Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada de fs. 111/114 vta., que rechazó in límine la demanda promovida por Banco Mayo Cooperativo Ltdo.; imponer las costas de alzada al apelante vencido (arts. 68 y 556 del Cód. Proc.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Causa nº: 2-58433-2013 "BANCO MAYO COOP. LTDO. S/ QUIEBRA C/ BERUTTI, ALBERTO NICOLÁS S/ COBRO EJECUTIVO”
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: …27….. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, encontrándose excusado a fs. 88 el Dr. Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados “Banco Mayo Coop. Ltdo. s/ Quiebra c/ Berutti, Alberto Nicolás s/ cobro ejecutivo" (causa nro. 58.433), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES y Dra. LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 111/114 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Detallando los hechos que presentan relevancia a los efectos de la temática planteada en esta alzada, corresponde puntualizar que Roberto Marcelo Lalanne, en representación de la quiebra del Banco Mayo Coop. Ltdo., promovió juicio ejecutivo contra Alberto Nicolás Berutti, por la suma de $ 48.524,89 más CER, intereses y costas. Manifestó que la acción se funda en la Escritura de Hipoteca N° 481, del 15/11/91, en virtud de la cual el deudor garantizó todas las operaciones que realizara María Emma Córdoba de Berutti –cónyuge del demandado- con el Banco de Olavarría SA. Señaló que en los autos caratulados “Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Córdoba de Berutti, Emma s/ Cobro Ejecutivo” (exp. N° 5751), se condenó a la demandada a abonar la suma de U$S 27.500 de capital más accesorios, en virtud del préstamo instrumentado en el pagaré nro. 598 de fecha 6 de Octubre de 1993. Expresó que en el referido proceso se aprobó una liquidación por la suma de u$s 48.524,89, de la cual su mandante sólo percibió $ 9.051,73; por lo tanto se adeuda el monto reclamado en la presente, deducido el pago parcial. Manifestó que Alberto Nicolás Berutti se constituyó en fiador de las obligaciones de su esposa, mediante la escritura hipotecaria referenciada (fs. 76/78 vta.).
Luego de varias vicisitudes procesales se rechazó la demanda in límine por inhabilidad de título, con costas. Para así resolver se expresó que el título que pretende ejecutarse no se encuentra entre los que traen aparejada ejecución. Además, si bien no existen dudas sobre la existencia de un saldo adeudado por la Sra. Córdoba de Berutti, el accionado no tiene ninguna relación con aquella deuda, en tanto el pagaré ejecutado en el exp. N° 5751 no fue firmado por el demandado en estas actuaciones (consecuencia de ello el Banco desistió de la acción contra él). Asimismo, en aquel juicio se subastó el inmueble ofrecido en garantía de las operaciones de crédito que los cónyuges Córdoba-Berutti realizaran con el banco acreedor. Señaló la Sra. Juez a quo que Berutti no es obligado principal del pago de la deuda, tampoco fiador, sino sólo garante hipotecario, por lo tanto si el bien objeto de la garantía fue realizado en otro proceso por el mismo acreedor de autos, la habilidad ejecutiva del título quedó agotada (fs. 111/114 vta.).
La aludida resolución motivó el recurso de apelación del actor, quien hizo hincapié –en lo sustancial- en que la sentencia apelada no tuvo en cuenta que el título es la Escritura Pública N° 481, de fecha 15/11/91, en la cual Berutti se obligó por U$S 20.000, ejecutable de conformidad con lo previsto en el art. 521 inc. 1° del C.P.C.C. Sostuvo que no caben dudas respecto de la existencia de un saldo adeudado por la Sra. Córdoba de Berutti y que el demandado se comprometió solidariamente a afrontar los préstamos que se otorguen a su cónyuge. Se agravia de la limitación de la obligación de Berutti hasta el monto de realización del bien, ya que no resulta tal limitación del instrumento público ejecutado. Y en función de ello solicitó la revocación del rechazo in límine citando jurisprudencia del Tribunal que propicia prudencia en el manejo del instituto, dado su carácter excepcional, de interpretación restrictiva y vinculado con el derecho constitucional de peticionar.
Además, señala que debió aplicarse el principio “iura novit curia”
recalificando jurídicamente la cuestión planteada. Insiste en que Berutti no se encuentra desobligado en virtud de la persistencia de la deuda y la indivisibilidad de la hipoteca, y que frente a una cancelación parcial mantiene la carga total. Expresa que aclaró el monto del reclamo ($ 208.186), anticipando una liquidación que debería formularse en la etapa procesal pertinente. Se agravia de la condena en costas y formula reserva del caso federal (fs. 117/120).
Dictada la providencia de fs. 126 y practicado el sorteo de rigor, han quedado los autos en condiciones de ser abordados para el dictado de la presente sentencia.
II. En el presente proceso el actor presentó como tul o ej ecu vo l a Escritura Pública de cons tuci ón de hi pot eca n° 481 , formalizada con fecha 15 de noviembre de 1991, en virtud de la cual el Banco de Olavarría S.A. otorgó a los cónyuges Alberto Nicolás Amparo Beru y Mar í a Emma Cór doba , un margen de crédito hasta la suma de u$s 20.000, en los plazos y condiciones que las partes establezcan en cada caso y de acuerdo a las cláusulas de la hipoteca. Se aclaró, asimismo, que los préstamos que se otorguen pueden ser en crédito directo con documentos de terceros, como avalistas, en compra de giros y cheques sobre otras plazas, en adelanto en cuenta corriente, aceptaciones bancarias o en cualquier otro po de oper aci ones bancarias en moneda nacional o extranjera, incluyendo créditos con ajuste monetario, por los montos que el banco considere conveniente dentro del margen total acordado, reservándose oportunamente la forma de su entrega (ver fs.66/66vta.). Por lo demás, en garan a de l as obligaciones contraídas o que contraigan en el futuro, los cónyuges Beru -Cór doba acept aron cons tui r una hi pot eca en pr i me r gr ado de pr i vi legi o a favor del Banco de Ol avar ría S. A. , sobr e el inmueble ubicado en calle General Lamadrid n° 3645 de Olavarría, por la suma de u$s 20.000, en los plazos y condiciones que el banco establezca, por el término de cinco años a par r de la fecha del otorgamiento, gravamen que garan zar á todas l as oper aci ones que el deudor real ice (ver fs.67 y fs.70vta.).
Ahora bien, con posterioridad al otorgamiento de la referida hipoteca, el banco acreedor promovió un juicio ejecu vo cont ra María Emma Córdoba, basado en el pagaré n° 598 de fecha 6 de octubre de 1993, por un monto de u$s 27.500 (firma do úni came nt e por l a nombrada), lo que dio lugar a la tramitación de los autos caratulados "Banco Mayo Coop. Ltdo. en liquidación judicial c/Córdoba de Beru Emma s/ cobr o ej ecu vo. emb ar go pr e ven vo ", expediente n° 5751 (agregado por cuerda a la presente causa). Reitero que el referido pagaré sólo lleva la firma de Ma r í a Emma Cór doba, no encontrándose firma do por el aquí dema ndado Alberto Nicolás Amparo Beru ; por lo que si bien éste úl mo habí a si do inc l ui do or i gi nar i ame nt e en la demanda ejecu va, con pos ter i or i dad, el banco acreedor desi s óde l aacci ón a su r espec t o (ver fs.8, fs.14/15vta. y fs.61 de dicho expediente n° 5751). Ahora bien, en este proceso ejecu vo se vendió en pública subasta el inmueble ubicado en calle General Lamadrid n° 3645 de Olavarría, que los cónyuges Beru -Cór doba habí an gravado a f avor del banco en vir tud de l a hipoteca referida en el párrafo precedente. Y aquí conviene poner de relieve, que el monto obtenido en dicha subasta resultó insufici ent e par a cancel ar el crédi to eme r gent e del pagar é en ejecución, quedando un saldo insoluto que ahora el banco pretende cobrarle a Beru a t ravés del presente juicio ejecu vo, el cual , como se di jo, se enc uent ra sus tent ado en la me nc i onada escritura hipotecaria n° 481 (ver las actuaciones realizadas a fs.227/227vta., fs.370/374vta. y fs.402/403 de dicho expediente n° 5751).
Queda en claro, entonces, la secuencia de los hechos que han desembocado en la promoción del presente juicio ejecu vo. En ef ecto, tal como se di jo, el pagar é que sirvió de tul o en el jui ci o ej ecu vo i ndi c ado en el pár r afo ant eri or no se encontraba firma do por Beru , razón por la cual el banco desis ó opor tuname nt e de la acci ón con respecto a este cónyuge, conforme resulta de las constancias obrantes a fs.8, 14/15vta. y 61 del mencionado expediente n° 5751. Fue así que como derivación de tal circunstancia, el banco ha promovido este nuevo juicio ejecu vo con sus tent o en la es cri tur a hi pot ec ar ia n° 481 , pretendiendo cobrarle a Beru el sal do i nsol uto que quedó pendi ent e en el referi do j uic io t rami t ado en el expedi ent e n° 5751. Así lo expresó la actora al formular aclaraciones, cuando manifestó que en dicho juicio ejecu vo quedó un sal do i mp ago que es mo vo de r ecl amo en est os aut os (fs.94vta.), y que Beru se encuent r a obl i gado a pagar l o en vir tud de haber afianzado l as deudas de s u es posa mediante la escritura hipotecaria n° 481; habiendo agregado que aunque el predio hipotecado se haya vendido, esta subasta no agota la garan a dada por Ber u (fs.94).
III. En endo que debe ser confirmad a l a sent enci a dic tada en l a ant eri or instancia, en cuanto se consideró inhábil el tul o al legado y se rechazó in límine la presente acción ejecu va.
1. Luego de analizarse la escritura hipotecaria se dijo en la sentencia apelada que, en el marco del margen de crédito conferido a cualquiera de los dos cónyuges o a alguno de ellos indis nt ame nt e, el dí a 6 de oc tubr e de 1993 l a Sr a. Ma r í a Emma Cór doba de Beru li bró un pagaré a f avor de l a en dad banc ar i a, y que f r ente al i ncumpl i mien to en l a cancelación de dicho instrumento, el por entonces Banco de Olavarría S.A. promovió el juicio ejecu vo que trami tó en el ya me nc i onado expedi ent e n° 5751 ( fs. 112vt a. /113) . Se con nuó señalando en la sentencia que habiendo avanzado tal proceso ejecu vo y frent e al cons en mie nt o expreso de Beru (qui en i ncl uso ent r egó l as l laves del bien hipot ecado en f avor de l adeuda de su esposa), se procedió a la subasta del 100% del inmueble (fs.113/113vta.). Y así puntualizó la a quo que aunque Beru no f ormó par t e del proceso de ejecuci ón por dec i sión excl usi va del propi o banco, sa sfizo l a gar an a a la que s e habí a obli gado c on l a reali z aci ón del bien sobre el que recayera la hipoteca (ver fs.113vta., segundo párrafo).
Con nuó expr esando l a j uz gador a que si bi en no exi sten dudas sobr e l a existencia de un saldo adeudado por María Emma Córdoba de Beru (pues t o que el bi en subastado no canceló totalmente el crédito del acreedor), ninguna relación ene con di cho reclamo el aquí accionado Alberto Nicolás Beru . En efecto, éste garan zó una deuda de su esposa (pues el pagaré sólo estaba firma do por el la) , a través de la hi pot eca de un bi en inmu ebl e de su propiedad, habiendo respondido hasta el límite de su cobertura con la realización de dicho bien (fs.113vta., tercer párrafo, punto X). Y ampliando estos conceptos sostuvo que Beru no es obligado principal al pago de la deuda ni tampoco es fiador , ya que sól o es gar ant e hi pot ecar io de una deuda de su esposa. Destacó que si bien en la escritura se había previsto la posibilidad de que la hipoteca garan zar a deudas de Ber u , lo cierto es que en este caso sólo se ejecutó un pagaré adeudado por su esposa (fs.113vta., cuarto párrafo). Como corolario de todo ello, se aseveró en la sentencia apelada: "Ergo, si Alberto Nicolás Beru no es deudor sol i dar i o, ni fiador ni principal pagador, sino sólo garante hipotecario de una deuda ajena y el bien objeto de tal garan a ya fue real izado por el pr opi o ac reedor , se agot ó l a habi lidad ej ecu va del tulo como apta para enervar la acción intentada" (fs.114vta., segundo párrafo).
2. De la sola lectura del memorial recursivo se desprende -con pron tudque el apelante no ha formulado una crí ca concret a y razonada con respecto a las mo vaci ones medulares de la sentencia apelada, no encontrándose debidamente cumplimentada la carga técnica exigida por el art.260 del código de rito. Efec vame nt e, el apel ant e no cri ca el núcl eo argumental de la sentencia apelada, donde se concluyó en que Beru no r evi ste l acondi c ión de obligado principal por no haber firma do el pagar é ej ecut ado en el ci tado expedi ent e n° 5751 (siendo éste el único crédito esgrimido por la en dad banc ar i a, má s al lá de la pr evi si ón genér i ca contenida en la escritura hipotecaria).
Tampoco media una crí ca i dónea cont ra l a par cel a del f al lo donde se puntualiza que Beru tampo c o ost ent a l acal i dad de fiador o pr incipal pagador , sino que s ólo es garante hipotecario de una deuda de su esposa, o sea que en el caso reviste la condición de hipotecante no deudor. Esta figur a j ur í di ca r es ul ta de i nc ues onabl e apl i caci ón al caso en juzgamiento, pues ha quedado en claro que la hipoteca fue cons tui da por amb os cónyuges par a garan zar un ma r gen de crédi to que les dar í a el banc o hasta la suma de u$s 20. 000, o sea que se trataba de una hipoteca abierta que garan zar ía todas las oper aci ones banc ar ias que pudi er an realizar los cónyuges en el futuro (véase el primer párrafo del apartado II). Pero lo cierto y concluyente es que el banco sólo esgrimió un solo crédito derivado del pagaré firma do - exclusivamente- por María Emma Córdoba de Beru , el cual si rvió de tulo ej ec u vo en el expediente n° 5751 (véase la demanda obrante a fs.14/15vta. de dichos actuados). De esta manera se muestra indudable que Beru sól o ost ent a l acal i dad de hipotecante no deudor, y, en tal carácter, al haberse subastado el inmueble hipotecado, no puede ser responsabilizado por el saldo insoluto que ha quedado pendiente en el juicio ejecu vo segui do cont ra su es pos a, úni ca deudora de la en dad banc ar i a.
Así lo ha decidido la jurisprudencia al precisar: "Quien asumió el carácter de cons tuyent e no deudor de una hi pot eca, gar an zando una obl i gaci ón ajena c on un bien de su propiedad, no debe ser considerado como fiador o pr i nci pal pagador , y por l o t ant o, no es personalmente responsable en tanto responde con el importe de la cosa gravada" (CNFed. Civ. y Com., Sala I, 11/12/01, LL, 2002-D-958; lo destacado me pertenece). Y expresado de otro modo: "El hipotecante, a diferencia del fiador , no responde con todo su patrimonio sino con el bien gravado" (CNCiv., sala J, 18/8/98, L.L. 1999-A-271, DJ, 1999-I-1024; lo destacado ha sido introducido por el suscripto) (ver estos fallos citados por Highton, Juicio hipotecario, 2da. edición actualizada y ampliada con la colaboración de Areán, tomo 1, págs.177 y 178, puntos 11 y 16). Más aún, en esa condición de hipotecante no deudor, bien pudo haber sido demandado Beru en el juic io ejecu v oque t r amit ó en el expedi ente n° 5751. Pero el lo no sucedió así por expresa decisión del banco ejecutante, quien basó su demanda únicamente en el pagaré (sin haber esgrimido como tul o la es cri tur a hi pot ec ar ia) , y, con posterioridad, desis ó de la acción con respecto a Beru (ver fs.8, 14/ 15vt a. y 61 del ci t ado expedi ent e n° 5751) . Est a posibilidad procesal de que en un mismo juicio se demande tanto al deudor como al hipotecante no deudor, fue claramente delineada por este tribunal en un precedente que también trae la autora mencionada (Cám. Civ. y Com. de Azul, Sala II, 19/8/97, JA 1998-I-407, lexis 1/10068, citado por Highton, Juicio hipotecario, pág.178, punto 12).
En este orden de ideas se presentan estériles e inconducentes algunas manifestaciones del apelante, donde se aduce que Beru era y es coobligado de la deuda reclamada y reviste la calidad de obligado solidario (fs.118, tercer párrafo), sosteniéndose que no puede interpretarse limitada la obligación de Beru has t a el mon t o de r eal i zaci ón del bien, ya que tal limitación no resulta del instrumento público ejecutado (fs.117vta./118). Estas aserciones parten de una frecuente confusión que se da entre crédito y garan a , por lo que resulta de u lidad el desar rol lo ef ect uado por Hi ght on, qui en sos ene: " Si bien habitualmente se menciona al crédito hipotecario o, aún más sencillamente, a la hipoteca, como una en dad úni ca, en esta expresión deben destacarse dos elementos: el crédito y la hipoteca. Existe una gran confusión entre el derecho personal garan zado y el der echo real gar an zant e, por lo que deben s epar ars e bi en ambos conceptos" (ob. cit. págs.42 y 43). Y más adelante precisa esta autora: "La hipoteca integra un grupo de derechos reales accesorios en función de garan a, por que su exi stenci a depende de otro derecho de carácter creditorio al que procura seguridad. Es decir que, sin duda alguna, el derecho real es accesorio al derecho personal. La accesoriedad de la hipoteca está consagrada, o es presupuesta por el Cód. Civil en los arts.524, 727, 802, 803, 3108, 3109, 3111, 3115, 3121, 3128, 3131 incs.2° y 4°, 3152 a 3156, 3158, 3161, 3172, 3179, 3187, 3192, 3202, nota al art.497, etcétera" (ob. cit. págs.48 y 49). En el concreto caso de autos, el único crédito esgrimido por el banco es el derivado del pagaré ejecutado en el expediente n° 5751, y la única deudora del mismo es María Emma Córdoba de Beru . Por el contrario, el aquí accionado Alberto Nicolás Amparo Beru no reviste la condición de deudor de la en dad banc ar i a, si no que sól o os tent a la cal idad de hipotecante no deudor, por lo que no responde con su patrimonio sino solamente con el inmueble gravado con hipoteca. Por consiguiente, no puede reclamársele a éste úl mo el sal do insoluto que quedó en el juicio ejecu vo trami tado en el expedi ent e n° 5751, luego de haber se subastado el bien some do al gr avame n hi pot ecar i o.
Con las consideraciones precedentes ha quedado sufici ent eme nt e abastecido el presente decisorio, no resultando audibles las alegaciones esgrimidas por el apelante a fs.117/118 (puntos 1 a 9). Sólo resta puntualizar que ninguna relevancia presenta que la escritura hipotecaria sea un instrumento público suscep bl e de ej ecuc i ón en vi rtud del ar t.521 inciso 1 del Código Procesal, pues lo cierto es que la inhabilidad del tul o vi ene dada, en es te caso, por las consideraciones ver das en los des ar rol los ant er i or es. Tamp oc o ene i mpo r t anci a que en la escritura hipotecaria los deudores hayan renunciado a oponer toda excepción que no sea la de pago total, pues es sabido que el juez debe examinar la habilidad del tul o ej ecu vo y rechaz ar l a ejecución cuando el mismo no sa sfaga l os recaudos l egal es ( ar ts. 518, 529 y ccs. del Códi go Procesal).
IV. El apelante cuestionó también la oportunidad del rechazo de la acción (fs.118vta.). Cabe señalar que es criterio inveterado de este Tribunal que el rechazo in límine de la demanda procede sólo en supuestos de excepción. Asimismo, ante un planteo que presenta oscuridad o dudas de comprensión, cabe primero intimar al actor a corregir o readecuar la demanda en virtud de que el conocimiento de mérito es propio del estadío decisorio y su anticipación se justifica sólo excepcionalmente cuando la infundabilidad del escrito postulatorio resulte manifiesta de los propios términos en que fue concebido (cfr. esta Sala, causa N° 52.285, del 24/6/08 “Pagliaro…”, causa N° 45.729, del 19/8/03 “García Castagnino…”; Sala I, causa N° 45.817, del 19/3/03 “Salto…”).
En el sub-examine, conforme lo expuesto en el apartado precedente, la inexigibilidad de la deuda respecto del demandado resulta manifiesta, por lo que corresponde la aplicación del instituto del rechazo liminar. Por lo demás, con carácter previo a la decisión apelada se otorgaron numerosas oportunidades al actor, sin que éste haya podido demostrar la fundabilidad de su pretensión (fs. 79, 95, 97, 100 y 103; arts. 336, 518, 521, 595 del C.P.C.C).
V. Tampoco son atendibles otras argumentaciones volcadas en la úl ma parte del memorial, mediante las cuales el apelante procura rever r un res ul tado del li gio que s e le presenta claramente desfavorable. Así debe deses ma r se su invocaci ón del pr i nci pi o iura novit curia (fs.119, punto 11), por cuanto la correcta aplicación del derecho conduce, precisamente, al rechazo in limine de la demanda incoada.
También es estéril su invocación del art.3187 y concordantes del Código Civil (fs.119/119vta., punto 11), ya que aunque la deudora no haya cancelado su deuda, no por ello puede tener sustento el reclamo dirigido contra Alberto Nicolás Amparo Beru . Las consideraciones volcadas en el decurso de este voto conducen, inexorablemente, a la deses ma ci ón l imi nar de l a dema nda de aut os . Por l o demá s , r esul tan i nt rascendent es l as reflexi ones que se for mu l an con respect o a la liqui daci ón de la deuda (fs. 119vt a. , punt o 13) , pues en nada pueden alterar las conclusiones sentadas precedentemente.
Finalmente, las costas de la anterior instancia han sido correctamente impuestas a la parte actora (fs.114vta.), con arreglo al principio obje vo de la der rot a, no si endo atendible el agravio planteado por el apelante en el punto 14 de su memorial (fs.119vta./120), al no ser exacto que pueda haberse considerado con derecho a promover los presentes actuados (art.68 y 556 del Cód. Proc.). En ese mismo orden de ideas, también deben atribuirse las costas de alzada al apelante que ha sido vencido en el trámite recursivo (arts.68 y 556 del Cód. Proc.).
VI. Por tales razones, propicio al acuerdo la confirmación de la sentencia apelada de fs. 111/114 vta., que rechazó in límine la demanda promovida por Banco Mayo Cooperativo Ltdo., con costas de alzada al apelante vencido (arts. 68 y 556 del Cód. Proc.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión la Dra. Longobardi adhirió al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior se confirma la resolución apelada de fs. 111/114 vta., que rechazó in límine la demanda promovida por Banco Mayo Cooperativo Ltdo., con costas de alzada al apelante vencido (arts. 68 y 556 del Cód. Proc.), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión la Dra. Longobardi adhirió al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 20 de Marzo de 2014.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C. se resuelve: confirmar la resolución apelada de fs. 111/114 vta., que rechazó in límine la demanda promovida por Banco Mayo Cooperativo Ltdo.; imponer las costas de alzada al apelante vencido (arts. 68 y 556 del Cód. Proc.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8.904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría al apelante y devuélvase. Firmado: María Inés Longobardi – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. - Sala II – Ante mí: María Fabiana Restivo – Secretaría – Cám. Civ. y Com.- Sala II.
Fin de la sentencia