Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de B. M. E. y de S. J. E.
2Imponer las costas de la alzada apelantes que resultaron vencidos (arts. 68 y 69 del CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 del Dec./Ley 8904/77.
Causa nº: 2-61826-2016 "E., B. M. Y OTRA S/ ABRIGO "
JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 76 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintiseis días del mes de Junio del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados, para dictar sentencia en los autos caratulados: "E. B. M. y Otra s/ Abrigo” (Causa Nº61.826), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia definitiva de fs. 271/290 vta.?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. 1. La Sra. Juez de grado decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de las niñas B. M. E. (de 8 años) y S. J. E. (de 7 años), hijas de C. B. B. y de G. A. E. Asimismo, suspendió en forma definitiva el régimen comunicacional entre las niñas y su familia paterna, dejando supeditada la fijación de un régimen de contacto a favor de la progenitora al cumplimiento de determinados requisitos, el que en su caso se establecerá bajo estricta supervisión y en la medida que no afecte el interés superior de las niñas ni obstaculice o impida el proceso de vinculación adoptiva que habrá de iniciarse. Requirió al Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, la remisión de un listado de pretensos adoptantes de dos niñas, ambas presuntas víctimas de abuso sexual.
2. Frente a esa decisión O. I. E. y N. J. R. (abuelos paternos de las niñas) interpusieron recurso de apelación (fs. 301), fundándolo a fs. 305/309 vta. Los apelantes expresaron que la magistrada basa su decisorio en el informe interdisciplinario realizado por los Lic. Mariela Arregui y Federico Lozano (fs. 169/173), del cual –según entienden- extrae sólo las partes negativas. Refirieron que resulta innecesario declarar a las niñas en situación de adoptabilidad puesto que si bien sus progenitores no pueden otorgarles lo que necesitan existe más familia dispuesta a hacerse cargo de las mismas. Manifestaron que su hijo, G. E., vivió en el fondo de su propiedad hasta el momento en que se ordenó su exclusión por orden judicial (05/03/15), desconociendo actualmente donde se domicilia.
Afirmaron que hasta tanto se resuelva la causa penal que involucra a su hijo, el mismo no va a tener contacto alguno con el grupo familiar ya que su deseo y prioridad es que las niñas residan en su domicilio. Señalaron que en varias oportunidades se presentaron en el hogar tanto ellos como tíos y primos de B. y S., negándoles la entrada sin motivo alguno. Alegaron que su error fue desconocer la magnitud del problema y confiar en que todo se resolvería sin necesidad de su intervención, sin saber que esa espera conduciría a que se los viera como familiares ausentes e inidóneos para hacerse cargo de sus nietas. Subrayaron que sin intervención del juzgado ni del servicio local, el director del hogar los autorizó a mantener contacto con las niñas y a compartir el festejo de cumpleaños de B. en una plaza de la ciudad junto a otros familiares.
Adujeron que la sentencia en crisis vulnera el derecho a preservar la familia, aun cuando se ha acreditado que no representan para sus nietas ningún tipo de riesgo físico ni moral. Expresaron que no se ha valorado la voluntad de las niñas ni se ha tendido a una revinculación y reinserción en la familia de origen. Manifestaron, como hecho nuevo, que existe un grupo de familiares (entre quienes se encuentran los apelantes) dispuestos a hacerse cargo de las niñas y que G. E. ha sido excluido del hogar de sus progenitores al igual que C. B. (hasta tanto estén seguros de que haya cortado todo tipo de vínculo con el padre de las niñas). Sostuvieron que existieron falencias por parte del SLPPDN al elaborar las estrategias para fortalecer los vínculos de las niñas con la familia paterna.
Solicitaron que se revoque la sentencia apelada, y que se les otorgue la guarda provisoria de las niñas.
A fs. 316/322 vta. los agravios recibieron la réplica de la Coordinación del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Tandil, quien propició la confirmación del decisorio en crisis. Expresó, en lo medular, que desde el Servicio Local se propuso un plan de acción tendiente a promover y garantizar la revinculación y reinserción de las niñas en su núcleo familiar directo (progenitora y abuelos paternos). Refirió que durante la intervención del órgano administrativo no ha existido una participación activa de los apelantes en relación a las niñas. Manifestó que la postura de descreimiento de la Sra. R. respecto de los presuntos hechos de abuso sexual narrados por B. y S., no le ha permitido desplegar una actitud de problematización respecto de los hechos denunciados hacia su hijo, lo que ha conducido a concluir que los abuelos paternos no se presentan como adultos responsables, saludables y positivos para las niñas. Ello así toda vez que los mismos limitan su accionar a presentaciones judiciales que no condicen con una actitud renovada que refleje una toma de conciencia sobre los hechos sucedidos. Subrayó que la denuncia de hecho nuevo resulta extemporánea en atención al tiempo transcurrido desde la adopción de la medida de protección. En consecuencia, solicitó que se confirme la sentencia apelada.
A su turno, el Sr. Asesor de Incapaces adhirió a los fundamentos vertidos por el SLPPDN, avalando la confirmación del estado de desamparo y adoptabilidad de las niñas (fs. 325).
II. 1. Arribados los autos a esta Alzada, el Tribunal resolvió convocar a audiencia para oír a las niñas B. M. E. y S. J. E. (fs. 333 y vta.). A fs. 334 luce el acta que da cuenta de su celebración, en la que intervinieron el Sr. Asesor de Incapaces, Dr. Ezequiel Andrés Belaunzarán y la psicóloga del Juzgado de Familia N°1 de Azul, Lic. Agustina Ferro, a quien se le requirió un informe psicológico de las niñas y de todo lo observado durante la audiencia (informe de fs. 337/339 vta.).
2. A fs. 343 se resolvió que la cuestión de autos resulta definitiva, debiendo dictarse sentencia con la formalidad del acuerdo, y dicho despacho se encuentra firme (fs. 343 vta.). Consecuentemente, habiéndose practicado el correspondiente sorteo de ley (cf. fs. 344), los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos.
III. 1. En primer término corresponde encuadrar la situación jurídica de las niñas y analizarla a la luz del pedido de guarda provisoria efectuado por O. I. E. y N. J. R., en su carácter de abuelos paternos de B. y S. E. Cabe puntualizar que con fecha 26/09/16 se decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de las niñas, sentencia que se encuentra firme y consentida por las partes intervinientes (art. 608 del CCCN).
A continuación realizaré una breve reseña de los antecedentes obrantes en las actuaciones principales y conexas, que desencadenaron en la declaración del estado de adoptabilidad de B. y S.
Las presentes actuaciones se iniciaron en el mes de marzo de 2015 con una presentación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la ciudad de Tandil en la que se comunicaba sobre la adopción de una medida excepcional de protección de derechos con relación a las niñas B. M. E. y S. J. E., quiénes el día 06/03/2015 ingresaron al Hogar “Los Peques” de la ciudad de Tandil (fs. 4).
Sin embargo, el comienzo de la intervención del citado Servicio y del Juzgado de Familia de Tandil con el grupo familiar se remonta al año 2012, trabajándose de manera continua frente a diversas situaciones conflictivas y de violencia. Estos hechos motivaron el inicio de las causas conexas n° 6250, caratulada “Hospital de Niños s/ Su denuncia (Ley 12.569) y n° 12.360, caratulada “O., M. M. c/ E., G. A. s/ Violencia familiar”, que se tienen a la vista. La primera de ellas se originó a raíz de un informe elevado por las profesionales pertenecientes al Hospital de Niños de la ciudad de Tandil que daba cuenta de los episodios de violencia –tanto física como verbal- que padecían C. B. y sus dos hijas menores (B. y S.) por parte del padre de las niñas (G.
A. E.). Con fecha 24/08/2012, el Equipo Técnico del Juzgado de Familia mantuvo una entrevista con la Sra. C. B. B., del que surge que reside junto a su marido y sus hijas en el mismo predio que los padres de E., que recibe de su pareja malos tratos de tipo verbales, con insultos y menosprecio a su persona en forma diaria; en tales situaciones sus suegros intervienen si son víctimas las hijas de los mal tratos verbales o físicos y no en el caso de la pareja donde le refieren que deben resolverlo entre ellos. También se desprende del informe que la Sra. B. tiene sus capacidades disminuidas, requiriendo de la ayuda de terceros para la subsistencia (fs. 57/59 vta. de la causa n° 6250). A raíz de dicho informe, con fecha 05/09/12 se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (fs. 60), quien dispuso citar a la progenitora de las niñas y a su suegra, Sra.
N. R. (fs. 60 vta.), entrevista de la que da cuenta el informe de fs. 67/68 vta. Por su parte, la causa n° 12.360 se originó como consecuencia de una denuncia policial realizada por la hermana de la Sra. C. B., quien expuso que B. E. habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, G. E. (conf. fs. 1/3). Ello motivó que con fecha 20/02/2015, se dispusiera la restricción de acercamiento del denunciado hacia sus hijas S. y B. y hacia su mujer C. B., por el término de noventa días, requiriendo a la Secretaría de Desarrollo Social el inmediato ingreso de las niñas y su progenitora en la Casa Refugio (fs. 9/10).- A los tres días de adoptada dicha medida la Sra. B. abandonó junto con sus hijas la Casa de Abrigo “Marta Pelloni” y regresó con su marido a la casa familiar, contra criterio de todos los efectores administrativos y judiciales (fs. 22/23 de la causa n° 12.360).
Con fecha 05/03/2015, se ordenó la exclusión de hogar del Sr. G. A. E. del domicilio sito en calle Dhers N° 154 (fondo) por pedido del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y se impuso a dicho órgano administrativo la implementación de una medida excepcional de protección de derechos con relación a las niñas B. M. E. y S. J. E. (fs. 27/29 vta.), quiénes –como se dijo- el día 06/03/2015 ingresaron al Hogar “Los Peques” de la ciudad de Tandil (fs. 34 de la causa n° 12.360 y fs. 4 de las presentes actuaciones).-
A fs. 6/21 vta. y 22/37 de los presentes actuados obran los informes iniciales del Plan Estratégico de Restitución de Derechos (P.E.R.) de ambas niñas, y con fecha 23/04/2015 se declaró la legalidad de la medida de abrigo adoptada por el plazo de 180 días (fs. 43/45 vta.).-
No obstante ello, y habiendo vencido el plazo de la guarda institucional ordenada, la magistrada de primera instancia decidió ampliarla por el término de sesenta días a los fines de que el Equipo Técnico del Juzgado evalúe integralmente a los abuelos paternos de las niñas, para determinar su capacidad, idoneidad, proyección de compromiso y responsabilidad para el cuidado integral de las mismas (fs. 162 y vta.).- Seguidamente, los Lic. Mariela Arregui y Federico Lozano, acompañaron los informes interdisciplinarios resultantes de la pericia efectuada a los abuelos paternos (fs. 169/173), de los que se desprende que “…La Sra. R. mantiene una postura propia de protección hacia su entorno inmediato, hijo/nietas, con una mirada comprensiva de las dificultades de su nuera.
La postura de protección se enmarca en negar acciones de violencia que pudieron existir en el entorno inmediato de las niñas. Si bien se advierte una alta incidencia en la crianza de las niñas, desde el momento de la medida de protección no ha mantenido el vínculo con éstas, privilegiando su propia salud y la de su esposo. El pedido de guarda que realiza junto a su esposo se advierte genuino, aunque no plantea la presencia de otros familiares -hija/os- que puedan ser colaboradores y garantes de los cuidados que las niñas requieren. En cuanto a la capacidad e idoneidad de la Sra. R. se advierte experiencia previa en la crianza, posibilidad de adelantarse a acontecimientos que puedan perjudicar a las niñas, marcando en la madre de éstas acciones concretas para el desempeño del rol.
Se muestra conocedora de las necesidades especiales de la Sra. B. colaborando en el ejercicio del rol. En cuanto a la proyección de compromiso se advierte limitada por el acompañamiento de su esposo con problemas de salud y no contando al momento con ayuda de su hija conviviente. La responsabilidad se considera al igual que su esposo ajustada a las creencias, cuestiones socio culturales, e interpretación de los hechos que involucra a su hijo/nietas y nuera, dejando el lugar a las dudas y descreimiento personal.” (sic. fs. 172 vta./173). Con relación al Sr. O. I. E. los profesionales concluyeron que “…se muestra con interés personal de tener la guarda de las niñas, con la inclusión de su esposa y nuera en la crianza.
Niega cualquier situación de violencia física en el entorno familiar de su hijo G. y naturaliza la violencia verbal. La inexistencia del contacto con las niñas a lo largo del tiempo las justifica en razones de salud particular, priorizando su bienestar. No incluye a otros adultos -hija/os- en la posibilidad de detentar la guarda. En referencia a capacidad, idoneidad se puede hacer mención desde el rol desempeñado hasta la institucionalización como de acompañamiento y no de protagonismo frente a las dificultades de la progenitora y las largas horas de ausencia de su hijo. La proyección de compromiso se ve limitada por su propia salud, argumento que antepone ante la situación que vienen vivenciando las niñas en cuanto pérdida de vínculos.
La responsabilidad se advierte ajustada a las creencias, cuestiones socio culturales, e interpretación de los hechos que involucra a su hijo/nietas y nuera, dejando el lugar a las dudas y descreimiento personal.” (sic. fs. 170 y vta.).-
Posteriormente, encontrándose vencida la ampliación de la medida protectoria sin que se hayan revertido las condiciones iniciales de desprotección por parte de la familia de origen y ampliada, el SLPPDN requirió que se declare el estado de adoptabilidad de las niñas (fs. 180/219). En lo medular, el Servicio Local concluyó que ni la Sra. B. ni los abuelos paternos de las niñas han logrado desplegar una actitud de problematización respecto de los hechos denunciados hacia su hijo, descreyendo de los hechos de abuso sexual relatados por las niñas y adoptando una postura de defensa acérrima respecto del denunciado.
Este requerimiento fue compartido por el Asesor de Incapaces (fs. 226/237) quién sugirió que, previo al dictado de sentencia, se efectúen una serie de medidas.
En este sentido, a fs. 250/252 vta. obra informe realizado por la Lic. en Psicología Andrea Cantú, en el marco de la IPP N° 585/15, caratulada “E., G. A. s/ Abuso sexual – art. 119 CP”, del cual surge que “… ambas niñas refieren situaciones con carácter de abuso sexual y maltrato por parte de su padre el Sr. G. E… que su madre veía lo que sucedía y que le decía a su padre que no lo haga y que él reaccionaba pegándole a su madre. Refiere episodios de violencia entre sus padres los cuales se golpeaban con una escoba y una pala…” (sic. fs. 251 vta./252).
A fs. 254/257 lucen los informes realizados por la Psicóloga del Equipo Técnico del Juzgado de Familia, Lic. María Cecilia Dupleix, quien concluyó que en ambas niñas “… se aprecia que existiría una posible vulnerabilidad en el contacto paterno filial. Surge relato de situaciones de tono sexual que involucran a su progenitor. El mismo se presenta con lenguaje acorde a la edad, escasa espontaneidad del mismo, requiriendo la intervención de esta perito en la formulación de preguntas. El relato se acompaña de movilización emocional, modificando la niña su postura y disposición a la entrevista, mostrándose resistente y evasiva. Los indicadores observados dan cuenta de un estado emocional que podría ser presumible de situaciones traumáticas padecidas.” (sic. fs. 255 y 257).- progenitora.-
Con fecha 05/09/16 un grupo de familiares -entre ellos, los propios abuelos paternos- solicitaron autorización para la realización de visitas a las niñas (fs. 270 y vta.), las cuales fueron denegadas en sentencia apelada.-
2. El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los infantes a crecer en el seno de una familia y en un ambiente de amor y comprensión. Debe tenerse presente que en resguardo del interés superior del niño y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro plexo constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 3 de la CDN, art. 75 inc. 22 de la Const. Nac., SCBA, causa n°118.785, del 29/10/2014).
La familia es concebida como el núcleo de socialización primario de todo niño dentro del que debe vivir, crecer y desarrollarse hasta que alcance su plena autonomía de manera paulatina o progresiva. La Convención sobre los Derechos del Niño, admite de manera expresa que la familia constituye la institución primordial para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen el ejercicio pleno de sus derechos, pero ello no es un derecho absoluto sino, como todos los derechos, tiene un límite, y es que sea en beneficio o en el interés superior del niño (arts. 7 y 9 de la CDN; Herrera, Marisa, “Tratado de Derecho de Familia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág 17).
Resulta menester recordar que tratándose de menores debe estarse primordialmente a lo que mejor convenga al “superior interés del niño”, entendiéndose éste como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (conf. SCBA, Ac. 79.931, sent. del 22- X-2003; Ac. 63.120; Ac. 73.814, sent. del 27-IX-2000). Asimismo, el principio del “interés superior del menor” proporciona un parámetro que permite resolver las cuestiones de los menores con los adultos que lo tienen bajo su cuidado y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para aquéllos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el de los niños, reconociendo las propias necesidades y la aceptación de los derechos de quienes no pueden ejercerlos por sí mismos (SCBA, causa N°119.647, del 16/03/2016).
En el orden normativo internacional, la Convención sobre los Derechos de los Niños establece que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio… El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.” (art. 16). Ahora bien, esta directriz merece su amplio acatamiento siempre que el niño/a o adolescente reciba por parte de sus representantes legales la satisfacción de sus derechos fundamentales. En ese sentido, establece que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” (art 19). “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.” (art 20).
3. Trasladando estos lineamientos al caso de autos, de acuerdo con los dictámenes del SLPPDN (fs. 180/219) e informes posteriores del juzgado de origen, sumado a la percepción de lo observado durante la audiencia celebrada en esta instancia (fs. 334), considero que se encuentra agotada la posibilidad de reinserción de B. y S. en la familia de origen y familia ampliada. Ello así, pues las estrategias diseñadas en relación al grupo familiar que giraron en torno al fortalecimiento de los roles familiares a fin de promover y garantizar la vinculación de las niñas con su núcleo familiar directo (progenitora y abuelos paternos), no alcanzaron el objetivo buscado. De los diversos informes obrantes tanto en las actuaciones principales como en las acciones vinculadas, se advierte que la progenitora –quien tiene disminuidas sus capacidades mentales- no pudo problematizar sobre la situación que originó la medida de abrigo, y tampoco contó con un soporte familiar de sostén y acompañamiento sino que, por el contrario, la Sra.
R. boicoteó cualquier intento de reflexión en relación a los hechos de violencia intrafamiliar, minimizando y en ocasiones negando los episodios de violencia y maltrato infantil (fs. 105 y 109). En este sentido, en el informe de seguimiento (45 días) del PER consta que con fecha 06/04/15 el SLPPDN mantuvo entrevista con la Sra. R., concluyéndose que la misma “ha tomado conocimiento, mínimamente de los hechos de violencia acaecidos al interior del hogar, contemplando las escasas dimensiones físicas del inmueble, y continua en la actualidad negándolos y reduciéndolos a meros accidentes domésticos. No ha logrado posicionarse desde una actitud protectora para con sus nietas, solo ha remarcado un posicionamiento subjetivo de defensa de tales hechos.
No problematiza absolutamente nada respecto de lo sucedido, solo refiere que las niñas ‘son chiquitas y pobrecitas, y por tanto no saben lo que dicen’, sin oír lo que sus nietas tienen para decir, demostrando claramente una actitud de pasividad, apatía y presunta complicidad sobre los hechos de violencia física y presumiblemente sexual (sic. fs. 50 vta. y 57 vta.). Con fecha 02/06/15 se mantuvo nuevamente entrevista con la Sra. R. quien, con relación a la situación que derivó en la institucionalización de sus nietas sostuvo que “su hijo sería incapaz de ‘hacer una cosa así’, que fue una hermana de C. quien buscó la manera para que la nena diga que su papá la manoseaba. Manifiesta que muchas veces le había dicho a su nuera que no visitara a su hermana, porque sabe que al igual que su mamá no son buenas personas…” (sic. fs. 90 y 95).
La misma postura de descreimiento y negación sobre los hechos de abuso y violencia respecto de las niñas, adoptaron los apelantes en oportunidad de ser evaluados por los Lic. Mariela Arregui y Federico Lozano del Equipo Técnico del Juzgado de Familia de Tandil (fs. 169/173), cuyas conclusiones transcribí al efectuar la reseña de la causa. Asimismo surge que con fecha 09/09/15, la abogada de los apelantes, Dra. Góngora, también mantuvo entrevista con el Coordinador del Hogar “Los Peques” y con los profesionales del Equipo Técnico del SLPPDN. En dicha ocasión, se le explicó a la letrada lo actuado y apreciado hasta ese momento y la necesidad de apartar definitivamente al presunto agresor sexual de la vida inmediata de las niñas; en principio hasta que la justicia penal se expida en relación a tal acusación (conf. fs. 121 y 130).
Por otra parte, si bien los apelantes aducen que mantuvieron contacto con sus nietas en oportunidad de festejar el cumpleaños de una de ellas en una plaza de la ciudad de Tandil, de los informes obrantes en autos se desprende que mientras las niñas permanecieron institucionalizadas dicho contacto fue escaso, por decisión de los propios recurrentes, quiénes antepusieron sus intereses personales a los de sus nietas. Así, la Sra. R. “recuerda que en el mes de marzo se cumple un año que las niñas se encuentran alojadas en el Hogar, habiéndolas visitado en dos oportunidades y al momento ante consulta de los peritos de ir hasta el Hogar refiere …´tengo que pensarlo…’ (sic.); hace alusión al malestar personal que le causa que estén alojadas en un hogar” (sic. fs. 171 vta.). En el mismo sentido, el Sr. O. I. E. niega haber tenido contacto con las niñas desde que se institucionalizaron, expresando que desde el hogar no habrían sido autorizados aunque por otro lado hace mención a las consecuencias anímicas –tristeza- que le trae el hecho de que estén alojadas en la institución (conf. fs. 169 vta.).
Por su parte, del informe elaborado por la Lic. Agustina Ferro, quien estuvo presente durante el desarrollo de la audiencia celebrada ante este Tribunal, surge que B. y S. “de su familia de origen no hacen mención alguna, salvo cuando le preguntamos por ellos. Mencionan a sus abuelos, aunque manifiestan no querer verlos, porque ‘eran malos con ellas’. No recuerdan los nombres, intentan no hablar de la vida familiar pasada. Explicitan que al momento de permanecer abrigadas en el Hogar, nadie de la familia de origen las visitaba.” (sic. fs. 338).
Los apelantes limitan su accionar a presentaciones judiciales que no condicen con una actitud renovada que refleje una toma de conciencia sobre los graves hechos sufridos por las niñas. Hago hincapié en que no basta con expresar sus preocupaciones por las dos nietas que se encontraban institucionalizadas, sino que debieron ocuparse de ellas, esto es, visitarlas, llamarlas por teléfono, reorganizar la dinámica familiar, etc. La circunstancia de que no mantengan contacto con su hijo ni con su nuera cuando han transcurrido más de dos años desde la institucionalización de las niñas y aproximadamente 5 años desde que se inició la intervención administrativa y judicial con el grupo familiar, me indica que no han podido dimensionar el dolor que han sentido B. y S. en ese contexto familiar. De modo que no basta para cuestionar lo decidido respecto de las niñas, la invocación por parte de los recurrentes de su deseo de vivir junto a sus nietas, y de que existe más familia dispuesta a ayudarlos y a colaborar en su crianza, en tanto resultan necesarias acciones concretas que sirvan para garantizar su atención y cuidado, lo que no aconteció durante el transcurso de estos años, a pesar de que los recurrentes tenían pleno conocimiento de la situación por la que atravesaba el grupo familiar de su hijo. El interés superior de B. y S. requiere que se garantice de manera inmediata su derecho a contar con figuras significativas que les ofrezcan seguridad emocional y contención afectiva, y reinsertarlas al entorno familiar ampliado (abuelos paternos) sería exponerlas nuevamente a seguir atravesando situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
Resulta atinado citar aquí las palabras del Dr. Pettigiani en un reciente pronunciamiento (SCBA C 119.871 del 19/04/2017, entre otros) cuando señala que “evidentemente, los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n°14, 2013, párr. 93). Así, las estrategias de revinculación con la familia de origen del menor poseen un momento de realización. Y no parece posible insistir con ellas cuando, como ocurre aquí, debido al excesivo transcurso del tiempo y la impotencia o inacción de quien pretenden tardíamente una nueva oportunidad, ello sólo podría importar prolongar incausadamente la indefinición de la situación de la niña y vulnerar sus derechos fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, C.D.N.; 1°, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Constitución Nacional; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; VI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 23 y 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 8, 9 y concs., ley 26.061; 1°, 11, 15, 36.2 y concs., Constitución Provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298; 384, 474, 853, C.P.C.C.).”
De ello se deriva que los apelantes debieron encaminar sus esfuerzos para revertir la situación de riesgo en la que se encontraban sus nietas durante el transcurso de la medida excepcional de protección con la cual se intentó lograr la reinserción de las niñas en su ámbito familiar, sea nuclear o ampliado, y la que, por lo demás, se extendió por un lapso por demás considerable –un año y medio- (arts. 3, 594, 595 incs. a y c., 607, 706 inc. c y ccs. del CCCN; arts. 3, 9, 12 y ccs. de la Convención de los Derechos del Niño; art. 75 inc. 22 y ccs. de la Constitución Nacional; arts. 2, 3 y ccs. de la Ley 26.061; arts. 4, 5, 6, 7 y ccs. de la Ley 13.298; art. 384 del CPCC).
4. Para completar el escenario fáctico desarrollado creo necesario hacer una mínima mención del estado actual de las niñas, quiénes se encuentran en plena etapa de vinculación y adaptación con la pareja conformada por C. y D. Conforme se desprende del informe elaborado por la Lic. Agustina Ferro con fecha 07/03/17, B. y S. se encuentran a gusto, contenidas y se refieren con afectividad a mamá y papá –como llaman a C. y D.-, manifestando sus ganas de continuar viviendo con ellos. A nivel fraterno ambas niñas manifiestan lazo vincular sólido y mantenido (fs. 337/339 vta.). No tengo dudas de que un nuevo ámbito familiar resulta ser para B. y S. una necesidad impostergable para su desarrollo pleno y para crecer en un ambiente de felicidad, amor y contención (Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño).
De modo que atender el pedido de guarda de los abuelos paternos, sería anteponer el interés de los adultos por sobre el interés superior de B. y S. Al respecto la Suprema Corte provincial tiene dicho que “el principio del ‘interés superior del menor’ proporciona un parámetro que permite resolver las cuestiones de los menores con los adultos que lo tienen bajo su cuidado y la decisión final ha de ser la que resulte de mayor beneficio para aquéllos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el de los niños, reconociendo las propias necesidades y la aceptación de los derechos de quiénes no pueden ejercerlos por sí mismos” (SCBA, causa N°119.647, del 16/03/2016).-
Todo ello me lleva a la convicción de que lo que mejor tutela los derechos e intereses de B. M. E. y de S. J. E. es la confirmación de su estado de desamparo y adoptabilidad (arts. 3, 594, 595 incs. a y c., 607, 706 inc. c y ccs. del CCCN; arts. 3, 9, 12 y ccs. de la Convención de los Derechos del Niño; art. 75 inc. 22 y ccs. de la Constitución Nacional; arts. 2, 3 y ccs. de la Ley 26.061; arts. 4, 5, 6, 7 y ccs. de la Ley 13.298; art. 384 del CPCC).
5. En cuanto a las costas de la alzada deben imponerse a los apelantes que resultaron vencidos (arts. 68 y 69 del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión los señores Jueces, Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts.266 y 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de B. M. E. y de S. J. E. 2) Imponer las costas de la alzada apelantes que resultaron vencidos (arts. 68 y 69 del CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 del Dec./Ley 8904/77.
Así lo voto.
A la misma cuestión los señores Jueces, Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 26 de Junio de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto decretó el estado de desamparo y adoptabilidad de B. M. E. y de S. J. E. 2) Imponer las costas de la alzada apelantes que resultaron vencidos (arts. 68 y 69 del CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 del Dec./Ley 8904/77. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDOS MARIA INES LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MI CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia