito señala que las deficiencias constructivas —en cielorrasos del baño, dormitorio, interior de placar y debajo de ventana, etcétera, por falla de capas aisladoras o sellados— ponen en evidencia que los materiales usados y la mano de obra aplicada no se corresponden con una edificación de categoría regular, donde las deficiencias y soluciones constructivas, demuestran con evidencia las deficiencias que justifican la procedencia de la acción por disminución de precio.
La jurisprudencia ha entendido aplicable el art. 40 de la ley 24.240, texto según ley 26.361, en una demanda de daños y perjuicios promovida contra el vendedor y el constructor en virtud de los defectos de construcción existentes en el inmueble a estrenar adquirido por el actor (fallos cit.: CNCiv., sala L, “Quiroz, Héctor Magno y otro c. Vázquez, María Cristina y otro”, 27/3/2009, AR/JUR/4075/2009; C1aACCMinas, Paz y Trib. de Mendoza, “Castro, Eva Liliana c. Tecnosuel S.A. y ots.”, 11/2/2010, LLOnline AR/JUR/1752/2010; CNCiv., sala L, “Acebedo, Marcelo Guillermo c. Samprad S.A.”, 7/10/2008, LL 2008-F, p. 690; C3ªACC de Córdoba, “Llanez de Ruiz, Matilde y otro c. Robi S.A. y otro”, 13/5/2008, LLOnline AR/JUR/4553/2008. En contra: CNCiv., sala A, “N. C., L. B. y otro c. Edificio Seguí 4653 S.A. y otros s/ vicios redhibitorios”, 20/2/2014; LL 2014-C, p. 386, con nota de Pascual E. Ferrillo, LLOnline: AR/JUR/5724/2014).
Coincidentemente se resolvió un caso en el cual se había demandado al director técnico y al arquitecto por haber entregado la obra en condiciones no aptas para habitar. En ambas instancias fue condenado a indemnizar al locador de la obra, pues se dijo que “El constructor de un inmueble y el director técnico asumen una obligación de resultado…” y que el “El profesional que se desempeña como director técnico de una obra incurre en incumplimiento de su obligación de fiscalizar la construcción tanto si el vicio determina la ruina total o parcial como cuando el defecto carente de esa aptitud, es perceptible u oculto” (CACCCont.1ªNom. de Río Cuarto, “Álvarez, María Anahi c. Oga Construcciones y otros s/ordinario (Expte. Nº 401074)”, 29/10/2012, LLC 2013 (febrero), p. 88; LLOnline:
AR/JUR/57070/2012).
Pero el presente caso de diferencia de los resueltos por la jurisprudencia citada, ya que C. demandó por disminución de precio, equivalente el costo de reparación, más el daño moral (8.900 $).
Al contestar la acción, los demandados dijeron que el reclamo por daño moral se encuentra vedado conforme a lo dispuesto en el art. 2176 del Código Civil (fs. 101 vta.), lo cual no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Defensa al Consumidor (art. 10 bis).
En la sentencia el reclamo por daño moral fue omitido, no agraviándose la actora (fs. 274/7).
En consecuencia, si se tiene en cuenta que la demanda prospera exclusivamente por la disminución del precio percibido por M. C. S.R.L., cabe concluir que solo es responsable la vendedora, y no quien realizó el proyecto y dirección, J. A. Z., ni el constructor M. H. B. Conforme lo expuesto, propongo que se confirme este aspecto de la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por estos últimos (art. 2173 y 2174 del Cód. Civil).
6. El monto de la condena por la acción de “quanti minoris”
Conforme surge de la pericia, la demandada incumplió con su obligación de entregar el departamento en las condiciones establecidas en el boleto de compraventa, pues adolece de defectos de construcción. Para formular esta valoración la sentencia apelada señaló que el costo de los arreglos estimados por el experto ascendía a 8.121,70 $, materiales en 1.000 $, más el I.V.A. Agregó que ante la falta de prueba directa sobre el menor valor de una cosa en razón del vicio que la afecta, puede recurrirse a métodos indirectos, ponderando el costo de los trabajos que deben efectuarse para subsanar los vicios defectos se juzgó prudente fijar la suma de 20.000 $ (fs. 256/6 vta.). Es decir, como el actor no ofreció como punto de pericia acerca de cuál era el menor valor de la vivienda adquirida, lo cual hubiese surgido de la tasación de la unidad y el menor valor del inmueble como consecuencia de los desperfectos mencionados, ante su ausencia, en la sentencia se optó, además de tener en cuenta lo informado por el perito, estimar una suma (20.000 $) por el costo necesario para subsanar los defectos de construcción. Ello motiva los agravios de la C., pues afirma que la suma para reparar los desperfectos asciende a 7.182,89 $ (4.936,28 $ -reparaciones-, más 1.000 $ -materiales- y 1.246,61 $ por I.V.A.). Por lo cual afirma que la suma fijada en la sentencia carece de fundamento.
El actor dijo que promovía “acción de quanti minoris que ampara el derecho de mi mandante por el art. 2174 y concordantes del Código Civil, por la suma que surge la pericia de parte adjuntada que asciende a la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS + I.V.A. ($.14.525.-+I.V.A.)” (fs. 52 vta.).
Destaco que no se discute la efectiva existencia de los desperfectos de construcción, sino la suma por la cual se hizo lugar a la acción.
El art. 2174 del Código Civil dispone que la indemnización que corresponde a la acción por disminución del precio, apunta a la diferencia de valores, teniendo en cuenta la merma que en la cosa defectuosa ocasionan los vicios redhibitorios.
Por ello, la acción estimatoria o de quanti minoris tiene por fin estimar el valor entre lo abonado al comprar el inmueble y lo que la parte actora hubiese estado dispuesta a pagar de haber conocido la existencia de los vicios que lo hacían inviable para su destino. La jurisprudencia es conteste en tal sentido en valuar esa diferencia, teniendo en cuenta el costo de las reparaciones necesarias a realizar en la unidad. Como se ha resuelto “Tal extremo, no es otra cosa que un elemento de orientación para establecer, la diferencia por el menor valor que se pide. De modo que poco importa, si se trata o no del arreglo de partes comunes o exclusivas del departamento, y en tal caso a cargo de quien corresponde su imputación. Estamos hablando en la especie de responsabilidad contractual, concretamente, incumplimiento contractual entre comprador y vendedor. Y por un vendedor, que conocía como luego se verá las deficiencias que en principio existían en la unidad”,(CNCiv., sala B, “Cámara, Susana E. c. Silvain, Irma A.”, 25/3/2004, DJ 2004-2, p. 183, LLOnline: AR/JUR/237/2004; Ernesto C. Wayar, Evicción y vicios redhibitorios, t. 2, Astrea, 1992, p. 180; CNCiv., sala B, “Cámara, Susana E. c. Silvain, Irma A”, 25/3/2004, DJ, 2004-2-183; ídem, sala J, “V., E. M. c. Diaz, Roberto”, 11/8/2005, LL, 2006-A, p. 780, con nota de María L. Casas de Chamorro Vanasco, LL, 2005-F, p. 470; cit. por Catalina Moggia de Samitier, La acción estimatoria o quanti minoris y la acción de daños y perjuicios, DJ 6/12/2006, p. 993, comentario a fallo CNCiv., sala E, “Rivera, Raúl E. c. Pérez Rovetta, Susana G.”, LLOnline: AR/DOC/3944/2006). Se encuentra acreditado que el actor compró el 16/8/2007 a la empresa aquí demandada el departamento a estrenar de la calle M. 1278/80, U.F. n° 5, P.B., de San Fernando, por el precio de 60.000 $ (escritura de fs. 4/7). Agrega que comenzaron a manifestarse diversas manchas de humedad en el interior de la vivienda, originadas por filtraciones y rajaduras.
En la pericia ofrecida se informa que el costo total por las reparaciones necesarias ascendía a 8.121,70 $ más materiales por 1.000 $, a lo cual cabe agregar, el I.V.A. No se ofreció prueba alguna acerca de la disminución del precio que hubiera tenido la unidad de haber conocido el comprador los vicios ocultos al momento de la compra. La jurisprudencia se ha expedido en cuanto al objeto de la acción, en términos tales como: “Valorando que la acción “quanti minoris” o estimatoria, ejercida en autos es la que da derecho al comprador a reclamar la devolución de una parte equivalente a la desvalorización de la cosa afectada por la existencia del vicio redhibitorio, y que ella debe ser apreciada en función del costo de los trabajos que se deban realizar para subsanar el vicio o defecto..." (CCiv.7a, Córdoba, 2/8/85, LLC, 985-956 (173-R) (voto del doctor González); o bien "La acción indemnizatoria de daños sólo tiene cabida cuando frente al art. 2174 del Cód. Civil, se hubiere optado por el ejercicio de la acción redhibitoria reclamando la rescisión del contrato en razón de los vicios ocultos de la cosa, no obstante lo cual un sector minoritario de la doctrina admite la indemnización en la “quanti minoris” pero sólo cuando ha existido mala fe u ocultación dolosa o culpable. Si la vendedora actuó de buena fe, y el comprador optó por la acción estimatoria, no cabe hacer lugar a una acción indemnizatoria. (cfr. CCiv., II, 26/6/84, ED, 112-398). Ambas citas han sido extraídas del "Código Civil anotado" de Salas, Trigo Represas, López Mesa, art. 2174, p. 877” (CNCiv., sala B, “Cámara, Susana E. c. Silvain, Irma A.”, fallo cit.).
Por ello, el monto por el que ha de progresar la presente acción estimatoria, está dado por el costo de las reparaciones que hubiesen sido necesarias para que la unidad fuese la que realmente el comprador entendió adquirir, sin vicio oculto ninguno.
Conforme a ello, el costo de los trabajos, incluidos los materiales, fueron informados por el experto, con lo cual se subsanarían los defectos de construcción. En la sentencia se reconoció una suma mayor a la presupuestada por el perito ingeniero (20.000 $), pues ante la ausencia de tasación, se argumentó que para estimar sobre el menor valor de una cosa en razón del vicio podía recurrirse a métodos indirectos, como lo era ponderar el costo de los trabajos que debían efectuarse para subsanar los defectos (fs. 256).
Por tal motivo, propongo que el valor de esos defectos aceptados en la sentencia de grado y cuya existencia no fuera puntualmente replicada por la demandada en sus agravios, se cuantifiquen en la suma de $ 8.121,70 $, materiales 1.000 $ más el I.V.A. monto por el cual postulo que la condena sea reducida.
7. Intereses Por último la vendedora se queja de que se haya reconocido la aplicación de la tasa pasiva desde la mora cuando la suma que se manda pagar se ha calculado sobre valores actualizados. Afirma que establecer el valor actual de las reparaciones del inmueble más los intereses desde la mora, importa una suerte de doble condena.
Cabe recordar que el art. 622 del Código Civil, refiriéndose a los intereses moratorios, prescribe que “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar”. Del precepto transcripto surge con claridad que nuestro derecho admite, por regla que cuando las partes no hayan pactado intereses moratorios, se podrán fijar judicialmente.
En reiterados pronunciamientos la Suprema Corte de Justicia de nuestra Provincia ha dicho que, en materia de intereses moratorios, a falta de convención expresa de las partes o disposición legal, los jueces cuentan con atribuciones para fijar la alícuota de los accesorios que debe abonar el deudor (conf. Ac. 77.434, sent. de 19-IV- 2006, causa L. 87.925, sent. de 24-VIII-2005; Ac. 94.913, sent. de 25-VIII-2010).
Por tal motivo la aplicación de una tasa de interés de mercado -la denominada pasiva- no importa quebrantar la prohibición de indexar, como se afirma en los agravios (fs. 286), ya que esto último ocurre, como ha dicho la Suprema Corte de esta Provincia, fundamentalmente cuando se revalúa el capital de una deuda en dinero en función de determinados índices oficiales (costo de vida -precios al consumidor-, precios mayoristas, costo de la construcción, etc.), que dan una pauta indirecta acerca de las variaciones experimentadas por el poder adquisitivo de la moneda, lo cual aquí no ocurre (SCBA, “Britte, Norberto Valentín c/Emapi S.A. s/Despido”, L 90741 S 23/03/2010; ídem, “Vigueras Ercilia, Luisa c/Dcción. Gral. de Escuelas y Cultura s/Enfermedad accidente”, L 92783 S 17/03/2010; íd., “Ginossi, Juan Carlos c/Asociación Mutual U.T.A. s/Despido” L 94446 S 21/10/2009).
Lo expuesto autoriza a declarar improcedente el agravio planteado y confirmar la sentencia en lo concerniente a la aplicación de la tasa de interés desde la mora.
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos el Dr. Llobera votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, y por los fundamentos indicados, se modifica la sentencia de fs. 250/7, reduciendo el monto por el cual prospera la demanda a nueve mil ciento veintiún pesos con setenta centavos ($ 9.121,70 $), más el I.V.A. Confirmando el resto que fuera materia de agravios.
Las costas de esta Alzada por el recurso de la actora se imponen a dicha parte en su condición de vencida y por el recurso de la codemandada M. C. S.R.L. en el 66% a su cargo y el resto a la actora atento el progreso parcial de los agravios (art. 68 del C.P.C.C.), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la Ley 8.904).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera Juez Juez Miguel L. Alvarez Secretario
Fin de la sentencia