Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Mar del Plata.cuestión de Competencia
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 1456 y dejar sin efecto la resolución de fs. 1251-1252.
II. Declarar competente para decidir la cuestión planteada a fs. 1219-1225 al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n°13 departamental.
REGISTRO Nro. 101-s FOLIO Nro. 429/437 Expediente nº 107.207– Juzgado nº 13.
// En la ciudad de Mar del Plata a los días 3 del mes de Mayo del año dos mil trece, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “G. N. s. Insania”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I: En la sentencia interlocutoria dictada a fs. 1251-
1252, el Sr. Juez de primera instancia desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 párrafo segundo de la Resolución del ANSES 14/2002, que reglamenta los arts. 6 inc. b) y 15 inc. c) de la ley 24.714, formulado a fs. 1219-1225 por la Sra. Asesora de Incapaces titular de la Asesoría n°1, por entender que excedía la competencia material de este proceso de insania, y asimismo, su competencia en razón de la materia, de conformidad al art. 15 de la ley 24.463, reformado por el art. 3 de la ley 24.655.
II: Apeló la Sra. Asesora a fs. 1456, el recurso le fue concedido en relación a fs. 1457, y la fundamentación se encuentra a fs. 1458-1469.
Los agravios formulados fueron:
i: Violación de resoluciones anteriores del mismo Juzgado, en las que el Juez de la causa admitió la competencia.
Hizo directa referencia a fs. 1094, en que con fecha 19-8-2010, el Sr. Juez ordenó, ante el pedido del curador oficial (fs. 1092), la inclusión como hija discapacitada a cargo de su madre, librando nuevo oficio al ANSES para que liquidara y depositara en la cuenta de autos la asignación mensual por hijo discapacitado, bajo el apercibimiento del art. 397 del CPCC (fs. 1459 vta.).
El planteo de inconstitucionalidad desestimado guardaba íntima vinculación con la respuesta del organismo a fs. 1214-1215, por lo que consideró a la decisión judicial notoriamente contradictoria con actos jurisdiccionales preexistentes, configurándose, a su criterio, una denegación de justicia, ante la negativa posterior a resolver y ordenar el pago” (fs. 1460 último párrafo).
ii: Declaración de incompetencia por no existir conexidad con el objeto y contenido del proceso de insania, y en razón de la materia, dada la naturaleza de persona jurídica estatal del Anses (fs. 1461). Argumentó que si bien el principio es la competencia federal en las causas en que el Anses es demandado o se debaten cuestiones sobre resoluciones del ámbito de la seguridad social – conforme doctrina de la CSJN citada por el Juez de grado-, el caso no encuadra en dicho principio porque:
a) no se trata de un proceso ordinario o sumario que tenga por “demandado” al Anses u otro organismo del estado nacional o provincial;
b) tampoco es un proceso de amparo dirigido contra ese ente, que deba tramitar de manera autónoma a este juicio de capacidad;
c) en el marco de un proceso integral y completo como éste, se solicitó la “efectivización de una medida que ya había sido ordenada por el Juez del proceso, cuyo cumplimiento fue negado por el Anses con invocación de normativa infra constitucional y que este Ministerio atacó confrontándola con las normas Superiores” (fs. 1466 vta. primer párrafo). Sostuvo que el juez de la curatela es el competente para resolver todas las cuestiones relacionadas con la persona y bienes del sujeto bajo su protección, y eso es lo que aquí se discute. Sobre la incompetencia en razón de la materia, calificó de unitaria la consideración judicial que tomó como única y exclusiva pauta de definición, la naturaleza del ente nacional.
El agravio se funda en que se trata de un proceso de insania iniciado en el año 1997, en el que la Sra. G. encontró protección, resguardo y defensa de sus derechos, sea en el ámbito personal – reconocimiento del ejercicio de su maternidad asistida, multiplicidad de actuaciones del curador zonal en inclaudicable acompañamiento-, como patrimonial –tramitación y gestión de beneficios provisionales por el curador, promoción de juicio de alimentos contra el esposo de la causante, reclamo de alimentos atrasados-, por lo que reclamó un pronunciamiento que reconozca una medida de acción positiva (art. 75 inc. 23 de la CN), que opera como ajuste razonable de la normativa invocada por el Anses en atención a la condición de discapacidad de la beneficiaria (con cita del art. 12 de la ley 26.378, “Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad).
Hizo hincapié en que es “éste” el Juzgado que conoce las necesidades de N. G. y por ello, el que puede “aprehender y comprender por qué en este caso concreto la negativa al beneficio –que en otros casos resulta razonable conforme la télesis de la norma administrativa y de la ley 24.241, importa una diferenciación negativa que vulnera el derecho a la protección especial (art. 75 inc. 23)” debido a su especial condición (con cita de los arts. 1, 2, 5, 12 de la ley 26.378, el resaltado es del original a fs. 1462 vta.).
Destacó que las concretas circunstancias obrantes en la causa, su discapacidad, la historia de vida que la unió con su esposo hoy separado de hecho, el por qué de la conservación del vínculo matrimonial a pesar de esa separación, las dificultades en el incumplimiento de la prestación alimentaria a cargo de él, las necesidades económicas no satisfechas con el beneficio asistencial tramitado por la curaduría, “justifican en este caso concreto la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que le niega en principio el acceso al haber previsional pedido” (fs. 1466, resaltado y subrayado originales). iii: No resolvió el planteo concreto de inconstitucionalidad, omitiendo el deber jurisdiccional de todo magistrado de analizar la constitucionalidad de las normas que son sometidas a su conocimiento, pese a que rige en nuestro sistema jurídico el control difuso por parte de los jueces (fs. 1463).
iv: Violación de la garantía constitucional del Juez natural (art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH, CSJN, Fallos 234:482), al sustraer del ámbito del proceso de incapacidad la resolución de un planteo “claramente relacionado con los derechos patrimoniales y personales de la causante, con su derecho a la salud, al desarrollo, y a la mejor calidad de vida” (fs. 1463 vta.).
Sostuvo que su representada ostentaba un derecho adquirido a que el Juez del proceso de incapacidad se pronunciase –positiva o negativamente- por cuanto ya se había “confirmado” como juez natural al intimar y ordenar el pago de la prestación.
v: Violación del derecho de acceso a la justicia, “al remitirla a promover una acción autónoma ante un fuero en que sus representantes no ejercen intervención” (fs. 1459).
Con cita de los artículos 14 de la CN y 15 de la CPBA, argumentó que el derecho constitucional genérico de acceso a la justicia, se potencia y refuerza en el caso de las personas con discapacidad, “en cuanto colectivo vulnerable que ha merecido un tratamiento constitucional diferenciado en razón de su condición” en el art. 75 inc. 23 de la CN (resaltado y subrayado originales a fs. 1464).
Señaló que el a quo ha omitido la aplicación de “ajustes razonables al procedimiento”, acordes con su condición de vulnerabilidad y el deber de protección estatal especial, de conformidad al art. 75 inc. 23 de la CN, las 110 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, las leyes 26.378 y 25.280 (fs. 1459, 1464 y 1465).
Sostuvo que la postulación que puedan efectuar los representantes legales de la causante lo será “por naturaleza ante el Juez de su causa”, porque el curador oficial carece de competencia para intervenir en la Justicia Federal, y en cuanto a su Ministerio, con actuación principal en la Justicia ordinaria, “la pretensión de promoción de acciones en el fuero federal –en el caso acción de amparo o medida autosatisfactivaañadiría dificultades operativas prácticas que conspiran contra la adecuada tutela judicial efectiva” (fs. 1465 vta., el resaltado le pertenece). vi: Contradicción con precedentes judiciales que determinan una discriminación “por razón del fuero” civil y familiar, porque “diariamente” en los procesos de incapacidad, insania e inhabilitación, en que su Ministerio interviene, las Sras. Juezas de Familia dictan de “manera constante, diaria y permanente” medidas cautelares del tipo de las peticionadas, y así se ordena al PAMI, al ANSES, al IOMA, y a “cuanta repartición pública nacional, provincial, local corresponda”, en resguardo de los derechos de las PCD, el reconocimiento de prestaciones que por derecho son titulares.
Citó un antecedente del Tribunal de Familia n°1, de diciembre de 2012. “A. L. s. Inhabilitación”, en que se ordenó al Anses “en idéntico caso al presente el pago del beneficio previsional por hijo discapacitado a cargo a favor del Sr. A. separado de hecho” (fs. 1466). vii: Denegación de justicia, al abrir la vía de tratamiento y sustanciación de una cuestión, para, diez meses después, “y no obstante haber consentido el ANSES la competencia del fuero ordinario” (fs. 1459 in fine), rechazar la jurisdicción, pese a que a fs. 1243 se encuentra agregada la cédula en que se le corrió traslado al organismo del planteo de inconstitucionalidad, que al no haberse presentado a hacer valer sus derechos, consintió la competencia.
Siguiendo ese hilo argumental, afirmó que el magistrado debió pronunciarse acerca de su competencia al recibir la pretensión aún de oficio (art. 4 del CPCC); si no lo hizo al recibir el pedido del curador a fs. 1094 o al receptar el planteo de inconstitucionalidad de fs. 1219-1225, no puede hacerlo once meses después, “habiendo además sustanciado la contienda con la contraparte quien no cuestionó dicha competencia” (fs. 1467, el resaltado es original”).
Estimó finalmente que la denegación de justicia era palmaria, con cita de fallos de la CSJN (“Rougés Marcos c. Provincia de Tucumán” de septiembre de 1992 y “Losicer Jorge Alberto c. BCRA” del 26-6-2012), y que como tal compromete la responsabilidad internacional del Estado (CIDH, caso “Masacre de Maripirán c. Colombia” del 15-9-2005 y “Furlán y Familiares c. Argentina” del 31-8-2012).
Solicitó que no siendo parte el Anses en la cuestión de competencia recurrida, se resolviera la cuestión sin sustanciación y revocando la sentencia atacada.
III: En mi opinión el recurso debe prosperar.
La lectura del expediente permite apreciar que dentro de la ardua y meritoria tarea desarrollada por el curador oficial en interés de su representada, varias fueron las oportunidades en que efectuó presentaciones ante organismos nacionales para gestionar beneficios asistenciales y previsionales, sin que desde ellos se haya cuestionado la competencia del Juzgado.
a) A fs. 777 solicitó que se ordenara al PAMI proceder a la afiliación provisoria de la Sra. González en razón de que su madre era beneficiaria de un haber previsional.
El pedido mereció el despacho de fs. 781 para que previamente indicara las piezas pertinentes a los efectos del otorgamiento, en atención al carácter de titular de la madre de la causante; agregado el informe de fs. 784 emitido por el HIGA, a fs. 786 vta. el Sr, Juez resolvió que la afiliación provisoria se gestionara por los carriles normales, indicando nuevamente que la titular del beneficio era la madre.
Por ese motivo el curador oficial remitió un oficio a la institución (ver escrito de fs. 792), y a fs. 798 se encuentra agregada la respuesta que el PAMI diera “al requerimiento recibido en relación a los autos “González Norma s. Insania” de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n°13 Dptal.”, informando que habían procedido a afiliarla provisoriamente desde el 9-4-2008.
b) A fs. 754 agregó una solicitud de pensión asistencial por invalidez, efectuada por ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la que da cuenta el curador a fs. 954 y 1017 donde informa que aún no tiene alta de cobro pero podría llegar a percibirla en octubre o noviembre (de 2009).
A fs. 1028, con fecha 20 de octubre de 2009 denunció que había fondos depositados provenientes del Anses pidiendo autorización para cobrarlos, la que le fue otorgada a fs. 1029.
A fs. 1030 este organismo respondió un oficio librado en estos autos, informando que “para poder dar debido cumplimiento a lo solicitado en oficio de referencia se deriva al sector de Activos”, y solicitó ampliar el plazo de respuesta.
A fs. 1032 el curador oficial agregó dos formularios extraídos de la página web del Anses, de los que surge que Edith Irene González, madre de la causante percibe una asignación por hijo incapacitado desde el mes de octubre de 2009, por lo que solicitó que se librara oficio al organismo para que transfiriera los fondos mensualmente a la cuenta de autos. El oficio fue librado a fs. 1035, diligenciado a fs. 1083, y ante la falta de respuesta, el curador solicitó a fs. 1092 que se ordenara otro, pedido que mereció el despacho de fs. 1094, al que hace alusión la Sra. Asesora, por el que se intimó al Anses a que “se sirva liquidar y depositar en al cuenta de autos, la asignación familiar mensual por hijo incapacitado que percibiera la madre de la causante… en el término de cinco días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 397 del CPC, debiendo la mentada entidad informar en idéntico término cualquier inconveniente en el cumplimiento de la medida dispuesta”. A fs. 1180, el Anses respondió con fecha 10 de mayo de 2011, diciendo que para proseguir el trámite debe adjuntarse certificado de supervivencia de la Sra. Norma González, habida cuenta “del tiempo transcurrido desde la autorización de discapacidad otorgada y la fecha en que se remitió el presente oficio” (el resaltado me pertenece). Luego, a fs. 1215, informó que “la titular del presente oficio no tiene derecho a que se le liquide a su madre la asignación por hijo discapacitado, ya que según la normativa vigente – no se indica cuál es- el hijo discapacitado debe ser soltero, divorciado o estar separado legalmente. Y según la declaración de insania la mencionada es casada”.
Este informe motivó la presentación de la Sra. Asesora planteando la inconstitucionalidad de la Resolución de Anses 14/2002, de la ley 24.714 y “toda otra que resulte invocable en igual sentido por la Administración” (fs. 1219-1225).
A fs. 1226 el Juzgado corrió traslado de la presentación, que fue notificado mediante la cédula agregada a fs. 1243 dirigida al Anses, con fecha 17 de abril de 2012, sin que el organismo lo haya contestado.
El Sr. Juez se declaró incompetente a fs. 1251-
1252 con fundamento en el art. 15 de la ley 24.463 reformado por el art. 3 de la ley 24.655.
III.1: Considero que la oportunidad procesal para tal declaración precluyó con el traslado ordenado a fs. 1226, porque ése era, a mi modo de ver, el momento para declararse incompetente.
Plantear la cuestión cuando se le solicitó que se resolviera, ante la falta de respuesta por parte del Anses, resulta a mi criterio, extemporáneo, e infringe la regla del art. 7 del CPCC y CPCN, pues considero que, aún pese a lo dispuesto por el art. 15 de la ley 24.463 (reformado por art. 3 de la ley 24.655), el órgano jurisdiccional ha consentido la competencia que ahora pretende cuestionar (esta Sala II, expte. N°141.803, “Marzano Cristian Gabriel c. Soncini Carlos s. Cobro ejecutivo”, sent. del 12-8-2008, R671 (R) F°1621-23; “A.M.C.A. s. Autorización judicial”, sent. del 1-12-2011. R274 (S) F°1390/5). La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires se ha expedido al respecto:
“… se infiere que las cuestiones de competencia deben proponerse –por regla– en la etapa procesal oportuna y que una vez precluida la misma, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal, ello así salvo casos de excepción” (SCBA, Ac. 58.714, “Gorostiaga Rosa Mercedes c. Municipalidad de La Plata. Cementerios s. Daños y perjuicios”, sent. del 7-3-2001, del voto del Dr. Hitters, con cita del voto del Dr. Negri en Ac. 47.355, "Celina Electromecánica de Joaquín F. Domínguez c. Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s. Cobro de pesos", sent. del 14- 3-1995; en igual sentido, Ac. 79.352, “C.L.I. S.R.L. c. Municipalidad de Rivadavia s. Daños y perjuicios”, sent. del 28-11-2001, con cita de Gorostiaga, el resaltado y subrayado no son del original).
“… que “cuando un pleito, producida prueba y alegación sobre el mérito de la misma, se encuentra en estado de dictarse sentencia definitiva, resulta inconciliable con principios de economía procesal tendientes a asegurar la estabilidad de los procedimientos y la celeridad del trámite, el admitir luego discusión sobre la competencia del Tribunal” (C.S.J.N., sent. del 18- IV-1956 en Fallos, 234:401 y en La Ley, fallo 82.661; íd. sent. del 3-V-1957 en Fallos, 237:522, La Ley, 87-72 y en J.A., 1957-III-410; íd., sent. del 27-VI-1956 en La Ley, 84-253)” (del voto del Dr. Pettigiani en causa Gorostiaga).
El Supremo Tribunal Nacional por su parte, en la causa N° 1455, L.XLII, “Maturana Roberto V. c. Consorcio Portuario Repsol y Zona Común s. Amparo”, sent. del 15-5-2007, en un conflicto negativo de competencia entre la Sala II de esta Cámara y el titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, remitió a lo resuelto por el Superior Tribunal en la causa N°77. XXXV, “Rezk Sergio Rubén c. M. E. y OSP-PPP y ot. s. Proceso de conocimiento”, sent, del 30-6-1999, ordenando en consecuencia a esta Cámara resolver el recurso de apelación.
En ese precedente, el Sr. Procurador General de la Nación dictaminó que “Respecto de la cuestión de competencia, V.E. tiene reiteradamente dicho que del art. 352 del CPCCN, en cuanto habilita a la Corte, cuando interviene en instancia originaria, y a los jueces federales con asiento en las provincias , para declararse incompetentes “… en cualquier estado del proceso…”, se desprende que los restantes tribunales nacionales han de ajustarse a las oportunidades previstas procesales previstas en los arts. 4, 10 y 352 de aquél código (v. Fallos: 307:569; 311:621, 2308, entre otros)”
“A ello se añade, como también lo destacó V.E., que la oportunidad para el planteo de estas cuestiones –dada la idéntica naturaleza de la jurisdicción ejercida por los tribunales nacionales- reconoce la limitación establecida por las correspondientes disposiciones procesales, pues sin perjuicio del carácter de orden público de las normas que la reglan, es pertinente recordar que la misma condición tienen los preceptos legales que tienden a lograr la pronta terminación de los procesos, en tanto no se opongan a ello principios fundamentales que pudieran impedirlo (conf. Fallos: 234:786; 256:580; 307:569; 311:621)” (el resaltado no es original)
“… Nada obsta a ello la índole improrrogable establecida por el art. 19 de la ley 18.345… –en el caso, sería el art. 15 de la ley 24.463- dado que de ella no se sigue que el punto atinente a la jurisdicción pueda ser resuelto en cualquier estado del proceso, lo cual reconoce basamentos vinculados con la seguridad jurídica y la economía procesal (v. Fallos: 254:470; 261:291; 307:569; 311:621)”.
A idéntica solución arribó en la causa N°902. XLII, “Pechini Dante Pío c. Femédica Federación Médica Gremial de la Capital Federal s. Amparo”, sent. del 13 de marzo de 2007, en la que hizo suyo el dictamen de la Sra. Procuradora General de la Nación, en el sentido de que “… la resolución del tribunal de alzada en lo civil… en cuanto …hace lugar a la excepción de incompetencia incoada por la demandada, devino extemporánea, toda vez que se desprende de las constancias de autos que dicha defensa no sólo ha sido introducida tardíamente… sino que además, fue luego de haber recaído sentencia definitiva… circunstancia ésta que permite inferir razonablemente que tal declaración resulta inoportuna. En tal sentido, V.E. tiene reiteradamente dicho que las contiendas de competencia no pueden prosperar después de dictada la sentencia (ver doctrina de Fallos: 302:101, entre muchos otros)”.
“… no es menos cierto que, sumado a las particularidades procesales reseñadas en el párrafo precedente, el reenvío de la causa al fuero federal, importaría someter cuestiones ya consideradas y decididas en el ámbito de otro tribunal, situación que importa generar un evidente retardo injustificado en el trámite de las actuaciones que va en desmedro del principio de seguridad jurídica y economía procesal” (en igual sentido, sobre la oportunidad para resolver de oficio la incompetencia, SCBA, “Cám. Apel. Contencioso Adm. de Mar del Plata- Cám. de Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata s. Conflicto de competencia (art. 7 inc. 1 de la ley 12.008), en autos “Munna Juan Pablo c. EDEA SA s. Reclamo contra actos de particulares”, sent. del 23-2-2011; causa B 71.524, “Prioretti Sergio Fabián c. Aguas Bonaerenses SA s. Medida cautelar autónoma o anticipada-Confl. de competencia art. 7 inc. 1 Ley 12.008”, sent. del 2-11-2011).
La decisión se presenta como extemporánea, porque al proveer escritos en los que se intimaba al organismo a cumplir con la prestación de beneficios regulados por la ley 24.714, y al dar traslado del pedido de inconstitucionalidad planteado, el Juzgado asumió plenamente su atribución para actuar, sin que -además- el Anses cuestionara su competencia (arts. 4 y 350 del CPCC; SCBA, causa B71.524 ya citada; ver cédula de fs. 1243).
III.2: A la oportunidad procesal precluída, se agregan otras consideraciones estrechamente relacionadas con los sólidos argumentos desarrollados por la Sra. Asesora.
i: El dictamen de fs. 1215 es contradictorio con el emitido por la misma UDAI (Unidad de Atención Integral-Jurídicos-Sector Beneficiarios) con fecha 22 de febrero de 2011 (fs. 1194), en el que se solicita el certificado de supervivencia, y se hace referencia a la “autorización de discapacidad otorgada”.
El beneficio ya había sido acordado como surge de la documental analizada y extraída de la página web del Anses (fs. 1032- 1033), por lo que la alusión a la “normativa vigente” en el dictamen de fs. 1215, además de imprecisa, es contradictoria, porque la Resolución 14/2002 en cuyo art. 4 segundo párrafo se funda el dictamen sin mencionarlo, fue publicada en el boletín oficial el 5-8-2002; a la fecha de la emisión de las respuestas de fs. 1030 y 1190, y de los formularios de fs. 1032 y 1033 de los que surge el otorgamiento del beneficio, ya estaba vigente, resultando el dictamen de fs. 1215 incompatible con la conducta anterior de la misma Administración (Mairal Héctor A., “La doctrina de los actos propios y la Administración Pública”, Ed. Depalma, Bs. As. 1988, pág. 87).
Además de esa conducta contradictoria, reitero que el Anses no cuestionó la competencia del Juzgado en ninguna de sus presentaciones y tampoco lo hizo al ser notificado del traslado del planteo de inconstitucionalidad.
ii: El art. 15 de la ley 24.463 que el Sr. Juez considera aplicable, establece que las resoluciones del Anses podrán ser impugnadas ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal, y ante los juzgados federales con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, que es de noventa días hábiles judiciales, computados como se indica en sus diferentes incisos para cada supuesto regulado (en el caso, incs. a) o d) según como califique al dictamen de fs. 1215; sobre la naturaleza de ese plazo ver Hutchinson Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549”, Ed. Astrea, Bs. As. 2000, pág. 164).
Habiendo tomado conocimiento del dictamen de fs. 1215 a través de su representante promiscua (art. 59 del C.C.) con fecha 29 de noviembre de 2011 (ver fs. 1219 y cargo de fs. 1225 vta.), el plazo estaría indefectiblemente vencido para la causante, por lo que su derecho quedaría extinguido, con el evidente perjuicio que ello le traería aparejado. Las discusiones que en el ámbito del derecho administrativo existen sobre la naturaleza de ese plazo y sobre la posibilidad de suspenderlo, que han llevado a afirmar que se trata de una caducidad procesal y una prerrogativa de la Administración para estar en juicio (Hutchinson, ob. cit., pág. 164, con cita de CSJN, “Serra”, sent. del 26-10-1993), no justifican un apartamiento de la competencia inicialmente aceptada, máxime cuando como bien dice la apelante, el curador oficial carece de atribuciones para actuar por ante el fuero federal (arts. 87 y sgtes. de la ley 12.061). iii: La Corte Suprema nacional ha establecido reiteradamente que la competencia federal en razón de la materia sólo procede cuando la acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que “la cuestión federal sea la predominante en la causa” (Fallos: 318:2457 y 2534; 319:744, 1292; 322:1470).
No es el caso de autos, por lo que dar marcha atrás con lo actuado, sería contradictorio con la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia garantizados por el art. 18 de la C.N., arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el art. 15 de la CPBA (ver voto del Dr. Hitters en causa 58.714, “Gorostiaga”, ya citada), y particularmente con la tutela especial del art. 75 inc. 23 de la C.N y los ajustes de procedimiento para el acceso a la justicia previstos por el art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sitúa a la discapacidad en el plano de los derechos humanos (Bariffi Francisco J., “Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con discapacidad a la luz de la Convención de la ONU”, en “Hacia un derecho de la discapacidad.
Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo”, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2009; Palacios Agustina, “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Colección CERMI, Ediciones Cinca, Madrid, 2008, págs. 454-467).
Sobre la razonabilidad del plazo para resolver una cuestión donde hay en juego intereses de una persona con discapacidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Furlan y Familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, consideró que no se había respetado, y en el punto 196 específicamente señaló que “… en casos de personas vulnerables como lo es una persona con discapacidad, es imperante tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo la priorización en la atención y resolución del procedimiento por parte de las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos” (Capítulo VIII, apartado B.2), donde interpreta los derechos de la Convención Americana –arts. 8.1 en relación con los arts. 19 y 1.1- (punto 204) a la luz de los estándares de la Declaración Americana de Derechos Humanos (punto 128), el Protocolo Adicional de San Salvador de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (punto 129), la Convención Interamericana para la Eliminación de las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad de 1999 y la Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y Dignidad de las PCD 2006-2016 de la Asamblea General de la OEA (punto 130) y finalmente, la Convención sobre los Derechos de las PCD, de 2008 (punto 131; ver Monterisi Ricardo D., “El plazo razonable en los procesos civiles bajo el foco de la Corte Interamericana”, en RRCyS, Año XIV, Número 12, diciembre 2012, Ed. La Ley, págs. 249- 260).
Admitir el desplazamiento de una competencia inicialmente aceptada y que no ha sido cuestionada por el organismo estatal, implicaría un retardo injustificado en la toma de decisión, porque “…el tiempo es un factor determinante a los fines de alcanzar justicia en un caso concreto, una sentencia que llegue tarde, es decir, superando lo que se estima como un plazo razonable, puede frustrar, o cuanto menos afectar negativamente la efectividad de la tutela judicial concedida” (Monterisi Ricardo D. ob. cit., pág. 254, con cita en nota 27 del voto del Dr. García Ramírez en el caso “López Alvarez”, cuando habla de que esta tutela puede ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, “en la inteligencia que “llegar a tiempo” significa operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo…”).
Por las consideraciones expuestas, propondré que se haga lugar al recurso de apelación dejando sin efecto la resolución de fs. 1251-1252.
VOTO POR LA NEGATIVA
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Considero que corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 1456 y dejar sin efecto la resolución de fs. 1251- 1252. II) Declarar competente para decidir la cuestión planteada a fs. 1219- 1225 al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n°13 departamental.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 1456 y dejar sin efecto la resolución de fs. 1251-1252. II) Declarar competente para decidir la cuestión planteada a fs. 1219-1225 al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n°13 departamental. Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 inc. 12 del CPCC). Devuélvase.
Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis Ferrairone
Fin de la sentencia