Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62946
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fs. 482 y admitir el hecho nuevo denunciado a fs. 472/473 (arts. 363, 365 in fine –por analogía-, 636, 641 del CPCC);
2Modificar la sentencia apelada fijando el monto de la cuota alimentaria que deberá abonar A. L. R., en la suma de $ 36.100 a depositarse en la cuenta de autos –como única modalidad de cumplimiento-, suma equivalente a 3,80 SMVyM (cfr. Resol. E 3/2017, de fecha 27/6/17, del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil), debiendo el obligado mantener a los adolescentes en la obra social O.S.D.E. y continuar proveyendo la vivienda que habitan, tal como lo hace en la actualidad, 3) confirmar en lo sustancial la condena a los abuelos paternos M. D. S. y C. A. R., con carácter subsidiario, y en defecto del obligado principal, que continúa siendo el padre (art. 668 del Cód. Civ. y Com.), 4) confirmar la condena en costas de primera instancia a C. A. R., en su carácter de vencido en la acción principal contra él dirigida, sin extender dichas accesorias a la abuela paterna Sra. M. D. S., quien fue omitida en el pronunciamiento de grado, y dicha parcela del pronunciamiento no apelada por la parte actora, por lo que rige la prohibición de reforma en perjuicio del apelante (art. 273 del CPCC). 5) Imponer las costas de alzada a los demandados A. L. R., M. D. S. y C. A. R., atento el resultado de la vía recursiva y la necesidad de no afectar la integridad de la cuota alimentaria (arts. 68, 69 del CPCC). …
Causa nº: 2-62946-2018 "S., P. C/ R., A. L. S/ ALIMENTOS"
JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 59 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecisiete días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “S., P. c/ R., A. L. s/ Alimentos" (Causa N° 62.946), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Galdós, Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1a. ¿Corresponde admitir el hecho nuevo rechazado por la sentencia de fs. 482?.
2da. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 512/523?.
3ra.¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. La sentencia de fs. 482 rechazó el pedido hecho nuevo invocado por el demandado (472/473). Para así resolver la Sra. Juez a quo dijo que el juicio de alimentos tramita mediante un proceso especial, en el cual el legislador ha conferido intervención al demandado en condiciones estrictas, atento el objeto de la pretensión, que resulta incompatible con el planteo de hechos nuevos. Además, señaló que la presentación del hecho nuevo resulta extemporánea, atento a que ya se encontraba dictado el llamado de autos para sentencia (fs. 471).
II. Contra dicha resolución L. R. interpuso recurso de reposición, con apelación en subsidio (fs. 483/484vta.). Ambos recursos fueron rechazados en la anterior instancia (fs. 485) y el recurrente concurrió a la alzada en queja. El recurso de apelación fue admitido con efecto diferido (cfr. cuadernillo nro. 62220, caratulado “S., P. c/ R., A. L. s/ Alimentos – Rec. de Queja: Dr. Ernesto Alberto Erramouspe- Sr. A. L. R.”).
El apelante manifestó que fue alterado el equilibrio procesal entre las partes, porque se admitió una prueba informativa (oficio a Migraciones) con posterioridad a la audiencia del art. 636 del CPCC, y ante la alegación de un hecho nuevo por parte del demandado -hecho que llegó a su conocimiento en Marzo/2017 consistente en dos cheques de $ 27.000 librados a la orden de la actora, por un tercero, para que abone la deuda de expensas de la casa de Country-, la a quo rechazó su incorporación alterando de este modo el equilibrio del proceso y discriminando al accionado y vulnerando los principios de defensa en juicio y debido proceso (fs. 484/848).
III. Con relación al hecho nuevo en el juicio de alimentos expresó Kielmanovich que “se trata de un proceso especial, que no tramita por las normas del juicio ordinario o sumarísimo, por lo que no correspondería, en principio, la posibilidad de alegar hechos nuevos en primera, ni en segunda instancia. No obstante, si bien excepcionalmente y por aplicación del principio de economía procesal, se ha admitido la alegación de hechos nuevos en primera instancia, cuando ellos fueron denunciados en una oportunidad procesal apta para su inclusión dentro de las cuestiones propuestas al conocimiento del juez y sin que su sustanciación pudiese acarrear una demora en el trámite. A nuestro juicio, la alegación de hechos nuevos no podría efectivizarse luego del 5° día de notificada la audiencia preliminar en el juicio de alimentos por aplicación analógica del dispositivo contenido en el art. 365 in fine CPCCN” (cfr. Kielmanovich, Jorge L “Derecho procesal de familia”, Ed. Abeledo-Perrot, 2009, pág. 75).
En este mismo sentido, se ha dicho que “el Código Procesal, en materia de juicio de alimentos ha buscado esencialmente reducir al mínimo posible las dilaciones que de continuo se advertían en la práctica, pero ello no importa privar al demandado del derecho de defensa en juicio, pues el proceso de alimentos en su legislación actual concilia la celeridad requerida, con la posibilidad que debe tener el alimentante de ser oído” (cfr. Lagomarsino, Carlos A. R. y Uriarte, Jorge A. “Juicio de Alimentos”, Ed. Hammurabi, 1997, pág. 152).
En estas actuaciones fue admitida y producida la prueba propuesta por la parte actora como hecho nuevo, con posterioridad a la audiencia prevista en el art. 636 del CPCC (fs. 417, 442, 443, 444/444vta., 463/465), por lo que el mismo criterio debió seguirse con el planteo por el demandado (fs. 472/473), otorgando un trato igualitario a las partes, sin que ello implique desvirtuar el carácter especial del juicio de alimentos. Siguiendo dicho criterio cabe analizar si el supuesto planteado por el demandado reúne los requisitos del hecho nuevo. Esta Sala ha expresado que “se trata de circunstancias que las partes no pudieron, lógicamente afirmar en los escritos de demandada, reconvención y sus contestaciones, pues ocurrieron o llegaron a su conocimiento luego de tales presentaciones, y aún a la sentencia de primera instancia" (cfr. De los Santos, Mabel “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Highton Elena I. y Areán Beatríz A. (Directoras), Tomo 7, Bs. As. Ed. Hammurabi 2007, pág. 195, esta Sala Causa n° 57.448, del 19/3/13 “Eguiguren…”, causa nro. 61849, del 9/3/17 “Ibáñez…”).
