Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de San Isidro · Causa SI-41460-2010 (J. 7)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, debiendo homologarse, en la instancia de origen, el acuerdo presentado a fs. 110/111 bis, el que se adecuará a las etapas cumplidas conforme fuera resuelto en el considerando II, pto. “c”.
Las costas se imponen en el orden causado.
"L. V. y otro/a S/SUCESION AB-INTESTATO"
Expte.: SI-41460-2010 (J. 7)
Registro Nº 166 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 3 días del mes Mayo del año Dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “L. V. y otro/a S/SUCESION AB-INTESTATO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Lobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t i ó n ¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Llobera dijo:
I. A fs. 123 el letrado G. M. solicitó que se homologue el convenio de honorarios que habría sido celebrado con el heredero J. V. L., agregado a fs. 107/108.
La Juez de Primera Instancia rechazó el pedido de homologación y declaró la nulidad del convenio acompañado (fs. 124/125).
Esta resolución fue apelada por M. (fs. 126), fundando su recurso con el escrito de fs. 128/133.
Manifiesta que el acuerdo celebrado con el heredero L. constituye un convenio de honorarios, y no un pacto de cuota litis, tal como se decidió en la resolución cuestionada. Al respecto, expresa que se estableció un precio fijo en dinero que asciende al 15% del valor real de la propiedad componente del acervo hereditario. Sumado a ello, considera que corresponde declarar su validez, ya que L. no acreditó que el convenio en cuestión se encuentre viciado de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. Por otra parte, sostiene que no existe culpa grave de su parte, ya que de las constancias de autos se desprende la falta de interés de L. en concluir con las presentes actuaciones, independientemente del profesional que lo patrocine.
II. El convenio profesional celebrado por las partes.
a. A modo preliminar cabe destacar que el decreto ley 8904/77, aplicable al caso de autos ya que el acuerdo de honorarios que se intenta hacer valer habría sido suscripto el 23-05-2012 (fs. 110), contempla tres tipos de convenio de honorarios que pueden celebrar los abogados y procuradores con sus clientes:
-El contrato en el que se estipula una suma fija por la labor desplegada (art. 3º). Por medio de éste el justiciable y el profesional fijan el monto de la retribución que percibirá como contraprestación por su tarea y, por lo tanto, las estipulaciones que contiene forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma (Hitters, Juan Manuel, Honorarios de abogados y procuradores, Lexis Nexis, 2007, pág. 52).
-El pacto de cuota litis (art. 4). La Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, sostuvo que el pacto de cuota litis constituye un acuerdo sobre la retribución del abogado mediante la percepción de un porcentaje o cuota parte sobre la suma que obtenga el cliente, siendo la idea de la incertidumbre o albur, una característica en este instituto (Ac. 83.212, 3/3/2004).
-El contrato por prestación de servicios permanentes con retribución periódica (art. 18º del decreto/ley 8.904). Mediante éste tipo de contrato se conviene reglar todos los derechos y obligaciones entre abogado y cliente, tanto en la atención del pleito como en la retribución del trabajo profesional del letrado. Señala Hitters, que la paga se encuentra fijada, percibiéndose en lapsos también preestablecidos, siendo obstativa de cualquier reclamo por honorarios judiciales a cargo de su cliente, que pudieran corresponder al profesional (ob. cit, pág. 197; esta Sala causa n°40372, reg. 264 del 15-07-2014). De acuerdo a ello, he de discrepar respecto de la interpretación efectuada en la resolución apelada en cuanto el documento obrante a fs. 110 sería un pacto de cuota litis, ya que, más allá de que se haya establecido como retribución un porcentaje de los bienes que le correspondan a su cliente (cláusula segunda), carece de una de las características esenciales de este tipo de pactos, el álea.
La idea del álea es de la esencia de este pacto ya que la retribución del abogado dependerá siempre del resultado del pleito (art. 4 del decreto ley 8.904/77, causas n° 106.056 reg. 291 del 10-12-2010 y 76.331 reg. 347/98 de esta Sala).
Se ha sostenido respecto a la diferencia entre ambos, que en el convenio de honorarios se fija en forma privada y extrajudicial el monto de los mismos (una suma determinada) entre un abogado y el litigante a quien defiende. En cambio, en el pacto de cuota litis el abogado se hace partícipe y toma interés directo en el resultado del pleito, se estipula en carácter de honorarios una cuota parte determinada del objeto del pleito. Pacto de cuota litis es el que hace un litigante con otra persona ofreciéndole cierta parte de la cosa litigiosa si se encarga de seguir el pleito y lo gana. Presupone un elemento aleatorio en la gestión, que si falta descarta su existencia, aunque la retribución del profesional se hubiera convenido en un porcentual (Malliza, Roberto, Convenio de honorarios y pacto de cuota litis, Rubinzal Culzoni Editores, 2012, pág. 27).
Por otra parte, el pacto de cuota litis resulta propio de los procesos contradictorios y ajeno, en principio, a los procesos voluntarios, pues es el incierto buen resultado de la controversia asumido por el letrado lo que caracteriza a esta modalidad contractual. Si no hay eventualidad o incertidumbre acerca del resultado de la litis, el letrado podrá celebrar otro tipo de convenio de honorarios, con sus respectivas formalidades y limitaciones, más no un pacto de cuota litis (CACC, Mar del Plata, causa n° 161.021, reg. 83 del 03-05-2016).
Por lo tanto, considero que el documento obrante a fs. 110, constituye un convenio de honorarios celebrado en los términos del artículo 3 del decreto ley 8.904/77. b. Ello así, me expediré respecto a la oportunidad para hacer valer tal convenio.
El artículo 6º del citado dec. ley 8.904/77 establece que la revocación del poder no anulará el contrato sobre honorarios, salvo que ella hubiese sido motivada por culpa del abogado o procurador, en cuyo caso éste será reembolsado.
Si bien este artículo solo contempla el supuesto de revocación del mandato y no del patrocinio, una correcta hermenéutica indica que resulta abarcativo de ambas situaciones habida cuenta que sería incongruente que el convenio subsista para el caso en que se revoque el poder al apoderado y no en el supuesto que se trate de un patrocinante (Hitters, Juan Manuel, ob. cit, pags. 89/90).
En el caso de autos, no se advierte culpa grave del letrado M. Al respecto se ha sostenido que la culpa será una situación de hecho que deberá probarse, quizás por el trámite de los incidentes. De quedar demostrada, la fijación de estipendios la realizará el Juez (Hitters, Juan Manuel, ob.cit., pág. 91). Del análisis de las constancias del presente juicio no se advierte que se encuentre acreditada fehacientemente la culpa grave del letrado M., así como tampoco se desprende que se encuentre desconocida expresamente la firma obrante en el convenio en cuestión, ya que a fs. 116, párrafo segundo, se reconoció su suscripción al mencionar que “…el acuerdo no se realizó estando mi representado con pleno conocimiento de lo que firmaba ni tampoco de lo que eso implicaba…” (fs. 116, párrafo segundo). Sumado a ello, también se encuentra reconocida la contratación de los servicios del letrado actor (fs. 116, párrafo tercero). En consecuencia, considero que el convenio se encuentra en condiciones de ser homologado.
c. Sin perjuicio de ello, deberá adecuarse proporcionalmente, en la instancia de origen, a las etapas procesales cumplidas a fin de evitar una vulneración del equilibrio de las prestaciones y un virtual aprovechamiento abusivo por parte del acreedor, conciliando el principio de libertad contractual con las exigencias que fluyen de los principios éticos-jurídicos que se subsumen en las premisas de orden público y buenas costumbres (Hitters, Juan Manuel, ob.cit, pág. 62/63; causa de esta Sala n° 9259, reg. 589/16). d. Por lo tanto, deberá revocarse la resolución apelada, debiéndose homologar el convenio de honorarios presentado por el letrado M., previa adecuación a las etapas cumplidas. Todo ello en la instancia de origen.
En atención a la forma en que se propone resolver el recurso planteado, las costas de ambas instancias se impondrán en el orden causado (art. 68 del CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la resolución apelada, debiendo homologarse, en la instancia de origen, el acuerdo presentado a fs. 110/111 bis, el que se adecuará a las etapas cumplidas conforme fuera resuelto en el considerando II, pto. “c”.
Las costas se imponen en el orden causado.
Regístrese y devuélvase.
Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera Juez Juez Santiago Juan Lucero Saá Secretario
Fin de la sentencia