Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61.655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fs.301/314 y hacer lugar a la pretensión de verificación planteada por el incidentista en lo concerniente al 25% indiviso -de titularidad del fallido y causante, Joaquín Enrique Bos- de los inmuebles Matrículas 9543 y 9544 de la localidad de Tandil, ordenando la escrituración a su favor.
2Disponer que previo al cumplimiento de la orden de escrituración dispuesta en el punto anterior, el incidentista deberá acreditar el depósito del saldo de precio pendiente de pago ($50 más los intereses calculados conforme lo dispuesto en el Considerando III.5) en los autos principales “Bos Joaquín Enrique s/ Quiebra” (Expte. 29.027, Juzg. CyC n° 2, Tandil).
3Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts.278 L.C.Q.; arts. 68, 69 y 274 CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77; art. 265 LCQ).
Causa nº: 2-61655-2016 "RUSCONI, RUBEN SANTOS C/ BOS, JOAQUIN ENRIQUE (H) S/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA DE CREDITO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 17 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 07 días del mes de marzo del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia el Dr. Jorge Mario Galdós al momento del sorteo (resolución SCBA n°11005 del 01-11-16), para dictar sentencia en los autos caratulados: “Rusconi, Rubén Santos s/ Incidente de verificación tardía en autos “Bos, Joaquín Enrique (h) s/ quiebra” (causa n° 61.655), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 301/314?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. 1. Arriba el presente incidente de verificación tardía promovido en el marco de la quiebra de Joaquín Enrique Bos (h) (Expte. 29.027, Juzg. CyC n° 2, Tandil), con el objeto de que se resuelva el recurso de apelación planteado a fs. 315 y vta. por el incidentista, Rubén Santos Rusconi, contra la sentencia de fs. 301/314 que rechazó su pretensión de verificar el derecho a escriturar los inmuebles Matrículas 9.543 y 9.544 de la localidad de Tandil, situados en el paraje denominado Cantera Tandil, hoy Los Nogales, comprados al fallido -a la fecha difunto- por boleto de compraventa del 17 de marzo de 1995 (instrumento agregado con la demanda a fs. 13/13 vta.)
Para así resolver, la resolución recurrida comienza por referir lo argüido por el incidentista en su escrito de promoción, así como la secuencia procedimental seguida por las actuaciones, inicialmente tramitadas como “tercería de dominio”, y luego reconducidas como incidente de verificación tardía. Destaca que al presentarse en autos la cónyuge supérstite del fallido, Graciela Patricia Smith, con el patrocinio de la Dra. Luciana Fernández, desconoce la autenticidad y contenido de 22 de 24 recibos acompañados por el accionante, así como del boleto de compraventa en cuestión. Refiere que a fs. 163, la arriba mencionada, así como los restantes herederos declarados del fallido, Mónica Patricia Bos, Dina Gabriela Bos y María Emilia Bos, ratifican todo lo actuado por la Dra. Fernández. Relata que en su dictamen de fs. 260/261 la sindicatura aconseja reconocer el derecho a escriturar del incidentista sólo con respecto a la porción indivisa del fallido (25%), y previo depósito de la misma proporción del saldo de precio cuyo pago no quedó acreditado en autos ($4.800). Más adelante, tras señalar que resulta aplicable al caso el Código Civil Velezano (sin perjuicio de no advertir un conflicto de derecho transitorio), trae a colación los artículos 1.185 bis C.C. y 146 de la LCQ, destacando que los recaudos de procedencia de la pretensión intentada estarían dados por la existencia de un instrumento con fecha cierta, buena fe, pago del 25% del precio y publicidad posesoria. A tenor de la pericia caligráfica de fs. 198/199, consentida por la Sindicatura (fs. 207) y por la parte demandada (fs. 211), tiene por acreditada la autenticidad de la firma inserta por el Sr. Bos en el boleto de compraventa, así como, en consecuencia, la operación de compraventa allí instrumentada. Seguidamente, a partir de lo que se denuncia abonado al momento de la firma del boleto ($2000), más el valor consignado en los dos recibos de $200 reconocidos por quien fuera la cónyuge del fallido (fs. 118 vta.), tiene por probado el pago de $2.400; es decir, el 35,29% del precio total pactado ($6.800).
