Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala I) de San Isidro · Causa 50943 (J. 8)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia apelada y se admite la responsabilidad de F. A. S.A.C., en un 30%, por el fallecimiento de H. R. T., por lo cual se la condena a pagar las siguientes sumas que se establecen con carácter definitivo, en atención a la participación que le corresponde en las consecuencias dañosas de hecho. Los respectivos importes deberán ser abonados dentro de los diez días de quedar firme la sentencia (art. 163 inc. 7 CPCC).
Autos: “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Expte. 50.943).
4A favor de N. D. P.: a) por valor vida $ $ 295.285,73; b) por daño moral $ 180.000; c) por tratamiento psicológico $ 5.160.
5A favor de M. S. T.: a) por daño moral $ 75.000; b) por tratamiento psicológico $ 5.160.
6A favor de F. H. T.: a) por valor vida $ $ 85.714,29; b) por daño moral $ 75.000; c) por tratamiento psicológico $ 5.160.
Los importes fijados devengarán intereses a la tasa pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días desde la fecha de ocurrencia del hecho (12/09/2003) hasta el 18/08/2008; a partir de entonces y hasta el efectivo pago, la que abone el mencionado Banco en iguales operaciones respecto a fondos captados en forma digital, es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, hasta el efectivo pago.
Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. A. S.A.” (Expte. n° 46.200) …
"P. N. D. Y OTROS C/ F. A. SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Expte.: 50943 (J. 8)
Registro Nº 46 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 07días de Abril de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en los juicios acumulados: “P. N. D. Y OTROS C/ F. A. SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (causa n° 50.943) y "L. S. A.R.T. S.A. C/ F. M. A. S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (causa n° 46.200) y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia dictada?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. LLOBERA, DIJO:
Los antecedentes de las causas 1. “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Causa N° 50.943)
En el escrito de inicio se relata que el día 12 de septiembre de 2003, siendo aproximadamente las 14.50 hs., H. R. T., quien era gerente general de la S. C. L. de S. G. S.A., viajaba en el asiento delantero del automóvil Ford Mondeo, patente DUT-989, por la Ruta 9 en dirección a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El vehículo era conducido por su chofer personal M.A. C. B. y ambos tenían abrochado su cinturón de seguridad. Señalan que en la parte trasera viajaba D. A. M. Narran que a la altura del kilómetro 213, el conductor perdió el control del rodado e impactó de manera violenta contra la parte trasera del acoplado S. y B., dominio UQW-460 (cargado con maíz), el cual era trasportado por el camión Ford 7000, patente UQW-459, conducido O. O. N. Como consecuencia del hecho fallecieron los dos pasajeros de manera instantánea.
Afirman:
∑ Que pese a encontrarse activado el sistema de apertura, el airbag del asiento del acompañante en el que viajaba H. R. T., no se abrió; el impacto provocó su muerte instantánea.
∑ Que no ocurrió lo mismo con el conductor C. B., quien salvó su vida y sólo padeció lesiones leves, gracias a la apertura del sistema de protección. ∑ Que de haberse abierto la víctima no hubiera fallecido.
∑ Que las fotografías que adjuntan y el informe elaborado por CESVI Argentina S.A., explican las causas de la no activación del airbag del pasajero.
∑ Que los componentes principales del sistema de seguridad se encontraban en condiciones normales de respuesta, aunque en forma parcial, ya que la mitad no se activó y dicha inacción se debió –según el informe referido- a la rotura de las fichas de conexión. ∑ Que es indudable que el Ford Mondeo dominio DUT-989 careció de respuesta adecuada a la seguridad que requería el automóvil, para un evento como el que ocurrió, lo cual es un elemento determinante para la venta de esta clase de rodados.
∑ Que la fragilidad de los componentes secundarios ante una colisión frontal por alcance, con las características de este caso, demostraron lo vulnerable que es el sistema de seguridad pasiva que tiene instalado Ford Mondeo.
Responsabilizan a la demandada porque entienden que la falla en la apertura del airbag del asiento del acompañante, es imputable a ella. Argumentan que el vicio de la cosa fue determinante en el fallecimiento de H. R. T. Asimismo señalan que la accionada es responsable por haber generado el riesgo, al lanzar al mercado un producto con serias deficiencias en el sistema de seguridad para sus tripulantes.
Exponen los antecedentes personales, profesionales y laborales de la víctima del accidente. Reclaman indemnizaciones por la muerte de quien fuera cónyuge y padre de los demandantes, por el daño moral y por los gastos por honorarios por tratamiento psicológico que les ocasionó el hecho; todo ello por la suma total de $ 3.787.440 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba producida. Fundan la acción en los arts. 1, 2, 40 y concordantes de la ley 24.240 y en los arts. 1113 y 1109 del Código Civil (fs.378/391 y fs. 394/396). La accionada al contestar la demanda niega en forma genérica y en particular, la relación de los hechos, la responsabilidad que se le atribuye y los daños invocados por los demandantes.
Reconoce que L. S. C. de S. era titular del automotor individualizado en el escrito liminar y que éste había sido importado por su parte, pero desconoce la fecha en que fue adquirido y si los servicios de mantenimiento se encontraban cumplidos. Expresa que las circunstancias del hecho descriptas en la demanda difieren de la realidad. Afirma que el airbag instalado en el vehículo siniestrado funciona en colisiones de gran intensidad y frontales que no excedan los 30° para cada uno de los lados, de acuerdo a la mecánica indicada en el informe técnico realizado en la ciudad de Pilar el día 17-9-2003, punto 5.
Niega que la víctima falleciera por no haberse abierto el airbag del lado del acompañante o a causa del Ford Mondeo o de su sistema de seguridad; niega que este último no funcionase o fuera defectuoso; que el vehículo haya impactado en forma frontal; niega que el conductor tuviera colocado el cinturón de seguridad, por cuanto así lo indica el dictamen emitido por CESVI Argentina. Según su versión, el fallecimiento fue consecuencia de la sumatoria de diversos factores. Así menciona el exceso de velocidad a la que se desplazaba el vehículo conducido por C. B., su maniobra al tratar de eludir al camión que lo precedía, el cual se encontraba en movimiento y en el mismo sentido de circulación, tal como surge del informe acompañado por la parte actora. También señala la mecánica de deformación que se produjo sobre la carrocería del Ford Mondeo. Refiere que así lo muestran las fotografías agregadas al informe mencionado, del cual resulta que el impacto fue del lado izquierdo del conductor y luego el rodado quedó enganchado de la parte posterior del acoplado y desde ahí sufrió una deformación progresiva de izquierda a derecha, hasta que logró desengancharse. Afirma que resulta imposible que el rodado al momento del accidente se desplazase a una velocidad de 90 km/h, si se tiene en cuenta que el impacto no fue contra una cosa inerte, sino contra un camión que se desplazaba en el mismo sentido a una velocidad de al menos 70 km/h.
Señala que la causa de la muerte de T. obedeció a circunstancias por completo ajenas a aquella por la cual se intenta atribuirle responsabilidad, la que corresponde al conductor del vehículo.
Afirma que no existió defecto de producto alguno y basa su postura en un informe técnico emitido por el Ingeniero H. R. P., de fecha 16/10/2006, quien participara de los ensayos y pruebas efectuados por CESVI Argentina S.A. -acompañado por la actora-; cuyas conclusiones, en relación al buen funcionamiento de los equipos de seguridad instalados en el automotor, coinciden de manera plena y absoluta. El nombrado P. ratificó su intervención y dictamen al prestar declaración testimonial (fs. 651).
La requerida efectúa una transcripción parcial del informe del citado profesional, en el cual se menciona como una de las causas de la no apertura la circunstancia que el tablero del automóvil, debido a la forma del impacto, fue arrancado de su posición “en el instante que media entre la apertura del air-bags del conductor y la del acompañante”. También indica como causa la deformación de la butaca delantera derecha hacia adelante, producto del impacto ocasionado por la persona que viajaba en el asiento trasero sin tener colocado el cinturón de seguridad, que lo hubiese retenido en el asiento.
Asimismo, transcribe parte del informe que integra la demanda, en el cual luego de descartar fallas en el sensor del asiento del acompañante y en la unidad de airbags, o en cualquier otro elemento del sistema, indico que la no activación se debió a una desconexión eléctrica que lo vincula al módulo de control del sistema SRS, al romperse las fichas correspondientes, “Lo cual ocurre al desplazarse el panel de instrumentos de su posición original, produciendo a su vez la misma unidad airbag pierde su ubicación, por estás anclado a esta pieza. Con ello el airbag del pasajero tira de los cables de conexión, desvinculándose al romperse las fichas mencionadas. Evidentemente y debido a la mecánica del impacto, esto ocurre antes de que el vehículo sufra la desaceleración que posteriormente solicitó la apertura de los airbag. Momento en el cual el airbag del pasajero ya se encontraba desconectado (...) se afirma que el airbag del pasajero no se desplegó debido a las deformaciones producidas y a las características del impacto”. Por lo tanto, señala la demandada, que tanto del informe de CESVI ARGENTINA S.A. como del mencionado ingeniero no existió defecto de producto.
También cuestiona el encuadre legal que proponen los demandantes, el derecho aplicable, la jurisprudencia y doctrina citadas. En tal sentido niega la aplicación del art. 1109 del Código Civil, que atribuye responsabilidad en función de la culpa. Señala que la responsabilidad del fabricante obedece a un factor de atribución de carácter objetivo por la circunstancia de haber creado un riesgo al lanzar un producto al mercado, del cual queda exonerado entre otros supuestos por la culpa de un tercero. Atribuye esta última al conductor del automotor dado la forma en que conducía. Expresa que existen elementos que permiten afirmar que aun cuando el dispositivo de seguridad se hubiese activado, las consecuencias del accidente, por su gravedad, no hubiesen diferido del resultado habido; esto por cuanto el habitáculo del lado derecho sufrió una deformación catastrófica, que por su entidad ocasionó que casi desapareciera espacio de supervivencia (extremo que no se presentó del lado del conductor), agravado por la deformación y desplazamiento de la butaca en la que viajaba T. hacia delante; esto motivado por el golpe de quien era transportado en el asiento trasero, quien no llevaba el cinturón de seguridad abrochado. Insiste en que las causas de la muerte fueron la velocidad desarrollada por el automotor, la especial mecánica del accidente y el desplazamiento de la butaca derecha hacia adelante. Hace referencia a que en el caso no se presenta riesgo de la cosa ni vicio en ella.
Por otra parte, sostiene que no se dan los presupuestos fácticos para aplicar la ley 24.240. Señala que H. R. T., con quien no tenía relación contractual alguna, tampoco era el propietario del automotor, ni siquiera su usuario, ya que al momento del accidente era transportado por un chofer de su empleadora, en horario de trabajo y como tal se responsabilizó del accidente a través de su ART. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas (fs. 567/580).
2. “L. S. A. S.A. c/ F. M. A. S.A. c/ daños y perjuicios” (Causa N° 46.200)
La actora inicia la acción de recupero contra la demandada por la suma de $ 238.374, en virtud del contrato de filiación para la cobertura de Riesgos del Trabajo que celebró con L. S. C. L. de S. G. Refiere que debió afrontar la totalidad de las prestaciones dinerarias derivadas del accidente fatal sufrido por H. R. T., en ocasión del trabajo, dependiente de la sociedad asegurada. Por ello, en atención a la facultad que le otorga el art. 39 inc.5 de la ley 24.557, ante la responsabilidad del daño causado que se le endilga a la demandada, le reclama el importe abonado.
Por otra parte, solicita en el punto IV de su demanda, que se notifique la existencia de estas actuaciones a la Secretaría de Comercio de la Nación y a los entes de control correspondientes, a efectos que se evalúe la necesidad de retirar del mercado a todos los automóviles de este tipo dado el peligro inminente que corren sus ocupantes y hasta tanto se proceda a efectuar un peritaje sobre cada unidad (fs.191/196).
F. A. S.C.A. contesta la demanda en sentido similar a la que efectúa en los autos “P. N. c/ F. A. S.A. s/ daños y perjuicios”. Niega que la actora haya abonado a los derecho-habientes los gastos y prestaciones indicadas, como así también que éstas hayan alcanzado la suma de $ 238.374. Reitera que no existió defecto alguno en el dispositivo de seguridad cuestionado, ni relación de causalidad entre su falta de funcionamiento y el fallecimiento de T. Solicita, en caso de demostrarse que su parte deba responder en alguna medida, que deberá estarse a lo efectivamente abonado por la actora y a la atribución de responsabilidad para determinar el quantum de la condena. En relación a la notificación requerida en el punto IV, sostiene que la actora introduce una pretensión de una condena ejemplar y pública, pero carece de legitimación para efectuarla. Afirma que resulta inexistente el interés difuso que pretende preservar o el de consumidora que invoca y que aquí no se está reclamando un derecho de incidencia colectiva, sino un resarcimiento de un daño esencialmente individual y propio de la reclamante. Cuestiona la aplicación de la ley 24.240. Ofrece prueba. Solicita el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas (fs. 242/553). Ambas causas se acumularon (fs. 595 del expediente N°50.943), dictándose una sentencia única.
II. La sentencia.
El fallo desestima las demandas iniciadas por N. D. P., M. S. T. y F. H. T., y por L. S. A. S.A. contra F.
A.S.A.
El magistrado de la instancia de origen consideró, que los reclamantes no pudieron demostrar con prueba alguna las fallas de fabricación aducidas y por ello deben acarrear con las consecuencias de su omisión. Concluye que no existió una falla en la apertura del airbag del acompañante sino que ello ocurrió debido a la magnitud del impacto y a las deformaciones sufridas por el vehículo, lo cual imposibilitó su despliegue. Impone las costas a la actora en su condición de vencida y difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (fs. 849/854 y 861 de la causa n° 50.943; fs. 653/659 de la causa 46.200).
III. La apelación 1. “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Causa N° 50.943)
Los actores apelan la sentencia (fs. 855) y expresan agravios (fs. 878/909), los que fueron contestados por la demandada (fs.915/920).
2. Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. M. A. S.A. c/ daños y perjuicios” (Causa N° 46.200)
La actora apela (fs. 661) y expresa agravios (fs. 675/6782), los que fueron contestados por la contraria (fs.683/687).
IV. Los agravios a) Los planteos i. Autos: "P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Causa N° 50.943)
i.i Argumentos de la apelante Los reclamantes cuestionan el rechazo de la demandada; se agravian en especial por la omisión del tratamiento de cuestiones planteadas y por arbitrariedad en la valoración de la prueba. Reiteran el objeto de la acción, efectúan un análisis detallado de los informes técnicos y dictámenes periciales producidos y argumentan: ∑ Que el sentenciador debió tener en cuenta que la demanda se promovió contra F. A. S.A., en su carácter de fabricante, armador, productor, distribuidor y/o comercializador del vehículo Ford Mondeo Ghia, dominio DUT 989 que participara en el accidente, en el que H. T. falleció como consecuencia de la falta de apertura del airbag.
∑ Que su parte planteó como una cuestión esencial, que el rodado involucrado en el siniestro carecía de un sistema adecuado para soportar un choque por alcance como el ocurrido, pese a ser un auto de alta gama; y por ello fundó la acción en la responsabilidad del fabricante en los términos de la ley 24.240. ∑ Que similar mecanismo de protección que se encontraba frente al conductor se abrió, y por ello salvó su vida.
∑ Que el magistrado debió advertir que la colisión se produjo entre dos automotores en movimiento, es decir, que fue un accidente por alcance y en ese caso la velocidad no fue de 150 km/h, sino de 60 km/h. ∑ Que la demandada reconoció en forma expresa que el airbag instalado en el vehículo en cuestión funciona en colisiones de gran intensidad y frontales.
∑ Que CESVI Argentina S.A. informó que antes del des-aceleramiento de vehículo (colisión frontal) el airbag del pasajero se desconectó de la instalación eléctrica que lo vincula al módulo de control del sistema SRS.
∑ Que la accionada debió poner a disposición del perito ingeniero mecánico el manual del propietario, el manual del Taller del Ford Mondeo y un vehículo de similares características, a fin de que pueda contestar los puntos de pericia propuestos por su parte y sin embargo, no lo hizo.
∑ Que el experto no indicó la razón por la cual el sistema de seguridad se vio vulnerado, cuando es sabido que no sólo está preparado para soportar accidentes frontales de mayor magnitud sino que funcionó abriendo sólo el airbag del conductor.
∑ Que los informes acompañados probaron que el módulo de control del sistema SRS que comanda los airbags funcionó pero el del conductor se desplegó y el del acompañante falló.
∑ Que el perito no se expidió en cuanto a la protección que debía contar el sistema eléctrico del airbag para evitar que antes, durante o después de un choque se produzca una desconexión entre el módulo del control y el airbag del acompañante; tampoco explicó si tales conexiones representan un punto vulnerable del sistema y esta indeterminación no pude beneficiar a la demandada que no puso a disposición del perito un vehículo similar.
∑ Que a pesar de la deformación del panel de instrumentos y de la columna de dirección, el airbag del conductor se desplegó (fs.137, 145 del informe de CESVI), no así el del acompañante.
∑ Que la falla se produjo por un defecto en el diseño, en la fabricación o instalación.
∑ Que a la demandada no se le endilgó responsabilidad por el siniestro sino por el deficiente funcionamiento del equipo en cuestión, el cual debió proteger a la víctima frente a un impacto frontal y relativamente violento como el que experimentó.
∑ Que F. A. S.A. no manifestó, ni probó que el equipo se hallaba calibrado de manera correcta, o que se encontraba suficientemente protegido para evitar la desconexión referida.
∑ Que los puntos 6, 16, 19, 20 y 21, propuestos por su parte no fueron contestados en forma concreta por el perito ingeniero A., sin que el sentenciador efectuase consideraciones al respecto.
∑ Que no tuvo en cuenta que el experto en sus aclaraciones afirmó: “(…) los choques de vehículos contra las partes traseras de otros que circulan en el mismo sentido son totalmente previsibles y en general actúan todos los medios de protección (…)”; aunque después se contradice al expresar que no se le puede dar una protección absoluta al sistema de seguridad.
∑ Que también se contradice cuando afirma que el airbag no se activó pero si lo hizo el pretensor de seguridad y que “(…) el sistema SRS debió emitir las señales de accionamiento hacia ambos elementos (…)”. ∑ Que a fs. 130 se explicó, que si se interrumpe la alimentación de energía por destrucción de la batería del vehículo, el módulo de control del airbag proporciona una reserva auxiliar suficiente para energizarlos durante un mínimo de 150 milisegundos y esto hace que se complete el ciclo de activación.
∑ Que el sentenciador se remite al informe de CESVI Argentina S.A. para decidir el rechazo de la demanda, sin embargo no surge de éste, la razón por la cual un vehículo de alta gama no podría soportar un impacto por alcance de forma tal que funcione el sistema de protección de los airbags; tampoco el tiempo de calibración que tenían, lo que hubiera dado a conocer el momento en que debía producirse la apertura.
∑ Que CESVI menciona en un informe que la desconexión se produjo antes del des-aceleramiento y luego se contradice diciendo que ocurrió por la deformación del panel frontal.
∑ Que el magistrado también tomó en cuenta para decidir el rechazo de la demanda el testimonio de A., quien participó del informe técnico de CESVI Argentina S.A., pero con ninguno de estos medios de prueba demostró por qué se produjo la desconexión.
∑ Que el perito G., designado en los autos acumulados, indicó que la velocidad al momento del impacto fue de 60 km/h, y el informe del CESVI afirmó que era de 90 km/h.
∑ Que la sentencia hace referencia a la velocidad de circulación que consignan los peritos, en un caso 140 km/h y en otro 150 km/h, pero ninguna de éstas es la existente al momento de la colisión, la cual quedó demostrada que fue de 60 km/h (fs. 573 vta. autos conexos).
∑ Que la mencionada deformación estructural del vehículo no alcanza como eximente de responsabilidad del fabricante, porque justamente la construcción del habitáculo debió resistir el choque frontal y su eventual deformación.
∑ Que el magistrado no valoró la autopsia que obra en la causa penal, de la cual surge el detalle de las lesiones que causaron el deceso de H. R. T., y ello pone en evidencia que si se hubiera disparado el airbag no hubiese sufrido el traumatismo de cráneo por el cual falleció (fs.16/7).
∑ Que el juez de primera instancia tampoco tuvo en cuenta la ficha técnica del automotor que publicaba la demandada (fs.156/9), ofreciendo el modelo Mondeo Ghia, con un sistema de “air bags inteligentes” que posee un sensor frontal de desaceleración, que mide su intensidad, en caso de que el impacto sea frontal, que procesa la información en 10 milisegundos, que cuentan con una reserva para energizarlos durante 150 milisegundos. ∑ Que todo ello demuestra que resulta inverosímil que no se haya accionado el airbag del acompañante antes de la deformación del vehículo –circunstancia que era absolutamente previsible-, y si ello ocurrió fue porque las conexiones de los airbags representaban un punto vulnerable del sistema de protección pasiva del automotor.
∑ Que el sentenciador decidió apartándose de la solución legal prevista por el art. 40 de la ley 24.240 y de las disposiciones del Código Civil aplicables al caso. ∑ Que su parte probó la existencia del vicio de la cosa y su incidencia en el fallecimiento de T. ∑ Que a la demandada le correspondía acreditar, para eximirse de responsabilidad, que la causa del daño le fue ajena.
∑ Que la accionada debió demostrar que la falla del sistema no constituyó un defecto de fabricación. ∑ Que la requerida también tenía a su cargo demostrar que el sistema se hallaba calibrado y protegido, para evitar cualquier ruptura que pudiera provocar la consecuente inacción del airbag.
∑ Que el sentenciador omitió aplicar la responsabilidad objetiva y el principio por el cual, en caso de duda, se debe resolver a favor del consumidor, lo cual afecta el principio de congruencia y su derecho de defensa.
Cita jurisprudencia de casos análogos, pide que se revoque la sentencia, se haga lugar a la demandada condenando a F. A.a S.A. al pago de los daños y perjuicios que les ocasionó el fallecimiento de H. R. T., con más sus intereses y costas de ambas instancias. Para el caso de no hacerse lugar a los agravios solicita se distribuya la responsabilidad en un 30 % a cargo del tercero conductor y en un 70 % a cargo de la demandada. i.ii La respuesta de la accionada La demandada al contestar los agravios sostiene: ∑ Que los cuatro dictámenes técnicos obrantes en la causa son coincidentes.
∑ Que no puede calificarse como arbitraria la valoración efectuada por el magistrado anterior, para desestimar el reclamo; por el contrario, pone de manifiesto que las conclusiones fueron fundadas, acorde a los hechos que sucedieron, de manera técnica y científica.
∑ Que quedó demostrada la inexistencia de los defectos de fabricación imputada; y probada la responsabilidad del conductor del vehículo en el accidente.
∑ Que conforme la prueba producida el hecho obedeció a la excesiva velocidad a la que circulaba el automotor, la maniobra realizada por el conductor al intentar esquivar al camión y la deformación de la butaca por el impacto del pasajero transportado en la parte de atrás.
Por todo ello pide que se desestimen los agravios vertidos.
ii. Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. M. A. S.A. c/ daños y perjuicios” (causa N° 46.200)
La recurrente también cuestiona el rechazo de la demanda. Expresa agravios en similar sentido que los oportunamente presentados por la parte actora en la causa Nº 50.943., a cuyos términos me remito en honor a la brevedad. Solicita ser revoque la sentencia, con expresa imposición de costas.
La accionada contesta el traslado y pide su rechazo. b) El análisis i. Determinación de responsabilidad. El derecho aplicable Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) vigente desde el 1° de agosto de 2015 (ley 27.077).
Los reclamantes centran la acción en la responsabilidad del fabricante por los daños y perjuicios que atribuyen ocasionó un pretendido defecto o vicio del automotor siniestrado. En la causa n° 50.943 la parte actora entiende que la situación se encuentra comprendida en las normas del derecho del consumidor sin perjuicio de la aplicación de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. En el Expte. N° 46.200, la demandante, aunque partiendo del mismo esquema de responsabilidad de la accionada, pretende el recupero de las sumas que dice abonó con motivo del fallecimiento de H. R. T., conforme lo dispuesto por el art. 39 de a ley 24.557.
La accionada reconoce que el titular del vehículo Ford Mondeo era L. S. C. de S. y que había sido importado por su parte; y que la víctima fatal circulaba como acompañante en el momento en que se produjo el hecho. Pero cuestiona la aplicabilidad al caso de la ley 24.240. Si se tiene en cuenta que H. R. T. viajaba en el auto Ford Mondeo, propiedad de L. S. C. L. de S. G., el que fue importado por la demandada F. A. S.A. y era conducido por un tercero M. A. C. B., la cuestión debe abordarse desde las diferentes etapas del hecho. Para determinar la existencia de posibles responsabilidades, cada aspecto debe juzgarse bajo las normas que le son propias, en función de la naturaleza del vínculo jurídico establecido.
El art. 7 del CCCN dispone que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
En los fundamentos del Proyecto de Código, se expone, en relación al referido artículo, que: “Se introduce una ligera variante con relación a la regulación actual del artículo 3º del Código Civil con relación a los contratos en curso de ejecución y las nuevas normas supletorias. Según el entendimiento tradicional, la vigencia de las normas supletorias se basa en que las partes han callado porque la ley preveía lo que ellas querían estipular y porque acordarlo en el contrato, hubiera sido una estipulación sobreabundante e inútil. Por consiguiente, si una reforma legislativa altera los preceptos supletorios de un contrato dado, los contratos en curso deben ser juzgados por la vieja ley, que forma parte de ellos; en realidad, lo que se respeta no es la vieja ley, sino la voluntad de las partes. Sin embargo, tratándose de una relación de consumo, particularmente cuando el contrato es de duración, cabe descartar la presunción de una voluntariedad ‘común’ sobre la remisión a las normas supletorias vigentes. Por ello, dado que es de presumir que la nueva ley mejora según lo justo, la derogada y que el legislador la sanciona de acuerdo a lo que parece más razonable según los cambios sociales o las prácticas negociales, procurando interpretar lo que hubieran con justicia pactado las partes de haberlo previsto, parece conveniente que, en estos contratos de consumo, la regla sea invertida en el sentido que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le sean aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia, sea más favorable al consumidor”. De tal forma, los efectos dañosos producidos por el hecho ilícito, aunque deban ser reconocidos y cuantificados en este tiempo, se rigen por la ley vigente al momento en que ellos se produjeron; esto resulta coincidente con el principio según el cual aquellos debieron ser reparados en la oportunidad en que se infirieron. Por lo tanto el hecho en sí como sus consecuencias se rigen, en lo que a la relación entre víctima y dueño o guardián se refiere por la norma entonces en vigor, es decir, el Código Civil (arts. 1113 y cc.).
Sin perjuicio de ello, de verificarse una relación de consumo entre el ahora fallecido y la importadora del automóvil, se corresponderá aplicar la norma que sea más favorable al consumidor, quien en el caso sería un consumidor equiparado (arts. 1092 seg. parte CCCN) y de mediar duda sobre dicho encuadre, la situación ha de resolverse en beneficio de este último (art. 1094 CCCN). En cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor y el CCCN en su Libro Tercero, Título III, regulan lo que la Constitución Nacional en su artículo 42 denomina relación de consumo. El sistema normativo de protección al consumidor ha incidido de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico de carácter patrimonial, alterando los efectos ordinarios que se producían con anterioridad a su entrada en vigencia. Las normas en cuestión afectan la aplicación de otras del derecho civil, comercial y procesal, entre otras, para comprenderlas e integrarlas de un modo sistemático, lo cual ha de hacerse conforme las pautas que brindan los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095 (Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.
En distintos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21/03/2006, "Fallos" 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. - FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", 18/11/2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda; en igual sentido CC 2 Quilmes, causa n° 16.462, RD 113/15, S 07/08/2015, “Sosa Miguel Angel C/Automotores 2001 y otros s/Daños y Perjuicios”, JUBA. En el mismo sentido la Suprema Corte provincial en la causa n° 115.486, del 30/09/2014, “Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor”, resolvió que “(...) La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: ‘la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario’ (SCBA, LP, C 117.760, S 01/04/2015 “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”, JUBA). Y que “(...) una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente patrimonial sino que en ella hay una concepción particular de la sociedad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en estos la relación se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados (...)” (SCBA, LP, C 117.245, S 03/09/2014, “Crédito para todos S.A. contra Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo”; JUBA).
Se advierte en todo lo dicho que un vínculo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de responsabilidad derivada de los contratos, en general, o bien bajo las específicas del sistema protectorio del consumidor, por el cual se procura restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil frente a quien se caracteriza por su profesionalidad en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servicio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta.
En el supuesto que nos ocupa si la sociedad, cuyo objeto es la actividad aseguradora, adquirió el automotor para satisfacer las necesidades de traslado de sus integrantes, representantes y/o empleados, aspecto del caso que no se halla controvertido en esta instancia, ello no implica el propósito de disponer de aquél para integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, sino que pone en evidencia que la empleadora de T. lo había adquirido para su uso, máxime cuando tratándose de una persona jurídica el bien no podía ser usado sino por los integrantes de sus órganos sociales o por personal de su dependencia.
Aprecio que el carácter de destinataria final del automóvil aparece claro desde que el bien no se integra al servicio brindado por la aseguradora a sus clientes, puesto que no sólo no aparece como necesario para el negocio del seguro sino de modo fundamental porque no fue adquirido para la prestación brindada a su clientela sino al servicio de su personal. Diferente es el caso del vehículo que se incorpora para realizar el servicio en sí, como ocurre, por ejemplo, con las unidades automotrices destinadas al transporte público de pasajeros; sin ese bien no hay posibilidad alguna de prestar el servicio, por lo cual lo integra por definición.
La norma que introduce el Código es más amplia que la contemplada por el anteproyecto que excluía de la tutela aquellas operaciones que tuvieran vínculo con la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. De todos modos, aun con la redacción actual debe verificarse que el destino sea como destinatario final, pues esta condición resulta de los arts. 1092, 1093 y art. 1 de la ley 24.240 (LDC); ello excluye cualquier clase de insumos, materias primas, componentes, etc., ordenados a alguna modalidad de transformación, de modo tal que lo adquirido no quede para el adquirente o usuario, sino que se lo afecte a su posterior enajenación (en igual estado o modificado y/o transformado) o bien a la prestación en sí del servicio objeto de negocio. Por el contrario y conforme la amplitud de la norma, la adquisición de un vehículo que no aparece afectado a la prestación del servicio de aseguramiento, objeto social de la adquirente, debe entenderse que lo ha sido como destinataria final.
Por otra parte no en todos los casos, la aplicación del derecho del consumidor lleva necesariamente a una solución diversa de la que correspondería conforme al derecho común.
La jurisprudencia ha desestimado la protección como consumidor en supuestos en que la actividad del adquirente requería de modo ineludible del automotor para desarrollar la actividad; se trata de supuestos en que el vehículo resulta el medio necesario para la prestación del servicio, en otras palabras cuando sin él no podría brindarse. Como antecedentes en tal sentido se pueden mencionar:
a) La acción en la que el adquirente de un rodado tipo transporte de pasajeros, reclama de la concesionaria defendida, resarcimiento indemnizatorio como consecuencia de que con posterioridad a la compra y al gestionar la habilitación de la Unidad le fue informado por la Comisión Nacional de Transporte Automotor que ella no era posible por incumplimiento de ciertos recaudos no satisfechos por el fabricante-importador ni por el vendedor, consistentes en la presentación de planos para su aprobación por la autoridad administrativa, provocando que la unidad fuera luego habilitada para transportar una cantidad de pasajeros inferior a la consentida por su real capacidad física (veintinueve pasajeros), lo que le habría irrogado al pretensor ciertos perjuicios de orden patrimonial, caso en el cual resulta improcedente invocar la ley de defensa del consumidor (ley 24.240, modificada por ley 24.499), toda vez que existían elementos que permitían afirmar sin hesitación que el actor hacía del transporte de pasajeros su profesión habitual. De tal modo que aparecía la intención del reclamante de adquirir el vehículo para continuar “su vida económica en un proceso productivo que habría de culminar con una ulterior comercialización a terceros del servicio de transporte. De modo que la compraventa del automotor fue un acto profesional, lo cual resulta incompatible con el acto de consumo, pues la figura del consumidor se halla consustanciada con el agotamiento del bien o del servicio (cfr. Stiglitz - Stiglitz, Derechos y defensa del consumidor, Ed. La Rocca, Bs. As. 1994, ps. 111 y ss.” CNCom., Sala A, “Aman, Juan C. c/ Príncipe Automotores y otro”, 3/07/2003, PSJCNCom.).
b) En un juicio en el que “(…) una sociedad dedicada a la prestación de servicios de radio-remis reclamaba el resarcimiento de los daños padecidos a causa del incumplimiento contractual atribuido a la defendida, consistente en que los vehículos que adquirió a la importadora, distribuidora y representante de una empresa automotriz extranjera presentaron desperfectos (...), resulta improcedente que la reclamante postule (...) que debía tratársela como un consumidor de buena fe de un artículo jerarquizado por la marca de su fabricante y, por ende, aplicarse la ley de defensa del consumidor, responsabilizando a la mentada fabricante. Ello pues, en la especie la actora expresó que los rodados se adquirieron para prestar servicios de remis a terceros, ergo, está excluida del ámbito de aplicación que prevé la ley 24.240: 2-2° párrafo.” (CNCom., Sala B, “BLUE WAY S.A. c/ CIDEF ARGENTINA S.A.”, 21/12/2005; en igual sentido, Sala D, 22/2/2008, "Casale, Mónica c/ SVA S.A."; PSJCNCom).
c) En una demanda de daños y perjuicios contra una concesionaria y un fabricante, “(…) a causa de los desperfectos técnicos que manifestara el automóvil adquirido a las demandadas, se decidió que no resultaba aplicable la ley de defensa del consumidor toda vez que el actor adquirió el bien para darle un uso comercial. Ello así, pues afirmó en la demanda que se había trabajado sobre la posibilidad concreta de efectuar servicios de transporte con la unidad 0 km (...). Sentado lo anterior, corresponde absolver a la concesionaria, toda vez que no puede imputársele responsabilidad en el marco de lo dispuesto por la ley 24.240, pues dicha normativa exige que quien compra el bien sea el consumidor final, y el actor no lo es. (CNCom., Sala C, 5/06/09, “Domínguez Oria, Juan Antonio c/ Renault Argentina S.A.”, PSJCNCom.
d) Asimismo se decidió que no está alcanzado por el concepto de consumidor (ley 24.240, art. 1) “(…) quien compra una fotocopiadora con el deliberado propósito de integrarla a una cadena de comercialización y con una finalidad netamente mercantilista.” (CNCom. Sala E, 22/05/2006, “De pascale, Inés c/ Lardo, Danielo”, PSJCNCom.).
e) Además, se resolvió que, “(…) si bien las modificaciones operadas en la ley 24.240 por virtud del texto ordenado de la ley 26.361 (B.O. 07/04/08), ampliaron considerablemente el alcance de la noción de consumidor, sin embargo, lo cierto es que incluso con tales modificaciones permanece incólume la intencionalidad del régimen legal en punto a ceñir el concepto de consumidor o usuario a aquellas personas físicas o jurídicas que no explotan con sentido comercial el bien o servicio de que se trate. En la exposición de fundamentos de la Cámara de Diputados de la Nación se expresó, en ocasión del tratamiento de la ley 26.361, que se mantiene la exclusión tuitiva de la ley 24.240, de defensa del consumidor, para los proveedores que adquieren o utilizan bienes o servicios para integrarlos en otros bienes o servicios que ellos a su vez proveerán. De modo que el criterio subjetivo establecido por la originaria ley de defensa del consumidor, en punto a que se hallan exceptuados de su amparo quienes no resultan destinatarios finales (según el nuevo texto) en beneficio propio o de su grupo familiar, no ha sido alterado por la actual redacción de su primer artículo ni por la supresión del segundo párrafo del artículo segundo. Se confirma, pues, que quienes asignan un destino productivo al bien o servicio en cuestión, no pueden procurar la protección brindada por este régimen tuitivo” (CNCom., Sala C, “Las Lunitas S.R.L. c/ La Mercantil Andina S.A." del 12/09/08; ídem, ídem, 5/06/09, “Domínguez Oria, Juan Antonio c/ Renault Argentina S.A.).
f) En un pleito promovido por quien contrato un sistema de alarma para proteger el comercio de su única titularidad, se decidió que “(…) no puede considerárselo consumidor final, que lo haga sujeto pasivo del régimen protectorio de la ley 24.240” (CNCom., Sala E, 29/08/2007 “CELENZA, Sergio C/ PROSEGUR S.A.”, PSJCNCom.).
g) En otro fallo se dijo que cabe considerar como consumidores a los efectos de la ley 24.240, “(…) aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes (...) o servicios (...) como destinatarios finales, resultando indistinto que se efectué a título personal, familiar, social o de su círculo íntimo; resultando en cambio excluyente de tal norma legal cuando el propósito final sea disponer del bien o servicio con carácter profesional. Esto es, comercializarlo, tal como lo obtuvo o transformado”. En la misma oportunidad se dijo que “corresponde declarar aplicable la ley 24.240 respecto de una persona jurídica como consumidor protegido por tal norma legal, si -como en el sub lite- aquella adquirió a título oneroso un automotor cero kilómetro con la finalidad de utilizarlo en su propio beneficio, para satisfacer las necesidades de una empresa comercial: en particular la necesidad de traslado de su representante legal y del cuerpo de profesionales para la supervisión de las obras en ejecución. Es decir, como consumidor o destinatario final del bien, sin el propósito de disponer de éste, para a su vez integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros; este es el alcance protector que emana de la ley 24.240, arts. 1 y 2, que torna necesario armonizar la expresada finalidad con la calidad de destinatario final que ostentaba la sociedad allí actora, por esencia, una consumidora. (CNCom., Sala A, 21/11/2000, “Artemis Construcciones S.A. c/ Diyon S.A.”, LL 30.4.01, PSJCNCom; ídem, Sala D, 18/10/2010, "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.” PSJCNCom.).
En la precitada causa “Artemis Construcciones S.A. c/ Diyon S.A.”, se decidió que “(…) cabe hacer lugar a la demanda por resolución de un contrato de compraventa cuando como en la especie el vehículo que adquirió el reclamante destinado a servir como medio de transporte a miembros y empleados de una empresa constructora para supervisar obras y visitar proveedores en varios puntos de esta Ciudad y del Gran Buenos Aires, presentaba vicios -fallas eléctricas que se detectaron inicialmente en el funcionamiento de la luz stop, con el posterior agravamiento de los problemas, lo que motivo que el vehículo ingresara al taller y que ante la falta de respuesta se labrara acta de constatación notarial con intervención del jefe de esa área del concesionario, de manera tal que el producto que se entregó al damnificado no es fiable, ni tampoco apto para el cumplimiento de su destino, ni puede aseverarse que con su utilización no resultaran daños a la persona o bienes del consumidor o usuarios, rigiendo en forma imperativa, lo dispuesto por el CCiv: 2176, respecto de los vicios redhibitorios por remisión de la ley 24.240: 18. Todo ello, sin perjuicio del deber de seguridad u obligación tácita de garantía emergente de la regla de buena fe, consagrada en el CCiv: 1198, que impone a los empresarios (...) el deber de no dañar a través de los productos y servicios provistos al consumidor, tanto a su persona como a los demás bienes” (CNCom., Sala A, 21/11/00, LL, 30/4/2001).
Es cierto que la aquí actora, como sociedad dedicada a la actividad aseguradora, no pareciera encuadrar en cierto concepto de consumidor entendido como integrante de “... la categoría de los débiles jurídicos en el marco de la sociedad contemporánea posmoderna y globalizada, notablemente influenciada en sus relaciones jurídicas por la economía de mercado. Los consumidores, aunque cuantitativamente mayoritarios, ya que ‘todos somos consumidores’, constituyen una minoría cualitativa por su vulnerabilidad e inferioridad técnica, fáctica y jurídica frente al poder de las empresas especialmente las megaempresas, prestadoras y productoras de bienes y servicios” (CC 1, Lomas de Zamora, causa n° 63.986, RSD- 27-8, S 21/02/2008, “Mercurio, Cosme Gregorio c/Organización Sur Automotores S.A. s/Sustitución”). Sin embargo, más allá de su condición empresarial, ésta no le confiere una posición diferente a otro adquirente de un automotor, al menos cabe afirmar ello con certeza cuando se trata de vicios del producto o fallas atinentes a la seguridad de las personas, aspecto este último en el cual no cabe hacer distinciones.
No desconozco que en materia de operaciones bancarias el Máximo Tribunal de esta Provincia ha señalado que “En las operaciones activas, el cliente es destinatario final cuando se trata de créditos para consumo, hipótesis contemplada en el art. 36. No predicable tal situación, en principio, cuando los préstamos se aplican en orden al desarrollo de alguna actividad productiva o de comercialización excluida del ámbito de aplicación de la ley 24.240 (...) Los contratos bancarios pueden originar una relación de consumo sujeta a las reglas impuestas por la ley 24.240. Mas ello es así en aquellos supuestos en que se dan los requisitos de calificación previstos en la ley. En el tráfico de una entidad financiera, son consumidores quienes destinan el producto bancario para su consumo final. A este segmento dirige su tutela la ley 24.240 cuyo art. 1º dispone que ‘La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar o social ...’ A su turno, el art. 2, en su segundo párrafo -en su versión anterior a la ley 26.361-, preveía que ‘No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros’. La exigencia del destino de consumo final es mantenida en la nueva redacción dada al art. 1 por la ley 26.361.” (SCBA, LP, C 95.758, S 09/12/2010, “Volpe, José c/Banco de Buenos Aires s/Nulidad, repetición y compensación”, JUBA). Del referido precedente provincial, se infiere que nuestra Corte ha excluido del régimen tuitivo del consumidor la adquisición de un producto o servicio, en ese caso de naturaleza bancaria, cuando su destino se ordenaba al desarrollo de una actividad mercantil; en esa concepción el dinero aparece como una suerte de insumo pues con él se adquirían bienes o servicios o materias primas para integrar en la producción.
En mi parecer la adquisición de un automotor para usarlo en el traslado de personal, cualquiera sea la jerarquía de este último, no se encuentra alcanzada por el citado razonamiento de la Suprema Corte. Por el contrario entiendo que el supuesto que nos ocupa implica destino final, pues no es adquirido para prestar servicios a con él terceros, como ocurre en los citados fallos de la Cámara Nacional en lo Comercial.
La protección al consumidor requiere que lo adquirido no constituya una etapa o un medio para la elaboración del producto o del servicio que se prestará a un tercero, resultando una interpretación restrictiva aquella que pretende reducir su alcance a personas sin actividad empresarial. Esta tiene muy numerosas expresiones y dimensiones, con la consiguiente desigualdad en sus posibilidades de información y defensa de derechos, y además, el proveedor mantiene, aún en casos de relativa equivalencia económica, una preminencia sobre el co-contratante, pues posee una profesionalidad respecto al producto o servicio que comercializa, de la cual no goza quien lo adquiere. Allí existe una clara desventaja que debe ser equilibrada por las normas protectorias del consumidor.
Es necesario tener presente que el consumidor es el último eslabón de la relación de producción; es el final de la línea de producción. En efecto, cuando el consumidor compra un producto es él o su grupo familiar o social quien lo consumirá. El producto finaliza allí su paso por el proceso productivo el que comprende diversas etapas: fabricación, distribución por diversos canales, logística de trasladarlo y comercialización final hasta manos del consumidor.
Este es el alcance protector que emana de los arts. 1 y 2 párrafo segundo de la LDC, por lo cual se torna necesario armonizar la expresada finalidad con la calidad de destinatario final que ostenta el consumidor (CNCom. Sala A, 21-11-2000, LL, 2001-B-839).
Por ello, en mi opinión no existe ninguna duda en cuanto a que la sociedad que ha adquirido una cosa para servirse de ella para sus actividades, pero no como insumo de la producción de bienes o servicios, sino para usarla para las necesidades de su personal, esto es sin que tal la adquisición esté destinada a una nueva enajenación en el mismo estado o luego de ser transformado de algún modo, el acto constituye un contrato de consumo en los términos contemplados por el CCCN (art. 1094), generándose la respectiva relación (art. 1092 y art. 3 LDC).
La figura del consumidor se halla consustanciada con el agotamiento del bien o del servicio (Stiglitz - Stiglitz, Derechos y defensa del consumidor, Ed. La Rocca, Bs. As. 1994, p. 111 y ss.). Y en este sentido el automóvil adquirido por la sociedad para la cual trabajaba la víctima, concluía en dicho ente su existencia como tal, sin estar destinado a un servicio a terceros, a diferencia de lo que ocurre con un automotor adquirido para transporte de terceros.
El criterio que aquí sustento no es exactamente el expresado por esta Sala en los autos caratulados “Tartaglini, María Julieta y otra c/ Adecam S.A. y otro s/ daños y perjuicios” en los cual se dio al concepto de consumidor una comprensión más amplia. Sin embargo en aquella oportunidad se partió de un enfoque congruente con el criterio del consumidor expuesto, figura que no es contemplada en la actualidad por el CCCN, ni por la LDC tal como ha quedado luego de la reforma introducida por la ley 26.994.
Sin embargo, aun con un criterio como el entonces expuesto, y en función de las consideraciones formuladas más arriba, aprecio que en el presente caso la situación se encuentra comprendida en los alcances del régimen protectorio del consumidor.
Lo manifestado por la reclamada, en cuanto a que no procede aplicar las normas de protección al consumidor, por cuanto el hecho ocurrió en el marco de una relación de trabajo entre la víctima y la propietaria del automotor (fs. 576), no quita a ésta la condición de consumidora ni a la primera el carácter de consumidora equiparada.
Por todo ello concluyo que entre F. A. S.A.C. y la propietaria del automotor existió una relación de consumo, derivada de su adquisición, más allá que la compra haya sido directa o por intermedio de un concesionario, ya que el reclamo tiene lugar por una atribuida deficiencia del producto (arts. 1092 y 1093 CCCN). En ese escenario la víctima ha revestido el carácter de consumidor equiparado, figura contemplada por el art. 1092 segundo párrafo del CCCN. En efecto, el acompañante no integró la relación de consumo habida entre el importador y la propietaria, pero claramente, como consecuencia de ella y como destinatario final, sea en beneficio propio o de la actividad social (empresarial) que desarrollaba, utilizó el bien adquirido. Aprecio que tal es la interpretación que corresponde en virtud de lo previsto por el art. 1094 (CCCN) por el cual las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. Y además, el artículo prescribe que en caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.
Lo hasta aquí analizado brinda un aspecto a tener en cuenta referido a la responsabilidad, pues en virtud de ello será aplicable la obligación de seguridad contemplada por la LDC (arts. 5 y 40).
Sin embargo también deberán tenerse en cuenta, las disposiciones del Código Civil, en cuanto se determinen conductas ajenas a la demandada que hayan incidido en la producción del daño. Esto por cuanto era a norma vigente al tiempo de ocurrencia del hecho (art. 7 CCCN), en especial los arts. 519, 520, 901, 902, 903, 904, 905, 1109, 1113, 1068, 1069, 1078 y concordantes; los sujetos que participaron en el evento debieron ajustar sus conductas a tales pautas.
La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas. La preocupación del legislador –signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radicó en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El art. 1° de la ley 24.240 (texto ley 26.36l) lo expresa con claridad pues dispone que la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Este principio protectorio del consumidor también es plasmado por el art. 1094 del CCCN, en tanto prescribe que Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor; ello coincide con lo legislado en el art. 3 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
Se trata del punto de partida desde el cual debe ser asumida la cuestión referida al consumo pues es una regulación que apunta a favorecer el ejercicio pleno de los derechos de los más débiles, asumiendo que las fuerzas del mercado son infinitamente más poderosas que el consumidor aislado. Es un sistema, un paradigma intervencionista del Estado, con el objeto de corregir las consecuencias socioeconómicas negativas que la realidad demuestra fehacientemente (SCBA, causa n° 117.760, 1/4/2015).
Sin perjuicio que la cuestión ha sido introducida por las actoras, en la materia es irrelevante que las partes hayan invocado o no las normas protectorias del consumidor, pues su aplicación se impone por tratarse de legislación de orden público (art. 65 LDC). Este orden público concebido como el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de éstos, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras (Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil - Parte General, T° I, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 99 y siguientes), constituye, también, un valladar frente a situaciones que, de no aplicarse las normas protectorias del derecho del consumidor, importarían una grave violación de derechos.
El derecho del consumidor exhibe la crisis de decadencia de la concepción gestada en el siglo diecinueve sobre las bases de la igualdad y la libertad formal, que se ve confrontada con la realidad, en la cual aparecen notorias desigualdades al realizar ciertos contratos destinados, entre otros, a satisfacer demandas de la sociedad contemporánea. “La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado, desde una perspectiva realista, lo que impone al juez una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal” (CNCom., Sala B, “Derderian, Carlos c/ Citibank NA s/ sumario”, 12/09/02, PSJCNCom). De tal modo, dado su carácter de orden público, la LDC debe ser aplicada, aun cuando las partes omitan solicitarlo (CSJN, S 23/5/2006, in re A. 527, L. XXXIX, "Amapola S.A. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ incumplimiento de contrato", en la cual se remite al dictamen fiscal; ídem, S 1455.XLI, RHE, "Sociedad Anónima Dominga B. de Marconetti c/ Gobierno de Buenos Aires", 04/09/2007, con igual remisión).
Por otro lado, ese carácter de orden público aparece patente en el art. 3 (LDC) el cual dispone, que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Esta interpretación y prelación normativa la prevé también en forma expresa el art. 1094 del CCCN y debe ser observada para la solución de este caso. El art. 5º LDC, dispone que “las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”, el cual se sustenta no sólo en el art. 42 de la Constitución Nacional sino también en los Tratados Internacionales incorporados con jerarquía constitucional (art.75 inc. 22 CN). De este principio protectorio se deduce que los fabricantes o proveedores, en el supuesto de estas actuaciones, el importador, deben tener mayor conocimiento que los consumidores del producto que producen, importan, venden, o comercializan de cualquier modo. De ello se deriva la obligación de detectar a priori el origen de las fallas.
La Corte Provincial sostiene, que la referencia del art. 5 (LDC) a la utilización del producto en condiciones previsibles o normales de uso, no significa que se prevea un "parámetro normal de diligencia", con lo cual se entraría en la órbita de los factores subjetivos de atribución, sino que se vincula más bien con el aspecto causal del fenómeno resarcitorio. Se quiere decir que el daño será indemnizable siempre que resulte de un uso previsible o normal del producto, y no lo será si, en cambio, es consecuencia del hecho de la víctima, que le ha dado un uso imprevisible o anormal (Mosset Iturraspe y Wajntraub, Ley de defensa del consumidor, p. 78). Ello implica que, si el proveedor pretende desligarse de la responsabilidad objetiva, tiene la carga de probar que la cosa o el servicio, fueron utilizadas por el consumidor o usuario en condiciones no previsibles y anormales, lo cual configura la culpa de la víctima, por la que no debe responder (SCBA C. 117.760, 1-4-2015, JUBA).
En cuanto al contenido de la obligación de seguridad (arts. 5 y 6 LDC), su objeto principal es la salud e integridad psicofísica del consumidor.
A su vez el art. 40, de la precitada ley, prevé la responsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa o del servicio por violación de la obligación de seguridad, como implementación del 42 de la Constitución Nacional. La eximente de responsabilidad se sustenta en la ruptura del nexo causal, siendo necesario para ello que el proveedor (art. LDC; 1093 CCCN) acredite el caso fortuito extraño a él, la culpa de la víctima o el hecho del tercero por quien no se debe responder.
Rigen las reglas generales previstas en los arts. 901 a 906 del Código Civil y en materia probatoria también resulta de aplicación, la teoría de la carga dinámica de la prueba que establece el art. 53 tercer párrafo de la ley 24.240, es decir, corresponde al proveedor, dado su profesionalidad, la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando a la causa todo los elementos a su alcance para esclarecer el hecho y las causas del daño.
En ese orden de ideas, el silencio del proveedor, su reticencia o su actitud omisiva, pueden constituir una pauta que lo afecte en sentido adverso, con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustente el consumidor. Esto es así por cuanto quien se encuentra en mejores condiciones, para acreditar ciertos extremos, es el fabricante, importador o proveedor, quien ha de poner a disposición el material probatorio a su alcance. Nadie estará en mejores condiciones que él para demostrar que el bien o el servicio que comercializa, carece de defectos, ya sean de diseño o funcionamiento, se trate de deficiencias de origen o sufridas en la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor. La obligación del proveedor es de resultado, por cuanto debe entregarle al consumidor un producto o servicio que ha de cumplir una finalidad para la cual fue adquirido o es utilizado.
En este aspecto de la cuestión que se debate en autos, y sin perjuicio de las normas precitadas, el CCCN también resulta de aplicación al tratarse de una relación de consumo, en tanto sus disposiciones resulten más favorables al consumidor (arts. 7, 1093, 1094, 1095). Ello no obsta a que otros aspectos se encuentren regulados por el Código Civil, en cuanto a la responsabilidad que pueda caber al dueño o guardián del automotor (art. 1109 y 1113), pues se trata de evaluar las diferentes responsabilidades que puedan corresponder a quienes de un modo u otro pudieron incidir en el fallecimiento de la víctima.
A la parte actora le incumbe la prueba del hecho generador del daño y en tal cometido debe aportar al proceso elementos concluyentes sobre el accidente y sus consecuencias, para que éste sea aprehendido en la regla que impone el resarcimiento al autor o responsable (causa n° 94.088, 16/10/03, Reg. Nº 746; 99.520, 9/12/05, Reg.
Nº 602).
La prueba del hecho lesivo, que es esencial en el juicio de daños, incumbe al demandante (Zabala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, T° 3, p. 155 y 50) porque está en juego la autoría del daño; por medio de ella aquél ha de demostrar el perjuicio al que alude; el demandado corre con la prueba de descargo (Mosset Iturraspe, Jorge – Novellino Norberto, Derechos de Daños. La Prueba en el proceso de daños, Tercera parte, p. 56 y 76; CCiv.Com. Azul, Sala II, 5/12/96, “Delgado, J. c/ Sánchez, L.”, JUBA) sin perjuicio que la LDC pone en ejercicio en tales casos la mecánica propia de la responsabilidad objetiva del proveedor.
ii. El accidente vial y la muerte de la víctima En el caso bajo juzgamiento se advierten dos hechos vinculados. Uno es la producción del accidente entre el Ford Mondeo y el camión, sobre cuya ocurrencia no hay controversia en este estado de la causa. No se ha invocado que su producción reconociese como causa un defecto del producto. En consecuencia sobre este aspecto de lo acontecido ha de meritarse la responsabilidad personal de quienes intervinieron en él.
Otra cuestión diversa, será determinar qué factores determinaron la muerte de la víctima.
La actora sostiene que ha sido un defecto de funcionamiento del airbag. La demandada afirma que se ha debido a la excesiva velocidad, la maniobra efectuada por el conductor, el impacto del pasajero de atrás que viajaba sin cinturón, deformando la butaca del acompañante y proyectándola hacia adelante.
En consecuencia corresponde analizar los factores invocados por ambas partes y determinar su incidencia en el grave traumatismo sufrido por T. conforme a las normas y jurisprudencia arriba citadas.
iii. Cuestiones fuera de debate Como se desprende de la postura asumida por las partes, en esta etapa del proceso no se encuentra controvertido:
∑ Que el día 12 de septiembre de 2003 a las 15.15 hs., H. T. falleció en un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 213 de la Ruta Nacional 9, en circunstancias en que viajaba en el asiento delantero derecho del automóvil Ford Mondeo Ghia, dominio DUT-989, propiedad de su empleadora.
∑ Que el vehículo era conducido por A. C.
B. y embistió con la parte frontal del Ford Mondeo, la trasera de un acoplado, el cual circulaba arrastrado por un camión en la misma dirección y por el carril lento de la citada ruta.
∑ Que se trató de una colisión por alcance, es decir, entre dos vehículos en movimiento.
∑ Que la víctima, al momento del siniestro, tenía colocado el cinturón de seguridad, a diferencia D. A. M., quien viajaba en la parte trasera del rodado y falleció en el mismo acto.
∑ Que el airbag del acompañante no se desplegó debido a la desconexión de unas fichas del sistema eléctrico que lo vincula el módulo de control.
∑ Que el airbags del conductor se desplegó y que este último sufrió lesiones pero no falleció. ∑ Que tal como lo indica el informe emitido por CESVI Argentina S.A. -documentación que acompañaron las actoras en ambos expedientes y reconoce la demandada-, la desconexión de las fichas del sistema eléctrico se produjo al desplazarse el panel de instrumentos de su posición original, produciendo que la unidad airbag pierda su ubicación, por estar anclada a esa pieza; así el airbag del pasajero tiró los cables de conexión, desvinculándose del control al romperse las mencionadas fichas (p. 30 del informe; fs. 154, 379 vta. y fs. 571 – de la causa n° 50.943 y fs. 153 causa n° 46.200).
∑ Que la butaca en la cual se encontraba sentado T. se deformó hacia adelante (informe común de CESVI citado), al impactar el pasajero que viajaba el asiento trasero (causa n° 46.200, recuadro fs. 283 iv. Las diferencias a dilucidar Los litigantes difieren sobre algunas cuestiones vinculadas al sistema de seguridad instalado en el automotor siniestrado y a la mecánica en la producción de las lesiones a la víctima.
Los demandantes afirman que lo señalado ocurrió debido a la fragilidad de los componentes secundarios (fichas de conexión entre el módulo de control y el airbag) ante una colisión frontal por alcance y a la vulnerabilidad del sistema de seguridad pasiva que tiene instalado el Ford Mondeo e imputan la responsabilidad de F. A. S.A.; dicen que el vicio o deficiencia del sistema fue determinante en el fallecimiento de H. T.
La accionada argumenta que el fatal desenlace, obedeció a circunstancias ajenas a su parte, ya que todos los informes agregados a la causa coinciden con el buen funcionamiento de los equipos de seguridad instalados en el automotor. Sostiene que no existió vicio de la cosa o defecto de fabricación del sistema; que el motivo del deceso de T. fue el hecho de un tercero, por el cual no debe responder.
La diferente postura de las partes impone determinar los factores que incidieron en la muerte de la víctima.
v. La decisión de primera instancia sobre lo probado El juez de primera instancia consideró que los actores no pudieron probar las fallas de fabricación aducidas en su demanda, por lo cual deben cargar con las consecuencias de esa omisión. El magistrado concluyó que la no apertura del airbag se debió a la magnitud del impacto y a las deformaciones sufridas por el vehículo, lo cual imposibilitó su despliegue.
vi. Las periciales agregadas a la causa n° 2236 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Nicolás vi.i Autopsia de H. R. T.
Para esclarecer qué ha determinado el fallecimiento de la víctima debemos tener presente, ante todo, la autopsia practicada en la causa de mención (fs. 16) que en fotocopias certificadas han sido aportadas como prueba (ver folio siguiente a fs.98, 306, 337), ofrecida como prueba por la parte actora (fs. 389). En ella se indica que H. R. T. presentaba herida contuso-cortante en cuello de trayecto transversal de 10 cm que “interesa tráquea”; esta lesión coincide con la noticia periodística del diario La Capital del día 13/9/2003 (fs. 258); también se mencionan múltiples fracturas costales en hemitórax izquierdo, fractura de maxilar inferior, fractura de base de cráneo y columna cervical, escoriaciones de hombro y brazo derecho, “impronta torácica de cinturón de seguridad”. Como reporte final se señala que la causa del deceso fue “traumatismo de cráneo grave con múltiples fracturas del mismo y lesión encefálica, politraumatismo”, producto del “(...) impacto del cuerpo dotado de gran velocidad contra elemento sólido (...)”.
vi.ii Informe del perito ingeniero En el informe realizado por el perito oficial ingeniero H. L. K. (fs. 54 y fs. 282/283) detalla los importantes daños producidos en el Ford Mondeo como consecuencia del accidente. Entre los más significativos que ponen en evidencia la magnitud de la colisión, el experto menciona que presenta signos de impacto frontal que alcanza en las partes altas el desplazamiento de los parantes delanteros y techo hacia atrás, con mayor incidencia en el del lado derecho, presentando éste material de arrastre por fricción; la parte anterior del techo presentaba corrimiento hacia atrás y deformación hacia abajo; desplazamiento de puerta delantera izquierda hacia atrás con deformación y arrastres sobre la parte superior; deformación del casco en su parte delantera, con quiebre sobre el techo y ambos guardabarros traseros y quiebre sobre pasarruedas trasero izquierdo;
deformación de puerta delantera izquierda; rueda delantera izquierda presenta signos de desplazamiento hacia atrás; deformación de guardabarros delantero izquierdo con corrimiento hacia atrás; capot con signos de fricción y de plegamiento hacia atrás y corte sobre su parte superior; el frente presenta la totalidad de sus componentes rotos; el guardabarros delantero derecho presenta signos de corrimiento hacia atrás y desgarro de su superficie superior; puerta delantera izquierda con corrimiento y deformación de la parte superior, con arrastre de material; el frente presenta signos de impacto con mayor incidencia sobre el sector izquierdo; el motor y sus componentes presenta signos de desplazamiento hacia atrás, con compresión del vano del motor; el extremo delantero izquierdo presenta signos de desplazamiento hacia atrás y hacia arriba; el chapón protector inferior presenta signos de deformación y corrimiento hacia atrás; el vehículo presenta signos de impacto frontal que alcanza en las partes bajas el desplazamiento del motor hacia atrás; rotura de batería; deformación del pasarruedas delantero izquierdo hacia arriba y hacia atrás; compresión con acortamiento del vano del motor, con imposibilidad de determinar demás daños de los componentes mecánicos; deformación del volante; rotura del tablero; asiento delantero derecho deformado hacia adelante; puerta trasera izquierda no cierra por deformación.
vi.iii Pericial de “accidentología”
En las referidas actuaciones criminales, caratuladas “C. B., M. A. doble homicidio culposo”, que en copia integran la prueba documental, se ordenó la confección de la mentada pericial (fs. 113). Esta fue confeccionada y presentada por el perito oficial, Ing. H. L. K. y el de parte G. E. B. quienes señalan que el acoplado fue embestido sobre el sector izquierdo de su “frente trasero” por el “frente” del Mondeo.
Luego de elevada la causa a juicio, en la que se imputó al conductor del automóvil la muerte de las dos personas transportadas, el perito oficial presentó un nuevo dictamen (fs. 282/283), para la cual tuvo en cuenta, entre otros elementos el informe de CESVI Argentina S.A. El dictamen del perito oficial reitera, en lo sustancial aunque en forma abreviada, lo manifestado en su anterior presentación.
En el informe elaborado por el personal policial que asistió al lugar, luego de ocurrido el hecho, se señala que en el interior del automóvil se hallaba el cuerpo sin vida de H. R. T., sentado en el asiento delantero del acompañante “(...) con el cinturón de seguridad colocado, presentando un orificio en el cuello (...)” (fs. 2 vta). La trayectoria de los vehículos se advierte en el croquis de fs. 4; en tanto el estado en que quedaron los rodados, como así también la ubicación de los cuerpos de los fallecidos se aprecian en las fotografías agregadas a fs. 5/10.
vi.iv Informe de C. A. S.A.
El informe técnico de CESVI Argentina (fs. 61/87), el que luego fue tenido en cuenta por el perito oficial para realizar su dictamen (fs. 160), indica que en la autopista P. E. A. a la altura del km. 213, donde se produjo la colisión, la velocidad máxima era de 120 k/h, hallándose en buen estado de uso y conservación; que las condiciones climáticas eran óptimas. Señala que no existen huellas de frenada pre-impacto sobre el pavimento (fs. 66), aunque más adelante se aclara que al contar el automóvil con sistema de frenado ABS, de haber aplicado los frenos antes del impacto no se demarcan huellas sobre el asfalto; en cuanto al camión menciona la existencia de leve desplazamiento longitudinal del eje trasero hacia adelante. Respecto del Ford Mondeo, luego de señalar que se incrustó debajo del piso del acoplado, expresa que tanto el parante delantero derecho (mayor incidencia) como el izquierdo se encuentran deformados como consecuencia del impacto contra el piso del acoplado lo que provoca el aplastamiento del techo sobre la zona frontal; desplazamiento de la butaca delantera derecha hacia adelante, como consecuencia de la fuerza ejercida por la persona que ocupaba la plaza trasera, la cual luego del impacto fue proyectada hacia adelante (fs. 72); el vehículo terminó su recorrido sobre el carril rápido, a 37 metros delante del punto de impacto en sentido diagonal a la ruta; la velocidad mínima del Mondeo instantes previos al accidente era del orden de los 90 k/h (fs. 82); la mayor incidencia del impacto sobre el frente se produjo sobre el sector derecho; en tanto el camión los presenta en la parte trasera sector izquierdo. vii Informe técnico de CESVI en las causas civiles El informe técnico emitido por CESVI Argentina S.A. y las fotografías que lo integran (causa n° 50.943, fs. 544/580; causa n° 46.200, fs. 391/422), ofrecido por la actora quien, además, solicitó que sea tenido en cuenta por el perito ingeniero que se designe en autos (causa n° 50.943, fs.389 vta.), también constituye prueba de la accionada; ésta al contestar la demanda adjuntó, asimismo, las explicaciones brindadas por el ingeniero mecánico H. R. P. que, en su representación, presenció las evaluaciones efectuadas por CESVI. También se lo puede apreciar en la causa n° 46.200 (fs. 272/298; 391/422).
Asigno valor probatorio a dicho dictamen por cuanto, como lo he mencionado, habiendo sido acompañado por las demandantes en ambas causas, no ha sido cuestionado por la requerida, quien además participó en él y lo aportó al contestar demanda en la causa n° 46.200; ello sin perjuicio que en cuanto los peritos oficiales se han apartado de modo coincidente de las conclusiones contenidas en ese informe ha de estarse a lo dictaminado por aquellos.
En el referido informe se describe que la ruta 9, en el km 213, es una autopista (Buenos Aires- Rosario) que tiene dos vías por mano de circulación, separadas por un boulevard de césped; agrega que se encontraba en buen estado de uso y conservación; en cuanto a las condiciones climáticas eran óptimas. Concluye que a raíz del evento el Ford Mondeo presentaba un impacto frontal con mayor incidencia sobre el sector derecho, corroborado por las deformaciones más acentuadas del parante de ese sector; en cuanto a la mecánica del hecho señala que, a partir de las huellas de derrape y de las deformaciones del vehículo, se desprende que éste impactó al camión a una velocidad mínima del orden de los 90 km/h (causa n° 50.943, fs. 581 y 585).
Se indica que el módulo de control del airbag está situado bajo la consola central inferior y controla el funcionamiento de todo el sistema; éste realiza una diagnosis continua del mismo, recibiendo información sobre la gravedad de una colisión (causa n° 50.943, fs. 130). Si esta última es frontal, superado un límite determinado, el modulo evalúa la desaceleración, comparándola con los datos almacenados, produce el despliegue de los airbags delanteros y activa los pretensores de seguridad; éstos no se activan si no están abrochados, por lo cual determina que el del conductor no estaba colocado.
También menciona en el referido informe que si se interrumpe la energía, al destruirse la batería del vehículo, el módulo proporciona una reserva de alimentación auxiliar, lo que garantiza que se complete el ciclo. Si el módulo detecta alguna anomalía se enciende una luz testigo en el tablero de instrumentos (causa n° 50.943, fs. 130).
Asimismo, se describe el funcionamiento del sistema SRS, y los daños sufridos por el Ford Mondeo, en la carrocería como en la mecánica, para finalmente concluir (causa n° 50.943, fs. 152/4), que en la deformación del vehículo siniestrado se aprecia de manera muy importante que la parte delantera se desplazó levemente hacia la izquierda; con respecto a la carrocería, tanto el techo como los parantes delanteros se desplazaron hacia atrás y hacia abajo, introduciendose en el habitáculo. Los daños en el interior se produjeron en las plazas delanteras y el panel de instrumentos, cuya ubicación, luego del impacto, quedó fuertemente desplazada hacia atrás en la parte media superior. La butaca más desplazada fue la del pasajero, producto de un importante golpe trasero.
Del sistema SRS, sólo se activaron el airbag del conductor y pretensor de seguridad del pasajero, los demás elementos no sufrieron accionamiento. Indica que este sistema actúa en determinadas situaciones de impactos frontales. Señaló que todos los elementos (dos unidades de airbags y dos pretensores de los cinturones de seguridad) se encuentran comandados por un mismo módulo electrónico, el cual censa la desaceleración producida por el choque y envía las señales a cada elemento que corresponda activar; que en el caso de un impacto frontal, acciona en forma simultánea los airbags y los pretensores. Explica que el sistema puede inhabilitar, en ciertos supuestos, la unidad airbag, pero que no se dieron en el caso.
Indica que la situación superó ampliamente el umbral de desaceleración necesario para que el módulo electrónico del sistema SRS activara los airbags frontales. Explica que, mediante ensayos realizados, se comprobó que no existió falla en ningún elemento del sistema al momento del siniestro, sino que se produjo una desconexión del airbag del pasajero que lo vincula al módulo de control, por haberse roto las fichas correspondientes, como consecuencia del desplazamiento del panel de instrumentos de su posición original lo que ocurrió, debido a la mecánica del impacto, antes de que el vehículo sufra la desaceleración que posteriormente solicitara la apertura de los airbags; para ese momento el airbag del pasajero ya se encontraba desconectado.
Comprobó que el impacto afectó la mencionada unidad airbag, desconectándola. En síntesis, refiere que no se comprobaron fallas en el vehículo siniestrado y afirma que el airbag del pasajero no se desplegó debido a las deformaciones producidas y a las características del impacto (causa n° 50.943, fs. 154).
viii Las periciales de ingeniería Los dictámenes periciales de ambas causas acumuladas, si bien reiteran en general las conclusiones del informe de CESVI ARGENTINA S.A., presentan diferencias en algunas cuestiones, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación y a la de impacto. El perito ingeniero electromecánico F. A., designado en la causa n° 50.943, requirió a la parte demandada que ponga a su disposición el Manual del Propietario y el Manual del taller del vehículo Ford Mondeo Ghia modelo 2001, como así también un rodado similar al siniestrado, a efectos de estudiar la ubicación y formas constructivas de las fichas de conexión de la instalación eléctrica que vincula el módulo de control del sistema SRS con los airbags. El magistrado hizo saber lo requerido por el perito mediante un hágase saber (fs. 635 vta.), sin que la accionada diese cumplimiento a ello. Pese a dicha omisión, el experto confeccionó su informe, teniendo en cuenta para ello, tal como lo peticionara la actora, el informe elaborado por CESVI, que como se recordará no es cuestionado por la accionada.
Como consecuencia de lo señalado en forma inmediata precedente, los puntos periciales propuestos por los actores en la causa n° 50.943 (16, 20 y 26), relacionados a este tema no pudieron ser contestados.
Sin perjuicio de ello, el experto consideró que el airbag del acompañante no se abrió debido a la discontinuidad eléctrica con el módulo de activación SRS; de sus respuestas surge que el mencionado SRS operó correctamente, pero al romperse la ficha de conexión eléctrica con el air-bag, este último no recibió la orden de apertura (fs. 697 p.8; 699 p.15; 699 vta. y 700 vta. p. 18). Afirmó que si bien al diseñarse los sistemas de seguridad, se deben tener presentes todas las posibilidades de fallas, pueden presentarse casos como el que nos ocupa, que en cierta forma escaparía a lo que debería preverse como de posible ocurrencia. Manifestó que el ocupante del asiento trasero no tenía colocado su cinturón de seguridad y que ello provocó, por las fuerzas inerciales, que se proyectará contra el respaldo del asiento delantero, doblándolo hacia adelante y colaborando en la magnitud del golpe que sufrió el acompañante.
En cuanto a la velocidad a la que circulaba el automóvil la estimó al menos en el orden de los 150 km/h. Señaló que la desaceleración fue similar tanto en la parte correspondiente al conductor, como la del acompañante (fs. 694/705). Este dictamen fue impugnado por los requirentes (fs. 710/713), lo cual mereció oportuna respuesta del perito, quien ratificó sus conclusiones. Agregó en esta oportunidad, que el cálculo de velocidad arribado por CESVI es irrisorio. También afirmó que los choques de vehículo contra las partes traseras de otros que circulan en el mismo sentido, son totalmente previsibles y en general, actúan todos los medios de protección; señala que en este caso lo único que no se activó fue el airbag del acompañante (fs. 716/718).
El ingeniero G. de C. A., ofrecido como testigo por la actora, quien intervino en el informe de CESVI Argentina S.A., como dependiente suyo, refiere que se pudo comprobar que la ficha de conexión se rompió durante y por la mecánica del accidente; primero se rompió la ficha y luego se activó el sistema airbag.
El punto pericial 20, propuesto por la actora, para lo cual el perito solicitó examinar un vehículo similar, el que no fue provisto por la accionada, hubiese permitido determinar si el sistema de airbag, cables y fichas respectivas, tenía “(...) la protección adecuada como para no resultar vulnerable ante un choque y su relación con el caso que nos ocupa.” (fs. 701). Asimismo agrega el citado ingeniero, con relación a si la desconexión de las fichas representan un punto vulnerable del sistema de protección pasiva y en particular si puede indicar que se trata de un problema de diseño y previsión, dictaminó expresando que “(...) dotar a todo el sistema de una absoluta y total protección ante cualquier tipo de siniestro es prácticamente imposible.” (fs. 701 p. 21); además, dijo que “…al diseñarse los sistemas de seguridad se deben tener todas las posibilidades de fallas aunque se podrían presentar casos, como este que nos ocupa, que en cierta forma escaparía a lo que debería prever que pudieran ocurrir…”. Entiendo que el modo potencial de la afirmación del perito no descarta de modo absoluto la previsibilidad del hecho, configurado por la desconexión de las fichas por deformación de la carrocería y gran desplazamiento de la porción derecha superior del rodado que tuvo lugar instantes antes de la desaceleración de todo el conjunto que energizó al circuito, no llegando tal orden al referido airbag del acompañante por la mencionada discontinuidad eléctrica (fs.701 vta. p. 23).
La imposibilidad de contestar el punto 26, por ausencia del manual del vehículo, aprecio que en el caso y pese a la relación de consumo, carece de toda relevancia, pues las circunstancias que determinaron la desconexión de las fichas, esto es la magnitud del impacto, la deformación de la carrocería, incidencia de la desaceleración previa, no son datos que razonablemente un acompañante vaya a tener en cuenta para viajar o no en el vehículo. Por ello, aprecio que en el caso que aquí se juzga no puede asignarse trascendencia alguna al deber de información, tal como lo pretende la demandante. Por otra parte, el perito ingeniero L. G., designado en el expediente N° 46.200, luego de realizar el estudio de “(...) todos los elementos de la causa penal y los de (...)” dicha causa, concluye: a) Que los airbag “(... son bolsas que se inflan instantáneamente en caso de accidentes por choque frontales para evitar que la cabeza y el tórax impacten contra el tablero por el efecto de la inercia.” (sic). b) Que para “(...) determinar la energía total Etotal involucrada en la colisión para producir deformaciones y ocasionar daños, además de la considerada en el informe (se refiere al de CESVI) la Etotal = 478.084,21 Joules deben sumarse también las necesaria para deformar hacia atrás el torpedo o parallamas, el corrimiento del motor y carcasa de la caja, el fuerte desplazamiento de los largueros de su posición original, arrastrando consigo la cuna del conjunto mecánico; además, la principal deformación se encuentra en los parantes delanteros, inclinados hacia dentro del habitáculo.
Ambas puertas copiaron la alteración de los parantes delanteros y la carrocería en la zona del habitáculo se encuentra muy deformada (...) (fs. 573, causa n° 46.200). Agrega que “Así la energía necesaria para provocar todos estos daños no fue considerada cuando aplicaron Campbell simplificado (aclaro que el perito hace referencia al informe de CESVI), tampoco la necesaria para provocar los daños en la parte posterior del acoplado; destacando que resultó dañado el paragolpes trasero (parte especialmente diseñada para parar golpes – sic-), también resultó desplazado el eje trasero, y destacó que todos estos daños y deformaciones se producen exclusivamente por la velocidad del Ford Mondeo (energía del automóvil) y deben considerarse.
El valor total de la Etotal energía de deformación del automóvil resulta la suma de todas ellas, estimando la necesaria para deformar el Mondeo de aproxim. 800.000 Joules (incluye los 478.084,21 de fs. 72), más 350.000 Joules” para dañar el camión, es decir estimado un total de 1.115.000 Joules para Etotal (...)” (fs. 573 causa n° 46.200). Luego de detallar los referidos datos y aplicar la formula = ) = 38,89 m/seg2, indica corresponden a 140 km/h, que ésta era, aproximadamente, la velocidad de circulación del Mondeo “(...) al tiempo de impactar, y esta velocidad guarda correspondencia con los daños ocasionados a ambos vehículos.” Luego, en base a tal respuesta, agrega que “(...) la velocidad mínima de circulación a la que impactó el Mondeo sería de 140 km/h, pero como se trata de un choque por alcance, sería de 60 km/h mayor que la del camión (...)”; luego reitera que el automóvil circulaba al momento del impacto, esto es 140 k/h (fs.574 vta., causa n° 46.200).
En cuanto a las deformaciones sufridas por el Ford Mondeo, señala que “El automóvil al meterse debajo del camión se había deformado progresivamente hacia la derecha, mientras la velocidad era mayor, permaneciendo en la parte trasera del acoplado y siguiendo prácticamente el sentido de circulación (...) El air-bag del acompañante no se habría accionado porque el tablero que lo contiene fue desplazado y arrancado de su lugar en el instante que media entre la apertura del air-bag del conductor y el del acompañante. La persona que viajaba en el asiento trasero no habría tenido colocado el cinturón, por lo que fue impulsado contra el asiento delantero derecho, deformándolo hacia delante y en consecuencia afectando y golpeando a la persona que viajaba en el lugar del acompañante.” (fs. 573 vta. causa n° 46.200). En referencia al automóvil explica que ante la inminencia del impacto habría (su conductor) “(...) intentado maniobra de esquive hacia la izquierda o un volantazo a la izquierda, pero no pudo evitar el impacto frontal contra la parte trasera del camión F700.” “Una parte importante del automóvil contactó con el paragolpe trasero del camión llegando hasta desplazar el eje trasero del camión, el ángulo delantero izquierdo del Ford habría resultado afectado y deformado en menor medida. El automóvil al meterse debajo del camión se habría deformado progresivamente hacia la derecha mientras su velocidad era mayor permanecía enganchado a la parte trasera del acoplado (...)”.
Señaló que en un choque por alcance el hecho que ambos vehículos circulen en la misma dirección, hace que la fuerza del impacto resulte de la diferencia de las dos velocidades.
Esta pericial no fue cuestionada por la parte actora (causa n° 46.200), en tanto la accionada pidió que el perito conteste lo solicitado en su oportunidad, en cuanto a lo acontecido con la butaca delantera derecha, en particular si se desplazó hacia delante y si, habida cuenta de la deformación del parante, pudo influir en el golpe del pasajero contra dicha parte de la carrocería (fs. 580 vta., causa n° 46.200). Ante lo requerido el perito expresó que “(... efectivamente el asiento delantero derecho (del acompañante) se desplazó hacia delante, lo que sumado a la deformación del parante delantero derecho, favorece la producción de lesiones y daños severos” (fs. 602, causa n° 46.200).
Esta última respuesta en coincidente con la brindada por el perito ingeniero A., designado en la causa n° 50.943, quien señala de modo similar la magnitud y las consecuencias del golpe que efectuó el pasajero que viajaba en el asiento trasero –por no tener puesto el cinturón de seguridad-, al asiento delantero, en el cual se encontraba ubicado T. (fs. 571/577, causa n° 50.943). Preguntado el Ing. G. sobre el tiempo transcurrido entre la colisión y el desplazamiento del tablero que contenía el airbag del acompañante, agregó que según las consecuencias y el análisis del informe pericial técnico, el desplazamiento se produjo antes de los 0.4 segundos que requiere su apertura y que por eso no se abrió (fs. 602, causa n° 46.200).
Del mismo modo no se puede pasar por alto que debido a que el Mondeo se incrustó debajo del acoplado, como lo señala el perito de la causa n° 50.943, ello deformó los parantes delanteros y el techo sufrió un aplastamiento en la zona delantera; como dice el perito “(...) se metió debajo del acoplado” generando un conjunto “auto camión acoplado”, sin perjuicio que luego se haya desenganchado unos 13,8 metros más adelante (fs. 703 vta., causa n° 50.943).
El dictamen de A. fue impugnado por la parte actora, en particular en cuanto a que el hecho (desconexión) resulte algo imprevisible, por considerarlo infundado. También cuestiona las afirmaciones del experto referidas a la incidencia del impacto del pasajero de atrás, pues sostiene que esta cuestión no es objeto del pleito. En este aspecto adelanto que no es correcta la apreciación de la apelante, por cuanto cuando la accionada hace propios los términos del informe de CESVI, al responder la demanda, la incluye como una de las causales del daño sufrido por T., además de la velocidad de desplazamiento y la maniobra del conductor; dicha parte también solicitó oportunamente que el experto se pronuncie sobre este punto, lo cual no fue motivo de cuestionamiento por la requirente. De tal modo aprecio que el perito al señalar este punto hace referencia a los daños sufridos por el rodado y sus causas; en el caso la deformación del asiento del pasajero hacia adelante, como se expidió del mismo modo sobre el aplastamiento del techo, deformación del tablero, etc.
Finalmente la actora impugnante reconoce a fs. 713 (causa n° 50.943) que el desplazamiento del pasajero de la parte trasera perjudicó al acompañante del asiento delantero, aunque afirma que de haberse abierto el airbag el daño hubiera sido menor.
Las observaciones fueron respondidas por A., quien señaló que las causas por las que no se abrió el airbag no pueden atribuirse exclusivamente a un incorrecto “ruteo de la conexión eléctrica”. También señala, en respuesta a los cuestionamientos sobre el modo de calcular las velocidades, que si el impacto se hubiera producido según las observaciones de la parte actora, jamás se hubieran podido producir las importantísimas deformaciones que tuvieron lugar en ambos rodados. Señala que es errado el cálculo cuadrático pretendido por la impugnante, debiéndose sumar las velocidades de forma vectorial.
ix los factores concurrentes en la producción del daño Dado la controversia que se presenta entre las partes en ambos expedientes, considero que la cuestión no puede limitarse, como pretenden las actoras, a verificar la cuestión que se vincula con la no apertura del airbag, sino que deben ponderarse todas las circunstancias que conformaron el hecho y que pudieron confluir en la muerte de H. R. T.
ix.i La responsabilidad del conductor en la producción de la colisión y de los daños derivados de ella No se puede ignorar que el primer elemento de esta tragedia ha sido la colisión del automóvil contra el acoplado del camión, aspecto que debe ser merituado pues sin tal evento todo otro razonamiento queda carente de sustento.
Como lo expresara más arriba en el caso de autos confluyen el hecho del accidente con sus circunstancias y el hecho de las lesiones mortales.
Por cierto las actoras en ninguno de los expedientes atribuyen la responsabilidad por la colisión entre el automóvil y el camión con acoplado a la demandada común, pero del mismo modo soslayan por completo considerar si en las luctuosas consecuencias, ya que los muertos han sido dos más allá que aquí se reclame por causa de uno solo, el conductor y entonces guardián del automotor, tuvo alguna responsabilidad por el fallecimiento de T. Del mismo modo se ha obviado advertir la posible existencia de otro factor, tal como el tercero, que viajaba en el asiento trasero también fallecido en el hecho.
Luego de analizada las pruebas antes reseñadas, concluyo que no es posible aislar por completo las diversas tres circunstancias, como si parte del evento debiera tenerse por no ocurrido.
Como lo mencionara, resulta obvio, pero no menos desechable para una justa ponderación de las causales de muerte, que nada de todo esto se estaría discutiendo si no se hubiese producido una colisión de la magnitud de la habida, por lo cual no es posible evitar que se analice la responsabilidad que cabe a quien la produjo.
En este primer aspecto de la cuestión ningún reproche cabe a la accionada. No sólo no ha sido planteado, sino que las pruebas periciales agregadas a la causa penal y a las civiles, relativas a la producción del impacto, entre los automotores tampoco ponen de manifiesto ninguna falla en el desempeño del Ford Mondeo durante su circulación que provocase el accidente. En la materia rige el principio de la responsabilidad objetiva plasmado en el art. 1113 del Código Civil. Por ello la obligación de responder aparece en primer lugar en cabeza de quien sea el dueño o guardián al momento del evento, sin perjuicio que concurra, eventualmente una responsabilidad subjetiva deriva de culpa del conductor (art. 1109 C. Civil). En el primer supuesto el dueño o guardián sólo se libera de responsabilidad en la medida que demuestre la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. De tal forma sería sencillo concluir que tal responsabilidad correspondería tanto al conductor como a la propietaria del automóvil, quienes precisamente se liberarían de reparar los daños causados por la muerte de la víctima, en tanto prueben que la única causa de la muerte de T. ha sido la no apertura del airbag.
En mi parecer, conforme la prueba producida, a la responsabilidad objetiva que imponía el art. 1113 del Código Civil, claramente se suma la que corresponde a título de culpa al conductor del automóvil, la cual queda demostrada con las periciales ya reseñadas e incluso con el informe de CESVI.
Si bien se advierten ciertas diferencias en las velocidades estimadas por el informe acompañado por las actoras (CESVI) con los dictámenes de los peritos designados en ambas causas civiles y también en la penal, la cuestión parece aclararse en cierta medida, en tanto se distinga, tal como lo hacen los expertos, la velocidad de circulación del Ford Mondeo de la velocidad “de impacto por alcance”, siendo que esta última se determina, básicamente por las diferencias de velocidades de ambos rodados. Resulta ilustrativo lo explicado por el perito en la causa n° 46.200 cuando refiere que en el informe técnico de CESVI (fs. 70/72 causa cit.) se estableció la velocidad “(...) mínima (...) al momento de impactar al acoplado”, pero que no se consideró la energía necesaria para provocar todos los daños en el automóvil a la cual debe sumarse también la requerida para ocasionar los propios en el acoplado del camión y que la deformación del automóvil resulta de la suma de todas ellas.
En otras palabras, cuando el perito designado en el expediente N° 46.200, hace saber que la velocidad de circulación del Monedo al momento de impactar fue de 140 km/h., aclara que como se trata de un choque por alcance, sería de 60 km/h mayor que la del camión, es decir que la desaceleración instantánea al impactar fue de 60km/h; asimismo, es esclarecedor en cuanto a que la velocidad aproximada del camión era de 80 km/h y fundamentalmente, que en un choque por alcance el hecho de que ambos vehículos circulen en la misma dirección, hace que la fuerza del impacto resulte de la diferencia de las dos velocidades.
El perito ingeniero A. (causa n° 50.943) refiere que posiblemente la velocidad del conjunto camiónacoplado pudo ser incrementada por el impacto (fs. 703 vta.) y que si bien pudo ser mínima, demandaría una energía importante por el peso de aquél (fs. 704). Analizados los diversos elementos aportados a la causa y aplicando fórmulas de su especialidad, concluye que la velocidad de circulación del automóvil sería al menos del orden de los 150 km/h, lo que hace una velocidad de impacto (por alcance) de al menos 70 km/h.
En síntesis, los peritos designados en las respectivas causas civiles señalan, en un que caso el Ford Mondeo circulaba a 150 km/h (n° 50.943) y en la otra (n° 46.200) que habría sido de 140 km/h. El informe de CESVI agregado a la causa penal, refiere una velocidad mínima “de impacto” de 90 k/h, en tanto esta última para los peritos oficiales habría sido al menos de 60 km/h (causa n° 46.200) o de 70 km/h (causa n° 50.943). En otras palabras, las periciales de las causas acumuladas señalan una velocidad de circulación que oscila entre 140 y 150 km/h; en tanto la velocidad de impacto sería entre 60 y 70 km/h, mientras que para CESVI, según informe aportada a la causa penal n° 2.236 habría sido del orden (mínimo) de los 90 km/h (fs. 87). Dado la mayor fuerza probatoria de las periciales practicadas en las causas civiles, con plena posibilidad de control y debate por la partes, ante la diferencias entre éstas y el informe técnico de la causa penal, ya citado, debo estar a lo concluido en aquellos en salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio.
Por todo ello concluyo que el automóvil siniestrado circulaba al menos a 140 k/h, velocidad que supera la máxima establecida para la la Ruta Nacional N° 9 en el tramo donde ocurrió el hecho (120 km/h).
A los fines de valorar la conducta del conductor, el hecho relevante es la velocidad de circulación, pues pone de manifiesto la mayor o menor prudencia en el manejo. Este modo de conducir, excediendo los límites impuestos por las normas de tránsito, más allá de la aptitud del automotor (Ford Mondeo) para desarrollar velocidades aún mayores, como así también el lamentable hábito que vemos en ello al transitar por las rutas y especialmente en las autopistas de nuestro país cuando unen grandes ciudades, no disminuyen en nada la responsabilidad personal de quien así lo hace.
En efecto, el exceso de velocidad por sobre la permitida, constituye una grave imprudencia, por lo cual si a consecuencia de ella alguien sufre un daño, el autor del accidente tiene obligación de responder por ello. Las responsabilidades que contemplaban los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no resultaban excluyentes. Por cierto la última simplificaba, como toda responsabilidad objetiva, la prueba a cargo del damnificado. Sin embargo nada impide, bajo la mirada de aquél ordenamiento, endilgar, además, una responsabilidad subjetiva.
Por ello y más allá de la obligación de reparar que se impone al guardián de la cosa riesgosa, los daños que con ella se ocasionen, carácter que debe atribuirse al conductor del rodado, aparece la que resulta de su conducta.
La circulación a excesiva velocidad es una imprudencia, una impericia en el modo de desarrollar la tarea de conducir. En efecto, no es lo que la prudencia indica, ignorar los límites de velocidad máxima establecidos por ley que en dicho tramo de la autopista era de 120 km/h, y en el mejor de los casos para el chofer el genérico de 130 km/h para ese tipo de vías de circulación. El art. 77 de la ley 11.430, vigente al momento del hecho, establecía los límites máximos de velocidad permitidos, siendo el de las autopistas 130 km/h.
El perito ingeniero A. (causa n° 50.943) señaló que se encuentra comprobado que, cuanto mayor es la velocidad, en caso de accidente, las consecuencias y la gravedad de las lesiones de los ocupantes de los vehículos son mayores.
El conductor debe adoptar los resguardos de precaución que le permitan mantener en todo momento el control del vehículo con el objeto de evitar que se generen daños. Si la Ley de Tránsito establece máximo de velocidad ello no significa que esa velocidad sea la adecuada en todo lugar y circunstancia; por ello se trata de la "máxima", debiendo ponderar el conductor en qué momento es adecuado hacerlo por debajo de ese tope, para no perder el control del rodado y, en su consecuencia, agravar su condición natural de cosa riesgosa (conf.
SCBA, LP, C 102966, 9/06/2010).
La impericia de C. B., al conducir el vehículo queda evidencia no sólo en ello sino en que, además, sin que se haya probado que nada lo justificase, embistió en pleno día y en ópticas condiciones climáticas, sobre una calzada en buen estado, a un camión que circulaba, no por el carril de sobrepaso o para mayor velocidad, sino por el destinado al tránsito lento. Los datos objetivos resultan de las respectivas periciales e incluso del informe aportado como prueba por la actora (CESVI). La parte actora en la causa n° 50.943, expresa en la demanda que el hecho ocurrió debido a que el conductor del Ford Mondeo perdió el control del rodado.
Por todo ello, en el caso aprecio que la culpa de quien guiaba el automóvil, en los términos del art. 1109 del C. Civil, se encuentra suficientemente probada, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que le corresponde en virtud del art. 1113 del mismo cuerpo legal, por ser quien al momento del evento tenía a su cargo la cosa riesgosa.
La responsabilidad civil por la colisión y las consecuencias dañosas que de ella se derivaron, no se ve afectada por la decisión absolutoria recaída en la causa penal n° 2.236, en la cual se tuvo en cuenta que la pericial mecánica realizada en aquellos actuados (fs. 160/162) determinaba que “(...) la velocidad mínima que llevaba el Ford Mondeo era de 80 km. por hora, lo que en autopista, y por el carril por el que circulaba era reglamentaria (...)”. En verdad, como se desprende del mencionado informe pericial 80,17 k/m no era la velocidad de circulación real del Mondeo, sino que a ella debían adicionarse “(...) las energías de deformación y la velocidad del camión (...)”, parámetros que el perito manifestó no tener a disposición.
Si al referido dato se le suma al menos la velocidad del camión, estimada por los peritos de las causa a sentencia entre 70 y 80 km/h, las velocidad a la cual circulaba el automóvil podría ser aún superior.
Habiendo quedado probado el exceso de velocidad y la impericia del conductor, mencionada por la actora en la causa n° 50.943, cuando dice que aquél perdió el dominio del rodado, la que terminó por hacer recaer el mayor impacto en el lado derecho del vehículo en el cual se hallaba sentado T.; embistiendo de modo inexplicable, a plena luz del día, contra un camión con acoplado que circulaba en la misma dirección por el carril correspondiente y a una velocidad adecuada; a lo cual debe agregarse que en la causa penal no ensayó y menos probó ninguna circunstancia ajena a su persona que hubiera determinado aquella colisión ni que le hubieran impedido evitarla; todo ello permite concluir, sin vacilaciones, que C. B. resulta responsable tanto por el accidente como por las consecuencias dañosas. En primer lugar por las lesiones mortales sufridas por quienes se encontraban dentro del automóvil; no otra conclusión, por la sola lógica y sentido común puede inferirse del estado de destrucción en que quedó el vehículo, fácilmente visible en las fotografías que en copia obran agregadas por la parte actora (fs. 53/57, 59/60, 69, 71, 85, 86, 87, 97/101, 111, 112, 114/116, 118/122 (causa n° 50.943) y que pueden ser apreciadas con mayor nitidez en sus originales en la causa n° 46.200 (fs. 206 y sucesivas), allí aportadas por la requerida. Otro tanto cabe observar por el resultado de las autopsias de ambos pasajeros quienes presentaban aplastamiento de cráneo.
También en orden a determinar la responsabilidad del conductor por el impacto del Mondeo contra el acoplado arrastrado por el camión, deben analizarse ciertos daños al automóvil que, sin dudas, incidieron en las lesiones sufridas por T. Así aprecio y es indicado como dato, que el parante delantero derecho presenta mayor deformación que el izquierdo (fs. 135, causa n° 50.943), daño que se transmitió a las puertas; a consecuencia de ello se rompió el vidrio de la puerta delantera derecha, único que registró daño, además del parabrisas. El panel de instrumentos no sólo aparece deformado sino también roto y “arrancado en su parte central superior, la cual es trasladada importantemente hacia el interior del habitáculo” (fs. 137, causa n° 50.943). Por el contrario la butaca del conductor que salvo su vida, permaneció en su posición original con una pequeña inclinación hacia adelante, en tanto la del acompañante posee un fuerte desplazamiento hacia delante, “quebrada” en la parte media del respaldo y con el asiento desplazado hacia abajo (fs. 138, ídem), producto de un fuerte golpe trasero (fs. 152, ídem). El apoyacabezas de dicha butaca se desplazó hacia atrás, con sus dos soportes vencidos (fs. 139, ídem). El único cinturón de seguridad que presentaba activación del pretensor era el delantero derecho. El airbag del pasajero se encontró desvinculado del sistema, por estar rotas sus correspondientes fichas de conexión (fs. 146, ídem).
ix.ii Otros factores que inciden en las lesiones fatales ix.ii.i El impacto del pasajero de la parte trasera Ya he hecho mención a que este aspecto del debate fue introducido por la accionado al contestar ambas acciones, ofreciendo prueba pericial, en la cual los expertos indicaron que la deformación de la butaca hacia adelante contribuyó a agravar el golpe que el acompañante sufrió contra la carrocería del automotor. También surge de las pruebas periciales de ingeniería, ya reseñadas, que tal deformación del asiento se debió a la proyección del pasajero de atrás, quien viajaba sin cinturón de seguridad y que tuvo como una lesión significativa el hundimiento del hueso frontal del cráneo, tal como consta en la autopsia de la causa penal.
La magnitud de la deformación de la butaca hacia el tablero y parabrisas se puede advertir con facilidad en las fotografías adjuntadas a los informes de CESVI e incorporadas a las periciales de ingeniería. Así son elocuentes las dramáticas tomas agregadas a la causa n° 46.200 (fs. 206 foto 1, 209, 210, 211, 212 foto 11, 282, 283, 285 superior, 314, 315, 316, 317, 328, 329, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 364, 368, 369; también con las que obran en dichas actuaciones a fs. 423, 427, 430, 456 las que integran el acta notarial de constatación de fecha 6/10/2003 con intervención del encargado del Centro de Servicios al Grupo Asegurador “L. S.” (fs. 487/488). La parte actora en la causa n° 50.943 también ha aportado fotos muy esclarecedoras sobre la forma en que quedó la butaca delantera del acompañante, muchas de las cuales y pese al desconocimiento realizado por la requirente en la causa n° 46.200 resultan coincidentes con las adjuntas por la demandante en la causa n° 50.943. Ello puede advertirse en las tomas que en fotocopia color obran en esta última a fs. 53, 58 inferior, 69 inferior, 135 inferiores, 138 inferior, 139, 172, 173, 174, 175 inferior, 177, 178, 180, 188, 191 inferior, 196 superior, 198, 199). A tales ilustraciones corresponde sumar las aportadas por la demandante en la causa mencionada en último término, obtenidas en forma inmediata al siniestro; a fs. 85, 86 y 87 (inferior), se observa a la víctima sentada sobre el asiento rebatido hacia el frente del vehículo, con su cabeza en aparente contacto con el parasol y la parte superior del techo doblado hacia atrás; a fs. 111 la misma butaca rebatida hacia adelante y el parante hundido hacia atrás.
La importante deformación que afectó el asiento del acompañante no tuvo lugar respecto de la butaca del conductor, lo cual sumado a la mayor deformación del lado derecho, todo lo cual así surge de las periciales, más el impacto del pasajero de atrás sobre T., ponen en evidencia que las lesiones a que se vio expuesto este último han sido mayores.
Hasta aquí la apreciación del daño en la butaca derecha por el impacto del pasajero de atrás y el agravamiento del golpe sobre el acompañante.
Coincido con la apreciación que hacen los peritos en cuanto a la mayor gravedad del daño que originó tal desplazamiento de la butaca y que es evidente que ello repercutió en forma negativa sobre T.
ix.ii.ii La no apertura del airbag Ahora bien, no obstante la responsabilidad por el accidente y por lógica, de sus consecuencias dañosas (arts. 1068 y 1069), en lo que aquí interesa y las lesiones sufridas por T., a lo cual se debe sumar el desplazamiento y deformación de la butaca en la que éste se hallaba sentado, por el impacto del pasajero de atrás, corresponde determinar si la no apertura del airbag ha incidido en la muerte del nombrado.
A esta altura del proceso no está en tela de juicio que el airbag del acompañante no se abrió debido a la desconexión de la ficha que lo une con la unidad de control, como así tampoco que ello se relaciona con la deformación que afectó al vehículo, al desplazarse el tablero bajo el cual se hallaban. Además, ello se encuentra debidamente probado con el informe pericial que obra a fs. 704 bis de la causa n° 50.943 e informes de CESVI de ambas causas ya citados.
No se ha producido una prueba específica en cuanto a si pese a las deformaciones de la butaca y techo del lado derecho que incidieron en el golpe sufrido por la víctima pudieron ser evitados por la apertura del airbag, en especial si se tiene en cuenta el escaso espacio que se advierte en las fotografías entre el asiento y el techo. Sin embargo tratándose de un elemento de seguridad destinado a mitigar los traumatismos, entiendo que resulta adecuado concluir que al menos existía la posibilidad de que operase de tal modo, aunque por cierto no en una relación directa, lo cual aparecería claro si todas las circunstancias del impacto sobre el acompañante hubieran sido idénticas a las del conductor, pero como se ha visto dista mucho de ser así.
Aprecio que en virtud de esto último la demandada ha de responder en cierta medida por haberse frustrado la posibilidad de que, al desplegarse el airbag, el acompañante hubiera sufrido lesiones que no ocasionen su muerte. La prueba absoluta en cuanto a que ello no era factible correspondía a la accionada, en función del deber de seguridad que le imponen los arts. 5 y 40 de la LDC. Pese a ello aprecio que sería sacar de contexto otorgarle la exclusiva responsabilidad por dicho fallecimiento, pues entiendo acreditado por todas las consideraciones precedentes que hubo otros dos factores que incidieron en que ello se produjese (imprudencia del conductor, no sujeción del pasajero de atrás).
En el caso del perito A. (fs. 702) expresa que “(...) el hecho se debió haber agravado porque el pasajero que se encontraba sentado en el asiento trasero del lado del acompañante, no tenía colocado el correspondiente cinturón de seguridad y por la acción de las fuerzas inerciales debidas al impacto, el ocupante del asiento trasero se proyectó sobre el respaldo del asiento delantero derecho, doblándolo hacia adelante lo cual debió haber colaborado en la magnitud del golpe del acompañante contra el parabrisas.” He de recordar que el pasajero de atrás sufrió un grave traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento del hueso frontal, más daño encefálico, determinándose como causa de muerte el impacto contra un “elemento” y aunque no se específica cuál pudo ser este último, las lesiones se presentan como por completo compatibles con la mecánica descripta por el ingeniero A.
De los informes técnicos y pruebas periciales surge que el sistema de airbag no funcionó de igual modo para el conductor que para el acompañante. Esto pese a que el impacto ha sido frontal y la desaceleración única sobre ambos lados del vehículo, siendo ella necesaria para activar el mecanismo. No obstante también he mencionado que la prueba señala mayor deformación de la carrocería en el lado derecho.
Los expertos concuerdan en que el sistema no tuvo fallas, sino que se debió a su desconexión por destrucción del tablero y deformación del habitáculo, lo cual impidió que el airbag del acompañante recibiese la orden de apertura.
Las lesiones sufridas por T., de acuerdo a la autopsia lo fueron, entre otras, en la zona craneana, produciéndole la muerte. El conductor del automóvil no se vio afectado de la misma forma, sino que salió del evento con vida; vale recordar al respecto, como lo señalan de modo coincidente los peritos y el informe de CESVI, que la deformación del automóvil y en particular del parante, fue mayor del lado derecho que del izquierdo, debido a la mecánica de la colisión.
Las circunstancias reseñadas impiden concluir, sin más y de un modo simplista que, como el conductor salvó su vida lo mismo debió ocurrir con T. Es fácil advertir y así lo señalan los expertos, que la destrucción del lado derecho fue mayor, debido a la mecánica de la colisión. En mi parecer cabe admitir que existían posibilidades que el daño sufrido por el acompañante hubiese sido menor, sin poderse concluir de modo indubitable que no se hubiera producido la muerte, aspecto que entiendo debía justificar la accionada para exonerarse por completo de la obligación que le es impuesta por los arts. 5 y 40 LDC (art. 53 LDC). Las pruebas periciales en cuanto indican que el airbag no se abrió debido a la desconexión de las fichas respectivas, por deformación de la estructura, llevan a concluir que medió algún defecto de diseño y/o de construcción para prevenir tal hecho. La accionada no demostró que el diseño y/o construcción aludidas lo hayan sido de forma tal que previniesen dicha desconexión, de modo de garantizar la operatividad del sistema frente a una colisión básicamente frontal, siendo inadmisible su pretendida justificación en cuanto a que sólo en ciertos ángulos operaría el sistema. Tampoco que, aun siendo previsible que ello ocurriese no pudiera ser evitado mediante otro diseño o construcción.
En el caso no se ha acreditado culpa de la víctima o el hecho fortuito, aunque que sí una culpa de quien conducía el automotor y también la incidencia de la conducta del tercero que viajaba sin cinturón de seguridad.
Cabe recordar que el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso. Es así que las pruebas que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, por ser débiles o imprecisas, pueden complementarse entre sí, llevando al ánimo del juez la convicción sobre la verdad de los hechos acontecidos (causas 84.756, 89.363, 91.509, entre otras; CNCiv., Sala E, 28/09/76, ED 71-236). En otros términos, cada uno de los elementos debe apreciarse en relación con las demás probanzas aportadas, como un conjunto de antecedentes armonizados entre sí que permitan llegar a la solución del caso.
x. Conclusión En definitiva, las pruebas mencionadas revisten la calidad suficiente como para corroborar que H. R. T. falleció como consecuencia del siniestro que narra el escrito inicial. En cuanto a la responsabilidad, no por el accidente, sino por los daños que de él se han derivado, mediando la culpa de terceros, el conductor del automóvil, por quien el proveedor no debe responder (art. 40 LDC) y la falta de uso de cinturón de seguridad del pasajero de atrás, careciendo en estos actuados de datos ciertos sobre la incidencia de los diversos factores que determinaron las lesiones mortales, aunque no restando la relevancia que en el tema cabe asignar a quien produjo la inexplicable y fuertísima colisión, esto es la impericia de C. B., considero adecuado a las circunstancias del caso asignársela a la demandada en un 30%.
c) La propuesta al Acuerdo Por las consideraciones precedentes y lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional; arts. 512, 902, 1068, 1069, 1109, 1113, y concordantes del Código Civil; 1, 2, 5, 6, 40, y 53 de la ley 24.240; arts. 1092 y 1094 del CCCN; y los arts. 375, 384, 474 y concordantes del CPCC, propongo al Acuerdo hacer lugar a los agravios de los actores en cuanto al punto en análisis, revocar la sentencia apelada y admitir la responsabilidad de F. A. S.A., por las consecuencias dañosas del hecho, en un 30%.
V. Rubros indemnizatorios A continuación serán considerados las diversas indemnizaciones pretendidas por las partes, en sendos expedientes.
Autos: “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.”
1. Valor vida a) El planteo Los actores invocan los siguientes vínculos: N. D. P., esposa del fallecido H. R. T.; M. S. T. y F. H. T., hijos de la víctima fatal.
En tal carácter piden gastos y honorarios de psicólogo, daño moral, daño psicológico; asimismo, N. D. P. y F. H. T. reclaman “indemnización por muerte”. b) El análisis Entiendo que los demandantes que pretenden indemnización por muerte hacen referencia bajo tal denominación a aquello que se conoce como valor vida. Los interesados efectúan, en primer lugar, una reseña del desempeño de H. R. T. como profesional del negocio de los seguros, su capacitación, dedicación y esfuerzo, como así también el reconocimiento que tenía en el ámbito de su actividad y de la comunidad en general, todo lo cual vio malogrado con su inesperada muerte a los 55 años de edad.
Luego de otras consideraciones generales sobre qué debe indemnizarse frente al fallecimiento de una persona, indican cuál es el reclamo de cada uno:
a) N. D. P.
En el escrito inicial se sostiene que la nombrada, esposa de la víctima, era ama de casa, manteniendo una total y absoluta dependencia económica de su marido, quien se desempeñaba como Gerente General de “L. S. C. Limitada de S. G.” y Presidente de “L. S. A. S.A.”, percibiendo un ingreso mensual promedio de $ 8.500, aproximadamente, más retribuciones anuales y premios. Agrega que los referidos ingresos le permitían al grupo familiar una vida social y recreativa muy buena, lo cual finalizó de manera abrupta con la muerte de quien los generaba.
La peticionaria P. reclama mantener el mismo status material del cual gozó durante su matrimonio, por lo cual pretende la suma de $ 1.000.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos, con más sus intereses, costas y desvalorización monetaria si correspondiere, hasta el momento del efectivo pago. b) F. H. T.
Se menciona a su respecto que al momento del fallecimiento de su padre vivía con sus progenitores, de quienes dependía espiritual y económicamente; que ello le permitía cursar sus estudios en la Universidad Austral, los que vio peligrar, aunque ello no ocurrió por la ayuda de su hermano mayor, F. C. y que luego comenzó a trabajar como pasante en G. M. A. S.A. Por este concepto pretende la suma de $ 700.000 con los mismos accesorios que su madre.
La Suprema Corte provincial ha expresado que el fallecimiento de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que ésta produce en el caso (Ac. nº 35.428, J.A. 1992-III-335). En efecto, la vida humana no tiene valor económico per se en consideración a lo que produce o puede producir. La vida de una persona no es mensurable como un bien desde el punto visto de la economía, porque su dimensión la trasciende.
Cuando se extingue una vida, además del desgarramiento en el espíritu que provoca a quienes eran los afectos del fallecido, ocasiona, por lo general, indudables consecuencias de orden patrimonial. En tal caso se deben ponderar los efectos que aquella muerte provoca sobre otros patrimonios, pues se ha suprimido la actividad creadora y productora de bienes que en mayor o menor medida los beneficiaba (en similar sentido, CSJN, 22/12/1994, “Brescia c/Provincia de Bs. As.”; esta Sala, causas nº 69.281, 99.839, 106.478, 106.477, 106.476, entre muchas otras).
La accionada por su parte niega que el causante tuviera el desempeño profesional y los ingresos mensuales indicados en la demanda, como así también que contribuyera con el mantenimiento de sus hijos en la forma allí indicada (fs.569); niega la autenticidad de la documentación aportada por la demandante a tal efecto. A fs. 628/629 obra informe producido por la empleadora de H. R. T., por el cual se hace saber las retribuciones percibidas por el nombrado durante los años 2000 hasta su fallecimiento en septiembre de 2003; la más alta fue la del mes de julio del 2003. Este informe no ha sido cuestionado por la accionada (fs. 629 vta.). El desempeño profesional de T. se ve reflejado en alguna medida en las noticias periodísticas remitidas en copia fiel por el diario Á. F. (fs. 670/673), B. N. S.A. (fs. 681/682), Informe Asegurador y Previsional S.R.L. (fs. 686).
El art. 1084 del Código Civil, que como he mencionado resulta aplicable al caso en razón de la fecha en que ocurrió el hecho (art. 7 CCCN), creaba una presunción juris tamtun de que la muerte, por sí sola, ha provocado un perjuicio en el patrimonio de las personas enumeradas por la ley: la viuda e hijos del muerto. En virtud de tal presunción los nombrados componentes de la familia, aunque no prueben un daño patrimonial alguno, tienen derecho a obtener un resarcimiento, cuyo monto queda librado a la prudencia de los jueces.
Para determinar esa reparación, llamada impropiamente “valor vida”, deben considerarse diversos factores atinentes a la víctima fatal; así su edad, la labor que desarrollaba, su instrucción, posición económico-social, etcétera, sin que ello implique sujetarse a pautas rígidas ni efectuar cálculos matemáticos exactos (art. 1084, 1085 del Código Civil). Ponderando tales elementos y las circunstancias particulares de quienes reclaman la indemnización podrá arribarse a un monto integral justo (causas nº 47.259, 68.357, 86.165, entre muchas otras).
También debe tenerse en cuenta con relación a los beneficiarios de esta indemnización que, además de sus necesidades físicas y materiales en general, debe atender las que hacen a la salud psíquica y espiritual, sustituyendo aquello que para ello aportaba el ahora fallecido.
Similares consideraciones a las arriba formuladas han sustentado numerosas sentencias de esta Sala (“Caballero Martínez, Dominga de las Nieves y/o c/ Casado, Adrián Alejandro”, causa N° 97.238, 15/06/2010; “Paolini, María Zita c/ Maciel Gabriel Darío”, causa N° 51.136 y “Paolini María Zita y otro c/ Benítez, Miguel Martín”, Causa N° 52.382, 22/02/2016; entre muchas otras).
Ahora bien, el art. 39 inc. 4) de la ley 24.557, establece que “(…) Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6 de esta ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador auto-asegurado (…)”. En consecuencia, a las sumas que se establezca como valor vida en la presente, deberán descontarse los importes ya pagados por L. S. A. S.A. y percibidos por los interesados con motivo de la muerte de H. R. T. (fs. 306 y 307 causa n° 46.200), esto es: N. D. P., prestación por muerte por $180.000 (art. 15, apartado 2, y 18 apartado 1) y compensación adicional por $35.714,24 (art. 11, apartado 4, inc. c y art. 18, apartado 1, de la ley 24.557); y respecto de F. H. T., compensación adicional por $14.285,71 (art. 11, apartado 4, inc. c y art. 18, apartado 1, de la ley 24.557). Adelanto, sin perjuicio del análisis circunstanciado que se hará en la causa n° 46.200, que el pago de tales sumas se encuentra acreditado con la constancia que obra a fs. 299, 305/309, 562/564, 634 vta. Vale aclarar que la accionada, al contestar la demanda, ha planteado expresamente la deducción de los importes que los demandantes hubiesen percibido por la muerte de T., como beneficiarios de pólizas (fs. 578). Entiendo que en el caso no corresponde deducir los importes abonados por la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de gastos de sepelio, pues atiende a un concepto específico no reclamado en estos actuados. En tal sentido, además de las sumas percibidas de L. S. A. S.A., la viuda de la víctima percibió en concepto de indemnización por muerte del asegurado la cantidad de $ 500.000 (póliza N° X – Ramo Accidentes Personales) y $ 400.000 (póliza N° X – Ramo Vida Individual), según lo informado por L. S. P. C. de S. de P. S.A. (fs. 660). No obstante, los importes percibidas con motivo de estas dos pólizas, no podrán deducirse del monto indemnizatorio que se establezca en estos actuados.
La imposibilidad de deducir los aludidos montos ($ 500.000 y $ 400.000) obedecen a que los seguros de personas no tienen función resarcitoria según se señala en la exposición de motivos de la ley 17.418 (punto XXIII 2), de modo que no se produce en el caso un supuesto enriquecimiento indebido del asegurado o en supuestos como el presente, de la viuda beneficiaria. Se trata de una cobertura que se traduce en una suma de dinero, previamente pactada, que garantiza el pago de un capital o una renta cuando se produce un hecho que afecta la existencia, salud o vigor del asegurado (Halperín- Morandi, Seguros, Volumen I, p.85). Por otra parte se trata de seguros que no son susceptibles de subrogación (art. 80 LS).
En síntesis, los totales ya percibidos, computables a efectos de la estimación del valor vida, ascienden a las siguientes cifras: N. D. P., $ 215.714,24; F. H. T., $14.285,71.
c) La propuesta al Acuerdo En virtud de lo expresado, en particular la edad (58 años) y desempeño laboral de la víctima como gerente general de L. S. C. L . de S. G., su remuneración promedio correspondiente al año 2003 en que ocurrió el hecho $ 17.454,27; lo previsto por los arts. 1068, 1083 y arg. 1084 del Código Civil; art. 39 inciso 1 de la ley 24.557; arts. 384 y 165 del CPCC, aprecio que resulta prudente fijar la indemnización a favor de la viuda P. en la suma de $ 1.200.000, que por deducción de lo percibido ($ 215.714,24) se reduce a $ 984.285,76 y a favor de F. H. T. $ 300.000, que con merma de lo cobrado ($ 14.285,71) disminuye a $ 285.714,29. En virtud de la proporción del daño que debe indemnizar la accionada, las referidas sumas se limitan a $ 295.285,73 y $ 85.714,29, respectivamente.
2. Daño psicológico - Tratamiento a) El planteo Los actores alegan haber sufrido daño psicológico con motivo del fallecimiento de T., por lo cual reclaman su indemnización, más una suma por tratamiento, pretensión que es resistida por la accionada.
b) El análisis El dictamen pericial psicológico (fs. 753/758 y 765), determina una incapacidad para todos los peticionarios del 5% como consecuencia de una neurosis leve que les produjo el hecho. La accionada ha impugnado el citado informe, pues sostiene que no se tuvo en cuenta el impacto que tuvo en ellos la muerte previa de un hijo del matrimonio T. –P. (fs. 788); luego de declaró la negligencia de la accionada en lo que se refiere al respectivo pedido de explicaciones (fs. 815).
El daño psicológico no constituye un capítulo independiente del daño moral o del material, sino una especie del uno o del otro (Cód. Civil, arts. 519, 522, 1068, 1069 y 1078; conc. arts. 1738, 1739, 1741 CCCN). Las diferentes afecciones que puede sufrir la víctima en su integridad psicofísica se resumen en una determinada incapacidad de la persona, la que no está conformada por estancos separados sino íntimamente vinculados. Dado esa característica esencial de la persona, cuando se evalúa su incapacidad deberán tomarse en cuenta los diversos factores que determinan la minusvalía.
En este sentido, aprecio correcta la posición que señala que la incapacidad psicológica no es un daño resarcible en forma autónoma, sino que se halla comprendida en el daño material o moral según el caso. En efecto, el daño psíquico que afecte a una persona, puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión en su patrimonio o bien en un daño extrapatrimonial o moral, por los sufrimientos que haya producido.
Si se analiza la cuestión desde su resultado patrimonial, se advierte que en la disminución de la capacidad inciden tanto el aspecto físico como el psíquico.
De lo contrario, si se tomasen como elementos independientes y se determinara la incapacidad total por la simple suma de ambos componentes, en ciertos casos podría arribarse a resultados que superarían el 100% de la capacidad de la persona.
Las consideraciones precedentes avalan, en mi criterio, que el daño psíquico no sea considerado a los fines del resarcimiento como un rubro autónomo, debiendo tenérselo en cuenta, según sus características; sólo en tanto se pruebe su carácter irreversible, debe ser tratado en conjunto con la incapacidad; de no ser así habrá que tenerlo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga.
Por ello teniendo en cuenta que la pericial psicológica realizada en autos no indica una incapacidad de carácter irreversible, aprecio que en el caso no debe asignarse indemnización bajo ese concepto sino lo necesario para el tratamiento de la patología.
c) Propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado, lo dispuesto por los arts. 1068, 1069 y concordantes del Código Civil; arts. 375, 384, 474 y conc. del CPCC; tomando en cuenta la extensión del tratamiento sugerido (un año), y el valor de la sesión apreciado por esta Sala para atender a la terapia psíquica ($ 330, causa n° 41.309-2010 del 26/2/2015), considero que debe fijarse la suma de $ 17.200 para cada uno, valor que en atención al porcentual de responsabilidad asignado a la demandada queda reducido a $ 5.160.
3. Daño moral a) El planteo.
En la demanda se reclaman en concepto de daño moral las siguientes sumas: $ 700.000 para N. D. P.; $ 450.000 para M. S. T.; y $ 750.000 para F. H. T.
b) El análisis i. Caracterización El daño moral está configurado por una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, que implica una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en su vida y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (C. Civil, arts. 1078 y 1111; SCBA, Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, DJBA 156-17).
Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (SCBA, Ac. Nº 51.179, 2/11/93).
Encuentra su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, y por ende, imperfecta, del dolor íntimo experimentado, a raíz del siniestro. A través de ella se procura la obtención de gratificaciones sustitutivas de aquellos bienes perdidos, como fuentes de gozo, alegría, estimables en la esfera psicofísica (Iribarne, H., De los daños a personas, pág. 162, Ediar, Bs. As., 1993).
Para ello corresponde tener en cuenta que esta indemnización de carácter resarcitorio (CSJN, 5/8/86, ED 120-649), debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, valorándose la gravedad del ilícito cometido, sin que sea preciso que guarde relación con el daño material, ni con otros que se reclamen, pues no reviste carácter accesorio (CSJN, 6/5/86, RED a-499).
Entiendo que el daño moral sufrido por la muerte del cónyuge o del padre, según el caso, en circunstancias como las que originan estos actuados, no requieren demostración alguna, pues constituyen un hecho que se prueba por sí mismo.
Con mayor razón cuando como en el caso se ha determinado una afección psíquica que, pese a no revestir carácter de irreversible, ha afectado temporalmente a los interesados.
ii. Los precedentes Todas estas consideraciones han sido ponderadas en reiteradas oportunidades por esta Sala cuando ha debido fijar una indemnización por el rubro que aquí nos ocupa (causas Nº 101.321, 100.706, 102.722, 102.829, 100.883, 102.592, 101.100, 101.709, entre muchas otras).
c) La propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1078 y concordantes del Código Civil (en similar sentido arts. 1738 y 1741 del CCCN); arts. 375, 384, 474 y conc. del CPCC, entiendo que debe admitirse una indemnización por daño moral a favor de los demandantes por las siguientes sumas: N.D.P. $ 600.000; $ M. S. T. $ 250.000 y Fabricio H. T. $ 250.000 Los referidos importes, en virtud de la participación que corresponde a la accionada en el evento, se limitan al 30%, esto es las sumas de $ 180.000, $ 75.000 y $ 75.000 respectivamente.
Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. A. S.A.” (Expte. n° 46.200)
a) El planteo y su análisis La parte actora reclama a la demandada el pago de diversas sumas que debió afrontar con motivo del fallecimiento de H. R. T.
La prueba documental e informativa acredita el pago de tales sumas (fs. 299, 305/309, 562/564). Para ello resulta decisiva la pericial contable, que no fue impugnada por las partes (fs. 633/635). De tal modo las erogaciones efectuadas por la aseguradora demandante, lo fueron por los siguientes conceptos e importes:
∑ Gastos de sepelio: $ 278 (fs. 299, fs.301/303). ∑ Gastos de sepelio $ 8.096 (fs. 299 y 304).
∑ Prestación por muerte al trabajador $ 190.000 (fs. 305)
∑ Compensación adicional de pago único a derechohabientes, abonada a la cónyuge supérstite N.
D. P. $ 3.714,29 (fs. 36).
∑ Compensación adicional de pago único a derechohabientes abonado a F. H. T., $ 14.285,71 (fs. 307).
El total del crédito pretendido y probado asciende a la suma de $ 238.374, cuyo reintegro a la demandada, por parte de la accionada, corresponde de conformidad con lo establecido por el art. 39 inciso 5 de la Ley 24.557, arriba mencionado.
b) La propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por el art. 39 inciso 5 de la ley 24.557; arts. 375, 384, 474 y conc. del CPCC, entiendo que debe admitirse el reintegro de los concepto reclamados.
No obstante ello habiéndose determinado que a F. A. S.A.C. le corresponde participar en las consecuencias dañosas del evento en un 30%, la demandante tendrá lugar a su resarcimiento por la suma de $ 71.512,30.
VI. La desvalorización monetaria a) El planteo Las demandantes de ambos expedientes pretenden que se les reconozca desvalorización monetaria.
b) El análisis El artículo 4 de la ley 25.561, en forma expresa, prohíbe todo tipo de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor (art. 7 de la ley 23.928). Mantiene la derogación, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan mecanismos de tal naturaleza (art. 10 de la ley 23.928; causas nº 89.601, 89.899, 100.326, entre otras). En tal orden de ideas se ha pronunciado, la Suprema Corte provincial al decir que "la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del artículo 7° de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresa y que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios", añadiendo que "aún cuando es de público y notorio que en el transcurso del corriente año se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por los accionantes, además de ser contraria a las normas referenciadas -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso" (S.C.B.A., Ac. Nº 63.617 del 30/3/2010, 102.282 del 11/11/2009, 87.810 del 16/4/2008, 49.193 bis, del 02/10/2002, entre muchos otros).
Ahora bien, en mi criterio ello no impide que, tratándose de un monto a determinar por el juez, esto se realice sobre datos reales, es decir vigentes, al tiempo de sentenciar. Por el contrario, la indemnización tiene como finalidad colocar al acreedor en una situación igual o similar a la que se hallaba antes del hecho que le ocasionó el daño; de tal forma se persigue nivelar el menoscabo sufrido por el patrimonio del afectado, como consecuencia de la acción ilegítima del deudor.
El principio de la reparación integral responde al concepto de reparación justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método exige la observancia de cuatro reglas: a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; c) la reparación no debe ser superior al daño sufrido; d) la apreciación debe formularse en concreto. Cabe tener presente, que en la tarea de fijar el alcance y cuantía de la indemnización, de lo que se trata es de no trasponer el área de equidad y justicia acotada, por un lado, por el principio de reparación integral y plena, y por otro, por el que impide lucrar con el daño sufrido, de manera que el perjudicado no quede ni más pobre, ni más rico de lo que hubiera sido de no acaecer el evento dañoso (Trigo Represas-Cazeaux en "Derecho de las obligaciones", Ed. Platense, 1969, 1ra. ed. tomo I., pág. 247). Para ello el Juez tiene plena libertad para valorar y cuantificar la reparación (esta Sala I, causa nº 101.943).
En virtud de lo expuesto entiendo que corresponde desestimar el planteo efectuado.
c) La propuesta al Acuerdo De conformidad con lo analizado, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.928, art. 4 de la ley 25.561, propongo al Acuerdo desestimar el planteo de desvalorización monetaria.
VII Intereses Conforme lo solicitado por las partes, las sumas adeudadas devengarán intereses. Al respecto el tipo de interés que ha de fijarse constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A.- Compagnucci de Caso, Rubén H., Código Civil comentado, Obligaciones, T°. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, pág. 493). Por otra parte el art. 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, se deben los legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el que se deba abonar.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en reiterados pronunciamientos, insistió en la aplicación de la tasa de interés que se debe aplicar, en casos análogos al de autos, que es la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, desde el día del hecho y hasta el efectivo pago, estableciendo su doctrina legal al respeto (causa C. 101.774, en autos: “Ponce, Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios", del 21/10/2009; causa C. 92.681, en autos: "V., S. U. contra Schlak, Oscar Reinaldo y otros s/ Daños y perjuicios", del 14/9/2011; causa 102.410, en autos: ”Núñez, Enrique Agustín c/ Ivancich, Raúl Leopoldo s/ Daños y perjuicios”, del 4/4/2012; causa 107.097 en autos: “Lescano, Gustavo Ariel c/ Cepeda, Edgardo Omar s/ Daños y perjuicios” del 27/6/2012; causa C 105.187, en autos: “Spadaro, María Lorena c/ Salezzi, Claudia y otros s/ Daños y perjuicios”, del 15/8/2012).
La doctrina legal es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (SCBA causa N° 117.819 del 18/06/2014). Su objetivo es establecer una unidad interpretativa que hace imprescindible el anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad.
La violación de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 inc. 1° del CPCC se configura en el caso que un fallo sea dictado con injustificado apartamiento o inobservancia de un criterio jurisprudencial sentado previamente por la Corte, en casos análogos o de estrecha similitud.
Esta Sala I, aplica la doctrina legal impuesta por la SCBA. Esto más allá que en los fallos en que me tocó emitir opinión, dejara asentado que no comparto los argumentos en que se sustenta la referida doctrina. No obstante, razones de celeridad y economía procesal, como así también por la innegable aptitud vinculante de los fallos de nuestra Suprema Corte, conforme la ubicación en la cúspide de nuestro ordenamiento judicial local, siempre he propuesto adoptar dicha decisión (causas N° 40359-0 del 29/12/2014, 2528-6 del 20/11/2014, 38583-2009 del 12/11/2014, 15617-2011 del 23/10/2014, 1196-4 del 23/9/2014, 33760-11 del 7-7-15; entre muchos otros). Algunos tribunales, con la intención de no violentar la doctrina legal de la SCBA, consideraron que, dado la variedad de tasas pasivas ofrecidas por el Banco Provincia, no se encuentra obstáculo para utilizar una que sea más equitativa. Consideraron razonable aplicar la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días respecto a fondos captados en forma digital; es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional (Tribunal de Trabajo n° 7 de San Isidro del 19/3/2014, en autos: “Czernecki, Jorge Alberto c/ Rezagos Industriales S.A. s/ Despido”, public. en La Ley online, AR/JUR8079/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, del 4/11/2014, en autos: “Remy, Juan Domingo c/ Viora, Orlando s/ Daños y Perjuicios”, public., en RCyS 2015-V, 184, en La Ley online AR/JUR/70739/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Lomas de Zamora del 26/3/2015, en autos “Aguilera Azucena Petrona c/ El Puente SAT y/o s/ Daños y Perjuicios”). Dicha tasa se encuentra publicada por la entidad oficial desde el 19/8/2008.
La SCBA, en la causa 118.615 del 11/3/2015, en los autos caratulados “Zocaro, Tomás Alberto c/ Provincia ART S.A. y/o s/ Daños y Perjuicios”, dictó un fallo que entiendo, abre una senda favorable en tal sentido. Consideró nuestro Tribunal Superior que la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación, impuesta por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, no habilita la instancia extraordinaria, desde que el interesado no demuestra vulnerada la doctrina legal de la Corte elaborada al respecto, pues precisamente en ella se ampara el fallo de origen.
En virtud de lo analizado, el respeto a la doctrina legal de la Corte en este tema y a los fines de salvaguardar el principio de la reparación integral, entiendo que nada impide aplicar una tasa pasiva que sea más equitativa (art. 622 del Cód. Civil, y art. 768 del CCCN). En dicho sentido ya se ha expedido esta Sala en anteriores decisiones (causa 33752-0 del 19/5/2015, Reg. N° 68; D-2375-04 del 19/5/2015, Reg. N° 69; 3149-6 del 28/5/2015, Reg. N° 80; entre otras).
c) La propuesta al Acuerdo De conformidad con lo dispuesto por el art 622 del Cód. Civil (en igual sentido el art. 768 del CCCN), propongo al Acuerdo, que las sumas adeudadas devenguen intereses conforme las siguientes pautas:
Autos: “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Expte. 50.943).
A la tasa pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días desde la fecha de ocurrencia del hecho (12/09/2003) hasta el 18/08/2008; a partir de entonces y hasta el efectivo pago, la que abone el mencionado Banco en iguales operaciones respecto a fondos captados en forma digital, es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, hasta el efectivo pago.
Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. A. S.A.” (Expte. n° 46.200)
En este caso las sumas se adeudan a la actora desde el momento en que puso su reclamo en conocimiento de la accionada. Dado las particularidades procesales del caso los intereses no han de correr desde la fecha de notificación del traslado de la demanda, pues no ha sido devuelta la respectiva cédula, sino que deberá tenerse como fecha de inicio aquella en que la requerida demostró su conocimiento, con su contestación el día 20/06/2007 (242/253). La tasa será la pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días hasta el 18/08/2008; a partir de entonces y hasta el efectivo pago, la que abone el mencionado Banco en iguales operaciones respecto a fondos captados en forma digital, es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, hasta el efectivo pago.
VIII Las costas En lo que hace a las costas, en atención a la solución postulada, deberá soportarlas la parte demandada por las dos instancias en ambos expedientes (arts. 68 y 274 CPCC).
Por los fundamentos expuestos, voto por la NEGATIVA. Por los mismos fundamentos, el Dr. RIBERA votó también por la NEGATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se admite la responsabilidad de F. A. S.A.C., en un 30%, por el fallecimiento de H. R. T., por lo cual se la condena a pagar las siguientes sumas que se establecen con carácter definitivo, en atención a la participación que le corresponde en las consecuencias dañosas de hecho. Los respectivos importes deberán ser abonados dentro de los diez días de quedar firme la sentencia (art. 163 inc. 7 CPCC).
Autos: “P., N. D. y otros c/ F. A. S.A.” (Expte. 50.943).
4. A favor de N. D. P.: a) por valor vida $ $ 295.285,73; b) por daño moral $ 180.000; c) por tratamiento psicológico $ 5.160.
5. A favor de M. S. T.: a) por daño moral $ 75.000; b) por tratamiento psicológico $ 5.160.
6. A favor de F. H. T.: a) por valor vida $ $ 85.714,29; b) por daño moral $ 75.000; c) por tratamiento psicológico $ 5.160.
Los importes fijados devengarán intereses a la tasa pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días desde la fecha de ocurrencia del hecho (12/09/2003) hasta el 18/08/2008; a partir de entonces y hasta el efectivo pago, la que abone el mencionado Banco en iguales operaciones respecto a fondos captados en forma digital, es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, hasta el efectivo pago.
Autos: “L. S. A. S.A. c/ F. A. S.A.” (Expte. n° 46.200)
A favor de L. S. A. S.A. la suma de $ 71.512,30 en concepto de recupero de sumas abonadas con motivo del fallecimiento del afiliado H. R. T. En este caso las sumas devengarán sus intereses desde que la requerida demostró su conocimiento de la petición con su contestación el 20/06/2007 (242/253), a la tasa pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días hasta el 18/08/2008; a partir de entonces y hasta el efectivo pago, la que abone el mencionado Banco en iguales operaciones respecto a fondos captados en forma digital, es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, hasta el efectivo pago. Remítase copia de la presente a la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación, a los efectos que estime pudieran corresponder respecto del automóvil involucrado en estos actuados (Ford Mondeo Ghia año 2001), en cuanto al cumplimiento del deber de seguridad establecido por el art. 5 de la ley 24.240.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 de la Ley 8.904). Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera Hugo O.H. Llobera Mariano A. Bonanni Secretario
Fin de la sentencia