En el sub-exámine los dos cheques de un tercero (por un importe de $ 27.000 cada uno), con que la actora canceló la deuda de expensas del inmueble familiar, tenían como fecha de cobro los días 6/2/17 y 9/2/17 (cfr. convenio de fs. 417/417vta.), es decir son de fecha posterior a la oportunidad procesal prevista para la defensa del demandado, y podrían constituir un indicio acerca de los ingresos de la madre, quien también debe contribuir a la manutención de sus hijos. A ello cabe añadir que el pedido de hecho nuevo fue debidamente sustanciado con la parte actora, quien brindó las explicaciones del caso y agregó prueba la documental que consideró pertinente, encontrándose a salvo su derecho de defensa (fs. 475/480). Conforme las consideraciones precedentes, y atento las excepcionales circunstancias de autos, a los efectos de preservar la igualdad de partes en el proceso, corresponde revocar la resolución de fs. 482 y admitir el hecho nuevo denunciado a fs. 472/473 sin que sea necesario producir la prueba ofrecida por el demandado atento a que los cheques no han sido desconocidos por la parte actora (arts. 363, 365 in fine –por analogía-, 636, 641 del CPCC, en la oportunidad arriba señala).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. La sentencia de la instancia anterior hizo lugar a la demanda de alimentos promovida por P. S., por derecho propio, y en representación de sus hijos menores M. R. y J. R., condenando a A. L. R. a abonar una cuota alimentaria equivalente a 4,55 salarios mínimo, vital y móvil en favor de sus hijos. Condenó también a los abuelos de los actores en forma solidaria, pero subsidiaria, al pago de la cuota para el caso de que se produzca un incumplimiento de parte del obligado principal. A su vez, fijó una cuota alimentaria en favor de P. S., en su condición de cónyuge separado de hecho, por el período comprendido entre septiembre de 2015 y mayo de 2016 (fecha de la sentencia de divorcio), en un monto equivalente al 20% del salario mínimo vital y móvil, rechazando el pedido de alimentos entre cónyuges divorciados, reclamo que –señaló la Sra. Juez a quo- deberá canalizarse por la vía de la compensación económica. Impuso las costas a L. A. R. y C. A. R., en su carácter de vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así resolver dijo que los vínculos fueron acreditados con la libreta de familia, por lo tanto la obligación alimentaria del demandado resulta indudable. Dijo que en el proceso de alimentos la cuestión a determinar está directamente relacionada con el alimentante y su capacidad de proveer a los fines de mantener el status quo económico social que sus hijos detentaban durante la vida familiar. En este sentido, la prestación alimentaria es un deber impuesto a los padres como contenido de la responsabilidad parental, mientras que la necesidad no se encuentra sujeta a prueba por parte del reclamante, basta el pedido para la procedencia del reclamo, sin perjuicio de que la cuota debe establecerse en relación con las posibilidades del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor.
Expresó que la verdadera contradicción entre la parte actora y el demandado consiste en establecer las posibilidades económicas efectivas y reales del alimentante. Analizando la prueba aportada por la actora concluyó que los ingresos anuales del demandado rondarían los $ 336.000 por su actividad agrícola, en su condición de monotributista, categoría E, revistiendo el carácter de empleado de la firma “La Diana SCA”. Expresó que tal actividad no refleja la verdadera capacidad económica del accionado, dado que su ingreso es superior al consignado y recibe ayuda económica de sus padres – los abuelos paternos de los actores-, como lo pone en evidencia el nivel de vida del alimentante y la posición que ocupa dentro de la sociedad familiar “La Diana SCA”, firma explotadora de bienes inmuebles rurales.
La prueba de la actora apuntó a acreditar la capacidad y conformación económica patrimonial de dicha firma, y el posicionamiento económico de los abuelos paternos de los adolescentes. El ingreso denunciado por el demandado L. A. R. es de $ 28.000 mensuales ($ 336.000 anuales), sin embargo, no se compadece con el nivel socioeconómico familiar y con la suma necesaria para mantener el status quo de los hijos, que concurren a una escuela privada, se encuentran afiliados a OSDE, y asisten a clases particulares de inglés y golf. Señaló que el demandado no ha producido prueba que tienda a desvirtuar dicho nivel socioeconómico, lo que permite concluir que, o bien el demandado percibe más y mejores ingresos de los que figuran en su inscripción impositiva, o bien la solidaridad familiar importaba que los abuelos paternos contribuían ciertamente a mejorar los ingresos del padre.
Luego abordó el tratamiento de las necesidades de los adolescentes J. (12 años) y M. (17 años), estimados por la actora en $ 23.478 mensuales, más gastos anuales en concepto de matrícula escolar, de inglés y útiles, que estimó en $ 6.600. Es decir que al momento de promover la demanda (24/9/2015), la actora había determinado los gastos de los adolescentes en $ 30.078, equivalente a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles, más un 40%, toda vez que, en aquella fecha, el valor del SMVyM se encontraba fijado en $ 5.558. Expresó que también es deber de la madre contribuir a la manutención de los hijos, para lo cual habrá de computarse el aporte al cuidado personal, que tiene un valor económico ampliamente reconocido en la doctrina y la jurisprudencia.
Señaló que la madre no ha incluido en la liquidación gastos médicos y odontológicos no cubiertos por la obra social, ni gastos de esparcimiento, que deberán ser acordes al estatus social que estos adolescentes han detentado durante la vida matrimonial. Estimó en un SMVyM la contribución a cargo de la madre y consideró justo que aquel progenitor que no tiene a su cargo el cuidado personal de los hijos, y que además se encuentra en mejores condiciones económicas que el otro, asuma un porcentaje mayor en la contribución alimentaria. Consideró que mantener a los actores adolescentes sin menoscabo de su calidad de vida representa un valor mensual total equivalente de siete SMVyM, de los cuales el progenitor debe contribuir en un 65% y el restante 35% quedará a cargo de la madre.
En lo atinente a los abuelos paternos (M. D. S. y C. A. R.), que fueron demandados conjuntamente con L. A. R., señaló que existe consenso en lo atinente a la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abuelos, sin que el reclamo pueda sustentarse en que gozan de una mejor condición económica, si los ingresos del padre resultan suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los hijos. Ello atento a que los padres se encuentran en orden de prelación preferente y su obligación deriva de la patria potestad, mientras que los abuelos responden en virtud de las relaciones del parentesco. Manifestó que si bien hasta el presente no han podido acreditarse dificultades para percibir los alimentos a cargo del obligado principal, es necesario prever la posibilidad de que esto ocurra, en cuyo caso, los abuelos serán responsables en forma solidaria pero subsidiaria del quantum alimentario determinado.
II. La sentencia fue apelada por los demandados a través de su apoderado (fs. 524, 525), y el recurso fundado con el memorial de fs. 529/540. Los fundamentos del recurso fueron contestados por la actora (fs. 542/547).
a) Los demandados se agraviaron de la determinación de las necesidades de los menores y de la actora, estimados en la suma de $ 30.078 en Septiembre de 2015, equivalente a 5,40 SMVyM, sin perjuicio de que luego la Sra. Juez a quo estimó las necesidades de los hijos en 7 SMVyM, debiendo contribuir el padre con el 65% y la madre con el 35%. Teniendo en cuenta que en el año 2015 siete Salarios Mínimos representaban $ 62.020 ($ 31.010 para cada adolescente), la cuota impuesta al padre asciende a $ 40.313 (tiene un ingreso mensual máximo de $ 28.000) y a la madre $ 21.707 con un ingreso mensual máximo de $ 30.000. Consideran que los números descriptos dejan expuesta la flagrante injusticia de la sentencia apelada.
Plantearon que se incurrió en demasía decisoria dado que la progenitora de los adolescentes estimó en 5 SMVyM, más un 40%, mientras que la Sra. Juez de Grado consideró que los adolescentes necesitan 7 SMVyM mensuales, para mantener a éstos sin menoscabo de su calidad de vida. Expresaron que la obligación alimentaria respecto de los hijos pesa sobre ambos progenitores y la actora no ha pagado la cuota del colegio, haciendo peligrar su continuidad en la institución. Manifestaron que los ingresos mensuales de la madre superan los ingresos del padre, y no fueron contemplados en la sentencia apelada. Consideran empleadores de la Sra. S. a las siguientes empresas: Rural Ceres SA, obteniendo un ingreso entre $ 6.000 y $ 12.000 en el período comprendido entre el 01/01/2016 al 29/02/2016; Agroservicios Senderos SA, desde el 01/4/2017, con un nivel salarial entre $ 23.000 y $ 30.000. A lo que cabe añadir la cancelación de las expensas adeudadas ($ 54.000) con dos cheques de terceros (denunciados como hecho nuevo), que fueron entregados a la administración del Country Sierras de Tandil, que ilustran los ingresos de la actora. Concluyeron que la sentencia apelada no contempla debidamente las necesidades de los alimentados, que han sido abultados, el caudal económico de la alimentante, a quien se le atribuyen mayores ingresos de los que percibe, ni los ingresos de la madre.
b) Con relación a los ingresos económicos del alimentante insistieron con que percibe $ 28.000 (fs. 536vta.), y criticaron la sentencia apelada que consideró como ingreso anual de L. A. R. la suma de $ 336.000, por su actividad agrícola, monotributo, categoría F, y en cuanto concluyó que es empleado de la firma agropecuaria “La Diana SCA”. Manifestaron que el equívoco ya fue advertido por esta Sala, en anterior intervención, cuando revocó el embargo de haberes dispuesto en la anterior instancia por no ser el demandado empleado en relación de dependencia de “La Diana SCA”, sino un prestador de servicios independiente. Denunciaron como único ingreso del alimentante el correspondiente a la prestación de servicios profesionales, conforme constancia de inscripción en los registro de la AFIP. Criticaron el fallo en la parcela que consideró poco creíble que el demandado pudiera, con el ingreso denunciado, mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Expresaron que dicha afirmación no encuentra respaldo probatorio en las constancias del expediente y constituye un gravísimo error de la sentenciante anterior considerar que la circunstancia de asistir los jóvenes a un establecimiento educativo privado ($ 3.150), encontrarse afiliados a OSDE ($ 2.500), asistir a clases particulares de inglés y practicar golf ($ 1.000 pagados por los abuelos a todos sus nietos) implican per se notorias erogaciones y, por ende, un elevado costo económico, cuando hoy en Tandil tales costos, contrariamente a lo sostenido por la a quo, son accesibles para padres jóvenes de clase media que se esfuerzan (fs. 535, 536 vta., 537).
c) Cuestionaron la solidaridad de los abuelos paternos considerando un abuso de jurisdicción la extensión de la condena, atento el efecto devolutivo del recurso en el juicio de alimentos, que en la práctica significa que no sea reintegrable lo abonado en exceso si la alzada modifica el fallo. Expresaron que la condena solidaria a los abuelos, aunque luego se hable de subsidiariedad, debe dejarse de lado. Dijeron que la solidaridad no se presume, debe surgir de la ley o del título constitutivo de la obligación, y el art. 668 del Cód. Civ. y Com. no hace mención a la solidaridad. Destacaron que la obligación alimentaria allí prevista es de carácter subsidiario y responde a necesidades básicas, por lo que la arbitrariedad del fallo apelado resulta manifiesta. A ello debe añadirse que en ningún momento hubo incumplimiento de parte del alimentante.
d) Criticaron el fallo por no haber contemplado el valor locativo del inmueble familiar (estimado en $ 20.000 mensuales) como aporte del padre a la manutención de los hijos. Ni el usufructo del automotor (Ford K), del que goza exclusivamente la actora desde hace más de tres años. Teniendo la actora un vehículo utilitario de la empresa Agroservicios Senderos SA, de la cual es empleada desde el 2017.
Cuestionaron la imposición de las costas del proceso al Sr. C.
A. R., y señalan la contradicción existente en la exclusión de dicha condena a Sra. S.
Impugnaron la condena a alimentos en favor de la madre, desde Septiembre de 2015 a Mayo de 2016, desde la exclusión del hogar por hechos de violencia, sin pruebas que los acrediten.
Peticionaron la revocación de la sentencia apelada; la fijación de alimentos excluyendo a los abuelos en función de las necesidades de los menores y los ingresos económicos de ambos progenitores, y solicitaron como modalidad de cumplimiento poder realizar pagos en efectivo y en especie, haciéndose cargo de los gastos de escolaridad, obra social OSDE, y pagando en efectivo $ 7.000 mensuales (al que debe adicionarse la suma de $ 10.000 por resignación del canon locativo del inmueble que ocupan los actores, más la privación de uso del vehículo familiar).
El Asesor de Incapaces tomó vista de las actuaciones y, sin expedirse sobre la sentencia de grado y el memorial de fs. 529/540, solicitó la elevación del expediente a la alzada (fs. 549).
A fs. 558 se consideró que la cuestión resulta definitiva y dicho despacho se encuentra firme (fs. 558vta.). Consecuentemente, habiéndose cumplido con los pasos procesales de rigor, se encuentra esta Alzada en condiciones de abocarse al análisis de las actuaciones, a los fines del dictado de la presente sentencia.
III. 1. Por razones de método expositivo seguiré el orden de los temas conforme han sido tratados en la sentencia de grado.
a) En la sentencia apelada se fijó una cuota alimentaria en favor de la Sra. P. S., en su condición de cónyuge separado de hecho, por el período comprendido entre septiembre de 2015 y mayo de 2016 (fecha de la sentencia de divorcio), en un monto equivalente al 20% del salario mínimo vital y móvil, rechazando el pedido de alimentos entre cónyuges divorciados, reclamo que deberá canalizarse por la vía de la compensación económica. Dicho aspecto del decisorio no fue debidamente rebatido por los apelantes, quienes solamente señalaron que la actora tiene recursos propios, que superan los del alimentante y el demandado L. A. R. fue excluido del hogar por hechos de violencia, sin prueba alguna, a pedido unilateral de su ex-cónyuge (fs. 539vta.).
Las razones que invoca el apelante no alcanzan el piso mínimo de crítica que requiere un memorial, dado que se limita a decir que la actora tiene más recursos que él y recuerda que fue excluido del hogar por hechos de violencia sobre los cuales no se aportó prueba alguna, no haciéndose cargo de ninguno de los fundamentos expuestos en la sentencia apelada para otorgar una cuota a la ex-cónyuge durante el período de separación (arts. 246, 260 del CPCC). Cabe recordar que “el memorial del art. 246 del Código Procesal, constituye un acto procesal equivalente a la expresión de agravios en la apelación libre (art. 260 C.P.C.).- Y así, desde la perspectiva de su contenido debe reunir las mismas exigencias técnicas establecidas por el referido escrito de expresión de agravios, de manera tal que el recurrente asume la carga procesal de satisfacerlo con idéntico nivel crítico.- Y obviamente si así no se hace, el fallo o resolución contra la cual se manifiesta disconformidad adquiere firmeza” (esta Sala, causas nº 37.354 del 14-3-96, “González…”; nº 37.442 del 14-3-96, “Del Río…”; nº 42.741 del 07-6-01, “Compañía Financiera Argentina S.A…”; 55.172, del 15/3/11 “Sánchez…”, 55.945, del 15/5/12 “Musumeci…”, entre otras).
Conforme lo expuesto, la parcela del pronunciamiento que fijó alimentos para la cónyuge durante el período de separación de hecho, y rechazó la petición con posterioridad a la sentencia de divorcio, sin agravio suficiente y sin cuestionamiento de la beneficiaria que no apeló la sentencia, arribó firme a la alzada (arts. 246, 260 del CPCC, doct. y jurisp. citadas). b) Corresponde ahora abordar el tratamiento de los agravios expresados contra el monto de la cuota alimentaria establecida a favor de los adolescentes M. R., nacido el día 11/9/2000 (17 años de edad) y J. R., nacido el día 5/8/2005 (de 12 años), cuyos datos filiatorios se encuentran acreditados con la libreta de familia agregada a fs. 120/121.
Cabe traer a colación la orientación seguida por esta Sala conforme la cual en las actuaciones que involucren a niños, niñas o adolescentes, hay que estar siempre a su “interés superior”, pauta hermenéutica que surge del derecho convencional, recogida en el nuevo Código Civil y Comercial, que propicia interpretar la ley conforme sus palabras, finalidades, leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (arts. 1, 2 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.). Las obligaciones legisladas en el código de fondo deben integrarse con la ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” y la “Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer” (C.E.D.A.W) (art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 3, 9.2, 12.2, ss. y cdtes. de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061); art. 16 inc. d. de la C.E.D.A.W; arts. 1, 2, 3, 7, 638, 639, 706 inc. “c”, 707 del Cód. Civ. y Com., SCBA, Ac. 120.884, sent. del 7/6/2017, CNCiv, Sala B, 11/3/13 “D. B., G. M. y otro c. M., E. B s/alimentos”, La Ley on line AR/JUR/9334/2013, CNCiv., Sala B, 12/3/13 “D., M. G. y otros c. D. U., A. M”, La Ley on line AR/JUR/9333/2013, CNCiv., Sala J, 19/05/16 “P., S. c. S., H. s/ alimentos”, La Ley on line AR/JUR/29262/2016-, esta Sala, causas nro. 61.878, sent. del 4/4/17 “G., J.
L. c. P., M. G s/ alimentos…”, nro. 62.136, sent. del 30/05/2017 “A., M. A. c. A., J. A. s/ alimentos”; nro. 62.275, sent. del 15/08/2017 “C., C. c. G., M. E s/ alimentos”; nro. 62.336, sent. del 14/09/2017 “L., C. C. c. M., E. A. s/ alimentos”, nro. 62.510, sent. del 8/11/17 “L., M. I. c/ B., L. s/ alimentos”). Tal orientación recoge el cambio de paradigma verificado en las relaciones intrafamiliares, entre las que se encuentra la obligación alimentaria, cuyo fundamento constitucional y convencional no merece dudas, y de la cual los primeros garantes son los progenitores (arts. 1, 2, 3, 7, 638, 639 y sgtes. del Cód. Civ. y Com.). Como contrapartida se encuentra el derecho subjetivo de los hijos a contar con la protección de los padres, que deberán proveer a su desarrollo y formación integral, de acuerdo a su etapa madurativa (arts. 638, 639, 658, 659, 660 del CCCN) (cfr. Culaciati, Martín “Responsabilidad parental” Código Civil y Comercial de la Nación comentado Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Tomo IV, Ed. Rubinzal-Culzoni 2015, pág. 267; Basset, Úrsula “Responsabilidad parental” en Código Civil y Comercial de la Nación, Tomo III, Jorge H. Alterini (Dir.), La Ley 2015, pág. 721).
De esta manera, el juicio de alimentos va perdiendo su cariz de contienda entre padres separados, que muchas veces ponen por delante sus desavenencias, para presentarse actualmente como un proceso en el cual los hijos ejercen un derecho humano propio a la asistencia, protección, desarrollo y formación integral, frente a sus progenitores (esta Sala, causas nros. 62.336, sent. del 14/09/2017 “L., C. C. c. M., E. A. s/ alimentos”, y 62.510, sent. del 8/11/17 “L., M. I. c/ B., L. s/ alimentos”).
Siguiendo tales criterios corresponde atender prioritariamente las necesidades de los adolescentes, y su pleno desarrollo en esta importante etapa de su formación, pasando a un segundo plano el conflicto de los padres que terminó con su matrimonio.
b. 1) Las necesidades de los hijos.
La sentencia apelada consideró razonable la descripción de gastos y montos mensuales de los adolescentes, denunciados por la parte actora en la liquidación de fs. 318 vta. ($ 23.478), con sustento en los comprobantes agregados en autos (fs. 23/38; 82/98, 292/312, e informativa de fs. 370/370vta.). A los gastos mensuales la actora añadió gastos extraordinario anuales, como matrículas del colegio y de inglés, útiles escolares, por un monto total de $ 6.600 (fs. 318vta., arts. 384, 635 del CPCC), que distribuidos en el año representan $ 550 mensuales, por lo tanto considero acreditado que, a finales del mes de Septiembre de 2015, los gastos mensuales de los adolescentes alcanzaban los $ 24.028 –equivalente a 4,30 SMVyM, que en el 2° semestre del 2015 era de $ 5588-. Por su parte, los demandados en sus contestaciones (fs. 391/394vta. y 395/398vta.), consideraron que $ 19.500 constituye una cifra razonable para cubrir los gastos de los adolescentes.
Los escritos postulatorios y la prueba documental, permiten vislumbrar el nivel de vida de los alimentados, que concurren a un colegio privado, se encuentran afiliados a OSDE, practican golf, asisten a clases particulares de inglés y viven con su madre en un inmueble de singulares características ubicado en el Country Sierras de Tandil, cuyo valor inmobiliario ha sido estimado por el mismo demandado en U$S 300.000 (fs. 31 del Exp. 13.064 “R., A. L. c/ S., P. s/ divorcio”, que corre por cuerda), con gastos de expensas que rondan los $ 3.000 o $ 4.000 mensuales (cfr. fs. 392vta., fs. 37/37vta., 308/308vta., cfr. liquidación de fs. 476 y carta de pago de 477/477vta.).
En la sentencia apelada se estableció que la suma de dinero que los adolescentes necesitan para no sufrir un menoscabo de su calidad de vida sería equivalente a 7 Salarios Mínimos, estimación que se encuentra muy por encima de la realizada por la actora, que la estimó en la suma equivalente 4,30 SMVyM, y los demandados calcularon en 3,50 SMVyM (fs. 391/394vta. y 395/398vta.; fs. 318vta.; arts. 384, 635 del CPCC). La suma calculada en la sentencia apelada (7 SMVyM) representa a valores actuales $ 66.500, y vulnera el principio de congruencia, incurriendo en demasía decisoria (el valor del Salario Mínimo se encuentra fijado en $ 9500 Res. E 3/2017, del 27/7/17), contempla gastos no incluidos en la liquidación de la actora –vgr. vestimenta, gastos médicos y odontológicos no cubiertos por la obra social, y gastos propios de esparcimiento acordes con el status social que los adolescentes han detentado durante toda su vida previa a la separación de sus padres (fs. 520vta.; art. 163 inc. 5° del CPCC). El nuevo Código Civil y Comercial amplía la descripción del contenido de la obligación de alimentos que preveía el derogado art. 267 del Cód. Civ., mejorando sustancialmente su redacción al contemplar “los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”, otro rubro más a ser tenido en cuenta a fin de establecer el contenido de la obligación alimentaria (arts. 659 del Cód. Civ. y Com.). Comentando esta norma Marisa Herrera expresó que “a diferencia de lo que acontece con la obligación derivada del parentesco, todos estos rubros no deben ser probados por el hijo –o quien lo represente-, sino que se presume que todo niño y adolescente tiene, como mínimo, estas necesidades que hacen a su óptimo desarrollo madurativo” (cfr. Marisa Herrera “Código Civil y Comercial de la Nación”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Tomo IV, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 394; Nadia Anahí Tordi, Rodolfo Gabriel Díaz, Oscar Agustín Cinollo “Alimentos” Aída Kemelmajer de Carlucci y Mariel F. Molina de Juan (Dir.), Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni, 2014, pág. 102; Belluscio, Claudio “Prestación alimentaria”, Ed. Universidad, 2006, pág. 306 y Bossert, Gustavo A. “Régimen jurídico de los alimentos”, 2da. reimpresión, 1998, pág. 213; CNCiv., Sala M, causa 31.621, sent. del 9 de junio de 2017 “A, K. G y otros c/ G., R. G. s/ Alimentos”; esta Sala causa nro. 62.275, sent. del 15/8/2017, “C., C. c. G., M. E s/ Alimentos”).
Ahora bien, el derecho de los actores a no sufrir un menoscabo de su calidad de vida, ni la pérdida del status social que la familia detentaba durante la vigencia del matrimonio, tiene como contrapartida las posibilidades económicas de sus progenitores que, necesariamente se ven mermadas con la extinción de la comunidad de vida y la economía de escala propia de la vida familiar, dado que ahora los progenitores deben afrontar los gastos personales y sostener dos viviendas, y dos economías en vez de una, con todo lo que ello implica, por lo que la cifra estimada en la sentencia apelada deberá reconducirse a la liquidación practicada por la actora –que considero razonable- para proveer a la manutención de M. y J., y que equivale a 4,30 SMVyM, $ 40.850 mensuales (cfr. Res. E 3/2017, que fijó en $ 9.500 el valor de dicho salario hasta el día 1° de julio de 2018; ver fs. 318 vta.).
Lo expuesto permite tener por acreditado el monto de las necesidades de M. y J. R., de acuerdo a su etapa de desarrollo madurativo, la necesidad de formación para adquirir una profesión u oficio, y el nivel socio-económico de la familia (fs. 318vta., 391/394vta., 395/398vta., arts. 384, 635 del CPCC, arts. 638, 639, 658, 659, 660, 661 inc. “b”, 662, 663, 706 inc. “c”, 707, 710 del Cód. Civ. y Com.).
b. 2) Las posibilidades económicas del demandado.
Los gastos referidos precedentemente deben poder ser afrontados por los progenitores, y en mayor proporción por el no conviviente. La particularidad que presenta este proceso, en el que se ha demandado a los abuelos en forma directa (cfr. art. 668 del Cód. Civ. y Com.), no le quita al padre su condición de obligado principal. En dicha condición denunció tener ingresos equivalentes a $ 28.000 mensuales, correspondiente a su inscripción impositiva: Categoría E del Monotributo, Locación de Servicios (fs. 536vta.). La sentencia apelada tuvo en cuenta dicha registración pero consideró que la actividad declarada no refleja la verdadera capacidad económica del accionado, atento a que su ingreso sería superior al consignado, recibiendo ayuda económica de sus padres (cfr. Considerando IV in fine, fs. 519/519vta.).
El demandado se aferró en su defensa a la inscripción impositiva, sin esclarecer cómo hacía para sostener con $ 28.000 mensuales el nivel de vida social y familiar que surge de autos. Adviértase que las expensas del inmueble ubicado en el Country Sierras de Tandil ascienden a valores cercanos a los $ 4.000 (representativas del 15% del ingreso declarado) y el valor del inmueble -fue por él mismo referido- asciende a U$S 300.000 ($ 6.135.000) (fs. 31, 38 del Exp. 13.064 de divorcio que corre por cuerda; fs. 392, arts. 354 inc. 1°, 384 del CPCC). A ello cabe añadir que se encuentra afiliado a la obra social OSDE y paga $ 4.107 mensuales (cfr. informativa de fs. 370), el colegio privado “San José” al que concurren M. y J. ($ 2.400 mensuales, cfr. informativa de fs. 420 y 421) y clases de inglés, por una cifra cercana a $ 1.600 mensuales (fs. 304), más servicios e impuestos acreditados (fs. 300, 301, 302, 305/306, 309, 311, 312, 426), que conforman gastos fijos probados por una suma aproximada de $ 17.000 mensuales (art. 384, 635 del CPCC).
Los gastos fijos descriptos, el alto valor del inmueble familiar, y el status social y nivel de vida mantenido durante el matrimonio, difícilmente pueda ser solventado con el único ingreso declarado por el accionado ante los organismos fiscales ($ 28.000) (cfr. presentaciones de fs. 391/394vta., 395/398vta., 529/540), lo que permite concluir, en coincidencia con la sentencia apelada, que el demandado recibe ingresos provenientes de su familia o de la sociedad familiar denunciada. Esta forma de organización económica puede verse también en el pago de diversas obligaciones de A.
L. R. por parte de sus padres, por un monto total de $ 31.032,27 (cfr. deuda de expensas y deuda en el Colegio San José, fs. 395vta./396, fs. 419, fs. 40 y 41 del Exp. 13.064 que corre por cuerda).
Lo expuesto deja en evidencia la inconsistencia del ingreso declarado en este proceso por el obligado principal A. L. R. Este Tribunal ha señalado reiteradamente que “en los juicios por alimentos, cuando los reales ingresos del demandado se presentan difusos y desdibujados, de modo que no puede conocerse con precisión su realidad económica, la carga de la prueba se morigera y se exige un mayor grado de compromiso y colaboración al accionado que es, en definitiva, quien se encuentra en mejores condiciones aclarar la magnitud de sus ingresos” “la carga de la prueba sobre los ingresos del alimentante presenta matices en cuanto a la aplicación de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal, dada la necesidad de cooperación del accionado, que se traduce en la carga específica de ‘explicar’ su situación patrimonial, sin circunscribirse a una cerrada negativa, por encontrarse en inmejorables condiciones de aportar esos datos, por lo que la carga probatoria se encuentra, en principio ‘compartida’ (este Tribunal, Sala I, causa N° 40.294, del 18/3/99 “M. c/ D. L H s/ Alimentos"). En tal sentido debe recordarse que sobre el alimentante recae un deber de colaboración procesal en virtud del cual el déficit probatorio de sus ingresos exige una apreciación con criterio amplio favorable a la pretensión (CNCiv., sala D, 29-7-80, L.L. 1981-A-99; Sala A, 5- 9-94, ED 160-116; arts. 384 y 375 del C.P.C.C.; esta Sala, causa 55.658, sent. del 18/10/11, “M., L. Y c. P., C. s/ Alimentos”; causa nro. 56.900, del 30/04/2013 “D. V., M. N. c. B., M. A. s/ Alimentos”, causa nro. 59.459, del 2/06/15 “M., V. D. c. C., R. C. s/ Alimentos…”, causa nro. 59.867, del 16/07/15 “E. y P., M. c. E. M. R. s/ Alimentos…”, causa nro. 60.851, del 10/05/16 “G., M. F. c/ G. G., P. D. s/ Alimentos”, causas nro. 61.073, del 13/06/16 “B., L. A. c. F., A. J. s/Alimentos”, entre otras).
El demandado no esclareció cómo obtiene sus ingresos y su monto, en definitiva su verdadera capacidad económica, que no es la que surge de su inscripción en el monotributo, por lo que dicha indeterminación no puede favorecerle (arts. 710 del Cód. Civ. y Com.; 375, 635 inc. 2° del CPCC).
Sin perjuicio de ello, a partir de los elementos probatorios aportados por la actora, tengo por acreditado que A. L. R. es productor agropecuario y trabaja en la empresa familiar “La Diana SCA”, de la cual es apoderado junto a sus hermanos G. y V. R., siendo los socios comanditarios los abuelos paternos de los actores (C. A. R. y M. D. S.) (cfr. informe de fs. 158). Dicha sociedad constituye una verdadera empresa familiar, propietaria del inmueble rural descripto como Circ. 11, Parcela 1094 de Tandil (fs. 130/131), de 750 hectáreas, dedicado al tambo (300ha) y el resto a la actividad agrícola, denominado la “La Diana de San Manuel”, explotación conducida por G. R. y A. L. R. y que contaba en el año 2012 con 300 vacas, año en el que además obtuvo un premio en un concurso de silaje de primavera (fs. 122/124). De la consulta de saldos y movimientos de la cuenta corriente 6300-001-33972 de “La Diana”, surgen movimientos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante el período 1/1/2014, y en la cuenta nro. 114-000039932 del Banco Santander Río, representativos de la potencialidad económica de la empresa familiar (fs. 159/216vta.). En lo que respecta a los abuelos paternos su patrimonio fue estimado en la demanda en un monto de $ 5.932.280 (fs. 325), a partir de las valuaciones fiscales de los bienes inmuebles inscriptos a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (fs. 125/127, 128/129, información catastral de fs. 132/137, informativa de fs. 403/413), contando con inmuebles en Las Toscas Partido de Lincoln, propiedades en Chascomús, y departamento en la Capital Federal, por mencionar algunos. Sobre esta estimación guardaron silencio los demandados en su contestación, lo que permite inferir que su patrimonio es igual o superior a $ 5.932.280, y tratándose de un juicio de alimentos, tenían la obligación de esclarecer su potencialidad económica y no lo hicieron, actitud procesal que tampoco puede favorecerles (fs. 395/398, arts. 354, 384, 375, 640 del CPCC, esta Sala, causa nro. 56.900, del 30/04/2013 “D. V., M. N. c. B., M. A. s/ Alimentos”).
Asimismo, no deslindaron su economía personal de la correspondiente a su hijo A., en una verdadera confusión de patrimonios entre C. A. R., M. D. S., A. L. R., y La Diana SCA, que no cabe interpretar en principio como defraudatoria de los derechos de la Sra. S., en tanto refleja simplemente una forma de organización empresarial de tipo familiar muy común en nuestra economía, pero que en este caso justificó la demanda directa contra los abuelos y su condena en este proceso, y deberá confirmarse para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, máxime cuando su conducta procesal no fue precisamente de colaboración cuando se pretendió hacer aparecer a A. como un “asesor” que le factura a la empresa (fs. 397; art. 668 del Cód. Civ. y Com., doct. art. 161 de la LCQ). Ahora bien, la obligación de los abuelos respecto de los nietos proviene del parentesco (art. 537 inc. a. Cód. Civ. y Com.), es subsidiaria, y opera en defecto de la obligación de los progenitores, que son los primeros obligados. En estas actuaciones la actora ha acreditado haber padecido dificultades económicas a partir de la separación, que son consecuencia directa de la actitud asumida por el padre de los actores, ante la pasiva mirada de los abuelos paternos. Adviértase que R. dejó de pagar la expensas del inmueble donde habitan sus hijos, generando una deuda (fs. 37/38 Exp. 13.064), que después fue cancelada por el matrimonio R. (fs. 40/42 Exp. 13.064); dejó de pagar el colegio de los hijos queriendo presentar a la actora como responsable de dicho incumplimiento (fs. 27, 82/99, 103, 296/297), descontándole de los alimentos provisorios -de escasos $ 7.000- aquella deuda (fs. 366/368vta., 418/422), y parte de la deuda del colegio también habría sido cancelada por los abuelos paternos (fs. 368, 395vta./396), lo que pone en evidencia el ahogo financiero que el progenitor generó en la actora perjudicando directamente a sus hijos. La actitud puesta de manifiesto por el alimentante y la activa participación que en dicha maniobra tuvieron los abuelos paternos (presentándose a cubrir pasivos de expensas y deudas del Colegio en forma personal), justifican la prevención adoptada por la magistrada de la anterior instancia, de condenarlos conjuntamente, pero en subsidio del obligado principal, ante la posibilidad cierta de que A. L. R. insista con su postura de no poder pagar la cuota alimentaria que aquí se establezca.
Comentando el art. 668 del CCCN señala Marisa Herrera que “el Código adopta la postura intermedia o de subsidiariedad relativa, en la cual se comparte que no es lo mismo ser padre que ser abuelo, que, por ende, la obligación alimentaria a favor de los abuelos ingresa a escena ante el incumplimiento del principal obligado, pero no por ello la efectiva satisfacción de la cuota alimentaria deba serlo en un nuevo proceso que retrase, en definitiva, el cumplimiento de una obligación que involucra de manera directa un derecho humano como el alimentario. De este modo, el Código admite que existe una subsidiariedad de fondo, debiéndose demostrar al menos verosímilmente que el principal obligado no cumple con el deber que tiene a su cargo. Pero ello no es óbice, precisamente porque se trata de una persona menor de edad en la cual el incumplimiento alimentario lo perjudica en su desarrollo y sobre el cual recae una protección especial, flexibilidad de la cuestión procedimental. En este contexto procedimental, no habría subsidiariedad” (cfr. “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo IV, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 443, ver también Pitrau, Osvaldo Felipe “Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos”, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Julio César Rivera-Graciela Medina (Dir.), Mariano Esper (Coord.), Tomo II, 1ra. edición, 2da. reimpresión, Ed. La Ley 2015, pág. 562; Basset, Úrsula “Código Civil y Comercial comentado, tratado exegético”, Jorge H. Alterini (Dir.), Tomo III, 2015, pág. 800).
Por ello, propicio al acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto condenó a los abuelos paternos a responder en subsidio del obligado principal, aclarando que tal subsidiariedad es relativa –tratándose de beneficiarios menores- por lo que debe estar desprovista de formalidades que desnaturalicen dicha obligación, a través de mecanismos de cancelación sucesiva (art. 668 Cód. Civ. y Com.; arts. 3 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño; Basset, Úrsula “Código Civil y Comercial comentado, tratado exegético”, Jorge H. Alterini (Dir.), Tomo III, 2015, pág. 801). b. 3) El aporte de la madre.
En este caso el cuidado personal de los hijos recae exclusivamente en la progenitora, quien convive con M. y J. en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, ubicado en el Country Sierras de Tandil. Ello le impide disponer de mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas, o económicamente rentables, viéndose mermada su posibilidad de generar ingresos.
El cuidado personal de los actores refleja la forma de organización familiar previa a la separación de los cónyuges y pone en evidencia la distribución de roles que oportunamente adoptó la pareja, circunstancia a tenerse en cuenta para la cuantificación de la cuota alimentaria, dado el valor económico que cabe asignarle a las horas invertidas en las tareas cotidianas inherentes al cuidado personal de los hijos (art. 660 del Cód. Civ. y Com.). Recientemente, la Suprema Corte provincial, se refirió al gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, y la importancia social de la maternidad, y la función de ambos padres en la familia y la educación de los hijos, destacando el papel de la mujer en la procreación, que no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige una responsabilidad compartida (cfr. SCBA, Ac. 120.884, sent. del 7 de Junio de 2017 “D., M contra G., P. J. s/ alimentos” con cita del Preámbulo y arts. 5° inc. “b” y 16 inc. “d” de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer -C.E.D.A.W-).
Señaló el Superior Tribunal provincial que la mujer se encuentra dentro del grupo de personas que siguen enfrentando desigualdades económicas, a menudo arraigadas en patrones históricos en los que la distribución de roles dentro de la familia se realizaba en función del género, desigualdad que merece protección para alcanzar una igualdad de iure y de hecho, a la cual la prestación alimentaria no puede permanecer ajena. Dijo que: “la igualdad sustantiva sólo puede lograrse si los Estados partes examinan la aplicación y los efectos de las leyes y políticas y velan porque estas garanticen una igualdad de hecho que tenga en cuenta la desventaja o exclusión de la mujer… en la compatibilidad entre las exigencias laborales y las necesidades familiares y las repercusiones de los estereotipos y roles de género en la capacidad económica de la mujer” (Ac. 120884 cit.; esta Sala, causa nro. 62.275, sent. del 15/08/2017 “C., C. c. G., M. E s/ Alimentos”; causa nro. 62.336, sent. del 14/09/2017, “L., C. C. c. M., E. A. s/ Alimentos”).
Los parámetros expuestos, sumado a los alimentos del cónyuge obtenidos por la actora y la solicitud de compensación económica para restablecer el desequilibrio producido por la ruptura del vínculo matrimonial que se encuentra en pleno trámite (cfr. autos caratulados “S., P. c/ R., A. L. s/ Acción compensación económica”, iniciado el 10/06/2016, causa nro. 15.926, S.C.B.A, MEV, consulta realizada el día 27/03/18), exigen prudencia en la determinación del aporte que cabe exigirle a la madre para contribuir a la manutención de los hijos, al menos hasta que se resuelva su situación.
Los demandados manifestaron que la actora ha realizado distintas actividades rentadas como: vender pescado a restaurantes, venta de artículos Natura, venta de semillas Nidera, trabajo en negocio de telefonía celular Claro, proyecto de venta de equipos de Hidrofoglia, compra y reventa de alimentos balanceados (fs. 393vta.), y añadieron -como hecho nuevoque ha logrado conseguir dos cheques de $ 27.000 cada uno para cancelar la deuda de expensas del inmueble que habita (cfr. hecho nuevo de fs. 472/473), lo que atribuyen a una relación laboral –que considero no demostrada-. Asimismo, afirmaron que se habría desempeñado laboralmente en Raúl Ceres SA, Agroservicios Senderos SA (fs. 495/496 y presentación electrónica adjunta que considero extemporáneamente incorporada al proceso), sin perjuicio de lo cual estimo que ha logrado acreditarse la potencialidad que tiene la actora para valerse por sí misma y contribuir, en alguna medida y cuando logre integrarse al mercado laboral, al sostenimiento de los hijos (arts. 375, 384 del CPCC).
Por ello, resulta prudente fijar la contribución de la madre – además de las tareas de cuidado personal de los actores- en una suma equivalente a 1/2 SMVyM, atento a que se trata de una persona joven (42 años), que no tendrá mayores impedimentos para insertarse en el mercado laboral, más allá de las dificultades propias de tener que hacerlo luego de haber dedicado varios años de su vida al hogar (arts. 658, 660 del Cód. Civ. y Com.).
b. 4) El monto de la cuota alimentaria.
Teniendo en cuenta las necesidades de M. y J. R., estimadas en $ 40.850 mensuales, monto que considero acorde con el nivel de vida familiar, equivalente a 4,30 SMVyM, (cfr. Res. E 3/2017, que fijó en $ 9.500 el valor de dicho salario hasta el día 1° de julio de 2018); que las posibilidades económicas del A. L. R. exceden largamente su ingreso declarado de $ 28.000, por lo que puede asumir una cuota alimentaria acorde con las necesidades de sus hijos, y a las que también debe contribuir la madre, no sólo con las tareas inherentes al cuidado personal, sino con recursos provenientes de su trabajo –aporte este último que estimo en 1/2 SMVyM dado que se encuentra pendiente de resolución un pedido de compensación económica en trámite entre las partes-, y teniendo en cuenta el alto valor del inmueble que habitan los actores (U$S 300.000) y la renta locativa que el demandado se encuentra privado de percibir (estimada en $ 10.000), considero prudente reducir la cuota alimentaria de M. y J. R. a la suma total de $ 36.100 mensuales a depositarse en la cuenta de autos – como única modalidad de cumplimiento-, suma equivalente a 3,8 SMVyM (cfr. Resol. E 3/2017, de fecha 27/6/17, del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil), debiendo mantener el obligado a los adolescentes en la obra social O.S.D.E. y continuar proveyendo la vivienda que habitan, tal como lo hace en la actualidad (esta Sala, causa 62.510 “L., M. I. c/ B. L. F. s/ Alimentos”).
Las costas impuestas en la anterior instancia al Sr. C. A. R., deberán confirmarse por su carácter de vencido en la acción principal contra él dirigida, sin extender dichas accesorias a la abuela paterna Sra. M. D. S., quien fue omitida en el pronunciamiento de grado y dicha parcela del pronunciamiento no apelada por la parte actora, por lo que rige la prohibición de reforma en perjuicio del apelante (art. 273 del CPCC).
En lo que respecta a las costas de alzada, cabe imponerlas a los demandados A. L. R., M. D. S. y C. A. R., atento el resultado de la vía recursiva y la necesidad de no afectar la integridad de la cuota alimentaria (arts. 68, 69 del CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, propicio modificar la sentencia apelada fijando el monto de la cuota alimentaria que deberá abonar A. L. R., en la suma de $ 36.100 a depositarse en la cuenta de autos –como única modalidad de cumplimiento-, suma equivalente a 3,80 SMVyM (cfr. Resol. E 3/2017, de fecha 27/6/17, del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil), debiendo el obligado mantener a los adolescentes en la obra social O.S.D.E. y continuar proveyendo la vivienda que habitan, tal como lo hace en la actualidad, confirmar en lo sustancial la condena a los abuelos paternos M. D. S. y C. A. R., con carácter subsidiario, y en defecto del obligado principal, que continúa siendo el padre (art. 668 del Cód. Civ. y Com.), confirmar la condena en costas de primera instancia a C. A. R., en su carácter de vencido en la acción principal contra él dirigida, sin extender dichas accesorias a la abuela paterna Sra. M. D. S., quien fue omitida en el pronunciamiento de grado, y dicha parcela del pronunciamiento no apelada por la parte actora, por lo que rige la prohibición de reforma en perjuicio del apelante (art. 273 del CPCC). Imponer las costas de alzada a los demandados A. L. R., M. D. S. y C. A. R., atento el resultado de la vía recursiva y la necesidad de no afectar la integridad de la cuota alimentaria (arts. 68, 69 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos, votando en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
CPCC); 2) modificar la sentencia apelada fijando el monto de la cuota alimentaria que deberá abonar A. L. R., en la suma de $ 36.100 a depositarse en la cuenta de autos –como única modalidad de cumplimiento-, suma equivalente a 3,80 SMVyM (cfr. Resol. E 3/2017, de fecha 27/6/17, del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil), debiendo el obligado mantener a los adolescentes en la obra social O.S.D.E. y continuar proveyendo la vivienda que habitan, tal como lo hace en la actualidad, 3) confirmar en lo sustancial la condena a los abuelos paternos M. D. S. y C. A. R., con carácter subsidiario, y en defecto del obligado principal, que continúa siendo el padre (art. 668 del Cód. Civ. y Com.), 4) confirmar la condena en costas de primera instancia a C. A. R., en su carácter de vencido en la acción principal contra él dirigida, sin extender dichas accesorias a la abuela paterna Sra. M. D. S., quien fue omitida en el pronunciamiento de grado, y dicha parcela del pronunciamiento no apelada por la parte actora, por lo que rige la prohibición de reforma en perjuicio del apelante (art. 273 del CPCC). 5) Imponer las costas de alzada a los demandados A. L. R., M. D. S. y C. A. R., atento el resultado de la vía recursiva y la necesidad de no afectar la integridad de la cuota alimentaria (arts. 68, 69 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A –
Azul, 17 de Abril de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la resolución de fs. 482 y admitir el hecho nuevo denunciado a fs. 472/473 (arts. 363, 365 in fine –por analogía-, 636, 641 del CPCC); 2) modificar la sentencia apelada fijando el monto de la cuota alimentaria que deberá abonar A. L. R., en la suma de $ 36.100 a depositarse en la cuenta de autos –como única modalidad de cumplimiento-, suma equivalente a 3,80 SMVyM (cfr. Resol. E 3/2017, de fecha 27/6/17, del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil), debiendo el obligado mantener a los adolescentes en la obra social O.S.D.E. y continuar proveyendo la vivienda que habitan, tal como lo hace en la actualidad, 3) confirmar en lo sustancial la condena a los abuelos paternos M. D. S. y C. A. R., con carácter subsidiario, y en defecto del obligado principal, que continúa siendo el padre (art. 668 del Cód. Civ. y Com.), 4) confirmar la condena en costas de primera instancia a C. A. R., en su carácter de vencido en la acción principal contra él dirigida, sin extender dichas accesorias a la abuela paterna Sra. M. D. S., quien fue omitida en el pronunciamiento de grado, y dicha parcela del pronunciamiento no apelada por la parte actora, por lo que rige la prohibición de reforma en perjuicio del apelante (art. 273 del CPCC). 5) Imponer las costas de alzada a los demandados A. L. R., M. D. S. y C. A. R., atento el resultado de la vía recursiva y la necesidad de no afectar la integridad de la cuota alimentaria (arts. 68, 69 del CPCC). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase notificando al Asesor de Incapaces en la instancia de origen.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia