Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 73067
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
2Imponer las costas de Alzada al recurrente vencido.
3Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Causa N° 73.067/4 Reg. Int. N° D- /18.
Expte.N° SM 24.003/2012 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con el Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 803 de esta Excma. Cámara), con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 73.067, caratulada "PANES, HECTOR ALEJANDRO C/SANCHEZ, SANTIAGO S/ COBRO EJECUTIVO", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Dres. Scarpati, Lami.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la providencia apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Scarpati, dijo:
I. La sentencia de fojas 112 decide: 1º) rechazar las excepciones de incompetencia y prescripción, y 2º) mandar llevar adelante la presente ejecución, por la suma reclamada, más intereses y con costas.
El pronunciamiento es apelado por el ejecutado a fojas 116, quien funda su recurso en la memoria de fojas 118/120. El ejecutante contesta 122/139 el traslado conferido a fojas 121.
II. El agraviado objeta el rechazo de sendas defensas.
a) Refiere liminarmente a la de incompetencia.
Aduce que el ejecutante se dedica profesionalmente a prestar dinero a particulares. Repara en la innumerable cantidad de procesos ejecutivos en los que interviene en calidad de accionante. Dado el postulado enmarcamiento en una relación de consumo del vínculo hilvanado entre las partes, considera aplicable la disposición del artículo 36 de la ley 24.240, que defiere la competencia judicial en los tribunales con jurisdicción en el lugar del domicilio del consumidor o usuario.
b) En cuanto a la de prescripción, repara en que la demanda, interpuesta en setiembre de 2012, fue iniciada sin el pago de la correspondiente tasa de justicia. Recién el 27 de julio de 2013 se dictó el primer proveído y, según expresa, para ese instante la prescripción liberatoria ya se había producido. Añade que, recién en junio de 2017, fue intimado de pago, es decir, 5 años después de promovida la acción.
Considera que la demanda debe ser notificada para operar sus efectos interruptivos de la prescripción.
IV. Al contestar el traslado de la memoria, el accionado solicita que se confirme la sentencia recurrida.
a) En cuanto a la excepción de incompetencia, niega que el soporte del pagaré provenga de una relación de consumo. Afirma que el dinero dado en préstamo fue invertido en la actividad económica que desempeña el ejecutado, más allá de que el accionado no precisa el destino al que afectó los fondos.
Considera que el elevado monto del crédito documentado en el pagaré permite, "prima facie", descartar su encuadramiento en una relación de consumo. Resalta que el embargo ordenado en autos se trabó sobre un camión del propiedad del accionado, que utilizaría para transporte de ganado bovino.
Repara en que el lugar de pago del crédito se estipuló en la localidad de General San Martín, hecho que arraiga la competencia territorial en la demarcación asignada a los tribunales departamentales.
Acompaña detalle de supuestas inscripciones impositivas que corroborarían el ejercicio de la actividad económica por el deudor que denuncia en la memoria.
Asimismo, para el supuesto caso de prosperar el recurso, solicitada que se haga lugar a su pedido de apertura a prueba, tendiente a demostrar la inexistencia de la pregonada relación de consumo.
b) En orden a la defensa de prescripción, considera que es contradictorio afirmar el supuesto pago de la deuda y, al mismo tiempo, aducir que se halla prescripta. Entiende que esa afirmación implica el reconocimiento de la deuda y una virtual renuncia a invocar la causal extintiva esgrimida como defensa. Cita jurisprudencia en respaldo de su tesitura.
Alega, además, que la prescripción resultó interrumpida con la mera interposición de la demanda y que, al momento de deducírsela, el plazo prescriptivo no se hallaba expirado. Añade que jamás su parte abandonó su iniciativa en la impulsión del proceso.
IV. Al contestar la vista conferida en esta instancia, la señora Fiscal General Adjunta remite, su presentación de fojas 145, a lo dictaminado a fojas 110/111. Allí, consideró que, de las constancias de autos, no se desprenden elementos de los que se pueda inferir la subyacencia de una relación de consumo en la acreencia instrumentada en el pagaré de fojas 3.
V. Anticipo que el recurso no debe prosperar.
V.1. Corresponde liminarmente abordar la excepción de incompetencia (artículo 351 primer párrafo, CPCC).
a) Al desestimar la defensa, la sentencia repara en la "carencia absoluta de elementos convictivos" que permitan entrever la presencia de una relación de consumo en el crédito que el accionante esgrime frente al ejecutado.
Precisamente, en su dictamen de fojas 110/111, la señora Fiscal Departamental Adjunta allí inteviniente reparó, entre otros elementos, "en la condición fiscal del demandado" y en "las actividades productivas para las que se encuentra habilitado en la AFIP", circunstancias que, "prima facie", impedirían colegir verosímilmente su condición de consumidor o usuario en los términos del artículos 1º de la ley 24.240.
En este sentido, al contestar el traslado de las excepciones, el accionante aludió a las actividades a las que habría de dedicarse el ejecutado, según predican sus constancias impositivas (servicio de transporte automotor, cría de ganado bovino excepto la realizada en cabañas para la producción de leche).
c) La relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario (artículo 3º primer párrafo, ley 24.240).
En los extremos o polos de esa relación deben, pues, congregarse sujetos que invistan esas definidas calidades. En la memoria, el ejecutado agraviado se limita a alegar que el ejecutante reúne la calidad de proveedor, según el concepto que de la figura brinda el artículo 2º primer párrafo de la ley 24.240. Aun infundiendo hipotética verosimilitud al extremo indiciario que esgrime el agraviado para respaldar esa aserción (la promoción de numerosos juicios ejecutivos por el mismo accionante), nada aduce, siquiera, que pueda justificar su condición de consumidor o usuario, es decir, de sujeto que "adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social" (artículo 1º primer párrafo, ley 24.240, concordante, hoy día, con el artículo 1092 primer párrafo, Código Civil y Comercial).
Ni siquiera atina a intentar poner en tela de juicio la supuesta actividad empresarial que acusan sus datos impositivos, según expone el accionante, a la que no hace la menor alusión, cuán siquiera para desmentirla.
Si se tiene en consideración el alto importe del crédito que documenta el pagaré esgrimido ejecutivamente (us$ 20.000), su estipulación en moneda extranjera, el giro de la presunta actividad del accionado según sus registros tributarios que él no atina siquiera a negar en la memoria y la ausencia de elemento que predique la falta de afectación de esos fondos a la explotación económica desarrollada por el deudor, no se vislumbra, ni siquiera con un matiz meramente indiciario, la configuración de la relación de consumo que invoca para fundar la postulada inhibitoria.
Por consiguiente, por las razones aludidas, no se desprende la aplicabilidad al "sub lite" del artículo 36 "in fine" de la ley 24.240. De allí que la defensa de incompetencia fundada en el tenor de esa disposición no merezca favorable acogida.
V.2. En cuanto a la excepción de prescripción, la señora juez "a quo", en sustancia, reparó en que el pagaré el ejecución consigna fecha de vencimiento el 9/1/2010 y en que el presente juicio fue promovido el 12/12/2012, por lo que el plazo prescriptivo pertinente no se hallaba a ese entonces expirado.
a) El agraviado considera que el plazo prescriptivo debe seguir calculándose aún después de la interposición de la demanda, pues recién el 27/7/2013 se proveyó la orden de librar mandamiento de intimación de pago. Para ese entonces, el plazo de 3 años de prescripción previsto en el artículo 96 primera parte del decreto ley 5.965/63 se hallaba finiquitado (artículos 46 y 104, decreto ley citado).
b) La elucidación de este tramo del caso debe ser abordada según las disposiciones del Código Civil hoy derogado, pues el decurso el plazo prescriptivo y los posibles hechos interruptivos que habrían alterado su regular cómputo tuvieron lugar tiempo antes de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial (artículos 7 y 2537 primer párrafo "a contrario sensu", Código Civil y Comercial, y 3, del Código Civil).
c) En su parte pertinente, el artículo 3986 primer párrafo del Código Civil prevé que "la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor...". Luego, el artículo 3987 subsiguiente establece que la incidencia de este hecho interruptivo "se tendrá por no sucedida, si el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de procedimientos, o si el demandado es absuelto definitivamente".
Del ensamble de sendas disposiciones se colige: 1º) que el hecho interruptivo queda configurado en el caso por la presentación del escrito de promoción del presente proceso ejecutivo (12/9/2012, según cargo de fojas 7 vuelta); 2º) que la eficacia de esa vicisitud no está supeditada al cumplimiento de requisito ulterior, tal como el pago de la tasa de justicia, la provisión de la orden de librar mandamiento de intimación de pago o la realización de esa diligencia, y 3º) que la prescindencia del cómputo del efecto interruptivo requiere ora del desistimiento de la acción, ora del pronunciamiento firme que decide la caducidad de la instancia o la "absolución definitiva" del demandado.
En consonancia con lo expresado en los puntos 1º y 2º del párrafo anterior, esta Sala ha dicho, en la causa N 48.008 del 4 de julio de 2000, que la sola interposición de la demanda, aunque no esté notificada, interrumpe la prescripción, pues es ésa la actuación a la que la ley asigna ese efecto, sin que la normativa lo subordine a su transmisión al destinatario de la acción, quedando por la sola virtualidad de ese hecho revelado el propósito del acreedor de no abandonar sus derechos (doctrina artículo 3949 primer párrafo, Código Civil).
Por consiguiente, las circunstancias y vicisitudes suscitadas tras el inicio de la acción, no encuadradas entre las indicadas en el punto 3º precedente, no alteran ni mellan el efecto interruptivo provocado por el mero inicio de esta ejecución.
VI. Por lo expuesto, propongo: 1º) confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio; 2º) imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (artículos 556 y 68, CPCC), y 3º) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (artículo 31, decreto ley 8904/77).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor juez Dr. Lami, por compartir sus fundamentos, adhirió al voto que antecede.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1º) CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. 2º) IMPONER las costas de Alzada al recurrente vencido. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia