Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62.974
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por los co-demandados L. y B. contra la parte actora.
2Revocar el fallo apelado que admitió la demanda deducida por la Sra. M.E.N. contra R.O.L. y C.B. y confirmar el rechazo de la acción respecto del G.I. S.A.
3Modificar las COSTAS estableciendo que, acorde las particularidades del caso y lo expuesto en el Considerando V, las mismas serán por su orden en ambas instancias (arts. 68 , 69 y 274 CPCC).
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en la siguiente forma: a) Por los trabajos realizados en la instancia de origen: teniendo en cuenta la importancia, valor y mérito de los mismos, el monto reclamado en la demanda ($ ………- fs.15), el resultado que se propicia a través del dictado de la presente y lo dispuesto por los arts.1, 2, 16, 21, 23 in fine, 28 inc. b, y cc. del Dec./Ley 8904/77; arts. 8, 9, y cc. Tit. I y 1° y 5° Tít. II del Dec.6964/65; Resol. 890/202 CPPBA; y arts. 175, 183, 207 y cc. de la Ley 10.620 y sus modif.), se fijan los del Dr. Carlos María Alem, en la suma de pesos ……… ($......); los de la Dra. Laura Di Giano, en la suma de pesos ….. ($.....); los del Dr. Néstor Gabriel Rodríguez, en la suma de pesos…...($.......); los del perito informático Sr. Fernando Agustín Zubieta, en la suma de pesos ....... ($.....); los de la perito psicóloga Lic. …
Con fecha 11 de Septiembre de 2018, la Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa Nº 62.974 "N. M. E. C/ L. R. O. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)”, confirmó el fallo de Primera Instancia que rechazó una demanda de daños y perjuicios contra un diario digital que reprodujo una entrevista en la que se volcaron términos considerados calumniosos e injuriosos, sosteniendo por aplicación de la doctrina “Campillay” (CSJN) la fidelidad a la “fuente” que quitaba antijuridicidad al hecho. Revocó asimismo la demanda que había condenado a los entrevistados, entendiendo que sus dichos, en el contexto previo de una situación de acoso que estaban sufriendo, carecían de entidad para ser considerados injuriosos o calumniosos.
Causa nº: 2-62974-2018 "N. M. E. C/ L. R. O. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 131 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Departamental, Sala II, Dres. María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), habiéndose retirado del Acuerdo el Dr. Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "N. M. E. c/ L. R. O. y/u otro s/ Daños y Perjuicios” (causa N° 62.974), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.-¿Corresponde declarar la deserción del recurso de fs.299?
2da.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 285/294vta.?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Longobardi dijo:
En primer lugar corresponde abordar el pedido de deserción del recurso de la parte actora de fs.299 efectuado por G.I. S.A. a fs. 322, con fundamento en la insuficiencia de crítica en los términos del art. 260 C.P.C.C.
Este Tribunal ha dicho reiteradamente que “la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada. La expresión de agravios debe ser autosuficiente y completa” (esta Sala, causa nº 47.026 del 01-6-04, “Nolasco…”, con cita de Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Ordinarios”, pág. 442 y ss.; en igual sentido, esta Sala, causa n° 55.945 del 15-5-12, “Musumeci...”; n° 61.579, del 09/03/17, “González Maximiliano...”; causa n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17).
Para dar cumplimiento a esa directriz, la parte agraviada debe indicar “cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error fáctico o jurídico que revele el desacierto ulterior de la decisión” (esta Sala, causa n° 57332, "Moyano de Córica, Mirta y otros…”, del 29/08/13; y jurisprudencia y doctrina allí citada: esta Sala causa n° 50.430, "Campomenosi...", del 15-3- 07; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, tomo V, págs. 266 y sgtes.; Loutayf Ranea, “El recurso de apelación en el proceso civil”, tomo 2, págs .155 y sgtes; causa nº 59.228, “Zamudio, Hugo Eduardo...”, del 05/05/15; causa n° 62.134, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Romano...”, del 12/06/17, entre otras). Sin embargo, también se ha admitido que “la expresión de agravios resulta idónea en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó’” (esta Sala causa nro. 54.255, del 26/08/10, “Carrizo…”; causa nro.55.509, del 28/09/11, “Chasco D’Anna…”).
En ese sentido, Loutayf Ranea señala que “en caso de duda sobre si el escrito en que se expresan los agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de estarse por la apertura de la segunda instancia. En la sustentación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado; por ello, si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del Código Procesal (…) cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva” (Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2° Ed., Ed.
Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I. pág. 62 y jurisprudencia allí citada; esta Sala, causa n°58.439, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A….”, causa n°57.474, “Bonachi…”, sent. del 23/4/14/, entre otras; esta Sala causa n°63.339, del …/8/2018, “Creditia…”).
Por lo que corresponde rechazar el pedido de deserción y abocarme al tratamiento del recurso (arts. 260 y 261 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Longobardi dijo:
I).a- La presente demanda de daños y perjuicios fue iniciada por M.E.N. contra R.O.L. y C.B. y contra G.I. S.A, reclamando resarcimiento por daños y perjuicios por el daño moral infligido a aquella, por las manifestaciones vertidas por los dos primeros demandados y reproducidas en el diario digital “Infoeme” de propiedad de la empresa indicada en último término, por la suma de $ …… (en la sentencia dice $.......debido a un error entre la suma consignada en letras y en números en la demanda, ver. fs.15). Respecto del medio periodístico se solicitó además la publicación de la sentencia y la desmentida en el mismo medio periodístico, en igual día y características que la publicación considerada injuriosa.
La publicación en internet en cuestión reconoce como antecedente un lamentable hecho (accidente de tránsito) protagonizado por el hijo de los demandados, el joven J.E.L. , de 20 años de edad, y el hermano de la actora, P.R.N., el día 18 de julio de 2013, a consecuencia del cual éste último perdió la vida.
El hecho dañoso que la actora consideró lesivo a su honor, consistió en una entrevista en el diario digital ” Infoeme”, de propiedad de la codemandada G.I. S.A., en la que refirieron los entrevistado aquí demandados (y ratificaron en la contestación de demanda), que inmediatamente después del accidente y por espacio de varios meses posteriores, el joven L. , su familia (y la vivienda) fueron objeto de una serie de desagradables episodios de hostigamiento, pintadas, depósito de ramos de flores en ciertas fechas, inclusive agresiones físicas y verbales hacia el mismo joven, acusándoles de “asesino”, “familia asesina“ y otros epítetos desagradables, a ellos y a las amistades que lo acompañaban. Estas agresiones desagradables fueron realizadas por Internet por un grupo indeterminado de familiares y/o amigos de P.N. , creándose un perfil en Facebook denominado “Nunca los olvidaremos”, en el que se expresaban distintas opiniones sobre el trágico hecho que costó la vida a aquél. Los demandados narraron además que en una oportunidad se le arrojó a su hijo un auto gris encima, en actitud que L. L. y su familia consideraron amenazante e intimidatoria. Ante ello, narran los propios demandados en la publicación en cuestión, luego de varias exposiciones y denuncias policiales sin obtener resultado alguno, decidieron hacer pública la situación de hostigamiento que estaban viviendo, intentando que la misma cesara. Con ese objetivo se realiza la entrevista periodística en el diario digital Infoeme, de mucha difusión en la época y en la zona, por ser uno de los primeros diarios digitales. En el curso de esa entrevista atribuyeron a la actora la autoría de algunos de esos desagradables hechos, en particular el haber creado la página de Facebook y “haberle tirado el auto encima” a L. L. , refiriéndose a ella como “M.” y “la hermana de N.”, lo que permitía fácilmente su identificación y calificándola como “la más brava” del grupo que realizaba tales agresiones.
La accionante negó haber protagonizado ninguno de esos hechos de hostigamiento que se le atribuyeron en la publicación y consideró que ambas expresiones, “le tiró el auto encima” y “la más brava”, eran agraviantes, la primera por acusarla falsamente de la comisión de un ilícito doloso (tentativa de homicidio o lesiones, al menos) y la segunda por considerarla peyorativa y descalificante, en particular por ser profesora de educación física en varios colegios y tener que afrontar la vergüenza de ser conocida como agresora, algo que la misma desmiente enfáticamente.
Asimismo consideró que el diario Infoeme al difundir tales declaraciones había contribuido a la difusión de falsas denuncias, exposición mediática, amenazas e insultos que afectaron su buen nombre y honor y le causaron injustamente un daño moral, al acusarla de ser autora de delitos que jamás cometió.
b- Los demandados L. y B., padres del joven L. L., en su contestación argumentaron que de ninguna manera las frases “le tiró el auto encima “ y “la más brava” eran injuriosas ni pretendían causar un agravio espiritual a la actora o endilgarle la comisión de delitos, sino que su única intención, ante la prolongación en el tiempo de las agresiones hacia su hijo y a toda la familia y entorno, fue tratar de encontrar un medio para que cesara el hostigamiento – al difundirlo publicamente- y su joven hijo pudiera retomar su vida habitual, ya de por sí afectada por el accidente, cuya culpabilidad tampoco estaba probada –a esa fecha no había condena penal firme- y menos aún las falsas versiones de que manejaba bajo el efecto de alcohol o de estupefacientes, como se había dicho; lo que habría quedado desmentido en el análisis de alcoholemia en la causa penal.
c- El G.I. S.A. opuso excepción de falta de legitimación pasiva, alegando no haber sido propietaria del diario digital a la fecha del hecho (5 de abril de 2014), debido a la venta de parte del paquete accionario y negó tener algún tipo de responsabilidad en los hechos invocados por la actora, cuya ocurrencia negó y/o desconoció íntegramente. Respecto a la eventual responsabilidad en el hecho de la entrevista, negó la responsabilidad de su parte invocando la doctrina de nuestra Corte Suprema en el caso “Campillay”, dado que la información proporcionada era perfectamente atribuible a lo que consideró “una fuente identificable”, los demandados R.O.L. y C.B.; habiéndose hecho una trascripción sustancialmente fiel de los dichos de éstos. Invocó asimismo la aplicación de la doctrina de la “real malicia”, que desarrolló a través de la transcripción de fallos de nuestro Máximo Tribunal de la Nación.
II). La sentencia de la instancia anterior, en primer término rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva de la empresa periodística, por considerar probado en base a la pericia contable de autos (fs. 242/243) y a la informática (fs.262/271), que a la fecha de la publicación periodística el G.I. Sociedad Anónima era efectivamente propietaria del diario digital “I. on line”. Este rechazo ha arribado firme.
Luego de descartar la aplicación de la doctrina de la “real malicia” (“actual malice” en el derecho norteamericano), originada en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos (“New York Times c. Sullivan”), por tratarse la persona afectada en su honor por la publicación, de un simple particular y no de un funcionario público o de un particular actuando en cuestiones de notable interés público (como requería aquella), procedió a encuadrar la noticia publicada en el “genero informativo”, y consideró que, en el conflicto planteado entre el derecho a la libertad de prensa y el derecho al honor de las personas, las frases cuestionadas no pueden generar responsabilidad jurídica alguna para el medio periodístico, pues éste, dijo, siguiendo la doctrina “Campillay” de nuestra Corte Suprema (CSJN 15/5/1986,Campillay Justo c. La Razón y ots., LL1986-C, 411), se limitó a transmitir y reproducir fielmente lo dicho por los entrevistados, citando a éstos por sus apellidos y refiriéndose en entrecomillado a sus dichos sin emitir opinión alguna o comentario subjetivo.
Respecto a los dos restantes demandados - los padres del joven J.E.L. -, autores de los comentarios publicados en el diario digital, por aplicación de los arts. 1089 y 1109 del Cód. Civil, luego de efectuar un análisis del supuesto de los delitos de calumnias e injurias previstos en el art. 1089 C.C atribuidos por la actora, consideró que no habían incurrido en tales delitos, pues no existía el componente doloso o intención de dañar, cuestión esta que arriba también firme a la instancia.
Efectuó luego un análisis de los descargos efectuados por los demandados –quienes no negaron lo dicho o reproducido por el diario digital, sino que le asignaron otro sentido no lesivo y falta de intencionalidad dañosa-, considerando la a quo que la negativa en tales casos obliga a la prueba de los presupuestos de hecho afirmados como su versión de lo ocurrido. Al referirse a la prueba producida, dio por acreditado – conclusión que también ha llegado firme a esta instancia- que el joven J.E.L. y su familia, habían sufrido una serie de agresiones e intimidaciones que sin lugar a dudas se relacionaban con el accidente de tránsito en el que perdió la vida el Sr. P.N. . Empero, agregó, ninguno de esos actos y situaciones lesivos causados a la familia L. – B. ha podido atribuirse al accionar de la actora M. N.
Estimó que conforme a las normas comunes que rigen la responsabilidad civil en general, el art. 1109 Cód. Civil obliga a la reparación de todo perjuicio causado por culpa o negligencia, conducta en la que sí habrían incurrido los demandados al no poder probar la autoría de tales conductas lesivas atribuidas a la actora. Por ello, pese a estimar que ninguna de las dos frases “le tiró el auto encima” o “ella era la más brava” tuvieran como intención deshonrar o desacreditar a la actora, descartando el dolo previsto en el art. 1072 Cód. Civil, los demandados sí habían obrado con ligereza o culpa al atribuirle dichas conductas y por ello debían responder, con sustento en el citado art. 1109. Condenó en consecuencia a los demandados a una reparación por daño moral a la actora de $ 50.000, con más sus intereses y costas del juicio.
La sentencia fue apelada por la actora (fs.299) y por los demandados (fs. 297); llegados los autos a esta instancia, expresaron agravios respectivamente a fs.310/312vta. y fs.313/318, siendo contestados por la codemandada G.I. S.A. a fs. 322/323 y a fs. 324/328 por la parte actora. Encontrándose firme la providencia de autos para sentencia (fs. 330 y vta.) y practicado el sorteo de ley (fs. 331), se encuentran los presentes en condiciones de proceder al dictado de la respectiva sentencia.
III). a). Los agravios de la actora N. se refieren a la exclusión de condena al G.I. S.A., por la difusión periodística de la entrevista. Si bien coincide la apelante con la a quo cuando descarta la aplicación al caso de autos de la doctrina de la “real malicia”, considera que las frases injuriosas reproducidas no pueden ser encuadradas en el género informativo por el cual se pretende eximir al medio periodístico de las consecuencias lesivas, porque la jueza omitió que el medio no presentó pruebas de la “transcripción textual” o del ”reporte fiel” de los dichos de los entrevistados, sin haber constatado que sólo se trató de una reproducción objetiva de los dichos de terceros. Que la jueza olvida que no basta el uso de entrecomillado y omite las demás reglas postuladas en el precedente “Campillay” y que en ésta la carga de la prueba recae en quien la invoca, o sea, el propio medio, que no probó que se tratara sólo de una “reproducción”, ignorando las consecuencias de difundir una información incompleta y falaz.
b) Los agravios de los demandados L.y B. se refieren a que: 1) el juez ha fallado en forma “extra petita”, violando el principio de congruencia, al basar la condena en el art. 1109 Cód. Civil (cuasidelitos), cuando la “cosa” demandada o “causa petendi” se fundó en el accionar doloso de los accionados (arts. 1072 y 1086 Cód. Civil). 2) En subsidio se agraviaron también porque se considerara acreditado que el daño moral que se estima causado a la actora con base en la culpa, resultó un daño cierto resarcible; inaplicando la regla del art. 1089 del Cód. Civil que exige la concreta acreditación de un daño para ser resarcible. 3) También se agravian porque se haya hecho lugar al daño moral, pese a carecer las afirmaciones de los accionados de “entidad dañosa” en atención al contexto en que fueron vertidas y a las condiciones personales de la actora. 4) Finalmente se agravia por considerar excesivos los montos indemnizatorios otorgados. IV). 1 – Con relación a los agravios de la actora (fs. 310/312) por la exoneración de responsabilidad de G.I. S.A., la jurisprudencia de nuestros tribunales y asimismo esta Sala, ha tenido reiteradas oportunidades de pronunciarse respecto a la libertad de prensa o a la libertad de expresión, en su tensión en el juicio de ponderación frente al derecho al honor y a la intimidad de las personas.
Cuando surge este conflicto entre derechos con igual protección constitucional, “la Corte Suprema ha fijado de modo enfático el valor especial que reviste la libertad de expresión en el sistema institucional diseñado por la Constitución Nacional: “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica “(Fallos: 248:291). En virtud de tal principio, el Tribunal ha formulado la regla según la cual “...si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta delictuosa de los diarios, ella sí debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Fallos: 257:308)”(CNCiv., Sala J, 16/04/2015, “M.P.,E.E. y otro c. Editorial Sarmiento S.A. y otro s/daños y perjuicios”, LA LEY 29/06/2015, 29/6/2015,8 – LA LEY 2015-C,608 . LA LEY 29/7/2015, con nota de Maximiliano N.G. Cossari; cita Online:
AR/JUR/812/2015).
La Corte Suprema ha desarrollado doctrinas fuertemente tutelares del ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en materias de interés público; en ese sentido tanto la doctrina “Campillay” como la doctrina de la “real malicia” constituyen estándares que brindan una protección intensa a la libertad de expresión y que resguardan un espacio amplio para el desarrollo de un debate público robusto (“Martin, Edgardo Héctor c. Telearte S.A. y otros s/daños y perjuicios”, 03/10/2017, Fallos:340:1364, CSJN, Sec. de Jurisp.).
La doctrina “Campillay”, que es la que aquí interesa desarrollar (puesto que la real malicia se refiere a manifestaciones injuriosas o calumniosas que involucran funcionarios públicos o asuntos de interés público), en palabras de la propia Corte (Fallos: 319:3428) estableció que “cuando un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no responde civilmente por ella, en lo que al caso interesa, cuando hubiese atribuido su contenido a la fuente pertinente y efectuado, además, una transcripción sustancialmente idéntica a lo manifestado por aquélla (conf. sentencia dictada en la causa E.100.XXVI, “Recurso de hecho deducido por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.(co-demandada) en los autos ‘Espinosa, Pedro Francisco c/Herrera de Noble, Ernestina y otros’,” del 27 de octubre de 1994 y sus citas). Este criterio.... posibilita que se transparente “...el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado. También los propios aludidos resultan beneficiarios, en la medida en que sus eventuales reclamos-si a ellos se creyeran con derecho-podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión” (sent. dictada en la causa G.184.XXIV, “Granada, Jorge Horacio c/ Diarios y Noticias S.A. “del 26 de octubre de 1993). Debe resaltarse el carácter fuertemente tutelar de esta doctrina, según la cual se permite al que suministra una información desinteresarse de la verdad o falsedad de ella y eximirse de responsabilidad civil con la sola cita de la fuente. Parece justo, entonces, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor personal, exigir que el que propale la noticia acredite judicialmente que ha invocado la fuente y que sus dichos coinciden sustancialmente con aquélla” (Fallos: 319:3428, causa “Ramos Juan José c/LR3 Radio Belgrano y otros, 27/12/1996”; “Irigoyen, Juan Carlos Hipólito c/Fundación Wallenberg y otros s/daños y perjuicios”,05/8/2014, Fallos 337:921; “Roviralta Huberto c/Primera Red Interactiva de medios Argentinos S.A. y otros s/daños y perjuicios”, 20/10/2015, Fallos: 338:1032)(los destacados no están en el texto original).
2. En su comentario “La doctrina Campillay. (O la noticia que reproduce lo expresado por otro)”, Bianchi, Enrique Tomás, La Ley 1997-B, 1283 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 01/01/2007, 565; cita Online AR/DOC/18888/2001), afirma que la Corte reconoció que las publicaciones se habían limitado prácticamente a transcribir un comunicado policial-que luego se demostraría inexacto-en el cual se involucraba al actor en la perpetración de varios delitos. Sin embargo, ello no excusaba a los editores, porque éstos habían hecho “suyas”, las afirmaciones contenidas en aquél.... De esta manera, aparece –un tanto tangencial- la “doctrina Campillay: la información cuyo contenido es atribuido a una “fuente”. Esa información debía ser –la Corte no lo dijo pero estaba implícito- “veraz” o” fiel”. Cumplida esa condición, se alza una barrera protectora para quien divulgó la noticia”. Luego de analizar la evolución posterior de la doctrina a través de los fallos “Granada”, “Triacca” y “Espinosa”, sostiene Bianchi que para que pueda aplicarse esta doctrina deben estar presentes estos cuatro elementos: a)una fuente; b)un informador; c)Una noticia, y d) Un afectado. Así, alguien produce una determinada expresión lesiva para un tercero y aquella es tomada por otro que la reproduce. El tercero afectado dirige su reclamo contra el divulgador de la noticia. Las razones que respaldan esta doctrina –que no es patrimonio exclusivo de la Corte argentina, sino que la encontramos entre otros países, en Estados Unidos y en España–, son los valores inspiradores de los sistemas que respetan la libertad de expresión y el pluralismo. Esa clase de sistemas consideran indispensable que, en temas que hacen al interés de la sociedad, todas las voces sean escuchadas, no solamente las que a los medios de difusión les parezcan veraces y criteriosas, sino incluso aquellas que pueden-como hipótesisincurrir en difamaciones o injurias. De estas últimas sus autores deberán, en su caso, responder; pero no quienes reproducen sus dichos. La razón aparece clara: si a quien informa se extendiera la responsabilidad del emisor de la manifestación, él se transformaría inevitablemente en censor de las expresiones de terceros, temeroso siempre de quedar “pegado” a ellas, como una suerte de “deudor solidario”, por el simple hecho de haberlas difundido (aut. y ob. cits.).
3 – En la sentencia apelada se mencionó un precedente de la Sala I de esta Cámara (causa n° 60.583 del 13/12/16, “Herederos de Aranzabal”), donde se distinguieron los géneros existentes en la actividad periodística: informativo, de opinión e interpretativo; entendiendo la sentenciante que la nota periodística objeto de autos encuadra dentro del género informativo, por cuanto el periodista no emitió alguna opinión o comentario subjetivo, sino que se limitó a reportar fielmente lo dicho por los entrevistados. Sostuvo la a quo que a lo largo de toda la nota se hizo referencia a los reporteados como los padres de L. L. , individualizando con cita de los apellidos cada uno de sus dichos y entrecomillándolos. Y así concluyó en que las frases en discusión no pueden generar responsabilidad jurídica alguna para el medio periodístico I. on line, refiriendo a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “Campillay” y en doctrina de Fallos 316:2395, 333:2079 (ver fs.289vta./290vta.).
También en la sentencia apelada, al describirse el género informativo, se dijo que posee como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo, siendo informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. Agregó que la información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor, dando como ejemplo de géneros informativos a la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación (fs.289vta.).
En un mismo orden de ideas, señalan Pizarro y Vallespinos que la información relativa a hechos que se producen en el mundo exterior presupone una constatación (directa o indirecta, mediata o inmediata) de la realidad por el informador. Agregando que cuando del juicio de existencia se trata, debe exigirse al informador objetividad y exactitud, tanto a la hora de aprehender dicha realidad que pretende comunicar cuanto al tiempo de realizar el mensaje informativo. Expresan estos autores que toda consideración subjetiva que el hecho pueda merecer en la opinión del informador debe ser cuidadosamente diferenciada de aquel relato; y puntualizan que la información de hechos debe ser verdadera, esto es, idónea para transmitir la realidad como es; por “realidad” entendemos aquello “con que me encuentro y tal como me lo encuentro”.
Sostienen, además, que el informador debe describir o desvelar esa realidad, haciéndola conocible a terceros, y para lograr esa tarea debe dejarla ser lo que es, sin alterarla, sin hacer de ella otra diferente. La falta de adecuación entre la realidad y lo informado priva a la noticia de exactitud. La verdad en la información, por ende, no es otra cosa que la reproducción objetiva y exacta de la realidad por el medio (auts. cits., Tratado de Responsabilidad Civil, tomo III, págs.232, 233 y 234). Si se recala en la noticia objeto del presente proceso, puede advertirse que la misma consistió en una entrevista que el diario realizó a Rolando L. y C.B. , padres de J.E.L. (imputado en el accidente que le costó la vida a P.N. ), quienes manifestaron tener –y mostraron copias -más de diez denuncias penales contra integrantes de la familia de la víctima por acosos en la vía pública, en las redes sociales, dentro de lugares de esparcimiento, telefónicos y hasta persecuciones sufridas tanto por L.
L. como por los entrevistados y testigos del caso que recibieron amenazas. Los entrevistados se explayaron en manifestaciones relativas a los supuestos acosos que habrían recibido de parte de distintos miembros de la familia de la víctima, las que fueron entrecomilladas por el diario sin emitir ninguna clase de opinión al respecto. En lo que atañe a la actora del presente juicio, los entrevistados señalaron: “La hermana del fallecido, Marisa, es la más brava. Ella legó a tirarle el auto encima e insultarlo. Paró otra vez en lo de mis padres, dejaron cartas debajo de la puerta, pusieron banderines en lo de mi suegro” (fs.12/13). Tal como puede apreciarse se trata de una entrevista realizada con relación a un conjunto de hechos que tuvieron amplia repercusión pública, habiéndose limitado la noticia a la transcripción de los dichos de los entrevistados, sin realizarse ningún agregado que pudiera reflejar la opinión del medio digital o del periodista que actuó en la ocasión. 4 - Este tribunal, en las causas acumuladas n° 56.441 y 56.571, “D.B., A...”, del 8 de septiembre de 2015, con voto del Dr.
Galdós, recordó que la Corte Nacional distingue si la difusión proviene de tres tipos de informaciones: a) por la difusión de informaciones inexactas o cuya veracidad no ha sido comprobada (que sería el caso de autos); b) por la difusión de noticias verdaderas, y c) por la difusión de simples opiniones o juicios de valor (voto del Dr. Sebastián Picaso en Cam.Nac.Civ. Sala A, 4/11/2014, “O.,R.B. y otros c. América TV S.A. s/daños y perjuicios”, RCyS 2015(julio) ,169); esta Sala, causa n°56.441, “D.B., A. c/ Avilés Luis y otros s. Derechos Personalísimos” y n°56.571, “D.B., A. c/ Aviles Luis César y otros s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 8/9/2015;). En estos precedentes citados se realizó una distinción entre lo que constituye difusión de noticias o informaciones (inexactas o verdaderas), y lo que consiste en difusión de simples opiniones o juicios de valor para los cuales no interesa que sean verdaderos o falsos, sino que se refieran a un interés público relevante y no sean injuriosos.
Es evidente que en el caso de autos nos hallamos ante una información dada por el medio digital que fue recibida en una entrevista, en la cual los entrevistados hicieron referencia a hechos de trascendencia pública de los que se sintieron víctimas; sin que en la oportunidad hubiera mediado ninguna emisión de opiniones o juicios de valor por parte del diario. También en dicho precedente se citó una nota al fallo de la CNCiv, Sala J, del 16/4/2015, “M.P., E. E. y otro c/Editorial Sarmiento S.A. y otro s/daños y perjuicios”, cuyo autor es Maximiliano N.G. Cossari, “Daños por reproducción de información inexacta en la prensa”, publicada en La Ley 2015-D, 229, que se refiere a los conceptos antes señalados.
Este autor refirió que en el citado caso “Campillay”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, resolvió que es responsable de los daños ocasionados el editor de un periódico que publicó noticias plagadas de subjetividades e inexactitudes respecto del actor –quien es calificado como integrante de una asociación delictiva dedicada al robo y al tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos y en diversiones con mujeres-, ya que ese proceder implicó un ejercicio imprudente de su derecho de informar, pues, un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas – admitida aún la imposibilidad fáctica práctica de verificar su exactitudimpone propalar la información atribuyendo su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito, aunque las publicaciones se hayan limitado a transcribir prácticamente el comunicado policial respectivo (C.S.J.N., “Campillay Julio C. c.
La Razón y otros, del 15- 5-86, La Ley 1986-C, 411).”(ver asimismo por remisión de Cossari , nota 8:”Tobías José W., Feldman, Paula A. “Derechos personalísimos y libertad de información. ’Campillay’ y la doctrina de la fuente informativa”, en La Ley, AR/DOC/966/2007).
En el ya citado fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J, del 16/4/2015, la Dra. Mattera en su voto recordó que la doctrina “Campillay” fue precisada en sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre en procura de armonizar los diversos valores constitucionales en juego, en los casos en que se plantea la responsabilidad civil o penal de los medios periodísticos en la reproducción de noticias inexactas emitidas por otras fuentes, sean falsas o erróneas .Así, agregó,” según se desprende de ese fallo y de los subsiguientes “Triacca” y “Espinosa”, los requisitos para que el informador quede exonerado de responsabilidad son: a)Transcripción sustancialmente fiel de los expresado por otro que constituye la noticia. Ello no implica necesariamente su transcripción textual. b) Atribución sincera de la noticia a la fuente informadora, de forma que aquella deje de ser propia del medio. c) Omisión de la identidad de los implicados, puesto que si se deja en reserva la identidad de éstos, no habría honor personal alguno que en concreto se hubiese dañado. d) uso de un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el mencionado carácter asertivo. Paralelamente, la relación directa de la noticia (vgr. el contenido de los dichos del tercero) con un interés público y su trascendencia para la vida social, política o institucional no debe ser desplazada, pues constituye la piedra basal sobre la que se construye la eximición de responsabilidad de la prensa.”(“M.P., E.E. y otro c. Editorial Sarmiento S.A. y otros s/daños y perjuicios, CNCiv. Sala J, cit.).
6. La Suprema Corte, en la causa “Spacarstel Néstor A. c. el Día SACIF- daño moral”, SCBA 11/5/99, causa n° 60813, JUBA59281, dijo respecto a dicha doctrina, que: “Según sostuvo la Corte Suprema en el fallo citado precedentemente (ver L.L., 1986-C-406), ‘el honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de calumnias e injurias cometidas por medio de la prensa, toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones, no puede quedar exento de la responsabilidad civil emergente de tales actos’.
En ese precedente, en el que la noticia que informara un comunicado de la Policía Federal involucró al actor en la perpetración de diversos delitos fue difundido por tres diarios, que no verificaron la veracidad de su contenido, ni tuvieron en cuenta que el actor no había sido oído ni juzgado por la autoridad judicial competente, se dijo que tal proceder en los periódicos demandados implicó un ejercicio imprudente de su derecho de informar, toda vez que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas – admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- , imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito”.
Aclaró nuestro Superior Tribunal que los votos en disidencia de los Dres. Caballero y Fayt, cada uno por sus argumentos, eximieron de responsabilidad a los diarios que basaron su información en el comunicado policial, lo cual constituyó el ejercicio del derecho de crónica, según el primero, y conforme el segundo de los nombrados porque dado la calidad de la fuente estaban exonerados de indagar la voracidad de los hechos...”. Recordó también la Suprema Corte que el Alto Tribunal dijo en aquella ocasión “La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de una persona (arts. 14 y 33 de la Const.
Nac.)” (SCBA, causa Ac. 60.813, “Sparcarstel Néstor Alberto contra el Día S.A.C.I.F., 11/5/99, del voto del Dr. Pisano).
En la misma causa en su voto el Dr. Hitters dijo: “.....coincido... que no se aplica al sub lite el precedente de nuestro más Alto Tribunal nacido en el caso “Campillay...”, porque en la publicación aquí cuestionada... se ha incluido el nombre del afectado; no se utilizó el verbo en el modo potencial; ni se hizo indicación expresa de la fuente de información...”. Más adelante agrega: “Que luego del caso “Campillay”, citado por la Cámara y por el voto que me precede, hubo nuevos e importantes desarrollos (“Granada” y “Triacca”, ambos de fecha 26/X/93, La Ley 1994-A-237 y 246 y “Espinosa”, sent. del 27/X/94 y posteriores). Dicha evolución tuvo marcada trascendencia en 1996, cuando en poco más de un mes ese Alto Tribunal emitió tres importantes pronunciamientos. En efecto el 12 de noviembre dictó el fallo en el caso “Morales Solá, Joaquín M...” (La Ley, 1996-E-328), donde abordó la figura norteamericana de la real malicia; el 10 de diciembre se pronunció en el caso “Acuña, Carlos Manuel Ramón…”, en el que señaló que la postura “Campillay” constituye una doctrina típicamente constitucional (más que civil o penal), de lo que se deriva que en las situaciones en que se aplique la misma, se priva de antijuridicidad a las conductas (los destacados me pertenecen); por último- el 17 de diciembre, se pronunció en “Gesualdi…”, acerca de la doctrina de la “real malicia”.
7. La actora sostiene su discrepancia con la evaluación hecha por la a quo de la actuación de G.I. en el daño que se le ocasionara. Afirma que las dos frases que consideró ofensivas y que la jueza encasilló en el género informativo sin mayor análisis, no lo son, pues no tuvo en cuenta que la demandada no produjo ninguna prueba fílmica, sonora, fotográfica o de otra índole para justificar que la entrevista del 5/4/2014 fue una mera “transcripción literal” o “reporte fiel” de los dichos de los entrevistados. Que la doctrina “Campillay” requiere no solo informar el nombre de la fuente periodística, sino otros recaudos, entre ellos reservar la identidad de la persona a quien se atribuye el supuesto acto ilícito.
Para Cossari (comentario citado), las eximentes: cita de la fuente y transcripción fiel, la reserva de identidad (y de datos que permitan hacer identificables a las personas afectadas) y el uso del verbo en tiempo potencial, y no en modo asertivo, son eximentes alternativos, es decir, que basta que uno solo esté presente, para excluir la antijuridicidad de la conducta. Esta misma interpretación sostiene José W. Tobías, según el cual la reproducción por el medio informador de la noticia emitida por una fuente identificada o, alternativamente la reserva de identidad del sindicado como responsable, o la utilización de un tiempo de verbo potencial, actúan como causas jurídicas de justificación del daño causado (aut. cit., Derechos personalísimos y libertad de información, L.L.17/12/17, AR/DOC/3951/2017).
Este criterio de alternancia parece desprenderse de una interpretación literal de la doctrina “Campillay” y fallos posteriores de la Corte Suprema (Vgr. “Triacca”, “Peña”, “Espinoza”, “Ramos”, entre muchos otros), aunque Zavala de González manifiesta expresamente su opinión en contrario a la interpretación que le asigna carácter alternativo a los requisitos de la doctrina ”Campillay” (Zavala de González, Matilde, Daños a las personas, Daños a la dignidad, Ed. Astrea, tomo I, pg.240 y nota n.23), señalando que el carácter sólo hipotético de una lesión para el honor, como cuando se utiliza un verbo en tiempo potencial, ha sido receptado por nuestra Corte Suprema si, además, se indica la fuente y la noticia guarda fidelidad con ese origen informativo.
Lo que sí es indudable es que esta doctrina requiere siempre la mención de la fuente y la fidelidad a su contenido y, en algunos fallos, la propia Corte ha afinado el concepto de los otros eximentes, al afirmar, por ejemplo, que no basta que en ciertos pasajes se utilizaran verbos en modo o tiempo potencial o términos que relativizarían lo afirmado, ya que la finalidad de la eximente de la doctrina es otorgar protección a quien se ha referido solo a lo que puede (o no) ser, descartando toda aseveración, pero no consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal-el potencial-sino en el sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo, ya que si así no fuera bastaría con el mecánico empleo del casi mágico “sería” para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aún la peor, sin tener que responder por ello (Martín, E.E. c.
Telearte S.A. s/daños y perjuicios, fallos:340:1364,03/10/2017).
8 –También cuestionó la apelante que el medio periodístico no probó la fidelidad de la información difundida, porque no resguardó ninguna versión original (sea escrita, oral o grabada), de la fuente a la que se atribuyeron los dichos injuriosos. Ello no resulta necesario en este caso. Más allá del concepto de “fuente” aplicado a los co-demandados - autores de los dichos cuestionados-, lo cierto es que éstos no sólo contaron la misma versión difundida sino que reconocieron haber acudido ellos mismos prácticamente a generar la entrevista con la intención de hacer cesar la campaña de hostigamiento de que estaban siendo objeto. Por ende, carece de sentido discutir la prueba de la transcripción textual de la fuente o de la noticia – aunque falsa o no probada, difundida-, si ellos mismos ratificaron sus dichos. En otro caso de similar alcance, dijo el más Alto Tribunal que “Si está fuera de discusión, ..., lo afirmado por la cámara respecto a la veracidad de la filmación que había sido proporcionada al medio de prensa y que dio origen a las publicaciones cuestionadas, motivo por el cual cabía dar por acreditados los hechos y dichos que de aquéllas surgían, resulta irrelevante examinar la calidad de la fuente a la luz de la doctrina “Campillay” (Fallos:308:789); ya que se ha acreditado y ha quedado firme su veracidad (voto del juez Maqueda) ; (C.S.J.N, Fallos: 336:309, “Moslares José Luis c/ Diario La Arena y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 26/3/2013).
En relación al concepto de “fuente”, expresa Cossari: “el concepto de fuente es amplio por lo que la doctrina puede aplicarse a los dichos expresados en una carta enviada por un lector al diario, aun ante el supuesto en que el informador hubiere agregado un título, en tanto no sea más que un resumen o recapitulación de contenido de esa información. En ese sentido, las cartas de lectores entrarían dentro del primer requisito requerido por “Campillay” y los títulos periodísticos constituirían un recurso periodístico de uso cotidiano en nuestro país que se refieren al contenido de la misma, pero no son un producto intelectual autónomo. Dicho argumento puede encontrarse en el caso “Dahlgren” en el que se dijo que la publicación de cartas de lectores firmadas por éstos tiene encuadramiento en la doctrina “Capillay” y en consecuencia no genera ninguna responsabilidad del medio en el que se publicó o en sus directivos. (fallo de la C.S.J.N. del 9/11/2010, “Dahlgren”, L.L. del 6/12/2010; Flores, Oscar, “Responsabilidad de los medios de prensa y de sus directivos por el contenido de cartas de lectores: Criterio actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, L.L. 2011-B, p.1”;( lo destacado en negrita no está en el original y me pertenece; ver una postura crítica a la doctrina del caso “Campillay”, en Pizarro-Vallespinos, ob.cit. págs.255 a 260).
En el caso de autos, en que los propios autores de los comentarios presuntamente injuriosos, al contestar la demanda ratifican sus dichos –aun con sentido diverso-, confirmando así la “fidelidad a la fuente” del medio periodístico “I. d.”, la fuente de la que el medio recoge es directa – es decir, de quienes profieren las supuestas expresiones injuriantes-. De cualquier manera, sea que la consideremos una fuente directa o la asimilemos en su contenido al de una carta de lectores, la invocación a la fuente y la fidelidad al contenido de la misma han quedado acreditados en autos por el solo hecho de su reconocimiento por los co-demandados L. y B., lo que devino innecesaria dicha prueba.
Las consideraciones hasta aquí expuestas me conducen a la convicción de que debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto eximió de responsabilidad al medio periodístico “G.I. S.A.” propietaria del diario digital “I.”, rechazando la demanda a su respecto (arts.14 y 32 de la Constitución Nacional, arts.12 y 13 de la Constitución Provincial; art. 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts.499, 1066, 1067, 1078 Cód. Civil; CSJN, Fallos: 308:789, consid. 7; 336:309; 335:2283; 340:1364; 338:1032; 319:3428; LL. 2011-B, S, 9/11/2010, “Dahlgren”; SCBA, Ac.60.813, “Spacarstel”, 11-5-99; C.97947, 18-3-2009, “F.H.R.”). V). 1. a) En cuanto a los agravios de los co-demandados L. y B., los apelantes sostienen que el juez ha fallado en forma “extra petita”, violando el principio de congruencia, porque la demanda se fundamentó en el accionar “doloso” de los demandados por la comisión de los delitos de calumnias e injurias, y la condena se ha basado en una responsabilidad por culpa, con sustento en el art. 1109 del Cód. Civil, que no fue invocado por la actora, la cual demandó en base al art. 1089 del Cód. Civil.
Este agravio no habrá de prosperar. El principio de congruencia exige que aquello por lo que se reclama, sea exactamente aquello por lo que se resuelve, sin admitir demasías, ni tampoco deficiencias decisorias (fallos extra petita o infra petita). Ahora bien, debe recordarse que los jueces al juzgar pueden hacer uso del principio “Iuria novit curia”, que les permite efectuar el encuadre legal del caso con independencia del que le hayan dado las partes, aunque siempre con sujeción a los hechos planteados. O sea, que los hechos que constituyen el objeto de la demanda, delimitados por los términos de la contestación, son los que constituyen el “thema decidendum” del cual el juzgador no puede apartarse. Pero la facultad de encuadrar o subsumir esos hechos y las pruebas producidas durante el proceso, el poder de los jueces de aplicar con independencia el derecho aplicable (art. 163 inc. 6° del CPCC, arts. 1, 2 y 3 del C.C.C.N), está supeditado a la afirmación y prueba de los hechos pertinentes, debiendo cuidar de no introducir alteraciones a la relación procesal (SCBA, Ac.25.641, 8/5/79; “Azpelicueta- Tessone, “La Alzada, Poderes y Deberes”, pg. 237). En tal sentido, nuestra Suprema Corte tiene dicho que “según el principio ‘iuria novit curia’, la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir que los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida” (Ac. 63, sent. del 21-V-2002; Ac. 90.993, Sent. del 5_IV-2006; Ac. 111.450, sent. del 19.XII-2012; C. 105.173, sent. del 2-V-2013; esta Sala, “Ibáñez María Luján…”, C. 61.849, sent.; SCBA, C. 118.128, “Rearte”, sent. 08/04/2015, voto Dr. Pettigiani).
1. b) La demanda se basó en la lesión al honor y buen nombre de la accionante, que ésta entendió vulnerados por la entrevista publicada en el diario digital I. el día 5 de abril de 2014, al serle atribuidas conductas lesivas a su honor y ajenas a su accionar que la colocaron en una posición vergonzante en el medio social de su ciudad, en particular dado su condición de profesora de educación física en un colegio secundario; sumado ello a su dolor por la reciente pérdida de manera trágica de su hermano. La accionante consideró que dicha conducta y en particular dos frases de la entrevista, “le tiró el auto encima” y “la hermana era la más brava”, constituían imputaciones calumniosas, la primera porque se le estaba imputando la comisión de un hecho ilícito (tentativa de homicidio o al menos, de lesiones) y además injuriosas, por el sentido peyorativo de la segunda frase.
El art. 1089 del Cód. Civil, enmarcado dentro del título “De los actos ilícitos”, se refiere específicamente al delito de calumnia o injuria “de cualquier especie” y dice que en tal caso, “el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o la cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación” (“exceptio veritatis”). El bien jurídico aquí tutelado es el honor de las personas, que ha sido definido como “la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma” (De Cupis., A.,” I diritti de la personalitá”, Milan, 1959, p.93, en “Código Civil y leyes complementarias, comentado, Anotado y Concordado, Dir. Belluscio, Coord. Zannoni, Ed. Astrea, T.5 pg.214 y ss.).
Se distinguen dos aspectos del honor: la honra o estimación propia (honor subjetivo) y el crédito o estimación ajena, fama o reputación (honor objetivo) (Pizarro – Vallespinos, Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. Rubinzal Culzoni, T.III, pg.167/168; Cifuentes Santos, Derechos Personalísimos, 2da.Ed., Astrea , pg. 455 y ss.). Aunque se dice que tanto la lesión a un aspecto como al otro reciben la misma sanción. Estos elementos no van siempre juntos, pues se sanciona la vulneración de uno aunque no implique la del otro (ej. se reprime toda falsa imputación de hechos delictuosos, aunque no originen una real disminución del honor). El art. 1089 ordena reparar los daños causados por las calumnias e injurias de cualquier especie, lo cual sirve para admitir la indemnización de daños provocados por conductas que atacan al honor, aunque no encuadren en el tipo penal.
También se la admite con un criterio amplio, es decir, que para la viabilidad de la acción prevista por el art. 1089 del Cód. Civil no es óbice que no se haya seguido causa penal por los delitos de calumnias e injurias (Código Civil y normas complementarias, dir. Bueres, coord. Highton, Ed. Hammurabi, T. 3A, pag.281; cfr. asimismo Pizarro-Vallespinos, Tratado de Responsabilidad Civil, Ed. Rubinzal Culzoni, T.III; pg.167 y ss). 2). El honor está protegido por el Cód. Penal (Tit. II, Delitos contra el honor, arts. 109 a 117), que sanciona diversas conductas delictivas como la calumnia (art. 109), la injuria (art. 110) y la publicación o reproducción por cualquier medio de injurias o calumnias inferidas por otro (art. 113).
Penalmente, el factor de atribución es un dolo específico: la intención de dañar (Pizarro Vallespinos, ob. cit., pg.172/173). En materia civil, en cambio, en cuanto al factor de atribución se ha dicho que en la esfera propia de los actos ilícitos civiles, la responsabilidad derivada de la difusión de noticias inexactas sólo puede tener fundamento en la culpabilidad, según lo exigen los arts. 1067 y 1109 del Cód. Civil, no siendo aplicable el art. 1113 por no tratarse de daños provenientes de cosas, culpa que deberá apreciarse con el afinamiento que impone el art. 902 del Cód. Civil, en especial cuando los hechos reproducidos son de especial gravedad (Filipini, Aníbal, comentario a fallo “Campillay”, La Ley 1986 -c, 406, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 01/0172007, 495, cita Online AR/DOC/2668/2001).
Cuando lo afectado es el honor, este “se revela como autoestima o respeto de la propia dignidad (honra) y en el prestigio, fama o consideración que otros tienen sobre los merecimientos de alguien (reputación)” (cf. Zavala de González, Matilde, “Daños a la dignidad”, Tº 1, pág. 223; esta Sala, causa N° 62.236, D., N. c. M., M.A. s/Daños, sent. 17/10/2017).
Ha dicho nuestro Superior Tribunal (SCBA, causa Ac. 86.259, “Barrrantes, Francisco José c. Fernández, Ariel. Daños y perjuicios, sent. 5/4/2006, JUBA fallo 29505),”la referencia a otra norma del mismo ordenamiento (en el caso se trataba del art. 1099 CC), que efectuó el tribunal a quo, ha sido para significar que el art. 1089 del mismo ordenamiento no excluye la reparación del daño moral...De cualquier modo la resarcibilidad del daño moral derivado del obrar injurioso, no puede traer controversia. El adverbio “sólo “contenido en el art. 1089 del Código Civil, está indicando la condición para que el daño pecuniario sea exigible. Esta condición está constituida sencillamente por la prueba de tal daño, pero de ninguna manera puede interpretarse que con ello la norma esté limitando la reparación a los patrimoniales, dejando afuera a las aflicciones de índole moral. Por tanto, en este aspecto el art. 1089 es simplemente reiteratorio de los principios generales de la responsabilidad civil y nada innova con respecto a ellos (Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil, Ed. Perrot, Obligaciones, T.IV-A, 2389, págs. 140/141; cofr. También Trigo represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. III, pág. 137; Salvat – Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, IV-2767; Borda Guillermo, obligaciones, t. II, 1353; Lafaille, H. Tratado de Derecho Civil, t. II, 1264)”. Y agrega la Corte:”el pronunciamiento en crisis, siguiendo lo sentenciado en la instancia de origen, calificó al obrar del demandado y que es objeto de reproche, como por lo menos culposo, citando para ello expresamente a los art. 512 y 1109 del Cód. Civil....surge claro de la propia letra del art. 1078 del Código Civil, ya desde la redacción que le otorgara la ley 17.711, que el daño moral procede en toda especie de actos ilícitos sean estos delitos o cuasidelitos....Por lo demás, la remisión de la norma a los cuasidelitos viene dada por la remisión contenida en el art. 1109 del mismo ordenamiento” (SCBA, causa Ac. 86.259 cit.); (lo subrayado me pertenece).
En definitiva, con esta doctrina de nuestro Máximo Tribunal Provincial, se da respuesta no solo al agravio acerca de una eventual sentencia “extra petita” sino también al segundo agravio referido a la supuesta falta de acreditación de un daño “cierto” en los términos del art. 1089. Cuando el art. 1089 está hablando de la responsabilidad derivada de los delitos, no se sigue de ello que no sean indemnizables los daños culposos, derivados de los cuasidelitos, y menos aún que no sean de aplicación al caso las normas relativas a la responsabilidad civil en general; pues, en puridad, la norma del art. 1089 resultaría sobreabundante y al solo fin de aclarar las condiciones en que puede otorgarse una reparación derivada de los delitos de calumnias e injurias, sin por eso limitar las demás reparaciones que deriven de los hechos fundantes de la responsabilidad civil (arts. 1109, 1189, y concs. Cód. Civil).
3. Los codemandados L. y B. se agraviaron finalmente de la consideración de la existencia de daño moral, negando que haya existido en ese contexto y circunstancias, y que se haya probado la existencia de un “daño cierto” acorde a las pautas del art. 1189 Cód. Civil. En la sentencia apelada se dijo que los entrevistados han obrado con ligereza e imprudencia y deben responder a título de culpa (art.1109 del Código Civil). No importa tanto en este caso discurrir sobre la exactitud o veracidad de las manifestaciones, sino -a la luz de sus agravios - determinar si los dichos de los entrevistados fueron o no agraviantes para la actora.
La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es “todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio, Luis P. c/ Ormas S.A.I.C.I. s/ Indemnización Daños y Perjuicios”). Más explícitamente: “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (Esta Sala, causas n° 45.193, del 25-2-03, "Santillán …"; n° 47.417, del 28/10/04, “Escobar …”; n° 54.862, del 23/10/11, “Miranda …” y nº 59.249, del 30/04/2015, “Coz …”, voto Dr. Peralta Reyes); (el destacado me pertenece).
Bustamante Alsina sostuvo que “… el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo” (Bustamante Alsina, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LL, 1990, A-655; en sentido coincidente: Zavala de González, “Resarcimiento de Daños. El proceso de daños”, T. 3, p. 197; esta Sala, causa nº 61.155, del 21/02/17, “Videla …”). “Para que la injuria sea resarcible –se agregó en otro precedente- no es necesario que trascienda el área social y se traduzca en desprestigio para el ofendido, pues tales circunstancias operarán como elementos agravantes en el momento de fijar la cuantía indemnizatoria, pero no es recaudo necesario de la lesión moral. Para que ésta se configure, basta con que el hecho sea lesivo del honor, la autoestima o los sagrados afectos del injuriado, de modo tal que desde ese ángulo personal y subjetivo, la sola comisión del delito hace presumir la existencia del daño moral” (Cám. Civ. 1ª San Nicolás, Causa 5655, “B.M.R. c/ M.V.M.P. s/ Daños y Perjuicios”, del 12/02/2004, JUBA B856864 y B856863, respectivamente). “Se configura injuria en toda especie de actos intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que constituyan una ofensa, ataquen el honor, la reputación o la dignidad de una persona, hiriendo sus justas susceptibilidades. Es decir, son injurias todos los excesos verbales o por escrito, en condiciones que puedan ser oídos o conocidos por extraños, configurándose así una auténtica difamación innecesaria …” (Cám. Cív. Dolores, Causa 85922, “Acevedo Delia c/ Guasti Luis s/ Liquidación y partición de sociedad”, del 28/08/2007, JUBA 951040; esta Sala causa cit). “Si estamos en presencia del delito de injurias, el daño moral experimentado es un daño in re ipsa, cuya existencia se presume salvo prueba en contrario, y quien debió arrimar elementos para desvirtuar tal presunción ha sido el demandado, sin que sea factible hacer recaer sobre el actor ofendido la carga de demostrar la real existencia de tal perjuicio presumido” (Cám. Civ. 1ª San Nicolás, Causa 5655, “B.M.R. c/ M.V.M.P. s/ Daños y Perjuicios”, del 12/02/2004, JUBA B856862) (los destacados me pertenecen).
La determinación del daño moral derivada de la afectación al honor se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa. Así lo entendió la Corte Suprema en “Lescano, Roberto Jorge c. Hardy, Marcos” (2004) al señalar que “el reclamo de indemnización del daño moral no necesita prueba directa en casos de delitos contra el honor, ya que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa en correlación con las circunstancias particulares de la víctima” (conf. Tanzi, Silvia Y. – Papillú, Juan María, “Daño moral …”, en Corte Suprema de Justicia de la Nación, Máximos Precedentes, Responsabilidad Civil, Tº II, Parte General, pág. 591). En efecto y por resultar de aplicación analógica cabe señalar que se debe “considerar el daño a la autoestima –el que debe presumirse en materia de injurias, sean dolosas o culposas-, pues por su índole, los agravios debieron herir los sentimientos del injuriado, no siendo necesario que se haya producido un descrédito objetivo, esto es, la repercusión negativa en la reputación ante los demás” (cf.
Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala J, “Q., C. M. y otro c. D’A., P. A.”, 07/11/2003, publicado en D.J. 2004-2, 331, R. C. y S. 2004, 799, R. C. y S. 2004, 453, con nota de Parellada, Carlos A., L.L. 2004-E, 863, con nota de Sánchez Maríncolo, Miguel A., J.A., 2004-II, 8). La difusión y trascendencia del agravio no es requisito para configurar la afectación al honor en sí mismo (conf. causa cit. C. N. Apel. en lo Civil, sala L, “M., C. E. c. S., L. B.”, 10/12/2008 cit., en R. C. y S., 2009-III, 96; esta Sala, causa nº 59.978, del 19/02/15, “Pagliaro …”, voto Dr. Galdós). En esa línea de pensamiento, corresponderá analizar si las manifestaciones vertidas en la entrevista son agraviantes para la persona de la actora (ver Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, séptima edición, págs.245 y 246).
Esta Sala, en la causa n° “Ottaviano c/Diario El Popular” del 26-10-2006 (voto del Dr. Peralta Reyes), recordó la distinción efectuada por Bustamante Alsina, para quien, independientemente de ser inexacta o no, la información es agraviante, cuando afecta la dignidad de las personas, hiriendo la propia estima que cada uno tiene de sí mismo o cuando ataca la reputación, honor, fama o decoro de que se goza ante los demás (aut. Cit., Teoría General de la Responsabilidad civil, 7ª. edición, pgs. 245/246).En esa misma causa “Ottaviano” este tribunal recordó como ejemplo de información inexacta, el ya citado fallo “Sparcastel”, en la que se detectó falta de correspondencia entre lo informado y las constancias del juicio penal citado como fuente (SCBA, Ac. 60.813 cit.).
Acorde lo expuesto, corresponde determinar si efectivamente las dos frases que la accionante N. considera injuriosas hacia su persona, constituyen efectivamente una lesión a la dignidad de la persona, atendiendo al texto y sentido de aquellas, analizadas dentro del contexto previo – el que como dijimos, resultó probado en la causa penal aunque sin lograr determinarse la autoría- ,en que los codemandados L. y B. deciden acudir – equivocadamente a mi modo de ver- a un medio de difusión, para hacer cesar las situaciones de hostigamiento – por cierto reales- que su hijo en particular, y también ellos mismos, su familia y amigos, estaban sufriendo. En este aspecto pueden observarse los testimonios de los restantes jóvenes amigos de L. N. que acompañaban a éste en la camioneta Nissan al momento del accidente y que también fueron objeto de hostigamientos en la página de Facebook mencionada, según surge de la copia certificada de la sentencia condenatoria recaída en sede penal y que obra glosada a fs. 569/619 de los autos “Gamberini Gabriela Mabel y Otra c. L. , L. E. y otros s. Daños y perjuicios”, Expte. 2829/2013 en trámite por ante el Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial n° 1 de Olavarría, que tengo a la vista en este acto.
Considerando la índole meramente subjetiva de la lesión aducida por los comentarios supuestamente injuriosos –pues la actora no probó efectiva lesión objetiva a su honor sino, como se dijo, consideró una afectación subjetiva a su honra o dignidad-, atendiendo a la limitada o casi nula repercusión de esas manifestaciones en el medio laboral de la actora (no se probaron), las frases no aparecen en sí como injuriosas. Si se analizan con detenimiento los hechos que se le atribuyen (haber conformado un grupo de Facebook que hostigaba al joven N. y a su familia y amigos, haber intentado “tirarle el auto encima”, ser “la más brava”, y haberlo insultado en una oportunidad), no se advierte que efectivamente tales imputaciones –aún no probadas- en el contexto de confusión y dolor en que ambas familias se encontraban enfrentadas por un lamentable accidente de tránsito en el que no existió intención dolosa y sólo una gravísima imprudencia de exceso de velocidad que ocasionó la pérdida de una vida humana, las dos frases por las que se sintió particularmente agraviada, no son en sí mismas injuriosas, acorde el contexto y momento en que fueron vertidas. Tampoco se produjo prueba tendiente a demostrar alguna particularidad que hubiese ocasionado objetivamente una lesión al honor de la reclamante, como ocurrió en otros casos similares tratados por esta Sala (C. N° 62.236 "D., N. C/ M., M. A. S/ daños y perj. Del./cuas. (exc .uso aut. y estado; causa n°57.721, sent. del 9/5/17, “Louge Dario Daniel c/ Tin Vanina Grisel y otros s/ Daños y perjuicios").
Revisando el significado otorgado por la Real Academia Española de la Lengua a la palabra “brava”, su primer significado es “valiente” o “arriesgado”; y luego otras acepciones indican “áspero, enfadado, violento” o “de genio áspero”. Es decir, que salvo la acepción “violento” –que refiere al carácter y no a las virtudes morales de la persona –y que sería uno de los significados que podría generar dudas, ninguna de aquellas acepciones o significados resulta descalificante en cuanto al honor o dignidad de una persona. Por el contrario, algunas acepciones, y la frase misma “la más brava”, resultan incluso ponderativas de cualidades honrosas envidiables, como la valentía de la persona. Sólo una subjetividad y sensibilidad excesivas podrían sentirse agraviadas, pero es comprensible su uso en la situación en que los demandados se encontraron inmersos, y justificable el error en la persona, dado el sinnúmero de agresiones que recibía la familia durante esos meses. Lo mismo cabe decir en cuanto a la expresión “le tiró el auto encima” en el contexto del conflicto existente, pues la misma no indica la intención de cometer un delito o de producir un daño cierto, sino de expresar disgusto o enojo. Tampoco advierto expresiones que puedan considerarse “epítetos denigrantes, insultos o locuciones que no guarden relación” con el contexto aludido (del voto en disidencia de los Dres. Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay en C.1079, XLV RHE, “Canicoba Corral…”). En ese contexto, reitero, no considero que se haya ocasionado a la Sra. N. un perjuicio jurídicamente indemnizable como daño moral (art. 1078 Cód. Civil), por lo que propicio al acuerdo la revocatoria del fallo apelado y el rechazo de la demanda con relación a los codemandados L. y B., confirmándola en cuanto al rechazo de la acción dispuesto en relación al medio periodístico “G.I. S.A.”.
Lo anterior me exime de analizar el cuarto agravio de los demandados, referido -subsidiariamente - al monto de condena.
V). Respecto a las costas, en atención al resultado que propongo, corresponde su adecuación. En el caso particular y pese al principio objetivo de la derrota (arts.68 y 274 del C.P.C.C), considerando las situaciones vividas por ambas partes en conflicto, las diversas aristas que presenta el tema de la libertad de expresión en su tensión con otros principios constitucionales como la dignidad y el honor de la persona (derechos personalísimos), estimo que la actora razonablemente pudo considerarse con derecho a demandar, por lo que las costas se imponen en ambas instancias en el orden causado(arts. 68 y 69 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes votó por los mismos fundamentos, en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTIÓN, la Dra. Longobardi dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) RECHAZAR el planteo de DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por los co-demandados L. y B. contra la parte actora. 2) REVOCAR el fallo apelado que admitió la demanda deducida por la Sra. M.E.N. contra R.O.L. y C.B. y CONFIRMAR el rechazo de la acción respecto del G.I. S.A. 3) MODIFICAR LAS COSTAS estableciendo que, acorde las particularidades del caso y lo expuesto en el Considerando V, las mismas serán por su orden en ambas instancias (arts. 68 , 69 y 274 CPCC). 4) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en la siguiente forma: a) Por los trabajos realizados en la instancia de origen: teniendo en cuenta la importancia, valor y mérito de los mismos, el monto reclamado en la demanda ($ ………- fs.15), el resultado que se propicia a través del dictado de la presente y lo dispuesto por los arts.1, 2, 16, 21, 23 in fine, 28 inc. b, y cc. del Dec./Ley 8904/77; arts. 8, 9, y cc. Tit. I y 1° y 5° Tít. II del Dec.6964/65; Resol. 890/202 CPPBA; y arts. 175, 183, 207 y cc. de la Ley 10.620 y sus modif.), se fijan los del Dr. C.arlos María Alem, en la suma de pesos ….. ($.....); los de la Dra. Laura Di Giano, en la suma de pesos … ($.....); los del Dr. Néstor Gabriel Rodríguez, en la suma de pesos ……. ($.....); los del perito informático Sr. Fernando Agustín Zubieta, en la suma de pesos ……..($.......); los de la perito psicóloga Lic. Mónica Graciela Disalvo, en la suma de pesos …….. ($........) y los del perito contador Sr. Renzo Attadia Girado, en la suma de pesos ….. ($.....); en todos los casos con más aporte legal e IVA, si correspondiere.
Asimismo, regúlanse los honorarios correspondientes a los trabajos realizados en esta instancia (art.31 Ley 14.967) en la suma de pesos ……. ($.........) a favor del Dr. Carlos María Alem y en la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($........) a favor de la Dra. Laura Di Giano, en ambos casos con más aporte legal e IVA, si correspondiere.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes votó en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 11 de Septiembre de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) RECHAZAR el planteo de DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por los co-demandados L. y B. contra la parte actora. 2) REVOCAR el fallo apelado que admitió la demanda deducida por la Sra. M.E.N. contra R.O.L. y C.B. y CONFIRMAR el rechazo de la acción respecto del G.I. S.A. 3) MODIFICAR LAS COSTAS estableciendo que, acorde las particularidades del caso y lo expuesto en el Considerando V, las mismas serán por su orden en ambas instancias (arts. 68 , 69 y 274 CPCC). 4) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en la siguiente forma: a) Por los trabajos realizados en la instancia de origen: teniendo en cuenta la importancia, valor y mérito de los mismos, el monto reclamado en la demanda ($ ………- fs.15), el resultado que se propicia a través del dictado de la presente y lo dispuesto por los arts.1, 2, 16, 21, 23 in fine, 28 inc. b, y cc. del Dec./Ley 8904/77; arts. 8, 9, y cc. Tit. I y 1° y 5° Tít. II del Dec.6964/65; Resol. 890/202 CPPBA; y arts. 175, 183, 207 y cc. de la Ley 10.620 y sus modif.), se fijan los del Dr. Carlos María Alem, en la suma de pesos ……… ($......); los de la Dra. Laura Di Giano, en la suma de pesos ….. ($.....); los del Dr. Néstor Gabriel Rodríguez, en la suma de pesos…...($.......); los del perito informático Sr. Fernando Agustín Zubieta, en la suma de pesos ....... ($.....); los de la perito psicóloga Lic. Mónica Graciela Disalvo, en la suma de pesos …… ($......) y los del perito contador Sr. Renzo Attadia Girado, en la suma de pesos …….. ($.....); en todos los casos con más aporte legal e IVA, si correspondiere. Asimismo, regúlanse los honorarios correspondientes a los trabajos realizados en esta instancia (art.31 Ley 14.967) en la suma de pesos ….. ($......) a favor del Dr. Carlos María Alem y en la suma de pesos ….. ($......) a favor de la Dra. Laura Di Giano, en ambos casos con más aporte legal e IVA, si correspondiere. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Ante mí CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia