Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62444
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la sentencia apelada admitiendo la excepción de inhabilidad de título exclusivamente con relación a los débitos provenientes de las operaciones de tarjeta de crédito, los que deberán ser detraídos de la ejecución por la entidad bancaria dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de que lo hagan los ejecutados (arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del C.P.C.C.).
2Mandar a llevar adelante la ejecución por las sumas que resulten de la operación anterior (art. 549 del C.P.C.C.).
3Con costas por la ejecución que procede a los ejecutados, y por la excepción que se admite al actor, en razón de sus respectivas calidades de vencidos (arts. 68, 69 y 556 del C.P.C.C.).
4Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”).
Causa nº: 2-62444-2017 "BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ CIFUENTES MARCELO SAUL Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 56 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Banco Santander Río S.A. c/. Cifuentes, Marcelo Saúl y otro/a s/. Cobro Ejecutivo” (causa Nº 62.444), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 123/127vta.?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. Banco Santander Río S.A. inició demanda ejecutiva contra Marcelo Saúl Cifuentes y contra Andrea Claudia Boltiansky reclamándoles la suma de $84.815 con más los intereses compensatorios y punitorios (tasa activa del Banco Nación o Provincia), sobre la base del certificado de saldo deudor de la cuenta corriente n° 2170/0 al día 29-5-15 que acompañó, y cuya titularidad ostentan los ejecutados en la Sucursal Tandil de la entidad (fs. 56/57vta.).
Entre otra documentación adicional que el ejecutante trajo a juicio debo destacar el “resumen único” con el detalle de los movimientos habidos en la cuenta (fs. 12/17), y la solicitud única de apertura de la “cuenta única” con las condiciones que la regulan (fs. 18/27).
2. Por medio de su apoderado judicial –Dr. Aldo Javier Cifuentes- los ejecutados contestaron la demanda y opusieron excepción de inhabilidad de título. Para fundar esa defensa refirieron, en primer lugar, que el certificado de saldo deudor de cuenta corriente no se encuentra firmado por gerente y contador dado que no existe indicación de cuál de los firmantes revestiría cada una de esas calidades, y alegaron que la mención genérica de los cargos sin indicación concreta de las personas incumple con el requisito del art. 793 del Código de Comercio. En segundo lugar, adujeron que el supuesto saldo de deudor de cuenta corriente no es tal sino que surge de otro contrato diferente que la contraria denominó “cuenta única”, y que carece de la fuerza ejecutiva de la cuenta corriente bancaria. En tercer lugar, destacaron que el contrato invocado por el actor constituye un dispositivo que trata promiscuamente una serie de operaciones, algunas de las cuales serían típicos contratos de consumo tales como tarjeta de crédito y mutuo personal, y constituiría una forma de escabullir la aplicación de normativa de orden público dando fuerza ejecutiva a instrumentos que no la tienen y evitando el deber de brindar información adecuada. En tal sentido precisaron que la denominada “cuenta única” mezcla y enmascara los débitos y créditos de una caja de ahorro y una cuenta corriente –entre otros contratos- al solo efecto de generar a través de éste último dispositivo un saldo directamente ejecutable, pero eludiendo la aplicación de normas de orden público. Y agregaron que cosa similar se hace con los débitos provenientes del pago de préstamos personales sin cumplir con los recaudos que prevé el art. 36 de la ley 24.240. En subsidio, cuestionaron los intereses pretendidos (tasa activa Banco Nación) y solicitaron su reducción.
3. En respuesta a dicha defensa el banco accionante comenzó afirmando que el documento base de la ejecución es hábil, que está firmado por el contador y el gerente y que Cifuentes y Boltiansky son titulares indistintos de la cuenta. Destacó que los accionados solicitaron –ya que el banco no procede unilateralmente- la apertura de una cuenta única que tiene servicio de caja de ahorro y de cuenta corriente a la vez, habiendo utilizado Cifuentes y Boltiansky ambos servicios. Con respecto a los préstamos personales precisó que el servicio contratado prevé la posibilidad de requerir adelantos en cuenta bajo la denominación préstamo personal - describiendo el funcionamiento de dicha operatoria- y mencionó que el saldo impago sería debitado de la cuenta. Sostuvo que la cuenta única constituye una cuenta corriente bancaria y que sus titulares son los generadores del saldo que hoy se reclama, y que no impugnaron. Agregó que del resumen puede advertirse la operatividad de la cuenta con movimientos como el cobro de comisión por giro en descubierto que es típico de la cuenta corriente bancaria. Refirió que no corresponde discutir en autos el proceso de formación y liquidación del saldo deudor sino únicamente si el certificado se expidió de acuerdo a las previsiones del art. 793 del Código de Comercio –en el certificado consta que lo firman Hugo Marcelo Correa como contador, y Jorge Emilio Rodríguez como gerente-. Pidió que se rechace la defensa y se mande llevar adelante la ejecución (fs. 119/122).
4. Luego de declarar aplicable el derogado Código de Comercio en función de la fecha en que se operó el cierre de la cuenta (29- 5-15), el a quo mencionó en la sentencia apelada que el saldo deudor se encuentra suscripto por el contador y por el gerente de la entidad cumpliendo así con el art. 793 del Cód. Com. Sostuvo asimismo que no se utilizó el título cambiario para concretar un fraude a la ley del consumidor pues con antelación a su cierre el deudor tuvo conocimiento del estado en que se encontraba y la conformación de la cuenta, además de contar con un plazo para efectuar las observaciones pertinentes. Descartó que se hubiera vulnerado la ley 25.065 –en cuanto veda el cobro ejecutivo directo del saldo deudor en cuenta corriente por el uso de tarjeta de crédito requiriéndose la preparación de la vía-, pues ello está previsto para los supuestos en que la cuenta se hubiera abierto exclusivamente con ese fin, y agregó que esa defensa rebasa el continente del juicio ejecutivo e ingresa al análisis de la causa de la obligación sin razones valederas –vgr. documental que acredite la impugnación en tiempo y forma del saldo-. Concluyó mencionando que la expedición del saldo deudor hace presumir no sólo la existencia de la deuda reclamada sino también la efectiva apertura y operatividad de la cuenta corriente que la origina. En cuanto a los intereses, sostuvo que si bien en principio debe estarse al pacto de las partes el magistrado se encuentra facultado para morigerarlos cuando éstos resulten excesivos y afecten el orden público. En tal orden de ideas, dispuso que al saldo adeudado se le aplique el interés compensatorio pactado (desde el cierre de la cuenta, el 29- 5-15), salvo que exceda el que resulte de utilizar la tasa activa para operaciones de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos a las operaciones en mora, en cuyo caso se aplicará esta última. En cuanto a los moratorios, declaró aplicables los pactados a partir del 07-6-15 (cuarenta y ocho horas después de operada la interpelación por carta documento a la deudora solidaria Boltiansky, el 05-6-15), salvo que excedan el 50% de los que resulten de utilizar la tasa activa para operaciones de crédito que aplique el Banco mencionado en los distintos períodos a las operaciones en mora.
Con esos argumentos el presentenciante rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución, con costas (fs. 123/127vta.).
5. Los ejecutados interpusieron recurso de apelación que les fue concedido en relación (fs. 133/134).
Reiterando argumentos anteriores, expresaron que el contrato fue denominado cuenta única por lo que no se trata de una cuenta corriente cuya constancia de saldo posea carácter ejecutivo. Mencionaron que allí confluyen promiscuamente diversas operaciones algunas de las cuales constituyen contratos de consumo (tarjeta de crédito y mutuo personal para consumo), que no cumplen con el deber de información y que otorgan fuerza ejecutiva a instrumentos que no la tienen. En tal sentido precisaron que se incluyeron en la cuenta única operaciones de tarjetas de crédito dando origen a un saldo directamente ejecutable en violación al art. 14 de la ley 25.065, que es de orden público. Mencionaron que el problema no reside en la operatividad o no de la cuenta, sino de incluir en ella operaciones con el objeto de dar fuerza ejecutiva directa a las que no la tienen. Alegaron que también se incluyeron en la cuenta los pagos de préstamos personales que están protegidos por la ley del consumidor, toda vez que el banco informó que tenían por destino final el consumo del matrimonio y de su familia. Luego de considerar que las operaciones son de consumo argumentaron que habilitar la ejecución implicaría no solo atribuir fuerza ejecutiva a instrumentos que no la tienen sino también permitir el cobro de saldos de contratos sin acreditarse el cumplimiento de la ley del consumidor (fs. 135/140).
6. A fs. 142/142vta. el ejecutante contestó el traslado del memorial, en tanto que a fs. 148/150 la Fiscalía General Departamental hizo lo propio con la vista pertinente.
7. Considerada definitiva la cuestión (fs. 151), recabada la vista del síndico que interviene en los autos “Bedascarrasbure, Eduardo Héctor c/. Cifuentes, Marcelo Saúl s/. Quiebra (Pequeña)” (doct. art. 132 de la LCQ; fs. 152, 153, 158/159) y practicado el sorteo de rigor (fs. 161), la causa está en condiciones de ser decidida.
II. El recurso procede parcialmente.
La parte pertinente del art. 793 del Código de Comercio - aplicable al caso en virtud de lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial- disponía que “[…] Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina” (cf. certificado de saldo deudor de fs. 11, emitido el 28-7-15).
Además de las propias del contrato de cuenta corriente bancaria (vgr., las relacionadas con el servicio de cheques), el derogado texto legal admitía debitar en cuenta corriente otro tipo de operaciones entre las que cabe mencionar a las derivadas del uso de tarjetas de crédito, temperamento que el art. 1395 del Código unificado ha mantenido. La reunión en una cuenta corriente bancaria de las diversas operatorias que el cliente posea con el banco puede obedecer a diversas motivaciones de uno o de otro, pero, en cualquier caso, no advierto que esa práctica sea en sí misma violatoria de las normas tuitivas de la ley de tarjeta de crédito. En cambio, cuando en la cuenta corriente bancaria se han incorporado débitos derivados del uso de tarjeta de crédito y, dada la falta de pago en los términos acordados se pretende la ejecución directa del saldo deudor emitido sin prepararse antes la vía ejecutiva con relación a dichas operaciones, sí se transgrede el orden público de la normativa específica, toda vez que el certificado de saldo deudor emitido en esas condiciones consolida indiscriminadamente y en un solo importe todas las operatorias volcadas en la cuenta, incluso aquellas derivadas del uso de la tarjeta de crédito. Y debe tenerse presente sobre éste último aspecto, que la ejecución directa en esas condiciones “convierte en letra muerta todo el procedimiento de impugnación de la cuenta o resumen”, “elude el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva”, y podría vulnerar el límite de los intereses aplicables que prevé la legislación específica (arts. 26, 39, 16 a 21 de la ley 25.065; Héctor Osvaldo Chomer, “Ley de Tarjeta de Crédito Comentada“, ed. La Ley, págs. 154 y 155).
En contra de lo dicho podría argüirse que el art. 42 de la ley 25.065 autoriza la ejecución directa siempre que la cuenta corriente no hubiera sido abierta al solo fin de debitar el saldo de tarjeta de crédito (cuentas no operativas o instantáneas), pero como bien se ha observado, resulta irrelevante la finalidad para la cual se hubiera abierto la cuenta ya que lo decisivo para desestimar la ejecución directa es la transgresión a las normas irrenunciables de la ley de tarjeta de crédito (arts. 14 inc. h, 39, 57 de la ley 25.065; CNCom., Sala C, 15-12-16, “Banco Santander Rio S.A. c/. Cambon, Martín Hernán y otro s/. Ejecutivo”; 12-12- 17, “Banco Santander Rio S.A. c/. Velasco, Osvaldo Jorge s/. Ejecutivo”). Sin perjuicio de ello, al exigirse actualmente que todas las cuentas corrientes bancarias posean servicio de caja, el supuesto de hecho que contempla la norma resulta hoy jurídicamente imposible.
Por ello considero que más allá de las inconsistencias entre las distintas reglas de conducta que integran la ley de tarjeta de crédito en punto a la necesidad de preparar o no la vía (arts. 14 inc. h, 39, 42 ley 25.065), se impone aquí una hermenéutica que preserve la coherencia sistémica de acuerdo a una teleleogía eminentemente tuitiva, por sobre cualquier interpretación atomística y aislada de sus disposiciones. Y en mi parecer el camino interpretativo propuesto lleva inexorablemente a concluir que, dada la falta de pago, no procede la ejecución directa de los saldos de tarjeta de crédito debitados de una cuenta corriente bancaria, debiendo para tales operaciones prepararse previamente la vía ejecutiva de acuerdo al mecanismo y bajo las condiciones prescriptas por la ley específica y el Código adjetivo (doct. arts. 14 inc. h., 39, 42 y 57 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° del C.P.C.C.; Alejandro Drucaroff Aguiar, “La ejecución de saldo deudor de cuenta corriente y un fallo esclarecedor”, L.L. 2010-E, 113; ver también CNCom., Sala C, “Banco Santander Rio S.A. c/. Parrilla, Gustavo Adolfo s/. ejecutivo”, del 23-5-17, pub. en RCCyC 2017 (octubre), 03/10/2017, 295).
Pues bien, junto con el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria sobre el que basó la presente ejecución, la entidad bancaria trajo a juicio -entre otra documentación adicional- una solicitud de apertura de cuenta única suscripta por los ejecutados, un anexo legal con las normas comunes a todos los servicios y las particulares de cada uno también suscripta por los accionados, y un resumen detallado de los movimientos habidos en la cuenta única que originaron el certificado deudor cuya ejecución se persigue, entre los que se incluyen débitos provenientes del sistema de tarjeta de crédito sin haberse antes preparado la vía a su respecto (fs. 18/19, 19/27, 12/17).
El examen de la composición de saldo que he realizado se basa en las constancias documentales emanadas de la propia ejecutante y se encuentra justificado en la finalidad eminentemente tuitiva de la ley de tarjeta de crédito cuyas disposiciones son de orden público y, por lo tanto, irrenunciables por acuerdo de partes, aspecto éste último que alcanza a los procedimientos impugnativos (de la cuenta o resumen) y preparatorios de la vía ejecutiva (arts. 14 inc. h, 39, 57 y ccs. de la ley 25.065). Para finalizar destaco que el sub-caso no resulta alcanzado por la ley de defensa del consumidor 24.240 como pretenden los ejecutados, ya que al suscribir el incontrovertido formulario de “Solicitud Única Río Infinity Gold” que dio origen a la apertura de la “Cuenta Única” designada con el n° 20170/0, éstos manifestaron con carácter de declaración jurada que el origen de los fondos con que operarían en la Cuenta Única correspondía a Capital de Trabajo (fs. 18/18vta.), descartando con esa manifestación que se verifique en autos una relación de consumo que deba ser juzgada al influjo de la ley 24.240 (cf. esta Sala, causa n° 62.124 del 05-9-17, “Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/. Sucesores de Saenz Christian Reinaldo s/. Cobro Ejecutivo”). Ha destacado este tribunal que “se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (art. 1092 del CCyC; arts. 1 de la ley 24.240). Analizando el destino de los bienes o servicios se dijo además que “consumo final alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo”, pues “cuando los bienes o servicios se incorporan al proceso productivo no cabe ya hablar de consumidor porque éste se encuentra al final de la cadena de comercialización” (esta Sala, causas n° 61.713 del 21-3-17, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Marrero, Ernesto Fabián s/. Cobro Ejecutivo”; n° 62.124, cit.).
De esa manera, al no resultar aplicable al caso la ley de defensa del consumidor, tampoco corresponde indagar en las restantes operaciones incluidas en el resumen en cuestión (vgr., préstamos personales) que también fueron cuestionadas por los ejecutados, habida cuenta que no advierto que exista a su respecto habilitación legal para ello. Por los fundamentos expuestos, propongo al acuerdo revocar parcialmente la sentencia apelada admitiendo la excepción de inhabilidad de título exclusivamente con relación a los débitos provenientes de las operaciones de tarjeta de crédito, los que deberán ser detraídos de la ejecución por la entidad bancaria dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de que lo hagan los ejecutados (arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del C.P.C.C.); mandar a llevar adelante la ejecución por las sumas que resulten de la operación anterior (art. 549 del C.P.C.C.); con costas por la ejecución que procede a los ejecutados, y por la excepción que se admite al actor, en razón de sus respectivas condiciones de vencidos (arts. 68, 69 y 556 del C.P.C.C.); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77; SCBA, I- 73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, por los distintos fundamentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada admitiendo la excepción de inhabilidad de título exclusivamente con relación a los débitos provenientes de las operaciones de tarjeta de crédito, los que deberán ser detraídos de la ejecución por la entidad bancaria dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de que lo hagan los ejecutados (arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del C.P.C.C.); mandar a llevar adelante la ejecución por las sumas que resulten de la operación anterior (art. 549 del C.P.C.C.); con costas por la ejecución que procede a los ejecutados, y por la excepción que se admite al actor, en razón de sus respectivas condiciones de vencidos (arts. 68, 69 y 556 del C.P.C.C.); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 12 Abril de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar parcialmente la sentencia apelada admitiendo la excepción de inhabilidad de título exclusivamente con relación a los débitos provenientes de las operaciones de tarjeta de crédito, los que deberán ser detraídos de la ejecución por la entidad bancaria dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de que lo hagan los ejecutados (arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del C.P.C.C.). 2) mandar a llevar adelante la ejecución por las sumas que resulten de la operación anterior (art. 549 del C.P.C.C.). 3) con costas por la ejecución que procede a los ejecutados, y por la excepción que se admite al actor, en razón de sus respectivas calidades de vencidos (arts. 68, 69 y 556 del C.P.C.C.). 4) diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31 del dec-ley 8904/77; SCBA, I-73016 del 08-11-2017, “Morcillo…”). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Ante mí CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia