Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia única dictada a fs. 374 bis / 383 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53447 –registro de Cámara Nº 56.557-) y a fs. 256/266 de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56.556-).
2Imponer las costas a los apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
3Confirmar –dada la forma de apelación- y modificar respecto de los letrados y perito intervinientes las regulaciones de honorarios efectuadas a fs. 265 vta. de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56. 556-) y de fs. 382 vta. / 383 y fs. 397 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53.447 –registro de Cámara Nº 56.557-), conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión.
4Fijar la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia (en ambos procesos), de acuerdo a lo resuelto en la Tercera Cuestión. 5)
Causa Nº: 2-56556-2012 " ARBIZA JORGE ANTONIO C/LOMPART ZULEMA LILIANA Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
Causa Nº: 2-56557-2012 “CURUCHET DORA S/ SUC. DE DAVID MENDOZA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
Sentencia Registro nº: 89 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 17 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, María Inés Longobardi y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ARBIZA JORGE ANTONIO C/ LOMPART ZULEMA LILIANA Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 56556) y “CURUCHET DORA S/ SUC. DE DAVID MENDOZA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 56557), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres.
GALDÓS – PERALTA REYES – LONGOBARDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª - ¿Corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto por Jorge Antonio Arbiza (expte. 53447) a fs. 404?
2ª - ¿Es justa la sentencia única dictada a fs.374bis/383 de la causa “Curuchet” (expte.53447 –registro de Cámara Nº 56557-) y fs.256/266 de la causa “Arbiza” (expte.51984 –registro de Cámara Nº56556- )?
3ª - ¿Son justas las regulaciones de honorarios de fs. 382 vta./383 y fs. 397 de la causa “Curuchet” (expte.53447 –registro de Cámara Nº 56557-) y fs. 265 vta./266 de la causa “Arbiza” (expte.51984 –registro de Cámara Nº56556-)?
4ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Galdós, dijo:
Contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 374bis/383 de la causa “Curuchet” (expte.53447) el Sr. Jorge Antonio Arbiza dedujo a fs. 404 recurso de apelación, el que fue concedido libremente por el Sr. Juez “a-quo” a fs. 405.
Elevados los autos a la Alzada se dictó la providencia de fs. 443, por la que se mandó expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del C.P.C.C.
El informe de Secretaría que obra a fs. 475 da cuenta del vencimiento del término legal en el que el apelante debía dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.
Sentado lo expuesto, atento a lo normado por el art.261 del C.P.C.C., no habiendo presentado el recurrente el escrito de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe fs. 475), corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 404 por el Sr. Jorge Antonio Arbiza.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
I. 1. En el presente proceso se encuentran acumuladas dos causas a fines de dictar sentencia única. En la causa 51984/05 (numeración de primera Instancia) caratulada “Arbiza Jorge Antonio c/ Lompar Zulema Liliana y otra s/Ds. y Pjs.” el actor (Jorge Antonio Arbiza) dedujo demanda contra Zulema Liliana Lompar y Silvia Liliana Molina y se citó en garantía a La Perseverancia Seguros S.A. reclamando los daños y perjuicios patrimoniales sufridos como consecuencia de un grave accidente de tránsito, ocurrido el 31 de Mayo de 2003, a la altura del km 181 de la Ruta Nacional 3. En este expediente (en adelante, e indistintamente, denominado como causa 51984/05 o expediente Arbiza) la pretensión resarcitoria la dedujo el propietario del camión Dodge DP 400 dominio B961.798 contra Zulema Liliana Lompar en su carácter de dueña de la camioneta Peugeot 504 dominio WUI 971 y madre del conductor que protagonizó el accidente, Oscar David Mendoza, quien falleció en el hecho.
También demandó a Silvia Liliana Molina de Mendoza como sucesora del mencionado Oscar David Mendoza, citándose en garantía a La Perseverancia Seguros S.A., aseguradora de la camioneta. Señala que el día 31 de Mayo de 2003, aproximadamente a las 19.30 hs. el camión fue violentamente embestido en su parte trasera por la camioneta Peugeot 504 cuando se hallaba detenido sobre la banquina de la Ruta Nacional 3 en el sentido Sur-Norte, es decir desde Monte hacia Las Flores. Agrega que la detención obedeció a una falla mecánica que requirió que su conductor, Jorge Matías Fumiatti, se trasladara hacia la ciudad de Las Flores en busca de auxilio mecánico. El camión quedó detenido en una zona no peligrosa de la banquina a unos dos metros de la línea que delimita la ruta de la banquina.
Atribuye la responsabilidad a la negligencia del conductor de la camioneta quien antes del choque en forma inexplicable salió de la cinta asfáltica y circuló por la banquina de su mano hasta impactar por alcance en la parte trasera del camión correctamente estacionado. A raíz del hecho, y del posterior incendio de la camioneta, fallecieron su conductor Oscar David Mendoza y otros ocupantes. Sostiene que la única causa que produjo el accidente fue el obrar imperito y negligente de Mendoza, que circulaba por la banquina, y que efectuó una maniobra antirreglamentaria en ocasión de estar el camión correctamente estacionado en la banquina ante la imposibilidad de la prosecución de su marcha y en la seguridad de que su conductor Jorge Matías Fumiatti regresaría pronto con el auxilio adecuado.
Sustanciado el proceso la sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda.
caratulada “Curuchet Dora c/ Sucesores de David Mendoza y otros s/ Daños y Perjuicios” la demanda la dedujo Dora Noemí Curuchet, madre de Andrés Pereyra, que falleció en el accidente y que era transportado en la mencionada camioneta marca Peugeot 504 dominio WUI 971, modelo 1994, conducido por Oscar David Mendoza. Demandó a los herederos del citado Mendoza, su esposa Silvia Liliana Molina y sus hijas R., M. E. y A.C. Mendoza; se citó como tercero al dueño del camión Dodge DP 400 dominio B961.798, Jorge Antonio Arbiza, citándose en garantía a La Perseverancia Seguros S.A. Más adelante se desistió la demanda contra Jorge Matías Fumiatti, conductor del camión.
A fs. 118 de la causa 53447/07 se dispuso la acumulación de ambos procesos para dictarse sentencia única.
II. 1. La sentencia única dictada a fs. 256/266 de la causa 51984/05 y a fs. 374 bis/ 383 de la causa 53447/07 desestimó las dos demandas deducidas en los dos expedientes. En efecto, en el expediente 51984/05 (causa “Arbiza”) desestimó la pretensión resarcitoria deducida por Jorge Antonio Arbiza contra Zulema Liliana Lompar y Silvia Liliana Molina de Mendoza y la citada en garantía La Perseverancia Seguros S.A., impuso las costas al actor perdidoso y reguló los honorarios de los letrados y peritos intervinientes. Por su parte en el expediente 53447/07 (causa “Curuchet”) se desestimó el reclamo deducido por Dora Noemí Curuchet contra los Sucesores de David Oscar Mendoza, contra Jorge Antonio Arbiza –citado a juicio- y la aseguradora citada en garantía.
También se impusieron las costas a la actora perdidosa y se regularon honorarios de los letrados y peritos intervinientes. Para así decidir, el Sr. Juez “a quo” consideró que la cuestión litigiosa está regida por la responsabilidad objetiva por riesgo creado prevista en el art. 1113, 2º párrafo Código Civil, norma que también es de aplicación al supuesto de transporte benévolo. En ambos casos los demandados deben probar las causales eximentes de responsabilidad, conforme lo prevé el texto legal citado. El sentenciante también puso se relieve que valoraba las pruebas producidas en la causa penal y anticipó que el evento dañoso fue provocado por el accionar negligente del conductor del camión Jorge Matías Fumiatti.
Tuvo por probado que a las 19.30 hs., aproximadamente, del 31 de Mayo de 2003 el camión fue impactado en su parte trasera izquierda por la trompa de la camioneta. Destacó que el camión carecía de señalización y balizamiento adecuados que advirtieran su presencia a los eventuales conductores que debían ocupar la banquina, como es el caso del Sr. Mendoza, y que la camioneta debió desplazarse hacia su banquina por alguna circunstancia del tránsito. Tuvo también por acreditado que el camión no tenía señalización con las declaraciones testimoniales de Laura Inés Iacomini, Gabriel Marmarini, Mauricio Damián Redolatti y Justo Juan Ibarra, quienes declararon en la causa “Arbiza” y con la pericia mecánica producida a fs. 304/305 de la causa “Curuchet”.
También consideró las constancias probatorias obrantes en la causa penal 1872 caratulada “Mendoza Oscar David, Redolatti Martín Alejandro, Pereyra Andres s / Triple Homicidio culposo”, particularmente la pericia accidentológica de fs 282/283, la pericia planimétrica de fs. 297, el testimonio de Carlos Alberto Plini y el acta, croquis y fotos del hecho. Sostuvo que Fiumatti resultó el único responsable de la producción del accidente por su actuar imprudente, al dejar el camión en la banquina, sin señales ni luces, lo que se agrava porque había anochecido. Ni siquiera – agregó- tuvo la precaución de requerir la intervención de la empresa concesionaria del mantenimiento de la ruta o solicitar ayuda para iluminar el camión, siendo que transcurrieron cinco horas entre la detención y el momento del choque y que la ciudad de Las Flores se encuentra a 5 kilómetros del lugar.
En lo relativo a la conducta de Mendoza entendió que Arbiza no probó que la camioneta circuló por la banquina unos 200 metros antes del impacto y que está acreditado que circulaba a velocidad reglamentaria cuando, muy probablemente por las contingencias del tránsito, debió utilizar la banquina como zona de escape ante una maniobra de sobrepaso de otro automóvil que circulaba por el carril contrario. En esas circunstancias se encontró con el camión detenido en la banquina, sin advertencia y, sin que atinara a frenarlo, intentó esquivarlo (lo que no logró). Por consiguiente concluyó que el conductor del camión obró con negligencia deteniendo el vehiculo sin tomar las precauciones requeridas por las circunstancias de tiempo y lugar, en infracción a lo dispuesto por los arts. 17 incs. 20 y 82 de la ley 11.430.
Consecuentemente rechazó las demandas interpuestas por Jorge Antonio Arbiza y Dora Curutchet, con costas, entendiendo que en el caso de la víctima transportada medió el hecho de un tercero por el que el demandado no debe responder (arts. 901, 1111, 1113, 2° párrafo Cód. Civ.; arts. 17 incs. 20 y 82 ley 11.430 y 17 de su decreto reglamentario). Impuso las costas a los accionantes perdidosos y reguló los honorarios de los letrados y peritos intervinientes. En este punto consideró que para computar la base regulatoria debía prescindirse del monto de la demanda que era notoriamente excesivo por lo que estimó la suma por la que habría prosperado en $ 140.000 y reguló los honorarios teniendo también en consideración lo prescripto por los arts. 505 y 1627 Código Civil.
Los montos son los siguientes: expediente 51984/05 (causa “Arbiza” ) para el Dr. N. G. D.G. $ .......; para los Dres. F.J.A., A.V. C. y R. J.V.P. $ ..... a cada uno y para el perito Ing. H.R.R. $ 1.100. En el otro expediente, la causa 53447/07 (expediente “Curuchet”) reguló los siguientes montos: para los Dres. M.A.D y A.G.G., $ ...... a cada uno, para los Dres. F.J.A. y A.V.C., $ ..... y $ ......... respectivamente, para los Dres. R.J.V.P. y A.V.C. $ ...... y $ ........ respectivamente, para los Dres. R.J.V.P. y A.V.C. $ ....... y $ ........ respectivamente, para el Dr. N.G. D.G., $ ........ y para el perito Ing. H.R.R. $ ...........
2. En el expediente 51984 (causa “Arbiza”) la sentencia única dictada a fs 256/266 fue recurrida por la actora perdidosa a fs. 281, recurso concedido a fs. 282. La representación legal de Arbiza, el propietario del camión, expresó agravios a fs. 340/347 los que fueron contestados a fs. 359/360. También se recurrieron los honorarios del siguiente modo: la demandada, a fs. 277 apeló por altos y bajos los honorarios de los letrados de esa parte y a fs. 279 apeló por altos los honorarios del perito ingeniero, fundando su queja a fs. 283.
Los agravios del actor perdidoso, Jorge Antonio Arbiza, cuestionan la asignación de responsabilidad exclusiva al conductor del camión (Jorge Matías Fiumiatti) descartándose la del conductor de la camioneta (Oscar David Mendoza), todo lo cual resulta de la errónea apreciación de la prueba y de la equivocada interpretación de las normas aplicables, tanto las derivadas de la responsabilidad objetiva por riesgo creado (arts. 1113, 2° párrafo Cód. Civ.) como las de la ley de tránsito (arts. 10, 59, 82 ley 11.430). Afirma que la carga de la prueba de la culpa de la víctima, en los términos de la presunción de responsabilidad objetiva del citado art. 1113, Código Civil, incumbía a la demandada porque concurre la referida presunción en contra del dueño de la camioneta, como cosa riesgosa.
La referida camioneta se desplazaba a 76,94 km/h según surge de la pericia mecánica practicada en autos y resultó embistente con su parte frontal contra la parte trasera del camión detenido por una emergencia sobre la banquina. De allí, y en base a las reglas que regulan la responsabilidad objetiva por riesgo creado, afirma que la demandada no probó que la conducta desplegada por la víctima tenga incidencia causal suficiente para determinar el accidente ni que fuera idónea para causar o producir el evento, con independencia de que la conducta de la víctima sea o no culposa. La relación causal y la culpa son conceptos diferentes y para eximir de responsabilidad debe valorarse la ruptura del vínculo causal entre la cosa y el daño.
Insiste en que no se logró probar que la conducta del chofer del camión –Fiumatti- determinara causalmente el choque. Formula otras consideraciones sobre la operatividad de la teoría del riesgo creado y sostiene que medió defectuosa aplicación al caso de la doctrina y jurisprudencia elaboradas sobre el tema. Acota que a la teoría del riesgo se debe sumar la presunción de responsabilidad subjetiva por culpa del conductor de la camioneta (Mendoza) según lo prescribe el art. 1109 Código Civil. Más adelante señala que también se aplicaron inadecuadamente las normas regulatorias del tránsito, los arts. 10, 59 y 82 ley 11.430. De la pericia mecánica –que esa parte impugnó y pese a lo cual fue aprobadasurge que la camioneta circulaba por la banquina a 76,94 km/h.
De ese modo se infringió el art. 59 de la ley 11.430 que prohibe circular en la banquina, salvo casos de emergencia, no se probó que Mendoza tuvo que bajar a su banquina por causas de urgencia. También es evidente que se aplicó erróneamente lo prescripto por el art. 82 de la ley 11.430 que habilitaba a Fiumatti a dejar el camión averiado sobre la banquina, en lugar que no estorbara el tránsito. Añade que ese artículo exige la iluminación para los vehículos detenidos en medio de la calzada o en la vía pública, no para los detenidos sobre la banquina. Ello surge también del art. 10 de la ley 11.430 que define y diferencia las banquinas de las vías públicas por lo que el art. 82 de la citada ley 11.430 impone la obligación de iluminar los vehículos detenidos “en la vía pública”, lo que no es aplicable a los vehículos detenidos sobre la banquina.
Por todo lo expuesto solicitó se revoque la sentencia recurrida haciéndose lugar, con costas, a la demanda.
A fs. 359/360 la demandada y la aseguradora citada en garantía contestaron el traslado, solicitaron el rechazo del agravio.
3. En el expediente 53447 (causa “Curuchet”) la sentencia única fue glosada a fs. 374 bis/ 383 y a fs. 397 se regularon los honorarios siguientes: para el Dr. A.V.C. $ .... y para los Dres. M. A. D. y A.G.G. $ ..... a cada uno.
A fs. 398 la demandada apeló por altos y bajos los honorarios de sus letrados y a fs. 400 los del perito interviniente, los que se fundaron a fs. 406. A fs. 434 la actora apeló los honorarios de sus letrados. La sentencia definitiva fue recurrida a fs. 402 por la actora y a fs. 404 por Arbiza, el tercero citado a juicio, y se concedieron a fs. 403 y 405, respectivamente.
La actora expresó agravios a fs. 451/ 467 y la demandada los contestó a fs. 471/474. El tercero citado Arbiza no expresó agravios pese a encontrarse notificado, como resulta del informe de Secretaría de fs. 475. En su pieza impugnativa de fs. 451/ 467 la actora se disconforma de la sentencia recurrida desarrollando cinco agravios y haciendo foco en que el Sr. Juez de Grado tuvo en cuenta sólo lo actuado en la causa “Arbiza”, extendiendo a este proceso sus conclusiones (causa “Curuchet”), violando el derecho de defensa en juicio. La acumulación de los procesos impone el dictado de una sentencia única en las cuestiones comunes pero no significa que no deban analizarse las pretensiones y defensas de cada litigante y en cada proceso.
Entrando en el análisis de los agravios, y luego de ejemplificar algunas diferencias de postulaciones, sindica como primera queja la conclusión del fallo que sostiene que medió culpa exclusiva del conductor del camión. Sostiene que el conductor de la camioneta Peugeot no obró con la debida diligencia, careciendo del dominio y control del vehículo, como lo establece el art. 51 inc. 3 ley 11.430, lo que supone poder reaccionar frente a las vicisitudes del tránsito. Por ello considera que no está probada la alegación de que la camioneta se desvió hacia la banquina por una contingencia de la circulación (o sea que otro vehículo intentó una maniobra de sobrepaso) y por consiguiente que no tuviera distancia de frenado, que lo hubiera sorprendido la presencia del camión y que haya querido esquivarlo.
Recalca que no es una contingencia normal del tránsito la circulación por la banquina y que como hecho excepcional debió ser acreditado por quien lo alegó. De ahí concluye que no pudo calificar de exclusiva la responsabilidad del conductor del camión que lo dejó en la banquina y sin balizamiento porque existe concurrencia de causas en la generación del accidente derivada de la circulación de la camioneta por la banquina. El segundo agravio ataca lo que califica de omisión de valoración de las pruebas rendidas en el expediente penal ya que el Juez de grado no tuvo en cuenta ni la pericia accidentológica ni los testimonios brindados en ella. La prueba producida en el expediente penal tuvo pleno valor probatorio y se ignoraron –al menos- cuatro testimonios que vieron al camión estacionado sobre la banquina (de Justo Ibarra a fs. 156/157, de Laura Inés Iacomini a fs. 188vta./189, de Gabriel David Magnarelli a fs. 206/207 y de Carlos Alberto Plini a fs. 250).
De los citados testimonios deduce que todos –salvo la Sra. Iacomini- vieron al camión estacionado sobre la banquina, por lo que a la hora del hecho (entre las 19.10 hs. y las 19.30 hs.) el conductor de la camioneta con las luces bajas – de uso obligatorio, según el art. 58 ley 11430- debió ver al camión estacionado. El alcance de las luces bajas es de entre 40 y 60 metros de distancia y es mayor sobre el lado derecho para evitar el deslumbramiento del conductor por los vehículos que transitan en sentido contrario. Por ello circulando a 80 km/h debió intentar una acción de frenado. El tercer agravio cuestiona que Mendoza transitara a velocidad reglamentaria. La velocidad de Mendoza tripulando una camioneta que porta una lancha, a 80 km/h y de noche, no es la reglamentaria ya que aunque sea inferior a la máxima legal no le permitió el dominio total del vehículo (arts. 51 inc. 3 y 76 ley 11.430).
El art. 77 inc. 3 ley 11.430 establece que la velocidad máxima para circular automotores con trailers en la zona rural es de 80 km/h; además no es natural y habitual circular por la banquina al máximo de velocidad y no acreditó que se trató de una emergencia. En el cuarto agravio controvierte la falta de valoración de las pericias. Acota que el sentenciante, aunque aprueba la pericia mecánica, deja de lado sus conclusiones sin fundamento alguno. Tanto la pericia practicada en la causa penal 1872 como la realizada en autos por el Ing. Rodríguez –que fueron ignoradas por completoestablecen con nitidez que medió concausa en la producción del hecho y no culpa exclusiva del conductor del camión. Destaca que, en lo esencial, las dos pericias –la del perito policial Gioia en la causa penal 1872 y la del Ing.
Rodríguez a fs. 304 de autos- ponen de relieve que el factor humano desencadenante del choque comprende la maniobra del conductor de la camioneta, siendo los dos protagonistas directos activos. La camioneta venía circulando por la banquina como lo afirma la pericia penal a fs. 229 vta., la que es parcialmente transcripta por el apelante. Insiste en que para ambos peritos la velocidad de la camioneta es –coincidentemente- superior a los 72 km/h; que la camioneta es la embistente y que no se avanzó en el análisis de tres hipótesis del accidente que plantea el perito penal: que el conductor de la camioneta no vio el camión detenido; que estaba somnoliento; que se desvió hacia su banquina por alguna maniobra evasiva.
Tampoco se consideraron las circunstancias climáticas ambientales que dan cuenta que había visibilidad. En otros párrafos de la pieza impugnativa se cuestiona la conclusión de que la camioneta con su trailer debió desviarse hacia su banquina por una maniobra de sobrepaso de otro vehículo que venía de frente, siendo que no se demostró que: circulara otro auto por la ruta, que se generara la maniobra de sobrepaso, que era visible la presencia del camión detenido, que el conductor de la pick up no efectuó una maniobra adecuada. Sostiene que también se ignoró el hecho antirreglamentario de que Mendoza circulaba por la banquina, a excesiva velocidad, que aún sin balizamiento el camión era visible, y que el impacto recayó en el larguero izquierdo de la caja del camión con la parte frontal de la camioneta.
Cita jurisprudencia que se pronunció sobre la responsabilidad concurrente entre el accionar de un conductor que circula con un vehículo y que se enfrenta a otro detenido. En el quinto y último agravio se queja por la omisión de tener en cuenta el hecho nuevo que denunció y que acreditó: que la aseguradora de la camioneta citada en garantía pagó una indemnización a los padres de otro tercero transportado en la camioneta que también falleció (Martín Alejandro Redolatti). Ello a tenor de la copia del convenio glosada a estos autos, lo que ubica a la aseguradora en contradicción con sus propios actos, anteriores y relevantes, conforme la teoría de los actos propios, recogida en numerosos precedentes judiciales.
Concluye formulando otras manifestaciones acerca de la arbitrariedad de las sentencias derivadas por la prescindencia de la prueba producida y por la indebida aplicación del derecho. Como corolario de todo lo expuesto formula reserva de acudir al remedio del caso federal en caso de no acogerse su pretensión.
A fs. 471/ 474 la demandada y la aseguradora citada en garantía contestaron los agravios solicitando su rechazo.
A fs. 477/ 478 dictaminó el Asesor de Incapaces pronunciándose por la confirmación de la sentencia apelada.
Cumplidos los trámites de rigor, ambos expedientes se encuentran en condiciones de ser resueltos.
III. 1. Los recursos son infundados por lo que debe confirmarse la sentencia que decidió que la única causa adecuada del siniestro vial la constituyó la actuación del camión Dodge 400 camión Dodge 400 DP dominio B961.798, propiedad de Jorge Antonio Arbiza, y que su conductor -Jorge Matías Fumiatti- había dejado estacionado sobre la banquina (arts. 499, 512, 1109, 1113 y concs. Cód. Civ.).
Inicialmente cabe poner de relieve que, como lo solicitan los apelantes, deben meritarse íntegramente las constancias probatorias obrantes en la causa penal 1872 caratulada “Mendoza Oscar David, Redolatti Martín Alejandro, Pereyra Andrés s/Triple Homicidio culposo”, que tramitó en la U.F.I. N° 1 de Azul, las que fueron ofrecidas como prueba por todas las partes de los dos procesos (causa “Arbiza” fs. 14 vta. punto VI.5; fs. 30 vta. punto segundo; fs. 60 vta. V punto tercero; causa “Curuchet” fs. 35 vta. punto VI.2; fs 56 punto tercero; fs 170 VII.3; arts. 375, 384, 376, 386, y concs. C.P.C.). Ello así, conforme la inveterada doctrina de la Corte Nacional y de la Suprema Corte de Buenos Aires, reiteradamente aplicada por esta Sala, según la cual “la prueba acumulada en el juicio criminal es invocable para la decisión del posterior pleito civil cuando la demandada ha tenido oportuna noticia del ofrecimiento de esa prueba y ha podido producir la que convenía a sus derecho para desvirtuarla” (C.N. Fallos 182:502, L.L. 17-183; 187:627; 188: 7; 219:55; esta Sala causa N°52.047; “Moroni de Collazo, Vilma V. y otros c/Banco Bansud S.A.” y más recientemente sentencia única del 01/03/12 causas N° 54.327 “Ricco, Patricia y otra c/ Lancioni Agustín” y N°54328 “Lancioni, Agustín c/Vulcamoia Mar Del Plata S.A.”; S.C.B.A. Ac.79216, 24/9/2003 “Girardi”; Ac.87968, 16/2/05 “Porrez”; esta Sala causa N°55340, 13/03/12 “P., C. y otros c/ A., A.R. s/ Ds. y Pjs.). Por lo demás, la precitada causa penal concluyó con el pronunciamiento que dispuso su archivo por no poder acreditarse los hechos denunciados, según los términos del art. 286 C.P.P. pronunciamiento ese que no sólo no configura una ‘decisión judicial’ en el sentido de los artículos 421, 103 y siguientes de ese cuerpo ritual, sino que no impide la ulterior reanudación del proceso (arts. 1101, 1102 y 1103 Cód. Civ.; esta Sala causa N° 52984, 06/08/2009 “Márquez”).
También de modo preliminar debe recalcarse que, tal como lo postulan los agravios, los hechos en disputa se emplazan en el marco de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, en cuyo ámbito opera la presunción de responsabilidad (o de causalidad), prevista en el art. 1113 Cód. Civ., 2° párrafo, 2° supuesto. Tiene decidido reiteradamente la Suprema Corte que “quien acciona en función del art. 1113, 2° apartado, 2° párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775 24/3/2004, “Calderucho, Roberto c/ Transporte Comunal G.A.B. línea 700 S.A.”, Ac.93337 6/9/2006, “Suñe de Ares, Ángela c/ Brito, Juan s/ Daños y perjuicios”; Ac.
C101790 29/4/2009 “Alegre, Lucía c/Escalante, Mario”) respondiendo el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva.(SCBA, Ac. C 105708 17-8-2011, “Vitali, Hugo y otro c/ Ficucheli, Crisino y otros” y Ac 88384 9-11-2005, “V., R. A. y. o. c/ F. P., R. O. s/ Daños y perjuicios”; esta Sala causa N°55314, 20/10/2011; “Orradre, Oscar A. c/Reble, Luis O. y ots. s/Daños y Perjuicios”). El art. 1113 del Código Civil impone a cada dueño o guardián demandado la alegación y prueba de la ruptura total o parcial del nexo causal, es decir la acreditación de la eximente que invoca (conf. “El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas”, LL 2006-F-1361). En muy anteriores antecedentes de este Tribunal y en los inicios del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del riesgo creado, sostuvo que acreditada la intervención activa de la cosa el dueño o guardián demandado debe probar –inexcusablemente- la causal liberatoria de responsabilidad, total o parcial” (S.C.B.A.
Ac.33155, 8/4/86, “Sacaba de Larosa” A.y S. 1986-I-524, La Ley 1986-D-479 con nota de Félix Trigo Represas; C.S. 22/12/87 “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Pcia.de Bs.As.” L.L. 1988-D-296 con nota de Atilio Alterini; cf. esta Sala, causas Nº 55.548, 08/11/11, “Mayo...”; N°54831, 12/07/13 “Liberti Néstor y Arellano Nancy c/Trinidad S.A. s/ Ds. y Pjs.). En otro precedente se resolvió que “previsoramente, hace algunas décadas y con relación a otro régimen legal, sostuvo Spota "que el presunto responsable debe observar en el juicio una conducta procesalmente positiva. Esto equivale a decir que ha de "identificar" la causal de exoneración de la responsabilidad" (aut. cit. "La responsabilidad por choque de vehículos" JA t. 1943-II, 36 y sigtes.; esta Sala, 11/6/1996, “Alvarez” L.L.Bs.As.1996-791).
En uno de los fallos que se cita en el agravio la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci hizo suyas las afirmaciones que expuse en otra oportunidad :"la promoción de la demanda opera como una suerte de hecho cuasi constitutivo, por lo que el dueño o guardián demandado deben tener un rol activo y dinámico desde que tienen a su cargo la alegación y prueba de los hechos extintivos, invalidativos u obstativos (S.C. Justicia Mendoza, sala 1ª, 27/12/91, "Martínez, Jorge c. Verdaguer Correas Carlos" JA 1993-I-333; ésta sala, causa cit., "Lucas c. Recchia" y “Alvarez” L.L.Bs.As. 1996-791 y nº 48.042, “De La Canal...” y nº 48.043, “Navarro...” sentencia única del 28/11/06; esta Sala recientemente Causa N° 54.831 12/7/2013 “Liberti Nestor H. y Arellano Nancy V. c/Trinidad S.A. o La Trinidad S.A. s/ Daños y Perjuicios”).
Este marco jurídico es el que rige los dos hechos litigiosos:
los daños derivados del choque entre el camión y la camioneta y los producidos con ocasión del transporte de Pereyra que viajaba en la citada camioneta, conducida por Mendoza.
2. 1. Para emplazar jurídicamente el supuesto fáctico derivado del transporte (de Pereyra), y prescindiendo de apreciaciones dogmáticas, cabe acudir a la opinión jurisprudencial vinculante de la Corte Bonaerense y anteriormente analizada por este Tribunal (esta Sala sentencia única del 05/12/00 en causas N° 41837 “Fittipaldi Luis y ot. c/Medina de Burlak María L. y ots. s/Ds. y Pjs.”, N° 41835 “Goñi de Ortigoza Marta y ots. c/ Medina de Burlak María L. y ots. ” y N°41836 “Rodríguez Alberto Reyes y ots. c/Medina de Burlak María L. y ots. s/ Ds. y Pjs.”). Se sostuvo allí que “rige la doctrina del riesgo creado que regula la responsabilidad civil extracontractual en materia de transporte oneroso o benévolo” (art. 1113 2° párr. “in fine” Cód. Civ.) porque “siendo de naturaleza extracontractual la responsabilidad del transportista por el daño ocasionado al pasajero, la prescripción aplicable es la bienal” (S.C.B.A. Ac. 34147, 17/09/85 “Rossi José c/ Transportes Automotores San Lorenzo S.A. y Zoppi, Enrique”, A. y S. 1985-II-683; Ac. 35178 29/10/85 “Tezeira María R. c/ Sargento Cabral S.A. de Transportes”, A. y S. 1985-III-302). En estos precedentes se acudió a la opinión de Acuña Anzorena quien afirmaba que “para que la responsabilidad sea contractual resulta indispensable que el daño provenga de la inejecución de una obligación creada por el contrato” (aut. cit. “Estudios sobre responsabilidad civil”, p. 154), añadiéndose que la responsabilidad del transportador por el daño que sufran sus pasajeros no deriva de la obligación creada por ese contrato “sino que tiene su razón de ser en un deber jurídico preexistente al propio convenio celebrado entre las partes” (esta Sala, causas 38336, 03/06/97 “Olivera, Ramón c/ Rodríguez Gerardo” y N° 38337, 03/06/97 “Olivera Ramón c/ Mapfre-Aconcagua Cía. de Seguros S.A. s/ Acción de nulidad”, D.J.J. T.154 p. 381).
Luego esa doctrina fue trasladada al transporte benévolo en el que –expresa y asertivamente- se acudió a la responsabilidad extracontractual fundada en el art. 1113 2° párr. “in fine” Cód. Civil, ya que “en el campo aquiliano la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa es objetiva” (S.C.B.A. Ac. 56514, 05/07/96, “Iriosola José c/ Rojas, Alfredo”; Ac. 56515 “Ferrero de Torres Adriana c/ Rojas Alfredo”; esta Sala causa cit. supra 38336 “Olivera”).
Predomina en la doctrina jurisprudencial y autoral que el transporte benévolo se ubica en el terreno extracontractual disintiéndose sobre el sustento subjetivo (art. 1109) u objetivo (art. 1113) del deber de resarcir (ver Trigo Represas, Félix en Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones” T. IV, p. 558; Piedecasas Miguel A. “Transporte benévolo”, en Revista de Derecho de Daños. Accidentes de Tránsito, II-b p. 163; Sagarna, Fernando “Responsabilidad civil por el transporte terrestre de personas”, p.39 –aunque acudiendo a la culpa subjetiva del art. 1109 Cód.Civ.; Vázquez Ferreyra, Roberto-Fiscella, María E. “Contrato de transporte”, p.165; en contra: por la tesis contractual Kemelmajer de Carlucci y Mosset Iturraspe cit. por José M. Curía “Actualidad en la jurisprudencia mercanti” L.L. 1196-D-1160). En esa orientación, y como ya se dijo, la doctrina legal casatoria emplaza la “quaesto iure” en el art. 1113 2° párr. “in fine” Cód. Civil (ver “El transporte en la Suprema Corte de Buenos Aires” en “Daños en el Transporte”, Revista de Derecho de Daños N°7 p. 210; esta Sala sentencia única del 05/12/00 en causas N° 41837 “Fittipaldi”, N° 41835 “Goñi de Ortigoza” y N°41836 “Rodríguez”). La Suprema Corte de Buenos Aires reiteró luego su doctrina legal al afirmar que “en el campo aquiliano la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa es objetiva, y el art. 1113 2° párrafo del Código Civil no contiene distinción alguna para el supuesto del transporte benévolo, ni está condicionado su funcionamiento a que la víctima no haya participado gratuitamente de la cosa” (S.C.B.A. Ac. 82765, 30/03/2005 “Durán Osmenia c/ Tulián Héctor s/ Ds. y Pjs.”).
2.2. Empero, lo expuesto no significa soslayar que últimamente se han verificado algunos cambios y ajustes en la jurisprudencia casatoria, objetivando la responsabilidad del transportista pero en la esfera contractual (S.C.B.A. Ac. 88599, 3/3/2010 “C.O. y ot. c/ Transporte Ideal San Justo S.A. y sus remisiones). En efecto “el transportista asume una típica obligación de resultado, consistente en el traslado del pasajero sano y salvo a su lugar de destino. Su deber jurídico, a tenor de tal contrato, no se limita al mero traslado; se integra, entre otros, con el inherente al resguardo de la seguridad del pasajero” (S.C.B.A. Ac. C94657, 29/12/200/ “López Fernando c/ Russo Angel s/ Ds. y Pjs.”; Ac. C95720, 15/09/2010 “Ferreyra Cristobal c/ General Tomás Guido S.A. s/ Ds. y Pjs.”; Ac. C106978, 29/05/2013 “Ramírez Juan V. c/ Figueredo Ojeda Aníbal s/ Ds. y Pjs.”). En suma: la naturaleza objetiva de la responsabilidad del transportista (sea o no ese transporte oneroso o gratuito); (arts. 184 Cód. Civ.; 1113, 2° párr. “in fine” Cód. Civ.), y para lo que aquí interesa, supone en todos los casos que la eximente, vinculada con el hecho del tercero, opera cuando la intervención de ese tercero reúne las características del caso fortuito, cuya hipótesis se libera al transportista (Ac. C106978, 29/05/2013 “Ramírez Juan V. c/ Figueredo Ojeda Aníbal s/ Ds. y Pjs.”). Ello así, además de destacar que la aplicación de la responsabilidad civil en la órbita extracontractual deriva también –en el caso- de la aplicación de lo prescripto por el art. 1107 Cód. Civil y porque los actores son damnificados indirectos (arts. 1078, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.)
IV. 1. La valoración en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de la totalidad de las pruebas rendidas en estos dos procesos y en la causa penal, conducen a tener por acreditado que el 31 de Mayo de 2003, aproximadamente a las 19.30 hs. a la altura del kilómetro 181 de la Ruta Nacional Nº 3, en dirección Norte-Sur, es decir en sentido Monte-Las Flores, el camión Dodge DP 400 dominio B961.798 (propiedad de Jorge Antonio Arbiza) y que conducía Jorge Matías Fumiatti se encontraba detenido sobre la banquina -más bien estacionado- (la actora a fs. 10 de la causa “Arbiza” manifestó que a raíz de un desperfecto mecánico se vio obligada a dejar allí el camión a las 14.50 hs. para que el chofer fuera a la ciudad de Las Flores en busca de auxilio). El vehículo carecía de adecuada y suficiente señalización y balizamiento. En tales circunstancias fue embestido, sobre la banquina, en su parte trasera izquierda ("parte terminal del larguero (viga doble T) de la caja de carga”; según la pericia de fs. 230 de la causa penal) por la parte frontal (“sector medio delantero derecha”, conforme esa pericia) de la camioneta Peugeot 504 dominio WUI 971 que conducía Oscar David Mendoza, cuyo dueño es Zulema Liliana Lompar, y que circulaba a una velocidad no superior a los 80 Km/h. A raíz del fuerte impacto y del posterior incendio de la pick up, fallecieron su conductor (Mendoza) y sus dos acompañantes, Andrés Pereyra (cuya madre Noemí Curuchet es la aquí reclamante) y Martín Alejandro Redolatti. Como ya mencioné en la causa “Arbiza” (expte. 51984/05) el actor Jorge Antonio Arbiza -el dueño del camión- demandó a Zulema Liliana Lompar (la propietaria de la camioneta) y a Silvia Liliana Molina (esposa y heredera del conductor Oscar D. Mendoza, omitiéndose –agrego- integrar la litis con las restantes herederas, las hijas del matrimonio R.M., M.E.M. y A.C.M.). En el otro proceso (causa “Curuchet”) la madre de quien era transportado en la camioneta y que falleció -Andrés Pereyra- demandó a los herederos de Mendoza, el chofer de la pick up, y al dueño del camión, Jorge Antonio Arbiza, citándose también en garantía a la Perseverancia Seguros S.A. Destaco las siguientes circunstancias que son relevantes:
-El camión se encontraba estacionado en el lugar e inmovilizado desde un par de horas antes (a partir de las 14:50 hs); -El hecho ocurrió de noche, sin luz solar ;
-El camión estaba estacionado sobre la banquina. Las fotos obrantes en la causa penal, especialmente -las de fs. 57/58- son elocuentes: la Ruta Nacional 3 está dividida en dos carriles y a su finalización comienza la banquina (de entre 2,10 metros, como lo da cuenta el acta de constatación de fs. 1 vta. de la causa penal o 2,6 metros según la pericia de fs. 228 también de la causa penal 1872). Luego continúa la misma banquina, de varios metros más (en los informes no se especifican la cantidad de metros aproximados pero las fotos permiten inferir que tiene más de 3 metros; entre 3 y 6 metros), tramo que está sin pavimentar y es de pasto. Desde ahí comienza el préstamo, entendido como tal la zona comprendida entre la banquina y los alambrados. Queda claro, entonces, que la banquina es bastante ancha, y se integra con una parte pavimentada y otra de pasto. En el medio de ambas se encuentran los restos del incendio de la camioneta, por lo que está ubicada entre dos y tres metros- aproximadamente- de la línea blanca que divide el carril de circulación del inicio de la mentada banquina que continúa en el préstamo. En este punto aclaro que considero banquina, conforme lo prevé el art 9 ley 11.430, no sólo a la “zona adyacente y de continuidad paralela al borde de la calzada de una ruta o carretera…de no menos de tres metros de ancho a partir del borde de la calzada“ (consistente en los 2,6 metros asfaltados a los que se refiere la citada pericia de fs. 228 de la causa penal), sino también su prolongación sobre el pasto, y en una superficie igual o superior a esa medida (fs. 57/ 58 causa penal). -El acta de constatación y la pericia obrantes en la causa informan, sin dudas, que el camión carecía de luces y de cualquier tipo de balizamiento (sic, fs. 230/ 232 causa penal).
-La banquina, en la parte pavimentada, tiene adheridos al piso de material consistente los denominados “pianitos”, es decir pequeños separadores destinados a desalentar la circulación en ese tramo, que - reitero- corresponde a la banquina. De ese modo el diseño de esa parte de la ruta no permite que los autos circulen en ella, al menos de manera habitual.
-El camión, que tenía una caja volcadora y transportaba leña, carecía de adecuada y suficiente señalización y balizamiento. -La camioneta, que portaba un trailler con una lancha, se desplazaba a una velocidad no superior a 80 km /h.
-La camioneta impactó con su parte frontal.
-El camión fue embestido en el sector trasero izquierdo.
-Quedó firme la aseveración de la sentencia de que la ciudad de Las Flores está a 5 kilómetros del lugar y que el conductor del camión no requirió la asistencia de la concesionaria vial de la ruta (arts. 260 y 261 C.P.C.).
2. Esta reconstrucción de los hechos se desprende de la valoración e integración de la prueba producida. La pericia de la causa penal de fs. 228/ 233 y la pericia planimétrica de fs. 227, integradas con las fotos de fs. 38/40 y 55/62, el acta de constatación de fs. 1/2, el croquis de fs. 3, y las pericias técnicas sobre el estado de los dos vehículos de fs. 36/37 (causa penal), ponen de relieve que el camión estaba estacionado sobre la banquina, más precisamente en su parte media, entre los dos tramos que la integran (la parte pavimentada y la de pasto) paralelo a la calzada. “El camión estaba detenido, con las luces apagadas y sin ningún tipo de balizamiento previo” (sic, fs. 230 causa penal), lo que surge del minucioso informe de las lámparas de fs. 233 que explica que de las tres lámparas del camión dos se encontraban apagadas (de acuerdo al análisis de sus filamentos) y la tercera no se puede determinar lo que “no significa que estaba prendida o apagada” (sic, fs. 230 y vta.). Pero, aún en el caso de que se encontrara encendida, ello resulta notoriamente insuficiente para alumbrar un camión detenido de noche en la ruta (arts. 901 y 906 Cód. Civ. y arts. 384 y 163 inc. 5 C.P.C.). La descripción que efectúa el perito policial Gioa en el sentido de que buscó rastros de acrílicos o plásticos u otra balizas, y que no encontró nada (conf. “in extenso” fs. 228 y vta. causa penal), es revelador de que el camión carecía de un balizamiento y señalización mínimo. Sobre el tópico, y en lo pertinente, dice el perito que “el camión no estaba balizado en ninguna de las formas (baliza retrorreflectante de acrílico con forma triangular, baliza lumínica a combustible con forma de bochas de cubiertas quemadas). La búsqueda de dichos restos era para el supuesto de que el camión hubiese estado balizado y la camioneta pasó por encima de dicho balizamiento”(sic, fs. 228 vta.). Esta pericia del oficial Gioia tiene significativo valor probatorio no sólo por lo convincente de sus conclusiones y la razonabilidad de sus fundamentos, sino también porque el relevamiento de elementos de juicio se practicó de inmediato al hecho, el perito continúo trabajando a la mañana siguiente, ya de día, y cotejó las restantes constancias colectadas, obteniendo información del personal de bomberos y policial (conf. pericia fs. 227/ 232 de la causa penal, arts. 384 y 474 C.P.C.).
3. En lo relativo a la luz existente en el lugar del hecho es evidente que las 19:30 horas de un día del mes de Mayo, en esta zona, no hay luz solar y la visión sólo es posible con las luces de los vehículos encendidas (arts. 17 inc.20 y 58 incs. 2 y 3 ley 11.430). Además “no existía fenómeno meteorológico (neblina, lluvia, etc) que afectase la visibilidad” (sic, pericia fs. 229 vta. expte. penal). El acta de constatación es clara en que en la hora indicada era de noche: los agentes policiales llegaron a las 19:45 horas y “vieron las luces de varios vehículos detenidos” y las llamas del incendio de la camioneta (fs. 1/2 vta. causa penal). A su vez el testigo Redollatti que arribó de inmediato declaró que “era de noche” (fs. 153/ 155 causa penal). Los testigos –policías y bomberos- que asistieron a las víctimas, también relatan que el camión estaba detenido en la banquina (conf. testigos cabo Gastón A. Bianchini, fs. 22; agente Sebastián Lemma fs. 23; los miembros del cuerpo de bomberos de Las Flores, Bertini, Gómez, Dimartino, Fernández, fs. 141, 147, 148, 149; arts. 384 y 456 C.P.C.). Por la hora de ocurrencia del hecho la presencia del camión detenido (sin luces ni balizamiento) no era visible para los otros conductores, contrariamente a lo que sostienen los agravios que alegan que varios testigos vieron efectivamente al camión detenido y que por lo tanto Mendoza también debió verlo. Los testigos que pasaron por el lugar y que advirtieron la presencia e identifican el camión estacionado lo hicieron en distintas horas (el camión estuvo estacionado después de las 14:50 horas) y no dicen concretamente que de noche el mencionado camión era fácilmente visible pese a la ausencia de luces. Otros testigos manifestaron que vieron el camión después del choque (conf. testigos Mauricio Redollatti, fs. 153/155; Justo Ibarra, fs. 156/157; Valeria Ferray fs. 177/178, Laura Iacomini fs. 188/ 189; arts. 384 y 456 C.P.C.).
No es posible atribuir a los testigos que hayan manifestado que pese a la oscuridad, y en ausencia de luces y balizas, a la hora del accidente y en momentos inmediatos anteriores, el camión se veía con facilidad. De los dichos de Gabriel D. Malgarelli (fs. 206 vta./207) no surge una aseveración categórica y convincente en ese sentido; y Carlos A. Plini - que sí declaró que vio a ese camión- manifestó, en cambio haberlo hecho “muy por encima por la oscuridad y la falta de señalización” (fs. 250; conf. también declaraciones de Duarte fs 208/209). Laura I. Iacomini en ocasión de prestar declaración en sede civil fue categórica en que el camión no tenía señalización porque cuando lo vio era de día (causa “Arbiza” fs. 153, a tenor del interrogatorio de fs. 146); Gabriel D. Marnarelli manifestó que no “tenía señalización” y que “cuando pasó por el lugar era de tardecita y no era posible divisarlo a más de 200 metros, ya había bajado el sol y no tenía señalización” (fs. 153). En cambio, Mauricio Damián Redolatti, al reiterar en el juicio de daños sus dichos anteriores vertidos en el expediente penal, manifestó que el camión no tenía “señalización ni luces”, siendo además que se detuvo, junto con su novia, para procurar ayudar en la emergencia cuando advirtió que un sobrino suyo viajaba en la camioneta (fs. 179 expte. citado). En el mismo sentido de que el camión no tenía luces ni señales, se expidió Justo Ibarra quien pasó por el lugar unos 20 minutos antes del choque (fs. 181 expte. cit. “Arbiza”). En definitiva: no es posible extraer – como lo hace el esforzado agravio de la representación procesal de Arbizaque los testigos pudieron visualizar sin problemas al camión y que si Mendoza no alcanzó a verlo fue por su actuación imprudente (arts. 384 y 456 C.P.C.).
En orden al aporte testimonial destaco, por resultar de importancia, que también declararon en la causa penal el Sr. Jorge Antonio Arbiza y los hijos de su pareja (la dueña del camión) Ramón Emilio y Marcelo Rodrigo Franco (quien ayudó a descargar la leña), los que detallan que el choque ocurrió mientras ellos intentaban enganchar el camión a otro vehículo, tirando de una lanza para sacarlo del lugar, oportunidad en la que se produjo el impacto. Del relato y detalles que mencionan no media ninguna alusión puntual diferente sobre la mecánica colisiva que describí ni sobre la visibilidad del camión en la ruta (fs. 295/ 296 y fs. 290/ 291 causa penal).
4. Es importante analizar la alegación de los apelantes, fundada en la transcripción textual de la pericia, en el sentido de que la camioneta “circulaba previo al impacto por la ruta nacional Nº 3, por la banquina adyacente a la mano” (fs. 229) o que “comienza a circular en la banquina adjunta a su mano”(sic, fs. 232). Pese a que la redacción de ambas frases (que recoge el perito ingeniero Héctor R. Rodríguez a fs. 199/ 203 y 219/ 220 de la causa “Arbiza”) podría llevar a la interpretación que propician los recurrentes, lo cierto es que conforme resulta de la apreciación de esas mismas pericias, de los propios dichos de ambos expertos, y del resto de las constancias, no puede entenderse que la camioneta estaba circulando por la banquina, es decir que se desplazaba utilizándola como una carretera y en reemplazo de la ruta. En tal caso sería evidente que esa infracción a las reglas de tránsito tendría significación causal en el hecho (arts. 17 inc.20, 47 inc.6, 51 inc.3, 58 incs.1, 2, 3, 5, 59 inc.1, 4, 7, arts. 76 inc.3, 77 inc.3b, 82 inc.2, 103 inc.4 y concs. ley 11.430 –T.O. ley 12.564; arts 901, 906, 1111, 1113 y concs. Cód. Civ.).
En efecto: en la banquina no es posible circular con normalidad porque -como lo dije- tiene “pianitos” que dificultan su tránsito rápido (fotos fs. 57/ 58 causa penal), lo que denota que es una zona dispuesta para la detención o estacionamiento de los vehículos, pero que no permite una circulación regular. Por otro lado las mismas pericias explican que el punto de impacto está ubicado “inmediatamente anterior a la parte terminal del larguero izquierdo de la caja” del camión con “el sector medio derecho delantero de la camioneta”(sic, fs. 230 causa penal) y que no se registran huellas de frenado de la camioneta, lo que “descarta una maniobra de frenado violento previa al impacto” las que, en cambio, se advierten entre la camioneta y el tandem trailler-lancha, o -como dice el perito ingeniero- “solamente se pueden observar algunas frenadas y huellas de arrastre entre el trailler que llevaba el bote y la camioneta” (sic, fs. 220 causa “Arbiza”). Más aún: el perito policial analiza las tres hipótesis de ocurrencia del hecho y sostiene que el choque en la banquina, conforme las circunstancias, particularmente por la ausencia de rastros de frenada de emergencia, puede obedecer a: que el conductor no vio el camión detenido; o que iba distraído; o que estaba somnoliento (lo que descarta por el horario de salida de Fumiatti y porque la noche antes durmió en su casa). Luego sostiene que la hipótesis más probable es “que por la mano con sentido de circulación a la mano que él circulaba, se produjo un sobrepaso y la camioneta, al haber banquina asfaltada, se desvía a la misma por una cuestión de seguridad – maniobra muy normal en ese trayecto de ruta” (sic, fs. 232). Ello así, también, por el “leve ángulo de los daños, lo que indica que la dirección al momento del impacto con respecto al camión, era angular, es decir, intentó una maniobra evasiva (cosa que si está dormido es concéntrica)” (sic, fs. 232 causa penal). Por consiguiente la apreciación que hace el perito Gioia desde el punto de vista de la accidentología vial es compatible con los enunciados de la causalidad adecuada en el marco de la responsabilidad por riesgo creado (arts. 901, 906, 1113 y concs. Cód. Civ.).
En definitiva: está acreditado que la camioneta conducida por Mendoza y que portaba una lancha no se desplazaba por la banquina (que tiene “pianitos” que dificultan su marcha) a una velocidad rondante los 75 km/h, sino que, como las cosas -en ausencia de prueba en contrariosuceden de ordinario, según su curso normal (arts. 901 y 906 Cód. Civ. y arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.), por el lugar del impacto y por las partes de embestimiento de ambos rodados, la pick up iba por la ruta, sobre la calzada. Y se desvió hacia su banquina derecha por una maniobra propia de las contingencias del tránsito (reitero que el Juez de Grado, siguiendo la pericia del expediente penal, dice que seguramente derivó de un intento de sobrepaso de otro vehículo que venía en sentido contrario a la camioneta) que la llevaron, en la emergencia, a utilizar la banquina que se encontraba obstruida por la presencia sorpresiva de una camión estacionado y sin señalización ni balizamiento, lo que al procurar retomar el centro de la calzada, provocó el siniestro.
5. Ya mencioné el lugar del denominado pericialmente “punto de impacto”, que no hay huellas de frenada, y que el camión detenido obstruía el paso de la camioneta que se desplazaba a velocidad compatible con el tránsito en la ruta, a más de 70 km/h pero menos de 80 km/h. Ambas pericias, las de la causa penal y la de éstos autos, coinciden en que Mendoza transitaba a una velocidad que las fórmulas físico y matemáticas ubican en los 72,3 km/h y en el rango de 55 a 83 km/h según las fórmulas de mediciones por los pliegues o daños reflejos, que también efectuó el oficial Gioia. Lo que lo lleva a concluir que la velocidad sería superior a los 72,3 km/h cuantificados por la suma del trabajo de deformación y rotura del camión (fs. 231 vta. causa penal). El ingeniero Rodriguez la estimó en 76,94 km/h (fs. 199/203 y fs. 219/220 causa “Arbiza”; arts. 384 y 474 C.P.C.). Cabe también puntualizar que el análisis objetivo e integral de las pericias no permite concluir -como lo hacen los agravios- que los expertos hubieran dictaminado técnicamente que Mendoza manejaba distraído y que no vio al camión estacionado. Gioia mencionó que en la ocurrencia del hecho concurren tres factores: ambiental, vehicular y humano y al examinar cada uno de ellos aludió a cuatro hipótesis determinantes del factor humano. Así se inclina -luego de enumerarlas- por la maniobra de sobrepaso como causa del desvío de la camioneta hacia la banquina (fs. 232). Lo mismo cabe decir de las aseveraciones del ingeniero Rodríguez de que “el conductor de la camioneta no pudo advertir la presencia” del camión (fs. 199/ 203 causa Arbiza). Por otro lado es evidente que estos aspectos del dictamen no tienen valor probatorio automático porque implican la opinión de los expertos cuando aluden a la causalidad material o física, y no a la jurídica, por lo que en tal sentido su eficacia probatoria debe integrarse y compatibilizarse con las restantes pruebas (arts. 384, 474 y concs. C.P.C.). Además las referencias y calificaciones de los rodados como embistente o protagonista activo no significan por sí misma atribución de responsabilidad.
6. Por lo expuesto soy de la opinión de que el lamentable suceso reconoce su única y excluyente causa adecuada en la actuación de la cosa riesgosa (el camión) que al estar detenido sin suficiente señalización y balizamiento, constituyó un obstáculo insalvable e imprevisible para el conductor de la camioneta que se desvió hacia la banquina (arts. 901, 906, 1113 2° párr. 2° sup. Cód. Civ.; arts. 17 inc.20, 47, 47 inc.4, 51 inc.3, 58 incs.1, 2, 3, 5, 59 inc.1, 4, 7, 24; 76, 76 inc.3, 77 inc. 3b, 82 inc.2, 103 inc.4 y concs. ley 11.430 –T.O. ley 12.564; arts 901, 906, 1111, 1113 y concs. Cód. Civ.; arts. 384, 385, 386, 456, 474 y concs. C.P.C.).
V. 1. A partir del basamento fáctico analizado, y conforme lo puntualizan los agravios, procede examinar la incidencia causal de las infracciones de tránsito, las que reafirman las conclusiones precedentes. La operatividad autónoma del estacionamiento prohibido (y peligroso) del camión como única causa del siniestro vial surge del juicio de probabilidad póstumo (arts. 901, 906 y concs. Cód. Civ.).
El estacionamiento del camión sobre la banquina –aún por fuerza mayor- (arts. 59 inc.7 y 24 y art. 10 ley cit.) pero sin “tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito y en particular para asegurar, desde el crepúsculo y hasta el alba, la iluminación del obstáculo, ya sea con luces propias del vehículo o con luces de emergencia (art. 82 inc. 2 ley cit.), “entorpeció la circulación” (art. 76) generando “un grave peligro para los terceros y para la seguridad vial (art. 1), afectando la libertad y fluidez de la circulación por la ejecución de un acto “no autorizado.... que obstaculice la libre circulación de los vehículos” (art. 3). A una conducta activa (la generación del peligro) se le suma otra conducta omisiva: abstenerse de señalar con las “luces propias” del vehículo (art. 20 ley cit. y dec./reglamentario; art. 82 inc. 2) o con balizas (“señal fija o móvil con luz propia o reflector de luz, que se pone como marca para advertir de un peligro”; arts.10, 16 inc.20° y decreto reglamentario, 46, 47 inc.6°, 51 inc.3°, 59 incs.7° y 24°, 76, 77 inc.3b; 82 inc.2°, 85 inc.1° y decreto reglamentario incisos: 1) A), B), E) y luces adicionales B1).
El argumento del apelante de que la iluminación que prevé el art. 82 inc. 2 ley 11.430 sólo es aplicable a los vehículos detenidos en la vía pública y no en la banquina (conf. fs. 340/ 342 vta. expte. “Arbiza”) no tiene consistencia. Esa interpretación literal del artículo citado importaría derogar buena parte de las normas (mandatos expresos y determinados) y de los principios (mandatos indeterminados) que rigen el tránsito vial: deberes de garantizar la seguridad, fluidez y libertad del tránsito, de preservación de la normalidad de la corriente y de abstención de realizar maniobras peligrosas entre otros (ver López Marcelo “Responsabilidad Civil por accidentes de tránsito” p. 147 y ss.). También importaría soslayar las prescripciones de otros artículos, especialmente de la reglamentación del tránsito (art. 20) que imponen las luces obligatorias adicionales y suplementarias para los automotores. La norma prevé para “los automotores en general” luces de emergencia – balizas de uso obligatorio en estado de emergencia o inconveniente mecánico que torne imperioso detener el vehículo fuera de la calzada y mientras funcione el sistema eléctrico (art. 16 inc.1.E). Pero además, y dentro de las “Luces Adicionales” se prevén “Luces de Emergencia” que podrán ser “balizas móviles con luz propia, alimentadas a combustible, pilas, batería, retroreflectantes de color rojo. Su uso, será obligatorio para advertir con la debida anticipación la presencia en la vía pública, calzada o banquina de obstáculos circunstanciales, vehículos averiados o estacionados por razones de fuerza mayor, cargas diseminadas, etc.” (art. 20 del reglamento de la luz de tránsito “luces adicionales” B. 1). Insisto: las luces para emergencias (balizas móviles con luz propia) son de uso obligatorio para advertir, con la debida anticipación la presencia en la vía pública, calzada o banquina de obstáculos circunstanciales, vehículos averiados o estacionados por razones de fuerza mayor...” (art. 20 inc. b del reglamento de la luz de tránsito “luces adicionales” B).
Por lo demás el supuesto en examen no debe encuadrarse como un caso de detención del camión (propiedad de Arbiza) sino de estacionamiento (art. 85 ley 11.430 –T.O. ley 11.768). La detención del rodado alude más bien a una parada momentánea y en área donde “está admitido el estacionamiento para la subida o bajada de personas, o bien por otras exigencias de brevísima duración” (Tabasso Carlos “Fundamentos del tránsito”, p.198; Areán Beatriz “Juicio por accidentes de tránsito” T.2 p.396, 402 y ss.). En cambio el estacionamiento supone una “cierta continuidad” de tiempo y “suspensión de la marcha de vehículo prolongada en el tiempo” (Areán ob. cit. p. 412) (el camión estuvo estacionado desde las 14.50 hs. hasta las 19.30hs.), con posibilidad de alejamiento del conductor (Fumiatti se trasladó a Las Flores para buscar auxilio), y el egreso del flujo activo de la circulación “con el motor apagado” (Tabasso, ob.cit. p.199). Pero aún en esas condiciones el estacionamiento de emergencia requiere balizamiento, lo que “constituye una medida adicional de seguridad dado el carácter altamente peligroso que representa un obstáculo fijo situado en la zona inmediata a la calzada” (Tabasso, ob.cit. p. 204). El art. 85 inc. 11 ap. a) ley 11.430 –T.O. ley 11.934- prohibe el estacionamiento en “lugar que puede afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito...”. En la doctrina se destaca la importancia de la colocación de balizas “para alertar a los usuarios de la vía pública de la presencia del vehículo” (Sagarna, Fernando Alfredo “Responsabilidad por daños causados por automóvil detenido en una autopista”, L.L. 2002-A, 243, en anotación a fallo C.N.Civ. Sala H, 10/08/2001 “S., J. M. y ot. c/ Alfiro Mónica”).
2. Una consideración final. La actora acreditó que la aseguradora citada en garantía –La Perseverancia S.A.- pagó a Enrique Rodolfo Redolatti y Lilian Noemí Vivas –padres de Martín Alejandro Redolatti quien también falleció siendo transportado por Mendoza -$ 40.000- por todo concepto y “como importe vinculado al siniestro” (convenio fs. 112/115, 116/117). Aún cuando de los términos de ese acuerdo no resulta un expreso reconocimiento de deuda (art. 718 Cód. Civ.) toda vez que se hace referencia a la responsabilidad de terceros (entiendo que en referencia a Fumiatti) lo cierto es que, por vía de principio, ese acto tiene significación en el comportamiento total de la aseguradora (arts. 163 inc.5 y 384 C.P.C.). Pero su valor indiciario no puede prevalecer y desplazar la categórica y sólida conclusión contraria: no medió responsabilidad del obligado directo que conlleve la responsabilidad de la aseguradora (arts. 1, 2, 109, 110, 111, 112 y concs. ley 17.418).
3. Las infracciones del conductor del camión a las normas citadas que regulan el tránsito constituyen los hechos materiales que confieren sustento jurídico al comportamiento causal del camión (como cosa de riesgo) como excluyente factor eficiente en la producción del siniestro. Ha dicho la Suprema Corte que “el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión, y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquel. Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas” (Ac. 37.535, “Cardone…”, DJJ, 135-171, entre otros). La Suprema Corte adopta la posición según la cual, el juez para determinar la relación causal adecuada contenida en el arts. 901, 906 y conc.CC debe formular ex post facto un juicio de probabilidad, o pronóstico póstumo u objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible que se aprecie en abstracto (Compagnucci de Caso, Rubén “Responsabilidad Civil y relación de causalidad”, p.30; Bustamante Alsina, Jorge “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p.220/221; esta Sala causa N° 50199, 10/05/07 “Vulcano, Rosa María c/ Sanatorio Tandil s/ Ds. y Pjs.”).
La brusca y repentina aparición de un obstáculo en la banquina, de noche y sin señalizar, no constituye “la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que en el curso ordinario del tránsito pueden presentarse de manera más o menos imprevista” frente al cual (el conductor de la camioneta) “debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esa emergencia”. Circular por la ruta no significa la asunción de “la posibilidad cierta” de encontrarse un camión estacionado (doc. S.C.B.A. Ac. C100562, 22/12/2010 “Montaña Lucila c/ Diogo Eduardo s/Ds. y Pjs.).
A título complementario, y en situaciones fácticas parecidas, este Tribunal decidió que la única causa adecuada del siniestro radicó en el comportamiento del conductor del camión que atropelló al peatón que estaba parado en la banquina, a cinco metros de la cinta asfáltica (esta Sala causa N° 49377, 29/06/2006 “Eivers Alberto c/ Schmidt Sergio y ot. s/ Ds. y Pjs.”) y que medió incidencia cocausal (del 20%) del automóvil que se desplazaba en la ruta por su carril, pero sin las luces obligatorias encendidas (art. 58 inc. 2 ley 11.430) y dificultó su visibilidad por parte del conductor que transitaba por el carril contrario y que lo embistió en un intento de sobrepaso a otro rodado (esta Sala causa N°52462, 04/12/08 “Mónaco Ana María c/ Suárez Olga y ots. s/ Ds. y Pjs.”, voto de la mayoría).
En definitiva: la presencia del camión, en las condiciones anteriormente reseñadas, otorgan al accionar de esa cosa de riesgo y al comportamiento culpable de su conductor la entidad de única causa jurídica desencadenante del evento, mientras que la ocupación de la banquina por la camioneta constituye una mera condición material, que no se erige en concausa. Por ello se acreditó la ruptura total del nexo causal que exime de responsabilidad al dueño y guardián de la camioneta y se configura el hecho del tercero por el cual el transportista (Mendoza) no debe responder frente al transportado (Pereyra; art. 1113 Cód. Civ.).
VI. Una acotación final. La sentencia de Primera Instancia en la causa “Curuchet” (expte. 53447) rechazó la demanda promovida por la madre del transportado contra el dueño de la camioneta que lo trasladaba (Mendoza) y su aseguradora (La Perseverancia Seguros S.A.) pero omitió admitir la demanda y condenar al dueño del camión –Jorge Antonio Arbizacomo el único responsable cuya actuación –para el transportista- constituyó el hecho del tercero por el que no debe responder (arts. 184 y 1113 Cód. Civ.). Arbiza –como se anticipó- fue citado coactivamente al proceso en el carácter de tercero obligado (fs.62 vta. punto V) y compareció en esa condición (fs. 166/170 y proveído fs. 174). Pero la omisión de la condena de Arbiza (que incluye el análisis de la procedencia y cuantía de los daños reclamados) fue consentida por la actora perdidosa –Curuchet- por lo que en tal sentido la sentencia devino firme y consentida y por lo tanto resultó que Arbiza fue excluido de la condena (arts. 184 y 1113 Cód. Civ.; arts. 163 incs. 2°, 5° y 6°, 164, 166, 242 inc.1°, 254, 260, 261, 272, 273 y concs. C.P.C.). En definitiva, la preclusión operada por el consentimiento de las partes en materia de derechos patrimoniales disponibles trae aparejada que este Tribunal carezca de competencia para analizar la cuestión (arts. 242 inc.1°, 260, 261 y concs. C.P.C.).
Por lo expuesto, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia recurrida, con costas a los apelantes perdidosos (art. 68 C.P.C.). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
A) Causa Nº 56.556 “Arbiza, Jorge Antonio c/ Lompart, Zulema Liliana y Otra s/ Daños y Perjuicios”.-
1. En atención al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y atento a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21 incs. 1º y 2º, 22, 23 2º párrafo, 28 inc. b y concs. del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes por la demanda que se rechaza, y en atención al monto reclamado en la misma ($ 29.000.-, cf. fs. 9 vta.) los del Dr. F.J.A., en su carácter de apoderado de la codemandada Sra. Silvia Liliana Molina, en la suma de Pesos ..........($ ..........-), los del Dr. A.V.C., quien actúa en el carácter de apoderado de la codemandada Sra. Silvia Molina y la citada en garantía “La Perservancia Seguros S.A.”, en la suma de Pesos ........ ($ ........-), y los del Dr. R.J.V.P., también como apoderado de la citada en garantía, en la suma de Pesos ....... ($ .......-), en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en el caso de que alguno de los letrados revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo, MODIFICÁNDOSE así, la regulación recurrida de fs. 265 vta. punto 3º de dicho expediente.
2. En atención al valor y mérito de los trabajos realizados, y según lo normado por los arts. 8, 9, 10, 12 y 16 del Título Primero y por los arts. 1º y 5º del Título Segundo del Decreto 6964/65, regúlanse los honorarios del perito ingeniero electromecánico Sr. H.R. R., en la suma de pesos ....... ($ ......-), con más el aporte establecido por ley e I.V.A. en caso de corresponder, MODIFICÁNDOSE así, la regulación objeto de recurso de fs. 265 vta. punto 3º de esas actuaciones.
3. Por los trabajos realizados ante este Tribunal, y de acuerdo a lo prescripto por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los emolumentos del Dr. A.V.C. (h), quien reviste el mismo carácter que el Dr. A.V.C., en la suma de Pesos un ...... ($ .......-), y los del Dr. N.G.D.G., como apoderado de la parte actora, en la suma de Pesos ......($ .........-), en ambos casos con más el aporte que por ley corresponda e I.V.A. de acuerdo a la condición que revista cada letrado ante dicho tributo.
B) Causa Nº 56.557 “Curuchet, Dora c/ Suc. de David Mendoza y Otros s/ Daños y Perjuicios”.
1. En atención al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y atento a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21 incs. 1º y 2º, 22, 23 2º párrafo, 26 2º párr., 28 inc. b, 47 y concs. del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los honorarios de los abogados actuantes, por la demanda que se rechaza, y en atención al monto reclamado en la misma ($ 500.000.-, cf. fs. 26 vta. “in fine”) los del Dr. F.J.A., en su carácter de apoderado de la demandada Sra. Silvia Liliana Molina, en la suma de Pesos ...... ($ ......-), los del Dr. A.V.C., quien reviste el mismo carácter que el Dr. F. J. A., en la suma de Pesos ........ ($ ......-), los del Dr. R.J.V.P., en su condición de apoderado de la citada en garantía “La Perservancia Seguros S.A.”, en la suma de Pesos ....... ($ .......-), y los del Dr. A.V. C., también como apoderado de la misma parte, en la suma de Pesos ....... ($ .......-), en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en el caso de que alguno de los letrados revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, en relación a los Dres. F.A. y R.V. P., y MODIFICÁNDOSE, respecto del Dr. A. V. C., la regulación en crisis realizada en la sentencia dictada en dicho proceso.
2. Por la incidencia resuelta a fs. 118 y vta., los del Dr. A.V.C., como apoderado de la demandada Sra. Silvia Molina y la citada en garantía “La Perservancia Seguros S.A.”, en la suma de Pesos ......($ .......-), y los de los Dres. M.A.D y A.G.G., quienes revisten el carácter de apoderados de la actora, en la suma de Pesos ........ ($ .........-) para cada uno, en todos los casos con más el aporte que por ley corresponda e I.V.A. de acuerdo a la condición que revista cada letrado ante dicho tributo, MODIFICÁNDOSE, respecto del Dr. A.V.C. y CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, en relación a los Dres. M.A.D. y A.G.G., la regulación atacada contenida en la sentencia apelada.
3. En atención al valor y mérito de los trabajos realizados, y según lo normado por los arts. 8, 9, 10, 12 y 16 del Título Primero y por los arts. 1º y 5º del Título Segundo del Decreto 6964/65, fíjanse los honorarios del perito ingeniero electromecánico Sr. H.R.R., en la suma de pesos ....... ($ ........-), con más el aporte establecido por ley e I.V.A. en caso de corresponder, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, la regulación objeto de recurso contenida en el pronunciamiento recaído en este proceso.
4. Por los trabajos realizados ante este Tribunal, y de acuerdo a lo normado por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los estipendios del Dr. A.V.C. (h), quien se desempeña en el carácter de apoderado de la demandada Sra. Silvia Molina y la citada en garantía “La Perservancia Seguros S.A.”, en la suma de Pesos ($ .........-), y los de los Dres. M.A.D y A.G.G., quienes revisten el carácter indicado anteriormente, en la suma de Pesos ......... ($ ...........-) a cada uno, en todos los casos con más el aporte establecido por ley corresponda e I.V.A. de acuerdo a la condición que revista cada profesional ante dicho tributo.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Juces Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA CUARTA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde: 1) confirmar la sentencia única dictada a fs. 374 bis / 383 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53447 –registro de Cámara Nº 56.557-) y a fs. 256/266 de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56.556-). 2) Imponer las costas a los apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) Confirmar –dada la forma de apelación- y modificar respecto de los letrados y perito intervinientes las regulaciones de honorarios efectuadas a fs. 265 vta. de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56. 556-) y de fs. 382 vta. / 383 y fs. 397 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53.447 –registro de Cámara Nº 56.557-), conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión. 4) Fijar la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia (en ambos procesos), de acuerdo a lo resuelto en la Tercera Cuestión.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces, Dres. PERALTA REYES y LONGOBARDI y por los mismos argumentos, adhieren al voto que antecede votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 17 de Septiembre de 2013.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia única dictada a fs. 374 bis / 383 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53447 –registro de Cámara Nº 56.557-) y a fs. 256/266 de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56.556-). 2) Imponer las costas a los apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) Confirmar –dada la forma de apelación- y modificar respecto de los letrados y perito intervinientes las regulaciones de honorarios efectuadas a fs. 265 vta. de la causa “Arbiza...” (expte. nº 51.984 –registro de Cámara Nº 56. 556-) y de fs. 382 vta. / 383 y fs. 397 de la causa “Curuchet...” (expte. nº 53.447 –registro de Cámara Nº 56.557-), conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión. 4) Fijar la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia (en ambos procesos), de acuerdo a lo resuelto en la Tercera Cuestión. 5) REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Fdo.: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Dra.María Inés Longobardi - Juez - Cámara Civil y Comercial – Sala II - Dr. Jorge Mario Galdós - Juez - Cámara Civil y Comercial – Sala II . Ante mí: Marcos Federico García Etchegoyen - Auxiliar Letrado – Cámara Civil y Comercial – Sala II.
Fin de la sentencia