Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 58.834
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada, en todo cuanto fuera objeto de recurso y agravio.
2Imponer las costas en la Alzada a la actora vencida, dada su condición de apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.);
3Confirmar, dada la forma de apelación, y modificar la regulación de honorarios atacada, la que fuera efectuada en la sentencia materia de apelación a favor de los letrados y peritos intervinientes, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, en los puntos I), II), III) y IV); y 4) FIJAR la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión en el punto V).
Causa nº: 2-58834-2014 "MALDONADO MARIA FABIANA C/ORLIACQ SILVANA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
Sentencia Registro nº: 102 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los catorce días del mes de Julio del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Maldonado, María Fabiana c/ Orliacq, Silvana s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 58.834), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes – Dra. Longobardi. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S –
1ª.-¿Es justa la sentencia apelada obrante a fs. 514/520?.
2ª.-¿Es justa la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento atacado y que es objeto de recurso?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N –
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. María Fabiana Maldonado promovió demanda resarcitoria de daños y perjuicios derivados de un siniestro vial contra Silvana Orliacq, a quién reclamó la suma de $ 98.675,56 en concepto de detrimentos patrimoniales y extrapatrimoniales. Solicitó la citación en garantía de La Perseverancia Seguros S.A. Sostuvo que el día 13 de Febrero de 2008 conducía su bicicleta por la Avenida Manuel Venancio Paz de Las Flores, en dirección Oeste-Este, cuando en la intersección con la Avenida Alfredo Vidal fue embestida por el automóvil marca Peugeot 405 dominio REK 824 que manejaba la demandada. Le atribuye a la conductora del vehículo transitar de manera imprudente y distraída, sin el dominio del rodado, resultar embistente y afirma que la colisión del automotor con una bicicleta debe ser asimilada al embestimiento de un peatón.
Sustanciado el proceso, la sentencia de grado -ahora recurrida- desestimó la demanda, con costas a la actora. Para así decidir, emplazó la cuestión litigiosa en la teoría del riesgo creado que sostiene que el demandado debe acreditar la ruptura total o parcial del nexo causal, criterio que resulta de aplicación para el caso del choque entre una bicicleta y un automóvil y concluyó que la única causa del hecho radicó en la conducta de la actora que no respetó la prioridad de paso de la demandada que circulaba por su derecha en el cruce de dos avenidas. Con los escritos de demanda y contestación y con la absolución de posiciones de la actora (preguntas 5ª y 6ª) se tuvo por reconocido que el biciclo transitaba por la Avenida Manuel Venancio Paz en dirección Oeste-Este y que la demandada lo hacía en sentido Sur-Norte por la Avenida Alfredo Vidal.
El pronunciamiento sostuvo que en el momento del hecho, en febrero de 2008, estaba vigente el decreto de necesidad y urgencia 40/2007 cuyo art. 70 era similar al art. 57 de la ley 11.430 que establece la prioridad de paso absoluta de quién circula por la derecha, conforme la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires y de este Tribunal. Agregó que la actora no respetó la prioridad de paso ni redujo su velocidad hasta casi detenerse, expresando textualmente que “la prioridad de paso es la consagración legislativa de la norma básica del tránsito urbano. Ante la simple contingencia del tránsito que innumerables veces sortea todo conductor en las calles de toda ciudad, simple, sabia y justa solución.
En toda circunstancia tiene derecho a pasar primero quien delante nuestro cruza la calle por la que circulamos de derecha a izquierda, de modo tal que alternativamente, cuadra a cuadra, una vez se tendrá derecho de paso y otra la obligación de ceder paso. Por lo tanto, circulando ambos vehículos por avenidas, la prioridad la tenía el automotor ya que lo hacía por la derecha, de donde la culpabilidad en el accidente resulta ser de la accionante al no haber otorgado el paso a quien tenía la prioridad” (sic. fs. 517 vta./518). Más adelante la sentencia argumentó (reitero: siguiendo la doctrina del riesgo creado también para el supuesto del choque entre un auto y una bicicleta) que “la conducta imprudente de la actora María Fabiana Maldonado fue la causa generadora del accidente pues no respetó la prioridad de paso del automotor que circulaba por la derecha, (por lo que) cabe tener a la misma como única y excluyente responsable del accidente (arts. 901 y ssgt., 1111 y 1113 2do. párrafo del Cód.
Civil, 70 concs del Decreto 40/70; art. 375, 384, 474 y 68 del C.P.C.C)” (sic. fs. 519). Impuso las costas a la actora perdidosa, dispuso que la regulación de honorarios no podrá exceder el 25% del monto del importe de la demanda y fijó los emolumentos de los profesionales y peritos intervinientes. Contra ese pronunciamiento apeló la actora a fs. 529, recurso concedido a fs. 530. Asimismo la aseguradora citada en garantía a fs. 535 apeló por altos los honorarios de los letrados de la demandada y de los peritos, siendo el recurso concedido a fs. 536.
A fs. 544 la demandada apeló por altos los honorarios profesionales de los peritos intervinientes, recurso concedido a fs. 545, y a fs. 549 del Dr. Francisco Almirón, abogado de la codemandada, apeló sus honorarios por bajos.
Radicados los autos por ante el Tribunal, a fs. 577/587 expresó agravios la actora recurrente, los que fueron respondidos a fs. 584/586.
El cuestionamiento de la sentencia radica en el rechazo de la demanda, la imposición de las costas y la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes. Sostiene que si bien los testigos no presenciaron el hecho, Abel Guaresti a fs. 228 y Jonatan A. Lerra a fs. 229 explicaron que la bicicleta estaba tirada adelante del auto lo que demuestra que fue el vehículo embistente y la demandada no produjo prueba para acreditar la culpa de la víctima. Luego controvierte la aplicación del carácter absoluto de la prioridad de paso que la sentencia confiere a la accionada Orliacq destacando que la avenida por la que circulaba la actora es la vía de mayor jerarquía, en los términos de la ley de tránsito, porque se trata de la Avenida Manuel Venancio Paz de acceso a la ciudad de Las Flores. Expresa que esa aseveración de que es la vía más importante fue admitida por la accionada al absolver posiciones y por los testigos Guaresti y Lerra. Enfatiza que “estamos en presencia en el caso que nos ocupa de la clara excepción a la regla absoluta de la prioridad de paso; o sea, el precepto que determina que quien circula por la derecha debe ceder el paso cuando va a acceder a una calle de mayor jerarquía a la que transita” (sic., fs. 580). Añade que la demandada no probó que llegó primero al cruce y cita la doctrina legal de la Suprema Corte sobre la prioridad de paso por la derecha para concluir que el que transita con paso preferente no tiene un bill de impunidad para arrasar lo que encuentre a su izquierda. Formula otras consideraciones y reitera que “con los elementos probatorios aportados queda palmariamente demostrado que la conducta de la demandada –embistente y accediendo a una calle de mayor jerarquía- fue exclusivamente determinante de su total responsabilidad en el siniestro acaecido, siendo la Señora Maldonado una desgraciada protagonista del evento” (sic., fs. 581). Luego dice que “la prioridad de paso que el art. 41 de la Ley 24.449 dispone para quien arriba a la encrucijada desde la derecha no rige para los ciclistas, puesto que las bicicletas caben dentro de la excepción que a tal prioridad consagra el apartado 4, inc. g de la referida norma” (sic., fs. 581 vta.). Finalmente se queja por la imposición de costas, pide se revoque el fallo y se condene a la accionada o, en subsidio, se decrete la responsabilidad concurrente, se impongan las costas por su orden y se disconforma con la regulación de honorarios.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que dispuso el orden de la votación (fs. 587 y fs. 588) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Antes que nada una consideración inicial de derecho transitorio que viene siendo repetida por el Tribunal a partir del 1 de Agosto de 2015. Conforme lo estatuido por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial -sustancialmente análogo al art. 3 CC- la cuestión a dilucidar queda sujeta a las previsiones del derogado Código Civil. Es que, tal como lo referí en la causa “Braszka”, “una de las primeras reglas de interpretación del actual art. 7º CCCN consiste en distinguir los ‘hechos constitutivos’ de la relación jurídica, de sus consecuencias, derivaciones o efectos. Las relaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o constitutivos; esos ‘hechos constitutivos’ (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos) se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse. En cambio los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior se rigen de inmediato por la nueva ley (Moisset de Espanés, Luis, ‘El daño moral (arts. 522 y 1078)’ y ‘La irretroactividad de la ley (art. 3)’, cit., J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972-355). Esta opinión es compartida por Kemelmajer de Carlucci quien afirma que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aída, ‘La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes’ cit., pág. 100). Los presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad, causalidad, daño y factor de atribución) son hechos constitutivos que se rigen por la ley vigente en el momento de su producción, lo que no impide que queden alcanzadas por la ley nueva las consecuencias o efectos no concluidos, no operados o no consumidos, aunque se trate de relaciones jurídicas constituidas con anterioridad como por ejemplo las cuestiones atinentes a la cuantificación del daño (esta Sala Causa N° 56441, del 8/9/15 ‘D. B., A c/ A., L. C. y Otros s/ Derechos personalísimos-Sumario’; Causa N° 56571, del 8/9/15 ‘D. B., A. c/ A., L. C. y Otros s/ Daños y Perjuicios’; causa n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; ver “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, L.L. 2015-F-867).
2. El recurso es infundado.
En efecto, conforme resulta de la teoría del riesgo creado –correctamente aplicada por la sentencia de grado (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1722, 1729, 1757, 1758, 1769 CCCN)- el siniestro vial se produjo, exclusiva y excluyentemente, por la conducta de la víctima quien, circulando en bicicleta y por una avenida, no respetó la prioridad de paso del auto de la demandada que transitaba –también por una avenida- pero por su derecha (arts. 60, 66 inc. b, 69, 70 inc. 2 ap. C, 87 y 107 y concs. del Decreto Provincial de Necesidad y Urgencia Nº 40/2007 del 18/1/2007, B.O. 30/1/2007). Tratándose del cruce de dos avenidas no semaforizadas la prioridad de paso recae en quien transita por la derecha, lo que constituye una derivación clara y contundente de la regla “primero derecha”, la que cobra mayor envergadura cuando ese paso preferente lo ostenta quien accede a un cruce desde una avenida.
Aclaro también que dicha prioridad rige igualmente cuando el otro coprotagonista del siniestro vial ingresa a la encrucijada desde otra avenida (y no desde una calle lateral) porque en igualdad de condiciones de las arterias (cruce de dos avenidas) mantiene plena primacía la regla de la prioridad del vehículo que se presenta por la derecha (en el caso: el automotor Peugeot 405 de la demandada Orliacq) frente a quien transita por la izquierda (la bicicleta de la actora Maldonado). Dicho en otros términos: subsiste con pleno vigor la regla y principio esencial de la circulación vial que predica que asiste prioridad de paso a quien transita por la derecha por una avenida frente al conductor que en el cruce aparece por la izquierda, aún cuando éste último lo haga por otra avenida (art. 40 dec. 40/2007, vigente en el momento del hecho).
No está en discusión que el siniestro se produjo el día 13 de febrero de 2008 en la ciudad de Las Flores en ocasión en que la bicicleta conducida por la actora María Fabiana Maldonado, transitando por la Avenida Manuel Venancio Paz, fue embestida por el automotor Peugeot 405, dominio REK-824 tripulado por la demandada Silvana Orliacq, y asegurado en “La Perseverancia Seguros S.A.”, que se desplazaba por la Avenida Alfredo Vidal. La bicicleta circulaba por la Avenida Manuel Venancio Paz en dirección Oeste-Este y el automotor (repito) por la Avenida Alfredo Vidal, en dirección Sur a Norte. La sentencia recogió ese mecánica colisiva y la prueba resulta de la absolución de posiciones de la demandada Silvana Orliacq de fs. 140 (a tenor de las posiciones 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª del pliego de fs. 139) y de los efectos probatorios previstos en los arts. 421 y 409 C.P.C.
(para la parte que formula las posiciones). En sentido coincidente con dicha mecánica colisiva se pronunció la actora al absolver posiciones a fs. 142 a tenor del interrogatorio de fs. 141 (posiciones ampliatorias 1ª, 2ª y 3ª; arts. 409 2ª parte y 421 C.P.C.). En dicha ocasión la Sra. Maldonado admitió que circulaba por la Avenida Venancio Paz en dirección Oeste-Este, que la Sra. Orliacq lo hacía en dirección Sur-Norte y que “por esa razón el automotor se presentaba al absolvente desde su derecha”. La plataforma fáctica descripta, pese a la ausencia de otros elementos de prueba, pone de relieve que la causa del siniestro vial radicó en la infracción de la actora a la regla de oro de prioridad de paso preferente del vehículo que en el cruce de calles se presenta por la derecha, lo que conlleva una presunción legal en su contra prevista por la legislación reguladora del tránsito (en el caso art. 107 2ª parte, correlacionado con los arts. 60 y 70 inc. 2º ap.
C) del Dec. 40/2004 cit.). Es importante destacar que la prueba pericial de ingeniería practicada no aportó ninguna conclusión técnica o científica de importancia, toda vez que el perito designado de oficio Ingeniero Ángel Bocchio manifestó a fs. 475 que no podía pronunciarse sobre la mecánica del accidente y sobre las características del hecho por la ausencia de elementos de prueba (arts. 375 y 384 C.P.C.). En tal sentido dijo que “tiene imposibilidad de realizar la tarea asignada”. Y que “las pruebas aportadas por las partes no contienen elementos técnicos que determinen convicción en este perito respecto de la mecánica del hecho; en tal sentido obsérvese que no hay constancias de actuaciones policiales respecto del accidente, fotografías de los vehículos intervinientes, croquis del lugar de los hechos, huellas de frenado, planimetrías, etc.; amén de la falta de causa penal correlacionada con autos de la cual podría surgir elemento técnico alguno” (cf. sic., fs. 475 “in fine”/475 vta.).
Tampoco los testigos propuestos por la parte actora efectuaron ningún aporte de valía toda vez que los Sres. Abel Jorge Guaresti a fs. 228 y Jonathan Alejandro Lerra a fs. 229 declararon que no presenciaron el accidente, llegaron al lugar del accidente “a los pocos minutos”, (sic. fs. 228) “unos minutos después de ocurrido”, (sic. fs. 229) y –para lo que aquí interesa- sólo reconocieron los vehículos protagonistas del hecho y las avenidas y el lugar en que se produjo. Guaresti agrega –y lo señalo porque la actora se refiere a éste punto en su agravio- que cuando él llegó la bicicleta “se encontraba tirada debajo del auto, en la parte delantera, enganchada” (sic. fs. 228) y Lerra manifestó “que la bicicleta se encontraba tirada en el suelo delante del auto, con la rueda torcida, el canasto medio roto, el auto se encontraba en la Avenida Vidal con la trompa sobre Avenida Venancio Paz de ésta ciudad”.
De estos dichos de estos testigos si bien puede inferirse que el automóvil resultó el embistente, ello no desemboca necesaria y matemáticamente en la presunción de responsabilidad –como lo pretende la actora- (arts. 384 y 456 C.P.C.). Por el contrario, y si se trata de inferir presunciones “hóminis” de las afirmaciones de los testigos (arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.) resulta más compatible la conclusión de la demandada, vertida al contestar la expresión de agravios, cuando sostiene que “la circunstancia de que la bicicleta se encontrara ‘tirada delante del auto’ (fs. 229) o ‘enganchada’ debajo de la ‘parte delantera del vehículo’ (fs. 228), son prueba que el vehículo automotor circulaba a muy baja velocidad y se detuvo de inmediato, pues de lo contrario … (agrego que de la transcripción literal suprimo aquí una aseveración de la parte que no comparto) hubiera mediado un arrollamiento que de ninguna manera se evidencia” (sic. fs. 586).
3. El cuadro fáctico expuesto conduce a la confirmación de la sentencia apelada porque la actora incumplió con la regla de paso preferente y deben ser desestimadas sus alegaciones defensistas: que no cabe aplicar la teoría del riesgo creado a los choques protagonizados por las bicicletas, que la Avenida Venancio Paz es más importante que la Alfredo Vidal en los términos legales (agrego: del art. 70 apartado 2 inc. C, dec. 40/2007), que el vehículo fue embistente y que la prioridad de paso de quien arriba desde la derecha no rige para los ciclistas. Arribo a la misma conclusión que el sentenciante de grado a partir del idéntico emplazamiento normativo, es decir encuadrando la litis en la teoría del riesgo creado para juzgar el caso de un accidente de tránsito (o, con más precisión técnica, de un siniestro vial) protagonizado por un automóvil y una bicicleta por lo que el dueño o guardián demandado (en el caso: Orliacq) debe probar la interrupción total o parcial del nexo causal (art. 1113 Código Civil; arts. 7 y 1769 CCCN), es decir –y atento la forma en que se trabó la litis- que fue la actora la causante del hecho por no respetar la prioridad de paso de la demandada.
4. Tiene decidido reiteradamente la Suprema Corte que “quien acciona en función del art. 1113, 2° apartado, 2° párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775 24/3/2004, “Calderucho”, Ac.93337 6/9/2006, “Suñe de Ares”; Ac. C101790 29/4/2009 “Alegre”) respondiendo el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva (SCBA, Ac. C 105708 17-8-2011, “Vitali” y Ac 88384 9-11-2005, “V., R. A.”; esta Sala, causa n° 55.314, 20/10/2011, “Orradre, Oscar A. c/Reble, Luis O. y ots. s/Daños y Perjuicios”). El art. 1113 del Código Civil impone a cada dueño o guardián demandado la alegación y prueba de la ruptura total o parcial del nexo causal, es decir la acreditación de la eximente que invoca (conf. “El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas”, LL 2006-F-1361; esta Sala, causas nº 56.556, “Arbiza ...” y nº 56.557, “Curuchet ...” sentencia única del 17/09/13). En ese marco, la demandada de autos logró demostrar que la conducta de la actora interrumpió totalmente el nexo de causalidad adecuada entre los daños sufridos y el hecho lesivo, el que se produjo porque la Sra. Maldonado omitió respetar la denominada “regla de oro” de la prioridad de paso de quién circula por la derecha y que asistía a la Sra. Orliacq (arts. 901, 906 ,1113 y concs. Cód Civ.; art 70 inc. 2, C) decreto 40/2007).
La normativa aplicable dice textualmente: “Artículo 70. Prioridades: … 2. El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda, por una vía pública transversal. Esta prioridad es absoluta y solo se pierde cuando … C) Circulen vehículos por una vía de mayor jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha”.
En un precedente parecido, tratándose de un choque protagonizado por el actor que circulaba en bicicleta por una calle lateral y el demandado que lo hacía por una avenida por la derecha al comando de su motocicleta, este Tribunal arribó a la misma conclusión que en el caso de autos durante la vigencia de la misma normativa -Dec. 40/2007; aunque aquí, y como se dijo, la actora accedió a una avenida no desde una calle lateral sino desde otra avenida- (cf. esta Sala, causa nº 58.840, 09/09/14, “Demarco c/ Gómez s/ Ds. y Ps.). Se dijo allí que “las reglas de la circulación exigían primordialmente a la actora frenar y casi detenerse para ceder el paso … Es correcto el marco legal aplicable dado en Primera Instancia y que consiste en el decreto 40/ 2007 que dispuso la emergencia vial en la Provincia de Buenos Aires, cuyo art. 70 inc. 2, apartado C) establece claramente -de modo similar que el anterior art. 57 inc. 2 C) de la ley 11.430- la prioridad de paso de quién circula por la derecha, asignando expresamente a las avenidas la categoría de vía de mayor jerarquía por lo que la regla queda sentada es “pasa primero quién circula por la avenida”.
La responsabilidad exclusiva por la producción del siniestro recae sobre la parte actora, quien conduciendo su bicicleta al intentar cruzar la avenida transgredió la regla de prioridad de paso prevista en el art. 70 inciso 2 A) del decreto 40/2007” (Sala I de esta Cámara, integrada y con primer voto del Dr. Peralta Reyes, causa n° 54.256, 15/6/2010, "Alonso"). Conforme a la doctrina casatoria, al haberse aproximado la Sra. Maldonado por la izquierda, debió haber frenado hasta casi detener su bicicleta, advertir que no circulaban otros rodados con prioridad de paso y, recién después, continuar la marcha. Se concluía en ese antecedente en consideraciones aquí trasladables que “de este modo, hubiera evitado la colisión con el automóvil de la demandada que circulaba por la derecha y que, por ende, contaba con prioridad de paso.
Al no haber procedido la accionante con tal precaución desentendiéndose de los deberes que en concreto le incumbían, deben atribuírsele en un todo las consecuencias del evento dañoso (arts.901, 902, 906, 1111, 1113 y ccs. del Cód. Civil; arts. 51 inciso 3, 57 inciso 2 C, 76 y ccs. de la ley 11.430). Desde otro ángulo carecen de mayor gravitación los aspectos relativos a cuál de los rodados se encontraba más adelantado o cuál de ellos fue en definitiva el embistente (y con ello doy respuesta a un agravio de la actora recurrente), pues la regla de preferencia de paso del rodado que circula por una avenida cobra magnitud en el caso de autos, en atención a las circunstancias que el mismo presenta (Sala I de esta Cámara, causa citada n° 54.256, "Alonso").
La regla del tránsito en análisis se aplica sin discriminar quién fue el rodado que llegó primero a la bocacalle (S.C.B.A., C. 85.285 del 8-7-08, "Tracchia"; C. 101.536 del 9-6-10, "Iribarne", entre otros), porque la preferencia de paso que la misma otorga no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada, desde que ello impondría -en el hecho- la colocación de sensores para constatarlo (S.C.B.A., C. 76.418 del 12-3-03, "Montero", entre otros; esta Sala II, causas n° 54.299, "Grassi", sentencia del 17-8-10; n° 55.350, “Ferreiro...”, sentencia del 16/2/2012; nº 58.206, “Lopardo ...”, sentencia del 20/02/14 y nº 58.840, 09/09/14, “Demarco c/ Gómez s/ Ds. y Ps.”; esta Sala, causa 59.281, “Moscardi”; causa 58.840, 9/9/2014, “Demarco”, cit.; Sala I –integradacausa 54.256, “Alonso”).
5. En razón de las distintas contingencias jurisprudenciales que se han suscitado en torno a la aplicación del principio de paso prioritario no es sobreabundante recordar que en otro antecedente este Tribunal resolvió también que “quien circula al comando de un vehículo por arterias urbanas debe hacerlo con prudencia y prestando especial atención cuando se aproxima a un cruce, pues no puede ignorar que rige la regla “derecha antes que izquierda” (art. 57 inciso 2º de la ley 11.430 similar al art. 70 dec. 40/2007), porque en las arterias urbanas los cruces tienen campos visuales reducidos por la edificación. Dicho de otra manera, si el conductor se aproxima a una encrucijada en la que debe ceder el paso, su desempeño al volante debe desarrollarse con la precaución y atención necesarias respecto de la velocidad y dominio del rodado, pues debe estar en condiciones de cumplir efectivamente con la regla que le impone ceder el cruce al rodado que se presente por la derecha.
El civismo y la solidaridad en la específica actividad en que consiste compartir los lugares públicos destinados al tránsito de personas y de vehículos, exige e impone a quienes participan, la reducción sensible de la velocidad al aproximarse al cruce, precisamente, para colocarse en condiciones de cumplir la regla y dar satisfacción a quien ella beneficia (cf. SCBA, Ac. 58.668, sentencia del 11/03/1997, “Marzio”; íd., Ac. 66.334, sentencia del 13/05/1997, “Fernández”; íd., Ac 59.835, sentencia del 14/07/1998, “Nicolaci”; íd., Ac 71.179, sentencia del 22/12/1999, “Malbos”; íd., Ac. 72.652, sentencia del 30/08/2000, “Aguirre”; íd., Ac81.595, sentencia del 17/12/2003, “Landaida”; Ac 89.703, sentencia del 24/05/2006, “Insausti”; íd., C 85.285, sentencia del 08/07/2008, “Tracchia”).
Se ha expresado que el texto del art. 57 de ley 11.430, parecido al texto normativo aquí aplicable (art. 70 dec. 40/2007) es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso (cf. SCBA, C 91.165, sentencia del 23/04/2008, “Flores”; esta Cámara Sala II, causa nº51866, del 3/3/09, “Díaz Ana Mabel c/ El Serrano S.A y otra s/ Daños y Perjuicios”, causa nº54.159, del 8/6/10, “Emiliozzi María E. c/ Bisignano Lucas s/ Daños y Perjuicios”). Puntualizo que este Tribunal ha adherido anteriormente –de modo genérico y abstracto- a favor de la prioridad de paso de quien circula por la avenida sosteniendo que debe prevalecer la interpretación que confiere primacía al deber de cuidado y prevención que debe observar quien, desde una calle lateral, acomete el cruce con una calle de mayor importancia.
Y ello supone aminorar la marcha y permanecer detenido hasta comenzar recién a trasvasar la avenida cuando el paso se encuentre expedito, y esa maniobra de interferencia en la fluidez vial de una calle de mayor importancia, cualitativa y cuantitativa (por la densidad de la circulación, por la mayor velocidad permitida, por la expectativa que suscita en los restantes automovilistas), pueda ejecutarse sin riesgo para terceros. Esta es la directiva y el comportamiento que fluyen del trípode normativo que se asienta en el deber genérico de prevención y cuidado (art. 39 inc. b ley 24.449), en la velocidad precautoria que supone no sólo el dominio total del vehículo sino también no entorpecer la circulación (art. 50 ley cit.), y el de evitar daños en personas o cosas como consecuencia de la circulación (art. 64, segunda parte in fine, citada ley 24.449 legislación ahora vigente y que en el caso en examen no era normativamente aplicable (conf.
Galdós-Ribera, El cambio de la legislación de tránsito y nuevamente sobre la prioridad de paso de quien circula por una avenida, LLBA 2009, pág.1175, con cita de fallos de la S.C.B.A., C.99.141 del 15-7-09, "De la Rosa"; C.100.905 del 9-9-09, "Rua", entre otros; esta Sala, causas n° 54.907, del 11-4-11, "Garay ..."; nº 55.350, del 16/02/12, “Ferreiro ...” y nº 58.840, del 09/09/14, “Demarco …”). Señalé que ésta es la doctrina genérica o abstracta que rige la temática porque son conocidas las modificaciones legislativas ulteriores acerca de quién tiene paso preferente en las avenidas y el actual régimen de la ley provincial 13.927 que adhirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.499. Destaco que en el bloque normativo aplicable (el decreto 40/2007 reiteradamente citado) releva al tribunal del análisis de la vigencia de esa doctrina a la luz del art. 41 inc. d ley 24.449, adoptada posteriormente en la Provincia de Buenos Aires por la ley 13.927 (conf.
S.C.B.A., C 118128, 08/04/2015, “Rearte, Walter Edgardo c/ Chere, Miguel Ángel y otro. Daños y perjuicios”).
En suma: “quien circula por una avenida (y en esta oportunidad, agrego, quien circula por una avenida y por la derecha) lo hace asistido por la convicción de que, sin tener un ‘bill de impunidad’, goza de preferencia de paso con relación a los otros automovilistas que pretenden acceder a ella (máxime cuando la avenida es de doble mano) desde una calle lateral. En tal caso quién debe frenar antes de acometer el cruce con una avenida, en cuanto vía de mayor jerarquía, es quien lo hace por una calle lateral, transite por la izquierda o por la derecha, facilitando –y no obstaculizando ni obstruyendo- la fluidez de la circulación por la arteria principal” (cf. Galdós, Jorge Mario – Ribera, Carlos E., “La prioridad de paso del que circula por la derecha según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, en L.L.B.A., 2005, junio, 485; y “Un cambio en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la prioridad al paso de quien circula por una avenida”, en L.L.B.A., 2005, noviembre, 1155). Con base en los precedentes citados, entiendo que el evento dañoso fue provocado por la conducta negligente de la conductora de la bicicleta, quien no respetó la prioridad de paso, ni redujo la velocidad al acceder a la Avenida Vidal, circunstancia que importa una grave presunción de responsabilidad (arts. 906 y 1113 del Cód. Civil; esta Sala, causa nº 59.281, 07/05/15, “Moscardi, David c/ Guillenea, Martín s/ Ds. y Ps.”).
6. Corresponde ahora analizar los otros agravios introducidos por la actora: el desplazamiento de la teoría del riesgo creado cuando el choque es protagonizado por una bicicleta y un auto, la inaplicabilidad de la regla de la prioridad de paso ya que afirma que no rige para los ciclistas (según el art. 41 inc. 1 apartado 4 inc. g de la ley 24.449) y que la demandada circulaba por la “avenida de mayor jerarquía”.
En lo relativo al primer tópico señalo que la teoría del riesgo creado también se aplica al choque entre una bicicleta y un automotor. La redacción actual del art. 1769 CCCN que remite a la teoría del riesgo creado y a la actividad riesgosa y peligrosa (arts. 1757 y 1758 CCCN) “para los daños causados por la circulación de vehículos” incluye los choque entre automotores y bicicletas. “La denominación circulación de vehículos es más amplia que la usual de accidentes de tránsito porque incluye a los daños producidos por automóviles (comprensivos de bicicletas, motos, máquinas agrícolas, etc.) no sólo durante la circulación vial sino también en todos los casos en los que media su intervención activa, estén o no en movimiento. En realidad más que accidentes de automotores, de tránsito o de la circulación, se trata de siniestros viales, expresión que excluye la referencia a evento imprevisible que contiene la denominación “accidente” (según el Diccionario: “Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”)” (Galdós, Jorge, en Lorenzetti, Ricardo Luis –Director-, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tº VIII, pág. 625). Ello no importa desconocer que existe doctrina en contrario (Alferillo, Pascual, en Jorge Alterini –Director- “Código Civil y Comercial Comentado”, Tº VIII, pág. 393). Dice este autor con relación al actual régimen de la ley 24.449 que “realizando una hermenéutica literal del texto de la ley de tránsito aplicable en casi todas las jurisdicciones del país, el contenido del presente artículo (art. 1769 CCCN) únicamente sería aplicable a los vehículos automotores, quedando fuera de su previsión normativa las bicicletas (inc.g, art. 5º), ciclomotores (inc.ll, art. 5º), las motocicletas (inc. ñ, art. 5º), los de tracción a sangre (ind. d, art. 33) y los peatones por no responder a las características descriptas para ser considerado vehículo” (aut. y ob. cit.). Empero la opinión autoral prevaleciente sostiene que la teoría del riesgo creado en materia de siniestros viales comprende a los accidentes protagonizados por bicicletas, conforme lo resuelto por la Suprema Corte en el leading case “Sacaba de Larosa” (SCBA, 8486, Ac. 33.155, A. y S. 1986-I-255; L.L. 1986-D-479 con nota aprobatoria de Trigo Represas) y lo receptó este Tribunal (cf. esta Sala, causa nº 58.840, 09/09/14, “Demarco, Lidia c/ Gómez, Néstor s/ Ds. y Ps.”).
Hace tiempo reflexionaba que “participo del criterio que, en definitiva, supone catalogar a la bicicleta en marcha o en funcionamiento como una cosa riesgosa, sea que el riesgo derive de su propia naturaleza, de su modo de utilización, o de la actividad desplegada con ella, … sin descartar los supuestos en que la bicicleta presente vicios” (conf. Galdós, Jorge, “Accidentes de automotores, la teoría del riesgo creado y las bicicletas”, en L.L. 1994-B, 70 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo III, 01/01/2007, 1295, en comentario a Fallo de la C. N. Civ., Sala C, del 25/06/1992, “Ortigoza, Néstor c. Canata, Alejandro y otro”, Cita Online: AR/DOC/17044/2001). Por consiguiente “y aceptada la aplicación de la normativa del riesgo creado cuando media actuación de una cosa riesgosa como el automóvil, o vehículo asimilable –vgr. un camión, ómnibus, máquina vial o agrícola o hasta una motocicleta, o un tractor-, el mismo criterio ha de utilizarse en las hipótesis en que exista intervención activa de dos o más cosas riesgosas –vgr. como en el caso de colisión entre una bicicleta y un automotor-“ (ob. cit.).
Por eso mantienen plena vigencia las argumentaciones recogidas en el antiguo precedente de la Suprema Corte –la causa “Sacaba de Larosa”- cuando recordaba “las enseñanzas de los hermanos Mazeaud, ‘suponiendo un choque entre un automóvil y una bicicleta la ley presume que el automovilista es responsable de los daños que haya causado su vehículo y que el ciclista es responsable de los daños que haya causado su bicicleta. Hay un choque que procede del encontronazo de dos actividades contrarias. Hay, en todo caso, dos daños que se originan en el mismo choque: el sufrido por la bicicleta y el sufrido por el automóvil. Por consiguiente no hay una acción única sino dos acciones distintas. Cada cual se presume responsable del daño sufrido por el otro.
El choque ha podido destruir los vehículos pero no las presunciones”. La opinión que propiciamos (de incluir a las bicicletas en el concepto de accidentes viales o de la circulación) también es la receptada por Parellada quien puntualiza que “en nuestro criterio la apreciación de la distinta entidad de los vehículos que participan en un evento dañoso en el que han intervenido activamente y se han causado daños recíprocos es irrelevante a los fines de la determinación de la normativa aplicable, que será siempre el artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil. La única trascendencia de la cuestión –distinta masa, porte o estructura- se presenta cuando se trata de apreciar la culpa de la víctima, como causal eximente de la responsabilidad presumida, en cuyo caso las características de la cosa –mayor maniobrabilidad, escasa potencialidad dañoso, etcétera- tendrán relevancia en la apreciación de la diligencia debida” (cf.
Parellada, Carlos A., “Colisiones entre automotor y ciclista. Automotor y carros. Automotor y animales. Automotor y camiones. Automotor y trenes. Accidentes de tránsito en los que participan vehículos de distinta dimensión”, en Revista de Derecho de Daños, Accidentes de tránsito – II, pág. 136). Más adelante agrega que “por ello, pensamos que el criterio que toma en cuenta la diversa entidad de los vehículos circulantes para establecer la aplicabilidad de la norma del artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, debe ser revisado ya que encierra el riesgo de reducir la vigencia de la norma, en consonancia con la teoría de la neutralización”. Más recientemente y a propósito del actual art. 1769 CCCN se sostuvo que “interpretamos que en esa norma quedan comprendidos los siguientes supuestos: automóviles, camiones, tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, micro ómnibus, colectivos, remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidos tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen autos (art. 62 ley 24.449 maquinarias especiales y art. 5 del decreto-ley 6582/58, la enumeración no es taxativa; cf.
Danesi, Cecilia C., “Daños ocasionados por la circulación de vehículos en el Código Civil y Comercial de la Nación”, en R. C. y S., 2016-VI, 23, Cita Online: AR/DOC/1390/2016). Por otra parte, y con relación a las bicicletas continúa la autora que “para algunos, éstas no están incluidas en el texto legal en comentario (como tampoco los ciclomotores, las motocicletas, los de tracción a sangre y los peatones), mientras que para otros sí. Por nuestra parte, los velocípedos se encuentran comprendidos en el art. 1769 del código vigentes, puesto que son vehículos que transportan personas o cosas. Además, hay algunas bicicletas a las que les incorporan motores, circunstancia que indudablemente incrementa su peligrosidad” (conf. aut. y ob. cit., Danesi, Cecilia, “Daños ocasionados por la circulación de vehículos en el Código Civil y Comercial de la Nación”, en R.
C. y S., 2016-VI, 23, Cita Online:
AR/DOC/1390/2016).
No es admisible el otro argumento de la actora cuando alega de que ella tenía prioridad de paso porque, conforme se desprende del artículo 41 inc. g apartado 4 de la Ley 24.449, el paso preferente de quien arriba a la encrucijada por la derecha no comprende a los ciclistas. Sin perjuicio de señalar de que el referido marco normativo (Ley Nacional 24.449 a la que adhirió la Ley Provincial 13.927) no estaba vigente en el momento del hecho, corresponde igualmente añadir que no fue oportunamente invocado en la instancia de grado (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 267 C.P.C.). Sólo “obiter dicta” acoto que no comparto la argumentación de que la bicicleta constituya un vehículo de “tracción a sangre”, en los términos del citado art. 41 inc. G apartado 4 decreto 40/2007 citado que excepcione la regla de paso preferente de quien va por la derecha. A tal efecto es oportuno recordar que el art. 5 inc. G de dicha norma define a la bicicleta como “vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas”, lo que excluye que se la identifique como equivalente a un carro (o sulqui, mateo, etc.) o vehículo equivalente que sea propulsado por animales”. Sobre el tópico comparto la argumentación de Alferillo cuando sostiene que “la acción de traccionar implica un arrastre de un carro que normalmente, se hace con animales domesticados, como son, actualmente, los equinos. Pero indudablemente, … ya queda descartado que la bicicleta sea un vehículo de tracción a sangre. Por el contrario, se infiere que es un vehículo con identidad propia que se lo denomina, indistintamente, ‘velocípedo’” (cf. aut. cit., en Alterini, Jorge Horacio –Director general- “Código Civil y Comercial Comentado – Tratado exegético”, Alferillo, Pascual E. – Gómez Leo, Osvaldo R. – Santarelli, Fulvio G. –Directores del tomo-, Tomo VIII, pág. 393). Analizando las diferencias normativas entre la bicicleta y los vehículos (arts. 5; 31 inc. 2º, punto I), concluye que “como se verifica, la ley de tránsito no asimila la bicicleta a los vehículos de tracción animal” (conf. aut. y ob. cit., pág. 394).
Finalmente corresponde también desestimar la alegación del esforzado agravio de la actora que procura identificar desde el punto de vista normativo a la Avenida Manuel Venancio Paz de Las Flores –por la que transitaba en su bicicleta- como una vía de mayor jerarquía con respecto a la Avenida Alfredo Vidal -por la que circulaba el auto- a fines de efectuar un cotejo comparativo entre la importancia de ambas arterias (reitero: dos avenidas) para conferir primacía a la primera, todo con invocación del art. 40 inc. 2 ap. C del Decreto 40/2007. Esa diferenciación propuesta no surge de la ley, y si bien es cierto que la realidad de la circulación vial indica que el conductor no debe desentenderse de las características estructurales de la arteria por la que circula (ancho, densidad de circulación, fluidez, etc.), lo que según el caso impone mayores deberes de precaución, lo cierto y decisivo es que no puede afirmarse que el texto legal citado admita una subclasificación de las categorías o jerarquías de las avenidas a fines de modificar las reglas y principios que regulan la prioridad de paso (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN; arts. 384 y 375 C.P.C.).
Por lo expuesto la sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes, con costas en la Alzada a la apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). No concurre en autos ningún presupuesto atendible que excluya la aplicación –en ambas instancias- del principio objetivo de la derrota en juicio ni que torne compleja u opinable la cuestión litigiosa resuelta (arts. cit. 68 y 69 C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. En atención al monto reclamado en la demanda ($ 98.675,56; cf. fs. 43 vta. punto II), al valor y mérito de los trabajos realizados, y según lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 23 segundo párrafo, 26 segundo párrafo, 28 inc. b y concs. del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los honorarios del Dr. Carlos A. Plini, quien actúa como apoderado de la parte actora, en la suma de pesos seis mil novecientos ($ 6900), los de la Dra. Julieta María Plini, la que reviste el mismo carácter que el Dr. Carlos Plini, en la suma de pesos seis mil novecientos ($ 6900), los del Dr. Francisco José Almirón, en su condición de apoderado de las partes demandada y citada en garantía, en la suma de pesos once mil ochocientos cuarenta ($ 11.840), y los del Dr. Alfredo Victorino Callejo, quien se desempeñó en autos revistiendo la misma condición que el Dr. Francisco Almirón, en la suma de pesos nueve mil ochocientos setenta ($ 9.870), en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A. en caso de que algún profesional revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de la apelación, en relación a los Dres. Carlos Plini, Julieta Plini y Alfredo Callejo, y MODIFICÁNDOSE respecto del Dr. Francisco Almirón, la regulación recurrida de fs. 519 vta. punto 3º.
II. Atendiendo al valor y mérito de las tareas efectuadas en la presente, y en orden a lo establecido en la Resolución Nº 890 del 20/07/2002 emanada del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Consejo Superior, fíjase la retribución de la perito psicólogo Licenciada Olga Belluz, en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500), con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de corresponder, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, la regulación apelada de fs. 519 vta. punto 3º “in fine”.
III. En atención al valor y mérito de la labor desarrollada en estas actuaciones, y conforme a lo dispuesto en los arts. 8, 9, 10, 12 y 16 del Título Primero y en los arts. 1º y 5º del Título Segundo del Decreto 6964/65, establézcase la retribución del perito Ingeniero Mecánico Sr. Ángel E. Bocchio, en la suma de pesos un mil ($ 1000), con más el aporte que por ley corresponda e I.V.A. de acuerdo a la condición que el profesional revista ante dicho tributo, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, la regulación apelada de fs. 519 vta. punto 3º/520.
IV. En atención al valor y mérito del informe pericial confeccionado en autos, y según lo normado en el art. 1º punto 7 del Decreto 6732/87, retribúyase la tarea del perito Médico Dr. Luis Ángel Uberti, en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500), con más el aporte establecido por ley e I.V.A. de acuerdo a la condición que el mismo revista ante dicho tributo, CONFIRMÁNDOSE así, y dada la forma de apelación, la regulación apelada de fs. 519 vta. punto 3º/520.
V. Por las tareas efectuadas ante este Tribunal, y atento a lo normado por el art. 31 del Decreto/Ley 8904/77, fíjanse los estipendios del Dr. Alfredo V. Callejo (h), en su carácter de apoderado de la demandada y la citada en garantía, en la suma de pesos cuatro mil trescientos cuarenta y dos ($ 4.342), y los de los Dres. Carlos Plini y Julieta María Plini, en la condición indicada en el considerando I) de esta Cuestión, en la suma de pesos un mil quinientos diecinueve ($ 1.519) para cada uno, en todos los casos con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de corresponder.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por iguales fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, SE
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, en todo cuanto fuera objeto de recurso y agravio. 2) IMPONER las costas en la Alzada a la actora vencida, dada su condición de apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 3) CONFIRMAR, dada la forma de apelación, y MODIFICAR la regulación de honorarios atacada, la que fuera efectuada en la sentencia materia de apelación a favor de los letrados y peritos intervinientes, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, en los puntos I), II), III) y IV); y 4) FIJAR la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión en el punto V).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto anterior, votando en análogo sentido por igualdad de fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 14 de Julio de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., CONFÍRMASE la sentencia apelada, en todo cuanto fuera objeto de recurso y agravio. IMPÓNGANSE las costas en la Alzada a la actora vencida, dada su condición de apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). CONFÍRMASE, dada la forma de apelación, y MODIFÍCASE la regulación de honorarios atacada, la que fuera efectuada en la sentencia materia de apelación a favor de los letrados y peritos intervinientes, en un todo de acuerdo con lo resuelto en la Segunda Cuestión, en los puntos I), II), III) y IV). FÍJASE la retribución a los profesionales actuantes ante esta Instancia, en la forma dispuesta en la Segunda Cuestión en el punto V). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: María Inés Longobardi – Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Jorge Mario Galdós - Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cámara Civil y Comercial – Sala II.
Fin de la sentencia