Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 74173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravio.
2Imponer las costas de Alzada a la actora.
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
Causa N° 74.173/12 Reg. Int. N° D- /20.
Expte. N° SM6854/2006 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de junio del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el señor Presidente de la Excma. Cámara, Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 842 del Tribunal), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Res. 480/20 de la SCBA, con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 74.173, caratulada "SIRACUSA, ANA MARIA C/ SIRACUSA, JOSE RECLAMACION DE ESTADO", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi y Lami.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T IÓ N E S
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
I. Contra la sentencia del 6/6/17, que hace lugar a la caducidad de la acción impetrada y, consecuentemente, rechaza la demanda promovida por ANA MARIA SIRACUSA contra JOSE SIRACUSA; impone las costas a la parte actora en su calidad de vencida y regula los honorarios de los letrados intervinientes, apela, a fs. 494, la parte actora, recurso que le es concedido a Fs. 496.
A Fs. 804, la Dra. Roxana Natalia ZOTTOLA, apela sus honorarios regulados en aquélla por bajos, y el Dr. Aldo Andrés SPICACCI CITARELLA, hace lo propio a Fs. 505, recursos concedidos a Fs. 506.
Con fecha 9/10/18, expresa agravios la parte actora.
II. Sostiene que, al contestar la demanda, se interpuso la caducidad de la acción por parte del demandado, pretendiendo desconocer los hechos y la realidad de la situación, soslayando entrar en el fondo de la cuestión, que desde todo punto legal, debe primar sobre aspectos procesales que pretenden eludir su tratamiento.
A su criterio, se acreditó fehacientemente también, que, dentro del plazo legal pertinente, y conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, que en su actual redacción, y conforme lo expuesto en la sentencia apelada en cuanto a su aplicación pacífica, dispone que el hijo puede impugnar en cualquier tiempo. Y habiéndose resuelto que la suscripta es hija legítima del supuesto padre del demandado, no puede caber duda que, ante tal disposición legal, se encuentra habilitada para promover la actual demanda, destinada a acreditar que el Sr. José Siracusa no es descendiente biológico de su padre, y por ende no puede pretender ocupar un lugar en su grupo familiar, pudiendo ejercerse la pretensión de la actora en tal sentido, sin límite de tiempo.
Critica la sentencia apelada en cuanto a que, como se puede observar en sus considerandos, hace referencia a situaciones que luego soslaya para eludir entrar en el fondo de la cuestión.
Destaca que, en el punto III, se refiere a las acciones de familia, que tienden a declarar la existencia de los presupuestos de un determinado emplazamiento en el estado de familia o a constituir, modificar o extinguir un aplazamiento, para posteriormente eludir considerarlos dirigiendo la sentencia hacia un supuesto derecho cancelado.
Entiende que omite también considerar la resolución dispuesta en la causa 1764/07, en la que se condenó a la presunta madre por la sustitución efectuada falseando el vínculo de la condenada y del supuesto padre con relación al demandado, dejándose debida constancia que no existe vínculo biológico alguno entre ellos y el citado José Siracusa.
Interpreta que la sentencia se refiere también a quienes tienen legitimación para promover acciones como la que nos ocupa, pero lamentablemente interpreta erróneamente la norma para quitar el ejercicio de ese derecho a la recurrente, pues en dicho párrafo la sentencia se refiere a que dicho interés debe ser directo, aunque no actual, de modo que las razones que tiene el actor de dicha acción para cuestionar el reconocimiento, no tienen que presentarse necesariamente al tiempo de promoverse la acción, como sucede en el caso de autos, sino que puede producirse en el futuro, y ejemplifica con el caso de otro hijo del reconociente que pretende desplazar a su supuesto hermano a los fines de excluirlo de la vocación sucesoria, tal como también expresa, sucede en el caso de autos.
Agrega que, en los considerandos de la sentencia apelada, se describe la actual y real situación existente entre actora y demandado, pues este último pretende ser reconocido como heredero del padre biológico de la actora, tal como surge de su pretensión expuesta en los autos sucesorios que tramitan ante el Juzgado de la judicante, dando total y absoluta validez a dicha circunstancia para justificar el reclamo, y luego desconoce sus dichos para negar tal derecho, configurando una incongruencia entre sus dichos, sus consideraciones y su resolución.
Reiterando lo expuesto y lo que surge claramente de las disposiciones legales vigentes, compatibilizando además con los considerandos de la sentencia apelada, es indudable expresa, que en el caso de autos ha sido erróneamente aplicada la caducidad dispuesta, pues conforme a Derecho la acción del hijo sin distinción de cual pueda ser, puede ser interpuesta en cualquier tiempo (Art.593 CCC), por lo que se reitera se revoque la sentencia apelada y se disponga dictar el decisorio haciendo lugar a la demanda iniciada en todas sus partes, disponiendo que el demandado conforme las pruebas obrantes y sus antecedentes carece de vocación biológica y hereditaria con relación a mi padre el Sr. Jorge Luis Siracusa.
III. A su turno, la Sra. Agente Fiscal a instancias de esta Alzada propicia por los fundamentos dados en la presentación electrónica de fecha 22/10/2018, que la solución recurrida sea mantenida.
IV. La sentencia, principia por determinar el marco jurídico aplicable a los presentes, teniendo en cuenta que al tiempo del dictado de esta, ya se encontraba vigente el CCC, en razón de lo cual, abreva en las disposiciones de tal ordenamiento, encuadrando la acción intentada, concretamente, en las disposiciones del Art. 593 de tal normativa.
No habiéndose agraviado la recurrente respecto de este punto, hemos de estar a la delimitación normativa de la sentencia apelada.
V. Borda define al estado de familia como "la posesión que una persona ocupa dentro de aquella", y poco después encuadra el concepto de estado de familia en el de estado, en general, que antes había definido como una "posición jurídica".
Las acciones de estado no están orientadas a procurar el ejercicio de determinados derechos, ni la asunción de ciertas obligaciones, sino a obtener el título que será causa de los unos y los otros. Por eso, según Mazzinghi, sería más apropiado denominarlas como acciones pro título de estado. Del reconocimiento o desconocimiento de ese título dependerá que nazcan los derechos y obligaciones en cuestión.
VI. El Art. 582 C.C.C., se refiere en términos generales, a las distintas alternativas de la reclamación del estado de filiación, citando en primer término, la que podría ejercer el hijo matrimonial contra sus progenitores, si la inscripción en el Registro no reflejara esta realidad.
Esta acción debería dirigirse contra tales cónyuges conjuntamente.
Otorga también esta facultad a los hijos extramatrimoniales, contra quien considere sus progenitores; y contra sus herederos en caso de que estos hubieren fallecido.
Conforme continúa la redacción de este precepto, estas acciones por el hijo pueden ser ejercidas en todo tiempo. Se refiere a los casos y condiciones en que estas acciones corresponderían a los herederos del hijo.
A su turno el Art. 590, se refiere a la impugnación de la filiación presumida por ley; otorgando legitimación para ello, al o la cónyuge de quien da a luz, por el hijo, la madre y cualquier tercero que invoque un interés legítimo.
En cuanto a la caducidad del acción, prevé este precepto que el hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. En cambio los demás legitimados, si transcurriere un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume, la acción caduca.
VII. Como correctamente lo señala la Sra. Juez A-Quo, conforme el Art. 593, que aporta el encuadre global del tema que nos ocupa, el objeto de la acción de autos, y por ende de la prueba a producirse, lo constituye la obtención del desplazamiento del vínculo extramatrimonial generado por el acto voluntario del progenitor de la actora, que ha reconocido al demandado como hijo, por no corresponderse con la realidad biológica.
A modo introductorio, y si bien no se encuentra ello discutido en autos ni ha constituido materia de agravio, corresponde consignar que claramente la actora es uno de esos sujetos a quien la norma reconoce un interés legítimo y directo, pues ostenta una pretensión de contenido patrimonial, concretamente un eventual derecho hereditario cuyas repercusiones se verían incrementadas a raíz del alejamiento del accionado de su condición filial.
No se encuentra discutido en autos que, conforme tal como surge de la partida de nacimiento obrante a fs. 7, Ana María Siracusa (actora) resulta ser hija de Don Jorge Luis Siracusa y de Doña Ana María Mesenholl, nacida el día 13 de Enero de 1972, lo que, además del interés legítimo y directo al que nos refiriéramos con anterioridad, le otorgan una clara legitimación en cuanto incoar la pretensión que constituye el objeto de la presente litis.
