Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en cuanto dejó sin efecto la sentencia de trance y remate previamente dictada y rechazó la ejecución, y disponer que prosigan los autos según su estado (arts. 16 y 18 de la C.N.; arts. 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 1, 166, 260, 266, 549 y ccs. del C.P.C.C.).
2Con costas en ambas instancias al ejecutado que resulta vencido (arts. 68, 69 y 274 del C.P.C.C.).
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 34 del dec-ley 8904/77 y art. 31 de la ley 14967; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”).
Causa nº: 2-63017-2018 "LALANNE ROBERTO MARCELO C/ BRUNO IGNACIO S/ EJECUCION HONORARIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 89 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 de la Ley 5827), encontrándose excusado a fs. 248 el Doctor Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Lalanne, Roberto Marcelo c/. Bruno, Ignacio s/. Ejecución Honorarios” (causa Nº 63.017), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 193/196vta.?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. El Dr. Roberto Marcelo Lalanne promovió ejecución de honorarios contra Ignacio Bruno a quien reclamó el pago de una suma equivalente a 60 jus (más IVA, aportes e intereses). Los honorarios que reclama le fueron regulados en carácter de costas mediante sentencia dictada en la causa penal n° 0911/936/10 por el Juzgado Correccional del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.
Mencionó que se desempeñó como letrado patrocinante del particular damnificado Eduardo Javier Lalanne y que el decisorio penal que condenó a Ignacio Bruno a la pena de 15 días de prisión, con costas, y que reguló sus honorarios profesionales fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen en fecha 05-8-11. Relató que la Suprema Corte Provincial desestimó por inadmisible tanto el recurso de inaplicabilidad de ley como el extraordinario federal deducidos sucesivamente por la defensa del imputado. Y a pesar de que posteriormente el Juzgado Correccional declaró la prescripción de la acción penal, alegó el letrado que tiene derecho a reclamar sus honorarios dado que se encuentran firmes y realizó los trabajos pertinentes.
En abono de su pretensión trajo –entre otra documental destinada a conformar el título base de la ejecución- las siguientes copias certificadas: de la sentencia condenatoria del Juzgado correccional del 28-9- 10 (y sus notificaciones), y de su confirmatoria del 05-8-11 de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen (fs. 6/11vta., 22/33vta.); de la sentencia de la Suprema Corte Provincial del 14-8- 13, por la que desestimó -por inadmisible- el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de la Cámara de Trenque Lauquen (fs. 35/38); de la resolución que denegó, por inadmisible, el recurso extraordinario federal interpuesto por el Defensor Oficial ante el tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (fs. 52/53vta.); de la resolución del 02-5-16 mediante la cual el Juzgado Correccional con sede en Olavarría tomó nota de lo ordenado por la Corte Suprema Nacional en fecha 29-12-15, advirtió prima facie que la acción penal se encontraría prescripta y, en consecuencia, requirió informes al Registro Nacional de Reincidencias a fin de constatar la circunstancia prevista en el art. 67, sexto párrafo del Código Penal (fs. 54); de la sentencia del Juzgado Correccional de Olavarría que declaró la extinción de la acción penal en orden al delito de daño y, en consecuencia, sobreseyó totalmente a Ignacio Bruno por el hecho ocurrido en la ciudad de Olavarría el día 11-12-07 (fs. 60/61vta.); de la sentencia de la Excma.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental declarando competentes a los juzgados civiles para entender en la ejecución de los honorarios regulados en sede penal al Dr. Lalanne (fs. 101/102); y de la resolución del Juzgado Correccional dando cuenta de la firmeza de la sentencia del 07-9-16, que declaró prescripta la acción penal (fs. 107).
2. Diligenciada la intimación de pago y constatado el vencimiento del plazo legal sin que el ejecutado comparezca a oponer excepciones, en fecha 04-9-17 la a quo dictó la sentencia que mandó llevar la ejecución adelante en los términos peticionados y con costas, disponiendo asimismo que fuera notificada al ejecutado en los términos de los arts. 41 y 540 del ritual (fs. 169/169vta.).
Posteriormente el encartado compareció al proceso imponiéndose en forma expresa del contenido de la sentencia y, en lo que se vincula con la temática recursiva, solicitó que “…se fije audiencia a los fines conciliatorios con el objeto de arribar de forma más rápida y eficaz a un acuerdo de pago y satisfacer el crédito…” (fs. 182/183vta.).
3. Ahora bien, a fs. 191/191vta. el Juzgado Correccional informó que: por sentencia del 07-9-16 que a la fecha se encuentra firme, se declaró la prescripción de la acción penal sobreseyéndose totalmente a Ignacio Bruno; que antes de ello, por sentencia del Juzgado Correccional fechada el 28-9-10 –y confirmatoria de Cámara del 05-8-11- Bruno había sido condenado a una pena de quince días de prisión con costas; que ni la Corte Provincial –al desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley- ni la Nacional –al suspender el trámite de la queja hasta tanto se resolviera la cuestión de la prescripción-, se expidieron sobre las costas; sin embargo -se dijo en el informe-, al declararse la extinción de la acción penal por prescripción las sentencias que condenaron a Bruno no pasaron en calidad de cosa juzgada y, por ende, tampoco lo hicieron las correspondientes condenas en costas.
4. Partiendo de esa información recabada del Juzgado Correccional, en la resolución que arriba apelada la juzgadora de la anterior instancia sostuvo que el título esgrimido por el Dr. Lalanne resulta inhábil y destacó que, antes y después de declarada la extinción de la acción penal, el letrado intentó mantener con vida en cabeza de Bruno la obligación de pagar sus honorarios. Así, en el entendimiento de que la sentencia de trance y remate que dictó a fs. 169/169vta. no se encuentra firme (puesto que –sostuvo la magistrada- el propio ejecutante planteó contra la misma recurso de aclaratoria con apelación en subsidio), decidió dejarla sin efecto por resultar inhábil el título base de la ejecución.
Sin perjuicio de ese primer argumento, seguidamente la juzgadora de origen agregó que la conclusión sería la misma en caso de considerarse que la sentencia de trance y remate se encuentra firme respecto de Bruno (por haber sido notificado ministerio legis en los términos del art. 133 del Código Procesal, o por haberse notificado personalmente mediante su escrito posterior de fs. 182/185). Y entendió la presentenciante que ello es así porque la cosa juzgada no puede amparar un resultado jurídicamente disvalioso, teniendo en cuenta el conocimiento sobreviniente que se tuvo de la inhabilidad del título ejecutivo. Señaló que el letrado ejecutante omitió solicitar una declaración sobre su viabilidad, a sabiendas de que el ejecutado había sido totalmente sobreseído por haberse declarado extinguida la acción penal.
Se preguntó la a quo sobre la base de qué argumentos el imputado sobreseído debería abonar los honorarios del abogado que asistió al particular damnificado, y concluyó que debe abonarlos su propio cliente “pero no quien resultó triunfador en la Sede Penal”, tal como se desprende de lo informado por el Juzgado Correccional en el sentido de que “la condena en costas no pasó en autoridad de cosa juzgada” (fs. 194vta.). Realizó diversas consideraciones sobre la cosa juzgada y destacó que de mantenerla inalterable en autos (a la sentencia de trance y remate) implicaría aceptar una decisión que devino injusta, inequitativa y contraria a la verdad jurídica objetiva en virtud de la incorporación de elementos que, aun siendo previos, fueron incorporados con posterioridad.
Sostuvo que si bien el ejecutado no dedujo excepciones cuando se le cursó la intimación de pago ni tampoco hizo cuestión alguna al presentarse luego de la sentencia, mantener la cosa juzgada provocaría consecuencias más perniciosas, entre otras, avalar la actitud del letrado accionante que intentó ejecutar sus honorarios contra Bruno a sabiendas de que el único legitimado para cancelarlos era su cliente –particular damnificado en sede penal-. Con esos argumentos la juzgadora de la anterior instancia dejó sin efecto la sentencia de trance y remate que había dictado, y de esa manera rechazó la ejecución por carecer el título de aptitud ejecutiva, con costas (fs. 193/196vta.).
5. El letrado ejecutante interpuso recurso de apelación contra dicho decisorio, que le fue concedido en relación y fundó en tiempo legal (fs. 202, 203, 204/221vta.).
Comenzó señalando que la circunstancia de no haber cumplido la pena de prisión debido al paso del tiempo (extinción por prescripción de la acción penal) no releva al ejecutado de pagar lo que debe, sobre todo cuando no existió un pedido de su parte en tal sentido (por el contrario, solicitó audiencia para conciliar una forma de pago), ni tampoco dedujo el mismo excepciones en la etapa procesal pertinente a punto tal que la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución devino firme. Sostuvo que la extinción por prescripción de la condena de prisión (debido al paso del tiempo), no significa que se lo prive del derecho a percibir sus honorarios y destacó que la accesoriedad no puede interpretarse del modo en que lo hizo la a quo. Cuestionó que tuviera por cierto lo afirmado por la Jueza Correccional en referencia a que la condena en costas no adquirió carácter de cosa juzgada, menos cuando la sentencia de trance se encuentra firme y aquella magistrada carece de competencia en la materia que nos ocupa. Aseveró que el fallo atacado viola el principio de congruencia, debido proceso, defensa en juicio y derecho de propiedad, apartándose de las posturas de las partes sin justificación para hacerlo, por ejemplo, por encontrarse afectado el orden público o por merecer el demandado alguna protección especial. Para concluir, citó jurisprudencia en respaldo de su recurso, criticó que le impusieran las costas del juicio, solicitó que se revoque la sentencia atacada e hizo reserva del caso federal.
6. El ejecutado contestó el traslado del memorial. Afirmó que el título base de la ejecución es inhábil y que de mantenerse inalterable la cosa juzgada representada por la sentencia de trance y remate, se afectaría su derecho de propiedad. Pidió que se confirme la sentencia apelada (fs. 230, 237/240vta.).
7. Elevadas que fueron las actuaciones, considerada definitiva la cuestión objeto de la apelación, practicado el sorteo de rigor y diligenciada la medida para mejor proveer dispuesta por el tribunal, la causa se encuentra en condiciones de ser decidida (fs. 250, 251, 252/252vta., 258/264).
II. Contrariamente a lo señalado por el ejecutado a fs. 237/240vta. (ap. II), entiendo que el memorial de apelación de fs. 204/221 abastece la carga argumentativa del art. 260 del Código Procesal, ya que se exponen allí, en forma crítica y razonada, los yerros de la sentencia apelada y se brindan asimismo las bases jurídicas sobre las cuales -considera el quejoso- debe estructurarse la justa solución de la temática recursiva. Bajo esas condiciones corresponde rechazar el pedido de deserción incoado por el ejecutado (arts. 260 y 266 del C.P.C.C.).
III. El recurso procede.
El art. 529 del Código Procesal establece que el juez examinará cuidadosamente el título con que se deduce la ejecución para determinar si prima facie pertenece al elenco de los instrumentos que habilitan la vía. Por aplicación del dispositivo en cuestión este Tribunal ha decidido que “el magistrado debe realizar oficiosamente dicha tarea al promoverse la demanda y al dictar la sentencia, y debe hacerlo también instado por las excepciones que pudiere oponer el ejecutado” (Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. VII, págs. 390 y 391; Enrique M. Falcón, “Juicio Ejecutivo y Ejecuciones Especiales”, 2da ed., T. I, págs. 444, 678 y 679; Beatriz Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, dirigido por Highton-Areán, T. 9, págs. 620 y 621; esta Sala, causas n° 50.112 del 19-9-06, “Orellana…”; n° 50.919 del 26-4-07, “Vinagre…”; n° 59.705 del 18- 6-15, “Quilodran…”; n° 59.881 del 02-9-15, “Zulema S.A…”; n° 60.158 del 03-12-15, "Ibarra..."; entre otras). El examen oficioso “tiene por objeto verificar si concurren los presupuestos procesales (capacidad de las partes, competencia del juez) y, en cuanto al título se refiere, si reúne los requisitos que habilitan su ejecutividad (deuda líquida y exigible, legitimación sustancial de las partes) ya que si alguno de ellos faltare corresponderá rechazar la ejecución” (esta Sala, causas n° 59.881 y n° 60.158, cits.).
En contra de la doctrina que emerge de esos precedentes, en la resolución que arriba apelada la jueza de la anterior instancia reexaminó oficiosamente el título base de la ejecución no sólo con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate que había mandado llevar adelante la ejecución, sino después de que la misma fuera notificada a las partes quienes -por lo demás- omitieron cuestionar la procedencia de la ejecución (arg. doct. arts. 41, 135, 142, 549 y ccs. del C.P.C.C.). Y como consecuencia de ese renovado examen del título que llevó a cabo al margen de las oportunidades procesales que más arriba mencioné, la a quo, volviendo sobre sus pasos, dejó oficiosamente sin efecto la sentencia de trance y remate y rechazó la ejecución, con costas.
A esta altura se hace preciso recordar que “una vez dictada la sentencia la Alzada conserva una competencia residual referida a los supuestos taxativamente expresados en los siete incisos del art. 166 del C.P.C.C.” (cfr. S.C.B.A, C 98635 S 9-6-2010, "Cámara, Mirta... "; esta Sala, causas n° 57.897 del 15-4-14, “Panarea S.A…”; n° 58.173 del 12-5-14, “Lalanne…”). Y si bien en esos precedentes se hizo referencia a la competencia de éste tribunal de alzada, la doctrina que emerge de los mismos por aplicación del art. 166 del Código Procesal es plenamente trasladable al sub-caso en cuyo marco se trata el límite de la competencia legalmente asignada al juzgado de primera instancia.
Bajo el panorama descripto, la resolución por la cual la a quo –por sí y ante sí- dejó sin efecto la sentencia que poco tiempo antes había emitido en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales sin que mediara decisión en tal sentido de un tribunal superior, petición de parte interesada, o el concurso de otros motivos adicionales que eventualmente podrían haber justificado ese proceder (vgr. encontrarse comprometido el orden público), no se adecua a los principios procesales dispositivo y de preclusión, contrariando las garantías del debido proceso adjetivo e igualdad de las partes (arts. 16 y 18 de la C.N.; arts. 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 1, 166, 549 y ccs. del C.P.C.C.).
En consecuencia, propongo al acuerdo revocar la resolución apelada en cuanto dejó sin efecto la sentencia de trance y remate previamente dictada y rechazó la ejecución, y disponer que prosigan los autos según su estado (arts. 16 y 18 de la C.N.; arts. 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 1, 166, 549 y ccs. del C.P.C.C.).
IV. A pesar de que la solución brindada en el apartado anterior brinda suficiente respuesta al recurso impetrado y sin desconocer las limitaciones cognoscitivas de este tipo de proceso, obiter dicta haré algunas consideraciones sobre lo acontecido en sede penal pues considero que su adecuada ponderación permitirá poner en evidencia que los honorarios cuyo pago el Dr. Lalanne persigue no se encuentran alcanzados por la extinción de la acción penal.
En el apartado primero describí que la sentencia del Juzgado Correccional que condenó a Ignacio Bruno a la pena de prisión –de ejecución condicional-, le impuso las costas del juicio y reguló los honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne, fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelación en lo Penal de Trenque Lauquen (fs. 6/11vta., 22/33). Mencioné asimismo que la Suprema Corte Provincial declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley y denegó el extraordinario federal intentado contra dicho decisorio, y que la Corte Suprema de la Nación –a su turnosuspendió la decisión de la queja respectiva “a las resultas de la decisión que al respecto tomen los jueces de la causa” en torno a la prescripción de la acción penal, cuyo acaecimiento el Máximo tribunal Nacional vislumbró como posible en aquella ocasión (fs. 35/38, 52/53vta., 261). Y finalmente también destaqué que al abocarse otra vez al estudio de la causa para dar cumplimiento con lo ordenado por la Corte de Nación, el Juzgado Correccional declaró extinguida la acción penal por prescripción mediante sentencia que devino firme. Para decidir de ese modo la magistrada correccional ponderó objetivamente que desde el último acto interruptivo transcurrieron más de tres años sin que tuviera lugar durante su curso ninguna causal que interrumpiera el curso del plazo de prescripción (fs. 60/61vta., 258).
Por su parte, en esta sede civil la decisión apelada -que dejó sin efecto la sentencia de trance y remate y rechazó la ejecución- se fundamentó en la sentencia del Juzgado Correccional que declaró operada la prescripción de la acción penal. Sin embargo entiendo que, a los fines del presente juicio ejecutivo, la extinción de la acción penal declarada por el Juzgado Correccional produce efectos exclusivamente sobre la condena de prisión establecida en la sentencia y sobre la posibilidad de perseguir su cumplimiento en el futuro, ya que al basarse dicha causal de extinción en circunstancias objetivas que no implican un desconocimiento de la existencia del hecho delictivo ni de la autoría del condenado (en el caso, que transcurrió determinado tiempo sin que el condenado cometiera nuevos ilícitos; arts. 62 inc. 2, 63, 67 inc. a del C.P.), de ningún modo puede afectar a los honorarios regulados al letrado que asistió jurídicamente al particular damnificado. En otras palabras, la extinción de la acción penal por prescripción no constituye una revocación -a través de un nuevo examen de los hechos y del derecho- del dispositivo sentencial que oportunamente condenó al ejecutado a una pena de prisión de ejecución condicional y al pago de los honorarios del letrado del particular damnificado, sino únicamente la constatación de que concurren elementos externos y objetivos que enervan la posibilidad de que en el futuro se persiga el cumplimiento de la condena.
Para concluir diré que está claro que la sentencia condenatoria del Juzgado Correccional no se encuentra firme dado que, al estar pendiente de resolución el recurso de queja por denegatoria del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de la Nación -conforme se aprecia de las constancias de autos-, técnicamente todavía sería posible que dicha sentencia fuera revocada por el Superior Nacional (fs. 6/11vta., 22/33, 35/38, 43/48vta., 52/53vta., 261). Sin embargo, si se tiene en cuenta que en su oportunidad la Corte Suprema Nacional suspendió el recurso de queja a las resultas de la decisión que los jueces de la causa adopten con relación a la prescripción de la acción penal (fs. 261), va de suyo que, habiendo el Juzgado Correccional declarado extinguida la acción penal por prescripción mediante sentencia que devino firme, no se advierte para el recurso de queja pendiente otra solución lógica posible que la de declararlo abstracto, con lo que ya no cabría la posibilidad de revisar la sentencia penal condenatoria, y esto último al margen de haberse declarado la prescripción de la respectiva acción penal.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, por los fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto dejó sin efecto la sentencia de trance y remate previamente dictada y rechazó la ejecución, y disponer que prosigan los autos según su estado (arts. 16 y 18 de la C.N.; arts. 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 1, 166, 260, 266, 549 y ccs. del C.P.C.C.); con costas en ambas instancias al ejecutado que resulta vencido (arts. 68, 69 y 274 del C.P.C.C.); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 34 del dec-ley 8904/77 y art. 31 de la ley 14967; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 12 Junio de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la resolución apelada en cuanto dejó sin efecto la sentencia de trance y remate previamente dictada y rechazó la ejecución, y disponer que prosigan los autos según su estado (arts. 16 y 18 de la C.N.; arts. 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 1, 166, 260, 266, 549 y ccs. del C.P.C.C.). 2) con costas en ambas instancias al ejecutado que resulta vencido (arts. 68, 69 y 274 del C.P.C.C.).
3. diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 34 del dec-ley 8904/77 y art. 31 de la ley 14967; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Ante mí CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia