Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 21414
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada en cuanto se:
1Rechaza la excepción de falta de legitimación activa introducida por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, con costas de ambas instancias a su cargo;
2Desestima la demanda interpuesta por A.R.M. contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, con costas de ambas instancias al actor.
En atención a lo que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia de origen y difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967, art. 7 CCCN).
Los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial de San Isidro, Doctores Analía Inés Sánchez y Hugo O.H. Llobera, con la presencia del Secretario Dr. Santiago Juan Lucero Saá y utilizando para suscribir a sus respectivos certificados de firma digital mediante los dispositivos que han sido insertados al efecto en los equipos informáticos situados en la sede del Tribunal en la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; proceden a dictar sentencia en el juicio: Expte. N° SI-21414-2020; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Sánchez y LLobera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada la señora juez doctora Sánchez dijo:
I. Breves antecedentes El letrado apoderado del actor promueve demanda por cumplimiento contractual y daños y perjuicios contra Seguros Bernardino Rivadavia, en virtud de la póliza de seguro colectivo por accidentes personales de la cual su mandante sería beneficiario.
Sobre los hechos, relata que el día 20-12-2018, M. se encontraba trabajando para una vidriería ubicada en la calle San Martín, altura xxx, de la localidad de Pte. Derqui, partido de Pilar. Que siendo alrededor de las 17:20hs y en circunstancias de estar descargando planchas de vidrio desde un camión -junto a otros compañeros-, habría resultado lesionado en uno de sus brazos (con corte de músculos y tendones que le provocaron una gran hemorragia).
Agrega que, a raíz de ello, su mandante intentó llegar a la Sala de Primeros Auxilios de cercanía, pero se desmayó, motivo por lo que fue ingresado por dos transeúntes. Que allí le practicaron las primeras curaciones y fue derivado de inmediato al Hospital de Pilar. Que en dicho nosocomio le suturaron la herida y le otorgaron el alta 22 horas después. Afirma, además, que previa consulta con traumatología, el actor debió ser intervenido quirúrgicamente y permanecer con yeso por el lapso de tres meses.
Pone de resalto que A. habría contratado la póliza de accidentes personales mencionada supra, cuyo beneficiario era su representado. Que pese a haber solicitado se le abone la cobertura que surge del instrumento, no ha sucedido, por lo que se vio obligado a iniciar las presentes.
Detalla los rubros indemnizatorios reclamados, ofrece pruebas, funda en derecho y solicita se haga lugar a la demanda en todos sus términos, con costas (17-12-2020; art. 330, CPCC).
El apoderado de la demandada Seguros Bernardino Rivadavia, se presenta y contesta la demanda entablada en su contra.
Reconoce que su mandante emitió la póliza 54-3502-000, contratada por H.R.A. lo que amparaba al 20-12-2018 accidentes personales de su tomador, respecto a actividades laborales específicas denunciadas en el instrumento, con un límite de $800.000.
Hace hincapié en cuanto a que, además (para el caso de que el siniestro se repute acreditado y se impusiera a su parte responder) la supuesta indemnización deberá calcularse conforme los parámetros de la cláusula 9 de las condiciones generales. Así como, que los rubros reclamados en concepto de daño moral, daño psicológico, lucro cesante y pérdida de chance no se encuentran amparados por la póliza de accidente personales contratada.
Añade que no puede, ni debe omitirse, que no se trata de una póliza de responsabilidad civil, por lo que quién reclama debe ceñirse a las condiciones allí pautadas. Es así que, en el marco de las mismas y límites otrora pactados, es que, en caso de corresponder, su mandante brindará cobertura a su asegurado, ahora accionante.
Sin perjuicio de lo antedicho, plantea excepción de falta de legitimación activa por considerar que el actor no cuenta con acción directa en su contra.
Seguidamente, realiza una negativa ritual de los hechos descriptos en la demanda, así como puntualmente desconoce la ocurrencia del evento por el que se reclama. A ello, agrega los argumentos por los que considera inaplicable la ley 24.240, así como la improcedencia del daño punitivo reclamado.
Impugna los rubros indemnizatorios, ofrece pruebas, funda en derecho y solicita se rechace la demanda, con costas (14-6-2021; art. 354, CPCC).
II. El asunto juzgado La sentencia dictada el 4-2-2025 hace lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada y, en consecuencia, rechaza la demanda. Impone las costas a la parte actora y regula los honorarios profesionales.
El apoderado del actor apela el 5-2-2025. Las apelaciones sobre los honorarios serán tratadas oportunamente y según la suerte que corra la apelación sobre el fondo de la cuestión.
Previo al dictado de la presente, se corrió vista a la Fiscalía General Departamental la que fue contestada el 28-10-2025.
III. Los agravios El Dr. Carlos María Gaona Munilla, apoderado del actor, expresó sus agravios el 30-5-2025 -los cuales amplió el 2-6-2025. Luego de delimitar el marco normativo que considera aplicable, afirma que la sentencia incurre en un error conceptual entre el seguro de vida por accidentes personales y el seguro de responsabilidad civil. Que, en el caso de autos, se reclama el cumplimiento de un contrato incluido dentro del primer caso, en el que su mandante -como tercero- cuenta con acción directa en contra de la aseguradora.
Añade que la pretensión de la aseguradora (falta de legitimación activa en base a la omisión de demandar al tomador) deviene contraria a la propia naturaleza del contrato en cuestión. Pues, según dice, en definitiva, pretende se lo indemnice por un daño que no le es propio, sino, que fuera sufrido por su mandante. Señala, además, que se omitió considerar el objeto del contrato y, específicamente, lo normado en la cláusula 9 en relación al pago de la indemnización a los asegurados, entre los que se encuentra su representado.
Pone de resalto que en el caso bajo juzgamiento la demandada no reviste calidad de citada en garantía y que su participación en la litis deriva de la acción directa que contempla el art. 153, ley 17.418. Cita jurisprudencia y doctrina que considera aplicable y solicita se revoque la sentencia y haga lugar a la demanda, con costas.
Sustanciado el traslado de los agravios, fue respondido el 13-6- 2025.
IV. El derecho aplicable Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), en adelante CCCN, en vigencia a partir del 1-8-2015 (ley 27.077), el cual establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor (en adelante LDC), y el CCCN en su Libro Tercero, Título III, regulan lo que la Constitución Nacional en su artículo 42 denomina relación de consumo. Se trata de un sistema normativo de protección al consumidor, que ha incidido de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico de carácter patrimonial, alterando los efectos ordinarios que se producían con anterioridad a su entrada en vigencia. Las normas en cuestión afectan la aplicación de otras del derecho civil, comercial y procesal, para comprenderlas e integrarlas de un modo sistemático, lo cual ha de hacerse conforme las pautas que brindan los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095 (Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.
En distintos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la LDC consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que, a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21-3-2006, Fallos 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. - FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", 18-11-2008, Fallos 331:2614, disidencia del doctor Maqueda.
En el mismo sentido la Suprema Corte provincial en la causa N° 115.486, del 30-9-2014, “Capaccioni”, resolvió que “(...) La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso, y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es el cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: ‘la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario’” (SCBA, C 117.760, sent. de 1-4-2015).
Asimismo, ha dicho que “(...) una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente patrimonial, sino que en ella hay una concepción particular de la sociedad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en estos la relación se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados...” (SCBA, C 117.245, sent. de 3-9-2014).
Se advierte en todo lo dicho que un vínculo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de responsabilidad derivada de los contratos, o bien bajo las específicas del sistema protectorio del consumidor, por el cual se procura restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil frente a quien se caracteriza por su profesionalidad en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servicio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta.
V. El encuadre legal del reclamo No resulta controvertido que el actor integra el grupo de asegurados de la póliza de seguro colectivo voluntario por accidentes personales contratado por H.R.A., en la demandada Seguros Bernardino Rivadavia (v. 14-6-2021 y 24-4-2024).
Sabido es que el art. 1° de la ley 26.361 - modificatoria de la ley 24.240- amplió la noción de consumidor, por la que la misma se extiende a quién: a) “sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familia o social”; y a quien b) “de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo” (art. 1°, 2da parte).
En el primer supuesto debemos entender la frase “en ocasión de una relación de consumo”, como una razonable relación entre el contrato de consumo y la adquisición o utilización de bienes o servicios como destinatario final, todo ello integrado con la relación de causalidad entre ambos puntos de referencia. A esta interpretación es factible llegar por vía analógica a la alcanzada en materia de responsabilidad por el hecho del dependiente.
En este sentido, podemos ubicar: 1) al no contratante que resulta dañado por un producto elaborado o en su caso al pasajero transportado con relación al concesionario; 2) a quienes se les extienden los efectos del contrato de consumo como, por ejemplo, al conductor autorizado en el seguro automotor o al beneficiario en el seguro de vida.
Ninguno de ellos es parte en el vínculo asegurativo. Sin embargo, por voluntad de quienes sí son parte, se le extienden los beneficios del contrato de consumo/seguro. En efecto, el conductor autorizado y el beneficiario en el seguro de vida, si bien no son partes sustanciales del contrato de seguro, se ven alcanzados por la ley de defensa del consumidor, en razón de que adquieren o utilizan el servicio asegurativo como consecuencia o en ocasión de un contrato antecedente, que participa de la naturaleza de una estipulación a favor de tercero (Stiglitz, Gabriel, Hernández, Carlos A.; Tratado de Derecho del Consumidor, Tomo II, La Ley, año 2015, pág. 409 y ss; esta sala causas N° SI-39052-2013, del 15-11- 2021; SI-6195-2019, del 7-9-2022).
En las presentes actuaciones la demanda comprende el cumplimiento del contrato, más el resarcimiento de las consecuencias no patrimoniales, el daño psicológico y el daño punitivo.
Si bien el actor, en calidad de asegurado, resulta ajeno a la celebración del contrato entre el tomador y la aseguradora, se constituye en tercero en cuyo favor estipulan los dos primeros y, por tanto, titular del interés asegurable (Stiglitz, Rubén S.; “Seguro colectivo o de grupo”, pub. en LA LEY 2003-E, 1220; cita online TR LALEY AR/DOC/10525/2003).
Por ello, en el caso se compone una evidente relación de consumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la LDC. En virtud de lo cual y conforme lo establece el art. 7 CCCN, las presentes actuaciones deben resolverse por aplicación de las disposiciones contenidas en la referida LDC como así también la mencionada normativa de fondo, éstas en tanto resulten más favorables al consumidor y sin perjuicio de la LS en lo pertinente. Asimismo, en punto a la aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro cabe señalar que dicho régimen no se superpone, sino que se integra, en un “diálogo de fuentes”, junto a la norma especial instaurada por la ley 17.418. Pues, la ley 24.240 amplía el sistema de protección de los usuarios y consumidores y debe aplicarse coordinadamente (sin que ello implique un desplazamiento) con los demás cuerpos normativos (Stiglitz et. al.; ob. cit., Tomo II, pág. 414). Por último, es dable poner de resalto que no paso por alto lo decidido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Buffoni” (Fallos: 337:329), en el cual el Máximo Tribunal analizó el orden de prelación normativa entre la Ley de Seguros y la LDC (considerando 12), pero no obstante ello, lo cierto es que -además de no ser jurisprudencia vinculante para esta Alzada-, la cuestión fáctica que allí se debatía resulta disímil a la que diera origen al presente reclamo, por lo que considero no resulta de aplicación.
VI. La excepción de falta de legitimación activa La legitimación es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, vinculándose así con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar. Cuando quien demanda o aquél contra quien se acciona, no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio.
La legitimación procesal es el requisito en virtud del cual debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso, y aquellas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa), como así también para contradecir (legitimación pasiva), respecto a la materia sobre la cual el proceso verse (Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1975, pág. 406). Se identifica con la titularidad del derecho, y en su faz activa supone que quien asume el carácter de parte actora es la misma persona a quién la ley le concede el derecho de acción, es decir, a obtener un pronunciamiento sobre el fondo. En el caso de autos, el apoderado de la demandada considera que quien reclama no tiene acción directa en contra de su representada por no resultar el tomador de la póliza contratada, ni el primer beneficiario - conforme los términos del contrato-.
Por ello, según dice, “desconociendo esta parte si A. (...) ha indemnizado al accionante, su mandante en modo alguno puede indemnizar a este -en referencia al actor-”. De allí concluye que necesariamente se debió demandar al tomador, por lo que debe receptarse la excepción de falta de legitimación para obrar, lo que así solicita se resuelva.
El Sentenciante hace lugar a la excepción y, en consecuencia, rechaza la demanda entablada por M., con costas. Para así decidir cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, en cuanto a la intervención subsidiaria de la empresa aseguradora (supeditada a la determinación de la responsabilidad de su asegurado contratante) y la ausencia en estos casos de acción directa en su contra (arts. 109, 118 LS).
Ello es motivo de apelación ante esta Alzada.
Para resolver el planteo introducido, comenzaré por señalar los aspectos más relevantes de la póliza en cuestión, que consta agregada en formato digital en la contestación de demanda (14-6-2021), no fue desconocida por el actor (12-7-2021), sin perjuicio de que -además-, surge de la prueba pericial contable (24-4-2024).
Se trata de un seguro colectivo por accidentes personales, contratado por H.R.A., vigente desde el 5-12-2018 al 5-12-2019 e instrumentada bajo el N° 54/003502-000.
Del frente de póliza – condiciones particulares – emerge que su objeto comprende las consecuencias de accidentes sufridos por los asegurados indicados en nómina adjunta, ocurridos durante el desarrollo de sus actividades laborales específicas (vidriero hasta 4 metros de altura). Así como que la cobertura tanto por muerte, por accidente, como por incapacidad permanente total y/o parcial asciende a $800.000.
Respecto al tomador se deja expresa constancia que el titular de la póliza contrata el seguro en dicha calidad, siendo los asegurados los indicados en la nómina adjunta (entre los que se encuentra el actor). En cuanto a los beneficiarios se asienta, por un lado, que lo serán “en un todo de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9 de las condiciones particulares” y, por otro, que “el beneficiario en primer término será el tomador hasta la concurrencia de su responsabilidad”.
De allí que, como primera aproximación, cabe señalar que asiste razón a la apelante en cuanto a que en el caso no estamos frente a un seguro de responsabilidad civil (arts. 109 y ss, LS), sino ante un seguro colectivo de accidentes personales regulado en el Capítulo III (Seguro de personas) en cuatro disposiciones (arts. 153/156), aunque, debo aclarar que con una particularidad.
Es que, la estipulación que la demandada intenta hacer valer para fundar su falta de legitimación (a saber, que el beneficiario en primer término resulta el tomador hasta la concurrencia de su responsabilidad), debe ser ponderada a la luz de lo normado por el art. 120 LS, disposición que integra la regulación de los seguros de responsabilidad civil.
Por ello, es necesario indagar un poco más respecto a este tipo de coberturas a los fines de determinar si el actor cuenta o no en el caso con acción directa en contra de la demandada.
El seguro colectivo constituye un contrato celebrado a favor de un tercero donde el tomador, quién actúa en nombre propio, no estipula en su interés sino en el de cada uno de los asegurados (arts. 153/156, LS). El asegurador es el promitente/obligado, y el asegurado, que es ajeno a la celebración del contrato, se constituye en tercero en cuyo favor estipulan los dos primeros y, por tanto, titular del interés asegurable. En consecuencia, el seguro colectivo se celebra por cuenta y en interés del asegurado/adherente. De su regulación, y en lo que aquí interesa para resolver, surge que: (a) debe celebrarse en interés exclusivo de los integrantes del grupo (art. 153-2); (b) que éstos o sus beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el evento previsto (art. 153-3) y (...) (f) que el tomador puede ser beneficiario del seguro si integra el grupo o si tiene un interés económico lícito respecto de la vida o salud de los integrantes del grupo, en la medida del perjuicio concreto (art. 156-2) (Stiglitz, Rubén S..., art. cit.).
Esto último, debe interpretarse conjuntamente con lo dispuesto en el art. 120, LS en cuanto a que “cuando se trata de un seguro colectivo de personas y el contratante toma a su exclusivo cargo el pago de la prima, se puede convenir que el seguro cubre en primer término su responsabilidad civil respecto de los integrantes del grupo y que el saldo corresponde al beneficiario designado”.
En el caso particular, no surge del contrato una cláusula específica que aclare los alcances de la designación de beneficiario en primer término del tomador, lo que sería de gran utilidad para conocer como deberían proceder las partes en caso de la ocurrencia del evento previsto, pues, en definitiva, el objeto de este tipo de estipulaciones radica en una preferencia de pago.
En tal sentido, explica López Saavedra que “[e]s común en nuestro mercado asegurador que una empresa (en el supuesto de autos, una persona física) contrate un seguro colectivo de personas -de vida o accidentes personales- en beneficio de sus dependientes o de personas de alguna forma vinculadas a ella. Y es también común que en esos casos, la empresa se haga cargo del pago de la prima -como lo dispone el art. 120 en cuestión- y que a través de una Condición Particular habitualmente conocida como “Cláusula de Contratante”, se instituya como “primer beneficiario” en relación con las responsabilidades que le pudiera caber por la muerte o las lesiones de los beneficiarios de la póliza contratada, quedando los excedentes que pudieran corresponder en favor de estos últimos”. A lo que agrega el autor que “[e]n la cláusula mencionada es común también que se establezca que ocurrido el evento siniestral cubierto por la póliza, se cite al contratante para que invoque (y acredite) su derecho al cobro preferentemente de la indemnización en la medida de su interés y el saldo que pueda existir se abonará a los beneficiarios; si el contratante no acredita su derecho al cobro preferente a la indemnización, ésta será abonada a los beneficiarios y en caso de desacuerdo entre las partes, el asegurador consignará judicialmente dicha indemnización (López Saavedra, Domingo M.; Ley de Seguros, comentada y anotada, ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, págs. 629/630).
De lo dicho, se vislumbra que el argumento introducido por la demandada respecto a que “no sabe si el tomador ya abonó una indemnización” y que el actor carece de acción directa en su contra, es insuficiente para hacer lugar a la excepción planteada, pues, no sólo el derecho para accionar con que cuenta el asegurado M. surge del art. 153, LS, sino que, en el caso particular y por lo apuntado hasta aquí, quién se encontraría interesada en demostrar que ya abonó una indemnización por el evento es la propia excepcionante (conf. art. 120, LS).
Dicho de otro modo, el hecho que estemos ante un contrato que podríamos denominar “mixto”, pues, se trata de un seguro colectivo de accidentes personales a favor de un grupo determinado (arts. 153 a 156, LS), pero en el que se ha designado como primer beneficiario y hasta la concurrencia de su responsabilidad al tomador (art. 120, LS), no alcanza -a mi entender y como se hiciera en la instancia anterior- para la aplicación lisa y llana de la doctrina jurisprudencial desarrollada en relación a la citación en garantía en los supuestos de seguros de responsabilidad civil (conf. arts. 109 y 118, LS).
Es que, en definitiva, la designación como primer beneficiario del tomador en el caso previsto por la ley, debe ser interpretada como una preferencia en el cobro cuando tiene un interés económico lícito respecto de la vida o, como en el caso, de la salud de los integrantes de grupo, en la medida del perjuicio concreto (art. 156-2, LS). Pero, de ninguna manera, para desconocer el objeto de este tipo de seguros colectivos donde el tomador estipula a favor del asegurado, portador del riesgo y, en definitiva, titular del interés asegurable.
Así lo explican con claridad Sobrino, Gava y Cerda en su comentario al artículo 120 LS, al afirmar que “cuando se produce un siniestro, la compañía de seguros no suele pagar en forma automática al primer beneficiario, sino que, en forma previa, le requiere que informe y acredite los fundamentos en virtud de los cuales podría ejercer el derecho de primer beneficiario. En nuestra opinión, no alcanzaría solamente con la información, sino que también se tiene que probar fehacientemente la causa del pretendido cobro (...) Ello es muy importante, dado que el beneficiario natural es la persona damnificada y, en forma excepcional (aunque, en principio, de manera válida porque pagó la prima del seguro colectivo), la empresa podría cobrar con preeminencia como primer beneficiario, en el caso que tenga un interés legítimo...” (autores citados; Ley de Seguros Comentada, 2da edición, Tomo III, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2023, pág. 140).
En definitiva, estamos en el caso ante un seguro colectivo de accidentes personales, con vigencia entre el 5-12-2018 y el 5-12-2019, y que conformara una relación tripartita integrada por la entidad aseguradora -aquí demandada-, el Sr. A. como tomador y el aquí actor integrando con otros, como asegurados, una nómina de beneficiarios por lo que es de aplicación el art. 153, LS, según el cual “[e]n el caso de contratación de seguro colectivo sobre la vida o accidentes personales en interés exclusivo de los integrantes del grupo estos o sus beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el evento previsto”.
De ello se sigue que, si bien el actor no fue parte del contrato de seguro, ya que no participó de su celebración, si tiene derechos sobre las prestaciones a cargo de la aseguradora, pudiendo acceder a ellas de forma directa (Meilij, Gustavo Raúl; Manual de seguros, 2da edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 36; cit. por Cám. Civil y Com. Primera La Plata, Sala Primera, N° 250.991, reg. sent. 216/08; 250.234, reg. sent. 20/2010, del 11- 3-2010 [ambos inéditos]). Ello, claro está, de configurarse las condiciones para acceder al cobro de dichas prestaciones, aspecto que será abordado en el punto siguiente. Pues, en el presente, se analiza la legitimación del actor.
En función de todo lo dicho hasta aquí, motivos y fundamentos expuestos, teniendo en cuenta lo normado por los arts. 120, 153 a 156 y ccs, ley 17.418; arts. 330, 354, 345, CPCC, es que postulo al Acuerdo revocar la decisión apelada y, en consecuencia, rechazar la excepción de falta de legitimación activa introducida por la demandada.
VII. El cumplimiento contractual Conforme fuera dicho más arriba, del frente de póliza – condiciones particulares– emerge que su objeto comprende las consecuencias de accidentes sufridos por los asegurados indicados en nómina adjunta (entre los que figura el actor), ocurridos durante el desarrollo de sus actividades laborales específicas (vidriero hasta 4 metros de altura). Asimismo, surge del instrumento que “se cubren únicamente, los accidentes ocurridos durante el desarrollo de sus actividades laborales específicas o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo” (v. 14-6-2021).
El actor en la demanda sostuvo que el día 20-12-2018, aproximadamente a las 17:20hs, sufrió un accidente mientras desarrollaba tareas de descarga de planchas de vidrio sobre la vereda de la vidriería ubicada en calle San Martín N° xxx, de Derqui, partido de Pilar. Que dichas tareas eran prestadas junto a otros compañeros y para su jefe A., tomador de la póliza de la cual resulta beneficiario.
Al presentarse en autos, el apoderado de la aseguradora negó la ocurrencia del evento narrado en la demanda (14-6-2021) y al tiempo de responder la intimación cursada -en los términos del art. 386, CPCC-, informó que no existe en sus registros denuncia administrativa alguna derivada del supuesto hecho (v. 15-8-2023).
Por tanto, desconocido el acaecimiento del hecho, su comprobación resultaba una carga procesal a satisfacer por parte de quien lo afirma.
Así, el art. 375 CPCC prescribe que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su petición. El objeto de la prueba en el proceso dispositivo, serán los hechos jurídicos alegados como sustento de las demandas, defensas o excepciones, entendiendo por tales los hechos principales alegados y también los secundarios que se encuentren genéricamente comprendidos en los primeros. Es decir, y a diferencia del sistema inquisitivo, quedan fuera de la investigación los hechos no alegados por las partes al trabarse la controversia.
Por esto los hechos constituyen el objeto de la prueba judicial. A través de ella serán recreados en el expediente, adquiriendo una vida propia más o menos coincidente con la verdad ocurrida.
Adelanto que, a mi entender, ello no ha sucedido en las presentes actuaciones. Veamos.
Surge de autos que el actor desistió de las pruebas confesional y testimonial oportunamente ofrecidas (5-3-2024 y 20-9-2024, respectivamente).
Respecto a la existencia o no de denuncia, la perito contadora sostuvo que no era su función acompañar copia de documentación (v. rta. pto. d, 24-4-2024). Requeridas explicaciones sobre el punto (3-5-2024), informó que no le fue suministrada denuncia de siniestro por la aseguradora (13-5-2024; arts. 473, 474, CPCC).
De la documentación acompañada en su líbelo inicial –sin perjuicio del desconocimiento de la demandada- no emergen datos de relevancia a los fines que aquí interesan.
Lo cierto es que la parte actora logró acreditar su atención médica en la Guardia de la Unidad de Diagnósticos Intermedio “Hugo C. Meisner” de la localidad de Derqui a las 17:20hs, del 20-12-2018, lugar en el que además le practicaron radiografías. No obstante, la poca legibilidad de la copia de la hoja de Guardia acompañada impide conocer más sobre dicha atención (v. 27-11-2023).
Si bien consta en autos historia clínica aportada por el Hospital Municipal de Pilar “Juan Cirilo Sanguinetti”, nosocomio en el que se le practicara en fecha 18-1-2019 una intervención quirúrgica programada (tenorrafia de extensores de antebrazo derecho), lo cierto es que en los registros denominados “motivo de intervención” y “enfermedad actual”, se asienta una lesión traumática que difiere a la denunciada en la demanda. Nótese que allí se dejó constancia que el aquí actor presentaba “lesión por amoladora extensores antebrazo derecho” y “paciente con antecedentes de trauma por amoladora región posterior antebrazo derecho, se programa cirugía para tenorrafia extensores” (v. 8-8-2023).
Del análisis probatorio efectuado de manera conjunta y en virtud al principio de la sana crítica (art. 384, CPCC), no puede sino concluirse que el actor no ha logrado acreditar los extremos invocados en su escrito constitutivos y sobre los que pretende el cumplimiento de la póliza objeto de autos. En otras palabras, la prueba aportada deviene insuficiente para tener por demostrado el evento dañoso que afirmó haber sufrido mientras desarrollaba sus tareas de descarga en la vereda de la vidriería ubicada en calle San Martín N° 624 de la localidad mencionada.
Sabido es que lo que decide los pleitos es la prueba y no las manifestaciones unilaterales de los litigantes, siendo que la responsabilidad probatoria depende de la situación en que la parte se coloca en el proceso para obtener determinada consecuencia jurídica (SCBA, LL 1977-B-613). El peso de probar no depende simplemente de la calidad de actor o demandado, sino de la posición asumida por uno y otro en la controversia; por tanto, al actor corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, en tanto que, al contrario, los extintivos, impeditivos o modificatorios que opongan a aquéllos (causas de esta Sala, N° 44.566, 88.102; D-996-7, D-3274-7, SI-1453-2017, entre muchas otras).
Por todo lo cual, en función a los motivos y fundamentos expuestos en el presente apartado, lo dispuesto en los arts. 120, 153 a 156, ley 17.418 y arts. 330, 354, 375, 384, 474 y ccs. CPCC, propongo al Acuerdo rechazar la demanda entablada por Á.R.M. contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada.
VIII. Las costas de primera y segunda instancia En virtud a la forma que se postula resolver, sugiero al Acuerdo que las costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa introducida por la demandada, se impongan en ambas instancias a su cargo (arts. 68, 274 CPCC).
En cuanto al rechazo de la demanda, propongo se impongan en ambas instancias al actor vencido (art. 68, CPCC).
Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos, el Señor juez Doctor LLobera votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada en cuanto se:
1. rechaza la excepción de falta de legitimación activa introducida por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, con costas de ambas instancias a su cargo;
2. desestima la demanda interpuesta por A.R.M. contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, con costas de ambas instancias al actor.
En atención a lo que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia de origen y difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 14.967, art. 7 CCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Se deja constancia que la presente se notifica conforme lo establecido en el art. 10 de la Ac. 4039/21 de la SCBA.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de San Isidro, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (art. 7 del anexo único del Ac. 3975/20 de la SCBA).
Fin de la sentencia