Dicho esto corresponde referirnos a lo que ha constituido el punto central de la sentencia apelada y consecuentemente, de los agravios.
VIII. Conceptualizando el instituto cuya delimitación nos ocupa, han sido definidos por el Superior Provincial del siguiente modo: "…Los institutos de la prescripción y la caducidad presentan marcadas diferencias. Esta última, aunque pueda guardar algún rasgo común con la prescripción, es esencialmente distinta ya que constituye un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares…" (SCBA LP A 74081 RSD-202-19 S 06/11/2019 Juez NEGRI (SD) Carátula: First Data Cono Sur S.R.L. contra Municipalidad de Chacabuco. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Magistrados Votantes: Negri-Kogan-de Lázzari-Soria. Tribunal Origen: CA0000SN).
Una diferencia sustancial entre prescripción extintiva y caducidad es que la prescripción es lo normal y corriente en cualquier derecho, pues casi todos son susceptibles de prescribir en sus acciones, cuyos plazos están solo fijados por ley y no por voluntad de las partes; en cambio la caducidad afecta a muy pocos derechos determinados legal o convencionalmente.
La prescripción extingue la acción y no el derecho, como ocurre en la caducidad. Quien sufrió la caducidad de su derecho ya no lo posee, pues se acabó, en cambio quien posee un derecho prescripto, lo sigue poseyendo aunque no puede reclamar su cumplimiento por vía judicial, a través de una acción. Sin embargo es titular de un derecho creditorio natural, que significa que este existe, y que si el deudor paga, puede retener el acreedor lo pagado.
Se ha dicho que la caducidad se ha introducido en la legislación en razón de existir situaciones jurídico fácticas de tal relevancia para el desenvolvimiento económico y social que no admiten que los derechos que de ellas emergen puedan quedar sujetos a modificaciones en un lapso demasiado prolongado. En las acciones de estado, la caducidad procura lograr la consolidación del estado de familia de que se goza, en función de un imperativo de estabilidad, actuando, simultáneamente, con la consolidación del estado de familia y, en virtud de esta consolidación, la acción para obtener la modificación o extinción del estado se agota por caducidad. Ello así, desde la perspectiva constitucional, la caducidad tiende a preservar el principio de la seguridad jurídica, que en el caso concreto se proyecta en la seguridad de las relaciones de familia y la estabilidad del estado civil de las personas.
Cuando -como en el caso-, se ha fijado un plazo de caducidad para el ejercicio de una acción, aquél no está sujeto a interrupción ni suspensión ya que se aplica a pretensiones para cuyo ejercicio se señala un término preciso, por lo que el derecho nace originariamente con esta limitación de tiempo en virtud de la cual no se puede hacer valer una vez transcurrido aquél (CC0201 LP 108491 RSD-242-9 S 24/11/2009 Juez LOPEZ MURO (SD)).
Ergo, y teniendo en cuenta el contenido de caducidad de la acción previsto en la normativa cuyo análisis hemos realizado precedentemente, la acción intentada por la actora, adelanto, se encuentra caduca.
IX. En efecto, la propia actora reconoce en su libelo introductorio, que su padre falleció con fecha 12 de febrero de 2003, quien días antes de su fallecimiento le manifestara que ni María Luján ni José Siracusa eran hijos de él (Fs. 20 vta., Art. 330 Inc. 1° C.P.C.C.), iniciando la presente acción el día 6 de Abril de 2006 (conforme cargo de Receptoría de fs. 22 vta.).
Lo que determina que esta pretensión fue incoada, un poco más de tres años después de dicho acontecimiento.
Por otro lado, tal como surge de los autos "Siracusa Ana María c/ Siracusa Jorge Luis y otro s/ Impugnación de Paternidad" (Expte. N° 41702), acollarado al presente, a Fs. 4, en el escrito de demanda, iniciada, conforme emana del sello inserto al pie, el 25/08/2000, Ana María Siracusa promueve acción de impugnación del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial en relación a Doña María Luján Siracusa, solicitando se declare su nulidad, con más indemnización de daños perjuicios.
Esta acción fue iniciada por la aquí actora, con anterioridad al fallecimiento de Don Jorge Luis Siracusa. A posteriori, 03/03/2003, se iniciaron los autos "SIRACUSA JORGE LUIS S/SUCESIÓN AB INTESTATO" (Número de RGE A-110340-0, N° 41008, cargo de Receptoría de Fs. 8 Vta.). Es así que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 3284 Inc. 1° C.C. entonces vigente, se hizo efectivo el fuero de atracción que ejerce el juicio sucesorio, ordenando la radicación del juicio mencionado en el párrafo precedente, también por ante el Juzgado de este fuero N° 12 Dptal., en el que se dictó sentencia definitiva el 20 de febrero del año 2017, conforme surge de la consulta a la Mesa Virtual de la SCBA.
X. Volviendo a las particularidades de las acciones en materia filiatoria, los plazos de caducidad de las acciones de estado, son limitaciones inspiradas en razones de seguridad jurídica, basada en la certeza de los vínculos familiares y sociales, aunque se contraponga a la verdad.
La limitación temporal en cuestión no es un mero capricho legislativo, la conformación del orden familiar requiere cierta estabilidad en las diversas formas de emplazamiento de sus integrantes, por lo que dejar librada indefinidamente la posibilidad de que el interesado cuestione el carácter de su contraria, sin limitaciones temporales, lesionaría tal estabilidad.
La seguridad jurídica que soporta constitucionalmente el plazo de caducidad en las acciones de filiación, se traduce en la necesidad de garantizar cierta estabilidad en los vínculos paternos filiales, así como cierta previsibilidad acerca de los efectos de las conductas de las partes interesadas. (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Sala I Civil, Comercial y Familia, 22/10/2019, "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. N.º (Tribunal de Familia -Sala II- Vocalía 4) Impugnación de Reconocimiento: T., L. y M., F. R. c/ C., C. E.").
Si bien existen antecedentes jurisprudenciales que han discutido la constitucionalidad del plazo de caducidad, ello, en atención, mayormente, al anterior art. 263 del Código Civil, el asunto debe analizarse con mayor precaución, pues aquí la seguridad jurídica y la estabilidad familiar, se alzan como principios que sólo ceden frente al reclamo de otros derechos constitucionales de mayor peso.
En casos como el de marras, la limitación temporal impuesta por la ley para los terceros interesados, responde al imperativo de propender a la estabilidad o permanencia del estado de familia, y con mayor proyección, al mantenimiento de la paz familiar. La regla que propone procurar lograr la concordancia entre realidad biológica y sus vínculos jurídicos emergentes -lo que se ha dado en denominar principio de la realidad biológica-, reconoce límites legales que se justifican en la necesidad de mantener la paz social o la paz familiar.
En este entendimiento, podemos concluir que el derecho objetivo persigue evitar que la demora en ejercitar aquéllas acciones que tienden al desplazamiento del estado -como lo es la presente-, afecten sine die la certidumbre de la situación previa. Pretendiendo obtener, con el establecimiento de plazos reducidos, la consolidación del estado de familia de que goza el hijo, y con ello, la estabilidad de las relaciones jurídicas familiares." (Conf. CC0202 LP A 44273 RSD-134-98 S 28/04/1998 Juez SUAREZ -SD-).
El instituto de la caducidad de la presente pretensión, está basado en el orden público, a cuyo respeto se halla el juez altamente comprometido.
XI. Las particulares circunstancias de este caso, en el que toda una familia se ha visto signada por las profundamente graves y erradas elecciones del matrimonio de los Sres. Siracusa e Igoldi, no quita, lamentablemente, que el tiempo transcurrido entre que la accionante -según sus propios dichos- tomara conocimiento de la situación por la que incoa su pretensión en relación a su hermano José, aquí demandado, y el momento en que la articulara, condujo a su derrota.
Por ello, entiendo no corresponde hacer lugar al recurso impetrado.
En consecuencia, voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión, el señor juez Dr. Lami, por los mismos fundamentos, adhiere.
A la segunda cuestión propuesta, la señora juez Dra. Valdi dijo:
Dada la votación que surge de la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia de Primera Instancia en todo cuanto ha sido materia de recurso; imponer las costas a la recurrente vencida, atento el principio objetivo de la derrota contenido en el Art. 68 1era. parte del C.P.C.C. y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (Art. 31 del Dec. Ley 8904/77 y de la ley 14967 en caso de corresponder).
Así lo voto.
El señor juez Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravio. 2°) IMPONER las costas de Alzada a la actora. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 3 inc. "c" ap. 2, Res. 10/20, S.C.B.A.). DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia