Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 531 y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 529/530, en el sentido y con los alcances señalados en los precedentes considerandos.
II. No se imponen costas atento la ausencia de controversia (art. 68, 2da. parte del CPC.).
Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata (1)Registrada bajo el Nro.: 51 (R)Folio Nro.:137/140 Expte. Nro. 165196 JCC. 6 "UMANZOR GONZALEZ MARITZA JESUS Y OTRO/A C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA "
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Mar del Plata, 27 de Febrero de 2018.
Con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 531 por el Dr. Ariel José Vieira, contra la resolución de fs. 529/530, del 14/11/17; y
El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada, CONSIDERAMOS que:
I. El Sr. Juez de primera instancia resolvió a fs. 529/530 rechazar in limine la ejecución por considerar que la misma resulta prematura. Para así decidir, consideró que en las presentes actuaciones se pretende ejecutar una sentencia que todavía no se encuentra firme toda vez que se interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la S.C.B.A.,y ello hace que no se encuentren cumplidos los recaudos dispuestos por el art. 497 del CPC. en cuanto a la ejecutabilidad de la sentencia al no hallarse consentida. Agregó, a su vez, que tampoco se pueden regular los honorarios por cuanto la liquidación presentada no fue sustanciada con todos los interesados.
II. El Dr. Ariel José Vieira, en carácter de gestor procesal de la actora e invocando la franquicia que otorga el art. 48 del CPC, interpuso y fundó recurso de apelación en subsidio a fs. 531/533.
En esencia, critica lo resuelto en tanto entiende que la sentencia que aquí se pretende ejecutar sí se encuentra consentida respecto de uno de los codemandados, que es precisamente aquel contra el cual aquí se demanda.
Reseña que la sentencia fue apelada por Belchamp SA. y que dicha parte no se encuentra aquí citada, al mismo tiempo que Peugeot Citröen Argentina SA. -quien resulta ser la parte que aquí se pretende ejecutar- no sólo consintió expresamente la sentencia sino que además, depositó el monto que considera corresponde por capital e intereses. Afirma que la sentencia resulta inmodificable para la parte aquí ejecutada y que si se produjera una modificación con motivo del recurso extraordinario interpuesto por la codemandada, ello sólo generaría efectos en relación a una eventual repetición entre Peugeot Citröen Argentina SA. y Belchamp SA.
Critica también la resolución en tanto se rechaza la regulación de honorarios solicitada al entender que precisamente forma parte del objeto de la presente petición el hecho que se ordene el traslado de la liquidación practicada por la parte ejecutada y una vez firme se regulen los honorarios profesionales para luego procederse al pago.
Solicita que se revoque la resolución apelada y se provea el escrito inicial.
III. Breve reseña de las actuaciones que motivaron el auto apelado:
Las particularidades del caso exigen, a nuestro criterio, un repaso de los actos que precedieron al dictado de la resolución apelada, pues sólo conociendo la génesis del proceso podrá comprenderse la situación que enmarca la cuestión que es materia de recurso.
En fecha 26 de septiembre de 2011 la señora Martiza Jesús Umanzor Gonzáles y el señor Héctor Javier Aguirre, con el patrocinio letrado de los doctores Federico Alvarez Larrondo y Ariel José Vieira, demandaron - con fundamento en la ley 24.240- a las firmas Peugeot Citröen Argentina S.A. y Belchamp S.A., reclamando: (i) la sustitución del rodado que le fuera entregado defectuoso por un cero kilómetro de las mismas características, más (ii) una indemnización de daños y perjuicios por la suma de $ 108.000 y (iii) la aplicación de daño punitivo.
La demanda fue contestada por "Belchamp S.A" y "Peugeot Citroën Argentina S.A." por medio de sus apoderados, doctores Diego Sueiro y Carolina Muzzio, respectivamente, quienes solicitaron su rechazo, con costas.
El juez de primera instancia hizo -parcialmente- lugar a la demanda promovida, y condenó a Belchamp S.A. y Peugeot Citroën Argentina S.A. (con sustento en el artículo 40 de la ley 24.240) a abonar a los actores -dentro del plazo de diez días- la suma de $ 37.550. Sin embargo, rechazó la pretensión de sustitución del rodado y el reclamo del daño punitivo. Las costas las impuso a los accionados (v. copias obrantes fs. 397/415).
La sentencia fue apelada por la parte actora (v. fs. 433) y por la codemandada Belchamp S.A. (v. fs. 417), más no por la coaccionada Peugeot Citroën Argentina S.A.
En virtud de tratarse de una acción basada en la Ley de Defensa del Consumidor, el recurso de apelación que interpuso la litisconsorte Belchamp S.A. fue concedido en relación y con efecto devolutivo, y se intimó al recurrente a dar cumplimiento con el depósito establecido en el art. 29 de la ley provincial 13.133, lo cual no llegó a efectivizarse porque, posteriormente, desistió de la apelación.
En fecha 15 de junio de 2017, la Cámara hizo lugar a recurso deducido por los actores y, en consecuencia, elevó el monto de los rubros indemnizados, modificó la fecha de la mora, y admitió la procedencia de la indemnización por daño punitivo fijándola en la suma total de $300.000 (en partes iguales para los actores).
El dato sobresaliente, es que los demandados asumieron comportamientos diferentes con respecto la sentencia de condena dispuesta por la Alzada, pues mientras la firma Belchamp S.A cuestionó el pronunciamiento mediante la interposición de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su litisconsorte Peugeot Citroën Argentina S.A. lo consintió, presentando una liquidación, dando en pago y depositando en la cuenta de autos la suma de $ 439.972,88 "...en concepto de monto de condena actualizado" (textual fs. 509).
Según refiere expresamente la susodicha codemandada esas sumas las "...da en pago íntegro, definitivo y cancelatorio... y presta expresa conformidad con el libramiento del giro a favor del actor, por el importe previamente individualizado, con expresa y exclusiva imputación al concepto referido" (textual fs. 509 vta).
Mediante providencia de fecha 16 de agosto de 2017, se tuvo "presente la liquidación practicada para su oportunidad" (v. fs. 510) y, seguidamente, en la misma fecha, se concedió a su litisconsorte (Belchamp S.A.) el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que había deducido, disponiéndose la elevación de las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En la presentación que luce a fs. 519, los actores (teniendo en consideración que si bien un codemandado había consentido la sentencia y dado en pago el monto de la condena, el otro había recurrido ante la Suprema Corte) solicitaron que previo a la elevación del expediente se disponga devolver los autos a primera instancia a fin de librar los correspondientes cheques o, de considerarlo más conveniente, que se expidan fotocopias certificadas de autos a fin de formar expedientillo de ejecución de sentencia.
Proveyendo tal petición, se dispuso que "...a los fines de la tramitación del incidente de ejecución de sentencia deberá el peticionario extraer las copias de las piezas que estime pertinentes a los fines de su formación, el que se sustanciará ante el Juez de Grado en la forma prevista por los arts 177, 497 y 498 del C.P.C." (textual despacho de fs. 521). La parte actora solicitó la revisión de la citada providencia, insistiendo en que se remitan los autos a primer instancia, pedido que desestimó este Tribunal mediante la resolución que luce en copia a fs. 523. En fecha 30 de octubre de 2017, los accionantes promovieron el presente incidente que titulan "de cumplimiento" de la sentencia recaida en los autos "Umanzor González, Martiza Jesús y otro c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. y ot. s/ Daños y perjuicios"), con el objeto de que "... se ordene el traslado de la liquidación practicada por el co demandado PEUGEOT y una vez firme la misma se regulen los honorarios a los profesionales actuantes y se de cumplimiento al pago del monto de condena y de las costas a cargo de la demandada PEUGEOT, que ha consentido expresamente su condena y ha dado en pago lo que considera es el monto correspondiente" (textual fs. 526 vta, la negrita no es de origen). El juez de grado rechazó in límine la ejecución, mediante la resolución que nos es traída en apelación, por los fundamentos que han sido reseñados en el considerando I.-
IV. Sentado lo anterior, anticipamos que corresponde hacer lugar al recurso de apelación, por los argumentos que seguidamente expondremos, y ordenar que se provea el incidente.
El temperamento opuesto que han asumido los litisconsortes pasivos frente a la sentencia de condena que -con fundamento en el art. 40 de la ley 24.240- los obliga solidariamente (consintiéndola uno de ellos y recurriéndola el otro), ha generado una situación que resulta inédita -al menos en la casuística de este Tribunal-, la cual, sumado al resto de los antecedentes, nos permite contextualizar el reclamo, y así concluir que el incidente promovido no constituye una típica ejecución de sentencia, pues lo que los accionantes pretenden por este medio es instar los trámites procesales necesarios para percibir las sumas de dinero que depositó en pago la codemandada Peugeot Citroén Argentina, cuya tramitación no ha podido tener lugar en el expediente principal en razón de habérselo elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que articuló el otro litisconsorte demandado (Belchamp S.A).
En consecuencia, técnicamente no nos encontramos en el marco de un proceso de ejecución de sentencia (que procede ante su incumplimiento) sino que se trata del "trámite de cobro", frente al cumplimiento espontáneo que llevó a cabo la citada codemandada, por lo que por imperio de lo dispuesto en el art. 501 del código procesal, corresponde darle traslado al actor y seguir las normas sobre incidentes (arts. 502 in fine), tal como lo dijo este tribunal a fs. 521.
En ese contexto, advertimos que el rechazo in limine de la acción -fundado en el análisis de habilidad del título ejecutorio- no se ajusta a derecho y desatiende las circunstancias que rodean el caso .
En efecto, le asiste razón al apelante en cuanto afirma que la sentencia está firme para la codemandada Peugeot Citröne Argentina S.A., toda vez que la sentencia ha sido expresamente consentida por ella, quien ha depositado el dinero que ha considerado correcto para su cumplimiento, en uso del derecho al pago que le asiste (art. 834 del CCyC).
La firmeza de la sentencia para el codeudor solidario que la ha consentido, no debe verse alterada por especulaciones interpretativas acerca de una posible excepción a la personalidad del recurso, o por el futuro o eventual conflicto de intereses que pueda suscitar la propagación de los efectos del pago para los codemandados (art. 835 inc. a CCyC) y las conjeturas sobre el resultado del recurso extraordinario concedido a uno de ellos.
Justamente, el trámite del recurso extraordinario ha obligado a la formación del incidente mediante las copias pertinentes, con el fin de permitir hacer efectivo el derecho reconocido al consumidor, sujeto respecto al que se propugna la mayor eficacia de las normas protectorias. Una norma será eficaz, dice Norberto Bobbio, cuando sea cumplida generalmente por sus destinatarios (Müller, Enrigque C. "Eficacia del derecho del consumidor" en RDPyC Rubinzal-Culzoni 2012-1 p. 123; por ej. el derecho a cobrar su crédito más rápidamente posible art. 29 ley 13.133 depósito y efecto devolutivo).
Negar a los accionantes la posibilidad de dar curso al incidente para que puedan percibir los fondos que les fueron dados en pago, se contrapone con la manda constitucional que consagre la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42 de la Const. nac, y 38 de la Const. pcial.).
Por consiguiente corresponde revocar la decisión apelada, debiendo el juez a quo proveer el incidente, disponiendo las modalidades correspondientes para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, teniendo especial atención en que, habiendo practicado liquidación el deudor, por razones de economía procesal deberá correrse traslado al acreedor (argto. arts. 501, 502, 557 del CPCC), para que una vez aprobada la liquidación y cumplido con las leyes arancelarias, el consumidor pueda percibir el depósito que le fuera dado en pago.
IV. Por ello, citas legales y doctrinarias efectuadas y lo normado por los arts. 42 de la Const. nac., 38 de la Const. pcial., 835 del Código Civil y Comercial, 34 inc. 3º ap. b), y 5to, 36, 68, 69, 161, 241, 242 inc. 3°, 246, 260, 494 y ccds. del CPC, RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 531 y, en consecuencia, revocar la resolución de fs. 529/530, en el sentido y con los alcances señalados en los precedentes considerandos.
II. No se imponen costas atento la ausencia de controversia (art. 68, 2da. parte del CPC.). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPC., devuélvase.
NÉLIDA I. ZAMPINI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Pablo D. Antonini Secretario
Fin de la sentencia