Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial , Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia recurrida que admitió totalmente la demanda promovida por M. H. M. de C., por derecho propio y en representación de su hija menor G. E. C. C., y E. E. C. también por su propio derecho contra R. H. H. y F. M. L., y la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada;
2Declarar inadmisible por su insuficiencia formal el agravio del codemandado R. H. H. que impugna el monto de la condena;
3Revocar la sentencia en lo relativo a la condena de F. M. L., contra quien prospera totalmente la demanda;
4Confirmar, en lo restante y en lo que ha sido materia de agravios la sentencia apelada;
5Imponer las costas –en ambas instancias- a los demandados, apelantes perdidosos;
6Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Causa nº: 2-57332-2012 "M. DE C., M. Y OTROS C/ H., R. H. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 82 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 29 días del mes de Agosto del año Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, María Inés Longobardi y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "M. DE C., M. Y OTROS C/ H., R. H. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Causa N° 57.332), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres.
GALDÓS - LONGOBARDI - PERALTA REYES.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª - ¿Es justa la sentencia de fs. 408/415 vta.?.
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I) 1) M. H. M. de C., por su propio derecho, y en representación de su hija menor G. E. C. C., y E. E. C., promovieron demanda resarcitoria de daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su esposo y padre -R.M. C.- reclamando la indemnización de los daños patrimoniales y morales padecidos. Dedujeron la acción contra R. H. H. y contra F. M. L. y citaron en garantía a “Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”. Expresan que el fallecimiento del Sr. C. se debió al accidente de tránsito que protagonizó el 25 de enero de 2007, en la Avenida Estrada de Tandil, a la altura del 1300, en ocasión en que la víctima circulaba en bicicleta y fue violentamente embestido por el Fiat Duna Weekend dominio VWL-858 inscripto registralmente a nombre del codemandado L.. Señalan que H. embistió de frente a C. e invadió su carril contrario, por el que transitaba en bicicleta el esposo y padre fallecido.
Sustanciado el proceso se dictó la sentencia de Primera Instancia de fs. 408/415 que admitió la demanda deducida y condenó a R. H. H., y a la aseguradora “Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”, a pagar a las tres actoras la sumas de $ 2.120, a favor de M. H. M. de C. $ 170.000, para G. E. C. C. la suma de $ 100.000, y para E. E. C. la suma de $ 50.000. Dispuso que esos montos devengarán intereses a la tasa que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósitos a treinta días desde la fecha del hecho. Por otro lado desestimó la demanda promovida contra F. M. L., e impuso las costas a la demandada perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir consideró que la cuestión litigiosa estaba incidida por el resultado al que se arribó en la causa penal nº 2.354/07 caratulada: “H., R. H. s/ Homicidio Culposo” (en adelante expediente nº 2.354) que concluyó con la sentencia dictada a fs. 140/149 de esos autos que condenó a H. a la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional y de seis años de inhabilitación especial para conducir automotores por homicidio culposo en perjuicio de la víctima. Sin embargo, y por tratarse de un accidente de tránsito protagonizado por un auto y una bicicleta, y por aplicación de la doctrina del riesgo creado, corresponde determinar si H. acreditó alguna eximente de responsabilidad. Para ello tuvo en cuenta -en primer lugar- que el codemandado se limitó a negar su responsabilidad sin haber esgrimido ninguna eximente y que al absolver posiciones a fs. 343 admitió que embistió al ciclista.
Igualmente tuvo en cuenta la declaración de J.E., que acompañaba al conductor del Fiat, quien manifestó que en la denominada “Curva Marchini” H. “toma la curva cerrada, es decir sobre el carril contrario y que en ese momento advierte la presencia del ciclista”. Asimismo ponderó la pericia practicada en la causa penal que también ubica el choque sobre el carril en el que circulaba la bicicleta. El pronunciamiento añade también que el lugar del hecho era una avenida con buena visibilidad, que no presentaba obstáculos y concluye que el fallecimiento de C. tuvo por única y exclusiva causa la actuación riesgosa del automotor y la impericia de su conductor quien invadió el carril contrario, tal como se desprende de la pericia accidentológica practicada a fs. 43/49 y del acta obrante a fs. 1/ 4 de la causa penal.
Formula otras consideraciones sobre la responsabilidad objetiva por riesgo creado y más adelante analiza los daños reclamados. En tal sentido recuerda que el principio general es el de la reparación íntegra, previsto en el art. 1083 del Cód. Civil, y que la prueba idónea para la determinación del daño material por la reparación de la bicicleta es la pericial mecánica. De ese modo cuantifica en $ 400.- ese daño, reduciendo el del valor actual de $ 650.- (estimado en la pericia) y $ 250.- por el deterioro de la bicicleta dado su avanzado estado de oxidación. Acota que si bien la actora reclamó por este concepto $ 150.- sujetó su pretensión a la prueba a producirse por lo que no existe obstáculo para apreciar el valor actual de una bicicleta nueva, ya que –como dijo el perito- no es posible su reparación y sólo admite su sustitución por otra.
También acepta los gastos de sepelio que cuantifica en $ 1.720.- que es el monto que las actoras pagaron por ese rubro, según el informe de fs. 344. En lo relativo al daño moral tiene en cuenta su carácter indemnizatorio, que se trata de un daño presumido y que no cabe dudas que la muerte del esposo y padre de las reclamantes produce una lógica afección sentimental y una perturbación a la tranquilidad y a la seguridad personal y espiritual. Por ello cuantifica en $ 50.000.- para cada una de ellas, teniendo en cuenta también las circunstancias del hecho generador, las lesiones graves padecidas por la víctima que a las pocas horas le causaron su muerte y los dolores y padecimientos que sufrieran las actoras.
En lo vinculado al daño material por la pérdida de la vida humana de C. cita la jurisprudencia de la Suprema Corte y de otros tribunales y confiere a este daño patrimonial como pérdida de chance. En lo relativo a las circunstancias personales de la víctima tiene por acreditado con las declaraciones testimoniales de fs. 349/350 de los Sres. I. y M. que C. trabajaba como remisero de la agencia “Remis Belgrano”, que cobraba aproximadamente $ 2.000.- por mes, que tenía 60 años y era sostén de su grupo familiar (su esposa y su hija G. E. C.). Ello sin soslayar que también su cónyuge trabajaba como empleada doméstica. Con esas bases cuantifica en $ 120.000.- el daño patrimonial de la esposa y en $ 50.000.- el de la hija menor.
Tras ello rechaza la pretensión indemnizatoria de la hija mayor –E. E. C.- la que no está comprendida en la presunción de daño toda vez que a partir de la mayoría de edad la ley presume que el hijo está en condiciones de proveer a su propia subsistencia. Por otro lado E. estaba casada lo que desmiente la alegación de la accionada de que no se había independizado de su padre y que dependía económicamente de él. La sentencia prosigue refiriéndose a la legitimación del restante codemandado F. M. L. a quien libera de responsabilidad en su carácter de titular registral del automóvil. Señala que no se encuentra acreditado esa titularidad porque no se probó que era el dueño del automóvil ya que, pese a que no se presentó a contestar la demanda, no se diligenció el informe al Registro de la Propiedad Automotor.
Pasa luego a examinar la legitimación de la citada en garantía y se pronuncia por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva en razón de no haber acreditado su defensa que la póliza no se encontraba vigente al momento del siniestro. Consideró que la demandada no produjo la prueba a su cargo tendiente a acreditar la defensa articulada.
2. Ese pronunciamiento fue recurrido por la parte actora y por los codemandados H. y la aseguradora “Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”. A fs. 416 interpone el recurso la accionante; a fs. 420 recurre el demandado y a fs. 421 apela la citada en garantía; remedios procesales que fueran concedidos a fs. 417 y fs. 422 -primera y segunda parterespectivamente. Expresaron agravios a fs. 440/441, fs. 442/444 y fs. 437/439 los que no fueron contestados.
Las quejas de las actoras se centran en el rechazo de la demanda contra el coaccionado F. M. L. en su carácter de dueño del automotor embistente. Puntualizan que no se tuvo en cuenta que no compareció a contestar la demanda, lo que importa reconocimiento tácito de los dichos invocados por la accionante y que tampoco compareció a absolver posiciones a tenor del pliego agregado a fs. 9, pese a hallarse debidamente notificado a fs. 387/388. Por ello solicitan se revoque la sentencia y se condene a F. M. L. en forma solidaria con los otros codemandados.
El agravio de H. versa sobre su responsabilidad en el hecho y sobre la cuantificación de los montos, que considera bajos. En lo relativo al primer punto critica la sentencia que no valoró que la víctima R. M. C. al momento del hecho transitaba casi sobre la doble línea amarilla que divide los carriles de la Avenida Estrada lo que se desprende de la prueba producida en la causa penal. Ello se encuentra corroborado con la pericia accidentológica y con la declaración del testigo E. quien manifestó en referencia a la víctima “que el hombre venía arriba de la línea”. Por otra parte la sentencia penal resolvió “que H. transitaba a una velocidad considerable y que limitaba cuanto menos con el máximo de lo permitido“ por lo que “descarta su manejo imprudente o impericia o velocidad excesiva”. Agrega que C. circulaba en infracción al art. 67 de la Ley 11.430 que le impone al ciclista la obligación de circular sobre la derecha de la calzada, junto a la acera, lo que constituye una eximente de su responsabilidad. Explica que la única causa del accidente radicó en la conducta de la víctima que al momento del accidente circulaba “por arriba de la doble línea amarilla o al menos a escasos centímetros de ésta” destacando que “la cinta asfáltica es una doble vía –avenida- con doble línea amarilla que separa ambos carriles”. Por ende, si la víctima hubiera circulado sobre la derecha de la calzada el accidente no se hubiera producido. El apelante añade que si no se considerara esa circunstancia como eximente de responsabilidad a su favor, al menos debe ser apreciada como atenuante. Finalmente se disconforma porque los montos fijados en concepto de daños patrimoniales y morales son excesivos y arbitrarios y carentes de sustento fáctico y legal.
El agravio de “Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”
cuestiona los montos de condena que considera altos. En lo relativo al daño emergente en concepto de sustitución de la bicicleta sostiene que se vulnera el principio de congruencia porque se reclamó la suma de $ 150.- monto que se elevó excesivamente al valor de un rodado nuevo estimado en $ 650. De esa suma se le dedujo antojadizamente el importe correspondiente a su estado preexistente de deterioro. Tras ello formula otras consideraciones sobre el alcance del principio de congruencia y pide se reduzca el monto de condena a $ 150.-. Respecto del daño moral de todas las actoras solicita su reducción toda vez que no se probó mediante prueba pericial que hayan sufrido dolores o padecimientos espirituales o psicológicos extraordinarios. También controvierte los montos fijados en concepto de “daño material – pérdida de chance” que fija $ 120.000.- para la esposa y $ 50.000.- para la hija menor sin indicar el procedimiento o cálculo efectuado teniendo por acreditado con prueba testimonial que percibía aproximadamente $ 2.000.- mensuales por su trabajo de remisero. También controvierte que no se ponderó que C. tenía un corto período de vida laboral útil, de no más de cinco años, y que no era la única asistencia material de la familia ya que la esposa también trabajaba como empleada doméstica.
Cumplidos los trámites procesales de rigor, y llamados autos para sentencia (fs. 447/448) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
A fs. 214 se declaró la deserción del recurso de apelación deducido por la aseguradora contra la sentencia interlocutoria que rechazó el incidente de nulidad de la notificación de la demanda.
II) 1). Anticipo mi criterio en el sentido de que la sentencia recurrida debe ser confirmada en lo que atañe al juzgamiento de la responsabilidad civil. Por eso, y en tal sentido, corresponde desestimar el primero de los dos agravios esgrimidos por el codemandado R. H. H.. En efecto, el accidente de tránsito a raíz del cual falleció R.M. C. se produjo el 25/01/07 en la Avenida Estrada, a la atura del 1300, en la denominada “curva Marchini” correspondiente a la zona suburbana de Tandil aproximadamente a las veinte horas (cf. expte. penal nº 2.354/07 caratulado “H., R. H. s/ Homicidio Culposo”). Lo protagonizaron el automotor Fiat Duna Weekend dominio VWL-858 conducido por el codemandado R. H.
H., inscripto dominialmente a favor de F. M. L., y asegurado en “Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”, con la bicicleta conducida por el mencionado R. M. C.. La bicicleta circulaba en dirección norte-sur y el auto lo hacía en sentido contrario, es decir, sur-norte y el impacto se produjo sobre el carril de circulación de la bicicleta tal como se decidió en la causa penal sustanciada a raíz del hecho (cf. expte. penal citado nº 2.354/07 caratulado “H., R. H. s/ Homicidio Culposo”). En dicho proceso se dictó sentencia condenatoria de H. quien fue condenado a la pena de nueve meses de prisión de ejecución condicional y de seis años de inhabilitación especial para conducir automotores por homicidio culposo (cf. sentencia fs. 140/149 confirmada a fs. 161/163 expte. cit.).
Ese pronunciamiento penal opera firme prejudicialmente en sede civil y por aplicación de los arts. 1101, 1102 y 1103 del Cód. Civil la condena de H. impide en el juicio civil revisar la existencia del hecho principal y la culpa del condenado (art. 1102 del Código Civil). Pero ello no obsta analizar en este juicio la denominada culpa de la víctima, conforme lo prevé para la responsabilidad objetiva por riesgo creado del art. 1113 2º párr. “in fine” del Código Civil, o en otras palabras, la contribución causal de C. (arts. 901 a 906 del Cód. Civil) como causa ajena al comportamiento del dueño (L.) o del guardián (H.) del automóvil que lo pueden eximir total o parcialmente de responsabilidad. Esta es la doctrina reiteradamente sostenida por este Tribunal, en precedentes aplicables en el caso, donde se tuvo por probada la culpa penal del acusado, merecedora del consecuente reproche en la órbita criminal.
En virtud de lo dispuesto por el art. 1102 Código Civil, no podrá ya discutirse en esta sede civil la existencia del hecho principal, ni impugnarse la culpa de la condenada. La sentencia penal condenatoria ha hecho cosa juzgada respecto a sus constataciones sobre estas dos cuestiones esenciales” (conf. Responsabilidad Civil, obra colectiva, dirigida por Mosset Iturraspe y Kemelmajer de Carlucci, pág. 558; Cazeaux - Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, tomo V, pág. 876; C. C. 2da., sala 3, La Plata, sent. del 20-4-99, sumario JUBA B352796; C. C. 1ª, sala 2, La Plata, sent. del 21-2-99, sumario JUBA B152278; esta Sala, causas n° 46.431, "Pioli", sentencia del 17-2-04; n° 47.417, "Escobar", sentencia del 28-10-04; n° 46.717, del 22-2-05, “Coronel” y nº 54.862, 23/03/11, “Miranda...”).
En otras y concordantes palabras “el art. 1102 Cód. Civil habilita valorar la contribución causal del hecho de la víctima en los términos de los arts. 901 a 906 Cód. Civ. “para declarar una concurrencia culposa que aminore el débito resarcitorio conforme el art. 1111, aspecto sobre el que jurisprudencialmente no hay controversias” (Saux, Edgardo en Bueres Alberto-Higthon Elena “Código Civil y Normas Complementarias” T 3- A pág.319 ; Kemelmajer de Carlucci Aída en Belluscio Augusto- Zannoni Eduardo “Código Civil y leyes complementarias” T- 5 pág 308 nº 4 letra b) “resguardándose la esfera de la decisión del magistrado civil, a fin de garantizar la adecuada resolución de la cuestión que resulta propia del derecho privado” (Peralta Reyes, Víctor M.
“Efectos de la cosa juzgada penal sobre el juicio civil. El supuesto de sentencia penal absolutoria”, L.L. 2005-B- 1266; DJ 2005-I-1085). Recientemente la Suprema Corte señaló que “el hecho de que la concreta situación fáctica a juzgarse sea una única (es decir se trate del mismo hecho, las mismas circunstancias y aún las mismas pruebas) no implica que necesariamente se deba arrimar a la misma y fatal conclusión….” (S.C.B.A. Ac. C98107, 14/09/11 “Rivero, Patricia c/Gramajo, Silvio. Ds. y Pjs.). “La culpa y la responsabilidad civil difieren, en su configuración y en su gradación, a la reprochabilidad penal” –concluyó en otro fallo. “Por consiguiente puede indagarse en el ámbito del derecho privado sobre esas cuestiones, sin perjuicio de la absolución en el proceso penal.
Pues, si de lo que se trata es de determinar si ha mediado una falta o culpa civil que conlleve una responsabilidad patrimonial, la ausencia del correlativo reproche penal, no lo obsta” (S.C.B.A. Ac. C 106711, 28/9/11 “Navarro, Walter c/Viguri, Fernando. Ds. y Pjs.”; esta Sala causa N° 55340, 13/03/12 “P.,C. y otros c/ A.,R. s/Ds. y Pjs.)
En autos, H. procura exonerarse alegando, en contra de lo acreditado en sede penal, que C. cocausó su propio daño circulando inapropiadamente sobre la doble línea amarilla que divide los dos carriles de la Avenida Estrada, en infracción del art. 67 de la Ley 11.430. Además aduce que también resulta de la causa penal que el automóvil Duna que él manejaba se desplazaba a velocidad permitida. Esas alegaciones son inatendibles porque no sólo se apartan de lo decidido claramente en la sentencia penal sino también del resultado probatorio suficientemente apreciado en esa sede. Más aún las defensas aquí esgrimidas fueron introducidas en el juicio penal y desestimadas en aquél decisorio firme (cf. fs. 144 vta./145 vta. expte. cit.).
Así las cosas, y si bien el accionado al contestar la demanda no alegó circunstancias eximentes de su responsabilidad civil (cf. fs. 189/193 vta.) -lo que impediría la introducción ahora de dichas eximentes- lo cierto es que la sentencia penal, que recogió todas las pruebas producidas, es categórica. No existen dudas que el accidente se produjo sobre la banda de circulación de la bicicleta (es decir H. invadió su carril contrario), circulando a velocidad inapropiada y con desatención a sus deberes (arts. 47, 51 inc. 3º, 76 y ccs. Ley 11.430). En este contexto el lugar de circulación de la bicicleta, que evidentemente no lo hacía totalmente sobre la derecha de la calzada, no constituye una condición suficiente con entidad para erigirse como cocausatoria del resultado.
La magnitud y gravedad que deriva de la invasión por el automóvil del carril contrario desplaza la incidencia que en la producción del siniestro vial pudiera derivar del lugar por el que transitaba la bicicleta. Recalco que la invasión por H. del otro carril de marcha constituye la única y excluyente causa jurídica del evento dañoso, porque cualquier eventual infracción en el modo de circular el ciclista se produjo dentro de su carril de circulación, es decir por su mano, la que fue incausada e indebidamente ocupada por H.. La sentencia penal sostiene que el accionado “invadió parte del carril contrario” (fs. 144 vta.), lo que se corresponde de modo categórico y asertivo con el informe pericial de fs. 43/45 de esos autos y con el croquis de fs. 5 y la pericia planimétrica de fs. 46 (arts. 384, 474 y concs.
C.P.C.). En este contexto cabe enfatizar tres circunstancias de hecho: el lugar del impacto sobre el carril de marcha de la bicicleta, las restantes infracciones a las reglas conductivas de H. y su velocidad inapropiada. Dice el informe del perito en accidentología de la Policía Provincial Inspector Cuevas a fs. 43/45 que “el lugar de impacto es sobre el carril con dirección de marcha de norte a sur, es decir en el carril perteneciente a la dirección de marcha del biciclo, donde en el plano adjunto se marca como ‘Zona de impacto’” (sic. fs. 45). Tras ello agrega el decisorio penal que “al momento del impacto y a juzgar por las huellas de frenada el rodado Duna invade el carril opuesto, siendo en éste caso el carril perteneciente a la circulación del biciclo e impacta a éste con ....
Dicho impacto se produce entre la parte frontal del extremo izquierdo y lateral mismo lado del Fiat, con la parte delantera y lateral izquierdo del neumático delantero del biciclo, produciéndose sobre el parante del parabrisas del lado izquierdo, coincidente con la zona del espejo retrovisor externo el golpe del cráneo de C.” (sic. fs. 43 vta. “in fine”/44). Añade más adelante que conforme las huellas de frenada existentes en el lugar del hecho que el rodado “circulaba por el carril referido en contramano, siendo esta determinación inobjetable, ya que de no ser así la conformación de la misma sería exactamente a la inversa, a la vez que no coincidirían los indicios, elementos y vestigios constatados en el escenario del hecho” (sic., fs. 44; arts. 384 y 474 C.P.C.).
Estas conclusiones se corresponden con lo que manifestó el testigo J.C. E. (acompañante del demandado) en la primera declaración prestada en sede penal (cf. fs. 15/16), la que por ser temporánea al hecho debe prevalecer por sobre las ulteriores deposiciones (cf. fs. 141 vta.). En la primera oportunidad que declaró E. sostuvo que “en un determinado momento observa que H. toma la curva cerrada es decir sobre el carril contrario y en ese momento advierte la presencia de un sujeto en bicicleta que venía circulando de frente en su mano...” (sic. fs. 15 expte. cit.). La referencia del apelante vertida en sus agravios de que el ciclista transitaba sobre la doble línea amarilla (fs. 442 vta.) desinterpreta lo expresado en el fallo penal que sostiene que los funcionarios policiales que intervinieron encontraron “la bicicleta sobre la vía de circulación que se dirige al paseo ‘El Centinela’ más cerca de la línea amarilla”, tras lo cual -y luego de otras consideraciones- concluye que “sin forzar la razón, C. se desplazaba en su bicicleta por su vía, y en el correcto sentido de circulación” (sic., fs. 142 vta.).
Conclusivamente la sentencia penal tuvo por acreditado que el lugar del impacto fue sobre el sentido de circulación de la bicicleta, que estaba parcialmente ocupado por el automóvil que se desplazó de su vía de marcha (cf. de la causa penal testimonios de R. H. A., de J.C.H., de C.M.Y., de L.G. y de M.A.C.P. –funcionarios policiales que tomaran intervención en el evento-, los datos objetivos que se desprenden del acta de inicio, el croquis ilustrativo de fs. 5/5 vta., el informe de estado de los vehículos de fs. 24/25, las fotografías de fs. 47/49 y las pericias accidentológica de fs. 43/45 vta. y planimétrica de fs. 46; sic., fs. 142; declaración testimonial de E. de fs. 15/16). Por ende y estando acreditado que el ciclista se desplazaba por su carril de marcha, el que fue ocupado por H. la responsabilidad recae únicamente sobre el conductor y guardián del automóvil (arts. 901, 902, 906, 1109, 1113 y ccs.
Código Civil; arts. 46, 51 inc. 3º, 76 y ccs. Ley 11.430). También en lo atinente a las otras infracciones conductivas las consideraciones de la sentencia penal son concluyentes al decidir que el auto se desplazaba “a una velocidad superior a la precautoria, sin prestar (su conductor) la debida atención a las contingencias naturales del tránsito ni mantener el efectivo dominio de su vehículo en su vía”....”en una avenida de doble mano de circulación, creando (H.) con su accionar un riesgo jurídicamente desaprobado, que se realizó en la producción del resultado final, incumpliendo de tal modo, con el deber de circular con cuidado y prevención en la vía pública que le era exigible, en clara violación a lo establecido en los arts. 51 incisos 3 y 4, 59 incisos 1 y 8 y 76 del Código de Tránsito (t.o.
Ley 11.430)” (sic. fs. 145). Finalmente cabe concluir, también sin dudar, que la velocidad del auto era inapropiada (80/90 km. dice el testigo E. a fs. 15/16 el expte. penal), lo que no le permitió tener el “dominio efectivo del vehículo” (art. 51 inc. 3º Ley 11.430) o “el total dominio de su vehículo” como lo prescribe el art. 76 de la ley citada. La referencia de la sentencia penal de que H. transitaba “a una velocidad considerable” no alude, como pretende el apelante, a velocidad permitida sino a velocidad inadecuada para las circunstancias de tiempo y lugar como luego lo decidió la sentencia (cf. también pericia fs. 43/45 expte. citado).
Por todo lo expuesto soy de la opinión que corresponde confirmar la sentencia apelada que decidió que la única causa adecuada en la producción del daño (el fallecimiento del Sr. C.) es imputable al demandado H., quien inobservó los deberes de conducta a su cargo (arts. 901, 902, 906, 1113 2° párr. 2° supuesto y concs. Cód. Civ.; arts. 47, 51 inc 3, 76 y concs. ley 11.430)
2. Sin perjuicio de que luego volveré sobre los montos de condena al tratar el recurso del restante codemandado, corresponde también desestimar el segundo agravio del apelante H. pero esta vez no por infundado, sino por inadmisible (arts. 260 y 261 del C.P.C.C.). La referencia en la expresión de agravios a que las cuantías fijadas son altas no constituye la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia que exigen los arts. 260 y 261 del C.P.C. Transcribiré las afirmaciones del recurrente, quien dice: “finalmente destaco en este escrito, que los montos indemnizatorios fijados en cuanto al daño material, pérdida de chance, daño moral, etc. para cada uno de los demandantes, los mismos son excesivos, arbitrarios, carentes de sustento fáctico legal. Provocando un enriquecimiento ilegal, o sin causa a favor de las accionantes, y un claro detrimento patrimonial de mi parte, por lo que deben ser sustancialmente disminuidos a cifras razonables y ajustadas a derecho, tales montos por los conceptos indicados” (sic., fs. 443 vta.). Esas referencias, si bien denotan claramente que cuestiona por elevados todos los montos indemnizatorios fijados, se desentiende y no rebate los fundamentos y el razonamiento que efectúa el Sr. Juez de Grado para arribar en cada caso a los distintos rubros resarcibles. Se advierte que no se contradicen in impugnan de modo suficiente las valoraciones jurídicas y el encuadre fáctico desarrollado en la sentencia apelada (arts. 260 y 261 C.P.C.). Las pretensas quejas consisten –como lo transcribí- en consideraciones generales y más bien abstractas que no se cotejan ni confrontan la prueba valorada y los argumentos (de hecho y de derecho) que fundaron la conclusión lógica y jurídica del fallo, resultan insuficientes para abrir la instancia revisora del Tribunal (arts. 242, 243, 260, 261, 267, 272, 273 y concs. C.P.C.)
Recuerdo que este tribunal ha indicado las propiedades que debe reunir la expresión de agravios en el sentido de que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esta labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en un error de sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en el veredicto” (esta Sala, causa n° 50.430, "Campomenosi...", sentencia del 15-3-07; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, tomo V, págs. 266 y sgtes.; Loutayf Ranea, “El recurso de apelación en el proceso civil”, tomo 2, págs .155 y sgtes.). Ello así porque expresar agravios "... no es una simple fórmula carente de sentido, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (Cám. Nac. Civ. Sala "A", 3/6/69, E.D. v. 31, p. 978; Sala "C", 30/7/68, L.L. v. 134, pág. 1104; arts. 260 y 261 C.P.C. y C.). "No se trata –se acota- de un obrar caprichoso o discrecional del órgano jurisdiccional, sino del acatamiento de expresas normas que obviamente rigen tanto para éste como para las partes, por lo que no puede alegarse que la mera declaración de deserción resulte agraviante" (S.C.B.A. Ac. 44018, 13/8/91, "Estévez Garrido, E. C/ Domínguez, Miguel A. y otro s/ Daños y Perjuicios"; Ac. 54246, 12/8/97, "Andrea, Ricardo c/ Manzo, Salvador s/ Daños y Perjuicios"; D.J.B.A. 153- 231; Ac. 76615, 11/7/2001, "Moliner, José M. s/ Concurso Preventivo"; Sumario JUBA B21618; esta Sala, causas nº 43.460, 5/3/02, "Silva..."; nº 45.566, 7/8/03, "Agromecánica..."; nº 46103, 23.12.03, "Valetutto..."; n° 46.888, "Britambo...", del 20-4-04 y nº 50.557, “Gutiérrez...”, del 22/05/07, voto Dr. Peralta Reyes).
Por lo expuesto corresponde desestimar por inadmisible el segundo agravio del recurso de apelación de H. cuando se disconforma de los montos de condena (arts. 260 y 261 C.P.C.).
3. El agravio de la actora por el rechazo de la demanda contra el coaccionado L. debe ser receptado. La sentencia recurrida señala que no se acreditó que F. M. L. hubiera resultado propietario registral del automotor Fiat Duna Weekend VWL-858. Inicialmente cabe recordar que existe una presunción de responsabilidad del dueño registral o del denominado propietario inscripto a quien incumbe la prueba de haberse desprendido o transferido la guarda jurídica del auto mediante la formulación de la denominada denuncia de venta o por cualquier otro medio idóneo para acreditar de modo asertivo y categórico esa transferencia. Es doctrina de esta Sala que la responsabilidad del propietario registral (aquí el Sr.
F. M. L.) “se funda en el carácter de dueño del automotor, en tanto figure la inscripción a su favor sin efectuarse la denuncia de venta ni acreditarse fehacientemente la transferencia de la guarda (art. 27 dec./ley 6582/58, T.O. ley 22977), mientras que la del poseedor, tenedor, o quien usa y se sirve de la cosa, o la del propietario por boleto responde en su condición de guardián (art. 1113 Cód. Civ.; ver, en lo pertinente, esta Sala, causas nº 37.547, 13/8/96, "Cuesta Timoteo c/ Dacosta José Luis y ot. s/ Daños y Perjuicios", D.J.J. 152-61; nº 43.588, 15/08/02, “De Lorenzo Carlos y Ot. c/ Echeverría Francisco s/ Daños y Perjuicios” y nº 54.049, 14/10/10, “Sola...”). Recientemente la Suprema Corte Bonaerense reiteró su doctrina casatoria asumida por mayoría de votos y de fundamentos: se presume la titularidad dominial del propietario inscripto del automotor y se admite, con carácter restrictivo y sujeto a prueba rigurosa, la demostración de la transferencia de la guarda por otros medios distintos a la denuncia de venta.
“El art. 27 de la ley 22.977 establece que hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. Dispone también que si, con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el titular de dominio ha efectuado ante el registro la denuncia de haber hecho tradición del vehículo 'se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad'. La norma mencionada creó a favor del titular registral un expeditivo procedimiento para exonerar su responsabilidad -que consiste en efectuar unilateralmente la denuncia de que ha hecho tradición del vehículo al adquirente- con el propósito de conferirle protección legal frente a la desidia o negligencia del comprador que omite registrar la transferencia.
(S.C.B.A. Ac. 112791, 05/12/12 “Langiano, Rosa Elvira vs. Empresa Línea 216 S.A.T. y otro s. Daños y perjuicios”; RC J 11405/13). En consecuencia subiste la presunción legal de responsabilidad del demandado en su condición de dueño registral del automotor (arts 1113 Cod Civl; art. 1,26 27,del dec. ley 6582/58,art 27 ley 22.977).
Es cierto que no reviste valor probatorio pleno la copia certificada de la cédula verde del automóvil, de la que resulta que el dominio está inscripto a nombre del accionado como surge de la pieza glosada a fs. 20 de la causa penal. Si bien esa constancia no sustituye el informe de dominio omitido traer por la accionada (arts. 375 y 384 C.P.C.), su verosimilitud se robustece con los efectos derivados de la incontestación de la demanda del accionado L., quien no compareció al proceso pese a estar debidamente notificado (cf. cédula glosada a fs. 207/208 vta.; art. 354 C.P.C.). La falta de contestación de la demanda, en cuanto ausencia de oposición a la pretensión, más la presunción de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, conlleva una suerte de admisión de los hechos alegados. Los que –al igual que en la rebeldía- crean una presunción a favor de la actora acerca de la veracidad de los hechos que constan en la demanda, aunque no la exime de la carga de acreditar el presupuesto de sus afirmaciones, mediante la aportación de los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones” (S.C.B.A. L 91498, 20/08/08, sumario JUBA B3345496). Se genera una “presunción desfavorable ... que debe ser, en principio, corroborada a través de la prueba producida por el actor o por el demandado sobre los hechos en que fundan, respectivamente, su pretensión u oposición, y no excluye la posibilidad de que esos hechos sean desvirtuados por la prueba ofrecida por el rebelde” (Palacios Lino “Derecho Procesal Civil, T. IV pág. 202/ 203; esta Sala causa N° 57651, 12/07/13 “Rodríguez María I. c/ Palazzo Jorge s/ Cobro de Pesos”). En conclusión: la responsabilidad objetiva de L., fundada en su carácter de dueño registral del automóvil al momento del hecho, resulta de la copia simple de la cédula verde glosada a fs. 20 de la causa penal, de la confesión de H. (fs. 343 2ª posición ampliatoria) y de la incontestación de la demanda por parte de L. (arts. 60, 354, 384, 421 y concs. C.P.C.). Cabe también añadir la incomparecencia de L. a absolver posiciones pese a estar debidamente citado (cédulas de citación de fs. 387/388, 389, pliego fs. 9 punto V.2, auto apertura a prueba fs. 214, auto proveimiento de prueba fs. 223; arts. 384 y 423 C.P.C.) y que también consintió la sentencia de la que fue debidamente notificado (fs. 207/208, 423 y vta., 456, 458) (S.C.B.A. Ac.46336, 19/10/93 “Barbosa de Lamonega”; Ac. C101323, 31/10/12 “Berazategui”).
Consecuentemente no puede entenderse desvirtuada la presunción de responsabilidad de L. como propietario registral (arts. 1113 2° párr. 2° sup. Cód. Civ.; art. 27 dec/ley 6582/58 TO ley 22.977; arts. 375 y 384 C.P.C.).
III. Los agravios de la citada en garantía –“Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda.”-, cuestionando las cuantías indemnizatorias, no son de recibo.
1. En lo atinente al daño material por los deterioros de la bicicleta, rubro por el que se reclamaron $ 150, no se vulnera el principio de congruencia al admitir la pretensión en $ 400. Destaco, en primer lugar, que se reclamó $ 150 o la suma que en más o en menos surja de la prueba a producirse por el costo de reparación de la bicicleta que “prácticamente quedó totalmente inutilizada”, conforme el detalle de su estado final que efectúa el actor (conf. fs.5 vta. punto III, 1). Así las cosas, la prueba pericial producida analizó detenidamente la entidad de los daños materiales y llegó a la conclusión de que es necesario proceder a su sustitución, ante la imposibilidad de su arreglo (conf. pericia fs. 391/ 395 y factura fs. 339). Igualmente el perito dio cuenta que la bicicleta siniestrada presentaba un alto grado de oxidación y estimó en $ 650 el valor actual de una bicicleta nueva (arts. 384 y 474 C.P.C.). El sentenciante arriba al importe de condena de $ 400 considerando que el perito informó que “el estado del rodado no admite que el mismo sea reparado, recomendando que el mismo sea reemplazado por una bicicleta nueva, cuyo valor promedio estimado lo determina en la suma de $ 650.- y siendo que condicionan tal conclusión, según los propios dichos del experto, el avanzado estado de oxidación que el mismo presenta, deterioro que no puede atribuirse al accidente que nos ocupa, estimo prudente admitir este rubro por la suma de $ 400.-“ (sic., fs. 411 vta.). No advierto ninguna contradicción lógica ni quebrantamiento de la congruencia decisoria en el pronunciamiento recurrido (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 166, 384 y concs. C.P.C.). Se entiende por congruencia decisoria “el principio de congruencia establecido por los arts. 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 C.P.C. significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta” (S.C.B.A. Ac. 58232, del 25/3/97 y Ac. 62752 del 9/3/99). Añadió el Alto Tribunal que “el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias” (S.C.B.A. Ac. 53875 del 14/6/96, Ac. 57892 del 4/3/97, Ac .65193 del 3/11/99; esta Sala causas Nº 47.794, 17/11/05 “Ledesma...” y nº 49.350, 18/07/06, “Díaz...”).
Recapitulando: en autos la actora reclamó los daños por los desperfectos de la bicicleta como consecuencia de la colisión –desperfectos que enumeró- que la dejan “prácticamente totalmente inutilizada”. La cuantificación del rubro en $ 150.- quedó “sujeto a lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse” conforme lo admite el art. 330 “in fine” C.P.C. (conf. fs. 6). Rige aquí la doctrina que predica que “cuando en una demanda de daños y perjuicios se reclama un monto concretamente determinado por los daños sufridos –lo que es imprescindible de acuerdo al art. 330 del Cód. Procesal, sometiendo a la fórmula genérica ‘o lo que en más o en menos resulta de la prueba a producirse’, no se altera el principio de congruencia ni el derecho defensivo del demandado si la condena se establece en un monto menor al pretendido” ( Sala I causa N° 53869, 21/04/10, “Aguilar Néstor y Lotito Rodolfo c/ Ruiz Rodolfo s/ Ds. y Pjs.”). No es objetable –al menos sin agravio de la actora- que se le haya deducido del precio actual del rodado nuevo –que sustituye su reparación total (arts. 1083 y 1086 Cód. Civ.)- un porcentaje estimado en función del estado de conservación preexistente que disminuiría su valor. Precisamente esa minoración del precio actual (fijado en $ 400.-) beneficia al accionado y a la apelante toda vez que deduce –del valor de reposición- la cuantía derivada del defectuoso estado de conservación de la bicicleta. Se configura el supuesto varias veces analizado por el Tribunal de que el valor de las reparaciones del rodado “sobrepasa el valor del rodado”. En efecto, es doctrina aceptada por esta Sala la de “acudir al valor real de reposición del auto siniestrado, como tope cuantificador cuando la reparación sobrepasa el precio del rodado” (esta Sala causas N° 43217, 26/03/02 “Cotabarren”; N° 48073, 12/05/05 “Zarza”).
3. Con relación a los daños materiales y morales por el fallecimiento de R.M. C. se fijaron los siguientes montos: $ 1.720 por gastos de sepelio (rubro que no se recurrió); $ 120.000 para la esposa y $ 50.000 para la hija –por entonces menor –G. E. C. C.- por el comúnmente llamado valor de la vida humana, desestimándose por falta de prueba la pretensión de la hija mayor de edad E. E. C.; $ 50.000 para cada uno de los actores, la esposa y sus dos hijas, por daño moral. Como anticipé, sólo media apelación de la citada en garantía quien aduce que los montos son elevados. Este tramo de la sentencia también debe desestimarse ya que las cuantías fijadas se ajustan a los criterios usuales para casos semejantes. Los montos otorgados, y pese a que cuantificar la vida humana es “una materia indócil por su naturaleza”- (voto Dr. Guardiolla, Cám.Civ. y Com. Junín, 27/11/2012 causa N| JU-289-2008 “M.G.A. c/Semento Oscar”; art.1083 Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.) y que determinar el “precio del consuelo” exhibe también sus propias dificultades, se ajustan al principio de la reparación plena o completa del daño, en base a los parámetros objetivos ya señalados y acudiendo a pautas de prudencia y experiencia, conforme lo que sucede de ordinario y según el curso natural de las cosas. Los montos indemnizatorios lucen adecuados a las anteriores cuantificaciones otorgadas por el Tribunal para casos análogos (casos próximos, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil) a la actual realidad económica (vgr. causas anteriores 51.466, “A. H.” y 51.467 “G. de S. M.” del del 29/4/2008, cit. L.L.B.A. 2012-401 y R. C. y S. 2012-V- 181; causa “P.C. y otros c/ A. A. P.” del 13/3/2012).
Sobre el valor de la vida humana tiene dicho esta Sala que “la muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar. No es lógicamente correcto derivar de la presunción legal de daño por muerte de una persona que la vida tiene por sí misma un valor económico” (conf. entre otros, S.C.B.A., Ac.50522, 26/10/93, “Cejas”, en D.J.J. Tº 146,p.25; esta Sala causas Nº 33748, 15/4/99 “Fariñas de Pasos”; Nº41578, 09/11/2000, “Lecuona”; Nº42642, 28/8/01, “Castillos de Villamarín”; Nº42976, 06/9/01, “Testa”). Se añadió que “para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino que es menester computar las circunstancias particulares de la vida y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc.(C.S.N., 27/9/94, “Furnier”, J.A. 1995-II-193). Pero el hecho de que deban descartarse los criterios estrictamente matemáticos no significa que puedan dejar de considerarse los ingresos económicos de la víctima –presentes o futuros-, pues el art.1084 del Cód.Civ. habla de subsistencia, concepto que da idea de lo que la ley supone que habría podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a la adecuada y prudente apreciación judicial, (C.S.N., 17/04/97, “Savarro de Caldara”, L.L. 1997-E-120 y en D.J.J. 1998-210; S.C.Mendoza, Sala 1ª, 21/3/2001, “Alvarez Pedro y otros c/Municipalidad de Godoy Cruz y otros”, voto Dra. Kemelmajer de Carlucci; causa cit.42642 del 28/8/01; esta Sala, causa Nº 42604, 3/4/02 “Andrade de Elgart”, D.J.J. 162-203; esta Sala sentencia única del 28/11/06 en causas N°48042 “De La Canal” y N°48043 “Navarro”, LLBA- 2007-301).
En autos se trata de mensurar la repercusión económica de la supresión de la vida del Sr. C. respecto de su esposa e hija menor. El daño material no está vinculado –como se dice en la sentencia- con la pérdida de chance sino con el daño cierto derivado de la privación de los ingresos que la víctima destinaba a su esposa –M. H. M.- y a su hija menor G. E. C. (arts. 1084 y 1085 Cód. Civ.). Los parámetros objetivos a tener en cuenta son los siguientes: la edad de la víctima (60 años) y su ingreso laboral como remisero de aproximadamente $ 2.000 mensuales; que era sostén del hogar aunque su cónyuge también trabaja como doméstica, la probable edad útil que puede postergarse hasta más de 70 años, la edad de la esposa (57 años) y la de la hija al momento del fallecimiento (16 años) (conf. declaratoria de herederos a fs. 66; historia clínica fs. 25/330; partida de defunción fs. 359; y de nacimiento y casamiento de fs. 358 y 361 y 357 y fs. 28/29; informe de la Municipalidad de Tandil de habilitación del remise de fs. 367/ 370 y fs. 374). Las declaraciones testimoniales de I.L.I. y de M.S.M. (fs. 349 y 350) no aportan otros elementos de juicio.
La traslación al caso nuestro en juzgamiento de las señaladas pautas objetivas, confrontadas con antecedentes y con los de otros tribunales, conducen a reputar adecuadas –atento los alcances del recurso, sólo deducido por alto- las cuantificaciones otorgadas por daño patrimonial por fallecimiento de $ 120.000 para la esposa y $ 50.000 para la hija menor (arts. 901, 906, 1083, 1084 y 1085 Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 384, 456 y concs. C.P.C.).
Tampoco luce excesiva la suma de $ 50.000 otorgadas por daño moral para cada una de las víctimas indirectas (arts. 906, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 384 y concs. C.P.C.). “La existencia del daño moral no requiere prueba específica en cuanto a que ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., Ac.57435 del 8.7.97; C 95646 del 7.5.08). Deben ponderarse los padecimientos y aflicciones que han sufrido las actoras por la muerte del esposo y padre. La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es "todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274- 284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio, Luis P. c/Ormas S.A.I.C.I. s/Indemnización Daños y Perjuicios”). Más explícitamente: “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán", causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; N° 54862, 23/03/11 “Miranda”). La inmensidad del dolor por el fallecimiento del esposo y padre, enmarcada en las circunstancias de hecho enumeradas anteriormente, conllevan la confirmación del monto de $ 50.000 para la esposa y cada una de las hijas y sólo recurrido por alto (arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; arts. 260 y 261 C.P.C.).
Acoto que la compulsa de antecedentes de otros tribunales conducen – en abstracto- a resultados semejantes: se otorgan $ 100.000 en concepto de valor vida del taxista de 61 años y $ 50.000 por daño moral a la esposa y $ 50.000 por daño moral al hijo (Cám.Nac.Civ. Sala F, 27/07/2005 “Guiral Ana c/ Acasio, Cristian”). En otro caso se fijaron $ 125.000 por el primer rubro para la esposa e hijo y por daño moral $ 75.000 para la cónyuge y $ 100.000 para el hijo (Cám.Nac.Civ. Sala I, 27/03/2009 “ Di Filippo, Mónica c/Sánchez Agustín”). En parecido sentido la Sala I de esta Cámara estimó en $ 120.000 el daño patrimonial por la muerte del esposo de 57 años, dueño de una bicicletería y por daño moral $ 95.000 para la cónyuge y $ 65.000 para cada uno de los hijos (esta Cámara, Sala I causa 56476, 07/08/12 “Tomasco María H. c/ Cabrera José Luis s/ Ds. y Pjs.”). Por todo lo expuesto propicio al agravio la confirmación de esta parte del fallo apelado (arts. 1078, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.; arts. 375 y 384 C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces, Dres. LONGOBARDI y PERALTA REYES y por los mismos argumentos, adhieren al voto que antecede votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde: 1) confirmar la sentencia recurrida que admitió totalmente la demanda promovida por M. H. M. de C., por derecho propio y en representación de su hija menor G. E. C. C., y E. E. C. también por su propio derecho, contra R. H. H. y F. M. L., y la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada; 2) declarar inadmisible por su insuficiencia formal el agravio del codemandado R. H. H. que impugna el monto de la condena; 3) revocar la sentencia en lo relativo a la condena de F. M. L., contra quien prospera totalmente la demanda; 4) confirmar, en lo restante y en lo que ha sido materia de agravios la sentencia apelada; 5) imponer las costas –en ambas instancias- a los demandados, apelantes perdidosos (art. 68 C.P.C.); 6) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr-Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces, Dres. LONGOBARDI y PERALTA REYES y por los mismos argumentos, adhieren al voto que antecede votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, de Agosto de 2013. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida que admitió totalmente la demanda promovida por M. H. M. de C., por derecho propio y en representación de su hija menor G. E. C. C., y E. E. C. también por su propio derecho contra R. H. H. y F. M. L., y la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada; 2) declarar inadmisible por su insuficiencia formal el agravio del codemandado R. H. H. que impugna el monto de la condena; 3) revocar la sentencia en lo relativo a la condena de F. M. L., contra quien prospera totalmente la demanda; 4) confirmar, en lo restante y en lo que ha sido materia de agravios la sentencia apelada; 5) imponer las costas –en ambas instancias- a los demandados, apelantes perdidosos; 6) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Fdo.: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Dra.María Inés Longobardi - Juez - Cámara Civil y Comercial – Sala II - Dr. Jorge Mario Galdós - Juez - Cámara Civil y Comercial – Sala II . Ante mí: Dra. María Fabiana Restivo - Secretaria - Cámara Civil y Comercial – Sala II.
Fin de la sentencia