Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen · Causa -94398-
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la apelación en subsidio del 6/12/2023 y dejar sin efecto la resolución apelada del 29/11/2023 en cuanto al trámite del proceso de determinación de la capacidad jurídica de la parte actora y, en consecuencia, también la declaración de incompetencia y el mantenimiento de la suspensión de este proceso de divorcio.
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen _____________________________________________________________ Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia _____________________________________________________________ Autos: "G., L. E. C/ H., G. D.S/DIVORCIO POR PRESENTACION UNILATERAL"
Expte.: -94398-
_____________________________________________________________ TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC AUTOS Y VISTOS: la apelación del 6/12/2023 contra la resolución del 29/11/2023 y la providencia de esta cámara del 16/2/2024.
1. En primer lugar, es de aclararse que si bien en la providencia de fecha 16/2/2024 se llamó autos para resolver tanto la apelación en subsidio del 1/11/2023 como la del 6/12/2023, en realidad solo correspondía hacerlo respecto del segundo de los recursos mencionados. Ya que según surge del escrito 1/11/2023, solo se dedujo reposición sin acompañamiento de apelación subsidiaria; y como tal, fue tratado en la instancia inicial en la decisión ya mencionada del 29/11/2023.
Lo que deriva en que en esta oportunidad únicamente será tratada la apelación subsidiaria del 6/12/2023 contra lo resuelto el 29/11/2023 (arg. arts. 248 y concs. cód. proc.).
2. Dicho lo anterior, antes de resolver el recurso planteado es necesario hacer una recapitulación de los hechos que motivaron el dictado de aquella resolución apelada.
Con la contestación de demanda, el accionado solicitó el rechazo de la petición de divorcio de la actora con fundamento en que al interponer la demanda de divorcio, aquélla no contaba con discernimiento, intención y libertad, por lo que el acto realizado carecería de efectos jurídicos (v. contestación de demanda del 18/10/2023).
Por esa postulación, el juzgado de primera instancia entendió en aquel momento que existía un planteo de nulidad de acto jurídico por vicio de la voluntad, y de esa cuestión, que ordenó tramitar como "incidencia", corrió traslado a la actora, suspendiendo mientras tanto y de oficio el trámite de disolución del matrimonio.
Esa decisión motivó el recurso de reposición primeramente articulado, el que al sustanciarse con el demandado, fue refutado con el argumento de que la solicitud y procedimiento de divorcio vincular se encuentran dentro de lo que es el derecho privado de las partes, pero que en este caso se está frente a otra situación, en la que encuentra comprometido el interés público ya que lo que cuestiona es la capacidad de la parte actora. Dice que, en consecuencia, debe "suspenderse el proceso de divorcio vincular hasta tanto se resuelva respecto de la capacidad jurídica de aquella" (sic) (v. recurso del 1/11/2023 y contestación del 15/11/2023). Sobre ello en primera instancia se dictó la resolución del 29/11/2023, en la que se resolvió la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz en función de la materia, entendiendo que en realidad como lo que cuestionó el demandado es la falta de voluntad de la actora y su falta de capacidad, no es competente. Y hasta que se resuelva sobre la capacidad jurídica de la parte actora, decidió mantener la suspensión del trámite de divorcio (v. resolución del 29/11/2023).
Ahora sí, eso motivó el recurso de reposición con apelación en subsidio del 6/12/2023 interpuesto por la actora que se encuentra bajo tratamiento, cuyo planteo principal radica en que su capacidad se presume, y que en relación a ese tema se vio afectado el principio de bilateralidad porque el demandado no se había expedido sobre ello al contestar demanda, haciéndolo recién al contestar la revocatoria interpuesta con fecha 15/11/2023, por lo que al no habérsele corrido traslado se vulneró su derecho de defensa (escrito del 6/12/2023).
3. Partiendo de esos hechos, antes que nada, es preciso destacar que el CCyC a diferencia de la normativa derogada, incorpora un nuevo régimen de divorcio incausado, que es precisamente aquel en el que no se pretende analizar la culpabilidad en la ruptura de la pareja, ni las causas que la originaron, como así tampoco el tiempo que duró la unión matrimonial. La legislación escogió el particular proceso incausado y abreviado de divorcio pretendiendo contribuir a la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura matrimonial, enfatizando el libre desarrollo de la personalidad, que se deriva del principio de autonomía de la voluntad, siendo suficiente con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el juez pueda rechazar la petición ("Aspectos Procesales del Divorcio" Diciembre de 2016; www.edicionesjuridicas.com.ar; Id SAIJ: DACF160651).
En especial, cabe tener en cuenta en este caso lo establecido en la "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores" (RSC-216-2024) del 11/3/2024, que establece que los operadores judiciales deben buscar y priorizar que la persona mayor manifieste personalmente su voluntad, por cualquier medio que desee, respectando su autonomía personal y su independencia para la toma de las decisiones que la afecte, así como otorgar a dicha opinión el carácter de guía principal para la toma de decisiones a su respecto (v. ap. III.4 de la resolución citada). Además, la única consideración que se le permite realizar al otro cónyuge, es en base a las propuestas reguladoras, y ni siquiera el desacuerdo de las partes en ese aspecto o las relativas a sus consecuencias suspende el dictado de la sentencia del mismo (art. 438 y concs. CCyC). Es de hacer notar así, que los cambios en materia de divorcio muestran el predominio de la autonomía de la voluntad por sobre el orden público familiar, preservando la libertad e imponiendo la obligación de evitar forzar a un sujeto a continuar con un matrimonio que ya no desea (cfrme. "Tratado de Derecho de Familia", Adriana Krasnow, Ed. Thomson Reuters, La Ley, año 2015, t. II, p. 387/389).
Sumado a ello, toda persona humana tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad como derecho personalísimo, que encuentra reconocimiento constitucional y convencional como una prerrogativa inalienable, perpetua y oponible erga omnes que le corresponde a la persona por su condición de tal y de la que no puede ser privada por la acción del Estado ni de otros particulares, porque ello implicaría un desmedro y menoscabo de su personalidad. Por lo que no es coherente con el ordenamiento, apartarse de tales premisas por meras alegaciones infundadas, para proceder como se procedió (arg. arts. 2, 3 y 51 CCyC; 34.4 Y 34.5.c cód. proc.)
4. Ahora sí, para resolver conforme los agravios esgrimidos en la presentación del 6/12/2023, es de verse que la cuestión atinente a la capacidad de ejercicio de la actora fue sometida a conocimiento de la instancia inicial recién con la contestación del demandado a la reposición del 1/11/2023 (v. escrito del 15/11/2023). Y por lo tanto quedó fuera del alcance defensivo de la parte actora, quien no tuvo chance de ensayar ningún planteo respecto de esta cuestión, tal que como es obvio, tampoco se le corrió traslado de aquella respuesta (arg. arts. 34.5.c cód. proc., 18 Const. Nac. y 15 Const. Pcial.).
Menos aun existe, es de aclararse, petición expresa alguna incoada por persona legitimada por la que se pretenda la tramitación de un proceso de determinación de la capacidad; incluso, de haberse entendido la postulación del demandado como tal, de todos modos es de requerirse el cumplimiento de puntuales requisitos para dar inicio a un proceso de esa índole, que va de suyo, en el caso no se encuentran cumplidos (arg. arts. 33 CCyC y 618 y concs. cód. proc.).
Más, se puede advertir que del expediente "G. L. E. s/ Protección contra la violencia Familiar" (numeración 94494 de este tribunal), que de los informes de situación y psicológicos realizados a L. surge que se encuentra ubicada en tiempo y espacio, con entendimiento de sus actos, con procesos cognitivos vigentes a pesar de su edad y estado de lucidez, hechos que no hacen más que favorecer a L. en su situación (v. informes con fechas 91/8/2023, 23/11/2023, 30/11/2023, 21/2/2024).
En fin, en lo que aquí importa, en primera instancia se resolvió una cuestión que no había sido sometida a su conocimiento, expidiéndose extra petitum y violando el "principio de congruencia" que impone una correlatividad entre lo pretendido en autos y lo resuelto en la sentencia, con aseguramiento del derecho de defensa (v. argumento ad simili esta cámara, expte. 88863, sent. del 18/3/2014, L. 45, R. 47; expte. 94155, 28/11/2023, RR-905-2023).
Por lo que la resolución de fecha 29/11/2023 debe se dejada sin efecto por incongruente en cuanto dispone el trámite de la determinación de la capacidad jurídica de la parte actora (art. 163.6 cód. proc.).
5. Por fuera de ese tema, en los fundamentos de su recurso la parte actora expresa, además, que también pretende revocar la parte de la resolución que decide mantener la suspensión del trámite del divorcio vincular, considerando que la causa de esa suspensión -tal es, el proceso de restricción a la capacidad- genera dilación y la remisión al Juzgado de Familia la coloca en una situación de vulnerabilidad (v. escrito del 6/12/2023).
Y en referencia a ese punto, va de suyo que dejar sin efecto lo anterior cancela también la suspensión del trámite de divorcio y la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz interviniente, pues sin trámite de determinación de capacidad jurídica pendiente tal como se resolvió en esta instancia, permanece en pie la competencia del Juzgado de Paz para continuar, sin más, interviniendo en el trámite de este proceso de divorcio (arg. arts. 2, 3, 33, 437, 717 CCyC, 61.II.a ley 5827, 74 últ. párr. cód. proc.).
Por todo lo anterior, la cámara RESUELVE:
Hacer lugar a la apelación en subsidio del 6/12/2023 y dejar sin efecto la resolución apelada del 29/11/2023 en cuanto al trámite del proceso de determinación de la capacidad jurídica de la parte actora y, en consecuencia, también la declaración de incompetencia y el mantenimiento de la suspensión de este proceso de divorcio.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia.
Por hallarse vacantes la vocalía de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y a su vez la vicepresidencia y vocalía de este tribunal, se emite resolución con el acuerdo alcanzado entre el presidente en ejercicio de esta cámara y uno de los integrantes de aquel órgano, por razones de economía procesal y a fin de no sobrecargar la tarea propia de ambas cámaras (arg. art. 34.5.e cód. proc. y arg. art. 39 ley 5827).
Fin de la sentencia