Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 169.874
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación deducido el 16 de noviembre de 2020, y en consecuencia, confirmar el proveído del 12 de noviembre de 2020 en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC).
Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata (13) R - Juzg. 9 "CONSORCIO CALLE SARMIENTO N 2357/63 C/ RIVAS, CARLOS S/MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) "
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Los presentes autos, traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el 16 de noviembre de 2020 por el doctor Leandro Augusto Gabas, apoderado del consorcio actor, contra la resolución del 12 de noviembre de 2020; y CONSIDERANDO que:
I. Antecedentes:
El 18 de mayo de 2020 se presentó el doctor Gabas y en representación de la señora María Inés Carril, quien era la administradora del consorcio accionante y solicitó medida precautoria contra el demandado. La señora jueza de primera instancia hizo lugar a la medida innovativa requerida por la parte actora en su escrito de presentación, consistente en "...intimar él ex administrador CARLOS RIVAS, con domicilio en la calle San Martín N° 3391, 3o “A” de esta ciudad, a que una vez notificado del presente resolutorio se abstenga, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial, de continuar llevando a cabo actos que importen el ejercicio de la función de administrador del Consorcio de Copropietarios Edificio ARSA III. Específicamente que se abstenga de: a) ejercer actos de administración del consorcio actor b) realizar movimiento de la cuenta bancaria de titularidad del consorcio actor, c) de librar cheques en nombre del consorcio actor, d) de liquidar expensas, realizar gastos y percibir ingresos por expensas u otras contribuciones. Por otra parte, la notificación del presente proveído importará la intimación para que en el plazo de 48 hs. ponga a disposición de la nueva administradora designada de: 1-) las chequeras emitidas por el banco BBVA a nombre del consorcio actor y 2-) los libros mínimos indispensables (si los hubiere) de Registro de propietarios y domicilios en su defecto el listado de ellos, reglamento de propiedad, planos del edificio, libro Registro de Firmas y de Administración, libro de ascensores, pólizas de seguros, y libro de sueldos y cargas sociales (si las hubiere) a fin de que la nueva administración pueda contar con la documentación que le permita el ejercicio de su función, bajo apercibimiento de aplicarle una multa procesal en caso de incumplimiento que en este acto se fija en $5.000 diarios..." (sic. res. 26/05/2020).
Posteriormente, el 29 de septiembre del año 2020, esta Alzada confirmó la resolución dictada en la instancia. Recordamos que en aquella oportunidad, el apelante no propició ningún argumento capaz de rebatir lo que se había resuelto en la sede original.
El 11 de octubre de 2020 el doctor Oscar Alberto Serodino, representante del señor Carlos Rivas, solicitó que se decrete la caducidad de la medida cautelar ordenada atento a haberse cumplido el plazo del art. 207 del rito sin que la parte actora haya incoado la demanda.
El 26 de octubre de 2020 el a-quo -como medida para mejor proveer y de forma previa a resolver el pedido- ofició a la Receptoría General de Expedientes a fin de solicitarle que le informe si se había iniciado juicio de rendición de cuentas, de retención indebida y/o daños y perjuicios contra el señor Rivas, cuya respuesta fue remitida por la entidad el 29 de octubre. El 30 de octubre de 2020 se presentó el doctor Juan Antonio Costantino como nuevo representante del señor Rivas y reiteró el pedido de caducidad. Citó doctrina y jurisprudencia.
II. Resolución recurrida:
El señor Juez de primera instancia decretó la caducidad de la medida cautelar y ordenó anoticiar su levantamiento.
Para así decidir explicó en primer lugar que el punto medular de la cuestión radicaba en determinar el momento exacto en el que comenzó y finiquitó el plazo de diez días del cual disponía el beneficiario de la medida para iniciar la acción principal.
Luego relató que de la lectura de las constancias de autos surgía que la precautoria en cuestión fue notificada al demandado el 28 de mayo de 2020 motivo por el cual -continuó- el plazo de diez días comenzó a correr el 29 de mayo de 2020 y venció a las primeras cuatro horas del 12 de junio de ese año.
Explicó que del informe de la Receptoría surgía que la causa de rendición de cuentas fue incoada el día 9 de septiembre de 2020, por lo tanto, concluyó que el plazo de diez días previsto en la ley ritual se encontraba holgadamente vencido y que correspondía hacer lugar al planteo de caducidad formulado, con costas al accionante.
III. Recurso Interpuesto:
a) El doctor Gabas interpuso recurso de apelación el 16 de noviembre de 2020, fundándolo el 25 de noviembre, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria el 10 de diciembre.
i) Como primer fundamento dijo que la previsión procesal citada por el sentenciante de grado no resulta aplicable al caso de autos, toda vez que la obligación que se reclama no es una de carácter "exigible" sino que fue concedida a los fines de asegurar prueba.
ii) En segundo lugar relató que hizo lo imposible para interponer la acción principal de rendición de cuentas ante una situación extraordinaria a nivel mundial "...de aislamiento social, absolutamente de fuerza mayor (caso no previsto o si previsto no puede evitarse) con tribunales que presencialmente al día de hoy no funcionan desde el 20 de marzo, con audiencias de mediación obligatorias prevista sin poder realzarse hasta que se sanciona la ley que autoriza la mediación virtual y a distancia..." (sic. res. del 25/11/2020), y afirmó que no pueden aplicarse a los parámetros normales (ni los procesales) de la vida diaria vigentes con anterioridad a la propagación mundial de la enfermedad. Fundó sus dichos en las diversas resoluciones que fueron dictadas en el ámbito provincial y nacional para paliar los efectos.
iii) Como tercer agravio recordó que la mediación resulta obligatoria previo a todo proceso de rendición de cuentas y explicó que el plazo de caducidad del referido artículo comienza a computarse desde el acta de cierre de la mediación y no antes. Citó doctrina.
iv) En cuarto lugar dijo que el plazo de diez días nunca estuvo corriendo y en quinto término que en el momento en que esta Alzada confirmó la medida cautelar dictada, él ya había iniciado el proceso de rendición de cuentas.
b) Al contestar el memorial, el doctor Costantino en representación del señor Rivas dijo que a, diferencia de lo propiciado en el ámbito nacional por la ley 26.589, la norma provincial n° 13.951 sólo refiere a la suspensión de la prescripción, pero no suspende ni interrumpe un plazo de caducidad.
Luego remarcó que desde el 25 de junio del año anterior se pudo iniciar tanto demandas como procesos de mediación prejudicial obligatoria, por lo que la imposibilidad a la que hizo referencia la contraria no era tal. En efecto relató que el accionante contó con más de dos meses desde la reanudación de la actividad de Receptoría General de Expedientes para impulsar la mediación, y no lo hizo.
III. Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal advertimos que la resolución dictada en la instancia de origen debe confirmarse.
a) Ésta Cámara ha dicho que "...conforme lo normado por el art. 207 del CPC., la caducidad de la cautelar se producirá de pleno derecho en relación a aquellas medidas que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba, es decir, al resultado material de la medida..." (conf. jurisp. ésta Sala, causa n° 156.944, RSI 374/14 del 8 de julio de 2014).
El fundamento de tal instituto reside en la necesidad de evitar que una de las partes pueda presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional, sin darle oportunidad de entrar en la controversia, sin perjuicio del valioso indicador de falta de interés que el transcurso del tiempo significa. Resulta entonces una carga procesal que obliga a postular ante el tribunal la dilucidación concreta de la litis cuando se mantiene sujeto al afectado (argto. jurisp. cit. ut supra).
La doctrina ha enfatizado en que "...la caducidad opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, pudiendo -incluso- el juez decretarla de oficio (...). Se impone la declaración con la sola constatación de que vencido el plazo no se ha cumplido con aquella carga, sin necesidad de previa intimación como lo requiere el art. 315 para la declaración de la caducidad de instancia..." (Monterisi, Ricardo en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado y anotado", Directores: López Mesa - Rosales Cuello, editorial La Ley, edición 2014, tomo II, pág. 955, ; en igual sentido Arazi Roland, "Medidas Cautelares", editorial Astrea, edición 2014, pág. 33 y De Lázzari Eduardo N., "Medidas Cautelares", editorial Platense, edición 2002, Tomo I, pág. 181). b) Trasladando los principios expuestos al caso particular advertimos que los argumentos vertidos por el apelante en su memorial no son suficientes para revertir la solución adoptada en la instancia de origen.
i) Con respecto al primer agravio, entendemos que su crítica no reúne los recaudos del art. 260 del Código Procesal bonaerense, ya que no es claro el fundamento en el que se apoya, toda vez que la "exigibilidad" a la que se refiere el art. 207 de ese cuerpo normativo es la de la obligación principal a la que accede la precautoria. Y si en su petición inicial dice que el administrador fue "removido", la exigibilidad del reintegro -al menos para el solicitante de la medida- es indiscutible, por lo que no puede afirmar ahora que estaba exento del plazo de caducidad que prevé la norma.
ii) Por otro lado tampoco habilita a excepcionar el régimen de caducidad las eventuales restricciones dispuestas como consecuencia de la enfermedad Covid-19. Ello es así porque si bien durante el mes de marzo del año 2020 se suspendieron los plazos procesales y la actividad presencial en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que la actividad jurisdiccional fue progresivamente reanudándose. Y si bien también es cierto -como afirma el recurrente- que la atención presencial no ha vuelto a ser como lo era "pre pandemia", lo es también que a través de las distintas resoluciones que dictó el Cimero Provincial, puede llevarse a cabe mediante el sistema de turnos previos sin perjuicio del avance del expediente digital y la posibilidad de su consulta "online" en todo el ámbito bonaerense (ver Res. 480/20, 535/20, 558/20, 593/20 y ccdts. de la SCBA).
Por su parte, recordamos que a partir del 25 de junio del año que pasó, la Corte Provincial habilitó el inicio de todas las causas correpsondientes -en lo que aqui importa- al fuero civil y comercial por medios electrónicos (conf. Res. 593/20 de la SCBA).
Esto último implica que, poniéndonos en el lugar más favorable para el apelante, y teniendo en cuenta que la medida cautelar en cuestión fue decretada el 26 de mayo de 2020 y notificada el día 29, (cuando aún se encontraba restringida la posibilidad de iniciar causas "no urgentes"), el plazo de diez días al que se refiere el art. 207 del rito comenzó a correr a partir de la mentada reanudación.
No obstante, tal como surge del informe de la Receptoría adunado, la acción principal fue interpuesta el 9 de septiembre del año pasado, es decir, para ese entonces, el plazo de caducidad había transcurrido holgadamente.
Dicho de otro modo, las restricciones decretadas a causa de la pandemia no le impedían al ahora apelante cumplimentar con la carga de iniciar la acción principal dentro del plazo de 10 días para así mantener la vigencia de la medida cautelar y, por ende, los fundamentos expuestos no resultan atendibles.
iii) Tampoco prosperan los argumentos relacionados con la imposibilidad de llevar a cabo la mediación prejudicial o la afirmación en cuanto a que el comienzo del cómputo opera desde la firma del acta de cierre de esa instancia.
Sobre este último aspecto, esto es la forma de contar el plazo de caducidad previsto en el art. 207 ritual, tal cual surge de su propia letra, comienza a correr luego de la traba de la medida y el solo requerimiento de transitar esta etapa obligatoria es suficiente para suspender el plazo de caducidad.
Repárese en que, el "hito temporal" utilizado por el juez de primera instancia para verificar el momento en que el actor interpuso la acción principal fue el que surgió del informe de Receptoría (9 de septiembre de 2020) y no en el que efectivamente interpuso la demanda luego de transitar la etapa conciliatoria (17 de noviembre de 2020).
iv) En relación a los restantes agravios planteados, -y también como corolario de lo anterior- se hace saber que la medida -más allá de su cumplimiento o no por parte del afectado- fue efectivizada desde el momento en que se notificó al señor Rivas, tal cual surge del informe de mandamientos obrante en la presentación del 29 de mayo del 2020, lo que conlleva a descartar que el plazo de diez días no había comenzado a correr. Tampoco fue impedimento el hecho de hallarse en aquel momento pendiente la revisión de la cautelar por parte de esta Alzada, toda vez que la medida ya se encontraba notificada y el recurso no se concedió con efecto suspensivo (ver. res. del 16/06/2020).
En síntesis, los agravios traídos a conocimiento de esta Alzada no logran rebatir lo resuelto por el a-quo en la instancia de origen, lo que sella la suerte adversa del recurso interpuesto.
IV. Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas y lo normado por los arts. 34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 207, 161, 241, 242, 246, 260 y RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación deducido el 16 de noviembre de 2020, y en consecuencia, confirmar el proveído del 12 de noviembre de 2020 en lo que ha sido materia de agravio;
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68, 69 y ccds. del CPCC). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC., devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA.
Fin de la sentencia