Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 3
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocar sólo de la resolución de fecha 21 de abril de 2024, la disposición que dice: “debiendo la accionante efectuar las peticiones que considere necesarias en relación a la adolescente por ante el juez con jurisdicción en España, donde se halla el centro de vida de <PER_3>, ello, en aras a la debida tutela del interés superior de la misma, siendo que es el único que podrá entender en estas actuaciones atento el imperio legal que le compete para decidir la situación legal de la adolescente”.
2Imponer las costas de esta instancia por su orden. Sin regulación de honorarios conforme el considerando respectivo.
000471/2026 Comodoro Rivadavia, dieciséis de noviembre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados: "<PER_1> C/ <PER_2> S/ PRIVACION DE LA RESPOSANBILIDAD PARENTAL y SUPRESION DE APELLIDO”, Expte. N° 471/2026, venidos de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia (Expte. N° 2442/2024) por haber interpuesto la parte actora (ID2321087) recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de fecha 21/04/26 que declaró la incompetencia de la magistrada para entender en las presentes actuaciones.
I. La parte recurrente se agravia porque considera que la resolución recurrida efectúa una interpretación rígida fragmentaria y descontextualizada del concepto de centro de vida. Considera a la resolución arbitraria por afectar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de la persona menor de edad involucrada.
Considera errónea la aplicación del concepto de centro de vida. Expresa que el art. 3 inc. f) de la Ley 26.061 no define el centro de vida únicamente por el lugar de residencia actual, sino por el lugar donde la niña o adolescente ha desarrollado la mayor parte de su existencia en condiciones legítimas, lo que exige un análisis histórico, relacional, afectivo, sanitario, educativo y de estabilidad real, no una lectura aislada de la localización física al momento del decisorio. Considera que se prescinde de elementos esenciales como la temporalidad del proyecto de residencia en el exterior y la continuidad de vínculos jurídicos, familiares y judiciales en Argentina.
Refiere a la autonomía de las pretensiones y la conexidad material del conflicto familiar y que la existencia de causas de violencia, responsabilidad parental, alimentos y cuestiones vinculadas al nombre y la identidad no puede ser utilizada para desdibujar la naturaleza autónoma de cada pretensión ni para fragmentar el acceso a la justicia mediante declinaciones sucesivas de competencia. Al contrario dice, que exige un abordaje coordinado.
Cuestiona que la resolución se funda en la supuesta modificación previa del centro de vida sin valorar que ya había tomado intervención en causas conexas, que no se consolidó la definitiva jurisdicción extranjera, y que existen procesos interrelacionados que exigen tratamiento conjunto.
Sostiene la falta de consideración del interés superior de la adolescente y la omisión de valoración de elementos probatorios relevantes.
Agrega la afectación del acceso a justicia y el riesgo de la denegación indirecta de jurisdicción. Se explaya sobre la falta de involucramiento parental y la ausencia de ejercicio efectivo de responsabilidades parentales.
Señala la autonomía progresiva de la adolescente quien ha manifestado de manera reiterada, sostenida y consistente su voluntad en relación con su identidad filiatoria, particularmente en lo que respecta a la supresión del apellido paterno y la consolidación de su identidad bajo el apellido materno.
Cuestiona la improcedente asimilación del caso a supuestos de restitución internacional de menores de edad y la indebida reconducción del objeto procesal hacia dicho supuesto inexistente, desnaturalizando el régimen jurídico aplicable, cuyo análisis entiende debe realizarse conforme los art. 716 CCCN y Ley 26.061. Reitera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado que las decisiones judiciales en materia de niñez deben evitar formalismos que conduzcan a resultados incompatibles con la tutela judicial efectiva y con el principio de interés superior del niño, el cual exige una respuesta jurisdiccional adecuada, eficaz y no meramente declarativa. Asimismo, que la interpretación adoptada en la resolución recurrida conduce a un resultado manifiestamente disvalioso, de la derivación automática del conflicto a una jurisdicción extranjera sin ponderación de conexidad de causas, sin análisis integral del sistema familiar involucrado y sin evaluar la eficacia real de la tutela judicial en el caso concreto.
Insiste en que la competencia ya fue asumida y que es invariable salvo alteración sustancial del presupuesto fáctico. Entiende que la competencia asumida por el tribunal al inicio del proceso se encuentra regida por el principio de estabilidad jurisdiccional conforme al cual la determinación del órgano competente se efectúa con base en las circunstancias existentes al momento de la promoción de la demanda, manteniéndose en el tiempo salvo alteración sustancial, objetiva y debidamente acreditada del presupuesto fáctico que la justifique. Aduce que la decisión recurrida no identifica un hecho nuevo, objetivo y determinante que habilite la modificación del criterio de competencia previamente adoptado, sino que se limita a una relectura del concepto de centro de vida, lo que resulta insuficiente para desplazar la jurisdicción ya activada. Ofrece prueba y peticiona la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario.
Solicita se revoque la declaración de incompetencia dispuesta, manteniendo la competencia del tribunal para continuar entendiendo en las presentes actuaciones.
II. A fin de resolver el recurso, puntualizamos que al promover la acción de privación de responsabilidad parental y supresión de apellido paterno que inició la progenitora en representación de su hija menor de edad, en fecha 06/08/24 denunció el domicilio real de ambas en calle <DIRECCION> de Comodoro Rivadavia, y el domicilio del progenitor demandado Sr. <PER_2>, en la calle <DIRECCION> de la localidad de Bahía Blanca. Surgiendo de los expedientes conexos que en forma previa a la interposición de la demanda ya se encontraban residiendo la adolescente y su madre en España –fines de 2023- conforme manifestó la adolescente en la audiencia celebrada en esta instancia mediante conexión remota por medios electrónicos.
En dicho marco <PER_3> comentó que se encuentra en España desde el primer año, cursando el tercero y finalizando el secundario el año próximo. Asimismo, juega al básquet con planes de crecimiento deportivo en dicho país. Refirió que sus hermanos de 21 y 24 años también viven en España. En cuanto a su familia extensa paterna dijo que viven en Bahía Blanca y que la materna en Pico Truncado.
De forma tal surge, tal como lo entendió la Asesora de Familia en su dictamen, que en España “comenzó un proceso de adaptación y socialización que se desarrolla hace más de tres años, convirtiéndose dicho espacio en el actual centro de gravedad de su vida”.
No obstante los esfuerzos de la recurrente en atribuirle a la resolución en crisis una interpretación geográfica del centro de vida, de lo analizado surge lo contrario. En efecto, se desprende que allí la adolescente desde el año 2023 desarrolla de manera legítima, efectiva y estable su vida cotidiana, construye sus vínculos afectivos y sociales, despliega sus actividades habituales y consolida sus relaciones de pertenencia e integración comunitaria.
Es decir, que advertido por la magistrada de grado al tiempo de denunciar en el líbelo de inicio el domicilio real en esta localidad, el centro de vida de la adolescente ya se había modificado varios meses antes de promover la acción, circunstancia que justifica la revisión de la competencia asumida en base a datos incorrectos.
Ahora bien, siendo entonces un caso con conexión internacional, cabe referirnos a la jurisdicción de los tribunales argentinos.
El art. 2639 del CCCN se ocupa de la ley aplicable en los casos de responsabilidad parental que “se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflicto” agregando una cláusula de excepción, pero omite la determinación de la jurisdicción competente.
No obstante “la sección 7ma no incluye una norma atributiva de jurisdicción ya que surge expresamente del artículo en análisis, que la competencia de los jueces de la residencia habitual del menor se suma a los foros generales: domicilio o residencia habitual del demandado (art. 2608)” (Lorenzetti, Ricardo “Código Civil y Comercial de la Nación” Tomo XI Ed Rubinzal Culzoni, pág 607).
Asimismo, cabe citar que el Convenio de la Haya de 19/10/96 “Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños” estableció en principio que el Estado contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes (art.5). Si bien fuera ratificado en el presente año, está en consonancia con la regulación del art. 716 que se fija en la competencia interna los jueces del lugar donde el niño tiene su centro de vida.
De todo lo expuesto, surge la innecesaridad de la invocación por la Asesora de Familia, de la aplicación del foro de necesidad para otorgar jurisdicción al juez argentino, toda vez que surge el único punto de conexión con nuestro país, del domicilio del demandado en la ciudad de Bahía Blanca. Por tal motivo, no resulta obligatorio para la actora peticionar ante la jurisdicción española, sino que deberá optar entre ambas posibilidades.
Se desprende también de ello, que internamente podrá conocer en la causa el juez competente en razón del domicilio del demandado, el cual fue denunciado por la actora e informado por la Junta Electoral, en la ciudad de Bahía Blanca.
Por lo expuesto, entendemos que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y en consecuencia, revocar sólo de la resolución recurrida la referencia a la directiva de peticionar ante la jurisdicción española.
III. Las costas de esta instancia, atento la forma de resolver, se imponen por su orden (art. 69 C.Pr.). Sin regular honorarios (art. 11 Ley XIII N° 4).
Por todo ello, la Sala Nº 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Nº II de Comodoro Rivadavia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y revocar sólo de la resolución de fecha 21 de abril de 2024, la disposición que dice: “debiendo la accionante efectuar las peticiones que considere necesarias en relación a la adolescente por ante el juez con jurisdicción en España, donde se halla el centro de vida de <PER_3>, ello, en aras a la debida tutela del interés superior de la misma, siendo que es el único que podrá entender en estas actuaciones atento el imperio legal que le compete para decidir la situación legal de la adolescente”.
2. Imponer las costas de esta instancia por su orden. Sin regulación de honorarios conforme el considerando respectivo.
3. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL N° 871 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS
Fin de la sentencia