Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 52487
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Modificar la resolución de fs. 2123/2126 debiendo utilizar como base, a los fines de regular honorarios, el valor total de los bienes que se pretendieron colacionar.
B) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a fs. 2123/2126.
C) Imponer las costas en el orden causado y diferir la regulación de honorarios que corresponden a esta instancia, para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
I. Mediante resolución de fs. 2123/2126 la Juez interviniente reguló los honorarios de los profesionales intervinientes, utilizando como base la suma de $12.285.205.
Para arribar al monto aludido consideró que debía tomarse como base pecuniaria la proporción del valor de los bienes que los actores pretendían colacionar.
Dicho pronunciamiento fue apelado por la letrada Alicia Nieto, mediante presentación suscripta electrónicamente el 21-5-2019, fundando su recurso en el escrito de interposición.
La recurrente centra su embate en el criterio adoptado para determinar la base a los fines de regular honorarios. Señala que la pretensión de los actores no fue colacionar un porcentaje del valor de los bienes incluidos en su reclamo, sino la totalidad.
Afirma que en caso de haber obtenido una sentencia favorable, los bienes habrían sido colacionados en su totalidad, pasando a formar parte de la masa hereditaria del sucesorio de la causante Elena Sofía Hernandez de Meza.
Manifiesta que la decisión aludida viola el principio de congruencia y carece de andamiaje legal que la sustente.
En virtud de ello, solicita que se regulen honorarios conforme el 100% de la valuación de los bienes que se pretendían colacionar.
II. Ley aplicable.
Sin perjuicio de señalar que no se encuentra cuestionado lo decidido sobre este aspecto en la resolución de fs. 2123/2126, en cuanto se dijo que era de aplicación al caso el Decreto-Ley 8.904/77 por haberse desarrollado las tareas de los profesionales bajo su vigencia; cabe poner de resalto que resulta acertado el criterio establecido por la Magistrada de grado en cuanto la presente contienda será dirimida por la norma vigente al momento en que fueron desarrolladas las tareas, es decir, el Decreto-Ley 8.904/77 (art. 7 CCCN; causa SCBA, "Morcillo Hugo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Dcto. Ley 9020" del 8-11-2017).
III. Antecedentes.
Los actores José Andrés Meza Caballero, María Elena y María Concepción Meza, fueron instituidos herederos, junto con el demandado Hernán Gustavo Meza y otros hermanos que no forman parte del proceso (Guillermo, Roberto, María Elena y María Inés Meza), en la sucesión de su madre Elena Sofía Filomena Hernández de Meza.
Afirmaron que aquella, a pesar de su condición de administradora, no denunció la totalidad de los bienes que componían el acervo sucesorio de su esposo (padre de las partes) y que muerta la progenitora, el demandado se apropió de bienes que componían el acervo hereditario de ambas sucesiones.
En función de ello demandaron, en los términos del artículo 3478 del Código Civil, a Hernán Gustavo Meza a fin que colacione en la sucesión de su madre, U$$ 115.000 provenientes de la venta del inmueble sito en la calle Arroyo 999, 4°"A", 35.000 bonos provisionales cotización dólar y una suma de dólares estadounidenses provenientes de plazos fijos colocados en la Sucursal n° 18 del Banco de Galicia y Buenos Aires.
Señalaron, asimismo, que el demandado valiéndose del delicado estado de salud de la causante, manejó los fondos e ingresos de aquella en su provecho. En efecto, afirmaron que apropiándose del dinero de su madre, Hernán Gustavo Meza habría adquirido un inmueble sito en la calle Acasusso 660 de San Isidro, siendo propietario de un local y una unidad de vivienda, de la mitad indivisa de una unidad funcional en el primer piso y otra en el segundo, y sus respectivas unidades complementarias. Denunciaron, a su vez, que con el mismo dinero habría comprado dos semanas de tiempo compartido en el complejo "Solans Resort" ubicado en la República Oriental del Uruguay (fs. 15/21).
La Juez de Primera Instancia rechazó la demanda entablada e impuso las costas a la parte actora (fs. 1794/1805), lo que fue confirmado por esta Alzada en la sentencia de fs. 1842/1856.
IV. El artículo 23 del Decreto-Ley 8.904/77, aplicable al caso, establece que "cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma...".
Ello así, la Juez interviniente, en primer lugar, consideró como base regulatoria la estimación de los inmuebles efectuada por la perito martillero a fs. 2062/2064 ($ 11.091.019) y le adicionó la suma de U$S 314.204,95, en virtud del valor dinerario que se pretendía colacionar, arribando a un monto de $24.570.411,35.
Sin embargo, ponderó que debía tomarse como base pecuniaria la proporción del valor de los bienes que los actores pretendían colacionar. En virtud de ello, dividió el monto referido por el número de herederos, para finalmente multiplicarlo por la cantidad de reclamantes.
Al respecto, se agravia la letrada Nieto porque considera que se debe utilizar como base el 100% del valor de los bienes incluidos en la demanda, ya que los actores pretendieron colacionarlos en su totalidad y no un porcentaje de aquellos.
Le asiste razón a la recurrente.
En efecto, los actores en el escrito constitutivo manifestaron que el demandado se apropió de una suma de dólares estadounidenses provenientes de plazos fijos colocados en la Sucursal n° 18 del Banco de Galicia y Buenos Aires, de la venta del inmueble sito en la calle Arroyo 999, 4° "A" y de 35.000 bonos provisionales cotización dólar. Detallaron, asimismo, que valiéndose del precario estado de salud de la causante, con dinero del acervo sucesorio, Hernán Gustavo Meza habría adquirido las unidades del inmueble de la calle Acasusso 660 de San Isidro detalladas en el punto "III" y un tiempo compartido en el complejo "Solanas Resort".
En idéntico orden de ideas, manifestaron que "el demandado deberá devolver la totalidad de los fondos, en la suma que de la prueba a rendirse existan al mes de marzo de 1991" (fs. 17 vta.).
En definitiva, en dicho escrito inicial los actores no hicieron alusión al porcentaje o monto que les hubiera correspondido de la herencia en caso de prosperar la acción, sino que pretendieron colacionar la totalidad de los bienes identificados.
Es decir, que utilizar como criterio a los fines de fijar la base regulatoria, la proporción que le hubiera correspondido a los actores del acervo hereditario, en caso de haber prosperado la acción, no se corresponde con la pretensión que aquellos introdujeron en la demanda.
Debe ponderarse que, conforme fuera expuesto en la sentencia dictada por esta Alzada, la colación revierte los efectos de la transmisión de bienes realizadas por el causante, antes de su muerte, con el fin de favorecer hijos que aunque no llegan a ser preteridos de la herencia, si son afectados en su legitima (fs. 1842/1856).
El artículo 3477 del derogado Código Civil, aplicable al caso, establece el objeto de la obligación de colacionar, que es el de reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el causante con la única finalidad de lograr la igualdad en los términos de la ley, al momento de la partición (art. 7 CCCN).
En efecto, la colación es el instituto por el cual el heredero forzoso que concurra con coherederos de igual carácter, debe computar en la masa relicta el valor de las donaciones que hubiera recibido en vida del causante (SCBA, C 107897 sent. del 29-5-2013).
Lo expuesto es a los fines de ilustrar que la pretensión de los actores fue el de colacionar el total de lo que entendieron entregado a su hermano por sus padres para luego hacerse de la porción que por ley le correspondía y no la parte que les hubiera correspondido por el fallecimiento de su madre. Por ello, se ha sostenido que "en el caso de la acción de colación, el interés económico comprometido en el proceso está dado por la suma que debió colacionar la demandada..." (Pesaresi, Guillermo Mario, Honorarios en sucesiones, Ed. Astrea, Bs. As., año 2010, pág. 202; CACC, San Isidro, Sala I, causa n° 45.907/2011, sent. del 24-10-2017).
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, entendemos que corresponde modificar la resolución de fs. 2123/2126, debiendo utilizar como base, a los fines de regular honorarios, el valor total de los bienes que se pretendieron colacionar (art. 23 Decreto-Ley 8.904/77; arts. 3476 y sigs. del Cód. Civ; art. 7 CCCN). En virtud de ello, deberá dejarse sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la resolución aludida.
Atento la naturaleza de la cuestión planteada, las costas deberán imponerse en el orden causado (art. 68 del CPCC).
V. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a) Modificar la resolución de fs. 2123/2126 debiendo utilizar como base, a los fines de regular honorarios, el valor total de los bienes que se pretendieron colacionar.
b) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a fs. 2123/2126.
c) Imponer las costas en el orden causado y diferir la regulación de honorarios que corresponden a esta instancia, para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
Regístrese y devuélvase.
Fin de la sentencia