Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 47.704-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar parcialmente la resolución apelada, haciendo lugar a la repetición intentada por el apelante de las sumas ingresadas en concepto de IVA, períodos fiscales 01/2008 a 07/2009 -ambos inclusive- con sus respectivos intereses resarcitorios calculados aplicando la Tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-53285556-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 27 de Mayo de 2022
El Expte. Nº 47.704-I caratulado “CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PLATA s/Recurso de Repetición”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);y El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 33/35 la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PLATA interpone recurso de apelación contra la Resolución N°3/2017 (DV RRLP) de fecha 10/01/2017 suscripta por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la AFIP-DGI, por medio de la cual se resolvió no hacer lugar al reclamo de repetición interpuesto por el recurrente con relación al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 09/2001 a 07/2009.
Revela que mediante Resolución Nº 203/2006 (DV RRPL) de fecha 20/11/2006 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la AFIP-DGI le determinó de oficio la obligación impositiva frente al IVA por los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005, ambos inclusive. Para así decidir, el organismo fiscal consideró que la actora no se encontraba comprendida en la exención prevista en el artículo 7, inc. h) punto 6 de la ley del impuesto al valor agregado, en virtud de haber constatado entre los ingresos netos percibidos la “Comisión cobro de Servicios” correspondiente a los servicios prestados a Bapro Medios de Pago S.A., concluyendo que aquellos no se relacionaban directamente con los fines específicos de la entidad.
Manifiesta que contra la citada resolución determinativa interpuso recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal de la Nación en fecha 13/12/2006, tramitado en el expte. Nº 28.550-I, en el que se decidió revocar el acto mediante sentencia de fecha 22/11/2011, considerando que la entidad se encontraba alcanzada por la exención en el IVA, desistimando la existencia de la deuda y los accesorios reclamados. Contra dicho pronunciamiento el Fisco Nacional presentó apelación ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el que fuera rechazado, confirmándose la sentencia del a quo.
Sostiene que, en el año 2009 y previamente a emitirse el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, se vio obligada a inscribirse en el IVA y a acogerse a los planes de pago identificados con los Nros. C352297 - suscripto bajo los términos del Título I de la Ley Nº 26.476- y C552351- conforme las previsiones de la Resolución General Nº 1966/2005- mediante los cuales regularizó la deuda determinada por la agencia actuante e incluyó además, períodos subsiguientes del citado impuesto.
Entiende que, en virtud de lo sentenciado oportunamente por este Tribunal -luego confirmado por el Tribunal de Alzadalos montos ingresados se han transformado en pago sin causa, asistiéndole el derecho de repetir las sumas indebidamente ingresadas a las arcas fiscales. Asegura que la entidad nunca estuvo obligada a tributar el impuesto al valor agregado, y que la regularización no fue un acto libre y voluntario sino forzado, pues de no haberlo hecho se hubiera sometido a embargos y demás medidas cautelares gravosas que la agencia de recaudación practica habitualmente luego de las determinaciones, las que hubieran perjudicado notoriamente el desarrollo normal de la institución. Ello así, asegura que jamás renunció al derecho de cuestionar la aplicación del gravamen, sino que siguió todas las instancias recursivas pertinentes hasta obtener un pronunciamiento favorable y firme.
Concluye que los montos ingresados con la suscripción de los planes de pago informados, han revestido el carácter de pago sin causa, solicitando la devolución de la suma de $213.612,83 (pesos doscientos trece mil seiscientos doce con 83/100) con más los intereses resarcitorios devengados, con la aplicación de la tasa que el organismo fiscal fija en su favor para las obligaciones de esta naturaleza, computados desde las fechas del pago de cada una de las cuotas abonadas hasta la fecha de su efectiva devolución.
Ofrece prueba documental. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada y se haga lugar a la repetición intentada, con costas.
II. Que a fs. 65/73 la representación fiscal contesta el recurso, negando los hechos y el derecho invocados por la apelante.
Sostiene que la recurrente pretendió interponer el reclamo de repetición ante la AFIP-DGI respecto del plan de facilidades de pago C352297 del 31/08/2009, presentado bajo los términos del Título I de la Ley 26.476, que incluía la deuda que fuera determinada en forma cierta por el organismo nacional, cuando la vía correcta era la prevista en el último párrafo del artículo 81 de la Ley 11.683 (t.o 1998), es decir ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Justicia Nacional, y que, por tal motivo, el área de origen estimó procedente el rechazo de la pretensión.
Sin perjuicio de ello, asevera que tampoco era factible su presentación ante este Tribunal Fiscal o la Justicia Nacional, en virtud que la ley 26.476 que normaba el plan suscripto, disponía en su artículo 2 que el acogimiento al régimen de regularización significaba la renuncia al derecho de repetición, estableciendo la obligación de los contribuyentes de allanarse y/o desistir de toda accion y/o derecho cuando se incluían deudas en discusión administrativa y/o judicial. En ese orden de ideas, advierte el hecho de que la recurrente no cumplió con las previsiones contenidas en la reglamentación de la ley, pues no presentó ante la instancia de discusión el Formulario Nº 408 (de allanamiento o desistimiento) debidamente intervenido por la AFIP (artículo 11 de la Resolución General Nº 2650/2009 -B.O. 05/08/2009-). Hace hincapié en que por ese medio la actora regularizó en forma espontánea, no sólo la deuda en discusión sino también períodos posteriores, aprovechando los beneficios previstos en la ley -leáse condonación de intereses, multas y demás sanciones- y que mal puede alegar en sustento de su pretensión que se vió obligada por la AFIP a adherirse a los planes de pago perfeccionados. Destaca -como un hecho no menor- que según surge de la Certificación de Pagos que adjunta, la suma cuya repetición se pretende, no se encontraba íntegramente pagada al momento de la interposición del recurso. Ello así, manifiesta que es conteste la jurisprudencia administrativa y judicial en señalar la improcedencia de la repetición cuando no se ha integrado totalmente el pago del impuesto que se pretende repetir.
Seguidamente, se refiere al plan de pagos identificado con el Nº C552351 suscripto el 29/10/2009 bajo las previsiones de la Resolución General Nº 1966/2005, mediante el cual regularizó el IVA de los períodos fiscales 01/2008 a 7/2009 (los que no fueron objeto de la determinacion de oficio). Informa que la citada normativa disponía en su artículo 13 que los contribuyentes adherentes al régimen debían presentar el allanamiento ante la instancia pertinente cuando las deudas regularizadas se encontraban en discusión administrativa y/o judicial.
Concluye que no puede desconocerse que la adhesión a los regimenes de regularización concretada por la entidad produjo consecuencias en el ámbito de lo jurídico que no pueden ser dejadas de lado so pretexto de la supuesta desaparición del motivo que la habría inducido a obrar del modo que lo hizo, citando, en sustento de ello, la teoría de los actos propios. Agrega que el apelante obró de mala fe, en tanto indujo a error a este Tribunal Fiscal y a la Cámara De Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pues no presentó oportunamene el formulario de allanamiento previsto en la reglamentación de la ley, generando un indebido dispendio jurisdiccional.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Solicita se rechace la repetición intentada, con imposición de costas a la actora.
III. Que a fs.89 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y A FS 93 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que según surge de las actuaciones administrativas, el apelante fue sometido a fiscalización en razón de haberse detectado que desarrollaba servicios de cobro que no se emparentaban con su actividad sin fines de lucro, por la cual gozaba de la exención en el impuesto al valor agregado. Atento a ello, el organismo procedió a determinar deuda por los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005 -ambos inclusive- mediante la Resolución Nº 203/2006 (DV RRLP).
Que notificado el acto determinativo, la institución presentó recurso ante este Tribunal Fiscal en fecha 13/12/2006. Seguidamente, y previo al dictado la sentencia, el 31/08/2009 regularizó la deuda determinada suscribiendo el plan de pagos C352297 bajo las previsiones del Titulo I de la Ley Nº 26.476 (B.O 24/12/2008), sin cumplir formalmente con la presentación del formulario de allanamiento (F. 408) ante este Tribunal, conforme se encontraba previsto en la reglamentación de la norma. Que además, de la Certificación de Pagos agregada por el fisco (vide fs. 62 de autos), emerge que al momento de la interposición del recurso que se decide en los presentes autos, el contribuyente no había cancelado íntegramente las cuotas del referido plan.
Que luego, en fecha 29/10/2009 suscribe el plan de pagos C552351 conforme lo establecido en la Resolución General Nº 1966/2005 (B.O 22/11/2005), que en su artículo 13 disponía “En el caso de incluirse en el plan de facilidades de pago deudas en ejecución judicial, los contribuyentes y/o responsables —con anterioridad a la fecha de adhesión— deberán allanarse mediante la presentación del formulario de declaración jurada Nº 408/A ante el juzgado o tribunal donde se encuentre radicada la ejecución. Acreditada en autos la incorporación al plan de facilidades de pago, este organismo —una vez firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal—, podrá solicitar al juez el archivo de las actuaciones”. En el mencionado plan, el apelante incluye las deudas del IVA correspondiente a los períodos fiscales 01/2008 a 07/2009, es decir, períodos no alcanzados por la determinación de oficio apelada oportunamente.
Que el 22/11/2011 este Tribunal Fiscal de la Nación revoca la determinación de oficio contenida en la Resolución Nº 203/2006, decidiendo que la Cámara de Comercio e Industria de La Plata se encontraba alcanzada por la exención contenida en el art. 7, inc. h) apartado 6 de la ley del impuesto al valor agregado. El pronunciamiento es recurrido por el organismo fiscal y en fecha 21/02/2013 la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirma el pronunciamiento del a quo (vide fs. 31 de las actuaciones administrativas Nro.11848-125-2016). La sentencia es apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en fecha 11/02/2014 consideró inadmisible el recurso extraordinario intentado, dejando firme el decisorio de la primera instancia (vide fs. 30 actuaciones Nro. 11848-125-2016). Que en fecha 29/06/2016 la entidad presenta reclamo de repetición (fs. 1/3 de las actuaciones administrativas Nro. 11848- 125-2016) ante la AFIP- DGI a los fines de solicitar la devolución de lo ingresado -a su entender, indebidamente- con la suscripción de los planes de pago, considerando que ha devenido en un pago sin causa teniendo presente lo resuelto en los pronunciamientos jurisdiccionales referidos, conforme los cuales la entidad nunca estuvo obligada a pagar el impuesto al valor agregado por encontrarse exenta del impuesto.
V. Que a los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que ello así, a juicio de este tribunal, existen dos plataformas fácticas distintas que merecen un diverso tratamiento, pues las normativas aplicables a los planes de pagos en crisis, resultan manifiestamente disímiles.
Que, en primer lugar, se procederá al análisis del plan de pagos C352297 formalizado bajo las previsiones de la ley Nº 26.476 (B.O 24/12/2008), la que en su Titulo I dispuso un régimen de regularización de deudas que conllevaba el goce de los beneficios de condonación de intereses y sanciones (art. 4).
El artículo 13 de la citada ley establecía que “A efectos de lo establecido en el artículo anterior se podrán incluir en el plan de facilidades de pago, las deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda” -destacado propio-. Así pues, tal como puede apreciarse de la transcripción de la norma, se disponía que en caso de que el contribuyente decidiera regularizar deudas que al momento del acogimiento se encontraban en discusión administrativa y/o judicial, debía allanarse y/o desistir, y asimismo, la adhesión implicaba -indefectiblemente- la renuncia a todo derecho y/o acción, incluso la repetición.
Que como bien lo ha destacado el fisco nacional en su escrito de contestación y conforme puede extraerse de los antecedentes administrativos de la causa, formalizada que fue la presentación del plan, el contribuyente no cumplimentó el allanamiento y/o desistimiento establecido en la reglamentación de la ley -art. 11, segundo párrafo de la R.G Nº 2650/2009- ante este Tribunal Fiscal de la Nación en el Expte. N° 28.550-I, en el que se tramitaba la apelación de la determinacion de oficio del IVA por los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005 -ambos inclusive-, los que habían sido incluidos en el plan de pagos. Más alla del reproche que tal accionar puede causar por la pretendida mala fe del contribuyente, lo cierto es que con la formalización y cumplimiento del plan de pagos, y el consecuente goce de beneficios especiales, resultaba inequívoca la voluntad del contribuyente de renunciar a su derecho y/o acción de repetir. Cabe tener presente que, de ordinario, las normas que instituyen regímenes de facilidades prevén que el oportuno acogimiento a los mismos implica el allanamiento y la renuncia a toda acción y derecho en torno a las sumas involucradas. Sobre el particular, se ha sostenido que ello reposa en un principio de inobjetable ética tributaria y constituye el precio del privilegio por el que los contribuyentes morosos pueden ventajosamente regularizar sus deudas con el Fisco, e integra el examen de la relación costo-beneficio que el moroso efectúa antes de formular su acogimiento a la ley de excepción. Por ende, se concluyó que el desistimiento del derecho, por oposición al del proceso, afecta el derecho material o sustancial que funda la pretensión y obsta a su reiteración en otro proceso, lo cual cierra toda discusión posterior sobre la deuda acerca de la cual se desiste (Bertazza, Humberto J. “Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada”. Editorial Thomson Reuters - LA LEY. 1ra. Edición, 2019, pág. 574)
Luego, con referencia al requisito exigido en la evolución normativa de tales instrumentos de regularización, se advirtió que no es posible repetir un gravamen ingresado dentro de estos regímenes favorables, salvo que el error o el exceso se refiriese a los importes pagados dentro del mismo sistema. De ahí que la jurisprudencia de este Tribunal y de su tribunal de alzada, haya rechazado las repeticiones frente a supuestos de sumas ingresadas a través del acogimiento a regímenes de facilidades de pago, aunque atendiendo –en todos los casos- a la normativa bajo la cual se ingresaron las sumas, en tanto estipulaban expresamente la renuncia a repetir (Tribunal Fiscal de la Nación: Sala “B” “Bencer5 S.A” -07/09/1995-; Sala “A” “Firestone de la Argentina S.A” -22/12/1997-; Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal: Sala II “Medefin S.A. Cía Financiera” -19/03/1988-; Sala V “Black & Blue SRL” -15/03/2016-).
Por lo merituado, corresponde rechazar la repetición intentada por la recurrente respecto de las sumas ingresadas a través de la suscripción del plan de pagos C352297 de fecha 31/08/2009, que incluía el IVA de los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005, con costas.
VI. Que seguidamente, incumbe examinar la situación referida al plan C552351 de fecha 29/10/2009, suscripto conforme Resolución General Nº 1966/2005 (B.O 23/11/2005) y que incluyó los períodos fiscales 01/2008 a 07/2009 del impuesto al valor agregado.
La referida normativa estableció un régimen de facilidades de pago permanente y sujeto a las características de cada caso. En su artículo 20, inc. e) prescribía que, no obstante el acogimiento, los contribuyentes podían “Interponer o mantener, según el caso, las acciones y recursos administrativos, contenciosoadministrativos o judiciales disponibles respecto de las obligaciones previstas en el artículo 2º inciso f) de la presente resolución general, de materia impositiva o aduanera, exclusivamente, considerándose cumplido —a tales efectos— el requisito establecido en el artículo 194 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, cuando así corresponda (20.1.)”.
Como puede advertirse, la norma no disponía la pérdida ni requería la renuncia de derechos como requisito para la adhesión al plan de pagos, y más aún, su artículo 13 -transcripto en párrafos precedentes- solo establecía la obligación de los contribuyentes de allanarse a juicios de ejecución fiscal que se encontraban en trámite, respecto de las deudas regularizadas. En ese aspecto, conviene remarcar que los períodos fiscales del IVA incluídos en el plan bajo análisis no formaban parte de la determinación de oficio que el recurrente había apelado ante este Tribunal Fiscal, ni se encontraban en trámite de ejecución, pues como bien lo explica la actora en su recurso, esos períodos fueron regularizados espontáneamente a los efectos de evitar las medidas cautelares y/o juicios de ejecución que pudiere intentar la AFIP. En definitiva, en este caso no sólo no hubo una renuncia al derecho de repetir, sino que además, las deudas regularizadas no se encontraban en proceso de ejecución fiscal, por lo cual no existía obligación de allanamiento y/o desistimiento para el contribuyente. Puede advertise con meridiana claridad que las normas que regían los respectivos planes -tal como se adelantó- eran manifiestamente disímiles y por ello merecían distinto tratamiento.
Que delimitado que fuera el marco normativo y a efectos de dar respuesta a la repetición que se intenta en autos, corresponde ahora indagar si, lo sentenciado por la Sala “A” de este Tribunal Fiscal en el Expte. Nº 28.550-I con relación a determinación de oficio de los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005 del IVA, resultaría aplicable también a los períodos posteriores que no fueron observados por el organismo fiscal, teniendo presente que tal criterio es invocado por la recurrente como fundamento de la configuración del pago sin causa.
Vale decir, atañe dilucidar sí los servicios de cobro de fácturas prestado por la Cámara de Comercio e Industria de La Plata actuando como agente de Bapro Medios de Pago S.A. que generaron el débito fiscal reclamado para los períodos 09/2001 a 02/2005 es el mismo concepto gravado en el IVA de los períodos 01/2008 a 07/2009 por los que la actora, espontáneamente, rectificó e ingresó el nuevo débito fiscal, acogiéndose al plan de pagos. Ello por cuanto, si bien la actora invoca como fundamento de su derecho de repetición la existencia de una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada en la cual se reconoció su carácter de entidad exenta en el impuesto al valor agregado, lo cierto es que la situación fáctica estudiada por el juzgador en aquella oportunidad podría no asimilarse a la que se presentó en los períodos fiscales subsiguientes no sujetos a determinación, y por lo tanto, no sometidos a examen de este Tribunal. Que a fs. 272/274 del Cuerpo Nº 2 de Fiscalización (O.I 1499606) de los antecedentes administrativos, obra agregado el Informe Final de Investigación de fecha 30/11/2016, en el que se plasma el resultado de la verificación realizada a la actora por los períodos fiscales 03/2005 a 07/2009 del IVA, en virtud de la instrucción mediante Nota Nº540/16 (DV RRLP) -fs. 58 de la actuación Nro. 11848-125-2016- de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata, en la que se expresó que “Siendo que la solicitud abarca los períodos posteriores a la fiscalización y determinación, se solicita la intervención de esta área a fin de que se proceda a generar el cargo a División Fiscalización, a efectos de verificar la real existencia del crédito a favor del contribuyente, para ello se deberá comprobar si los conceptos declarados en los meses 03/2005 a 07/2009 se corresponden con las comisiones cobradas como consecuencia de la prestación del servicio de cobranza”.
El referido informe manifiesta que la fiscalización “... pudo constatar, que el concepto gravado con IVA, que generó los débitos fiscales reclamados, corresponde exclusivamente a las ‘Comisiones de Bapro’, verificándose la procedencia de cada uno de los importes mensuales, mediante el cotejo, con las acreditaciones de estas comisiones en los extractos bancarios de la cuenta Nº 014052010500197 del Bco. Pcia. De Bs. As. y/o con los recibos por el cobro de las mismas, emitidos por el contribuyente”-destacado propio-.
Ello así, obra acreditado en los antecedentes administrativos que el organismo fiscal constató que el concepto gravado con IVA que generó débito fiscal en los períodos 01/2008 a 07/2009 corresponde exclusivamente a los servicios de cobro por los que la actora percibía comisiones actuando como agente de Bapro. Cabe recordar que, en la determinación de oficio juzgada por la Sala “A” de este Tribunal, tal como emerge de la sentencia obrante a fs. 18/25 de autos“...el tema a decidir...se refiere a la procedencia del beneficio exentivo establecido en el artículo 7º inciso h), punto 6 de la ley del impuesto al valor agregado, respecto a las comisiones percibidas por la firma recurrente en concepto de servicio de gestión de cobranzas prestado a ‘Bapro Medios de Pagos S.A.’...” (considerando II) -destacado propio-. En otras palabras, lo decidido por el tribunal versó sobre los conceptos gravados en IVA que la fiscalización detectó también para los períodos fiscales subsiguientes no determinados.
En la citada sentencia se procedió a estudiar los requisitos necesarios para que las prestaciones y locaciones desarrolladas por las entidades enunciadas en el art. 7, inc. h) apartado 6 de la ley de IVA se consideren exentas en el impuesto. Como bien lo ha dejado dicho la doctrina, esos requisitos son tres: i) deben tratarse de prestaciones y locaciones de servicios comprendidas en el apartado 21 del inc. e) del art. 3º de la ley del impuesto al valor agregado; ii) deben ser prestadas por obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incs. f), g) y m) del art. 20 de la ley de impuesto a las ganancias, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales; iii) deben estar relacionadas en forma directa con sus fines específicos (Batista, Maximiliano A. “Tributación de la Entidades sin Fines de Lucro”, Editorial AbeledoPerrot, 1ra. Edición, año 2009. Pág.111).
En ese orden de ideas, advertimos que la Sala “A” razonó que en el caso se cumplían los tres requisitos, pues manifestó que la actora se encontraba exenta en el impuesto a las ganancias -hecho no controvertido por la AFIP- y que se trataba de servicios incluídos en el artículo 3 de la ley del impuesto. En lo atinente a la vinculación de los servicios con los fines específicos de la entidad, aseveró que el artículo 1º del Estatuto constitutivo enumeraba una serie de actividades a cargo de aquella que requerían necesariamente de la obtención de ingresos para su desarrollo, concluyendo que los servicios prestados a Bapro no tenían un propósito de lucro“... tratándose la Cámara de Comercio e Industria de la Plata de una asociación civil sin fines de lucro y, en definitiva, estando destinados sus ingresos a la defensa gremial empresaria de quienes desarrollen actividades económicamente productivas en la Provincia de Buenos Aires, cabe concluir que los mismos se encontraban relacionados en forma directa con los fines específicos de su creación...” (considerando VI). Para asi decidir, hizo aplicación de la jurisprudencia que delimitó la distinción entre “obtención de ingresos” y “propósito de lucro” con las que pueden caracterizarse las actividades desplegadas por aquellas entidades (in re “Fundación Universidad de Cordoba s/ recurso de apelación”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “B”, 12/02/2005).
Que esta Sala comparte lo sustancial de la referida sentencia y entiende que, sin lugar a dudas, la situación fáctica examinada (cobro de comisiones por la actividad de agente de Bapro) para los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005 del IVA es idéntica a la que se presenta para los períodos fiscales 01/2008 a 07/2009, cuya devolución se requiere en autos. En virtud de lo analizado, corresponde aseverar que los montos ingresados en concepto de IVA por los períodos 01/2008 a 07/2009 con la suscripción del plan C552351, se originaron exclusivamente en las “Comisiones de Bapro”, las mismas que fueron objetadas por el organismo fiscal en la determinación de oficio de los períodos 09/2001 a 02/2005, en tanto las consideró como servicios no vinculados a los fines específicos de la entidad. En mérito de ello, se concluye que el criterio expuesto por la Sala “A” este Tribunal Fiscal en la sentencia invocada por la recurrente resulta aplicable a los períodos que no fueron determinados y que no obstante, el contribuyente regularizó espontáneamente con la suscripción del plan bajo análisis, siendo que surge de los antecedentes que se trata de débitos fiscales originados en los susodichos servicios.
A lo señalado, cabe agregar que el reclamo de repetición (fs. 1/3 de las actuaciones administrativas Nro. 11848-125-2016) interpuesto por la entidad actora ante la AFIP-DGI era la vía procedente para solicitar la devolución de lo indebidamente pagado (art. 81 primer parrafo de la ley 11.683). Asimismo, según surge de la Certificación de Pagos agregada por el organismo fiscal (vide fs. 62 de autos) las cuotas del plan se encontraban íntegramente canceladas, entendiendo que el capital que se repite, había sido ingresado en su totalidad al momento de la presentación del reclamo, procediendo indefectiblemente su devolución.
Ello así, corresponde hacer lugar al reclamo de repetición promovido por la Cámara de Comercio e Industria de La Plata con respecto a los períodos fiscales 01/2008 a 07/2009 -ambos inclusive- del impuesto al valor agregado, teniendo presente que la normativa aplicable al plan suscripto no disponía la renuncia al derecho y/o acción de repetir del contribuyente y, en razón de que, las ponderaciones efectuadas por este Tribunal Fiscal de la Nación al momento de decidir sobre la determinación de oficio apelada, según las cuales reconoció el carácter exento de la entidad en el IVA para los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005, resultan aplicables a los períodos subsiguientes que se regularizaron en el plan bajo análisis.
Que en lo que atañe a la tasa de interés aplicable al caso, corresponde la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio, publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina, ello de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa "Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio para esta Sala en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante en los considerandos I a IV -inclusivede su voto.
II. Que asimismo adhiere a la conclusión a la que arriba en el considerando V de su voto.
Al respecto, no se encuentra en discusión que la recurrente incorporó en un plan de pagos bajo las previsiones del Título I de la Ley Nº 26476 saldos del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los períodos fiscales 9/2001 a 12/2007, siendo que parte corresponde a la deuda determinada -y oportunamente recurrida ante este Tribunal- respecto del Impuesto al Valor Agregado por los períodos 9/2001 a 2/2005, ambos inclusive.
Que dicha norma, en su artículo 13, establecía que se podrían incluir en el plan de facilidades de pago las deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda.
Que, el contribuyente no cumplimentó en tiempo y forma con la comunicación en la causa en trámite por ante el Tribunal Fiscal (ni luego en el trámite ante la Alzada judicial) el acogimiento efectuado, no acreditando ante dichas instancias la presentación del F 408 intervenido por la AFIP como lo establecía el artículo 11 de la RG 2650/2009.
Es dable señalar que en la tarea de interpretar la ley debe tenerse en cuenta el contexto general y los fines que aquélla persigue, y con ese objeto la labor del intérprete deba ajustarse a un examen atento de sus términos que consulta la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos 331:1215; 327:1507).
Que, sin entrar a juzgar las razones que llevaron a la contribuyente a ocultar su acogimiento en la causa en donde se encontraba discutiendo la deuda regularizada, cabe señalar que el acogimiento en el marco de la Ley 26476 ha sido un acto volitivo de la recurrente, siendo que la incorporación al régimen era opcional y que a quién decidía acogerse se le otorgaban ciertos beneficios -pago en cuotas y condonación de intereses y multas-, para lo cual el contribuyente debía allanarse a la pretensión fiscal. Ello así, se puede concluir que la conducta deliberada, ejecutada con discernimiento, intención y libertad, implicó un voluntario sometimiento al régimen de la precitada ley y que el acogimiento de los montos determinados al plan de pagos de aquella implicó su allanamiento a la pretensión fiscal.
Sentado ello, cabe concluir que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta, interpretada objetivamente según la ley y la buena fe. La situación impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever, y que, frente al intento de desconocerla, la nueva actitud que se asume no puede ser recogida (Fallos 329:5793).
Cabe recordar que la Corte ha sostenido que los contribuyentes que optan por acogerse a un régimen de regularización de las obligaciones fiscales con dicho acto formulan, por su parte, la autoimpugnación de la liquidación del tributo efectuada anteriormente, a los fines de revelar en la declaración requerida, una modificación de la situación patrimonial con relación a la cual había sido omitido el pago del gravamen correspondiente (Fallos 308:682, consid. 5, 2do. Párrafo, citado en “MEDEFIN S.A. Compañía Financiera”, CSJN, sentencia del 1/10/1991).
Que en función de lo expuesto, voto por rechazar la repetición intentada por la recurrente respecto de las sumas ingresadas a través de su acogimiento al plan de pagos de la Ley 26476. Con costas.
III. Que, por último, adhiero al considerando VI del voto precedente.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, adhiere a los relatos efectuados por el vocal instructor (considerandos I a IV).
II. Que, en lo que respecta a las cuestiones en debate en el presente caso, tal como señala el Dr. Magallón existen dos marcos normativos aplicables a los planes de pagos en crisis, los que resultan manifiestamente disímiles. Ahora bien, este juzgador no comparte la solución propiciada al plan de pagos C352297 formalizado bajo las previsiones de la ley Nº 26.476 (B.O 24/12/2008) analizado en el considerando V.
En ese sentido, cabe señalar que en su Título I dicha norma dispuso un régimen de regularización de deudas que conllevaba el goce de los beneficios de condonación de intereses y sanciones.
El artículo 2° de dicha norma establecía “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda” (el destacado me pertenece).
Por su parte, el artículo 13 de dicha norma, ya citado ut supra, también disponía como requisito que el demandado se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento, tal como expresa la propia normativa debe efectuarse con la presentación del F408/A (art. 11, segundo párrafo de la R.G Nº 2650/2009).
Ello así, la norma no previó que la mera adhesión al régimen implicaba renuncia a cuestionar el pago o su repetición, por lo que no cabe a este juzgador así interpretarlo, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema que la primera fuente de interpretación es la letra de la ley (Fallos:299:167).
A mayor abundamiento cabe destacar que tal como ha señalado la Excma. Cámara en “Cubero, Alberto Martín (TF 34268-I) c/DGI s/recurso directo de organismo externo” Sala IV del 18/12/2014, “Resulta decisivo, entonces, el principio jurídico según el cual la renuncia de derechos a título gratuito no se presume y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (conf. art. 874 del Código Civil). Esto significa que cualquier duda que se tenga sobre la extensión de las facultades renunciadas debe decidirse en el sentido de la ausencia de la renuncia, ya que la intención de despojarse del derecho en cuestión sólo puede aceptarse como establecida cuando está configurada a través de hechos inequívocos y claros que no dejan dudas al intérprete: la duda favorece al posible renunciante, para que no se lo tenga como tal (conf. Llambías, Jorge J. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Ed. Perrot, tercera edición, T. III, págs. 162/163). Y a ello debe sumarse que frente a la ausencia de previsión normativa que dijera lo contrario, tampoco era exigible dejar reserva puesto que no había obligación de expedirse por parte del contribuyente (arg. art. 919 del Código Civil).
En igual orden de ideas, tiene dicho la jurisprudencia que el acogimiento a un plan de pago en cuotas no constituye ni puede ser interpretado como una renuncia del derecho del contribuyente al ejercicio de la acción de repetición, sobre todo cuando la norma aplicable no exige al contribuyente efectuar una reserva o constancia de disconformidad. En ese sentido, la Corte Suprema, en autos “Montarsa, Montajes Argentinos S.A. c. Provincia de Neuquén” (Fallos 302:1223), sent. del 30/10/80, sostuvo en una causa en donde se discutía la procedencia de la acción de repetición de la actora respecto al impuesto de sellos aplicado por la provincia, que “Con respecto a la exigencia de la protesta previa, la objeción formulada no puede prosperar de acuerdo con la doctrina de las causas “Transportes Vidal S.A. c/ Tucumán, Pcia. de s/ repetición”, del 15 de junio de 1978; “Transportes Vidal S.A. c/ San Juan, Pcia. de s/ repetición” del 19 de setiembre de 1978 y “Autotransportes T.I.C.S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ repetición”, del 21 de agosto de 1978, como así también por lo dispuesto por la legislación local en la materia (art. 8, Código Fiscal, t.o. 1978 y sus modificaciones). A lo que cabe agregar que la circunstancia de que la actora se acogiera a un plan de pagos no es óbice para el ejercicio de la acción, por no haber renunciado al derecho que tenía en ese sentido (confr. art. 874 del Código Civil)”.
En estos últimos precedentes, el Máximo Tribunal también hizo hincapié en que el requisito de protesta previa no procedía cuando existían normas expresas que reglaban procedimientos para la repetición de tributos, lo que acontecía con las leyes locales aplicables al caso.
Por ese motivo, precisamente, no es aplicable a la especie el criterio sentado por el Alto Tribunal en el precedente “Medefin SA. Compañía Financiera” (Fallos 314:1175) puesto que la norma objeto de debate preveía expresamente que el acogimiento al régimen de la ley implicaba “el allanamiento y renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición relativo a la causa y el compromiso de asumir el pago de las costas del juicio”.
En el régimen bajo análisis, para que resulte procedente el acogimiento al plan, el contribuyente debe dar cumplimiento a las condiciones allí dispuestas, entre ellas, el reconocimiento de la deuda, en las obligaciones en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, ello ocurre con la presentación del Formulario Nº 408, que implica el desistimiento y renuncia de toda acción que en el presente caso no ha sido presentado.
De la forma en que se concluye, cabe entonces señalar que con relación a la procedencia de la repetición del impuesto al valor agregado ingresado en relación a los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005, no existen razones para apartarse de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmado por la Alzada en los pronunciamientos ya citados en los relatos de la presente resolución.
A lo señalado, cabe agregar que el reclamo de repetición (fs. 1/3 de las actuaciones administrativas Nro. 11848-125- 2016) interpuesto por la entidad actora ante la AFIP-DGI era la vía procedente para solicitar la devolución de lo indebidamente pagado (art. 81 primer párrafo de la ley 11.683). Asimismo, según surge de la Certificación de Pagos agregada por el organismo fiscal (vide fs. 62 de autos) el plan de pagos se encontraba vigente con cuotas pendientes de cancelación, procediendo indefectiblemente su devolución por los montos efectivamente ingresados.
Ello así, corresponde hacer lugar al reclamo de repetición promovido por la Cámara de Comercio e Industria de La Plata con respecto a los períodos fiscales 09/2001 a 02/2005 -ambos inclusive- del impuesto al valor agregado efectivamente ingresado.
Que en lo que atañe a la tasa de interés aplicable al caso, corresponde la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio, publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina, ello de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa "Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio para esta Sala en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental.
III. Que por último, adhiero al considerando VI del voto del Dr. Magallón.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar parcialmente la resolución apelada, haciendo lugar a la repetición intentada por el apelante de las sumas ingresadas en concepto de IVA, períodos fiscales 01/2008 a 07/2009 -ambos inclusive- con sus respectivos intereses resarcitorios calculados aplicando la Tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta delAcuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 20-31031820-6 (Dr. Luis Martín Poehls), y al Fisco Nacional en la CUIT 27-24963765-9 (Dra. Andrea Natalia Gabay), CUIT 20-29460890-8 (Dr. Demián Konfino) y en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, devuelvánse los antecedentes administrativos, y oportunamente, archívese.
Date: 2022.05.27 09:00:47 ART Date: 2022.05.27 16:47:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.27 18:09:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.27 18:09:32 -03:00
Fin de la sentencia