Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 164017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación formulada por el doctor Rubén Daniel Gérez a fs. 49, en mérito a las causales que allí han sido invocadas.-
2Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por el accionante a fs. 30 y revocar la providencia de fs. 28/29, en el sentido y con los alcances señalados en los considerandos.
Consecuentemente, decrétase la prohibición de innovar sobre el estado material y jurídico del vehículo Volkswagen, dominio NVD892, debiendo particularmente abstenerse el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., de realizar la venta extrajudicial del mencionado bien (argto. arts .195, 207, 230 y ccdts. del CPCC). Por su parte, el accionante deberá entablar por vía autónoma la acción principal, en el término y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 207 del CPCC .
3No se imponen costas por no haber mediado contradictorio (argto. art. 68 del CPCC).
(10) Registrada bajo el Nro.: 394 (R)Folio Nro.:1076/1086 Expte. Nro. 164017 JCC. 9 "RANCITELLI MAXIMILIANO GABRIEL C/ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) "
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Mar del Plata, 31 de octubre de 2017.
Con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 30 por la parte actora, contra la resolución de fs. 28/29 del 14 de julio de 2017; y
El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada, CONSIDERAMOS que:
I. En la resolución en crisis la señora jueza de primera instancia a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 9, doctora Patricia S. Gunsberg, desestimó la medida de prohibición de innovar peticionada por el accionante, y señaló que, en tanto la instancia se agota con la admisión o denegación de la cautelar pretendida, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 12.962 debe articularlo por ante los autos principales.
Para así decidir comenzó por señalar que la medida de no innovar peticionada no resulta, por regla, adecuada para impedir a promoción o prosecución de procesos distintos de aquél en que se dicta.
Expuso además, que no se avizora un accionar desajustado a derecho por parte de la entidad bancaria cuando ha procedido con arreglo a normas de orden público, en tutela de su crédito.
Así concluyó que no es posible por medio de medidas cautelares, lesionar o restringir el acceso a la jurisdicción sustentado en los derechos determinados por normativa de orden público.
Finalmente dispuso que el beneficio de litigar sin gastos, por el buen orden del proceso, debía articularse por vía incidental, sin perjuicio de lo cual procedió a su concesión provisoria en los términos del art. 83 del Código Procesal.
II. Contra dicha resolución, el señor Maximiliano G. Rancitelli, con el patrocinio del doctor Zariello, interpuso recurso de apelación a fs. 30, que fundamentó con el memorial que luce a fs. 32/38.
Agravia el recurrente: (i) el rechazo de la petición cautelar,(ii) que se lo derive a ocurrir a los autos principales a plantear la inconstitucionalidad, y (iii) que se le exija iniciar el trámite incidental para acceder al beneficio de gratuidad.
Refiere que la vía del art. 39 de la ley 12.962 no es realmente un proceso sino, como lo califica la doctrina, una “rara avis jurídica”, donde el único acto es la presentación de un certificado por parte del acreedor y su examen formal para dar lugar inmediatamente al secuestro del bien prendado, cuyo titular es la otra parte de esta relación de consumo. En función de ello se pregunta cuál es el proceso principal al que debe acudir el consumidor cuando, según la literalidad del citado artículo –cuya constitucionalidad cuestiona- impide cualquier ejercicio de derecho de defensa del consumidor. En apoyo de lo dicho cita jurisprudencia relativa a la naturaleza de la acción de secuestro prendario.
En esa inteligencia, afirma que la conclusión a la que arriba la jueza sobre la imposibilidad de afectar por vía de dicha cautelar la tramitación de otro proceso es incorrecta porque parte de una premisa inicial errónea (la de considerar la existencia de un proceso principal en curso en el cual deberían plantearse las medidas cautelares solicitadas), cuando dicho proceso no admite ningún planteo de acuerdo a la literalidad del cuestionado artículo 39.
En esa misma dirección, aduce que no hay proceso y que es ese, entre otros motivos, el que lo lleva a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la citada norma, fundada en cuestiones de hecho y de derecho que muestran que la vía procesal que habilita el secuestro resulta contraria en la actualidad a todo el sistema protectorio de usuarios y consumidores.
En cuanto a los presupuestos de la cautelar, afirma que se encuentran debidamente acreditados.
En tal labor, refiere que la entidad demandada no le proveyó copia alguna del mutuo ni el contrato prendario, siendo los elementos acompañados a la demanda (copia del título de propiedad del automotor, los comprobantes de pagos efectuados y expedidos por la acreedora) los que al día puede adjuntar y que –a su entender- resultan suficientes para dar por acreditada la relación de consumo, y para enmarcar su plateo dentro del derecho del consumidor.
Dice que la decisión apelada va en contra de los principios de acreditación de los extremos de la petición cautelar y de los que rigen la materia de protección de usuarios y consumidores en cuanto a las probanzas en general (cargas dinámicas).
También cuestiona la valoración efectuada con respecto al supuesto incumplimiento al requisito del peligro en la demora, el cual resulta –según su parecer- a todas luces evidente al estarse hablando de un pedido de secuestro ya efectivizado por parte de la acreedora, que llevará a la pronta venta extrajudicial del bien y a su único y exclusivo beneficio. Por otra parte cuestiona lo dicho por la sentenciante, en cuanto afirma no haber advertido un accionar desajustado a derecho por parte de la entidad bancaria, cuando ha procedido con arreglo a normas de orden público, pues entiende que se esta adelantando opinión respecto a la inconstitucionalidad planteada, aunque luego se lo envía a iniciar la acción en los autos principales.
En otro orden de cosas, critica que se le ordene iniciar el incidente del beneficio de litigar sin gastos para obtener el beneficio de gratuidad garantizado por el art. 53 de la ley 24.240. Argumenta sobre su operatividad y destaca que no corresponde al consumidor promover el incidente sino a la parte contraria que pretenda dejar sin efecto el beneficio otorgado.
Por ultimo se explaya sobre la jerarquía de las normas de orden público del derecho de los consumidores y su aplicación.
III. A fs. 52/56, el doctor Juan José del Hierro, en representación del Fiscal General Departamental, presenta su dictamen propiciando la inaplicabilidad e improcedencia del trámite previsto en el art. 39 de la ley 12.962 a las relaciones de consumo.
IV. Pasaremos a analizar los agravios planteados, anticipando que el recurso merece prosperar.
V. Opinión de la doctora Nélida I. Zampini:
1. La prohibición de innovar tiene por finalidad mantener el statu quo inicial -dada por una situación de hecho o de derecho- y, con ello, la inalterabilidad del objeto litigioso atento que la sentencia a dictarse pudiera volverse ilusoria en función de una alteración provocada por cualquiera de las partes (conf. Jorge Peyrano; Tratado de la medidas cautelares, T. III; Edit. Jurídica Panamericana SRL, Santa Fe 1996, pág. 147; Silvia L. Esparza, Medida Cautelar Innovativa, Tratado de las Medidas Cautelares, Dir. Carlos E. Camps. T. III Capítulo X pág. 954/sgts.; Eduardo N. de Lazzari, Medidas Cautelares, Edit. Librería Editora Platense, T. I, 2da. Edición., pág. 539/sgts.; jurisp. esta Sala III, causa N° 158019, RSI-602-14 resol. del 30/10/2014).
El art. 230 del ordenamiento ritual establece la posibilidad de decretar la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que: a) el derecho fuere verosímil, b) existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible, y c) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.
Sin embargo, previo a examinar los presupuestos de procedencia, existen “otras exigencias” que, de no cumplirse, tornan inadmisible la pretensión cautelar; estas se denominan exigencias de admisibilidad, la cuales presuponen –por ejemplo- que: a) el juez al que se le requiera la medida sea el competente para el conocimiento de la causa principal (art. 196 del C.P.C.); b) el sujeto que la requiere tenga la capacidad suficiente para ser parte, es decir que tenga aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales; c) exista adecuación entre el objeto de la pretensión y el proceso a través del que se lo hace; d) el actor detalle pormenorizadamente las circunstancias fácticas sobre las que versa su pretensión; e) se demuestre que el fin pretendido con el pedido de la medida cautelar solicitada resulta jurídicamente posible, es decir que el contenido de la medida requerida se encuentre dentro del ordenamiento vigente y resulte viable jurídicamente; etc. (conf. María Carlota Ucín, La pretensión Cautelar, Tratado de las Medidas Cautelares, Dir. Carlos E. Camps. T. I Capítulo II pág. 65/sgts.).
2. Me detendré a analizar el recaudo mencionado en el punto “e” (imposibilidad jurídica de la finalidad perseguida con la medida), dado que, en puridad, su inobservancia enarbola el primer argumento que expuso la jueza de grado para rechazar la medida, cuando -siguiendo la jurisprudencia de la Sala Primera de esta Alzada- sostuvo que la prohibición de no innovar no constituye, por regla, la vía adecuada para impedir la promoción o prosecución de procesos distintos de aquel en que se dicta, toda vez que no es posible lesionar o restringir, por medio de medidas cautelares, el acceso a la jurisdicción con que cuentan los habitantes de la Nación (v. fs. 28 y vta ).-
2.i. A mi modo de ver, la procedencia de la petición cautelar en estudio no encuentra ningún obstáculo en la directriz jurisprudencial antes mencionada, al no concurrir en la especie los presupuestos que sustentan aquella construcción interpretativa (argto. jurisp. “a contrario” esta Sala, causa 159092, RSI- 227, del 15/05/2015, Sala I, causa N° 129529 RSI-1132-4 resoI. del 29/06/2004; causa N° 152768 RSI-674-12 resol. del 11/12/2012; fallo plenario causa N°125627 RSD-16-5 P 11/02/2005 "Cassanelli Electrotécnica S.A. c/Banco Río de la Plata S.A. s/Cumplimiento de Contrato - Art. 250 del C.P.C.").
En tal sentido merece destacarse que, en el caso en estudio y de acuerdo a objeto expresado en el escrito de demanda, la prohibición de no innovar solicitada no procura imposibilitar el secuestro del bien prendado u obtener su restitución, sino que, fuera del curso de un proceso judicial en particular, pretende impedir que la entidad bancaria demandada, “Industrial and Commercial Bank of China Argentina S.A” (en adelante ICBC S.A) realice cualquier acto con relación al rodado pignorado (particularmente, la venta extrajudicial), que ya fue secuestrado y puesto a disposición del acreedor prendario.
Desde esta perspectiva, se debe descartar toda posibilidad de interpretar -del modo que tradicionalmente se lo hace- que la prohibición de innovar tenga la capacidad de afectar el inicio o la tramitación de otro juicio, y con ello el acceso a la jurisdicción constitucionalmente garantizado, pues habiéndose agotado la acción iniciada por el acreedor prendario con el secuestro del bien, surge de manifiesto que el status quo que pretende mantenerse con su dictado no se proyecta sobre el curso del finiquitado trámite judicial, sino sobre una situación fáctica y jurídica posterior, que se generó a partir de aquel secuestro.
2.ii.- Desde otro punto de vista, debo destacar que la "vía cautelar" fue sugerida por la Corte Suprema de la Nación como la adecuada para canalizar los reclamos que tienden a modificar los efectos que produjo el proceso previsto en el art. 39 del decreto ley 15.346/46 ratificado por la ley 12.962. En efecto, remitiendo al dictamen del Procurador General, el Supremo Tribunal sostuvo que "...El secuestro prendario es un procedimiento de naturaleza cautelar que se agota con el cumplimiento de la medida, y sus efectos pueden modificarse a través de otra medida de igual naturaleza que puede ejercitar el interesado en el proceso ordinario habilitado expresamente por la legislación, asegurando de tal manera los derechos propios y los del acreedor..." (CSJN fallos: 329:4352, el destacado nos pertenece).
En razón de lo precedentemente expuesto, mal puede considerarse que la medida resulte formalmente improcedente.
3. Retomando el análisis de las "exigencias de admisibilidad" a las que hice referencia, observo que todas ellas se encuentran satisfechas, no obstante lo cual ahondaré en el desarrollo de la establecida en el punto "c", atinente a la correspondencia que debe existir entre la medida peticionada y el objeto del proceso.
3.i. De la lectura del "objeto" de la presentación de fs. 16/26 se puede extraer que el accionante articula (i) una pretensión cautelar -la prohibición de innovar, ya mencionada-, (ii) solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 12.962, y (iii) menciona que habrá de discutir en un proceso principal que seguirá al presente pedido, las afectación a los derechos del consumidor que allí denuncia (v. fs. 26 primer párrafo).
Analizando el escrito de inicio de la presente causa, descarto que accionante haya querido interponer una demanda preventiva autónoma de inconstitucionalidad regulada en los arts. 683/688 del CPC. Esa es una herramienta de neto corte local, en defensa de la supremacía de la ley fundamental Provincial respecto de una norma también local, resultando extraño a ese proceso el análisis de constitucionalidad del art. 39 de la ley de prenda con registro, tal como está planteado en autos (art. 161 Const. Prov.; ROSALES CUELLO, Ramiro, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Comentado y anotado, Ed. La Ley, T°V, pág. 862).
A mayor abundamiento, insisto, el actor dice textualmente (fs. 26 primer párrafo): “además, será oportunamente debatido en el proceso principal que seguirá al presente pedido”. También a fs. 20vta., y al citar el art. 43 de nuestra Carta Magna para acreditar la verosimilitud de su derecho, parece haber elegido la acción de amparo, aunque falta claridad al respecto en el escrito inicial.
A su vez, con la cita que efectúa la apelante de los antecedentes en el caso “Marbury v. Madison” de la Corte de Estados Unidos, parecería que la acción interpuesta se identifica con el trámite de la pretensión declarativa de certeza regulada en el art 322 del CPC., receptada pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re: Gomer S.A. c. Córdoba, Provincia de, CSJN, 3/2/87, ED., 123-424).
La pretensión del actor no puede analizarse en abstracto, sino que necesariamente deberá ser objeto de un juicio debidamente bilateralizado garantizándose a todas las partes involucradas el ejercicio de sus derechos. La imprecisión referida agrava la dificultad para reencauzar en esta instancia la pretensión, debido al riesgo de incurrir en “reformatio in peius, lo que lleva a coincidir con la sentenciante en la necesidad de que el interesado promueva la acción que entienda correspondiente (argto. arts. 36 y 37 ley 24.240).
Sin perjuicio de lo apuntado, aquella imprecisión no impide ponderar que la medida cautelar guarda relación de medio a fin con la acción principal, en tanto esta última -según lo expresado por el accionante- estaría dirigida a demostrar que han sido afectados los derechos que la Constitución Nacional y la ley le reconoce en su carácter de consumidor.
En este punto de la lectura de la presentación, se advierte que la intención del requirente no es otra que la de "neutralizar" la subasta extrajudicial del vehículo secuestrado, que tornaría ilusorio el derecho que podría eventualmente reconocérsele en la sentencia de mérito, puesto que si el rodado se inscribiera a nombre de un tercero, perdería toda virtualidad la sentencia que aquí se obtenga.
En definitiva, la falta de concesión de la cautelar implica el riesgo de que la sentencia principal pierda toda virtualidad práctica, por lo que ella resulta viable la cautela peticionada (argto. jurisp. esta Sala, causa 146440 RSI-451 del 21/09/2010; Sala 2, causa 163692 RSI-327 del 16/08/2017, entre otras).-
4. En lo que respecta a la verosimilitud del derecho, principiaré por recordar que, como en la generalidad de las medidas, ella no compele a una comprobación acabada o plena de la existencia del derecho, sino tan solo la mera apariencia (Eduardo N. de Lazzari, ob. cit. T. I. pág. 546), se encuentra prima facie justificada.
4.i. Las constancias probatorias obrantes en los presentes autos, y en los que tramitan como agregados (que en este acto tenemos a la vista), permiten tener por acreditada prima facie la relación de consumo invocada por el accionante como fundamento de su pretensión (argto. arts. 42 Const. nac.; 38 Const. pcial; 1,2 y 3, ley 24.240; 1092, 1093 y concds., Cód. Civ. y Com.), que encontraría su génesis en el préstamo de dinero en efectivo que la demandada otorgó al accionante, y que este garantizó con la prenda con registro que instrumenta el contrato que en copia luce a fs. 8/9 de los autos "Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. c/ Rancitelli, Maximiliano Gabriel s/ Accion de secuestro (art. 39 ley 12.962)", La compulsa de los elementos habidos en la citada causa, pone en evidencia que la acreedora, y promotora de la acción de secuestro por la vía establecida en el art. 39 de la ley 12.962 es una entidad financiera que opera en el país (cfr. http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosY dePagos/Entidades_financieras.asp), enmarcada dentro del concepto de proveedor establecido en los arts. 2 de la ley 24.240, y 1092 del nuevo Código Civil y Comercial.
Se desprende además, ab initio, que el demandado, tomador del préstamo garantizado con la prenda, es una persona física, que trabaja en relación de dependencia (v. fs. 8 in fine del citado expediente), y habría adquirido el préstamo para la compra de un vehículo automotor (v. contrato de fs. 13) que se encuentra afectado a un uso particular (cfrme. título de fs. 14), elementos, todos ellos, que permiten emplazarlo bajo la figura del consumidor definida por los arts. 2 de la ley 24.240 y 1092 del Código Civil y Comercial.
En síntesis, la compulsa de las actuaciones permiten constatar, inicialmente, mediante elementos serios y altamente justificados, la existencia de la relación de consumo que nutre a la acción aquí impetrada; en tanto dan cuenta que el secuestro prendario se sustentó en una operación financiera para el consumo (art. 36, ley 24.240), y que el carácter de las partes intervinientes -en ambas causas- coincide con la formulación normativa que corresponde a los sujetos de la relación de consumo (argto. jurisp. SCBA, causa "Cuevas", Rc 109305 res. del 01/09/2010; CNCom. Sala D: in re"Circulo Cerrado S. A. de ahorro para fines determinados c/ Diaz, Juan Eduarso s/ Ejecución prendaria", sent. del 19/12/2016; "HSCB Bank Argentina S.A. c/ Fenandez del Corquio, Facundo M. s/ Secuestro prendario" sent. del 11/08/2016; Sala F: in re "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Tello, Ana Paula s/ Secuestro prendario" sent. del 13/09/2016, "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Villegas, Luis Alberto s/ Secuestro" sen. del 08/03/2016; entre otros).
4.ii.- Esta no es una cuestión menor al momento de ponderar los recaudos de la cautelar en estudio, en tanto a partir de dicha constatación se erige a favor del derecho invocado por el accionante, dotándolo así de verosimilitud, la preeminencia normativa y, con ello, la operatividad de todo los resortes tuitivos y protectorios que han sido establecidos por las disposiciones que rigen la defensa del consumidor, para superar sus vulnerabilidades, y así corregir las fallas del mercado, y que por tratarse de disposiciones de orden público -con protección constitucional- no pueden ser desatendidas por la magistratura (argto. art. 65 ley 24.240). De esta manera, se orientan a su favor los principios y reglas de protección mínima, entre otros: (i) principio protectorio, (ii) principio de prelación normativa (art. 1094 Cód. Civil); (iii) el de interpretación del contrato en favor del consumidor (art. 37 ley 24.240, art. 1095 del Cód. Civil), (iv) principio de trato digno, equitativo, no discriminatorio (art. 42 Cont. nac; 38, Const. pcial; 8 bis, y ccdts. ley 24.240; 1097 y 1098 del Cód. Civil), (v) el deber de Información (vi); principio de razonabilidad (art. 1011 del Cód. Civ.), (vii) las reglas en cuanto a cláusulas abusivas (37, 38 y ccdts., ley 24.240; 985, 986, 987, 988, 1.118 y 1.119 ccdts., del Cód. Civil), (viii) las cargas probatorias dinámicas (53, ley 24.240), etc.
Una muestra clara de la preeminencia normativa mencionada, que pone en evidencia la aplicación de las normas del consumidor en el ámbito regulado por la ley 12.962, puede hallarse en la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires quien, en materia de competencia, haciendo mérito de la normativa sustancial que protege los derechos irrenunciables de los consumidores (art. 36, ley 24.240) resolvió que es competente el juez del domicilio del demandado -consumidor- para entender en la acción de secuestro prendario con sustento en una operación de compra de un automotor destinado al uso personal (SCBA, causa "Fiat" Rc. 120.068, res. del 28/09/2016).
En idéntico sentido se pronunció recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en el marco de un negocio jurídico como el que aquí subyace –contrato de mutuo con garantía prendaria- y de una acción de secuestro como la que es objeto de reproche, sentenció que dicho negocio queda comprendido en la regla de competencia establecida por el art. 36 de la ley 24.240 y que, por consiguiente, resultaba "...competente para conocer en las actuaciones, el juez con jurisdicción sobre el domicilio real del deudor-consumidor sin que sea óbice la naturaleza de este proceso." (CSJN fallos: 340:905).
No cabe lugar a dudas, a partir de los citados precedentes, que la particular naturaleza de la acción de secuestro, ni el carácter de orden público de la ley 12.692 que ha resaltado la a quo, sirven de excusa para justificar la inobservancia de los derechos de los consumidores, sino que por el contrario, aún en ese contexto –negocial y procesal- resultan preeminentes las disposiciones del derecho del consumo, de fuente constitucional (argto. arts. 31, 42 y ccdts. de la Const. Nac. y 1094 del Código Civil).
Es que el juez no puede desentenderse del deber de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos del consumidor, cuyo mandato le impone la propia ley fundamental, al establecer que “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos…” (textual. art. 42, Const. Nac). 4.iii.- Partiendo, entonces, de la premisa que el secuestro del bien pignorado se funda en una operación financiera para el consumo, la situación que aquí se plantea, resulta semejante a la que ha sido analizada al tratar el pagaré de consumo, en cuanto evidencia, a primera vista, una contradicción entre los sistema normativo de ambos regímenes, en el entendimiento de que la vía jurisdiccional intentada se torna como imprescindible para facilitar la ejecución de la garantía prendaria -accesoria de la obligación principal- desatendiendo la naturaleza jurídica de la relación de consumo subyacente, en tanto impide analizar si se encuentran debidamente resguardados los derechos que la Constitución nacional, la Constitución de la provincia, ley 24.240 -ref. por la ley 26.361- y el Código Civil y Comercial reconocen al consumidor.
El derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema de derecho privado, con base en el derecho constitucional, y por lo tanto, las soluciones deben buscarse dentro del propio sistema ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo y aún derogatorio de las normas generales (art. 42, Constitución Nacional; 38 Cons. pcial, Lorenzetti, Ricardo Luis, " Consumidores", 2da edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 50; argto. jurisp. esta Sala, causa , 162.769. RSD-72 del 30/03/2017).
Dentro de este microsistema de derechos de los consumidores, la vía procesal que -para autoliquidar su garantía- habilita a que el acreedor secuestre el bien prendado, desapoderando a su propietario en un marco unilateral en el que el afectado no tiene ningún tipo de participación oportuna, ni existe la posibilidad de verificar el incumplimiento que se le endilga en base al contrato de consumo celebrado, trasluce un manifiesto desequilibrio entre los derechos de las partes contratantes en perjuicio del consumidor, que resulta, ab initio, contrario a la letra de los arts. 37 inc. b de la ley 24.240, 1.119 y 1.120 del Código Civil, y se muestra atentatoria de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, debido proceso e inviolabilidad de la propiedad, a la vez que trasluce un proceder contrapuesto -entre otros derechos- al derecho de información y al trato digno que preconiza el art. 42 de la Carta Magna.
El contexto procesal conlleva a que aspectos medulares de la relación de consumo no puedan ser planteadas o controladas judicialmente. A título de ejemplo, téngase presente que la prenda -de acuerdo a lo antes expuesto- estaría constituida en garantía de una operación de crédito para el consumo y, como es sabido, esta especie de contratos, además de no contener clausulas abusivas, deben cumplir con determinados requisitos bajo pena de nulidad (argto. art. 36, ley 24.240; art. 988 inc. 2, 1.119 y 1.122 del Código Civil).
Para más, la interrelación y finalidad común de ambos contratos bancarios con consumidores (préstamo para consumo y prenda), podrían subsumir el caso en la figura de los contratos conexos, en los que la ley de fondo expresamente le reconoce al consumidor el derecho de plantear las defensas que le sean comunes, pudiendo excederse así el marco de discusión de la prenda (arts. 1525, 1075, 1092, 1093, 1384, 1525, 2220 y concds. del Código Civil).
Volviendo a la contradicción normativa que he mencionado -y liminarmente constatado-, cabe precisar que ella también fue observada por el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, cuando afirma que "Resulta a todas luces evidente y palmario que esta norma colisiona con el plexo normativo consumeril de la Ley de Defensa del Consumidor que, por medio de normas de orden público, y por ende, inderogables por los particulares, reglamenta un derecho expresamente receptado en la Constitución Nacional" (texutal fs. 55; arts. 52, ley 24.240 y 27, ley 13.133). La misma valoración ha sido efectuada por la Fiscal General, Gabriela Boquin, en los diferentes dictámenes y recursos extraordinarios que hubo de deducir en el marco de las "acciones de secuestros" en las que tomó intervención.
En ellos precisó con detalle las afecciones que la norma en estudio produce sobre los derechos de los consumidores, en base a las cuales arriba a la conclusión de que la facultad de secuestrar los bienes prendados sin escuchar o dar audiencia al demandado, es contradictoria con las garantías, disposiciones y principios rectores de la Ley de Defensa del Consumidor ("HSBC Bank Argentina S.A. c/ Ascola, Daiana Inés s/ Secuestro prendario" 2301/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Reales, Facundo Ariels/ Secuestro prendario", 22/2016/CA1 ; HSBC Bank Argentina S.A. c/ Rizzoto, Mariana s/ Secuestro prendario", 5184/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Cabral, José Bautista s/ Secuestro prendario", 5180/2016/CA1"; HSBC Bank Argentina S.A. c/ Hubert, Silvia Azucena s/ Secuestro prendario", 2904/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ García, Dora Claudia s/ Secuestro prendario", 5454/2016CA1; HSBC Bank Argentina S.A. c/Vallejos, Ubaldo Amaranto s/ Secuestro prendario", 9046/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Paredes Priante, Pablo Daniel s/ Secuestro prendario"., 6410/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Motura, Jorge Alberto s/ Secuestro prendario", 9433/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Zelaya, Micaela Belén s/ Secuestro prendario", 11097/2016/CA1; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Vivas, Noelía María del Lujan s/ Secuestro prendario ", COM 5844/2016; "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martinez, Ramón Vicente s/ Secuestro prendario", COM 25194; "Baanco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Ticona Flores, Vicente s/ Secuestro prendario," 1525/2016; "Recuperado el 2/10/2017 de https://www.fiscales.gob.ar/usuarios-y-consumidores/ presentaron-recursos-extraordinarios-ante-la-corte-suprema-para-que-se-det ermine-la-improceden cia -de-secuestros-prendarios-contra-consumidores-y-usuarios/).
Sin entrar a juzgar su aplicación al caso en estudio, vale señalar que en un precedente reciente de la justicia bonaerense, se declaró -por mayoría- la inaplicabilidad a las relaciones de consumo del trámite previsto en el art. 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12.962 (cfme. Cám. de Junin Civ. y Com. de Azul, causa JU-8427-2014, RSD-58 sent. del 2/02/2017).
Con la misma prudencia, al solo efecto de examinar el recaudo de verosimilitud del derecho, tengo presente que la Sala C de la Cámara Comercial en una el marco de una acción de secuestro fundada en un contrato de consumo, sostuvo recientemente -en una posición más flexible que la mencionada en el párrafo precedente, e incluso descartando la existencia de una objeción fundada en el derecho constitucional de defensa-, que la posibilidad del acreedor prendario de obtener el secuestro debe ser canalizada a la luz de lo dispuesto en el art. 1249 inc. a del Código Civil [que establece la vía de ejecución del dador de un leasing], sin perjuicio de los arbitrios que en el marco de tal procedimiento decida adoptar el juez para constatar el incumplimiento del deudor y los alcances de la obligación (Cám. Nac. Sala C, in re "HSBC Bank Argentina S.A. C/ Génova, Mario Oscar s/ Secuestro Prendario", sent. del 21/09/2017)
En el citado precedente, los magistrados reconocieron que "El secuestro directo, sin audiencia del deudor cuando éste es consumidor, y la subsiguiente facultad del banco de rematar el bien para cobrarse lo adeudado sin ningún control ni del deudor, ni del juez, es temperamento que contradice los postulados básicos que inspiran el derecho del consumo..." , y con gran simplicidad precisaron que "...De nada valdría que la ley asegure al consumidor bancario -como lo hace en término imperativos a partir del art. 1385 CCYCN y siguientes- el derecho a obtener clara información sobre montos, tasas de interés, tarifas por gastos y comisiones, costo financiero total y demás datos, si después se permitiera a la entidad eludir todo control y cobrar según su propia apreciación" (sic, causa cit).
Finalmente, cabe ponderar, desde la estricta óptica de la garantía de defensa en juicio, y salvando las distancias que presentan los casos involucrados, que existen antecedentes en esta Alzada, en los que restricciones al derecho de defensa del consumidor han dado lugar a la declaración de inconsitucionalidad de normas como la establecida por el art. 54 de la ley 24.441 (esta Cámara, Sala 2, causa 128513 RSD-390-4 S 17/06/2004).
Ahora bien, hallándose inicialmente acreditada la relación de consumo que motiva la presente acción con los elementos probatorios que han sido mencionados, teniendo en consideración los cuestionamientos que el accionante formula con relación al cumplimiento del deber de información y la determinación de la deuda que motivó la acción de secuestro prendario (v. fs. 17 vta., 19 vta y 20) y surgiendo objetivamente que el trámite de del art. 39 de la ley 12.962 no brinda ningún tipo de audiencia al consumidor, generando un ámbito que prima facie no se muestra propicio para resguardar el efectivo ejercicio de los derechos del consumidor, consideramos que se encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho del accionante, para otrogar la cautelar pretendida (arts.31y 42, Cons. Nac.; 38, Const. Pcial, 10, 36, 37, 65 y concds., ley 24.240; 1092, 1093, 1384 y ccdts. del Cód. Civil; 39, ley 12.962; 230 y concds. del CPCC).
5. Encontrándose reunidos los presupuestos para el dictado de la cautelar peticionada, corresponde decretar la prohibición de innovar sobre el estado materíal y jurídico del vehículo Volkswagen, dominio NVD892, debiendo particularmente abstenerse el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., de realizar la venta extrajudicial del mencionado bien (argto. art. 230 del CPCC).
6. Sentado lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la exigibilidad de contracautela (v. fs. 17).-
De modo semejante a lo que ocurre con el beneficio de litigar sin gastos, la determinación de la contracautela se encuentra estrechamente vinculada a lo que se decida con respecto al beneficio de gratuidad (arts. 200, inc. 2, del CPCC, argto. jurisp. esta Sala, causas N°145.289, RSI-102 del 11-3-10; 152.048, RSI-855 del 22/08/2012; Sala 2, causa 158370, RSI-572 del 12/11/2015, entre otras).
Consecuentemente, analizaré en primer término este aspecto, para definir, en función de lo que se resuelva, si el peticionario debe prestar contracautela, y en su caso, determinar el alcance de aquella.
En esa faena, y de conformidad con lo expuesto en el considerando (V.4.ii), econtrándose prima prima facie acreditada, sobre la base provisional de los hechos litigiosos y demás elementos del proceso analizados, que las actuaciones judiciales han sido promovidas por un consumidor, y en base a una relación de consumo, corresponde otorgar al peticionario el beneficio de justicia gratuita establecido en el art. 53 de la ley 24.240 (conf. ley 26.361) y 25 de la ley 13.133 (argto. jurisprudencial esta Sala, causa 156.367, RSI-311del 29/05/2014; 150.495, RES-335 del 13/7/2012; 156.367, RSI-311del 29/05/2014; Sala 2, causa 158370 antes cit., entre otras).
Ahora bien, la concesión del beneficio de justicia gratuita, tal como lo anticipara al tratar el presente tópico, coloca a su beneficiario en situación semejante a la de quien goza del beneficio de litigar sin gastos y, desde ese punto de vista, al igual que de lo que acontece con éste último por aplicación de lo establecido en el art. 200 inc. 2, del Código Procesal, el consumidor o usuario se encuentra liberado de prestar contracautela para obtener la ejecución de la cautelar que le ha sido otorgada (argto. art. arts. 42 Cons. nac.; 38, Const. prov; 53, ley 24.240; 25, ley 13.133, 202 del CPCC).
La instauración de este beneficio forjó la necesidad de reinterpretar la procedencia y el alcance de aquellos institutos que a los ojos del consumidor alzan barreras económicas en la tramitación del proceso.
Un reflejo de lo expuesto, puede hallarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en cuanto señaló que "..No cabe exigir el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en materia de acciones judiciales que los consumidores y usuarios pueden iniciar cuando sus intereses resulten afectados o amenazados toda vez que a la luz de las modificaciones que la ley 26.631 introdujo a la Ley de Defensa del Consumidor, al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, Fallos: 338:1344)
Por su parte, antes de la vigencia del texto que la ley 26.361 incorporó a los artículos 53 y 55, la Suprema Corte de la Provincia atendiendo al "..carácter tuitivo en el cual se inserta toda la normativa -legal y constitucional- en cuanto a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y en virtud de lo dispuesto por el art. 25 de la ley 13.133 en cuanto a la exención del "pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica" descartó la exigencia de una contracautela de tipo real para la medidas cautelares peticionadas por las asociaciones de consumidores, fijando una caución juratoria ( SCBA Causa "DE.U.CO." B. 65.834 res. 07/03/2007)
En definitiva, por las razones expuestas corresponde conceder al actor el beneficio de justicia gratuita peticionado y, por consiguiente, eximirlo de prestar contracautela.
VI. Opinión del Dr. Roberto J. Loustaunau:
Coincido con la propuesta de revocación parcial de la sentencia recurrida y el otorgamiento de la medida cautelar de no innovar solicitada por el Sr. Rancitelli, sin necesidad de contracautela.
i.- Considero que los recaudos procesales para el otorgamiento de la medida requerida, se encuentran reunidos.
Dado que la entidad bancaria y el peticionante se encuentran vinculados por una relación de consumo, y ante dos sistemas normativos donde se ponen en juego derechos que involucran relaciones de consumo, el Juez debe buscar compatibilizarlos, y solo en caso de que no resulte posible deberá resolver cuál de ellas prevalece.
En el caso el sistema abreviado y simplificado regulado por el art. 39 de la normativa prendaria, aplicado como históricamente se hizo desde su promulgación en el año 1946, luce – en principio - incompatible con la ley 24240 y modificaciones, en virtud de quedar la relación enmarcada en una regulación tuitiva específica y de orden público (art. 12 CCCN). Este procedimiento opcional de secuestro y posterior subasta extrajudicial del bien prendado, posibilita al proveedor evadir el necesario control de legalidad y respeto por las normas tuitivas de la ley de defensa del consumidor (arts. 42 CN, 3, 36, 37 ley 24240 ley 24240). Por ello, en virtud de lo normado por los artículos 3 y 65 de la ley 24240 y 42 dela CN, debe otorgarse preeminencia a la norma del consumo.
Así lo expresa la doctrina: …”En consecuencia, en una interpretación legal, si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, primará esta última. Por lo tanto, el régimen de derecho que surge de la LDC importa no solo complementar sino también modificar o derogar, siquiera parcialmente, las normas de otras ramas jurídicas que se apliquen a la relación de consumo que concretamente se considere” (Junyent Bas, Francisco y Del Cerro, Candelaria, Aspectos procesales de la ley de defensa del consumidor, La Ley On line).
ii.- Consecuentemente, otorgada la cautelar solicitada, la peticionante deberá iniciar la acción de fondo que corresponda en ejercicio de los derechos que considera vulnerados con motivo del contrato de consumo celebrado con la entidad bancaria, lo que hasta ahora no ha sido materia de debate (art. 195 y sigts.; 207 CPC; arts. 36 y 37 Ley 24240 texto según 26361)
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y en virtud de lo normado por los arts. 31 y 42, de la Constitución nacional; 38 de la Constitución provincial; 2,3,4,8,36,37 y concds. de la ley 24.240; 1092, 1093, 2220 y concds. del Código Civil; 39 de la ley 12.962; 34 inc. 3° ap. b) y 5, 36, 68, 69, 161, 230, 242, 260, y concs. del CPCC, RESOLVEMOS:
1. Aceptar la excusación formulada por el doctor Rubén Daniel Gérez a fs. 49, en mérito a las causales que allí han sido invocadas.-
2. Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por el accionante a fs. 30 y revocar la providencia de fs. 28/29, en el sentido y con los alcances señalados en los considerandos.
Consecuentemente, decrétase la prohibición de innovar sobre el estado material y jurídico del vehículo Volkswagen, dominio NVD892, debiendo particularmente abstenerse el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., de realizar la venta extrajudicial del mencionado bien (argto. arts .195, 207, 230 y ccdts. del CPCC). Por su parte, el accionante deberá entablar por vía autónoma la acción principal, en el término y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 207 del CPCC .
3. No se imponen costas por no haber mediado contradictorio (argto. art. 68 del CPCC). Regístrese. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC, devuélvase.
NÉLIDA ZAMPINI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado
Fin de la sentencia