Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Morón
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto con fecha 13 de octubre de 2021 y confirmar la resolución apelada de fecha 29 de septiembre de 2021; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).
Asimismo, atento las medidas dispuestas en autos, DEBERÁ EL JUZGADO DE ORIGEN Y SU EQUIPO TÉCNICO dar cumplimiento con el art. 14 ley 12569 (mod. ley 14509) con la realización urgente de un informe interdisciplinario (art. 8 de la misma ley) que permita evaluar a ambas partes de la conflictiva: Sra. C. y Sr. L., en cuanto a las situaciones de violencia existentes entre ambos, incluyendo la voz del niño J. y las jóvenes S. y M., si ellos mismos lo quisieran y si los profesionales del equipo correspondientes lo aconsejaran (art. 707 y ccdtes. del CCyCN) Asimismo, la Sra. C y el Sr. L. -a través de sus asistencias letradas-, deberán solucionar las cuestiones de fondo que también generan conflictos entre ellos, especialmente, respecto a la cuota alimentaria que tramita en autos por separado. Además, deberán acreditar el inicio, diagnóstico, pronóstico respecto de los tratamientos aconsejados desde los informes de fecha 29 de marzo y 6 de agosto de 2021, todo ello antes del vencimiento del plazo de la prórroga aquí apelada.
"C. M. L. C/ L. S. O. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12569)"
Causa Nº MO-34516-2019 AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el Sr. S. O. L. en la presentación electrónica de fecha 13 de octubre de 2021 que fuera concedido en relación con efecto devolutivo el día 15 de octubre, siendo fundado con la presentación de fecha 19 de octubre, cuyo traslado fuera ordenado con fecha 20 de octubre y mereciera la contestación de la Sra. M. L. C. de fecha 1 de noviembre, todas fechas del mismo año.
a.- Previamente, cabe aclarar que la presente causa ha llegado a esta Alzada únicamente en formato digital por lo cual se ha realizado el estudio de la cuestión con las constancias que surgen de la consulta del Sistema Augusta y de la Mesa de Entradas Virtual, tanto de la presente causa como de la denuncia que entre las mimas partes tramita con carátula "L., S. C/ C., M. S/ PVF" bajo el N° 3620 y de la causa sobre alimentos iniciada por la Sra. C..
Y ante el planteo de la denunciante en su contestación de traslado, debemos decir que el memorial de agravios cumple mínimamente los requisitos establecidos por el art. 260 del CPCC en cuanto a la crítica concreta y razonada del fallo atacado, por lo que rechazamos dicha cuestión.
Ello sentado, cabe referir que hemos dicho antes de ahora desde esta Sala II que “La ley 12.569 (y sus modificatorias) estructura un procedimiento abreviado y urgente para operar en situaciones de violencia familiar; se trata de un "sistema encaminado a paliar las consecuencias de situaciones de violencia descriptas a lo largo del texto normativo. Y si bien la ley habla de medidas cautelares (art. 13), está implementando medidas que tienen carácter autosatisfactivo (véase, en tal sentido, Basile, Carlos Alberto, "Aportes críticos en la aplicación de la ley 12.569 de protección contra la Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires", LLBA, Año 11 nro. 3, Abril de 2004, p. 244; Chechile, Ana M. "Violencia Familiar: comentarios a la nueva ley de la Provincia de Buenos Aires 12569" en J.A. Agosto 15 de 2001, pág. 13; Sosa, Toribio Enrique, "Apuntes procesales sobre la nueva Ley de Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires". LLBA Año 8, nro. 4, Mayo 2001, p. 42; Kemmelmajer de Carlucci, Aída, "La medida autosatisfactiva: instrumento eficaz para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar" en AA.VV. Medidas Autosatisfactivas. Peyrano, Jorge W – Director, p. 431)" (esta Sala en causa nro. 21275, R.S. 105/13; 21.631, R.I. 52/2015; entre otras).
Además, se remarcaba en la causa nro. 50.985 (R.S. 562/04) el carácter eminentemente preventivo de la actuación jurisdiccional en este tipo de casos pues la ley 12.569 apunta a adelantarse a las gravísimas situaciones que podrían acontecer, sin ceñirse –entoncessolamente al juzgamiento de hechos disvaliosos ya sucedidos mirando inmediatamente hacia el pasado sino encaminándose –en una ágil orientación, eminentemente preventiva (y, entonces, mucho más cercana a aquella tutela judicial continua y efectiva que la Provincia garantiza en el artículo 15 de su Constitución)- a evitar sucesos que –a la postre- todos podríamos lamentar y, quizás, nunca se llegarían a reparar (ver respecto de la intervención jurisdiccional preventiva en materia familiar, Cárdenas, Eduardo José “Crisis Familiares e hijos menores: ¿está vedada a los jueces la prevención?, La Ley 1988-A, 709).
En ese camino el Sr. Juez de Grado deberá adoptar todas las medidas idóneas y que fueran menester para prevenir y evitar cualquier situación de violencia intrafamiliar, en base a las medidas establecidas en el art. 7 de dicha ley, enumeración que no es taxativa sino enunciativa (cfr. “Violencia Familiar-Comentarios a la Ley 12.569, Caruso de Gundín, Zulema, pág. 83)" (Causa nro. Mo-29422, R.S. 171/2015; entre otras).-
Una vez tomadas las medidas de protección para las personas integrantes del grupo familiar en conflicto, la misma ley de violencia familiar establece que durante el trámite de la causa y por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la solicitud de informes periódicos acerca de la situación, obligación que cesará cuando se constate que ha cesado el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad del caso (art. 14, ley 12.569, mod. ley 14.509).
b.- Surge de la lectura de las presentes actuaciones y de la causa que se forma por denuncia cruzada entre las mismas partes, que la situación conflictiva entre la Sra. C. y el Sr. L. fue incrementando su nivel de violencia desde los hechos denunciados en autos con fecha 23 de agosto de 2019 (agresiones verbales y físicas, intervención de otros familiares) y la denuncia de fecha 6 de febrero de 2021 (agresiones verbales y físicas, intervención de la nueva pareja de la Sra. C. y familiares de la misma) que genera nuevamente la denuncia del conflicto en la presente causa y el nacimiento de su par que tramita ante el mismo Juzgado bajo el nro. MO-3620-2021. Cabe mencionar que en esta última causa el Sr. L. presenta una nueva denuncia con fecha 16 de marzo de 2021 por el hostigamiento del que fuera víctima por parte de la Sra. C..
Posteriormente, en autos, con fecha 23 de marzo del mismo año, la Sra. C. radica una nueva denuncia contra el Sr. L., pues este retira sin aviso previo, al niño J. de 9 años de la vivienda donde el pequeño convive con la Sra. C., cuando ella se encontraba trabajando. A dicha denuncia se agrega la correspondiente a la fecha 18 de marzo de 2021 -agregada en autos con fecha 29 de marzo-, donde la Sra. C. relata una situación vivida por sus dos hijas mellizas M. y S. de 15 años de edad, al recibir amenazas por parte del Sr. L. y que generaron la denuncia penal respectiva allí referida. Todos estos hechos fueron dando origen al dictado de medidas de protección entre la Sra. C. y el Sr. L. (ver resoluciones en la presente causa de fechas 28 de agosto de 2019 y 8 de febrero de 2021, como así también la resolución de fecha 22 de marzo de 2021 en causa nro. MO-3620-2021), sumándose a ellas medidas de protección con respecto al niño y a las jóvenes adolescentes de fecha 31 de marzo de 2021.
Esta última resolución ordena la inclusión en el Programa de Monitoreo mediante el dispositivo dual del Sr. L. y de la Sra. C. y extender las medidas de protección ya dispuestas en relación al niño J. y las jóvenes M. y S. por el plazo de 6 meses con un perímetro de 1000 mts., agregando una custodia en el domicilio por el mismo plazo, dando intervención a la Justicia Penal a efectos de que investigue la posible comisión de un ilícito.
Estas medidas son las que han sido prorrogadas con fecha 29 de septiembre de 2021, resolución que llega apelada a esta instancia por el Sr. L. argumentando que no se probaron las causas para determinar semejantes medidas, que no se corroboró la veracidad de los hechos, su personalidad o su conducta y que la "pulsera" como dispositivo dual es un exceso porque no se acerca al domicilio ni lugar de trabajo de la Sra. C., considerando que ello es una estigmatización que no puede continuar.
Y en este marco de actuación, surge claramente que la prórroga de las medidas dispuestas en autos, resulta correcta puesto que las medidas prorrogadas tienen por finalidad -como lo dijimos anteriormente-, evitar la repetición de situaciones que pudieran colocar en riesgo a cualquier miembro del núcleo familiar en conflicto. La misión preventiva de las medidas dispuestas cumple de esta manera el objetivo principal de la ley de violencia, evitando situaciones de riesgo que generen agresiones en el marco familiar.
Claramente, surge de autos que, como se refiere en la resolución apelada, la situación no ha variado, no solo porque las partes no han acreditado sus tratamientos, sino porque falta un abordaje interdisciplinario de la cuestión de violencia presente en la ex pareja y que repercute -obviamente-, en sus hijos/as y en su futuro.-
Vemos que desde las medidas ordenadas el 8 de febrero a favor de la Sra. C. y luego extendidas a sus hijos/as con fecha 31 de marzo, hasta la prórroga de las mismas con fecha 29 de septiembre, en autos no se han acreditado los tratamientos terapéuticos que les fueran indicados a las partes en las entrevistas informadas con fecha 29 de marzo y 6 de agosto, limitándose las partes a presentar únicamente constancias de haber iniciado tratamientos (ver presentaciones de fecha 12 de julio, 25 de agosto, 6 de septiembre y 14 de septiembre), habiendo el Juzgado de origen solicitado nuevamente su acreditación con fecha 6 de septiembre.
Asimismo, como dijimos anteriormente, no consta en autos la realización de un informe interdisciplinario del Equipo Técnico del Juzgado que permita evaluar la situación actual en forma completa (art. 8 ley 12.569 -mod.14509-) y que junto a los tratamientos particulares indicados pudieran permitir evaluar si desaparecieron o no las causas de la problemática. Es más, en autos el único profesional interviniente ha sido el trabajador social que ha realizado entrevistas telefónicas debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia mundial.
A ello se suma que desde la resolución de fecha 31 de marzo hasta la prórroga dispuesta el 29 de septiembre, la Sra. C. denuncia con fecha 10 de junio que terceras personas se acercan a su domicilio en nombre del Sr. L. y desde el Programa de Monitoreo por dispositivo dual de la Municipalidad de Hurlingham se informa las veces en que han sonado las alarmas del sistema de tobillera (ver informes de fecha 2 y 17 de septiembre). Se trata de un dato claro y objetivo, emanado del organismo público competente y que está dando cuenta del incumplimiento a las medidas que se decretaron en el expediente (basta remitirse a la visualización del extenso listado de veces que el denunciado se encontraba en la zona de advertencia o restringida, distando de tratarse de un episodio asilado).
Este tipo de dispositivos tecnológicos -cuyo uso incluso está previsto en varias leyes provinciales para casos de violencia (ver, por caso Código Procesal de Familia del Chaco, art. 165 inc 12) y al que hemos acudido desde la Sala en casos en los que fue necesario (C. Civ. y Com. Moron, sala 2°, 13/12/2018, "P. S. L. C/ P. C. M. S/ protección contra la violencia familiar")- nos permite, así, corroborar el acatamiento, o no, de las medidas, constituyéndose en elemento fundamental -y muy objetivo- en tal sentido (Vaninetti, Hugo, El empleo de tecnologías de geoposicionamiento en medidas restrictivas para casos de violencia, LL 2018-E, 1236); esto sin perjuicio de las aclaraciones, o indagaciones, que posteriormente pudieran efectuarse en el curso de los procesos judiciales a fin de determinar en cada caso qué es lo que sucedió.
Entonces, en base a la información recolectada en autos, ya sea por las partes, por el profesional interviniente o desde la Municipalidad de Hurlingham, consideramos que nos encontramos con indicios graves y precisos que aún no están dadas las condiciones para el levantamiento de las medidas en el marco de la prevención de riesgos que involucra la ley de violencia familiar (art.8 ter ley 12569 -mod- ley 14.509-), rechazando así el agravio del recurrente al respecto.
Así las cosas, la situación de riesgo sigue presente y las medidas de protección deberán seguir vigentes, pero en el plazo restante de la medida se deberá de forma urgente cumplir con la producción del informe interdisciplinario que permita evaluar a ambas partes de la conflictiva: Sra. C. y Sr. L., en cuanto a las situaciones de violencia existentes entre ambos, sumado a la pronta acreditación de sus tratamientos particulares o bien la puesta en contacto con los profesionales particulares por parte del Equipo Técnico interviniente.
En base a ello, se deberá evaluar la necesidad o no de que ambas partes sigan insertas en el Programa de Monitoreo de la Municipalidad de Hurlingham, siendo este momento prematuro decidir al respecto, por lo que rechazamos el agravio respectivo.
Finalmente, resulta oportuno destacar que, las medidas, como su naturaleza lo indica, únicamente disponen una solución provisoria no siendo el camino para solucionar la cuestión de fondo, ni siquiera sus posibles prórrogas lo lograrían.
Por ello las cuestiones sobre la cuota alimentaria manifestadas por las partes deberán dirimirse en la causa correspondiente (que hemos referido más arriba). Además, en lo que respecta al acuerdo de cuidado de hijos/as que refiere el Sr. L. con fecha 25 de agosto, y que fuera reconocido por al Sra. C. en la denuncia del fecha 8 de febrero, cabe resaltar que el mismo ha sido anterior a las medidas aquí dispuestas y en todo caso, una vez resueltas las cuestiones sobre violencia que aquí están en tratamiento, deberán las partes tramitar la cuestión por la vía y forma correspondiente. Entonces, la existencia de dichas problemáticas latentes no permiten el levantamiento de las medidas puesto que ello podría generar situaciones de riesgo para las partes y especialmente para el niño J. y las jóvenes S. y M..
Por estas razones, consideramos que el recurso deberá ser rechazado, confirmándose las medidas dispuestas, pero resultando imperioso realizar en la instancia de origen un seguimiento de la situación actual en los términos del art. 14 ley 12.569 (mod. 14509), con la realización urgente de un informe interdisciplinario (art. 8 de la misma ley) que permita evaluar a ambas partes de la conflictiva: Sra. C. y Sr. L., en cuanto a las situaciones de violencia existentes entre ambos, sumado a la pronta acreditación de sus tratamientos particulares o bien la puesta en contacto con los profesionales particulares por parte del Equipo Técnico interviniente.
POR ELLO: esta Sala II RESUELVE: RECHAZAR el recurso interpuesto con fecha 13 de octubre de 2021 y CONFIRMAR la resolución apelada de fecha 29 de septiembre de 2021; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).
Asimismo, atento las medidas dispuestas en autos, DEBERÁ EL JUZGADO DE ORIGEN Y SU EQUIPO TÉCNICO dar cumplimiento con el art. 14 ley 12569 (mod. ley 14509) con la realización urgente de un informe interdisciplinario (art. 8 de la misma ley) que permita evaluar a ambas partes de la conflictiva: Sra. C. y Sr. L., en cuanto a las situaciones de violencia existentes entre ambos, incluyendo la voz del niño J. y las jóvenes S. y M., si ellos mismos lo quisieran y si los profesionales del equipo correspondientes lo aconsejaran (art. 707 y ccdtes. del CCyCN) Asimismo, la Sra. C y el Sr. L. -a través de sus asistencias letradas-, deberán solucionar las cuestiones de fondo que también generan conflictos entre ellos, especialmente, respecto a la cuota alimentaria que tramita en autos por separado. Además, deberán acreditar el inicio, diagnóstico, pronóstico respecto de los tratamientos aconsejados desde los informes de fecha 29 de marzo y 6 de agosto de 2021, todo ello antes del vencimiento del plazo de la prórroga aquí apelada.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUÉLVASE SIN MÁS TRÁMITE.
ATENTO HABERSE ELEVADO ELECTRÓNICAMENTE LAS ACTUACIONES, SE LAS DEVUELVE EN EL MISMO FORMATO, RADICÁNDOLAS EN ESTE ACTO.
Fin de la sentencia