En lo que concierne a los recaudos de fecha cierta y buena fe, cita textualmente fragmentos del precedente “Sayago” (causa n° 55.868, del 01/02/12) de la Sala I de esta Cámara, así como otros precedentes relativos a los recaudos de procedencia de la pretensión objeto del sub lite. Entre ellos, alude al precedente “Flamini” de la Suprema Corte local (SCBA, C. 97.118 del 4/05/08), que reafirma la aplicabilidad del recaudo de la “fecha cierta” aún frente a su omisión en los arts. 1185 bis. C.C. y 146 LCQ, y reconoce, no obstante, a la “certidumbre fáctica” como excepción válida a la ausencia de fecha cierta. En ese contexto, destaca que el boleto habría sido firmado con fecha 17/03/95, mientras que la apertura del concurso preventivo fue con fecha 27/10/95. Sostiene, sin embargo, que ni dicho instrumento ni los recibos que obran a fs. 14/37 pueden brindar certidumbre relativa a su fecha; que la documental obrante a fs. 39/40 y 42/52 corresponde a los años 1997 en adelante, y que el Sr. Bos recién falleció en el año 2004. Destaca que las declaraciones testimoniales solo permiten estimar que el actor construyó en los inmuebles una vivienda hacia los años 1999 o 2000. Descarta que la fecha cierta del boleto pueda provenir del poder -citado en el boleto de compraventa- otorgado por los condóminos a favor del fallido, así como que ella pueda derivar del recibo de la Cooperativa Copetangas Ltda. (fs. 38) -no reconocido por su emisor, aunque extendido en recibo preimpreso y numerado-, pues este último constituye una prueba aislada insuficiente a tenor de la rigurosidad que impone la norma. En lo tocante al recaudo de la buena fe, destaca que en el proceso falencial (Expte. 29.027, “Bos, Joaquín Enrique (h) s/ Quiebra”) se fijó el comienzo del estado de cesación pagos el día 17/11/94 (fs. 346); que esa fecha no recibió cuestionamiento alguno; y que, en todo caso, el boleto de compraventa se habría firmado con una anterioridad algo menor a los 6 meses de la presentación concursal, en el período de sospecha, lo cual reviste relevancia a la luz de su eventual revocabilidad en los términos del art. 119 LCQ. Refiere que la buena fe del adquirente estaría constituida por el desconocimiento diligente o excusable del estado de insolvencia del vendedor, y que la presunción de su existencia se revierte en determinados casos, entre los que refiere -con base en citas doctrinarias- la conclusión del instrumento durante el período de sospecha, y su falta de fecha cierta.
Para finalizar, concluye que tampoco se ha acreditado la posesión como elemento que permitiría dotar de certidumbre fáctica al boleto y sanear la buena fe del adquirente, y subraya que el art. 1170 del actual Código Civil y Comercial sindica entre los recaudos para el reconocimiento de prioridad del comprador por boleto respecto de terceros embargantes, al de la publicidad registral o posesoria. Tras aludir a los arts. 2351, 2377, 2378, 2379 y 2384 C.C., concluye que no se encuentra acreditado que la posesión se haya adquirido en la fecha que pretende el accionante (con la firma del boleto), pues las meras manifestaciones de las partes contratantes no son suficientes respecto de terceros -tal como lo prescribe el art. 1924 CCyC-, y la prueba testimonial y documental acompañada por el accionante, carece de eficacia probatoria a esos efectos.
2. Contra esa sentencia el incidentista interpone recurso de apelación (fs. 315 y vta.), fundándolo a fs. 329/340. Aduce que el art. 146 LCQ no contiene el recaudo de la fecha cierta; y señala que, de todos modos, el a quo no consideró que ella surgiría del recibo de la cooperativa de gas de fs. 38 y del poder otorgado al fallido por los demás condóminos. Cita jurisprudencia conforme la cual, cuando los elementos del caso conducen a advertir sin esfuerzo la oportunidad y sinceridad del acto, no es posible aferrarse ciegamente al requisito de la fecha cierta. Destaca que el art. 317 del nuevo Código Civil y Comercial determina que la fecha cierta se adquiere el día que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado, criterio que, subraya, ya era sostenido por la doctrina y jurisprudencia. En ese contexto, sostiene que la posesión del inmueble surge de la declaración de los testigos, del boleto suscripto y de la documentación acompañada; y que resulta a todas luces acreditado que ha existido buena fe en la contratación. Seguidamente, cita textualmente la opinión vertida por el Dr. Pettigiani en la causa “Flamini”, en cuanto sostiene que el requisito de la fecha cierta no está contenido en el art. 1185 bis C.C., ni en el art. 146 LCQ, y trae a colación jurisprudencia conforme la cual no sería necesario acreditar la buena fe del pretenso adquirente por boleto, pues ella se presume. Enfatiza que posee un boleto de compraventa cuya firma fue declarada auténtica por prueba pericial y reconocida por los condóminos, con lo que no cabe dudas de que posee justo título, buena fe y posesión del inmueble cuya escrituración viene solicitando desde el año 2005.
A fs. 345 y vta. contesta el síndico designado y sostiene que debería receptarse el recurso de apelación entablado exclusivamente sobre la porción indivisa correspondiente al fallido, habida cuenta de que los restantes copropietarios no han intervenido en autos. Asimismo, sostiene que de compartirse su dictamen, deberá emplazarse al incidentista a que abone el saldo de precio restante con más los intereses correspondientes. A fs. 355, previa intervención del Fiscal General Departamental (fs. 353 y vta.), esta Sala dispone que el recurso entablado debe resolverse con la formalidad del Acuerdo (fs. 355), con lo que, habiéndose pasado los autos al acuerdo (fs. 355 vta.) y practicado el sorteo de rigor (fs. 356), se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. Efectuada la reseña anterior, corresponde destacar en primer término que en la primera presentación que realizó en autos el síndico actuante en la quiebra del fallecido Joaquín Enrique Bos, solicitó la reconducción de la tercería de dominio en incidente de verificación tardía (fs. 111/113 vta.), lo que fue proveído favorablemente a fs. 114, sin que haya mediado cuestionamiento alguno por parte del incidentista. Por otra parte, en la misma presentación antes indicada, el síndico también subrayó que deberían citarse como terceros en los términos de los artículos 94, 338 y concordantes del CPCC, a los restantes cotitulares de los inmuebles en cuestión (fs.114vta.); lo que no fue proveído en autos (ver despacho de fs. 114), sin que tampoco mereciera observación por parte del acreedor verificante. Incluso, vale destacar que si bien con su presentación de fs. 125, el Sr. Rusconi acompañó copia simple de escritos por los que los mencionados condóminos reconocerían haber otorgado poder al Sr. Bos para la venta efectuada y se comprometerían a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio, omitió solicitar allí la citación de los mencionados a fin de que ratificaran la autenticidad de las aludidas copias simples (art. 375 CPCC). Resulta, entonces, que los terceros condóminos de los inmuebles de autos, no han tenido participación alguna en estos obrados, por lo que lo aquí decidido no puede afectarlos.
Por otra parte, tal como oportunamente lo puso de relieve el síndico (fs. 260/261 vta. y 345 y vta.), la cuestión litigiosa aquí en debate sólo puede alcanzar a la porción del inmueble de titularidad del fallido (25%; acorde informes de dominio de fs. 8 y vta. y 12 y vta.), por cuanto el restante 75% de titularidad de los señores Alberto Aldo Carricaburo, Juan Disanto y Luis Carlos Lázzaro, resulta evidentemente ajeno al activo falencial, y por ende, no puede ser objeto del incidente de verificación tardía aquí analizado, el que resultaría, a su respecto, huérfano de un correlativo débito del fallido que le confiera sustento. La circunstancia de que haya sido el fallido el que, munido de un poder oportunamente otorgado por sus condóminos (ver copia a fs. 245/246), haya concretado con el Sr. Rusconi la operación de compraventa por el total de los inmuebles, no lo convierte en sujeto pasivo de la obligación de escriturar por el 100% de ellos, pues esa operación fue concretada paralelamente en su doble calidad de mandatario (por el 75% indiviso; art. 1930 C.C.) y de “vendedor” (por el 25% de su propiedad). Está claro, entonces, que los sujetos pasivos de la obligación de escriturar el 75% indiviso de los inmuebles de autos son sus ya mencionados titulares, ajenos al proceso falencial y a este incidente de verificación tardía, sin que, como se señaló, hayan tenido algún tipo de intervención en autos (art. 18 Constitución Nacional, art. 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
III.- 1. Con la aclaración que antecede, adelanto que a mi parecer el recurso de apelación incoado por el incidentista debe ser parcialmente acogido. A fin de fundamentar tal propuesta de decisión, destaco que el segundo párrafo del art. 146 LCQ prevé, en similares términos a los del art. 1185 bis C.C., que: “Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el veinticinco por ciento (25 %) del precio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente….”. Si bien al tratarse en autos de la ponderación de hechos constitutivos de la relación jurídica obligacional producidos durante la vigencia del Código Civil, son los preceptos recientemente aludidos los estrictamente aplicables al sub discussio (art. 7 C.C.y C, esta Sala causas n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; nº 60094, "Brut, Damián Mario, del 15/12/15; nº 61309, “González Carlos...”, del 14/02/17 entre otras), no es ocioso recordar el valor de doctrina interpretativa que a su respecto poseen los artículos del Código Civil y Comercial (arts. 1170, 1171, 317 y ctes. C.C.y C.), que actualmente reglan la cuestión (esta Sala, causas n° 60474, "José, Claudio Fernando...”, del 10/03/16; nº 60346, “Di Tomaso, Graciela...”, del 10/05/16; "Acosta Cier Alejandro...”, del 06/06/16, entre otras). Con el texto mismo del boleto de compraventa (fs. 13 y vta.), cuya firma fue declarada auténtica por pericia consentida de fs. 198/199, y los recibos de pago reconocidos por la cónyuge del fallido a fs. 118 vta. (recibos de fs. 25 y 37), la sentencia de primera instancia tuvo por abonado el 35,29% del precio pactado. Consideró como no acreditados tanto el recaudo de la fecha cierta como el de la buena fe, y como no suplida esa ausencia probatoria mediante la prueba de la posesión desde la fecha consignada en el boleto. Los agravios del recurrente se centran, entonces, en esos aspectos.
2. Respecto del recaudo de la fecha cierta, no receptado expresamente ni por el art. 1185 bis C.C. ni por el 146 LCQ, la jurisprudencia y la doctrina nacionales han debatido abundantemente. Quienes sostenían su inexigibilidad, titularizando la tesis mayoritaria de la “oponibilidad amplia”, se amparaban fundamentalmente en su omisión normativa, arguyendo además que su exigencia importaría introducir un vallado a la pretensión del sujeto más débil de la relación contractual, atentando contra la intención del legislador de facilitar la regularización de la compraventa. Por su parte, quienes defendían la tesis opuesta entendían que la ausencia de fecha cierta obstaba a la oponibilidad del boleto al conjunto de los acreedores falenciales; mientras que quienes se enrolaban en una posición en cierto modo intermedia exigían la concurrencia del recaudo en cuestión, flexibilizando, no obstante, la interpretación del art. 1035 C.C. tendiente a ponderar su cumplimiento (ver Horacio Roitman, Efectos de la quiebra sobre los contratos preexistentes, 2ª ed. actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, pags. 227 y ss.).
A su turno, esta Sala sostuvo que si bien el requisito de la fecha cierta no se encuentra expresamente referido en los artículos 1185 bis C.C. y 146 LCQ, es una exigencia emanada de los artículos 1034, 1035 y concordantes del Código Civil, para la oponibilidad de los instrumentos privados a terceros –como es el caso de los acreedores del concurso o quiebray los sucesores singulares (esta Sala, causa n° 40.957, “Cassou, Alejandra Beatriz…”, del 28/08/02). Esa postura, luego adoptada por la Suprema Corte en los autos “Flamini” (SCBA, C. 97.118, "Flamini, Andrés…”, del 4 de mayo de 2011), ha recibido expreso acogimiento normativo en los arts. 1170 y 1171 del Código Civil y Comercial, los que si bien no resultan, como se dijo, estrictamente aplicables al sub lite, sí constituyen una guía interpretativa para su resolución (esta Sala, causas citadas “José”, “Di Tomaso” y "Acosta”, entre otras).
Ahora bien, como lo destaca la sentencia cuestionada, no puede perderse de vista que en los citados autos “Flamini”, la Suprema Corte recogió también el criterio de la “certidumbre fáctica” respecto de la fecha en que fue firmado el boleto, “como arbitrio de excepción que permite sortear la ausencia de fecha cierta”. Explicó allí que “la certidumbre fáctica implica la reunión de un conjunto de hechos y circunstancias, debidamente acreditado, que conduce a advertir sin esfuerzo la oportunidad y sinceridad del acto” (SCBA, causa cit. C. 97118, “Flamini...”, voto Dr. de Lázzari que hizo mayoría). Incluso, en los autos “Cisneros...” ha reiterado el Máximo Tribunal local que “…cierto es que este Tribunal ha expresado desde antiguo que el requisito de la fecha cierta resulta inexcusable en los términos establecidos por el art. 1035 del Código Civil como recaudo inherente a la naturaleza de los instrumentos privados a los efectos de su oposición a terceros (conf. causas Ac. 48.594, sent. de 27-IV-1993; Ac. 53.634, sent. de 13-VI-1995).
Mas no lo es menos que también ha señalado la conveniencia de efectuar una interpretación flexible del citado precepto que autoriza a admitir que dicho texto no contiene una lista cerrada y limitada que impida el reconocimiento judicial de otros casos en los que medie certidumbre fáctica respecto al momento en que fue suscripto determinado instrumento (conf. causas C. 97.118, sent. de 4-V- 2011; C. 103.677, sent. de 9-XI-2011)…” (SCBA, C. 108.354, "Cisneros, Elisabet…”, del 10/10/12). Así es que ya desde tiempo atrás el Superior Tribunal provincial ha dotado a la prueba del recaudo de la fecha cierta de razonable flexibilidad, tendiente a impedir que el rigor probatorio prima facie emanado del artículo 1035 C.C., lo erija en un valladar formal e injusto a la procedencia del derecho invocado.
Por otra parte, la razonabilidad de tal criterio encuentra ahora un aval a la luz del art. 317 del actual Código Civil y Comercial, en cuanto prescribe que los instrumentos privados reconocidos adquieren fecha cierta “el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez”.
Con base en el desarrollo anterior, y a diferencia de lo sostenido en la instancia de primer grado, entiendo que en el caso se advierte prueba documental e indiciaria suficiente como para tener por acreditada la certidumbre fáctica de que el boleto de compraventa de fs. 13 y vta., fue firmado en la fecha en él consignada.
Al efecto, me merece particular atención el recibo de fs. 37, cuya autenticidad fue reconocida a fs. 118 vta., correspondiente a la “cuota n° 23” de las acordadas para el pago del precio de los inmuebles objeto de la compraventa, pues ese recibo, concordante con lo pactado en el boleto de compraventa (fs. 13 y vta.) cuya autenticidad también se encuentra acreditada en autos (pericia de fs. 198/199), es fuertemente indiciario de la fecha en la que se firmó el boleto en cuestión. Ciertamente, considerando que en el aludido boleto se acordó el pago del precio mediante la entrega de $2.000 en efectivo, más 24 cuotas mensuales de $200, puede fácilmente colegirse que si la cuota mensual n° 23 fue abonada el 24 de marzo de 1997 (hecho indubitado), la obligación de abonar la cuota mensual n° 1 debió haber nacido 22 meses antes; ésto es, en mayo de 1995. Cabe presumir entonces que a esa última fecha indefectiblemente ya se encontraba firmado el boleto de compraventa en cuestión (art. 163 inc. 5). Esa presunción (el nacimiento de la obligación de pago de la primera cuota hacia mayo de 1995 y, consecuentemente, la previa firma del boleto), concuerda perfectamente con el plazo de sesenta días conferido en el respectivo boleto (ver final de fs. 13) para el comienzo del pago de las cuotas mensuales acordadas. En consecuencia, siguiendo la línea del razonamiento que vengo efectuando, acorde el recibo de fs. 37 y lo pactado en el boleto (ambos, reitero, con autenticidad acreditada en autos), puede válidamente presumirse que el contrato de compraventa se firmó aproximadamente 60 días antes del 24 de mayo de 1995 (art. 163 inc. 5 CPCC), lo que prácticamente nos remite a la misma fecha consignada en el boleto (17/03/95).
A lo antes dicho, de por sí suficiente para fundar la conclusión a la que arribo en este punto, vale agregar una consideración adicional. Si bien la pericia de fs. 222 y vta. determinó que las firmas estampada en los recibos de pago de las cuotas pactadas en el boleto no correspondían al Sr. Bos y no se produjo otra prueba que acreditara, vgr., que ellas correspondían a otro condómino o representante (lo cual resulta probable en razón de que, como más adelante se insistirá, en el recibo de fs. 23 no se refiere la existencia de deuda pendiente alguna), no puedo omitir destacar que el recibo de data más antigua entre los acompañados en autos, habría sido otorgado en mayo de 1995 (fs. 15); más precisamente, el 17 de mayo de 2015; o sea exactamente a los sesenta días de la fecha en que se habría firmado el boleto de compraventa. Se advierte así una sugerente y perfecta concatenación fáctica y temporal entre lo pactado en el boleto de compraventa, el recibo de fs. 37 reconocido a fs. 118 vta. y el resto de los recibos obrantes en autos (arts. 163 inc. 5, 384 y ccs. del C.P.C.C.).
En esta instancia, estimo necesario recordar que siguiendo a la Suprema Corte Provincial, este Tribunal ha expresado que la prueba “debe ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art.384 del Código Procesal Civil, puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí; resultando censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para considerarlos aislada y separadamente” (SCBA Ac. 31702 del 22-12-1987, “Rivero...”; esta Sala, causas nº 46.701, “Andiarena...”, del 15-6-04; nº 47.180, “Fernández Amorin...”, del 10-02-05; nº 48.991, “Alsúa...”, del 16-02-06; nº 54.647, “Blanco…”, del 30-9-10; nº 56.420, “Gaviña…”, del 08-5-12; n° 56.512, “Vaccaroni...”, del 17-09-13, entre muchas otras).
Asimismo, siguiendo copiosa jurisprudencia, esta Sala ha destacado que “La certeza moral que el juez obtiene al ponderar la prueba no se obtiene con una evaluación aislada de los diversos elementos de prueba, sino en su totalidad, pues probanzas que individualmente estudiadas pueden ser objeto de reparos, débiles e imprecisas, en numerosos casos se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos.” (Cám. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, Sala 1, causa nº 62131, “Gallo, Edelmira Elsa…” del 5-9-2006; en igual dirección, esta Cámara, Sala 1, causa nº 51640, “Castarés Germán…”, del 6-11-2008; Cám. Civ. y Com. Nº 1 de San Nicolás, causas nº 910421, “A.
DE N.C.I…”, del 5-11-1991 y nº 5047, “Reynoso Walter Rubén…”, del 8-7-2003; Cám. Civ. y Com. de Trenque Lauquen; causa nº 8192, “Delgado, Abel Oscar…” del 5-2-1987; y Cám. Civ. y Com. Nº 2 de La Plata, Sala 2, causa nº 97221, “Fernández, María Susana…”, del 30-5-2002; y Sala 3, causas nº A 41573, “U., C. F….”, del 9-5-1991; B 73266, “Ibáñez, César Marcelo…”, del 2-6-1992,; y nº 111390, “M. W., G. A….”, del 17-9-2009, entre otras).” (esta Sala, causa n° 58.578, “Iguiñiz, Antonio Julio...”, del 30/04/14). Acorde lo expuesto, efectuando una ponderación integral de la prueba documental obrante en autos, y de los indicios que pueden extraerse de su razonable vinculación, tengo por configurada la “certidumbre fáctica” de que el boleto de compraventa de fs. 13 y vta. fue firmado el día consignado en su texto (17 de marzo de 1995), o sea, con clara antelación a la apertura del concurso preventivo, el 27/10/95 (arts. 16, 17 y 146 LCQ; arts. 1, 3, 5, 7 y 317 C.C. y C.; art. 1185 bis.
C.C.; y arts. 163 inc. 5, 354 inc. 1, 384 y 474 CPCC).
3. Corresponde ahora adentrarse en el análisis de concurrencia del recaudo de buena fe (arts. 146 LCQ y y 1185 bis C.C.); recaudo que, en el caso, alude en términos generales al desconocimiento del comprador por boleto de la situación económica del vendedor, o sea de su estado falencial (conf. Mosset Iturraspe en “Código Civil”, Dir. Alberto J. Bueres, Coord. Elena I. Highton, Ed. Hammurabi, 1998, Bs. As., T° 3 B, pág 678; en igual sentido, “Código Civil y Leyes Complementarias”, Dir. Belluscio, Coord. Zannoni, Ed. Astrea, Bs. As., 1984, t. 5, pág. 846). El recurrente sostiene –y en ello le asiste razón- que el recaudo de la buena fe se presume, con lo cual no debe ser probado por su parte. En efecto, habiéndose acreditado la posesión del comprador respecto de los inmuebles implicados (cf. declaraciones testimoniales de fs. 217/220), cobra operatividad la presunción consagrada en el art. 2362 C.C. en cuanto determina que “Todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe de su posesión, hasta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fe se presuma.”.
En autos, no obra alegación ni prueba alguna que desvirtúe la aludida presunción. Tan es así que ni el síndico -primer legitimado para ello- ni los acreedores, han planteado que el comprador conociera el estado de cesación de pagos del vendedor fallido, a fin de obtener una eventual declaración de ineficacia concursal de la compraventa celebrada, en los términos del art. 119 LCQ. Incluso el propio síndico -con la limitación del porcentaje de propiedad del fallido- ha emitido su dictamen propiciando el acogimiento favorable de la verificación pretendida por el incidentista (dictámenes de fs. 260/261 vta. y 345 y vta.). Tampoco se ha alegado ni mucho menos probado circunstancia alguna que permita suponer la existencia de simulación (art. 954 C.C.) o concilio fraudulento entre el fallido y el comprador por boleto (art. 961 C.C.), de allí que no advierto motivos para apartarme de la presunción legal consagrada en el art. 2362 C.C. (art. 375 CPCC). En sentido concordante, se ha dicho que “si la buena fe del adquirente, que además obtuvo la toma de posesión del inmueble, se presume legalmente y no ha sido desvirtuada por la fallida, por el dictamen del síndico o por otros acreedores, la obligación de otorgar la escritura traslativa de dominio resulta procedente, rigiendo en este sentido el artículo 2355, último párrafo, del Código Civil” (Horacio Roitman, ob. cit., pág. 207).
Por otra parte, en contraste con lo entendido en la instancia anterior, tampoco encuentro fundamento legal para considerar “invertida” la mentada presunción, de modo de hacer pesar sobre el incidentista la prueba de su buena fe. En esa misma línea se ha manifestado la Suprema Corte –si bien con referencia a lo reglado por el artículo 119 LCQ- al descartar la juridicidad de la inversión de la presunción legal de buena fe del art. 2362, y señalando en los autos “Sindicatura de Broker Cía. de Alimentos S.A....”, que “(....) la alzada al sostener (con base en única cita bibliográfica) que el acto jurídico celebrado en el período de sospecha hace presumir iuris tantum la mala fe de las partes intervinientes, soslaya que -tal se viera- pudo ocurrir que el tercero no creyera que su acción resultaría perjudicial para la masa o agravara la situación del deudor; o aún creyera ver en la ocasión una oportunidad para hacer un negocio favorable sin que ello se concrete en tal perjuicio.
La alzada presume lo que la ley no manda a presumir, y en ello asiste razón al quejoso....” (...) En autos el juzgador de primera instancia dudó de la buena fe de este tercero; de consuno con ello (¿con dicha duda?) lo tuvo por poseedor de mala fe. Y la alzada lo presumió por tal, cuando, por lo visto, la presunción legal sentada en el art. 2362 del Código de fondo dispone lo contrario. En vista de todo lo cual, entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto no resulta posible, sin previa evaluación eficaz de las pruebas habidas a los fines de desvirtuar la presunción que juega en el caso, considerar que en el marco propio del juicio por ineficacia del acto haya el mismo obrado de mala fe.” (SCBA, C107822, “Sindicatura de Broker Cía. de Alimentos S.A....”, del 03/10/12; el resaltado me pertenece).
Valga ese mismo razonamiento para la “falta de fecha cierta en el boleto” y su presunta “firma cercana a la presentación concursal” - también invocados en la sentencia de grado para tener por invertida la presunción de buena fe; fs. 311 y vta.-, los que, al menos en las circunstancias del caso, no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de buena fe, y tampoco para “invertirla” a modo de lo efectuado en la instancia anterior. Finalmente, destaco que encontrándose acreditada en autos -a los fines del art. 2362 C.C.- la posesión de los inmuebles por parte del Sr. Rusconi (cf. las declaraciones de testigos de fs. 217/220, invocadas incluso por el síndico a fs. 261, en cuanto acreditan que el mencionado construyó en ellos una vivienda en la que habita junto a su familia), estimo innecesario ingresar en el análisis de la prueba relativa al momento en que el actor comenzó a poseer los inmuebles.
Ello por cuanto la publicidad posesoria no es un recaudo que emane de los artículos 1185 bis o 146 LCQ, ni tampoco, vale destacar, del actual 1171 C.C.yC específico para el concurso o quiebra. Tan es así que, incluso, el decisorio recurrido sólo ingresó en su análisis a fin de descartar –lo que aquí resulta innecesario- que la eventual prueba del inicio de la posesión pudiera suplir la ausencia de prueba de la fecha cierta y de la buena fe previamente allí concluidas (ver fs. 311 vta. in fine).
Acorde lo expuesto en los acápites que anteceden, propongo revocar el decisorio apelado y hacer lugar al incidente de verificación tardía sub discussio en lo que toca a la porción indivisa de los inmuebles (25%) de titularidad del fallido (arts. 16, 17 y 146 LCQ; arts. 1, 3, 5, 7 y 317 C.C. y C.; art. 1185 bis. y 2362 C.C.; y arts. 163 inc. 5, 354 inc. 1, 384, 456 y 474 CPCC).
4. Resuelta la oponibilidad del boleto de compraventa de fs. 13 y vta, a la quiebra del Sr. Joaquín Bos, resta evaluar si, como lo sostiene el síndico, existe un saldo de precio pendiente de pago cuya cancelación deba ordenarse en este incidente.
Al efecto, subrayo que el art. 746 C.C., determina que “cuando el pago deba ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el pago hecho por el último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario”. En el sub lite, el tan mentado recibo de fs. 37 firmado por el fallido, de autenticidad reconocida a fs. 118 vta., que acredita el pago de la cuota n° 23, y en el que no se refiere deuda pendiente alguna, permite presumir el pago de las 22 cuotas previas; presunción que no ha sido desvirtuada por prueba en contrario alguna. Siendo ello así, en contraste con lo opinado por el Síndico a fs. 345 y vta., y con lo sostenido en el decisorio recurrido en cuanto sólo reconoce el pago del 35,29% del precio acordado (Considerando 11; fs. 307), entiendo que sólo puede considerarse como saldo pendiente de pago el correspondiente a la cuota n° 24. En consecuencia, corresponde ordenar al incidentista el pago del 25% - correspondiente a la porción indivisa transmitida por el fallido- de la aludida cuota; ésto es, la suma de $50 más los intereses devengados desde su vencimiento (17 de abril de 1997) hasta su efectivo pago, calculados en la etapa de ejecución de sentencia de acuerdo con lo pactado en la cláusula séptima del boleto de compraventa (fs. 13 y vta.) (SCBA, C 101774, “Ponce”, del del 21-10- 09; C 100228, “Ferreyra de Zeppa”, del 16-12-09, entre otros tantos; esta Sala, causa nº 60049; “Ortiz, Oscar Manuel...”, del 22/10/2015; arts. 508, 622, 623, 746 y ccds. C.C.; arts. 7 y 768 inc. a C.C.y C.).
5. En lo concerniente a las costas, este Tribunal tiene dicho que no existiendo regulación específica en la Ley de Concursos y Quiebras, “...en principio, la demanda de verificación tardía de un crédito determina la imposición de las costas del incidente a cargo del peticionante, ya que el concurso no tiene por qué soportar una vía más onerosa por la sola voluntad del verificante” (Galindez Oscar “Verificación de créditos” p.252 Nº88). Constituye una excepción a la regla que se rige por el hecho objetivo de la derrota y “el fundamento de tal imposición radica en que el tardío no ha ajustado su conducta a la carga procesal impuesta por una norma imperativa, ha eludido el contralor de los demás acreedores, ha dificultado la labor de la sindicatura, sustrayéndole los elementos pertinentes para producir sus respectivos informes y ha interferido en la actividad jurisdiccional, introduciendo un factor distorsivo del buen orden del juicio” (Galindez Oscar A., ob.cit. p.252 Nº88 y nota 49).” [...] “Empero “se ha admitido excepcionalmente la exención de costas si existen razones atendibles que excusan la demora del acreedor, lo que debe ser acreditado por este último; o cuando la pretensión del acreedor tardío encuentra resistencia injustificada en los contradictores concursales” (Loutayf Ranea Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, pág.526 Nº283; Garaguso Horacio P. “Verificación de Créditos. Principios y Régimen en la Ley 24522”, pág. 67 Nº 10)” (esta Sala, causa n° 51.308, “AFIP-DCG...”, del 30/09/08). En el caso, si bien media una pretensión de verificación tardía del crédito del incidentista, advierto que ha mediado una oposición en algún punto infundada por los herederos del concursado, lo que me anima en la convicción de que no resulta justo que las costas sean soportadas en su integridad por el acreedor verificante, proponiendo entonces que ellas sean impuestas por su orden en ambas instancias (art. 278 LCQ; arts. 68, 69 y 274 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
A tento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fs.301/314 y hacer lugar a la pretensión de verificación planteada por el incidentista en lo concerniente al 25% indiviso -de titularidad del fallido y causante, Joaquín Enrique Bos- de los inmuebles Matrículas 9543 y 9544 de la localidad de Tandil, ordenando la escrituración a su favor. 2) Disponer que previo al cumplimiento de la orden de escrituración dispuesta en el punto anterior, el incidentista deberá acreditar el depósito del saldo de precio pendiente de pago ($50 más los intereses calculados conforme lo dispuesto en el Considerando III.5) en los autos principales “Bos Joaquín Enrique s/ Quiebra” (Expte. 29.027, Juzg. CyC n° 2, Tandil). 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts.278 L.C.Q.; arts. 68, 69 y 274 CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77; art. 265 LCQ). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, de marzo de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada de fs.301/314 y hacer lugar a la pretensión de verificación planteada por el incidentista en lo concerniente al 25% indiviso -de titularidad del fallido y causante, Joaquín Enrique Bos- de los inmuebles Matrículas 9543 y 9544 de la localidad de Tandil, ordenando la escrituración a su favor. 2) Disponer que previo al cumplimiento de la orden de escrituración dispuesta en el punto anterior, el incidentista deberá acreditar el depósito del saldo de precio pendiente de pago ($50 más los intereses calculados conforme lo dispuesto en el Considerando III.5) en los autos principales “Bos Joaquín Enrique s/ Quiebra” (Expte. 29.027, Juzg. CyC n° 2, Tandil). 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts.278 L.C.Q.; arts. 68, 69 y 274 CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77; art. 265 LCQ). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dra. María Inés Longobardi - Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia