Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 163.712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante a fs. 37, confirmándose en consecuencia la sentencia en lo que hubiere sido objeto de agravio.
II. Imponer las costas en el orden causado (art. 68 a contr. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios (art. 31 del dec. 8.904/77).
REGISTRO N° 295-S FOLIO N° 1502/7 EXPEDIENTE N° 163.712 JUZGADO N° 5
En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de diciembre de 2017, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FINANPRO S.R.L. C/ VANNUCCI Franco s. Cobro ejecutivo”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 36?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En el fallo cuestionado el Sr. Juez a quo mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga al acreedor, efectivo pago del capital reclamado más intereses, gastos y costas.
En relación a los intereses punitorios, dispuso que se liquiden desde la fecha de la mora de cada uno de los títulos ejecutados, hasta su efectivo pago conforme lo pactado por las partes, siempre que no superen la tasa prevista en el art. 52 inc. 2 del dec. ley 5965/63 es decir: la establecida por el Banco de la Nación Argentina al tipo corriente en la fecha de pago para las operaciones de descuento a 30 días.
II. A fs. 37 apeló la parte ejecutante. En el memorial de fs. 39/40 se quejó del tope fijado a los intereses punitorios. Sostuvo que esta Cámara tuvo oportunidad de resolver en casos análogos, que habiendo intereses moratorios pactados corresponde la aplicación de éstos sin cortapisas en abstracto (conf. plenario “Metz c/ Citibank").
Recordó que la S.C.B.A. se expidió en la causa “H. J.
Navas c/ Banco Bansud s/ Nulidad, Repetición y compensación”, acerca de la improcedencia de toda decisión o pauta judicial que dispusiera la reducción de oficio de los porcentuales convenidos sin la comprobación fehaciente de la existencia de tasas abusivas, usurarias y confiscatorios. Alegó que la sentencia carecía de fundamento válido para dejar de lado la tasa de interés punitorio pactada. Citó los arts. 768, 769 y 957 del CCyC.
El memorial no fue respondido (art. 262 del C.P.C.)
III. Tratamiento del recurso:
Propongo que el recurso sea desestimado y que la sentencia sea confirmada.
III.1. La sentencia no fue objeto de agravio por la parte ejecutada, motivo por el cual solución del caso necesariamente se ajustará a la pretensión de la parte ejecutante (apelante), no obstante mi opinión vertida en la causa n° 146.930 caratulada "Carlos Giudice SA c/ Marezi, Mónica s/ Cobro Ejecutivo" (RSD 333 del 4-12-2012) tanto como en la n° 159.957 in re "Banco Saenz S.A. c/ Paolini, Silvina Elizabeth s/ Cobro Ejecutivo" (RSD1 del 2-2-2016), ante la imposibilidad de colocar al recurrente en peor situación que aquella en la que se encontraba antes de apelar (prohibición de la reformatio in pejus; conf. S.C.B.A., C. 97490 del 15/6/2011, C. 102644 del 27/4/2011, C. 99315 del 25/3/2009, C. 98059 del 7/5/2008; en idéntico sentido: esta Cám., Sala III en causa n° 149.753 RSD 1 del 2-2-2012; Sala II en causa n° 160.863 RSD 50 del 14-3-2017; 163.142 RSD 121 del 24-5-2017, entre otras)
III.2. En mi opinión, para saber si la tasa pactada es excesiva, corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 771 del CCyC en tanto se trata de una facultad especial que el nuevo Código otorga a los jueces, siempre que "…la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación" Pizarro señala que "El juez debe efectuar una ponderación integral de la operatoria, valorando toda la ecuación económica ligada al mismo y el resultado que ella arroja. Para esto debe calibrar no solo la tasa de interés aisladamente considerada, en función del costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación..." "…La naturaleza del negocio debe ser especialmente ponderada por el magistrado.
La tasa de interés está frecuentemente ligada a ello, pues las condiciones suelen variar tratándose de créditos de consumo, para la construcción o refacción de viviendas, para el financiamiento de proyectos, o para pequeñas, medianas y grandes empresas, etc.". "El plazo, las garantías y el riesgo de recupero, la moneda del préstamo, el monto del crédito y el sistema de amortización también deben ser ponderados como elementos que puedan justificar una tasa mayor o menor, a la hora de una posible revisión. En particular, y "con relación a la tasa de interés punitorio debe tenerse en cuenta que ella -por definición- contiene un plus punitivo o sancionador que se proyecta cualitativa y cuantitativamente en la composición de la tasa.
El Juez, en caso de morigerarla, no debe degradar su esencia y mantener siempre dicho plus sancionador. Como bien señala Rivera, no debe perderse de vista que uno de los objetivos de los intereses punitorios es servir de incentivo para el cumplimiento puntual, cuestión que adquiere especial relieve en los negocios masivos "en los cuales el cumplimiento puntual es requisito del buen funcionamiento del sistema: la tarjeta de crédito; el ahorro previo para la adquisición de bienes o el acceso a créditos" (Pizarro Ramón Daniel, "Los intereses en el Código Civil y Comercial" en La Ley del 31.7.2017). Con este instrumento, ya no resulta necesario contar con una acción del deudor que ataque el acto por lesivo el acto para restablecer la proporción entre las prestaciones eliminando la ventaja patrimonial injustificada, y los intereses pueden morigerarse a petición de parte o de oficio (Pizarro, ob. cit., p. 9).
Otra herramienta en el mismo sentido, y conforme la doctrina legal de la SCBA, es la reducción judicial de la cláusula penal excesiva, aplicable a los intereses punitorios "convencionales" en virtud de lo dispuesto por el art. 769 CCyC (con remisión al 2do. párrafo del art. 794) que podría tener lugar "de oficio" cuando el exceso aparece manifiesto (SCBA "Celulosa Carhué S.A. c/ Empresa Constructora Abel Pie - Michael Landau", 16 de marzo de 1971, E.D. 36-637), y no sea necesaria una investigación de hecho (Ac. 41.880; 56.234; 61.024), sea el abuso originario o constituya una consecuencia sobreviniente (Ac. C 120.055 del 23.11.2016).
III.3. En la sentencia apelada, el Sr. Juez a quo dispuso que los intereses punitorios convenidos sean liquidados conforme a lo pactado por las partes en el título de crédito que se ejecuta, pero siempre que no superen la tasa prescripta por el art. 52 inc. 2 del dec-ley 5965/63, es decir, la establecida por el Banco de la Nación Argentina, al tipo corriente en la fecha de pago para las operaciones de descuento a treinta días.
No se indica ningún otro fundamento para el tope que se ha dispuesto.
El art. 767 del Código Civil y Comercial no constituye - a mi juicio - un fundamento adecuado para modificar los intereses punitorios pactados. En esa norma se prevé que si la tasa de interés compensatorio no fue acordada por las partes, ni fijada por la ley, o no resulta de los usos, puede ser fijada por los jueces. Esta última facultad debe aplicarse en el supuesto de hecho específicamente contemplado en la norma, y no en casos como el de autos donde lo que se juzga es el carácter supuestamente excesivo de una tasa que las partes pactaron al contratar y volcaron en el título. Por otra parte, la distinción de los intereses entre compensatorios (art. 767 del CCyC), moratorios (art. 768) y punitorios (art. 769), permite advertir que el orden jerárquico para la aplicación de las tasas es diferente en cada caso, y que la remisión al régimen de la cláusula penal que hace el art. 769 del CCyC respecto de los punitorios convencionales, impide aplicar el art. 767 a esta última clase.
Finalmente, la tasa establecida en el art. 52 inc. 2 del decreto ley 5965/63, como la misma norma lo indica, solo tiene aplicación si no fue estipulada otra alícuota, por lo que habiéndose pactado una tasa en el caso, no corresponde hacerla valer, y menos aún como tope o límite.
III.4. Ahora bien, lo hasta aquí dicho permite concluir que el error en la sentencia radica en que se han morigerado los intereses punitorios mediante un mecanismo legal que no es idóneo para ese fin, pues se acude a una norma de la ley cambiaria que regula un supuesto distinto al del caso. Pero ello, en modo alguno significa que el apelante tenga razón o que el decisorio deba revocarse.
Por el contrario, coincido con el juez de primera instancia en que aquella alícuota merece ser morigerada ya que, en el contexto particular del crédito en el que este pacto se inserta, luce ostensiblemente excesiva.
En efecto, conforme surge de la lectura de los títulos en los que se sustenta la presente ejecución, la firma Finanpro S.R.L. ha celebrado dos mutuos con Vannucci: uno por $7.000 el 20/11/2015 y otro por $3500 el 30/12/2015 (fs. 6 y 9), percibiendo por ello una tasa de interés compensatoria del 94,75% efectiva anual en el primero y del 97,89% en el segundo con más los gastos administrativos que van del 1,39% y 1,85% por cuota. Y en lo que aquí más interesa, en ambos préstamos la financiera impuso un interés punitorio equivalente “a dos veces la tasa del Banco de la Nación Argentina (BNA) para operaciones en descubierto” (fs. cit.).
Me apresuro a reconocer que esta Sala ha tenido la oportunidad de juzgar el carácter excesivo de los intereses punitorios que Finanpro S.R.L. percibe de sus clientes (véanse causas n° 162.787 “Finanpro S.R.L. c/ Córdoba, María Laura” del 04/04/2017, n°163.898 “Finanpro S.R.L. c/ Medina, Gastón” del 05/10/2017 y n° 163.046 “Finanpro S.R.L. c/ García, Karina” del 29/06/2017), y si bien cada uno de estos supuestos tenía particularidades que lo distinguen del de autos, lo cierto es que se juzgó allí que esa alícuota –que duplica la del descubierto del BNA- no era desmedida o abusiva.
Sin embargo, un nuevo estudio de la cuestión me ha permitido hallar varias razones para abandonar aquella postura y concluir en un sentido diverso a lo que votara en aquellas oportunidades.
En su recurso, el apelante critica que el juez “eludió una consideración puntual de las circunstancias del caso, omitiendo brindar toda precisión sobre la tasa aplicada y no se examinó el resultado final de la liquidación comparándola con otros parámetros de modo de verificar y justificar supuesto carácter abusivo” (fs. 39/vta).
Pues bien, acudiendo a ese mecanismo y ponderando las circunstancias del caso es que arribo a la ya anticipada conclusión: se trata de un préstamo cuyo costo financiero total (no comunicado en el título, conforme lo exige puntos 3.2.4 y 3.4 de las Reglas sobre Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito del Banco Central de la República Argentina; Comunicaciones “A” 5482 del 25/09/2013 y “A” 5592 del 10/06/2014) debe ser igual o superior al 100%, computando los altísimos intereses compensatorios percibidos y los “gastos administrativos”, los que en ambos casos ascienden al 11,1% distribuidos en cuotas.
En ese marco es en el que se inserta el pacto predispuesto de intereses punitorios calculados mediante una referencia al doble del costo de una de las formas de financiación más caras que tienen los bancos minoristas (el descubierto en una cuenta corriente).
Frente a un escenario de mora, como el que subyace -por obvias razones- a la totalidad de los cobros judicializados, el resultado de aquel conjunto de conceptos (intereses compensatorios, gastos administrativos e intereses punitorios) no puede sino tener un resultado claramente excesivo. La práctica frecuente en las operaciones bancarias minoristas es percibir intereses punitorios a una alícuota que representa la mitad de otra tasa de referencia que bien puede versar sobre los intereses compensatorios percibidos para la operación o bien a la tasa aplicable para operaciones de redescuento (a modo de ejemplo, véanse los formularos de préstamos personales por línea de caja de Banco Ciudad en http://srvdocs2.bancociudad.com.ar/Content/Personas/Prestamos/condiciones%20prestamos%20por% 20linea%20de%20caja%20jubilados(1).pdf -punto 10-, formularios de solicitudes de avales y garantías de Banco Santander Rio:
https://www.santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/6f08275d-babb-41a1-a1dc-c98874fc7f58/6 188.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE y https://www.santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/9ca516aa-d5f7-44fd-9d20-cada182b9b12/5-23. pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE, condiciones de préstamos ATM del Banco de la Provincia de Buenos Aires, https://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/Terminos_Condiciones_Prestamos_ATM_BIP_Dictame n.pdf, condiciones de los préstamos hipotecarios y personales del Banco Macro: https://www.macro.com.ar/PortalMacro/content/conn/macro/uuid/dDocName%3APPOWCAP16200096 920 y https://www.macro.com.ar/PortalMacro/content/conn/macro/path/Contribution%20Folders/contenido /personas/Pr%C3%A9stamos/Pronto%20Cash/Pdf/Terminos%20y%20condiciones%20Pronto%20Cash .pdf, en todos los casos visitados por última vez el 12/12/2017). Esta misma práctica es la que, por ejemplo, el legislador recogió en el tope legal aplicable a financiación de tarjeta de crédito en el art. 18 de la Ley 25.065).
Comparando estas prácticas con las que subyace a la operatoria de Finanpro S.R.L. surge una diferencia desproporcionada e injustificada.
No obsta a la comparación el hecho de que las operaciones a las que hice referencia sean ofrecidas por bancos públicos o privados. Con frecuencia se afirma que las entidades financieras no bancarias son menos rigurosos en sus exigencias crediticias y por ello asumen un mayor riesgo de incobrabilidad que justificaría la percepción de un interés más alto. Es decir, prestan dinero a personas que no pueden o no quieren acudir al sistema financiero bancario (por caso, por no poder demostrar la solvencia que asegure mínimamente la debida devolución de lo prestado) y perciben por ello una tasa de interés compensatoria sensiblemente mayor.
Ahora bien, este argumento puede llegar a justificar –eventualmente, y dentro de ciertos límites- que la entidad mutuante cobre una tasa de interés compensatorio más alta que la que cobran los bancos minoristas a sus clientes. Pero, ¿puede aquella circunstancia justificar también la percepción de un interés punitorio que supera en varias veces el que perciben los bancos para supuestos de mora en operaciones similares? La respuesta, me parece, es negativa. Se incluye dos veces el mismo riesgo en el precio del crédito. Pero además, si una de las funciones de la cláusula penal es compeler al deudor a torcer su voluntad de no pagar y que se avenga a cumplir, ¿qué tipo de efecto puede generar una tasa punitoria altísima sobre aquél que genera escasas expectativas de cobro? Una tasa punitoria tan alta en créditos de alto riesgo de incobrabilidad devienen rápidamente abusivas cuando el deudor es insolvente y –consecuencia de ello- incurre en mora. Tal parece ser el caso del aquí ejecutado, Sr. Franco Lautaro Vannuccio, quien reporta otras dos deudas en entidades financieras similares que ya han comunicado una situación 5 ante la Central de Deudores del Banco central de la República Argentina: esto es, “deudor irrecuperable”, con más de dos años de mora (compúlsese el CUIT 20437426857 en el sitio web del BCRA [www.bcra.gov.ar], opción «Consulta de situación crediticia»; muy posiblemente una de esas deudas sea aquella cuyo cobro Favacard S.A. persigue en los autos "Favacard S.A. c/ Vannucci, Franco Lautaro s/ Cobro ejecutivo", causa 15425 de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nro 10 departamental y que fuera iniciado en agosto del corriente año).
Insisto por ello en que, tratándose de una operación de crédito para el consumo (art. 36 de la Ley 24.240) ofrecida mediante condiciones predispuestas (art. 984 del CCyC), y encontrándose el deudor en una comprometida situación financiera frente a otras entidades similares (v. supra), la percepción de un interés punitorio que se calcula a tasas injustificadamente desproporcionadas en relación a las que perciben otras entidades financieras (y que duplica el costo del descubierto en cuenta corriente) configura un exceso en los términos del art. 771 del Código Civil y Comercial y un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor en los términos del art. 794 del mismo código y corresponde por ello que sea morigerado.
III.5. Por último, cabe determinar qué parámetro puede ser utilizado para morigerar la tasa –en el caso, punitoria- que se reputa excesiva. En otros casos análogos esta Sala acudió a la solución contemplada en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 25.065 para limitar los intereses compensatorios (véanse causas n° 162.787 “Finanpro S.R.L. c/ Córdoba, María Laura” del 04/04/2017, n°163.898 “Finanpro S.R.L. c/ Medina, Gastón” del 05/10/2017 y n° 163.046 “Finanpro S.R.L. c/ García, Karina” del 29/06/2017). Sin embargo, y en lo que respecta a los intereses punitorios, no parece adecuado tomar como base de cálculo el interés compensatorio cobrado por Finanpro, el que ya hemos juzgado excesivo, por lo que mal pueden utilizarse esas alícuotas como referencias válidas. El parámetro a partir del cual se morigera una tasa de interés debe ser razonable y económicamente aceptable; de nada serviría limitar un valor a partir de considerar otro que se reputa también inadmisible o excesivo.
Acudiendo entonces al historial de tasas percibidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, advierto que el costo promedio para préstamos personales al momento de la creación del título rondaba el 37% anual para noviembre de 2015, el 39% en diciembre del mismo año, el 43,34% en enero de 2016, el 42% en febrero y marzo, el 43% en abril, etc., por lo que, de fijarse el punitorio en el 50% del compensatorios (una de las modalidades a las que hice referencia en párrafos precedentes y que juzgo razonable), la liquidación de los intereses punitorios del crédito cuyo cobro aquí se persigue debería comenzar en un 18,50% anual al mes de noviembre, 19,50% para diciembre, y así sucesivamente (véase https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/Get/tasas_frecuentes)
La tasa fijada en la sentencia, y por la cual viene en apelación la actora, era del 25,35% para el 23 de noviembre, del 29,63% para diciembre, del 29,47% en enero y febrero de 2016, del 34,27% en marzo y del 34.67% en abril, resultando más beneficiosa para la actora que la obtenida en el párrafo anterior.
Como la tasa a la que considero justo reducir los intereses punitorios es menor de la que fijó el Sr. Juez a quo en la resolución apelada, y teniendo en cuenta que el recurso no puede empeorar la situación del apelante, propongo mantener la fijada en la sentencia apelada por las razones y citas legales aquí expuestas (art. 769, 771, 794 y cctes. del Código Civil y Comercial; art. 36 y cctes. de la Ley 24.240).
ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el sr. Juez Roberto J. Loustaunau:
Corresponde desestimar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante a fs. 37 en los términos precedentemente indicados y, en consecuencia, confirmar la decisión apelada por las razones expuestas, con costas en el orden causado habida cuenta del modo en que se resuelve y la falta de controversia (arts. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante a fs. 37, confirmándose en consecuencia la sentencia en lo que hubiere sido objeto de agravio. II.- Imponer las costas en el orden causado (art. 68 a contr. del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios (art. 31 del dec. 8.904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia